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Tuesday September 16, 2008 16:51 by José Antonio Gutiérrez D.
![]() Colombia, la profundización de la crisis institucional y la Corte Penal Internacional
La llegada de la Corte Penal Internacional a Colombia, en medio de la agudización de la crisis que enfrenta al Ejecutivo en contra de la Corte Suprema por los casos de parapolítica, así como el recrudecimiento de los ataques de Uribe en contra de la oposición, abren una nueva coyuntura en Colombia, dentro de la cual la superación de la crisis mediante la dictadura abierta se vuelve una posibilidad cada vez más palpable."Es importante hacer algunas precisiones antes de terminar: mientras muchos comentaristas culpan a la actual crisis y a la deriva autoritaria del gobierno de Uribe a la personalidad del presidente[12], no podemos seriamente sostener que esto se trata, sencillamente, de una cuestión de carácter psicológico. Cierto es que Uribe es de carácter camorrista y pendenciero, rencoroso y vengativo, pero en este caso estamos ante una verdadera campaña sistemática de ataque a la oposición, con el pleno respaldo de los medios, que tiene un claro fin de intimidar cualquiera que atreva a hacer el menor cuestionamiento al régimen, a sabiendas que el precio por semejante “atrevimiento” es demasiado grande. No estamos, sencillamente, ante los descalabros de un personaje un poco desequilibrado. Estamos ante una estrategia que busca la supresión del disenso al más propio estilo del fascismo. Pero esta es una estrategia que no viene de la nada, y que es parte de la implementación de la estrategia de contra-insurgencia que se viene implementando mediante el Plan Colombia. El Estado de contrainsurgencia, por experiencia histórica, es una manera de dictadura que puede revestir formas “democráticas” pero que carece completamente de la sustancia de la democracia más formal.
Pasos de animal grande, crujidos institucionales, ecos de luchaColombia, la profundización de la crisis institucional y la Corte Penal InternacionalEn un reciente artículo sobre la situación colombiana y sobre el respiro que Uribe recibió tras la liberación de Ingrid Betancourt, decíamos: “Ciertamente, pase lo que pase, aunque sea este un espaldarazo importante a Uribe, la crisis institucional en Colombia es profunda y se arrastra para largo. La liberación le ha dado un respiro, pero en un mes, cuando esto ya no sea noticia de primera página, tendrá nuevamente que volver a lidiar con los espectros del paramilitarismo, de las violaciones y del cohecho con el que han estado marcados sus dos gobiernos. Estos espectros no dejarán de penar la Casa de Nariño tan fácilmente” [1]. La pregunta entonces era, ¿cuánto duraría este respiro? La semana en que Uribe perdió la cordura (si alguna vez la tuvo)Ciertamente, los eventos de la última semana se han encargado de dejar en claro que la Operación Jaque ya no sirve para seguir tapando la corrupción del régimen, el cual se sigue hundiendo en sus vinculaciones con el paramilitarismo, el narcotráfico, ni su carácter mafioso. Ni tampoco sirve para limar la pugna que existe entre el proyecto cesarista de Uribe y su pugna en contra de la Corte Suprema por los casos de parapolítica, que el gobierno trata de obstruir por todos los medios a su disposición.Esta semana se evidenció la profundidad de la crisis colombiana, al punto que la revista Cambio no titubeó en decir que se trata del momento más difícil en el mandato de Uribe[2]. Podemos describir los elementos que siguen evidenciando la naturaleza del régimen y que agudizan la crisis como sigue: -El Fiscal de Antioquia, Guillermo León Valencia Cossio, quien por lo demás es hermano del Ministro del Interior y Justicia, es denunciado públicamente por sus alianzas con narcotraficantes de la región, particularmente con Don Mario, denuncia que arrastra a otros funcionarios de policía y judiciales y que pareciera ramificarse hasta el mismo entorno presidencial[3]. -Se descubre que altos funcionarios del gobierno de Uribe se habían reunido, con fecha 3 de Abril, en la mismísima Casa de Nariño, con el abogado del reconocido narcotraficante y paramilitar Don Berna y con un paramilitar que aún seguía activo, alias Job. El motivo de la reunión, la cual fue reconocida en rueda de prensa por el propio Uribe, era recibir información que pudiera desacreditar a la Corte Suprema. -El lunes, en rueda de prensa, Uribe comienza una serie de ataques, que como manotazos de ahogado, revelan su desesperación pero que son típicos del estilo del gobierno de defenderse mediante los ataques sin fundamentos: ataca a la Corte Suprema, a los senadores opositores Piedad Córdoba y Gustavo Petro y al magistrado “estrella” de la parapolítica, Iván Velásquez, por “tráfico y manipulación de testigos” (recordemos que esto ya lo lleva haciendo un par de semanas, cuando denunció manipulaciones y “roscogramas” en la Corte Suprema); luego atacó al liberalismo, específicamente, al senador Juan Fernando Cristo y al ex-presidente César Gaviria, a los que acusó de manejar fondos del narcotráfico en 1991 y de aliarse con los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar –grupo paramilitar vinculado al Cartel de Cali) en su lucha contra el líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar. Atacó, por último, al periodista Daniel Coronell, quien entrevistó en el 2004 a Yidis Medina sobre el delito de cohecho cuando, por parte de funcionarios del gobierno uribista, su voto fue comprado, lo cual permitió la reforma constitucional que posibilitó la re-elección de Uribe en el 2006. Anunció acciones legales en contra de él por revelar el video tan sólo este año, lo que según Uribe equivale a ocultar un delito. -Algunos analistas ya dicen que se sienten “pasos de animal grande” por la llegada del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo y del juez Baltasar Garzón a Colombia, en una clara señal de respaldo a la labor de la Corte Suprema colombiana y de inquietud ante la manera en que el gobierno hace todo cuanto está a su alcance para lograr la mayor impunidad en cuanto a los crímenes del paramilitarismo y los casos de la parapolítica. El mensaje de Moreno Ocampo fue claro: pedir al gobierno que garantice que los paramilitares extraditados a EEUU[4] colaboren con los casos de parapolítica y que no haya impunidad para sus crímenes. Advirtieron que, siendo éstos crímenes de lesa humanidad, la CPI podría intervenir por primera vez fuera del continente africano, si no hay garantías contra la impunidad. Y claramente, el espectáculo de Uribe desaforado atacando a la oposición el mismo día de su llegada a Colombia, tiene que haber sido suficiente prueba para comprobar la carencia de condiciones para que se enjuicie al paramilitarismo. Boomerang de los ataques uribistasEn su atarantamiento, Uribe no solamente sigue echándose enemigos encima y evidenciando la peligrosidad del totalitarismo que encierra su proyecto político, ganándose así la distancia aún de ciertos sectores que de otro modo lo apoyarían. También dispara dardos contra sí mismo: pues al acusar al liberalismo por su pasado, abre las puertas para levantar dudas en torno a su propia persona. Es indudable que el régimen de Gaviria se alió a los Pepes, y que hubo más de algún vínculo con los narcotraficantes. Pero el propio Uribe en ese entonces era liberal, de los más “samperistas” que pudo haber, y fue uno de los más vocales en contra de las extradiciones de narcotraficantes, precisamente por sus cercanías con el Cartel de Medellín. Hay varios hechos que señalan que las asociaciones con dicho cartel no serían meras casualidades:1. Un helicóptero de su padre fue encontrado, en 1984, en el laboratorio del Cartel de Medellín llamado “Tranquilandia”. Nunca se ha aclarado qué diablos hacía el helicóptero en ese laboratorio, pero no cuesta mucho sacar conclusiones[5]; 2. Un informe de 1991 de la Agencia de Defensa e Inteligencia (DIA) de EEUU, en el cual Álvaro Uribe aparece en una lista de personas vinculadas al narcotráfico que incluye al propio Pablo Escobar. Uribe ocupa el número 82 y su reseña dice: “Álvaro Uribe Vélez –un político y senador colombiano dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín en las altas esferas de gobierno. Uribe se ha vinculado a negocios relacionados a los narcóticos en los EEUU. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con el narcotráfico. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es un amigo personal y cercano de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para el puesto de asistente parlamentario de Jorge (Ortega). Uribe ha sido uno de los políticos que desde el senado ha atacado de todas las formas al tratado de extradición”[6]; 3. Su amistad con la familia Ochoa, la cual Uribe explica como ligada a la común afición a los “caballos”[7] (¡¿?!); 4. Las acusaciones de Virginia Vallejo, amante de Pablo Escobar, quien dice que “Alvarito” era idolatrado por el Cartel de Medellín, pues en su puesto de directo de Aeronátuica Civil, había facilitado la infraestructura de pistas de aterrizajes del narcotráfico[8]; 5. El financiamiento de su propia campaña, en el 2002, con fondos de una empresa vinculada al Cartel de Medellín (Uniapuestas)[9]; 6. El propio asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, es primo de Pablo Escobar. Con todos estos antecedentes es muy difícil pensar que Uribe no ha tenido ninguna clase de relación más allá de lo circunstancial con dicho Cartel. Y es por esa relación, a lo mejor, que guardó todo este tiempo, como una espina en su interior, su molestia por la alianza de la dirigencia de su partido con el Cartel de Cali, específicamente, con los Pepes. Y son las propias declaraciones atarantadas de Uribe las cuales vuelven a poner sobre el tapete las sombras de su propia trayectoria: un boomerang perfecto. Igual pasó con sus denuncias a la Corte Suprema sobre supuestas roscas: la atención, en lugar de desviarse en el sentido que Uribe hubiera querido, terminó enfocándose en las propias prácticas clientelistas del gobierno y en el “roscograma” del Estado, al punto que el gobierno, a través del ministro Valencia Cossio, se vio forzado a reconocer la existencia de tales prácticas en respuesta al desafío de la Corte de investigar los “roscogramas” en todas las ramas del Estado[10]. Pero además, sus continuos ataques sobre la Corte Suprema de Justicia y el supuesto complot de ésta para “desprestigiar” al gobierno, terminaron por evidenciar la campaña de desprestigio del mismo gobierno hacia ella y abrió, insospechadamente, las puertas para futuras acciones de la CPI, el escenario que Uribe más teme. Como se ve, esta vez las cortinas de humo del gobierno se están volviendo en su contra. Incurre en otro desatino semejante con la acusación en contra de Coronell. Pues si Coronell es culpable de “ocultar” un delito, tácitamente, Uribe está reconociendo lo que hasta ahora había negado: que el cohecho efectivamente ocurrió. Tenemos una de esas paradojas judiciales colombianas, en que Yidis Medina ha sido sancionada por aceptar el cohecho, se amenaza con juicio a un periodista por ocultamiento de delito, pero el que cometió el delito, al haber ofrecido comprar un voto parlamentario, reclama su inocencia... ¡plop![11] Una crisis profunda en el camino hacia la dictadura abiertaCon todo esto, se revela en toda su profundidad una crisis institucional de proporciones enromes que se da, precisamente, a medida en que se avanza en la consolidación del régimen autoritario uribista, en la cual el Ejecutivo hipertrofiado rompe el equilibrio de poderes del Estado (mediante los ataques a la Corte Suprema y la cooptación de otras ramas judiciales, amen de la debilitación del legislativo por la parapolítica) y en la medida en que se aprieta el acelerador para el tercer período de Uribe en el poder. Éste se pretende sustentar en una reforma constitucional espuria que plantea la posibilidad de la re-elección para un tercer período a todo aquel que haya servido un segundo período como presidente. Esta reforma solamente sería aplicable a Uribe, pues en la Constitución no existe la figura de la re-elección inmediata, la cual fue invalidada cuando la reforma del 2004 se anuló por la “Yidispolítica” y el acto de cohecho. Por tanto, el presidente de facto, reforzaría su carácter de facto en el poder.Los engranajes de la dictadura se siguen ajustando, y el espectro de la CPI (el cual viene a recordar a Uribe que él no es el Todopoderoso) podría hacer que Uribe busque su perpetuación en el poder como una manera de evitar los múltiples juicios por violaciones y crímenes de lesa humanidad que podría enfrentar en un futuro no muy lejano. Los paralelos con Fujimori no dejan de ser sorprendentes. Pero en el camino, se abre el horizonte de una crisis de consecuencias aún inciertas, una crisis generalizada del Estado y del bloque en el poder, en la cual el propio Uribe se encarga de recordarnos que todos los sectores del poder están salpicados de corrupción y de sangre popular. Algunas precisiones sobre la crisisEs importante hacer algunas precisiones antes de terminar: mientras muchos comentaristas culpan a la actual crisis y a la deriva autoritaria del gobierno de Uribe a la personalidad del presidente[12], no podemos seriamente sostener que esto se trata, sencillamente, de una cuestión de carácter psicológico. Cierto es que Uribe es de carácter camorrista y pendenciero, rencoroso y vengativo, pero en este caso estamos ante una verdadera campaña sistemática de ataque a la oposición, con el pleno respaldo de los medios, que tiene un claro fin de intimidar cualquiera que atreva a hacer el menor cuestionamiento al régimen, a sabiendas que el precio por semejante “atrevimiento” es demasiado grande. No estamos, sencillamente, ante los descalabros de un personaje un poco desequilibrado. Estamos ante una estrategia que busca la supresión del disenso al más propio estilo del fascismo. Pero esta es una estrategia que no viene de la nada, y que es parte de la implementación de la estrategia de contra-insurgencia que se viene implementando mediante el Plan Colombia. El Estado de contrainsurgencia, por experiencia histórica, es una manera de dictadura que puede revestir formas “democráticas” pero que carece completamente de la sustancia de la democracia más formal.No debemos perder de vista, tampoco, que aunque la llegada de la CPI es un acontecimiento de la mayor relevancia, esto de por sí no solucionará los problemas de fondo del pueblo colombiano los cuales tienen su origen, ante todo, en el conflicto de clases. Cierto es que el mundo pondrá, probablemente muy pronto, sus ojos sobre Colombia y se evidenciará el horror con el que se ha establecido el actual modelo social y económico, con la complacencia tanto de los EEUU como de la Unión Europea. El mismo fiscal Moreno Ocampo comparó la situación colombiana con la del Congo –comparación nada halagadora, y que comprometerá, probablemente, el respaldo que el disciplinado Uribe ha tenido desde sus patrones imperiales. No podemos dejar de reconocer lo crucial que es la lucha contra la impunidad y por conocer la verdad jurídica e histórica respecto a los crímenes de lesa humanidad que tanto el Estado como el paramilitarismo han perpetrado sistemáticamente en contra del pueblo colombiano. Acompañamos decididamente a las víctimas en esta lucha. Pero esto no reemplaza la necesidad de transformación social de un sistema con profundas contradicciones sociales como es el colombiano. Esta tarea no puede ser impulsada desde ningún tribunal, sino que es una tarea exclusiva del mismo pueblo, tanto en el campo como en la ciudad. Es por ello que a los procesos de convergencia de organizaciones populares debemos darles el lugar protagónico que verdaderamente se merecen. El momento es complejo y el movimiento popular colombiano se levanta sobre dos décadas de violenta supresión, que han dejado una huella dolorosa, ejemplificada en miles de desaparecidos y millones de desplazados. No son momentos para falsos triunfalismos: la clase trabajadora y el pueblo en general se encuentra en una situación de resistencia. La ofensiva de los de arriba ha sido dura, combinando “todas las formas de lucha”, desde el paramilitarismo y las fuerzas del Estado, pasando por el ataque a los derechos más básicos y al nivel de vida del pueblo, hasta incluir una serie de leyes que terminan de rematar lo poco que se había avanzado en las luchas desde fines de los ’70 por mellar el poder oligárquico. Pero es en la misma resistencia en la cual hay que buscar la manera de retomar la iniciativa, la cual aún mantiene la oligarquía, pues sería un error confundir la crisis política actual con crisis de la dominación de la clase dominante en Colombia. Las condiciones son duras, pero las necesidades son apremiantes y el momento debe urgir a buscar el largo camino que lleve al pueblo a tomar las riendas en la lucha de clases. Por ello la convergencia desde abajo de los actores populares, que ya comienza a vislumbrarse, debe verse como la principal tarea del momento para enfrentar al totalitarismo y para avanzar hacia la conquista de la justicia social.
José Antonio Gutiérrez D. |
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