Ladrones de cuello y corbata: colusión y los nuevos carteles de la delincuencia en Chile

Publicado originalmente en la edición N°31 del periódico anarquista chileno Solidaridad

Semanas atrás se destapó el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que reveló la colusión por once años entre la empresa CMPC con SCA (ex Pisa), para subir los precios y mantener las cuotas de mercado de los productos tissue.

CMPC pertenece a uno de los hombres más poderosos de Chile, Eliodoro Matte. Su fortuna está calculada en alrededor de US$2.600 millones, según Forbes, y es el tercer hombre más rico de Chile. CMPC tiene negocios en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, y ya en el pasado enfrentó una acusación de colusión en el mercado de los pañales en Colombia. Debido a que se acogió a la delación compensada, no recibió multa en Chile.
La otra acusada, SCA, operaba al momento de la colusión bajo el nombre de PISA, y era representada por Gabriel Ruiz-Tagle, quien fue ministro durante el gobierno de Sebastián Piñera.

El que acusa primero, gana

El gobierno anunció con bombos y platillos la investigación desarrollada por la Fiscalía Nacional Económica que inició en diciembre del 2014. Sin embargo, todo se derrumbó rápidamente, ya que el sistema judicial chileno no tiene la competencia para sancionar este tipo de prácticas, los empresarios acogiéndose al sistema de “delación compensada” pueden autodenunciarse y evitar sanciones. Así lo hizo el cartel del confort en septiembre del 2015.

En Chile la delación compensada es una denuncia o acusación que hace una persona a cambio de un beneficio consistente en la reducción o exención de la multa a la primera persona que habiendo ejecutado una conducta de colusión o prácticas concertadas como colusivas, aporte a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los responsables.

La figura de la delación compensada, no existía hasta hace poco en la legislación de libre competencia chilena, por ello se introdujo recientemente, bajo la Ley 20.361, como un mecanismo que busca fortalecer los órganos que velan por la libre competencia, un voladero de luces más.

Entre sus falencias más evidentes están las multas cobradas a los empresarios, que son muy inferiores a los montos obtenidos por sus ilícitos y no arriesgan pena de cárcel. Las modificaciones a los castigos fueron dirigidas por el gobierno de Ricardo Lagos, posible candidato de la Nueva Mayoría para las futuras elecciones presidenciales.

En términos prácticos, la multa en términos porcentuales no se acerca ni al 20% de la ganancia obtenida fraudulentamente. Sin embargo, si una persona roba de un supermercado un paquete de confort, si tiene castigo penal.

Y los empresarios ya lo saben, por eso la colusión en Chile parece ser una práctica habitual. En el caso de colusión de pollos las tres empresas manejaban casi el 90% de mercado avícola. El de las farmacias, las tres cadenas tenían casi el 90% del mercado y ahora el de los papeles CMPC y SCA se repartía casi el 85 % del mercado.

De acuerdo al economista José Francisco Cuevas Vila, “lo que realmente indigna es que se tanto en el caso de la farmacia como el de papel lo hacen con productos cuyas demandas son casi perfectamente inelásticas, es decir a cualquier precio las personas deben consumirlos de igual manera sin importar su precio”.

Todos son la caperucita

Ante la rápida explosión mediática del caso, Eliodoro Matte declaró desconocer la colusión de su empresa, sin embargo, ni siquiera sus propios compañeros de negocios le creyeron. El expresidente de la Asociación de Bancos (Abif) Jorge Awad declaró “la ley obliga a los directores a administrar las empresas. Cuando vendo un producto a un precio superior al promedio internacional, cómo no va a haber un director que levante el dedo y pregunte cómo podemos vender este producto tan caro. Cuando ellos son actores del mercado global. Cualquier director que ve su producto, que es común, estandarizado y simple, se vende al doble o al triple de lo que se vende en otros mercados, me imagino que actúa de acuerdo al espíritu papelero, como el premio que le dieron al señor Morel”.

La directiva de la Papelera tampoco tomará acciones legales contra los ejecutivos de la empresa que participaron en ella. No habrá demandas civiles ni querellas penales y, además, los ejecutivos despedidos recibieron su indemnización por los años en que trabajaron en la empresa.

Un panorama insólito en un país que llena su agenda con temas de delincuencia. Delitos que no solo demuestran la usura de la clase empresarial chilena, sino también, deja en evidencia toda la institucionalidad que la ampara; maquinaria de legisladores, jueces y abogados que buscan evitar cualquier tipo de sanción a los ladrones de cuello y corbata. Ejecutivos que usaron teléfonos de prepago, crearon cuentas de gmail y hotmail bajo distintos alias, se distribuyeron documentos a domicilio que rotularon como “partes de matrimonio” y lanzaron sus computadoras a un canal de la capital, Santiago. Hasta Pancho Malo, el ex líder de la Garra Blanca y miembro insigne de la Fundación Pinochet aparece en baile ¿hasta cuándo?