Crisis política en Perú

¿Disputa interburguesa o posibilidad popular?

Por todo esto, creemos que es urgente sentar lecturas y discusiones desde el campo popular y militante para entender que es crucial interpretar los nuevos reacomodos del poder y ver quiénes son sus actores para trazar nuevos replanteos de acción colectiva, denunciando por un lado a la maquinaria fujiaprista y sus satélites de (ultra)derecha que buscan controlar de facto el Parlamento disuelto, el nuevo Tribunal Constitucional y otros espacios estratégicos en el Estado; así como a la lectura liberal a priori que nos indica que la defensa de la democracia pasa por alinearse con Vizcarra y su nuevo gabinete ministerial. El periodo gubernamental que hoy afrontamos está marcado por un claro cuño neoliberal (fujimorismo económico) con decretos y paquetazos antilaborales. Así que la salida a esta crisis debe plantearse desde las calles movilizadas con organizaciones políticas y populares articuladas y militantes.

Esta semana ha sido realmente agitada en Perú. El país ha vivido una vorágine de decisiones políticas desde el Ejecutivo y el Legislativo que han reconfigurado el mapa institucional y diplomático con cambios bruscos a cada hora, generando un clima de inestabilidad y crispación social. Se ha dado una polarización tangible que pretende sentar la dicotomía ‘corrupción y anticorrupción’ que para la formalidad diplomática se muestra como conflictos entre 'golpismo vs usurpación de funciones’, mientras las calles siguen agitadas con movilizaciones de celebración por el cierre del Congreso (dominado por la oposición fujimorista y sus aliados de ultraderecha) y la convocatoria a elecciones legislativas para el próximo 26 de enero.

Jugadas estratégicas

Es así que el primer puyazo lo dio el Gobierno con el anuncio de la disolución constitucional del Congreso de la República debido a un rechazo tácito a la cuestión de confianza planteada (la tercera en menos de un año) por el entonces primer ministro Del Solar frente a la selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), pues esta medida no era transparente y no garantizaba la división de poderes. Horas después, el Parlamento –con el ultraconservador Pedro Olaechea a la cabeza– respondió aprobando la suspensión de Martín Vizcarra de sus funciones presidenciales durante doce meses por ‘incapacidad temporal’, por lo que procedieron a juramentar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como ‘presidenta encargada’ en funciones del Perú.

Sin embargo, se dio la renuncia de Aráoz dando un nuevo giro a la crisis política agudizando el choque de poderes del Estado. Esta medida fue aprovechada por la oposición en el Parlamento espurio para pedir adelanto de elecciones generales y así propiciar la salida del Presidente y no solamente de los parlamentarios. Cabe recordar que Vizcarra propuso en julio pasado una reforma constitucional para adelantar los comicios generales al 2020 como salida a la ‘crisis institucional’ del país, pero el Congreso rechazó su propuesta en su último pleno.

En medio de estos vaivenes entre presiones por renuncias o jugadas de último minuto, hay que mencionar que la Constitución peruana establece que, en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, corresponde al presidente del Congreso asumir sus funciones; sin embargo, las Fuerzas Armadas han apoyado al Ejecutivo, por lo que la balanza se inclina a favor der Vizcarra (aspecto vital en el control del poder). Asimismo, el marco legal solo permite que tras la disolución del Parlamento, solo sesione la Comisión Permanente compuesto por 27 congresistas (11 de los cuales son fujimoristas) pero impedida de legislar. Sin embargo, la bancada Fuerza Popular y sus aliados se han declarado ‘en funciones’ desconociendo la disolución y retando al Gobierno. Todo esto frente al desprecio popular que no ha dudado en enfrentar a los exparlamentarios en las calles.

Como escenario de fondo, vemos que esta crisis institucional está intrínsecamente ligada a sendos procesos de corrupción como el caso Odebrecht y los millonarios sobornos a prácticamente todas las tiendas políticas, así como al caso de la mafia de Los Cuellos Blancos del Puerto que implica a altos magistrados, políticos, candidatos, empresarios, etc., en redes delincuenciales de alto nivel. Es decir, la lumpen burguesía en pleno se ve amenazada por denuncias engorrosas que apuntan a figuras de alto rango. Por ello, la necesidad de copar los tres poderes del Estado y bloquear investigaciones o blindar a investigados. En esta dirección trabaja la bancada fujimorista y sus compinches apristas junto al resto de aliados corruptos.

El modelo no se toca

Por ello, la lectura liberal o socialdemócrata plantea que es menester secundar la labor de Vizcarra y su gabinete por su papel contra la maquinaria fujiaprista, usando medidas constitucionales y legítimas que le diferencian del autogolpe del 5 de abril de 1992 perpetrado por el exdictador Alberto Fujimori. Sin embargo, no se puede ocultar el carácter antipopular y neoliberal del actual Gobierno que desde el inicio (con Pedro Pablo Kuczynski) ha mantenido un continuismo en la defensa del actual modelo económico que precariza y vulnera los derechos de la clase trabajadora peruana.

No olvidemos que estamos padeciendo el Plan Nacional de Competitividad y Productividad que se aprobó (DS 237-2019-EF) sin dialogar con los trabajadores. Este documento secunda el discurso de la Confiep (máximo gremio empresarial) respecto a la desaceleración económica y dice que tras décadas de alto crecimiento, la economía peruana presenta una menor productividad y que el dinamismo y la apertura comercial ‘ya no son suficientes’ para que Perú se convierta en ‘más competitivo y productivo’. Con esta imposición, el Estado estaría violando el Convenio 144 de la OIT sobre acuerdo tripartito. Es claro el accionar antisindical y propatronal del actual Gobierno, aunado a los casos de aprobación a proyectos mineros contaminantes y nocivos.

Por todo esto, creemos que es urgente sentar lecturas y discusiones desde el campo popular y militante para entender que es crucial interpretar los nuevos reacomodos del poder y ver quiénes son sus actores para trazar nuevos replanteos de acción colectiva, denunciando por un lado a la maquinaria fujiaprista y sus satélites de (ultra)derecha que buscan controlar de facto el Parlamento disuelto, el nuevo Tribunal Constitucional y otros espacios estratégicos en el Estado; así como a la lectura liberal a priori que nos indica que la defensa de la democracia pasa por alinearse con Vizcarra y su nuevo gabinete ministerial. El periodo gubernamental que hoy afrontamos está marcado por un claro cuño neoliberal (fujimorismo económico) con decretos y paquetazos antilaborales. Así que la salida a esta crisis debe plantearse desde las calles movilizadas con organizaciones políticas y populares articuladas y militantes.