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Un año del paro nacional del 28 de abril y el estallido social en Colombia

category venezuela / colombia | miscellaneous | opinión / análisis author Friday April 29, 2022 01:50author by ViaLibre - 1 of Anarkismo Editorial Groupauthor email grupolibertariovialibre at gmail dot com Report this post to the editors

En el siguiente texto presentamos un reflexión sobre el primer aniversario del paro nacional nacional del 28 de abril de 2021 y el estallido social en Colombia, desde la perspectiva del Grupo Libertario Vía Libre. Para esto reconstruimos el origen de la convocatoria, analizamos el desarrollo de la protesta, revisamos las políticas de represión contra el movimiento y finalmente repasamos los que pensamos son algunos legados y tareas pendiente de esta enorme protesta.
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La convocatoria
El 28 de abril de 2021 múltiples organizaciones sindicales y populares convocaron un paro nacional contra el gobierno de Iván Duque del Centro Democrático y su proyecto de reforma tributaria. En ese entonces, el país atravesaba una fuerte crisis de salud pública asociada a la tercera ola de la pandemia de COVID-19, que para la fecha había dejado cerca de 73.000 muertes registradas acumuladas, y al tiempo experimentaba, a causa del cierre de la actividad económica, los extremos efectos de la depresión económica más profunda de la historia contemporánea, con cifras de pobreza que rondaba el 42.5% para finales de 2020, un desempleo que llegaba al 15.1% a nivel general y al 23.3% entre la población joven en el mes de abril y una situación de precariedad laboral, que llevaba al 45% de trabajadores a ganar menos de un salario mínimo y un 85% a devengar menos de dos.

El impopular gobierno uribista que registraba niveles de desaprobación del 70% en las encuestas para abril, buscaba con este su tercer proyecto de reforma tributaria, aumentar el recaudo fiscal entre 25 y 35 billones de pesos y disminuir el gasto público, en un proyecto inscrito en conjunto mas amplio de políticas de ajuste económico neoliberal sobre la población, manteniendo el curso histórico del país, todo bajo el liderazgo del corrupto ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

La reforma tributaria que el gobierno busco aprobar con su mayoría en el Congreso de la República, destacaba por su carácter regresivo, con medidas como el aumento de los impuestos indirectos a productos de la canasta familiar, la eliminación de subsidios para el pago de servicios públicos, impuestos directos a la renta focalizados principalmente en los sectores medios y populares. En el contexto de un país en el que más del 40% de la población se alimentaba con dos o menos comidas al día, el alza previsible del costo de los alimentos tendría efectos extremadamente negativos para la soberanía alimentaria de la población, especialmente críticos entre los sectores mas pobres.

Este movimiento de protesta, liderado por el cuestionado Comité Nacional de Paro de mayoría sindical e integrado además por organismos de pensionados, campesinos y camioneros, suponía el octavo paro nacional contra el gobierno Duque, después del movimiento de cese parcial de 2018, las 4 convocatorias de 2019, que tuvieron por eje el gran paro del 21 de noviembre y las dos convocatorias mas pequeñas de 2020. A la vez recogía el sentimiento de protesta que condujo a la revuelta contra la brutalidad policial del 9 y 10 de septiembre de 2020 y la movilización de la Minga Indígena del Cauca hacia Bogotá ese mismo año, así como el paro nacional universitario de octubre-noviembre de 2018.

El movimiento
El 28 de abril sucedieron bloqueos sobre múltiples vías nacionales en Valle, Cundinamarca, Boyacá y Arauca, paros laborales concentrados sobre todo en el sector educativo, y grandes movilizaciones sindicales, estudiantiles y barriales por la mayoría de las ciudades del país, así como marchas campesinas, indígenas y negras en algunas zonas rurales. La jornada finalizo con nuevas concentraciones sobre vías en diferentes zonas del país y algunas expresiones limitadas de cacerolazos.

La protesta continuo en los días subsiguientes, convirtiéndose en un autentico estallido social, que pese a no lograr convertirse en una huelga general, si genero fuertes afectaciones sobre el transporte y las actividades laborales, en buena parte de las grandes ciudades, así como algunas zonas rurales y carreteras nacionales. La movilización pronto se reforzó por el rechazo a la represión Estatal y fue incorporando nuevas demandas sociales, políticas y culturales, así como actores colectivos como el movimiento de mujeres y de disidencias sexuales que alcanzaron altos niveles de visibilidad y protagonismo.

En la capital, la Pesonería llego a registrar durante el primer mes del estallido, un promedio de 9 acciones colectivas de protesta diarias. Así mismo, aunque se siguieron presentando grandes movilizaciones, el eje de la actividad paso a los bloqueos de calles, que para mayo el diario El Tiempo calculaba en 90 diarios a nivel nacional, actividades que en muchas ocasiones llevaron a choques con la Policía y elementos del Estado.

La protesta, que algunos han llamado una primavera democrática, llego a contar con un 75% de apoyo entre la población, que subía a 81% entre los jóvenes, en diversas encuestas periodísticas realizadas el mes de mayo. La misma se concentro sobre todo en el sur occidente del país,particularmente en el departamento del Valle y el área metropolitana de la ciudad de Cali, donde los bloqueos de calle sobre vías estratégicas en cercanías de barrios populares, se hicieron continuos en cerca de 30 puntos de resistencia. Esta ciudad, donde se sumaron a la movilización delegaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), también fue aquella donde la represión estatal y para estatal fue mas violenta.

Al tiempo, durante la movilización se presentaron múltiples actos de derrumbamiento de estatuas y monumentos de lideres coloniales por parte de pueblos indígenas y organizaciones comunitarias en ciudades como Bogotá donde un grupo del pueblo misak derribo la estatua de Gonzalo Jimenez de Quesada, así como Cali, Cartagena, Pasto y otras ciudades. En paralelo se presentaron diversas concentraciones de solidaridad frente a embajadas y consulados de Colombia en el manos 21 países extranjeros.

Se produjeron así, tres meses de intensa actividad política, entre el 28 de abril y finales de julio, si bien el primer mes registro los mayores niveles de movilización, el segundo supuso ya una contracción con algunos repuntes esporádicos y el tercero fue de repliegue general. En este periodo se presento la huelga nacional de un mes de los educadores estatales organizados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en adhesión a la protesta, así como el paro estudiantil de dos meses en manos de las 18 universidades públicas del país, que continuo en algunas instituciones locales como la Universidad Pedagógica y Tecnológica (UPTC) por mas tiempo, por reivindicaciones propias.

El movimiento que consiguió abrir un amplio debate nacional sobre el derecho a la protesta, logro forzar el retiro del proyecto de la reforma tributaria y la posterior renuncia de Carrasquilla uno de los hombres fuertes del gobierno Duque, así como el retiro del paralelo proyecto de reforma a la salud y la renuncia de la canciller Claudia Blum, tambien defensora de la represión gubernamental.

Las políticas de represión
La violencia estatal y para estatal contra la protesta alcanzo niveles extraordinariamente altos, no vistos desde hace años, todo bajo el liderazgo y el respaldo del Ministro de Defensa Diego Molano, comprometido con múltiples crímenes de guerra. La represión incorporo la actividad tradicional ejercida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y otros organismos de la Policía Nacional, que llevaron a niveles muy altos la violencia, incluyendo múltiples disparos de escopetas antidisturbios y armas de fuego por agentes, atropellos por parte de vehículos policiales y aún disparos desde helicópteros. Una de las expresiones mas crueles de estos hechos fue la masacre de Siloe el 3 de mayo donde en la represión contra una velatón fueron asesinadas 5 personas por la fuerza pública.

En paralelo, también aumentaron las acciones represivas de organismos no tradicionales como la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), la Fiscalía General o el propio Ejercito Nacional, desplegado por diversas zonas rurales y urbanas del país. Al tiempo, desde el gobierno se estimulo la formación de guardias cívicas de apoyo a la Policía, bloqueo el servicio de internet temporalmente en la ciudad de Cali y simulo un multimillonario auto ataque cibernético contra las páginas de las agencias de ciber seguridad.

Además, hubo una amplia participación de fuerzas para estatales en las labores de represión, coordinadas de múltiples formas con agentes del Estado. Esto incluyo el paso de las infames camionetas blancas de alta gama, protegidas por la Policía, desde donde se graba material de inteligencia, se efectuaban disparos y se realizaban detenciones ilegales, así como la circulación de sicarios en motocicletas. También se presentaron cortes ilegales de energía que facilitaban la acción represiva, francotiradores acostados en edificios y civiles armados, custodiados por la Policía, que en varias ocasiones dispararon contra la protesta.

La represión contra el movimiento dejo un saldo de 80 victimas mortales entre los manifestantes según Indepaz, en su gran mayoría jóvenes de clase trabajadora, concentrados en mas de la mitad de los casos en Cali y su área metropolitana, así como ciudades como Bogotá o Pereira. Además se presentaron 129 casos de desaparición de personas para el mes de mayo, 82 victimas de violencia ocular, 1.200 heridos de diferentes magnitud, 2.005 detenciones arbitrarias y 28 victimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, según el reporte conjunto de Indepaz, Temblores y PAIIS, la vasta mayoría de hechos, hoy impunes. También se registro la muerte durante las protestas de 3 policías.

Legados y tareas pendientes
La del 28 de abril es posiblemente la protesta social mas grande y duradera de la historia del país. El paro parece haber combinando elementos del masivo paro del 21 de noviembre de 2019, con elementos de la revuelta contra la brutalidad policial de 2020, en una síntesis contradictoria marcada por un liderazgo sindical débil, una movilización continua aunque no siempre coordinada de sectores estudiantiles, obreros y campesinos, asi como un gran protagonismo de la juventud popular.

Igual que en 2019, el estallido social de 2021 trajo la aparición de múltiples asambleas populares a nivel local y en menor medida sectorial, que sin embargo, no lograron mayores niveles de desarrollo y coordinación. La llamada Asamblea Nacional Popular liderada por el Congreso de los Pueblos, no logró agrupar las fuerzas vivas de la movilización, desarrollar un movimiento de abajo hacia arriba o plantearse profundizar la organización de base. Del mismo modo, las asambleas estudiantiles no lograron estructurarse en una perspectiva gremial mas unitaria y las obreras mas reducidas, tampoco motivaron una nueva dinámica de renovación democrática de las organizaciones sindicales.

Alrededor de la expansión espontanea de las primeras líneas, que centraban su acción sobre todo en resistir la represión policial, surgieron organismos diversos como los campamentos humanitarios, las ollas comunitarias, las asociaciones de madres y los comités jurídicos. Sin embargo, aunque se dieron intentos de transformar las primeras líneas en auténticos organismos de auto protección popular al servicio de la organización social, como la guardia urbana en Bogotá, en general esta orientación no prospero y estos organismos se mantuvieron actuando como dispersos grupos de choque, exclusivos de jóvenes varones adictos al riesgo, marcados por multitud de prácticas patriarcales, sin muchas perspectivas de futuro ni mayor ligazón con los movimientos comunitarios.

Paradójicamente, la retorica triunfalista tan fuertemente instalada en la izquierda y los movimientos populares, desde mucho antes de estos hechos, sirvió como una barrera teórica y práctica para sopesar con espíritu reflexivo y auto crítico las propias debilidades y falencias de un movimiento, que despertó una enorme simpatía popular, que sin embargo, no logro movilizar y organizar.

Tras el paro no se produjo un autentico salto social, que podría entenderse como un aumento del nivel y la fuerza de las organizaciones sociales y populares, ni necesariamente aumentaron los conflictos sectoriales y territoriales. Tampoco hubo un cambio de la cultura político, pues aunque las tradiciones verticales y burocráticas hegemónicas en la izquierda volvieron a ser duramente cuestionada, como lo fueron en 2019, tal y como lo simbolizan las críticas al Comité Nacional de Paro, las alternativas de participación horizontal y federativa fueron débiles y no se profundizo la gestación de una nueva cultura política libertaria.

En cambio si parece haber producido un salto electoral, pues el movimiento fue clave para reforzar el sentimiento uribista de la población y fortalecer la candidatura de la oposición de centro izquierda de Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Sin embargo, tampoco parece haberse producido un mayor desarrollo político en sentido orgánico y programático, que ligara el rechazo al uribismo, el ajuste y la represión estatal con perspectivas anti capitalistas o anti autoritarias mas generales.

El paro del 28 de abril y el estallido social, mostraron ante millones de personas la enorme capacidad de auto organización de la población, la eficacia política de la protesta y la importancia de diversas formas de acción directa popular. Sigue pendiente la tarea de fortalecer los niveles de organización y movilización en todos los espacios de trabajo, estudio y vivienda, de profundizar entre las que luchan un programa político socialista libertario y de construir alternativas de vida digna para la juventud trabajadora mas empobrecida

¡Ahora a organizar, esta gran rebeldía en fuerza popular!
¡Arribas las que luchan!

Grupo Libertario Vía Libre

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