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Ahora sí: por ley somos todos terroristas

category argentina/uruguay/paraguay | crime prison and punishment | opinión / análisis author Sunday September 02, 2007 06:54author by Hijos del Pueblo - Red Libertariaauthor email redlibertaria at riseup dot net Report this post to the editors

Otro avance del Estado

Extraída de Hijos del Pueblo Nº8

Es interesante analizar como hoy se avanza en generar un consenso en contra de la protesta social. Se avanza en configurar "desde arriba", desde el Estado, la llamada "opinión pública", la que fija a través de infinitas repeticiones de gráficos de torta y sondeos dibujados en los medios de difusión masiva, sobre que críticas son razonables y cuales no, creando consenso, marcando lo temas de la agenda publica, haciendo creer a muchos compañeros que no somos muchos los que vemos las miserias del capitalismo e incitándolos a no canalizar su bronca en organización. El "público", si bien no es pasivo ante esto, se ve compelido a callar sus opiniones por miedo a quedar aislado del resto y por resultar, al mismo tiempo, aislado de quienes opinan lo mismo.

Es así que la opinión publica es constantemente influenciada, canalizada o construida por medio de diferentes dispositivos. Hacen de los problemas e intereses de unos pocos, los de la mayoría. Así, la burguesía logra elevar el piso de lo que se considera aceptable en materia de represión y el consenso que en necesario para lograrlo.

En una coyuntura de retroceso, fragmentación y dispersión de las luchas sociales y organizaciones populares, como es la actual, se aprueba la Ley Antiterrorista, versión autóctona de la "Patriot Act" norteamericana aprobada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Con este acto se eleva un poco más el piso de lo aceptado o no como criminal, terrorista en protesta social.

Los antecedentes no son lejanos ni nos son extraños. Los asesinatos de Dario y Maxi, la represión a los movimientos de desocupados y las incipientes luchas sindicales, la criminalizacion de la protesta con sus miles de presos y procesados por causas políticas. Si hay protesta gremial se acusa a grupos extremistas de "querer politizarla", fingiendo ignorar la dimensión política de toda nuestra acción colectiva por un cambio social. Mientras tanto, el discurso en los medios no paró ni por un segundo de destacar la permanente inseguridad en la que se vive, ni de destacar la molestia que causa a los "ciudadanos pacíficos y trabajadores" la protesta, el corte de calles, marchas, etc.

Hubo algunos ensayos de medir la reacción popular ante un avance represivo. Se comprobó que moliendo a golpes a los que luchan con patotas de burócratas no estaba la fuerza para un repudio masivo. Incluso cerrando la Plaza de Mayo e impidiendo que docentes y estudiantes llegaran a la misma, no se lograba el repudio masivo. La confirmación la obtuvo cuando tras el asesinato del compañero Fuentealba, pudo ganar sin problemas el candidato adicto a Sobich, el mismo que dijo que nuevamente daría la orden de reprimir.

La protesta social ya estaba lo suficientemente aislada como para legalizar su represión: y rápidamente se aprobó la Ley Antiterrorista. Por las dudas, se hizo mientras la discusión central en los medios eran las elecciones porteñas, de manera que pasase lo más desapercibida posible. El maquillaje perfecto fue que supuestamente está destinada a combatir el narcotráfico, la prostitución, el trafico de armas, así como cualquier fuente que financiase el terrorismo internacional. Raro, ya que estos son los grandes negocios del capitalismo.

El aspecto quizás más interesante de la ley es ver quién es considerado terrorista, como es que se identifica al sujeto terrorista. Es así que se amplía con límites difusos la figura de asociación ilícita cuando dice que su “propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo...” y reúna como característica “Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político” Estemos seguros que se puede considerar el odio al explotador como un odio político que aterroriza a toda la población... burguesa.

Esta avanzada nos retrotrae al que se realizó a principio de siglo con la Ley de Residencia o la Ley de Defensa Social, orientadas fundamentalmente contra nuestro movimiento libertario (identificando el agitador extranjerizante); o a lo que se realizó en los ‘70 con la Doctrina de Seguridad Nacional (identificando al subversivo). Pero si estamos en un momento de retroceso ¿cuál es el enemigo que se quiere atacar con esta legislación? ¿Será realmente contra los fundamentalistas religiosos y narcotraficantes? Con esta legislación se tratara, por un lado, aislar a los/as que luchan e impregnar de miedo a los que recién levantan la cabeza, por otro, desarticular y eliminar toda resistencia, movimiento que lucha y pone en peligro la reproducción de las relaciones sociales actuales.

La ley apunta a desactivar a un enemigo potencial, que se genera con el ejercicio cotidiano de esa gimnasia revolucionaria que es la lucha y organización desde abajo, utilizando la acción directa. Ese enemigo potencial, está en la conciencia que podemos generar poco a poco y la acumulación de experiencia organizativa que ganamos mientras reconstruimos los lazos sociales que se quiso destruir de una vez por todas, y en gran parte se logró en la última.

Un nuevo estallido no nos puede agarrar. Por eso comenzarán a cortar por los sectores más radicalizados que tengan real inserción social, que son los que tienen el potencial de generar una conciencia por un cambio social, y que son los más aislados, abandonados por sectores cada vez más amplios del campo popular que eligen las prebendas a luchar.

Debemos canalizar la bronca que se palpa día a día en la miseria que sufrimos de este sistema para transformarla en organización.

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