Primero lo primero: salud, educación y vida digna frente a la Pandemia

Los días que precedieron al 21N, estuvieron marcados por una seguidilla de acciones por parte de la fuerza pública y el Gobierno Nacional, que pretendían deslegitimar y desmovilizar a la población que cada vez se mostraba más entusiasta frente al Paro Nacional: allanamientos a organizaciones sociales y estudiantiles, colectividades artísticas y medios alternativos de comunicación; montajes sobre supuestos planes terroristas serían su movida frente al llamamiento de lo que se esperaba fuera -ahora sí- un Paro Nacional. Legitimando su discurso de miedo anunciaban y reiteraban el castigo que iban a recibir quienes se atrevieran a alterar de cualquier forma el “orden público” en el país. A pesar de lo anterior, no hubo forma de apaciguar la digna rabia que venía acumulando fuerzas. El 21 de noviembre y varios días después de la fecha las calles del país estaban a rebosar, ni el sol ni el agua hicieron que las personas desistieran, sin embargo, como es costumbre, no tardó la Fuerza Pública en amedrentar a quienes se movilizaban, incluso se declararon toques de queda en algunas ciudades del país. Según datos de Humans Right Watch “213 personas fuerons detenidas y otras 1662 fueron “trasladadas” a centros de detención administrativa” [1].

No olvidamos que en medio de una jornada de protesta el día 23 de noviembre en el centro de Bogotá, el ESMAD asesina a Dylan Cruz, un joven de 17 años que -al igual que muchos otros- se encontraba en la movilización cuando fueron agredidos por el Escuadrón, lanzando gases lacrimógenos contra la multitud, ¿cuál fue la reacción de Dylan? la misma que cualquier joven hubiera tenido para proteger su integridad y la de las demás en un momento como estos: devolver el gas. Según los medios y el Estado, esta acción representa la justificación para el accionar del capitán Manuel Cubillos al disparar la escopeta Calibre 12 que según el mismo informe de HRW, el ESMAD no está capacitado para usar. Hoy, el caso de Dylan sigue en la impunidad por la Justicia Penal Militar y el arma sigue disparando la munición Beag Ban que es un arma de impacto dirigido.

Con el pasar de los días, en Bogotá se empezaron a organizar grupos en los diferentes barrios y localidades, con el objetivo de desarrollar asambleas, discutir sobre la coyuntura y, sobre todo, organizar las actividades a desarrollar durante los siguientes días. Era evidente que la movilización no podía detenerse, pues como ya había sucedido en otras ocasiones, el paro de un día no había servido de mucho. Se llevaron a cabo jornadas de movilización en los barrios, cacerolazos, marchas, conciertos y hasta escaramuzas se hicieron frecuentes por esos días, los ánimos seguían altos. Sin embargo, como también es costumbre en este país, desde las burocracias sindicales y otros sectores que siempre han querido cooptar las iniciativas que surgen del esfuerzo popular, empezó a conformarse un Comité Nacional de Paro, presentándose como los abanderados al decidir sobre las jornadas de movilización, llegando incluso a deslegitimar distintas actividades que surgían autónomamente.

Posteriormente, la situación en el país se fue normalizando y los ánimos empezaron a calmarse, la época decembrina afectó la continuación de las movilizaciones y actividades políticas. Para el mes de enero, se convocó al II Encuentro Nacional Sindical, Social, Étnico y Popular, en el que se pretendía hacer un balance y proyección de lo que empezó el 21 de noviembre en el país, además, seguir trabajando en el pliego nacional que comprende 104 puntos. Hubo varios inconvenientes -muy convenientes para algunos sectores- al definir esta convocatoria, pues en un punto se llegó a hablar de un número determinado de cupos por sector para poder asistir, la distribución de dichos cupos evidenciaba la sobrevaloración de unos sectores sobre otros. Al final, esta distribución no se hizo y surgió otro problema: el lugar al que se convocó fue el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, del que conocemos su reducida capacidad, sobre todo para un evento de esta magnitud.

La realización del Encuentro, puso en evidencia un elemento que se gestó incluso desde el 21N: la ruptura existente entre el Comité Nacional de Paro y las bases de diversos procesos organizativos, que son quienes siempre han puesto el pecho en las calles. Después de unas horas en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el comité decide arbitrariamente mover su reunión a Cafam Floresta, dejando de lado a las diversas delegaciones de organizaciones sociales que habían acudido al llamado. Como respuesta a esto, las organizaciones sociales deciden reunirse de manera más amplia en la concha acústica de la Universidad Nacional, espacio en el que se conforma un comité nacional de paro con representantes de organizaciones y territorios a nivel nacional.

Con lo anterior, salen a flote las pretensiones de algunos sectores e individualidades que, mostrándose como mesías y abanderadas de los movimientos y organizaciones sociales, ponen por encima de todo el beneficio propio y terminan por romper los espacios de encuentro que con tanto esfuerzo intentan afianzarse. En ese sentido, una de las lecciones más importantes que nos dejan los sucesos transcurridos en los últimos meses, es que debemos enfocar nuestros esfuerzos en la construcción y el fortalecimiento de procesos colectivos con quienes habitamos nuestros barrios, lugares de estudio y de trabajo, entre otros, pues la organización y la consolidación de espacios en los que podamos discutir, tomar decisiones y construir nuestra propia proyección, es lo único que permitirá hacerle frente a las pretensiones de algunas que terminan por entorpecer diversos procesos.

Ahora, con la situación de pandemia a la que se enfrenta el mundo, queda en evidencia en nuestro país que las exigencias que históricamente se han hecho al Estado desde sectores sindicales, campesinos, estudiantiles, mujeres, entre otros, tienen razón de ser y son completamente justas. Resulta inaudito lo que hemos tenido que ver en estos días: médicos improvisando material porque no tienen la indumentaria necesaria para su labor; una máquina dañada en el Instituto Nacional de Salud -la única que había- que retrasa las pruebas de detección de COVID-19; falta de reactivos para pruebas de detección; un Gobierno que ante la crisis quita recursos a las entidades territoriales para entregarlos a los bancos, etc. Las principales universidades del país -la mayoría públicas- han comenzado a trabajar frente a la crisis: creación de gel antibacterial, respiradores artificiales y laboratorios para pruebas del virus sin los recursos suficientes, las posibilidades serían mucho mayores si la Educación Superior Pública recibiera el presupuesto para el normal funcionamiento de las instituciones [2].

Además de lo anterior, se hacen aún más evidentes las inclemencias del capitalismo, pues mientras las más acomodadas en términos económicos asumen el aislamiento social como tiempo de descanso con sus familias en sus imponentes casas con jardines, piscinas y diversos espacios de recreación, las trabajadoras se ven obligadas a exponerse al contagio, de lo contrario, morirán de hambre o perderán sus viviendas. En el caso de las trabajadoras formales, algunas deben seguir asistiendo a sus lugares de trabajo -aún cuando esto implica exponerse tanto en el trabajo como en los medios de transporte-, mientras otras se han visto obligadas a aceptar “licencias no remuneradas” impuestas por los empleadores, en otros casos, son despedidas. El panorama resulta aún más desalentador para quienes han sido separadas de sus cargos y para trabajadoras informales, pues sin empleo no hay forma de garantizar la subsistencia familiar. La cifra del 13% de desempleo incrementará en un preocupante porcentaje, así como incrementarán las personas desempleadas en las calles rebuscando el sustento para llevar a sus familias.

En medio de todo esto, quienes más han tenido que enfrentarse a la negligencia del Estado en términos de distribución de presupuesto y garantías para el adecuado desempeño de sus funciones son las trabajadoras de la salud (médicas, enfermeras, bacteriólogas, entre otras), que asisten a las personas contagiadas aún sin recursos técnicos suficientes, con salarios por debajo de los tres salarios mínimos -mientras un congresista gana 26 salarios mínimos-, incluso, algunas sin haber recibido su pago hace más de seis meses, como es el caso de las trabajadoras del Hospital de Valledupar [3]. El viernes 27 de marzo, la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, Edilma Suárez, realizó una grave denuncia: “(…) A pesar de que en las alocuciones presidenciales se ha exaltado la importancia del equipo de enfermería, pero en el momento de definir las condiciones mínimas de bioseguridad, de definir el pago de salarios atrasados, condiciones laborales dignas y un sistema de transporte, se desconoce totalmente la labor de las enfermeras y auxiliares”, a lo que agregó: “(…) el Gobierno Nacional no priorizó la vinculación del Estado colombiano con el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce la necesidad del mejoramiento de las condiciones de empleo y de trabajo del personal de enfermería”[4]. En pocas palabras, el gobierno se ha dedicado a alardear del desempeño de las trabajadoras sin siquiera garantizar unas condiciones mínimas para su labor.

La crisis que estamos afrontando debe servir para abocarnos con más fuerza y rabia a las calles cuando el riesgo de contagio disminuya considerablemente: el hambre, la miseria y la muerte no pueden seguir siendo el pan de cada día. Las Universidades Públicas no pueden seguir cayéndose y agonizando por la falta de presupuesto; las trabajadoras de la salud no pueden seguir improvisando sus materiales ni mucho menos tener unos salarios poco dignos; en esa medida, urge la organización y movilización del sector salud para que logre tener en sus manos el sistema. Son ellas quienes deben dar la dirección política, social y científica de hospitales y demás centros de salud acorde a los problemas y condiciones de las comunidades. En un corto plazo, la derogación de la Ley 100 es apremiante.

No podemos seguir entregando gran parte de nuestras vidas a quienes ni siquiera nos ofrecen garantías laborales y frente a la más mínima crisis nos despiden; no podemos permitir que continúe la persecución y el asesinato de líderes y activistas sociales. Que nuestra fuerza en las calles se multiplique porque las transformaciones sólo serán posibles al calor de la lucha organizada.

¡Arriba las que luchan!

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