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Proceso de paz: ¿de las puertas abiertas al portazo en la cara?

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Tuesday November 19, 2013 07:42author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Las vacilaciones de Santos son expresión de las contradicciones internas, objetivas, que presenta el propio bloque en el poder, y aunque haya avances, estos incidentes nos devuelven una sana dosis de realismo político. Tácticamente, por ahora, le conviene a Santos mostrar avances en las negociaciones, por cálculos puramente electoralistas. Solamente el pueblo tiene las llaves de la paz. Solamente el pueblo puede evitar que la oligarquía, dependiendo de sus caprichos pasajeros o de sus cálculos frívolos e irresponsables, vuelva a cerrar de un portazo en la cara, la posibilidad de superar más de medio siglo de guerra, como ya lo ha hecho tantas veces.
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Proceso de paz: ¿de las puertas abiertas al portazo en la cara?

Los importantes aspectos que hasta el momento se han acordado en el tema de la Participación Política, nos colocan a los colombianos en la posibilidad de comenzar a abrir las puertas de una verdadera democracia.
(Declaración de la delegación de paz de las FARC-EP, La Habana, Cuba, 6 de Noviembre, 2013)

Resultaba apenas obvio. Sabíamos que apenas se anunciara un nuevo avance en las negociaciones de paz, como efectivamente ocurrió en el segundo punto sobre participación política el día 6 de Agosto, aparecerían el “idiota del pueblo”, Álvaro Uribe Vélez, de la mano con su fiel perrito faldero, el ministro de guerra Juan Carlos Pinzón, a torpedear el proceso de paz. Resulta que ahora, la “inteligencia policial” (valga el oxímoron), según el ministrico de guerra, ha descubierto un plan de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC-EP para atentar, supuestamente, contra Uribe – también contra Francisco Santos y, sorprendentemente, contra el fiscal Montealegre, un amigo del proceso de paz[1].

Uno no tiene que ser demasiado desconfiado para recordar la seguidilla de auto-atentados por parte de los enemigos “no tan agazapados de la paz”. Mal que mal, Uribe ha hecho política asediado por planes “terroristas” que luego resultaron haber sido ideados por sus amigotes y súbditos en el ejército, como parte de una macabra campaña publicitaria… ¿cómo olvidar los “atentados” en las campañas presidenciales de Uribe montados por el DAS o los petardos puestos por la XIII Brigada del Ejército en el Barrio Gaitán en el 2006, hecho en el que hirieron a varios soldados y asesinaron a un pobre reciclador? ¿Cómo olvidar el caso del collar-bomba durante las negociaciones del Caguán? ¿Cómo olvidar que los medios, así como autoridades civiles y militares, culparon falsamente a las FARC-EP en todos estos casos?[2]. El momento de aparición de este supuesto complot, apenas unos días después de las buenas nuevas en las negociaciones, no hace sino aumentar las sospechas.

Por supuesto, los medios que siempre se hacen eco de la propaganda negra del uribismo, se escandalizaron sin siquiera indagar los hechos. Los periodistas críticos e investigativos hace rato que fueron purgados, así que casi no hay quien haga este trabajo con profesionalismo. Su reacción refleja es dar crédito a cualquier bobada que se diga de las FARC-EP, siempre y cuando sea algo negativo. “Inaceptable” gritan a los cuatro vientos mientras se rasgan los vestidos. Lo realmente grave, no es ni la reacción del uribismo, ni de los serviles medios, ni siquiera las del ministerio de guerra (ie., defensa). Lo realmente grave es que el propio jefe de la comisión negociadora del gobierno, Humberto de la Calle, se haya hecho eco de esta histeria mediática "Si en La Habana hemos hablado de tolerancia, pluralismo, las Farc deben brindar garantías de no agresión y no estigmatización. No debemos olvidar que el propósito de las conversaciones es que estas amenazas desaparezcan de la faz de Colombia”[3].

Una declaración muy conmovedora, por cierto. Pero para que no suene tan ofensivamente hipócrita, nos gustaría que el gobierno midiera sus propias acciones con la misma vara con las que mide las supuestas intenciones de la insurgencia. Pues el terrorismo de Estado, que golpea sin merced a civiles, miembros de la oposición y dirigentes populares, sigue intacto. Indigna que el gobierno amenace con retirarse de las conversaciones de paz si los planes para atentar contra Uribe fueran ciertos, pero no detiene la matanza de dirigentes populares asesinados por órdenes del círculo íntimo de la elite dorada, por matones contratados desde estamentos del Estado y empresariales. Debemos recordar los recientes asesinatos del dirigente campesino y ambiental César García en el Tolima, de los dirigentes de Marcha Patriótica Edier Otero y Ana Isabel Valencia en el Quindío, del sindicalista de Nestlé Óscar López, asesinado en medio de una huelga, para comprobar lo que estoy diciendo. Hay que exigirle a de la Calle y a este gobierno que, de la misma manera que se indignan ante este supuesto complot contra Uribe (que huele a puro falso positivo), sepan que el pueblo también se indigna ante los hijos e hijas que nos matan. Que sepan que su sangre es tan preciosa como la nuestra. Nuestros muertos no valen menos, aunque esta oligarquía criminal lleve décadas matando a hijos del pueblo igual que moscas.

Lo inaceptable, en realidad, es que en el país que se asesinan más sindicalistas, defensores de derechos humanos y dirigentes sociales en el mundo, se gaste en el esquema de seguridad del parásito de Uribe Vélez más de $15.000.000 de pesos anuales (incluidos 300 escoltas y su hogar en un búnker militar en el norte de Bogotá)[4]. Indigna este doble rasero, la excesiva protección a este delincuente de cuello blanco, cuando miles de colombianos viven bajo el miedo de las amenazas de sicarios a sueldo de unidades del Ejército.

Este incidente nos recuerda lo frágil del proceso. Como escribía un compañero recientemente, las “puertas de la paz están abiertas, pero cualquier ventarrón puede cerrarlas con mucho estruendo. (…) Puertas abiertas si, y sólo sí, nos atravesamos a tiempo para impedir que las tiren de un portazo”[5]. Por lo mismo, debemos ser conscientes de que la única fuerza que debe blindar el proceso de paz y exigir la implementación de los acuerdos es la fuerza del pueblo organizado en torno a una gran alianza por la solución política al conflicto. La oligarquía no tiene ningún interés estratégico en terminar la guerra sucia (mucho menos en alcanzar la paz con justicia social). A lo sumo, su interés en las negociaciones es de carácter táctico.

Las vacilaciones de Santos son expresión de las contradicciones internas, objetivas, que presenta el propio bloque en el poder, y aunque haya avances, estos incidentes nos devuelven una sana dosis de realismo político. Tácticamente, por ahora, le conviene a Santos mostrar avances en las negociaciones, por cálculos puramente electoralistas. Pero hay que ver cómo evalúan su conveniencia a medida que la campaña presidencial avance. O, peor aún, habrá que ver si Santos sigue tan entusiasmado con la paz después de las elecciones. De momento, parece que Santos tiene demasiado capital político en las negociaciones para arrojarlas por la borda. Pero en este cálculo, como se dice en criollo, le vale huevo la vida y el bienestar de los colombianos… ¿por qué? Pues porque los miembros de su clase social nunca han puesto combatientes para la guerra ni ésta se libra en sus barrios.

Es por ello imprescindible disociar los dos procesos, electoral y negociación de paz. No podemos aceptar que el proceso de paz lo conviertan en una herramienta de chantaje político. Dos hechos hoy vienen a poner en cuestión el chantaje político del santismo. Por una parte, la aparición de Aída Avella como candidata presidencial de la UP, que en el plano político-electoral viene a mostrar que Santos no puede monopolizar la “candidatura por la paz”. Y por otra parte, el avance, lento, muy lento, pero real, de la unidad del pueblo, pese a lo rezagado del movimiento sindical y al fraccionamiento del movimiento estudiantil. Unidad que se forja, necesariamente, desde abajo y en la lucha, más allá de la coyuntura electoral, que mediante los acuerdos que se van alcanzando entre diversos movimientos sociales al calor de las luchas agrarias, se convierte poco a poco en un actor soberano en derecho propio que rebasa los estrechos marcos de la democracia representativa.

Solamente el pueblo tiene las llaves de la paz. Solamente el pueblo puede evitar que la oligarquía, dependiendo de sus caprichos pasajeros o de sus cálculos frívolos e irresponsables, vuelva a cerrar de un portazo en la cara, la posibilidad de superar más de medio siglo de guerra, como ya lo ha hecho tantas veces.

José Antonio Gutiérrez D.
18 de Noviembre, 2013




[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/atentado-contra-u...906-3
[2] http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/serian-6-los-....aspx ;http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_5...0.stm ;http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/atentados.html ; El Espectador, 10 de Septiembre, 2006. Ver también un artículo previo titulado “Falsos Positivos, los horrores de una guerra mediática” http://anarkismo.net/article/10199
[3] http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/si-plan-at...paz-0
[4] http://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-esquema-de-...924-3
[5] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176635&titular=p...rtas-

author by Jorge Enrique Botero - Las 2 Orillaspublication date Tue Nov 19, 2013 18:16author address author phone Report this post to the editors

Jorge Enrique Botero de Las 2 orillas habló con el jefe de la delegación en La Habana. Esto fue lo que dijo:

—¿Cómo recibieron la noticia de que el Gobierno había detectado un supuesto atentado contra Uribe?

—Con sorpresa, porque después de haber llegado a un punto tan alto, casi de irreversibilidad, el Gobierno -a través del mindefensa y del director de la Policía- se encargó de empañar semejante logro. Lo peor fue oír al doctor De la Calle tejiendo especulaciones sobre este falso positivo informativo, que luego fue desmentido por el señor general Barrera, comandante de las Fuerzas Militares. El jefe de la delegación de paz del Gobierno debería dedicarse más bien a mantener viva la esperanza de la opinión nacional en este proceso para la terminación del conflicto y no atizar dudas a la marcha indefectible de Colombia hacia la reconciliación.

Cuando el Gobierno ordenó recientemente a las fuerzas armadas ir por Timochenko, o sea asesinarlo, se consideró que eso era normal y legítimo. Nadie se escandalizó. No podemos aceptar que chismes extra mesa interfieran en el avance del proceso.

—¿El fiscal Montealegre en la mira de las FARC?

—Un hombre que le ha apostado generosamente a la paz como derecho síntesis no puede más que merecer la confianza y el aplauso de los colombianos. Eduardo Montealegre ha sabido enfrentar con argumentos políticos y jurídicos incontestables la insania del Procurador, quien se cree la mismísima reencarnación de Tomás de Torquemada. El señor fiscal ha hecho una lectura correcta al reafirmar su vocación de paz.

—¿Qué les pareció la designación de Óscar Iván Zuluaga como candidato presidencial?

—Fue una decisión cantada del sector más retardatario de la derecha colombiana encabezado por Álvaro Uribe Vélez. Esa designación reafirmó las dudas sobre las maniobras truculentas y mafiosas que reinan en el Uribe Centro Antidemocrático. Esa candidatura nació muerta pues el pueblo colombiano no le va a seguir jugando a la guerra. Una amarga lección recibió Pachito, quien tuvo que vivir en carne propia el extendido refrán popular que dice “así paga el diablo a quien bien le sirve”. La deslealtad y la traición es el estilo del uribismo y de los poderes gangsteriles que este sector representa. No nos extrañemos si Uribe cambia a Zuluaga cuando vea que su candidatura no despega.

—¿La foto del catamarán?

—Esa foto es del primer ciclo. A estas alturas es una imagen borrosa en nuestra memoria. Esta isla donde dialogamos y trabajamos sin pausa por la paz de Colombia es un lugar privilegiado de nuestra América; parece hecha por Dios para el deleite de toda la humanidad. Cómo no gozar de su sol perpetuo, de sus playas y su mar. En lugar de armar escándalos frívolos, los directores de los medios deberían venir de vez en cuando a disfrutar de La Habana y de toda Cuba.

author by Luis Carlos Guerrero S. - ELNpublication date Mon Nov 25, 2013 21:39author address author phone Report this post to the editors

Es indiscutible que la firma del segundo acuerdo en La Habana sobre participación política, alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC, es un buen indicativo de los avances que se van logrando y contribuye, sin dudas, a derrotar a quienes empujan a diario el carro de la guerra. Es un acuerdo que ha sido bien recibido, por la porción del país que ha soñado con una solución política justa a los profundos problemas de Colombia.

Metiéndole un poco de mente a la letra menuda del acuerdo hay aspectos que nos deben llamar a una profunda reflexión. Martha Ruiz, en la revista Semana del 10 de noviembre, pregunta por qué hubo necesidad de que hubieran 200 mil muertos, para hasta ahora proponerse unos cambios democráticos.

Tremendo desangre a que ha sido sometido el país para decirnos que ahora es posible una apertura democrática, nos habla de la mentalidad mezquina y antidemocrática de una clase dirigente que le teme al huracán de las mayorías populares y nacionales construyendo patria, constituyéndose en sujeto de acción para los cambios.

¿Por qué hasta ahora se propone que se va a elaborar un estatuto de la oposición?

Algunos pretenden culpar a la guerrilla de esa ausencia, porque según ellos la existencia de la insurgencia impide que en Colombia se transite por la democracia. Esta teoría es parecida a aquella que culpabiliza a los pobres de la pobreza, criminalizándolos y condenándolos a la muerte mediante las políticas de limpieza social y de eutanasia social cotidiana. Con este argumento, en juicio nuestro, se pretende legitimar la guerra que la clase privilegiada han desarrollado hacia al pueblo cuando se moviliza en demandas de sus derechos, como sucedió en el reciente paro nacional agrario.

La minoría gobernante, al no reconocer ni darle estatus de oposición a los que disienten de las políticas oficiales, demuestra ausencia de voluntad política para abrir las puertas de la participación a otros sujetos distintos a ellos, con todas las garantías. Por ello ha negado, por años y décadas, el derecho a ser oposición a los partidos, movimientos, fuerzas sociales y políticas distintas a los partidos tradicionales; y por ello, lo más absurdo todavía, se ha acudido al expediente del genocidio para evitar su ascenso al gobierno.

Allí están los testimonios históricos de la barbarie contra la UP, A Luchar, el Frente Popular, y los miles de asesinatos de líderes del movimiento social.

Con este acuerdo el Gobierno reconoce que Colombia no es “la democracia más antigua del continente”, como se vende en los discursos al exterior y a los colombianos, y que por el contrario, es un remedo de democracia restringida para las elites, silenciada para los que no somos parte de ellas, que somos la inmensa mayoría de la población.

Una sociedad y una democracia del tamaño de la nación

Orlando Fals Borda y Manuel Zapata Olivella son los pioneros de la búsqueda de un proyecto nacional, este afirmó que:

“Necesitamos que la sociedad de manera efectiva y contundente sea una casa para todos y en donde el ejercicio de la ciudadanía trascienda la estereotipada visión de lo cívico acuñada en el siglo XIX y se ejerza desde las distintas racionalidades culturales que integran la ciudad, la región y la nación”.

El acuerdo sobre participación política dice que se establecerá una circunscripción especial para que las regiones o zonas de conflicto participen en el Congreso de la República. Este es el reconocimiento de parte del Estado de la existencia de vastos territorios de Colombia que han estado ausentes de la vida política, de actuar en la democracia, de ser sujetos que inciden en el destino del país. Reconocen que el cuerpo social y político ha ido creciendo, mientras la camisa institucional se quedó pequeña.

Somos un país que ha crecido en todos los sentidos, tanto sociales, culturales y políticamente. No es posible mantener el mismo sistema político ni el grosor de las instituciones, ni las mismas pedagogías de participación y representación, mucho menos mantener una democracia de apariencias y destartalada.

Somos un país pluricultural y plurisocial como lo registra la raída Constitución del 91, caída en desgracia por los 33 borrones y tachones que le han hecho a favor de las elites dominantes. La democracia tiene que incluir estos y otros componentes de la nacionalidad.

El desactualizado Censo de 2005 dice que la población negra es de cuatro millones, algo más del 10% de los habitantes, pero solo tienen dos escaños en la Cámara de representantes de un total de 116. Este censo dice que la nación indígena son 1’400.000 personas, pero en el Senado de la República no sobrepasan el 2% de los escaños. En cambio, los propios movimientos afro e indígena afirman que son diez y tres millones respectivamente.

Los componentes poblacionales de la geografía social y cultural de Colombia han sido invisibilizados y desconocidos en su papel de ser constructores de nación. Igual exclusión sufren en las instituciones de debate y legislación las mujeres, los campesinos, los trabajadores.

Tenemos el reto de imaginarnos una democracia que no sea el rito de la formalidad electoral, pues no solo ha habido una configuración social y étnica distinta en el país: también han surgido ideas y escenarios distintos al Establecimiento y los dogmas neoliberales, lo cual va expresando y clama la urgencia de otros consensos, de otros marcos institucionales y otras metodologías.

Esto es uno de los tantos otros retos.

Hay procesos sociales que van rompiendo la invisibilidad y creciendo en la conciencia de sus derechos y de la pertenencia a un país al cual han contribuido decisivamente a forjar pero que han sido negados, como nación, como pueblo y como ciudadanos por pertenecer a un sujeto, a una etnia, a una comunidad que ama el territorio y a su patria. Esto es lo que expresan las luchas, los escenarios, las emergencias de una nueva ciudadanía a la que asistimos con la creciente resistencia, los alzamientos populares y los estallidos sociales que recorren las venas y arterias de Colombia, y que no se ha planteado ser oposición sino proponer alternativas.

Los acuerdos de La Habana sobre participación política son un logro de la insurgencia, del movimiento social, de los amantes de la democracia, de los que queremos paz, de los demócratas y de toda una ciudadanía activa, así debemos percibirlos y defenderlos. Los acuerdos logrados son limitados, bastantes estrechos, porque ha habido mucha oposición del Gobierno para hacerlos más profundos.

La fortaleza de una democracia reside en la existencia de un poderoso y fluido tejido social, que ha sido desbaratado y debe reconstruirse, como piedra angular de la participación política.

 
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