La madrugada del 2 de enero, se registró el primer femicidio del 2016. Un hombre atacó en reiteradas ocasiones a su pareja de 36 años, quien falleció tras ingresar de urgencias al Hospital San José.
Es alarmante que cada año mueran alrededor de 40 mujeres asesinadas por hombres en Chile. La democracia parece ser el blindaje perfecto para las conductas patriarcales y misóginas, donde día a día hace que ser mujer resulte ser motivo suficiente para morir.
En este sentido, el femicidio, es sin duda, el resultado de una serie de pautas culturales donde la violencia es aceptada como un instrumento de dominación y sometimiento, estando presente en las esferas familiares, sociales e institucionales, generando la producción y reproducción de asesinato de mujeres.
Hoy el Estado dice avanzar en igualdad de género y en los derechos de la mujer, sin embargo, la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar, no distinguía diferencias penológicas respecto de la que se dirige específicamente contra la mujer. Así, no se prevé una mayor pena para la muerte de la mujer víctima de su pareja ni se contemplan supuestos específicos en los que la mujer es víctima. En el 2010, se modifica el código penal y la ley nº 20.066 sobre violencia intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”, aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las normas sobre parricidio (Ley 20.480), siendo aún insuficientes, ya que se pide a las víctimas de violencia que denuncien, pero las medidas de protección son casi imposibles de fiscalizar, lo que vuelve ineficaz la legislación.
La discusión debe ser mucho más amplia, y las mujeres, por sobre todo, deben y pueden asumir un rol protagónico, para movilizar y transformar a la sociedad, creando un dispositivo social basado en la educación, con conceptos de igualdad, cambiando las relaciones de género y teniendo un Estado Garante de Derechos.