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Análisis de coyuntura de Colombia para 2021

category venezuela / colombia | miscellaneous | opinión / análisis author Saturday April 03, 2021 09:39author by ViaLibre - 1 of Anarkismo Editorial Groupauthor email grupolibertariovialibre at gmail dot com

En este escrito se presenta un análisis de la coyuntura socio política general de Colombia para inicios del año 2021. Para tal fin, se indaga sobre fenómenos como el impacto local de la pandemia del COVID-19, la crisis económica, la situación política nacional y se desarrolla un análisis de las protestas y luchas sociales del año 2020.
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Impacto local de la pandemia
Como en el resto del planeta la coyuntura general del Estado estuvo marcada por la pandemia COVID-19. En materia de salud pública para el 31 de diciembre de 2020 se registraban en el país 16.314 casos diarios del nuevo coronavirus, con un promedio de 11.858 casos en la última semana del año. A su vez, se presentaba un acumulado de 1´642.775 casos registrados hasta esa fecha, por lo que se presentaban 1´508.419 personas recuperadas y 134.356 casos en activo . Para ese mismo momento se presentaron 304 muertes diarias por SARS-COVID 2, con un promedio de 251 decesos promedio en la última semana de diciembre, y la terrible cifra acumulada de 43.213 fallecidos en total por causa de la pandemia. El mes de diciembre supuso un nuevo aumento de contagios, en lo que empezaba a ser la dramática segunda ola de la pandemia en el país, por un lado con un fenómeno de ascenso inestable pero creciente de casos y por otro, con un aumento repentino y brutal de muertes.

El país llegaba así según la Organización Panamericana de la Salud, a una tasa de incidencia nacional para el 29 de diciembre de ese año de 3.205 casos por cada 100 mil habitantes, de mortalidad de 846.1 muertes por cada millón de habitantes y 3.3. % de letalidad, así como el bajo índice de hospitalización del 1.9 por total de casos y de 0.2 de ingreso por casos a unidades de cuidados intensivos (uci). La pandemia golpeo extensamente a todos los sectores de la población, con un sesgo de sexo hacia los hombres, pero fue el grupo de personas mayores de 60 años, el que registro el 18.3% de los casos graves y el 77.5% de los fallecimientos, así como los mayores de 50 años representaban el 72.6% de las personas hospitalizadas y el 81.4% de las remitidas a UCI.

En términos de incidencia de casos las regiones proporcionalmente más afectadas fueron Bogotá, Barranquilla, Quindío, Amazonas y Antioquia, mientras los mayores índices de mortandad se registraron en Amazonas, Barranquilla, Caquetá, Bogotá y Norte de Santander. Probablemente la situación más delicada se presentó justamente en la región de la Amazonia, que llegaba casi al doble del promedio nacional de mortalidad, donde por influencia de la descontrolada situación de Brasil, hubo varios momentos de crisis sanitaria grave. También fue delicada la situación de Norte de Santander fronterizo con Venezuela.

Crisis económica
La crisis sanitaria y las medidas para combatirla, especialmente las políticas de aislamiento preventivo implementadas a nivel nacional desde el 24 de marzo, generaron una profunda crisis económica. Así la actividad productiva sufrió una abrupta caída del -6.8% del PIB en 2020 según el DANE, una cifra ligeramente menor a la estimada por las proyecciones más pesimistas, con las mayores retracciones en el segundo y tercer trimestre del año con decrecimientos del -15.8% y el -8.5% respectivamente. El país sufrió una severa caída de la actividad de construcción con una retracción del -27.7%, explotación minera con -15.7% y comercio, transporte y alojamiento con -15.1%, mientras se dio un pequeño aumento de la actividad agropecuaria con 2.8%, financiera con 2.1% e inmobiliaria con 1.9%. Al tiempo el país registro una inflación baja del 1.61% en el año, la más baja desde 1955, explicada por la caída del consumo, con una reducción de 2.2 puntos frente a 2019.

A raíz de la crisis, los frágiles avances del país en la contención de la pobreza en el nuevo milenio, retrocedieron los indicadores dos décadas, llegando según el CEDE a 7.3 millones nuevos pobres y el 35% de la población bajo el umbral de pobreza, con la adición de 2 millones de pobres extremos y el 11% de la población en pobreza extrema según Fedesarrollo. Así mismo se presentó un aumento masivo del desempleo de 5.9% puntos y 2.´444.000 nuevos desempleados, que agravo la cantidad estructuralmente alta de desempleados, en crecimiento desde 2019, que llego al 15.9% de la población económicamente activa en 2020 según el DANE, y al 18.2% en las 18 ciudades principales, cifra que en el segundo trimestre del año llego al 22% de la población. La mayor cantidad de despidos se presentaron en ramos como comercio y reparación de vehículos con una contracción del -5.2% y 473.000 despidos, actividades artísticas y de entretenimiento con -11.5% de caída y 390.00 despidos, administración pública con 317.000 despidos e industria manufacturera con 316.000. La situación fue especialmente crítica en ciudades como Neiva que llego a tasas de desocupación del 26.1%, Ibagué 25.6% y Cúcuta con 23.7%, con ciudades como Bogotá y Medellín en tasas del 18.2% y como es habitual el desempleo fue especialmente crítico para las mujeres y la juventud trabajadora.

Por otra parte esto llevo la deuda externa del país, que venía aumentando desde 2019, a registrar para diciembre de 2020 la cifra de 154.968 millones de dólares según el Banco de la República, lo que representaba el 55.7% del PIB nacional, y un aumento de 11.7% frente al 2019. Del total de esta deuda que llega a un nuevo máximo histórico, el 58% es de origen público y 42% de origen privado, rubro que viene experimentado un mayor crecimiento en el último periodo. El gobierno advirtió que en la situación de crisis, la deuda podía llegar a alcanzar el 70% del PIB. A su vez, en el escenario de mayores gastos y menor recaudación, el gobierno registro un déficit fiscal del 8.9% del PIB según el Ministerio de Hacienda, que supone alrededor de 90 billones de pesos, un 30% más de lo proyectado por las autoridades económicas. Ambas situaciones reforzaron entre la tecnocracia neoliberal, el llamado para que el gobierno impulse una nueva reforma tributaria, con un programa de ajuste que aumente la deuda, privatice activos estatales, congele gastos sociales, aumente impuestos sobre la mayoría empobrecida de la población y los disminuya sobre las empresas y la burguesía.

En materia de balanza comercial, el país disminuyo ligeramente su déficit de intercambios en 653 millones de dólares según el DANE, registrando US 41.185 millones en importaciones y US 31.056 millones en exportaciones, con un desbalance que se mantiene alto, con 10.128 millones de dólares. El rubro de mayor caída en las importaciones fue el de combustibles y derivados minerales con una caída del -51.4%. A su vez, se presentó la importante novedad que constituye el que China registre el 24.9% en las importaciones nacionales, lo que convierte al país asiático en el principal origen de compra el país, sobrepasando por primera vez a Estados Unidos que represento el 19.6% de este rubro.

Pese a la profunda crisis económica, en el país también se presentaron otros fenómenos locales y sectoriales de aumento de la producción y circulación de bienes y servicios. Así se vivió un aumento de las exportaciones de oro en un 8%, y la entrada en explotación de la mina aurífera subterránea Butírica en Antioquia. Al tiempo que se presentaba la inauguración primera fase del Túnel de la línea en la cordillera central, principal obra de infraestructura vial de los últimos años. Por otra parte, se adelantaba el proyecto piloto de fracking de Ecopetrol en Puerto Wilches tras varios años de exploraciones ilegales con este destructivo método. Finalmente se registraba un avance del proyecto de Grupo Bicentenario de integración de empresas estatales, inicialmente de entidades bancarias y similares, con la posibilidad latente de que esto conduzca a muchos despidos.

La pandemia y la crisis masifico sobre todo en el sector servicios, la creciente opción por el tele trabajo, con un crecimiento de más del 400% de esta labor en el primer semestre de 2020 según el Ministerio de Tecnologías de la Información y un número de hasta 6 millones de trabajadoras laborando forma virtual. Esta modalidad súbita y temporal de trabajo, agudizo muchas de las formas ya presentes de la explotación flexible, extendiendo de hecho las jornadas, tareas y días laborales. La nueva situación genero una recarga principalmente sobre las mujeres trabajadoras, que aumentaron sus tareas y labores domésticas y de cuidado no remunerado, hasta en 3 horas diarias según encuestas periodísticas.

Situación política nacional
El país inicio el año con el escándalo de la Ñeñe política, cuando se revelaron en la prensa, los actos de corrupción y compra de votos para favorecer la elección presidencial de Iván Duque en la campaña de 2018, liderados por el empresario ganadero y narcotraficante “Neñe” Hernández, antiguo protegido de la elite económica y las fuerzas armadas del país, asesinado el año anterior en Brasil. A esto se sumó en enero la captura en Venezuela de la ex congresista Aida Merlano, condenada por delitos de corrupción electoral, quien se había fugado de prisión. Esta ex representante a cámara por el Partido Conservador, parte de la coalición de gobierno regional y nacional, se encontró en medio de un impasse diplomático calculado que favorece su impunidad. Ambos hechos revelan las prácticas de fraude electoral, compra de votos y asociación con el crimen organizado, que llevaron a Duque y el uribismo al poder, y de forma más general, son parte importante del funcionamiento del sistema política colombiano.

En el gabinete presidencial, los dos debates de moción de censura radicados por la oposición contra el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, primero por la criminal actuación de la Policía en la represión de las protestas del 9 y el 10 de septiembre y luego por la presencia en el país de tropas estadunidenses no autorizadas por el congreso, fueron frenados por la coalición de gobierno, por lo que el político oligárquico Trujillo reforzó su posición como hombre fuerte del gobierno Duque, vocero de su ala más militarista y posible candidato presidencial para 2022, por lo que su muerte por COVID-19 a principios del nuevo año, dejo un relativo vacío político en el gobierno. Tras dos años de un mandato con cierta inestabilidad burocrática y en medio de la renovación habitual del gabinete, en el año se presentaron cambios en las direcciones de la mitad de los ministerios, como Interior, Justicia, Agricultura, Salud, Trabajo, Minas, Ambiente, TIC, Cultura y Ciencia.

En materia de la fuerza política del gobierno, el caso de la detención domiciliaria en el mes de agosto del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe político del presidente, ordenada por la Corte Suprema de Justicia por su probada participación en la manipulación y compra de testigos, en medio de los procesos que se le siguen por formación y apoyo a grupos paramilitares, genero una importante crisis política, que llevo al uribismo a llamar a una movilización en apoyo a Uribe de pobres resultados. Su puesta en libertad por un juez en el mes de octubre, en un proceso que muestra la clara decisión de impunidad de la Fiscalía General de la Nación, así como la decisión de las principales empresas periodísticas de respaldarlo, le da un respiro al gobierno, pero muestra que la impunidad que rodea todo el accionar criminal de Uribe empieza a resquebrajarse.

En paralelo el gobierno Duque recompuso parcialmente su popularidad desde su punto más bajo a finales de 2019 con 23% de aprobación según la encuestadora Invamer. Así utilizando la ola de miedo y solidaridad espontanea despertada por la pandemia, alcanzando incluso puntos positivos en el primer cuatrimestre con 52% de aceptación, que luego se debilito nuevamente para llegar al 31% de aprobación en octubre de 2020. La impopularidad gubernamental, no debilito la alianza política que le permite a Duque mayoría legislativa en el Congreso y el poder regional, y de hecho fortaleció el compromiso de los gremios empresariales del Consejo Gremial Nacional con su administración y la línea pro gubernamental entre las grandes empresas periodísticas, especialmente visible en medios como la revista Semana que decidieron censurar información para no debilitar un gobierno que respaldan públicamente.

A su vez el gobierno Duque continuo con la estrategia uribista, bajo un ritmo progresivo y a veces contradictorio, de desmonte de los acuerdos de paz del Teatro Colón entre el Estado y las FARC, con la continua modificación inconsulta de lo pactado, el incumplimiento de las políticas de reforma rural y política, el impulso de proyectos de reforma legislativa que limitan las instituciones de transición, la presión contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o la intervención negacionista del conflicto en el Centro Nacional de Memoria Histórica.

En materia de derechos humanos la situación del país sigue siendo crítica. El asesinato de líderes y lideresas sociales continúo y se presentaron 309 asesinatos en 2020, con hasta 6 asesinatos por semana, y un aumento del 61% con respecto al primer semestre de 2019 según Indepaz. Se consolida así el triste acumulado de 1.055 activistas sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016. Así mismo se presentaron 91 masacres con 381 víctimas según el mismo instituto, hechos en franco aumento desde 2017, lo que deja el año con 7.6 masacres en promedio por mes y la espeluznante cifra de 16 masacres en el mes de septiembre, hechos sobre todo concentrados en Antioquia, Cauca y Nariño. Además se registró el desplazamiento forzada en el año de 32.000 personas según Codhes, organizando en los 90 hechos de desplazamiento masivo que se presentaron en el año según la Defensoría del Pueblo, lo que eleva la cifra de desplazados forzados desde la firma del acuerdo de paz a 150.000 personas, con eje en los departamentos de Nariño, Choco, Antioquia y Norte de Santander.

En materia de conflicto armado se mantiene el panorama de fragmentación y reorganización de la violencia política. En la coyuntura, diversos actores armados impusieron medidas de cuarentena frente a la pandemia en al menos 5 departamentos. El ELN decreto un paro armado en febrero en 4 regiones y en noviembre en el sur del departamento Cauca, mientras lo propio hizo el EPL en el Catatumbo en febrero, y las Autodefensa Campesinas del Bajo Cauca, conocidas como los Caparrapos, en noviembre. En el año también se produjeron los asesinatos de Andrés Felipe Venegas “Uriel” uno de los líderes del Frente de Guerra Occidental del ELN y de alias “Caín” líder de los Caparrapos. La confrontación entre el ELN y EPL en el Catatumbo, que inicio en 2018, se declina favorablemente para la primera organización, en parte también por los golpes recibidos por la segunda por parte de las Fuerzas Armadas. La situación de confrontación se ha agravado con la entrada militar de los carteles mexicanos en Colombia, especialmente los carteles de Jalisco y Sinaloa en la frontera sur del país.

Conectado con lo anterior, el gobierno Duque incumpliendo los acuerdos de sustitución voluntaria contemplados en los acuerdos de paz, reforzó su política de erradicación forzada y manual de cultivos de coca, llegando a 130.000 hectáreas intervenidas en 2020, superando el registro de 94.000 hectáreas de 2019. La continuación de la fracasada guerra contra las drogas, priorizada para el país por la administración Trumpy, no ha afectado de forma importante el área sembrada, que se estima en más 150.000 hectáreas y se ha expandido por causa del aumento del consumo internacional y nacional.

En paralelo, tras las jornadas de protesta nacional de noviembre-diciembre de 2019 y la posterior explosión social contra la brutalidad policial del 9 y 10 de septiembre de 2020, el gobierno endureció sus políticas de represión legal y ilegal contra ciertos sectores juveniles populares, especialmente sobre el movimiento estudiantil de las universidades públicas, el movimiento barrial en instancias como las casas culturales y las actividades de derechos humanos, y se presentaron detenciones contra activistas políticas amplificadas por la prensa en varios momentos del año.

En el panorama nacional resalta la situación de la migración venezolana, que sigue viviendo una grave crisis humanitaria. En el país se registran oficialmente 1´729.537 personas migrantes provenientes del país vecino para 2020 según Migración Colombia, lo que supondría una reducción de 50.000 personas y un - 2.35% frente al 2019, disminución en parte explicada por el cierre de fronteras aplicado desde marzo y la salida de miles de personas del país por la crisis económica. De este número solo 762.000 y el 44% se encuentran en estado migratorio regular, por lo que 967.537 personas y el 53.9% se encuentra sin papeles. La mayoría de esta población empobrecida se encuentra en Bogotá con 337.000 personas, los departamentos fronterizos de Norte de Santander con 187.000 donde representan el 11% de la población y La Guajira con 149.000 donde llega al 20%, Atlántico con 160.000 y Antioquia con 156.000. En asociación con la crisis económica, hay un aumento de la estigmatización, la xenofobia y el rechazo frente a las migrantes, auspiciado por sectores conservadores de base afines al gobierno.

Protestas y luchas sociales
En materia de protestas populares, los aniversarios del paro nacional del 21 de noviembre de 2019 produjeron 6 jornadas de movilización, generando lo que llamamos en el curso del año, el veintiunismo. Se presentaron así movilizaciones grandes el 21 de octubre, fecha en la que la CUT convocó de forma muy limitada un paro nacional, que término siendo la más exitosa convocatoria intersectorial del año, con una jornada de protagonismo sindical y que llevo al Centro Democrático a hablar de la necesidad de decretar la conmoción interior. Importante también resulto la jornada del 21 de enero con protagonismo juvenil y estudiantil y el 19 de noviembre de centralidad sindical, al tiempo que se presentaba la protesta modesta del 21 de septiembre, y las jornadas menores del 21 de agosto y 21 de noviembre.

Así mismo se presentaron grandes protestas protagonizadas por la juventud trabajadora, contra la brutalidad policial los días 9 y el 10 de septiembre tras el cruel asesinato de Javier Ordoñez por parte de agente de la institución el día 8 de ese mes, muerte que por su impacto mediático desencadeno protestas y revueltas en Bogotá y varios municipios del área metropolitana de la capital, que se saldaron con 13 muertos por los represión policial, 52 Centro de Atención Inmediata (CAI) de la policía afectados y transportes y comercios incendiados. Además se produjeron movilizaciones y choques en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Tunja, Santa Marta y Manizales.

En el movimiento obrero fue muy relevante la huelga de las obreras del Carbón organizadas en Sintracarbón de la minera Cerrejón en La Guajira, propiedad de la multinacional Glencore que se prolongó desde el 31 de agosto por 91 días y termino con una victoria relativa de las asalariadas. La huelga en la mina a cielo abierto más grande de América Latina, se desarrolló por la defensa de la convención colectiva y contra la reorganización de los largos turnos de trabajo, supone el paro más largo en la historia de esta empresa. Así mismo fue muy relevante la reactivación por causa de la pandemia, de la protesta de las trabajadoras de la salud, muy activa en marzo y abril, dándose en julio la huelga de hambre de médicas y enfermeras del hospital Rosario Pumarejo en Valledupar por pago de salarios atrasados.

En otros conflictos obreros, se presentó el campamento de las trabajadoras despedidas de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, concentraciones de las trabajadoras del SENA en mayo por estabilidad laboral, así como paro virtuales de las maestras estatales en agosto y octubre. Se presentaron además protestas de las trabajadoras petroleras contra los planes de privatización de las empresas filiales de Ecopetrol y de trabajadoras de Palmagro por persecución sindical en noviembre en Cesar. Así mismo se organizaron paros y marchas pequeñas de los trabajadores tercerizados de los repartidores de aplicaciones digitales, especialmente Rappi, en los meses de agosto y octubre, en consonancia con las jornadas de protesta convocadas a nivel internacional. También se sucedieron protestas y huelgas de hambre de trabajadoras de transito de Cartagena y Medellín en noviembre.

En el movimiento campesino se presentaron las jornadas de movilización de las cultivadoras de papa del altiplano cundiboyacense que el 13 de noviembre protestaron en diferentes regiones y realizaron donatones de productos en carreteras y ciudades. Así mismo continúa la resistencia de comunidades de frontera contra la erradicación forzada de los cultivos de coca, violando lo establecido en el acuerdo de paz, cuya represión llevo al asesinato por parte del Ejército de dos campesinos en mayo en Sardinata y Tutumito, y en noviembre en Taraza.

En el movimiento indígena, el hecho central estuvo marcado por la movilización de la minga indígena del sur occidente, liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que llego primero a la ciudad de Cali y luego hasta Bogotá el día 18 de octubre, con el fin de presionar el gobierno a negociar directamente sobre la compleja situación del Cauca. La minga, continuamente hostigada por la derecha, realizo dos grandes marchas en la capital, un campamento multitudinario en el palacio de los deportes, un juicio simbólico contra el gobierno y más adelanto convoco protestas frente al aeropuerto El Dorado. También se presentaron protestas indígenas y de comunidades negras, con bloqueo de carreteras en el mes de octubre en Choco.

En el movimiento estudiantil se presentaron movilizaciones por la gratuidad de la matrícula de las universidades públicas que llevaron a huelgas de hambre realizadas por activistas en la Universidad Industrial de Santander, la de Antioquia y la Sur colombiana. También se presentaron huelgas de hambre fallidas de la Universidad Nacional sede Bogotá y Medellín y la Universidad Pedagógica. Por otro lado, sectores juveniles convocaron movilizaciones el 15 de junio contra la situación de crisis, con poca acogida.

En el movimiento de mujeres se presentaron grandes jornadas de movilización urbana los días 8 de marzo día internacional de las mujeres trabajadoras y el 25 de noviembre día de la eliminación de la violencia de género, así como la creciente importación de las concentraciones dispersas del 28 de septiembre por el derecho al aborto. También fueron importantes las concentraciones contra los abusos sexuales cometidos contra niñas por integrantes del Ejército en el mes de julio y las protestas contra el abuso policial del 1 de octubre. En el campo de las disidencias sexuales y de género hubo una mayor desarticulación, pero se fue relevante la marcha del orgullo trans en julio y la participación de ciertos sectores en movilizaciones feministas.

En el movimiento ambiental se presentaron concentraciones urbanas el 25 de septiembre por el día de acción global convocado por la plataforma de viernes por el futuro y el 11 de diciembre en la acción global contra el fracking. A nivel regional en el país que sigue presentando los mayores índices de asesinatos de defensoras ambientales en el mundo, fueron muy relevantes la movilización de pescadoras y campesinas contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en agosto, las protestas en Jericó, Antioquia, contra el proyecto minero de cobre Quebradona en septiembre, las movilizaciones en Puerto Wilches contra el piloto de fracking en diciembre, así como las protestas en defensa de los humedales El Burrito en enero y Juan Amarillo en noviembre en Bogotá y por el humedal el Chaparro en Neiva.

Entre la población privada de la libertad, se presentaron protesta en las cárceles desde el inicio de la pandemia. En medio de una jornada de protesta, se presentó la masacre del 21 de marzo con eje en La Modelo, que dejo al menos 24 detenidos muertos y 107 heridos, la más grande represión contra la población carcelaria registrada hasta ahora en el contexto pandémico en el continente. Después se sucedieron nuevas jornadas de protesta el 15 de abril con huelgas de hambre por hacer efectiva la promesa de descongestión penal con secuencias en Ibagué y Cúcuta, así como la jornada nacional de protesta del 28 de septiembre y las huelgas de hambre de reclusos en Combita, La Dorada y Pereira reclamando el restablecimiento de las visitas y medidas de bio seguridad.

En otros sectores sociales, se presentó un parcial paro empresarial de taxistas el 24 y 25 de noviembre contra las aplicaciones que subcontratan de carros particulares y un paro camionero en Choco para ampliar los horarios de carga.

La comprensión de la crítica coyuntura de 2020, marca algunas de las tendencias de la actualidad socio política, sobre las que debemos actuar las anarquistas organizadas y los movimientos populares.

¡Arriba las que luchan!
Grupo Libertario Vía Libre

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