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[Colombia] 19 de Agosto, paro agrario y popular, ¿un nuevo punto de inflexión en la lucha de clases?
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Wednesday August 21, 2013 18:05 by José Antonio Gutiérrez D.
Mañana, 19 de Agosto, comenzará el paro agrario y popular en Colombia, que marca un nuevo paso en la escalada de la conflictividad social que vemos en ascenso desde el 2008. En la lucha se encontrarán campesinos, cafeteros, cacaoteros, mineros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo.
Este paro no es causa de la “agitación subversiva” que el gobierno denuncia cada vez que un pobre dice “basta”. No, este paro es consecuencia directa de la situación calamitosa en que vive la mayoría de la población, con la militarización de los territorios, la locomotora minero energética y la agroindustria, con los tratados de libre comercio hechos para beneficiar a los capitales extranjeros y a unos cuantos cacaos que están asociados a estos.
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19 de Agosto: paro agrario y popular, ¿un nuevo punto de inflexión en la lucha de clases?
Mañana, 19 de Agosto, comenzará el paro agrario y popular en Colombia, que marca un nuevo paso en la escalada de la conflictividad social que vemos en ascenso desde el 2008. En la lucha se encontrarán campesinos, cafeteros, cacaoteros, mineros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo. Este paro no es causa de la “agitación subversiva” que el gobierno denuncia cada vez que un pobre dice “basta”. No, este paro es consecuencia directa de la situación calamitosa en que vive la mayoría de la población, con la militarización de los territorios, la locomotora minero energética y la agroindustria, con los tratados de libre comercio hechos para beneficiar a los capitales extranjeros y a unos cuantos cacaos que están asociados a estos.
Este paro es un hecho de gran importancia pues plantea un escenario crucial de coordinación para el movimiento popular, que va forjando acuerdos unitarios y superando, en la lucha, históricas diferencias. También es un hito importante pues representa una respuesta contundente por parte del pueblo a un gobierno oligárquico que profundiza un modelo neoliberal rentista-dependiente, mientras refuerza un aparato represivo mediante la agudización del militarismo y la criminalización de la protesta social. Las movilizaciones recientes de mineros y de campesinos del Catatumbo han despejado toda sombra de duda de que la única respuesta que el pueblo puede esperar a sus demandas por parte del Estado, es plomo y represión. El régimen de Santos se ha dotado de dos instrumentos legales, totalmente ilegítimos, para fortalecer la represión y la violencia contra la protesta social: por una parte, está el fuero militar, que garantiza la impunidad de los soldados que asesinen, violen y torturen, y por otra parte, está la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que ya está siendo utilizada para amedrentar la protesta social. El gobierno amenaza a quienes ocupen las calles con penas de cárcel y da poderes extraordinarios a gobernadores y alcaldes para que repriman a los manifestantes [1]. Ya vamos entendiendo cómo le gusta dialogar a este gobierno violento y autista.
Cada cual tendrá su lugar en esta lucha. Los campesinos, que saldrán a las rutas a visibilizar sus miserias. Los trabajadores que se declaren en paro. Los estudiantes que salgan a unir su joven sangre con los descamisados. Los indígenas que se unan a sus hermanos trabajadores, campesinos y afrocolombianos demostrando que somos un mismo pueblo en lucha. La izquierda que trate de romper el cerco mediático con sus acciones solidarias. El movimiento solidario internacional que tendrá como tarea, poner desde el primer momento los ojos del mundo en Colombia, pues sabemos que la represión no se hará esperar.
Este paro es indicativo de que hay algo nuevo que está naciendo en Colombia. Todavía no tenemos un panorama acabado de este fenómeno social que se empezó a vislumbrar con las protestas de los corteros del Valle y la minga indígena y popular en el segundo semestre del 2008; que se siguió dibujado con las movilizaciones estudiantiles del 2011 que llevaron a la conformación de la MANE; que se insinuó en el Encuentro La Paz es la Ruta de Barrancabermeja el 2011; que comenzó a levantar cabeza en las movilizaciones campesinas-indígenas en el Cauca en Mayo-Junio del 2012; que ha tenido un eco resonante en la negociación política insurgencia-gobierno en La Habana; que se ha ido perfilando más y más con la gran movilización cafetera-cacaotera y con la rebelión del Catatumbo este año. El movimiento popular adquiere un carácter verdaderamente telúrico. Pero aunque no podemos apreciar en toda su magnitud este nuevo fenómeno que crece fundamentalmente en los campos de Colombia, sí hay una serie de constataciones que podemos hacer, que nos pueden servir de brújula para el actual momento.
Una primera constatación es que hoy, el sector que lidera de manera indiscutible las luchas populares en Colombia, es el campesinado. Lo que comenzó como un paro agrario, en el fragor de la movilización de los campesinos del Catatumbo, terminó jalando a algunos sectores urbanos y terminó por convertirse en un paro popular que está comenzando a sacudir al adormecido (y violentado) movimiento sindical. El campo colombiano es hoy el escenario principal de la confrontación entre el campo popular y el modelo económico y político oligárquico. Esto no es casual: tiene que ver con el carácter oligárquico del Estado y la naturaleza del bloque en el poder; tiene que ver también con el dinamismo que han adquirido, en los últimos quince años, la agroindustria y el sector extractivista; y por último, tiene que ver con un acumulado de resistencia de varias décadas del campesinado.
Una segunda constatación es que avanza un proceso de unidad y convergencia. En este escenario, la unidad se da orgánicamente (no espontáneamente) desde las luchas populares, desde abajo, no desde pactos equívocos electoreros, escenario predilecto de una cierta tradición socialbacana que, con el pueblo siempre a flor de labios, termina cooptando procesos organizativos populares, dividiéndolos, utilizándolos para fines mezquinos y alienando a sectores sociales. Ya la coyuntura electoral no es la que domina los discursos de unidad, sino que las organizaciones populares están pensando en proceso a largo plazo. No es de menor importancia que al calor de este proceso de lucha se plantee la realización, el día 31 de Agosto, del 2º Encuentro Nacional de Unidad Popular. Ni tampoco es menor el hecho de que se plantee la creación de una coordinadora de las jornadas de protesta a nivel nacional y departamental.
Una tercera constatación es que la lucha de clases está adquiriendo una dinámica que está comenzando a superar los vicios caudillistas y burocráticos de algunos sectores sociales, así como a desbordar los estrechos canales institucionales de domesticación de la protesta –por eso la violencia con que se la reprime. Esto no significa que los vicios caudillistas sean cosa del pasado, sino que la dinámica de lucha está dando señales de que, aunque aún pesen, ya no son paralizantes. Si ciertas dirigencias, bien sea por comodidad o conveniencia, optan por no apoyar la protesta social, sus bases sí que se movilizan. Esto es crucial, pues uno de los objetivos principales de la llamada “unidad nacional” del santismo fue cooptar y domesticar importantes sectores sociales (socialbacanería, indígenas y sindicales), en una especie de perversa inclusión por arriba, hecha mediante el agasajo a los caudillos, excluyendo a las masas. La CGT puede ser que no apoye el paro, pero muchas de sus filiales sí se sumarán. Si los caciques y su burocracia indígena no apoyan, sí lo harán los comuneros en la base que unirán sus manos con negritudes y campesinos. Hay que avanzar en la unidad desde abajo y en la lucha con estos sectores, más allá de acuerdos superestructurales.
Se han generado algunas plataformas reivindicativas para la lucha, siendo quizás la de mayor profundidad, claridad y convocatoria, la desarrollada por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA Nacional). Pero también las hay regionales y nacionales. Cada sector que participa y protesta tendrá sus propias demandas particulares. Un desafío para el movimiento popular será superar lo local, lo parroquial, lo particular, y poner por delante aquellos elementos comunes que engloben la lucha de la mayoría de los sectores organizados. Porque las demandas más sentidas del pueblo solamente podrán ser ganadas mediante una movilización de masas nacional. Ningún sector aislado podrá imponer su agenda a largo plazo y, no lo olvidemos, la negociación parcial de agendas locales o sectoriales es una eficaz manera de desactivación del conflicto social por parte de la oligarquía, sin que cambie nada. Tarea nada fácil esta de la convergencia; por ello es que ya hay sectores que, más allá de este paro indefinido, creen pertinente comenzar a organizar el Paro Cívico Nacional, que requiere niveles de coordinación y unidad cualitativamente superiores.
El pueblo no puede volver a creer en una oligarquía mentirosa, que no conoce la palabra honor y que se ha burlado sistemáticamente, por siglos, de ellos. Cafeteros, cacaoteros, paperos, transportistas, estudiantes, se movilizan porque no se les ha cumplido. Ninguna región, ningún sector, por separado, tendrá sus demandas satisfechas. Cada vez está más claro que los problemas que afectan a las mayorías requieren de soluciones de fondo, radicales, de una transformación desde las profundidades del país. Tarea que necesariamente es de masas. Y esta es, precisamente, la constatación más significativa que hacemos del actual proceso de convergencia hacia el paro: que las masas han vuelto a ser las protagonistas en la construcción de su propio destino. ¡Viva el Paro Agrario y Popular!
José Antonio Gutiérrez D.
18 de Agosto, 2013
[1] http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-...40449
Ver abajo:
Apéndice I: Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares: Paro Nacional Agrario y Popular, 19 de Agosto de 2013 (MIA)
Apéndice II: Lunes 19 de agosto: Jornada nacional de protesta y paros indefinidos (Varias organizaciones sociales y políticas)
Apéndice III: Pliego Nacional Unificado de la Alianza Nacional de la Salud -ANSA-
Apéndice IV: La CUT reafirma convocatoria y apoyo irrestricto al paro de los trabajadores de la salud
Apéndice V: La CUT participa de las movilizaciones nacionales del 19 y 20 de agosto y apoya los paros agrarios, de la salud, transportadores y trabajadores en conflicto
Apéndice VI: El 19 de Agosto todos a la Movilización Nacional Cafetera y Agropecuaria (Movimientos Dignidad arrocera, cafetera, papera, cacaotera, etc.)
Apéndice VII: FECODE Apoya la Justa Lucha Social en el País
Apéndice VIII: Sinaltrainal Apoya el Paro Nacional
Apéndice IX: Pliego Departamental (Valle del Cauca) de Peticiones Agropecuarias v Populares, Paro Nacional Agrario y Popular -19 de Agosto de 2013
Apéndice X: Asociación Colombiana de Camioneros ACC, Inmovilización por Incumplimiento del Gobierno Nacional, Agosto 19 de 2013
Apéndice I.
Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares: Paro Nacional Agrario y Popular, 19 de Agosto de 2013
Las organizaciones agrarias y populares en la búsqueda de la Reforma Agraria Estructural con perspectiva territorial e intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de una Paz con Justicia Social, se han abierto paso mediante la movilización, la reivindicación y la búsqueda de una solución política al Conflicto social y armado que por décadas han violentado el derecho a la vida, al territorio y a la tierra.
La Constitución Política de Colombia alega como derecho fundamental que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y persigue.
Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra situación social, para saldar la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello, se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativo en materia de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios públicos que va en contra de los intereses del pueblo y favorecen los intereses del capital nacional e internacional.
El índice de Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) según DANE (2005), indicador que refleja el nivel de pobreza y miseria en las poblaciones urbanas y rurales, evidencia que en los municipios de alta ruralidad persisten amplias diferencias en las condiciones de las viviendas, en el acceso y disponibilidad de servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de ingresos y empleo dignos y permanentes, pese a ello no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo señala el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011) la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe plantea, según el Índice de Ruralidad (IR), que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones.
No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto asciende la deuda social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.
Ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto para enfrentar estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria, el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda. Estas cifras muestran una deficiencia en acceso, consumo y disponibilidad de alimentos que se ha prolongado por décadas en las poblaciones rurales y urbanas.
Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.
Frente a este panorama, se requiere una política pública agraria coherente con las necesidades del pueblo colombiano, la cual debe ser construida, con la participación directa y decisiva del movimiento agrario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afrocolombiana e indígena, que reconozca la significativa participación que hoy día tiene la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional y la fortalezca.
La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial de las carteras de Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, Minas y Energía; y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan los pobladores rurales y urbanos.
Amparados en la legitimidad de nuestro derecho a la protesta, exigimos al gobierno el cumplimiento de 6 obligaciones políticas y legales básicas:
1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
Las organizaciones y comunidades agrarias y populares presentamos ante el Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
Anunciamos al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.
1. Exigimos Implementación de Medidas y Acciones Frente a la Crisis de la Producción Agropecuaria
Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios en el mercado nacional e internacional, con los cuales garantizar una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios, asegurando el acceso a los mercados en las ciudades.
1.2. Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con transportadores y productores agropecuarios.
1.3. Control de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios. De igual forma, promoción efectiva de la producción limpia y agroecológica.
1.4. Exigimos la derogatoria de la política antidroga y solicitamos acordar una política de sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.
1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos campesinos, incluyendo lo relativo a la despensa y manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala, creando un fondo nacional para su financiación y garantías efectivas para el acceso a los mercados.
1.6. Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspender y revisar, en conjunto con las organizaciones de pequeños y medianos productores, los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y demás países.
1.7. Condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de subsidios para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.
1.8. Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del sistema financiero.
1.9. Diseño concertado de una política pública de fortalecimiento de la economía campesina basada en el reconocimiento de las ventajas sociales, económicas, y ambientales que ésta provee para seguridad alimentaria del país, la protección de los medios de vida campesinos y la sostenibilidad ambiental.
2. Exigimos Acceso a la Propiedad de la Tierra
Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER celeridad en el cumplimiento de la ley 160/94 en cuanto a compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y la adjudicación y formalización inmediata de titularidad de las tierras baldías que ocupan los campesinos, soportada en programas de asistencia técnica y social, inversión, tecnología, y mercadeo que garanticen el despliegue de la economía campesina, así como el de la pequeña y mediana producción.
La inmediata aplicación del decreto 1277/2013 de dotación de tierras por el INCODER, y la ampliación de su capacidad financiera para garantizar mayor cobertura y la adjudicación colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas. De igual manera, el reconocimiento de la autonomía de las comunidades sobre los territorios ya adjudicados.
Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido el acaparamiento por capital extranjero; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.
Iniciar, adelantar y culminar en el término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras concentradas y ociosas, de las que campesinos vienen siendo poseedores, para luego adjudicarlas a éstos.
Garantizar el estricto cumplimiento de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en todos los procesos de adjudicación de tierras, la reversión de las adjudicaciones practicadas con exceso o defecto de la misma, así como la generación de las condiciones que garanticen el nivel de ingresos y de sostenibilidad de la economía campesina que esta figura promueve.
3. Exigimos Reconocimiento a la Territorialidad Campesina, de Afrodescendientes e Indígenas
La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en las audiencias públicas de las ZRC.
Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.
La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.
Conformación tanto del Sistema Nacional como el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina.
Respeto y prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial, productivo y ambiental de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo agroempresarial.
Celeridad en el trámite de las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos indígenas y territorios colectivos afrodescendientes, reconociendo sus derechos ancestrales, y en concertación con las comunidades campesinas en los casos de coexistencia intercultural en los territorios. Para ello, se deberá promover la constitución de territorios interétnicos que garanticen la sostenibilidad y convivencia pacífica de las diversas identidades culturales y territorialidades.
4. Exigimos la Participacion Efectiva de las Comunidades y los Mineros Tradicionales y Pequeños en la Formulación de la Política de Explotación Minera y Energética
Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
Respeto irrestricto a las consultas populares sobre explotación minera ya realizadas.
Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.
Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos.
Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.
Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos de megaminería en ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por base los efectos ambientales y sociales que la ejecución de cada proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
Sujeción del desarrollo de producción minera y energética a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.
Suspender la construcción de hidroeléctricas que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.
5. Exigimos se Adopten Medidas y se Cumplan Garantías Reales para el Ejercicio de los Derechos Políticos de la Población Rural
Reconocimiento por parte del Estado colombiano de los derechos, plasmados en la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que hace trámite en la ONU, mediante la incorporación de sus orientaciones y derechos en la legislación interna y en las políticas públicas.
Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.
Otorgar el derecho al Consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, lo político, lo ambiental, lo económico y lo cultural.
Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma. Democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros.
6. Exigimos Inversión Social en la Población Rural y Urbana en Educación, Salud, Vivienda, Servicios Públicos y Vías
Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.
Exigimos la derogatoria de la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley que reconozca la educación como derecho fundamental y bien común, y con enfoque diferencial.
Exigimos el nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.
Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
Exigimos la definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.
Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.
Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.
Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
Devolución de las micro-centrales hidroeléctricas a las comunidades.
Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.
Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.
Exigimos la destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural. Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.
MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-MIA NACIONAL-
¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular del 19 de Agosto!
Apéndice II.
Lunes 19 de agosto: Jornada nacional de protesta y paros indefinidos
Con la aprobación de la agenda legislativa en el Congreso de la República, el actual gobierno ha posicionado políticas antiobreras y antipopulares, que coartan y limitan derechos, privatizan instituciones, entregan nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales, promueven la extranjerización de la tierra, acaban con la producción nacional a través de los tratados de libre comercio, encarecen los precios de la canasta familiar, elevan los precios de combustibles, profundizando así la actual crisis económica, social, ambiental y política que ellos mismos no reconocen.
Dicho escenario desesperanzador ha generado una respuesta directa del movimiento social y popular con jornadas de movilización, paros sectoriales y acciones de resistencia como ascenso de la lucha política en el país.
Colombia también ha estado signada por la prolongación de la guerra y el escalonamiento de la confrontación armada por parte de las elites políticas y económicas tradicionales, como estrategia de conservación del poder; por tanto, la lucha política nacional también se manifiesta en la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado en procura de la paz con justicia social. De allí que se haga imperativo avanzar en el actual proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y desde la apertura de diálogos con las insurgencias del ELN y el EPL en la superación de las causas estructurales que dieron origen al conflicto social y armado colombiano.
Es sumamente lamentable que, ante la respuesta de descontento social, el Gobierno Nacional haya intensificado acciones de represión y estigmatización de la protesta social, sin reflexión alguna sobre la calidad de vida y el bienestar de todos los colombianos, que es el propósito común de nuestras luchas. Por tanto, se nos ha impuesto un sistema que nos excluye cada vez más de la posibilidad de construir una nación distinta.
Ante dicho panorama hemos decidido avanzar en espacios de coordinación de las diferentes iniciativas de la protesta social. Desde diversas organizaciones y procesos sociales y políticos, acordamos las siguientes tareas:
1. Convocar a partir del 19 de agosto a la jornada nacional de protesta y paros indefinidos de los sectores agropecuarios, salud y transporte con la participación y acompañamiento de las centrales obreras, organizaciones indígenas y de desplazados, de estudiantes, maestros, pensionados, trabajadores de la pequeña minería y artesanal y demás sectores en conflicto. Estas acciones se conciben como un proceso de acumulación que se complementa con escenarios de movilización proyectados para los meses de septiembre y octubre en la perspectiva de una acción unitaria de masas contundente.
2. Constituir el coordinador nacional de la jornada de protesta y paros indefinidos con delegados y representantes de los sectores en conflicto, conformando la comisión política, de derechos humanos y solidaridad y de comunicaciones.
3. Convocar asambleas de organizaciones sindicales, sociales y populares con el fin de proyectar y ampliar la solidaridad popular y la participación en la jornada; avanzando en la conformación de coordinadoras departamentales.
4. Convocar movilizaciones nacionales, departamentales y locales el próximo martes 20 de agosto en apoyo y respaldo a los paros indefinidos impulsados por los sectores en conflicto. En la ciudad de Bogotá la movilización será a las nueve de la mañana desde la Plaza de Toros a la Plaza de Bolívar. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) ha convocado movilización nacional para el 28 y 29 de agosto y ha enviado un mensaje de alerta para preparar jornadas de movilización que se desarrollarían en un contexto de paro ante el incumplimiento de los acuerdos de 2011 con el Gobierno Nacional en materia de educación superior.
5. Avanzar en la socialización de los pliegos de peticiones presentados por los sectores en conflicto con el fin de ubicar puntos de coincidencia que fortalezcan las dinámicas de la movilización y la protesta. Perfilar la construcción de un pliego único nacional de cara al II Encuentro Nacional de Unidad Popular.
6. Convocar el II Encuentro Nacional de Unidad Popular a realizarse el 31 de agosto y 1 de septiembre en Bogotá.
En tal sentido, hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a las organizaciones y procesos sociales y políticos para que participen y respalden decididamente esta jornada de lucha porque en ella nos la jugamos todos y todas como pueblo. Y como pueblo estamos colocando al centro una nueva agenda de país donde las propuestas y reivindicaciones de los sectores sociales y populares se convierten en la ruta para construir un escenario de real democracia y poder popular.
Firman:
Coordinación Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas, Alianza Nacional por la Salud (ANSA), Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc), Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Asociación Distrital de Educadores (ADE), Asociación de Mujeres por la Erradicación del Paseo de la Muerte, Cámara Nacional del Transporte, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), Coalición de Movimientos Sociales (Comosoc), Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario, Corporación Integros, Marcha Patriótica, Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), Mesa Ecuménica por la Paz, Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, Organización Colombiana de Pensionados, Partido Comunista Colombiano (PCC), Poder y Unidad Popular (PUP), Polo Democrático Alternativo (PDA), Proceso Nacional Identidad Estudiantil, Ruta Social Común para la Paz, Sindicato Estudiantil, siguen firmas…
Apéndice III.
Pliego Nacional Unificado de la Alianza Nacional de la Salud -ANSA-
Los siguientes son los puntos del Pliego Unificado que la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (ANSA) presenta al gobierno nacional para que se garantice el derecho humanos y fundamental a la salud de toda la población colombiana, con énfasis en la inclusión de las poblaciones marginadas de las zonas urbanas y rurales, indígenas y afrodescendientes, en la erradicación del enfoque de mercado del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en la garantía de condiciones dignas de empleo y trabajo de todos los trabajadores de la salud de Colombia.
Capítulo Primero: Garantía del Derecho
Que se Erradique el Paseo de la Muerte
1. El estado colombiano garantizará plenamente el derecho fundamental a la salud de manera autónoma sin condicionarlo a la capacidad de pago ni restringirlo a un plan de beneficios, para tal fin se tendrán en cuenta los siguientes elementos.
a) No más SISBEN ni clasificaciones socioeconómicas para acceder al servicio.
b) Garantizar cobertura universal del sistema de salud, acceso a los servicios de acuerdo a la necesidad y atención con calidad, integral, y sin barreras de acceso administrativas, geográficas, económicas o culturales (no más negación de servicios, ni copagos ni pagos moderadores).
c) Participación ciudadana y comunitaria en las decisiones que afectan la salud de los colombianos.
2. Eliminar la sostenibilidad fiscal como criterio para delimitar y garantizar el derecho a la salud.
3. Desarrollar un sistema público de salud fundamentado en los valores y principios de la Atención Primaria en Salud, el derecho fundamental a la salud y la seguridad social como derechos ciudadanos.
4. Eliminar toda barrera que impida el acceso a la Acción de Tutela como mecanismo constitucional para garantizar la exigibilidad y el cumplimiento del Derecho a la Salud.
5. Establecer topes y controles a los precios de los medicamentos y garantizar la participación ciudadana autónoma en la comisión nacional de control de medicamentos.
6. Eliminar las empresas intermediadoras en la prestación del servicio de salud. (EPS o Gestores).
7. Garantizar que los recursos de la seguridad social sean administrados por entidades públicas, con destinación específica para la salud, pensiones y riesgos profesionales, manteniendo siempre su carácter de recursos fiscales y parafiscales.
8. El Estado debe garantizar el acceso a la alimentación, el agua potable, el saneamiento básico, al trabajo, a la vivienda y al transporte, así como a un ambiente saludable, como condiciones básicas que determinan la salud y el buen vivir de los pueblos que integran la nación colombiana.
9. El gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República una reforma tributaria progresiva que permita al Estado colombiano disponer de los recursos necesarios para garantizar el derecho humano fundamental a la salud.
10. El gobierno se compromete a garantizar el uso equitativo y eficiente de los recursos de la salud con base en las necesidades de las poblaciones y de los territorios, y a reasignar los recursos hoy gastados por el estado en función de la guerra al sistema de salud y a los otros sectores que contribuyen a la salud de las poblaciones.
Capítulo Segundo: Defensa de la Red Pública Hospitalaria
11. Pago inmediato de la deuda contraída con los hospitales públicos y privados por parte de las EPS y las entidades territoriales.
12. Fortalecimiento científico, tecnológico, organizacional y de la infraestructura de la red pública hospitalaria financiada por el Estado.
13. Que el valor de las nóminas y de las plantas de personal de la red pública de hospitales sean asumidas directamente por el Gobierno Nacional.
14. El Estado garantiza cobertura universal y atención en salud accesible, integral, de calidad y con enfoque intercultural y diferencial a todo el pueblo colombiano y, en especial, a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.
Capítulo Tercero: Protección del Trabajo Digno y Formal
15. Garantizar la autonomía de la práctica del personal sanitario en su ejercicio profesional.
16. Garantizar el vínculo laboral para el sector público y privado con estabilidad y demás garantías de negociación y contratación colectiva y libertades sindicales, en igualdad de condiciones y con aplicación de los principios del artículo 53 de la Constitución Política.
17. Garantizar condiciones de trabajo dignas para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud.
18. Garantizar acceso de la población, sin diferencias por condiciones socioeconómicas, territoriales o culturales, a los centros e instituciones de formación y entrenamiento en las profesiones y oficios de salud y actividades relacionadas y garantizar la educación continua en todas las profesiones y oficios a cargo del sistema de salud y que sean los territorios de salud los que definen las necesidades de educación y formación en salud.
19. Integrar con plenas garantías laborales al sector público y privado, a la mujer y al personal civil de las fuerzas militares.
Capítulo Cuarto: Definiciones Estratégicas
20. Se conformará una Mesa Nacional Permanente entre el Gobierno Nacional, las organizaciones sociales, sindicales, asociaciones de pacientes y de usuarios que tendrá la misión de formular el contenido de las políticas a ser incluidas en una nueva ley de salud que recoja los elementos acordados ene este Pliego Unificado y trabajar en su reglamentación futura.
COMISIÓN POLITICA DE LA ALIANZA NACIONAL POR LA SALUD
Apéndice IV.
La CUT reafirma convocatoria y apoyo irrestricto al paro de los trabajadores de la salud
LEY ESTATUTARIA DE SALUD - Desconoce Derechos de los Pacientes y Empleados
La Ley Estatutaria NO resuelve el problema financiero de los hospitales.
La Ley Estatutaria aprobada NO termina con la intermediación, únicamente la maquilla y fortalece al asignarle la función de controlar el gasto (negar los servicios) a las gestoras.
Formalmente el derecho a la salud se considera fundamental, pero dependerá de las determinaciones de la junta médica y del presupuesto existente (Ley de ajuste fiscal).
Se continúa con las barreras de acceso al servicio en el sistema de salud, dividiendo el sistema en una red primaria y una complementaria, acabando con el espíritu de la integralidad en el servicio de salud.
La Ley Estatutaria hace más complejo ejercer el derecho a la tutela y la aplicación de la sentencia dependerá de los recursos económicos (Ley ajuste fiscal).
Continúan los copagos
Esta norma que tiene vicios de trámite también afecta los derechos de los empleados de la salud, entre los cuales destacamos:
Cambia la denominación de los empleos, a “servidor de la salud”, generando inestabilidad en empleados y trabajadores oficiales, los cuales desaparecen de la planta de personal.
Flexibiliza las plantas de personal, es decir, sólo se contratará personal de acuerdo al número de pacientes por turno y servicio.
Los recargos dominicales no serán del 300% sino del 100%.
Limita el derecho de asociación sindical, al poner un tope a los fueros sindicales.
No dice nada esta norma sobre el cumplimiento de parte de los hospitales, de las Sentencias C-614/09 y C-701/12 de la Honorable Corte Constitucional.
Por las anteriores razones, la CUT reafirma la convocatoria al Paro Nacional de los Trabajadores de la Salud, en defensa de la salud como un derecho fundamental y el trabajo decente.
LUIS ALEJANDRO PEDRAZA B.
Presidente
TARSICIO RIVERA MUÑOZ
Secretario General
MARIA DORIS GONZALEZ
Directora Dpto de Seguridad Social
FRANCISCO MALTES TELLO
Director Dpto de Investigación y P.
Apéndice V.
La CUT participa de las movilizaciones nacionales del 19 y 20 de agosto y apoya los paros agrarios, de la salud, transportadores y trabajadores en conflicto
La CUT, al igual que la gran mayoría de colombianos condena la situación en la que el gobierno de Juan M. Santos ha sumido al país como consecuencia de la imposición de sus nefastas , antisindicales y antipopulares políticas que en todos los órdenes no hace más que aplicar el recetario neoliberal imperialista. La reacción de los afectados es recurrir a la unidad y lucha que se expresa en levantamientos de productores agrarios, campesinos, ganaderos; pequeños y medianos empresarios de autopartes, el calzado y los textiles; pequeños y medianos mineros atropellados por el Estado y la gran minería transnacional; de trabajadores despedidos- como los perjudicados en Coca-Cola Femsa, recientemente en Medellín, y desde hace varios años, en la General Motors-, Centrales Obreras y sindicatos atropellados por patronos que desconocen los mínimos derechos laborales y por las multinacionales que actúan como repúblicas independientes con la complicidad del gobierno; de sectores sociales y partidos políticos de la oposición que son víctimas de amenazas, represión y negación de las más elementales libertades ciudadanas y de seguridad.
Igual actitud de rechazo contra el gobierno, asumen los estudiantes agrupados en la MANE, opuestos la privatización de la educación, su baja calidad y escasa cobertura que reiniciarán sus movilizaciones el 28 y 29 de agosto; los gremios, la academia y las organizaciones de pacientes y usuarios de la salud aglutinados en ANSA animados en contra de la nefasta Ley 100 que pugnan por un servicio de salud basado en éste como un derecho y no como una mercancía, y el magisterio colombiano ante los reiterados incumplimientos del gobierno a los acuerdos celebrados con FECODE.
A lo anterior, se suman las crecientes expresiones de inconformidad y luchas de importantes sectores de la producción unidos en repudio generalizado a los tratados de libre comercio, firmados y por firmar; tratados ruinosos para el país, y causa de cierre de empresas, despidos de trabajadores y quiebra total de nuestra economía. Se agrega a este oscuro panorama la política de combustibles, convertida en uno de los más descarados atracos a la población en general, con gravísimas consecuencias para el sector transportador y para los productores nacionales por los elevados precios. Somos el país productor de petróleo con los precios más altos del mundo.
Desde la CUT, estamos llamando a todas nuestras subdirectivas, sindicatos nacionales, y al resto de organizaciones sociales a participar masivamente en las jornadas de 19 y 20 de agosto – convertidas en categórica expresión de unidad y lucha, para exigir del gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos, la solución a los pliego de peticiones presentados y la concesión de garantías democráticas para el ejercicio de la oposición y la movilización social y política.
La CUT, respalda la huelga adelantada por Sintramienergética por la solución de su pliego de peticiones presentado a la multinacional Drummond y declara su apoyo a los asalariados de Claro en conflicto laboral ; se solidariza con la comunidad educativa del Sena en la defensa del carácter público de la institución y cobija las exigencias de los trabajadores del ICBF, hogares infantiles y madres comunitarias , mientras extiende su voz de aliento a todos los colombianos víctimas de la política económica oficial. La Central se sumará a las futuras jornadas de FECODE para hacerle cumplir a la ministra de educación, María Fernanda Campos, lo establecido en la negociación pasada y, sin vacilación alguna, acompañará la nueva épica de la Mane en el logro de una educación superior verdaderamente nacional, financiada por el Estado y científica. En la defensa del mercado interno, estaremos igualmente al lado de los productores nacionales en la recuperación de nuestra autonomía alimentaria e industrial.
Para avanzar en la coordinación de acciones con el fin de centralizar la movilización contra las antinacionales políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, la CUT asistirá a los diferentes eventos que para el efecto se convoquen, entre estos el II Encuentro Nacional de Unidad Popular a realizarse el 31 de agosto y 1 de Septiembre en la ciudad de Bogotá que está convocado por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, que también están ayudando a conducir y desarrollar de manera exitosa las luchas del 19 y 20 de agosto.
Bogotá, 13 de agosto de 2013
COMITE EJECUTIVO NACIONAL CUT
LUIS ALEJANDO PEDRAZA BECERRA
Presidente
TARSICIO RIVERA MUÑOZ
Secretario General
Apéndice VI.
El 19 de Agosto todos a la Movilización Nacional Cafetera y Agropecuaria
Delegados de diversas organizaciones agropecuarias se reunieron en Bogotá y acordaron un pliego único de peticiones, una Movilización Nacional Agropecuaria a partir del 19 de agosto y la conformación de la Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria.
Estas decisiones son el resultado de los incumplimientos -del gobierno nacional- a las diferentes negociaciones que ha adelantado. No ha cumplido con los subsidios al precio de venta de los productos, café, cacao, papa, cebolla, arroz y maíz, como tampoco con los otros puntos acordados; en particular con el alto costo de los insumos y las importaciones.
En cuanto a los cafeteros, las violaciones a lo acordado se relacionan con el NO pago a más de 220 mil caficultores del subsidio, Protección al Ingreso del Caficultor, PIC; con la negación del pago del PIC a los caficultores que, según lo está definiendo arbitrariamente la Federación de Cafeteros, llegaron al “tope” de producción. Igualmente, no hay claridad de que los recursos para los subsidios alcancen hasta el 31 de diciembre de este año y la incertidumbre sobre su continuidad para 2014. La caída en picada de los precios demanda la inclusión, en el presupuesto del año entrante, de la financiación del PIC.
Además, a los caficultores no les han cumplido con la reprogramación de las deudas bancarias; ni con soluciones para los créditos con la banca privada; ni con ninguno de los otros cuatro puntos acordados con el gobierno nacional. Igual situación se presenta con los otros gremios agropecuarios.
Por lo anterior, la Mesa de Unidad Agropecuaria Nacional, anuncia una Movilización Nacional Agropecuaria a partir del 19 de agosto, tal como lo dice el comunicado que se transcribe a continuación.
MOVILIZACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA, POR LA PRODUCCIÓN COLOMBIANA
Comunicado Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria
Las organizaciones que componemos la Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria declaramos a la opinión nacional:
1) Que los acuerdos suscritos por los distintos sectores productivos con el gobierno, no se han cumplido.
2) Que, pese a los anuncios oficiales y a los compromisos adquiridos, todavía no se concreta el pago de subsidios al momento de la venta de los productos. Igualmente, persisten procesos jurídicos y deudas insolubles y continúan sin fórmula de arreglo las obligaciones contraídas con la banca privada.
3) Tampoco el gobierno ha reunido las mesas que había prometido con relación al precio de los fertilizantes, agroinsumos, combustibles e importaciones. Tampoco se conocen disposiciones oficiales al respecto que disminuyan las secuelas que estos factores causan al agro nacional.
4) Que con el ingreso del TLC con la Unión Europea, que se suma a otros como el de Estados Unidos, Mercosur y la Alianza Pacífico, se da un golpe de gracia definitivo a las actividades agropecuarias con lo cual cobra mayor importancia atender sin dilaciones ni trabas los apoyos convenidos.
5) Así mismo, rechazamos el decreto que pone en subasta las centrales de abastos y otras entidades del sector.
6) En consecuencia, ratificamos la decisión de realizar una Movilización Nacional Agropecuaria a partir del día 19 de agosto de 2013. Lo anterior no implica cerrar las conversaciones con el gobierno antes de esa fecha.
Bogotá, agosto 1 de 2013.
Dignidad Arrocera- Dignidad Cacaotera- Dignidad Papera- Dignidad Cafetera- Acopaneleros- Movimiento por la Salvación del Agro de Córdoba y la Mojana- Movimiento Nacional por la Defensa de la Ganadería
Apéndice VII.
FECODE Apoya la Justa Lucha Social en el País
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación confirma su respaldo a las jornadas de movilización de los trasportadores, mineros, de los sectores agrícolas y salud, que inician este lunes 19 de agosto.
Las luchas de estos sectores son más que justas porque son reclamos frente a las nefastas consecuencias que la implementación de las políticas neoliberales han causado en la economía nacional; acentuadas por la arbitraria aplicación de los Tratados de Libre Comercio, que desconocen la realidad económica y social del país.
Políticas que también están dirigidas a la privatización a ultranza de la educación, coartando este derecho fundamental de los colombianos y colombianas. Por ello, el próximo 23 de agosto, FECODE realizará su Junta Nacional, donde tomará la decisión acerca del Paro Nacional del Magisterio, debido al incumplimiento de los acuerdos pactados entre FECODE y el Gobierno Nacional.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación invita al Gobierno Nacional a escuchar las peticiones de trasportadores, mineros, de los sectores agrícolas y salud a lo largo y ancho del territorio nacional. Es un llamado ante la ignominia a la que han estado sometidos por un Estado que privilegia los intereses de las multinacionales sobre las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas. Así mismo, llama al Presidente Juan Manuel Santos a cumplir cabalmente con los acuerdos que ha firmado con los diferentes sectores, en especial, con el magisterio colombiano.
Apéndice VIII.
Sinaltrainal Apoya el Paro Nacional
Apoyamos el Paro Nacional convocado por las organizaciones agrarias, las centrales sindicales, organizaciones políticas y sociales e invitamos a todos nuestros afiliados, familiares, amigos y población en general, a respaldar esta justa lucha y exigirle al estado solución inmediata a la grave crisis que enfrenta el sector agroalimentario, los mineros artesanales y demás sectores sociales en conflicto en Colombia.
Con la política neoliberal, la globalización, los tratados de libre comercio, la denominada locomotora de la agricultura, se impone un modelo agroindustrial en función de producir materias primas y otorgar plenos beneficios para las multinacionales y conglomerados nacionales, aumentando el saqueo de nuestros recursos naturales, destruyendo la producción nacional, generando pobreza, hambre, miseria y desempleo.
La política del estado colombiano ha representado para los campesinos, indígenas, afrodescendientes, despojo, concentración de la tierra en pocos propietarios, desconocimiento de los territorios, la falta de una política estatal en inversión social, educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos, ausencia de una política democrática de soberanía y seguridad agroalimentaria y minera, beneficiando a las multinacionales en perjuicio de las comunidades.
El paro es motivado por la desigualdad e injusticia social, que empobrece a la tercera parte de la población rural, por el hambre que tiene en graves problemas de desnutrición al 58,3% de este sector; por la inseguridad alimentaria que castiga a la población colombiana, por la violencia y criminalización de la protesta social.
Sinaltrainal apoya el pliego de peticiones aprobado por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo -MIA- y exige del gobierno de Juan Manuel Santos su solución, implementando medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, acceso a la tierra, reconocimiento a la territorialidad campesina, participación efectiva de las comunidades y los pequeños mineros tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera, adopción de medidas y el cumplimiento de las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población, inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
Ante el grave problema que atraviesa el Sistema Nacional Agroalimentario SNAL, Sinaltrainal ha trabajado y luchando para que se adopte en Colombia una política de reforma agraria integral, acceso al crédito agrícola, manejo autónomo de nuestra política alimentaria, autosuficiencia en la producción de bienes básicos, construcción de reservas alimentarias estratégicas, subsidio y protección frente a los beneficios otorgados a los productores en los países industrializados, impulso a la industrialización agroalimentaria, uso racional de los recursos naturales, protección al medio ambiente, solución a los problemas de los pequeños productores de alimentos rurales y urbanos, valorización del producto agrícola y adecuada remuneración de su trabajo, seguridad social, construcción por parte del estado de la infraestructura necesaria para la producción, comercialización y distribución agroalimentaria, fomentar la investigación, la ciencia, la tecnología, desarrollo de un plan nacional de nutrición, integración internacional independiente y solidaria, garantías de todos los derechos sociales y políticos de la población a través del pleno ejercicio de la democracia, pleno respeto de los derechos humanos, construcción de la economía social del trabajo, eliminación del monopolio y concretar la paz.
Eliminar las causas económicas, sociales y políticas que generan el desastre del SNAL, implica parar el Modelo Neoliberal, construyendo un modelo de desarrollo democrático, con un nuevo gobierno de Unidad y reconstrucción nacional, un congreso democrático de todo el pueblo, una junta de unidad y reconstrucción nacional y trabajar por el desarrollo de un programa mínimo, que nos permita alcanzar la soberanía, la democracia, la paz y el bienestar de nuestras gentes y avanzar en la integración de los pueblos de nuestra América.
Sinaltrainal Presente
Apéndice IX.
Pliego Departamental de Peticiones Agropecuarias v Populares, Paro Nacional Agrario y Popular -19 de Agosto de 2013
Santiago de Cali, Agosto 15 de 2013
Si bien la Constitución Política de Colombia, reconoce como sujetos de derechos a las comunidades indígenas y afrocolombianas, a la fecha al campesinado no se le ha reconocido como sujeto de derechos sociales, políticos y económicos, en efecto, como parte del sector agrario ha sido marginado históricamente de las decisiones fundamentales que le atañen; sin embargo el Estado ha impuesto una política agraria fundamentada en el modelo de desarrollo agroexportador, cuyo carácter extractivista ha re-primarizado la economía del sector, ésta, favorece la importación de los elementos más importantes de la canasta familiar y simultáneamente, ha negado de facto al productor nacional colocar sus productos en el mercado interno, creando las condiciones para la dependencia alimentaria y de otros bienes, situación que se viene agudizando con los TLCs dada la imposición de la desregulación del mercado nacional y la laxitud asumida en el intercambio comercial, de hecho, el aumento de la importación de alimentos fue calculada en 700% entre 1991 y 2009 , fenómeno derivado de la implementación de esta política.
La re-primirazación de la economía agraria, ha conllevado a que solo las grandes empresas agroindustriales y especialmente las relacionadas a la producción de banano, azúcar, agrocombustibles y parcialmente el café, tengan la posibilidad de transformar sus productos y competir en el mercado nacional e internacional, sacrificando la oferta nacional de alimentos y la absorción de mano de obra en el campo. Sin embargo, el “éxito” de una política agraria fundamentada en la re- primarización de la economía ha dependido además de la concentración del mercado y la concentración de poder sobre: la propiedad de la tierra, del capital y, de la transferencia investigación y tecnología.
En el Valle, el sector rural está compuesto por campesinos pequeños propietarios, medianos y grandes propietarios. Los pequeños productores se definen como aquellos que tienen 2 (o menos) Unidades Agrícolas Familiares (UAF), a su vez una UAF, se define como la unidad productiva agropecuaria con la capacidad de producir 3 salarios mínimos de ingreso mensual. Los medianos poseen entre 2 y 10 UAFs y los grandes propietarios más de 10 UAFs . La Tabla 1, describe la distribución porcentual del área de la propiedad controlada de acuerdo a los tres tipos de propietarios existentes en el Valle del Cauca.
Tabla 1: Distribución porcentual de propietarios del sector rural en relación al porcentaje del área productiva controlada en el Valle del Cauca.
PROPIETARIO % DE PROPIETARIOS DEL SECTOR % DE PROPIEDAD DEL AREA PRODUCTIVA ÁREA (Ha)
Campesinos 89,89 17,36 286.966
Medianos productores 10,57 26,13 432.054
Grandes productores 2,54 56,51 934.250
Fuente: Equipo Técnico CCVC basado en información de Machado (1998)
El modelo adoptado por grandes productores para el Valle del Cauca, tiene un carácter rentístico extractivista asociado a la producción de caña para elaboración de azúcar y alcohol carburante en la zona plana, ganadería de ceba en la zona media baja y ganadería de leche en la zona alta; dichas actividades agropecuarias limitan la capacidad de aumentar la absorción de mano de obra en el marco de una demanda creciente de la misma.
La pequeña propiedad rural demuestra ser significativamente más productiva que la gran propiedad, la tendencia del uso del suelo es preferentemente a labores agrícolas asociados a la producción alimentaria y al abastecimiento del mercado local y nacional, de hecho Fajardo (2002) demuestra que las fincas campesinas con tamaños inferiores a 5 Has destinan en promedio el 38,6% de su área a labores agrícolas, mientras que fincas con tamaños superiores a 200 Has destinan en promedio 72,3% del área a la producción de pastos para ganado[1]. En donde los minifundios (con menos de 0,5 UAF) son 40 veces más productivos que los predios asociados a grandes extensiones(con más de 10 UAF)[2].
La ausencia de propiedad sobre la tierra deriva en la existencia de jornaleros cuyos ingresos son bajos, altamente dependientes de trabajos, sin existencia de los mínimos requisitos de seguridad social y sin estabilidad laboral, generándose migración intra e intermunicipal.
La capitalización rural y los proyectos de investigación y transferencia de tecnología, se han destinado casi que exclusivamente a desarrollar los procesos agropecuarios y agroindustriales de los grandes propietarios, la tramitología deriva en que al campesinado se le dificulte acceder a dichos programas; por otra parte, las oportunidades de beneficiarse de los incentivos de capitalización rural, dependen en proporción directa, de la magnitud de la contrapartida, la que en últimas varía de acuerdo al tamaño de la propiedad de la tierra. El programa Agro Ingreso Seguro (AIS) ejecutado en el gobierno del ex presidente Uribe es una muestra de ese desequilibrio, en efecto, AIS presentó un índice GINI de 0,79, es decir altamente concentrado por emporios agroindustriales[3].
Las organizaciones y comunidades agrarias y populares del Valle del Cauca presentamos ante el Gobernador Ubeimar Delgado Blandón nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos, demandas que se encuentran enmarcadas en el Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares (documento adjunto). De parte nuestra ya están los voceros departamentales y nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
1. Exigimos Implementación de Medidas y Acciones Frente a la Crisis de la Producción Agrícola
Exigimos el cumplimiento en la implementación de las leyes pesqueras en beneficio de pescadores artesanales del departamento debido a la vulnerabilidad de ese sector frente al creciente caudal de importaciones.
Exigimos la implementación de programas fortalecimiento a la producción y comercialización de renglones agropecuarios departamentales sensibles como son el café y la leche. Además la toma de medidas para controlar el contrabando de leche que ingresa al departamento.
Exigimos la veeduría y acompañamiento del gobierno departamental explotación maderera que garantice la sostenibilidad de este recurso y la permanencia de pequeños madereros que derivan su sustento de esa actividad.
2. Exigimos Acceso a la Propiedad de la Tierra
Exigimos que la administración departamental y las alcaldías municipales, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, conjuguen esfuerzos para la adquisición de tierras para los campesinos, Resguardos Indígenas y los Consejos Comunitarios que no la posean o la posean de manera insuficiente.
Exigimos el apoyo logístico y presupuestal en la legalización de tierras para los campesinos, indígenas y afrocolombianos que no hayan saneado sus títulos de posesión así como la solución de conflictos relacionados a la titulación individual de predios, a campesinos beneficiarios de proyectos del INCORA en las décadas de los años 80s y 90s.
Exigimos la redistribución entre campesinos con problemas de acceso a la propiedad, de las tierras incautadas a la mafia y que en la actualidad son administradas por el Estado.
Exigimos el saneamiento de conflictos relacionados al uso del suelo en territorios altamente intervenidos considerados por la normatividad estatal como Zonas de Reserva Forestal (ZRF) o de otras figuras de ordenamiento territorial que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP.
3. Exigimos Reconocimiento a la Territorialidad Campesina, de Afrodescendientes e Indígenas
Exigimos la constitución de Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) en: Florida, Pradera, Palmira, Ginebra, Guacarí, Buga y Tuluá como la mejor forma de ordenamiento social de la propiedad rural y del territorio, para ello la Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías municipales en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, el MADR e INCODER, dispondrán los recursos para que las organizaciones campesinas formulen los Planes de Desarrollo Sostenible en cada municipio, por su parte, las instituciones apoyarán y desarrollarán los mecanismos de gestión institucional para la constitución de las ZRC.
Exigimos constituir los Resguardos Indígenas de Ginebra en la zona alta del municipio para la etnia Lili, la constitución de un resguardo indígena en Tuluá y tres en Sevilla para la comunidad Embera Chamí.
Los entes Estatales, serán medio y generará programas de interlocución con las demás instituciones de orden departamental y nacional, para viabilizar la constitución de ZRC Se promoverá a la creación de instancias de concertación con la CVC.
Exigimos la titulación colectiva inmediata del Consejo Comunitario de la cuenca del Naya.
Exigimos que las administraciones departamentales y municipales reconozcan la autonomía de las comunidades campesinas en el ordenamiento territorial del departamento y municipio, rechazando los megaproyectos y las transnacionales que planteen invertir capital en el territorio y afecten a las comunidades
Exigimos las comunidades agrarias accedan a los recursos de regalías departamentales y municipales, éstos se invertirán en programas que generen desarrollo y sostenibilidad en las comunidades, dichos programas deben ser formuladas con participación directa del campesinado y sus organizaciones representativas en la mesa departamental de interlocución con organizaciones campesinas.
Apoyo en la financiación de proyectos productivos, para consolidar el desarrollo agropecuario de la región y estabilizar la propiedad de los campesinos, afrodescendientes e indígenas.
Exigimos respeto y prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial, productivo y ambiental de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo agroempresarial.
4. Exigimos la Participación Efectiva de las Comunidades y los Mineros Pequeños y Tradicionales en la Formulación y Desarrollo de la Política Minera
Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo del Plan de Desarrollo Minero – Energético del Departamento.
Exigimos detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
Exigimos el apoyo y reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana y apoyo para la reconversión tecnológica hacia modelos de producción minera más limpios y de bajo uso de contaminantes, en coordinación con la Coorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, el Ministerio de Minas y Energía y el MADS.
Apoyo desde las instancias de gobierno del departamento, los municipios y la CVC, para que las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, participen en la redefinición concertada de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Así mismo, exigimos que se apoye la participación de las comunidades en la construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.
Exigimos la promoción por parte de la gobernación del valle del cauca, la CVC y las alcaldías municipales de la sujeción del desarrollo de producción minera y energética a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, los Planes de Vida de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.
Exigimos el apoyo por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, la CVC y los municipios de Palmira, Tuluá, Buga, San Pedro y Bugalagrande para que las comunidades campesinas e indígenas afectadas por la construcción de las centrales hidroeléctricas Amaime y Tuluá, participen en la decisión de la inversión de los recursos captados por las instituciones por concepto de la venta de energía hidroeléctrica. Así mismo, exigimos un aumento del aporte por concepto de regalías del 6 – 10% de las utilidades de las Centrales Hidroeléctricas. El 4% será manejado directamente por las comunidades para el desarrollo de programas y proyectos de conservación ambiental de las cuencas, la producción agropecuaria sostenible, vivienda, infraestructura, saneamiento básico, fortalecimiento organizativo y protección de derechos humanos.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
Exigimos dar cumplimiento a la acción de consulta previa para las comunidades afro e indígenas en proyectos o normativa que afectan los derechos de estos pueblos.
Otorgar el derecho al Consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, lo político, lo ambiental, lo económico y lo cultural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y demás.
Exigimos dotar adecuadamente los centros hospitalarios y de salud tanto en el sector urbano como rural del departamento, así como la vinculación suficiente y cualificada de personal de salud.
Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.
Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial. Y en donde no se cuente con ellos promover su constitución.
Exigimos la construcción de vivienda digna financiada por el Estado tanto en áreas rurales como urbanas, que sean concertadas con los beneficiarios.
Exigimos la creación de programas de acompañamiento y veeduría desde la administración departamental y las administraciones municipales a las familias en procesos de desalojo, garantizando vivienda digna durante tal proceso.
Exigimos el pago del cargo básico en la tarifa de servicios públicos en los estratos 0 y 2.
Exigimos la excepción del Impuesto predial para estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Cali y municipios aledaños
MESA AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
-MIA NACIONAL-
¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular del 19 de Agosto!
[1] FAJARDO, D. (2002). Tierra, poder político y reformas agraria y rural. En: Cuadernos tierra y Justicia. Bogotá D.C: Ediciones Antropos.
[2] PERFETTI et al. Políticas para el desarrollo de la agricultura Colombiana. FEDESARROLLO. Bogotá, Abril 2013
[3] Eduardo Sarmiento Palacio. La apertura profundizó el deterioro del sector: El fracaso agrícola. El Espectador. Bogotá D.C. Noviembre 22 de 2009.
Apéndice X.
Asociación Colombiana de Camioneros ACC, Inmovilización por Incumplimiento del Gobierno Nacional, Agosto 19 de 2013
1. El gobierno Santos ha firmado con los camioneros 2 acuerdos en tres años y nunca cumplió con lo que firmó, ahora tiene una política de reprimir para no cumplir (cafeteros, mineros, estudiantes, paperos, arroceros, trabajadores de la salud, justicia).
2. COMBUSTIBLES: Colombianos no más alzas cuando se les viene en gana, la calidad es la peor del continente y los precios son de los más costosos del mundo, deben rebajar gasolina $1960 y diesel $2000.
¿Para qué nos sirve a los colombianos ser un país exportador de crudo, si no recibimos beneficios? Siempre hay una mentira para subir el precio.
3. El Min. Transporte se inventó un documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) con el cual nos pretende imponer vida útil de 20 años obligatoria, (modelos 94 hacia atrás, para la caneca), expropiación de camione de carga, y rebajarán 25% cada año el reconocimiento económico que se paga cuando se chatarriza, así que en 4 años su camión nuevo o viejo perderá este precio. El único objetivo es desplazarnos, sacarnos por la puerta de atrás y lo peor, con nuestro propio dinero, cuando se incumplió totalmente el compromiso de líneas de crédito, esto lo hacen para apoderarse de nuestro sector así como ya lo hicieron con el urbano.
4. FINANCIACIÓN: el gobierno Santos firmó dos acuerdos en los cuales se comprometió a crear líneas de crédito para salvamento y renovación de equipos para el pequeño camionero y nunca cumplió, para podernos sacar.
5. DIGNIFICACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL COMPLETA: Los Camioneros exigimos poder acceder a la seguridad social completa ya que hoy las empresas que brindan las afiliaciones ponen miles de trabas y no nos brindan atención a nivel nacional, el trato de las multinacionales -ejemplo en CAMPO RUBIALES- es indigna y se parece a un campo de concentración donde somos humillados. Los famosos bonos y pagos de Stand By son tomados (robados) por algunos dueños de las empresas intermediarias que los descuentan de planillas o salarios, sin que autoridad alguna intervenga.
6. ABOLICIÓN INMEDIATA DE LA PÓLIZA Y MATRICULA UNO A UNO: El Ministerio de Transporte ya admitió públicamente el perjuicio de la sobre oferta generada por la póliza y por ello debe cumplir con lo expresado al país. “No más póliza ya que demostró ser dañina para el país".
7. VIVIENDA Y EDUCACIÓN: El Min Transporte se comprometió y no ha cumplido en desarrollar planes de vivienda y educación para las familias camioneras.
8. FLETES: El gobierno nacional en cabeza del Min Transporte se comprometió en intervenir rutas y tarifas para garantizar fletes justos y ya manifestó descaradamente que no lo van a hacer, firman para no cumplir.
¿Usted reeligiría un gobierno que con mentiras y represión atiende a su pueblo?
Apoya activamente la inmovilización del 19 de Agosto
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Las organizaciones también están informando vía twitter que la Fuerzas de Seguridad del Estado han inmovilizado autobuses que transportaban personas que se dirigian a movilizarse.
En el Departamento del Valle las comunidades de Buga y Tulúa informan que el ejercito está disparando desde la montaña.
Los campesinos en Villavicencio les está siendo impedida la movilización.
Los trabajadores de la DRUMMOND se han unido al paro.
En horas de la madrugada, tal y como se había previsto a nivel nacional el comienzo del gran paro nacional agro-minero, un grupo de manifestantes intentaron llegar hasta el parque principal del municipio de Segovia en el nordeste antioqueño. En el sector conocido como La Banca, cerca a la electrificadora, fueron retenidos por agentes de la policía, quienes haciendo un uso excesivo de la fuerza dispararon en contra de los manifestantes dejando como saldo un campesino heridos con arma de fuego.
Uno de los heridos Sergio Luis Martinez, quien presenta daños de mayor gravedad, tiene un impacto por arma de fuego en su pierna derecha y debió ser trasladado a la ciudad de Medellín en horas de la madrugada. Los demás campesinos y mineros que resultaron afectados por esquirlas fueron atendidos en el centro de salud instalado al interior del campamento de refugio humanitario en el coliseo de la localidad.
Miembros de la policía vestidos de civil, se acercaron antes del amanecer hasta el hospital municipal para hacer registro en vídeo y tomar los datos de las personas heridas, así mismo minutos después de que se escucharon los disparos impidieron por un largo rato el traslado del herido más grave al centro de salud. Uno de los otros heridos menores fue brutalmente golpeado por agentes de la policía y se hizo necesaria la intervención de organismos de derechos humanos y acompañamiento internacional para evitar más atropellos.
Como acción urgente y medida de protección el sitio de concentración de los manifestantes, en donde se encuentran más de 2000 campesinos y mineros -incluyendo mujeres, ancianos y niños- ha sido declarado refugio humanitario, por lo tanto se prohíbe el ingreso de cualquier sector armado y se exige de manera perentoria el respeto al Derecho Internacional Humanitario tanto dentro como fuera de este lugar.
Minutos antes de iniciar la asamblea agrominera popular convocada con los habitantes de Remedios y Segovia en el nordeste antioqueño, fue identificado un miembro de inteligencia militar que logró entrar a la misma diciendo que era parte de una de las comunidades participantes.
A pesar de que habitantes del municipio de Segovia lo reconocieron como sargento del ejército, al solicitarle que se identificara se negó, por lo tanto se llamó de manera inmediata al comandante del distrito de la policía y a la personera del municipio de Segovia para hacer que el mismo obedeciese su deber legal. Finalmente, el personaje dijo llamarse Daniel Hortua. Sin embargo, al celular de la doctora Zoraya Jaramillo, expersonera del municipio de Remedios llegó un mensaje pidiendo ayuda para el “sargento Gutiérrez” quien se encontraba con la gente del paro.
Cabe anotar que el militar fue visto abordar a dos personas, que estaban dentro de los manifestantes a quienes en un momento indicó conocer pero luego negó hacerlo, uno de ellos de nombre Cristian Alberto Agudelo.
También y en medio de los silencios del Sargento, del cual aún no se tiene certeza de cuál es su nombre ya que no mostró identificación alguna a la policía, la guardia indígena logró decomisarle un documento que el militar intentó destruir.
Este accionar por parte del Ejército Nacional es violatorio de las normas internacionales de protección a la población civil. Además ocurre luego de que en dos oportunidades la comisión de derechos humanos para esta región se reuniese con las autoridades civiles municipales y la comandancia de la policía, acordando el no ingreso de miembros de la fuerza pública al coliseo municipal en donde se encuentran alojados ya 2.000 campesinos e indígenas manifestantes.
Este hecho junto con los empadronamientos e infiltraciones de miembros del servicio de inteligencia judicial nacional Sijin llevan a concluir la existencia de un plan de montajes judiciales enmarcados en la criminalización de la legítima protesta.
Las organizaciones campesinas denunciamos este accionar con el fin de que la procuraduría general de la nación y la defensoría del pueblo entren a actuar para la protección de los derechos humanos de quienes nos manifestamos hoy y también el ente disciplinario tome cartas en el asunto con respecto a los funcionarios vulneradores.
En desarrollo de acciones de la Fuerza Pública, detenciones arbitrarias, hostigamientos, estigmatización, decomiso de víveres y combustible contra las comunidades agrarias que en estos momentos se movilizan en diferentes regiones del país para participar en las jornadas nacional de protesta y paros indefinidos. Estos hechos se constituyen como graves violaciones al derecho a la libre movilización contra los manifestantes.
DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE HECHOS:
Departamento de Antioquia, Municipios de Remedios y Segovia:
1. El día 14 de agosto de 2013, en los municipios de Remedios y Segovia fue distribuido un panfleto amenazante, donde declaran objetivo militar a los líderes campesinos que hacen parte de la Corporación CAHUCOPANA y de la ACVC, como lo son, OSCAR WILIAM MACIAS y RAMIRO ORTEGA. La amenaza también es dirigida a comerciantes de los municipios, mineros, y a toda persona que participe de las manifestaciones en el marco del paro que se ha decretado. Esta amenaza tiene el objetivo de intimidar para debilitar la participación efectiva de la población en el paro Regional y Nacional; la comunidad rechaza estas amenazas y manifiesta su participación masiva en cada uno de los escenarios de exigencia y de protesta social y pacífica.
2. El día 18 de agosto de 2013, en el marco de la realización de una reunión agrominera en el municipio de Segovia, fueron identificados por la comunidad tres hombres que hacían presencia en la reunión con actitudes que alertaron a la comunidad. Uno de ellos fue obligado a identificarse por los campesinos y reconoció su cargo como teniente del ejército nacional quien se encontraba con dos informantes más atendiendo la dinámica de la reunión.
Departamento de Antioquia, Municipio de El Bagre:
1. En horas de la tarde la policía nacional realizó empadronamientos y tomó fotos a los manifestantes que se dirigían desde diferentes zonas del municipio para participar en las jornadas de movilización del 19 de agosto. Varias de las delegaciones enfrentaron el decomiso de sus bienes y herramientas de logística.
2. En el kilómetro 18 de la vía que de El Bagre conduce al municipio de Caucasia, la policía instaló un retén y retuvieron a los carros en los que se movilizaban los campesinos, haciendo bajar de ellos a varias delegaciones bajo el argumento de que los automotores no cumplían con las condiciones para la movilización de las comunidades, pese a que en la región este tipo de transportes es habitual para dirigirse de las zonas rurales a las urbanas.
Departamento de Meta, municipio de Acacias
1. En la noche del 17 de Agosto de 2013, en el Municipio de Acacias, fueron inmovilizados por miembros de la Policía Nacional entre quienes se encontraba el SUB INTENDENTE HERNANDEZ ACOSTA NELSON NUMERO DE CHALECO 175336, 27 Buses que se trasladaban a recoger a los manifestante de la región del Guaviare que participaran desde el 19 de Agosto en el paro Campesino y Popular.
2. En la madrugada del 18 de Agosto se le permitió a solo 23 buses salir a su destino, sin embargo durante el recorrido realizado, han sido objeto de retenes militares y policiales con intervalo de 2 Kilómetros entre uno y otro.
3. En horas de la mañana del 18 de agosto, se presentaron hostigamientos por parte de la policía y el ejército nacional, en contra de INGRID PINILLA, dirigente de la Mesa de Unidad Cívica Agrario y Popular del Oriente Colombiano MUCAPOC, miembro de la Junta Patriótica del Guaviare y del
4. La dirigente fue retenida por miembros de la policía nacional en un primer reten y posteriormente por miembros del ejército, en la carretera que conduce de Granada Meta hacia San José del Guaviare. La fuerza pública le exigió los documentos de identidad, y extrañamente el número de celular, con el argumento que era para que no le sucediera nada. Argumentos poco creíbles y más cuando es conocida en la región la histórica responsabilidad de la fuerza pública en hechos como los llamados Falsos Positivos y su relación con el paramilitarismo, responsables de miles de muertos y desaparecidos desde hace décadas. Además la dirigente popular, ha tenido que soportar retenes cada dos kilómetros y la toma de fotos por parte de la fuerza pública.
Departamento del Huila, ciudad de Neiva
1. Desde el día 15 de agosto de 2013, la policía nacional del departamento del Huila, ha impedido la salida de los vehículos de transporte público que se dirigen desde el casco urbano de la ciudad de Neiva hacia las zonas rurales del departamento del Huila, con el ánimo de evitar las concentraciones en el marco de la jornada de paro nacional programada para el día 19 de Agosto.
2. El día 16 de agosto de 2013, debido a las constantes denuncias de la comunidad por los hechos anteriormente narrados, se delegó al compañero DIEGO TELLO QUIROGA para que junto a una comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica – Huila, viajara a la zona rural de Huila y verificara la veracidad de la información.
3. El día 17 de Agosto del 2013, en momentos en que el compañero DIEGO TELLO se dirigía hacia el terminal de transporte de la ciudad de Neiva con el ánimo de abordar un bus que lo transportara hacia la zona rural del departamento del Huila, una motocicleta con placas CHE 05 color verde se acercó al taxi donde se encontraba el compañero el cual estaba detenido en el semáforo del ICBF – Huila, y acto seguido el conductor de la motocicleta procedió a sacar un arma apuntando hacia el compañero TELLO y lanzando amenazas contra su vida.
4. Adicionalmente, entre los días 16 y 17 de agosto, el comandante de la policía Huila, Juan Francisco Peláez, motivó a la comunidad en general a tomar videos y fotografías de las personas que acompañaran el paro, a quienes agitaran y promovieran las protestas. Peláez aseguró particularmente en la F.M. Radio que los estudiantes de universidades son quienes promueven el paro.
5. El día 18 de agosto de 2013, Lorena Sánchez Andrade, secretaria de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila (ATCH), se dirigió en horas de la mañana (8:40 am) hacia la emisora HJDOBLEK de la ciudad de Neiva para solicitar una cuña radial, en donde presentaba una información de cara a la movilización, siendo su contenido una decisión conjunta de la ATCH. La cuña radial presentaba la siguiente información: “se informa a los pequeños y medianos productores de café, jornaleros; que el paro agrario y cafetero sigue en pie a partir del 19 de agosto de las cero horas, informa Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila (ATCH)”
6. Durante unas dos horas se emitió dicha información, tal cual como se había solicitado. Pasado ese tiempo la información se cambió totalmente, emitiendo lo siguiente: “se informa a los pequeños y medianos productores de café, jornaleros; que el paro agrario y cafetero sigue en pie a partir del 19 de agosto de las 0 horas, informa Lorena Sánchez Vargas, secretaria de la ATCH”. Cambiando el apellido de la misma, y demostrando la intencionalidad en la persecución por parte de la Policía departamental.
7. Lorena Sánchez, se dirige nuevamente hacia las instalaciones de la emisora HJDOBLEK a solicitar el porqué del cambio de la información en la cuña, teniendo como respuesta que: “el cambio había sido debido a la orden del comandante de la policía del Huila, Juan Francisco Peláez, quien había llamado a Julio César Díaz, director de la emisora HJDOBLEK.”
Departamento de Caquetá, ciudad de Florencia
1. El 17 de agosto de 2013, más de 200 campesinos que se dirigían desde la región del Yarí hasta la ciudad de Florencia para participar en las jornadas de protesta del 19 de agosto fueron retenidos por miembros del Batallón Liborio Mejía del ejército nacional. Durante más de dos horas la libre circulación de los campesinos fue impedida y los líderes sociales manifestaron que se les estaba tratando de obligar para que firmaran un compromiso en el que los hacían responsables de cualquier situación de orden público que se presente en el marco del Paro nacional, además se les inquirió por no tener el permiso de la alcaldía para pasar la noche en la ciudad. Finalmente, las comunidades pasaron la noche en un colegio que no contaba con las condiciones de salubridad necesarias para albergar a la delegación.
2. El 18 de agosto de 2013 en horas de la tarde, cinco vehículos en los que se movilizaban los delegados de la región de Lozada Guayabero fueron retenidos nuevamente por el ejército nacional en inmediaciones del aeropuerto de Florencia, donde les fueron decomisados sus víveres y alimentos
3. Adicionalmente, los miembros del ejército presentes en la zona comenzaron a intimidar a la población reseñándolos, afirmando que ante cualquier bloqueo o manifestación judiciacializarian a los manifestantes.
Departamento de Putumayo, municipio de Puerto Asís
1. El día 13 de Agosto en el casco urbano del municipio de Puerto Asís, fueron encontrados por los pobladores del mismo, un documento que en 11 puntos contiene amenazas directas de muerte contra el sector comercial, contra autoridades y amenaza con controlar el libre tránsito por las principales vías del municipio, condiciona a los comerciantes que deben pagar multas de 250.000 a partir del 23 de agosto;
2. El día 16 de Agosto el mismo documento fue encontrado en las veredas del corredor Puerto Vega- Teteye del Municipio de Puerto Asís.
Departamento de Putumayo, municipio de Puerto Colón
1. El 18 de agosto en horas de la tarde, los líderes agrarios CARLOS CHAPUE Y MAURICIO YANTEN fueron detenidos durante más de 3 horas en el batallón no 99 del ejército nacional. Carlos y Mauricio se encontraban en el sitio La Dora San Miguel, cuando fueron abordados por dos hombres de civil que se movilizaban en una motocicleta y se identificaron como miembros del ejército. Posteriormente fueron trasladados al batallón con el argumento de verificar sus antecedentes judiciales; no obstante después de verificar que no tenían ningún requerimiento judicial los mantuvieron detenidos y antes dejarlos en libertad fueron reseñados.
EXIGIMOS AL ESTADO COLOMBIANO
1. Garantizar el derecho constitucional a la protesta, así como la vida, la seguridad personal, la integridad física de todos los participantes en esta jornada de paro nacional.
2. Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, de los compañeros pertenecientes a nuestro movimiento social y político.
3. Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las continuas amenazas, señalamientos y hostigamientos de los que han sido víctimas los manifestantes y que han sido consagrados en este Boletín.
SOLICITAMOS
1. A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones al Estado colombiano.
2. A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento y pronunciamiento frente a los hechos que hace referencia la presente denuncia y la atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los líderes sociales, políticos, organizaciones populares y las comunidades que trabajan en la construcción del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
RESPONSABILIZAMOS
Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, Garantías frente a los derechos constitucionales y Humanos de los manifestantes que exigen mejores condiciones de vida.
El cese inmediato de todo tipo de agresiones, intimidaciones, hostigamientos y represiones a las comunidades campesinas de los departamentos de Antioquia, Meta, Huila, Caquetá y Putumayo, quienes protestarán pacíficamente por la reivindicación de sus derechos legítimos, los cuales están siendo conculcados por la acción desproporcionada del Estado Colombiano y la omisión de sus justas demandas.
De igual manera a todas las Instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, la responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y a la libre movilidad de los campesinos y sectores populares que se encuentran en proceso de movilización y protesta en diferentes departamentos del país, quienes se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas regulares e irregulares en áreas de operaciones militares y policiales del Estado Colombiano. Rechazamos el papel que los medios de comunicación han jugado al reproducir este tipo de información que no responde a los principios de respeto a la verdad, objetividad, compromiso de investigación de los hechos, contrastación de la información, diferenciación entre información y opinión y respeto a la presunción de inocencia. Y por lo tanto exigimos la rectificación de las informaciones erróneas divulgadas.
LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIOTICA, ratifica su apoyo y respaldo al trabajo que han emprendido los voceros y dirigentes de las jornadas de protesta y paros indefinidos, lucha que adelantan exponiendo incluso su vida e integridad personal.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO LAS COMUNIDADES AGRARIAS Y POPULARES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA
18 DE AGOSTO DE 2013
En la región el paro inició el domingo 18 de agosto, un día antes del resto del país.
7:00 am
Son pocas las personas que han logrado conciliar el sueño tranquilamente, durante la madrugada un fuerte torrencial azotó el municipio, el techo del coliseo tiene abundantes averías y se tornó frio el espacio, las filtraciones a chorros llevaron el agua a varias carpas montadas en los costados del complejo deportivo. Durante toda la noche hubo gente despierta, la mayor preocupación: niños, niñas y ancianos.
9:00 am
La asamblea agro-minera popular fue propuesta para las dos de la tarde. Se han dispuesto varias cocinas para atender más ágilmente la alimentación de las delegaciones.
Cada comisión se ha fortalecido y se han constituido otras. La comisión de salud ha adecuado un espacio para la atención de enfermos y emergencias, se continúa puntualizando en la necesidad de tener cuidado con las prácticas de amedrentamiento y represión estatal.
1:00 pm
Un oficial del Ejército Nacional ha sido identificado por la comunidad al interior del complejo deportivo, es rodeado por cientos de delegados, la guardia indígena lo custodia. Se le ha exigido que como funcionario público se identifique y se niega, argumenta hacer parte de una delegación minera y estar acompañando a un par de jóvenes que nadie reconoce. Dada la presión de los delegados el oficial admite hacer parte del ejército nacional, dice ser el sargento Daniel Ortua adscrito al batallón especial energético vial 8 (BAEEV) en Segovia, sin embargo hay quienes lo reconocen como el Sargento Gutiérrez. Minutos más tarde el oficial es entregado a la policía quienes defienden la actitud del sargento arguyendo que él estaba en todo su derecho puesto que desde la organización se hizo amplia la invitación a toda la comunidad segoviana para participar de la asamblea agro-minera popular. Delegados de la comisión de Derechos Humanos y de acompañamiento internacional se dirigen hasta el batallón donde el teniente coronel a cargo afirmó desconocer las tareas de inteligencia que estaba realizando el sargento.
2:30 pm
Se da inicio a la asamblea Agro-minera popular, los delegados se recogen en el pliego de exigencias construidas por la comunidad donde se exige Implementación de medidas frente a la crisis de la producción agropecuaria, acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento de la territorialidad campesina, participación efectiva de las comunidades y de los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera, garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural e inversión social en la población rural y urbana: educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. Se terminó la asamblea declarando el espacio como campamento de refugio humanitario como medida de protección ante las intensiones saboteadoras que pretenden desestabilizar la movilización popular y de ese modo dar inicio a las actividades que se enmarcarán dentro del paro que inicia a las cero horas del día diecinueve de agosto.
9:00 pm
Se da inicio a las actividades de toma de espacios y vías en el municipio.
Comunicado a la opinión pública desde la penitenciaria de alta y mediana seguridad de Girón (Santander), los internos recluidos en el patio número 3 comunicamos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1. Hoy 19 de agosto se dio inicio a lo largo y ancho del territorio nacional un paro programado por todos los distintos sectores del agro camioneros, mineros, trabajadores de la salud, campesinos, estudiantes sindicatos minorías étnicas entre otros todos exigiendo lo mismo inclusión social garantías laborales prestaciones sociales, seguridad alimentaria y todo lo necesario para un buen vivir.
2. Nosotros los presos somos un sector socialmente vulnerable donde a diario se nos viola y vulnera nuestros derechos por parte del estado colombiano a través del INPEC.
3. En la actualidad llevamos 1 año sometidos a un racionamiento de agua denunciado tantas veces, tenemos un hacinamiento de mas del 40%, la salud de primer y segundo nivel es pésima, no se nos suministran los útiles de aseo, tenemos un problema de salubridad con enfermedades infectocontagiosas entre otros problemas producto de la crisis social carcelaria que atraviesa el INPEC y que se niega a reconocer.
4. La administración del penal a la cabeza de la señora Directora Ingrid Mayerlinson y el comandante de vigilancia el Capitán Luis Francisco Gómez Benítez, violan sistemáticamente nuestros derechos humanos al trasladar a los presos en remisiones locales o nacionales encadenados con las manos atadas a la cintura con una caja negra. Medios de cohesión prohibidos por la resolución 0108 de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Y prohibido recientemente por Defensoría y Procuraduría Regional de Santander.
5. En razón a ello nosotros, los internos del patio 3 de esta penitenciaria manifestamos que nos sumamos desde nuestro espacio y condición a esta jornada nacional de paros y protestas declarándonos a partir de la fecha en una desobediencia pacífica y en una huelga de hambre.
Manifestamos que son justas y válidas nuestras razones de protestas dada la constante violación y vulneración de nuestros derechos fundamentales y humanos por parte del INPEC. Solicitamos del gobierno nacional una pronta solución y restitución de nuestros derechos así como el acatamiento de las normas internacionales suscritas por Colombia referente a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Atentamente,
Presos políticos y presos sociale
Prisión Palo Gordo (Girón, Santander)
Agosto 19 de 2013
El paro nacional indefinido agropecuario y popular comenzó en el departamento de Tolima con movimiento de campesinos e indígenas en distintas puntos del departamento. Predomina la represión policial-militarista, de acuerdo a los primeros reportes conocidos desde los cuatro puntos cardinales de esta sección del departamento.
Las carreteras se encuentran supermilitarizadas: hay retenes por todas partes, intentando impedir la locomoción de los labriegos. Se denuncia que en el corregimiento de Coello, sobre la vía hacia La Línea, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía le tiene bloqueado el paso a los campesinos. De igual manera, no hay fluido eléctrico.
Campesinos e indígenas se movilizan hacia el corregimiento de Castilla, municipio de Coyaima, en la vía central que comunica los departamentos de Huila y Tolima. Hacia esta dirección también caminan delegaciones de campesinos de municipios del Suroriente, entre otros, según se pudo establecer: Dolores, Alpujarra, Purificación y Prado.
Hacia la parte norte del departamento, los campesinos se vienen movilizando lentamente, respetando las festividades populares en municipios como Líbano. Se pudo establecer que en el transcurso del día se realizó una protesta en el perímetro urbano de este municipio y nuevas delegaciones de la vasta región se sumarán durante el transcurso de las próximas horas.
Los principales dirigentes regionales de la protesta denunciaron que en el interregno del cruce del Líbano a esta localidad, más o menos 30 kilómetros, hay cinco retenes, obstaculizando el paso de los vehículos, buscando el mínimo detalle para inmovilizar el carro y así evitar que cumpla con su función social.
Lo más grave hasta ahora se presentó en el municipio de Lérida, al ser decomisados por la Policía los materiales de trabajo del periodista de la emisora “La Veterana” del municipio de Líbano William Barbosa.
Al intentar tomar fotos para denunciar la presencia de la Policía al interior del hospital local “Reina Sofía de España”, violando lo contemplado en el Derecho Internacional Humanitario, los policías uniformados y armados dentro del centro asistencial procedieron a impedir la labor del comunicador social. Todo parece indicar que hubo forcejeo, siendo golpeado el comunicador social, quien tuvo que ser hospitalizado con algunas contusiones. De igual manera fue agredido Sergio Sierra Guerra, hijo de Luz Dary Guerra, presidenta del sindicato de la salud Anthoc en este hospital. Los hechos ocurrieron hoy hacia el filo de las once de la mañana.
Según la presidenta de Anthoc Tolima, Nelsy Gómez Oliveros, el médico director del hospital “Reina Sofía de España”, Adenawer Alvis, habría autorizado desde anoche la presencia de la Policía, la cual habría dormido dentro de la institución donde antiguamente funcionaba la cafetería, convirtiendo el centro asistencial en puesto de policía. Igualmente, indicó que esta policía está al mando de intendente de apellido Velásquez.
A pesar de la postura agresiva y represiva que anuncia el presidente Juan Manuel Santos contra los campesinos, indígenas y obreros como la salud, educación, etc., hay una decisión irrevocable del pueblo a luchar por sus derechos secularmente desconocidos e ignorados.
El 18 de agosto de 2013, desde las diez de la noche y durante toda la madrugada, en la salida que va de Villavicencio al municipio de Acacías en intersección con la entrada del barrio Porfía, se encontraron inmovilizados los buses en el que se transportaban campesinos de diferentes municipios del Meta y la región del Losada Guayabero.
Cerca de diez buses fueron inmovilizados por el Comando Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional en cabeza del líder identificado como “Gladiador”, junto con un patrullero de la Dijín y miembros de la Policía Nacional, exigiendo cédula y huella dactilar a los campesinos, con la excusa de revisar antecedentes. El Ejército estuvo consignando los números de los buses, nombres de conductores y de varias personas en libretas por varios de sus militares.
A medida que la Fuerza Pública iba reseñando a los campesinos dejaba seguir los buses. Sin embargo, hubo varias horas en las que no se realizó ninguna actividad y cuando los automotores se dispusieron a continuar su destino, la Fuerza Pública retomó el empadronamiento.
La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro Colombiano (DHOC) se hizo presente durante el transcurso de la irregularidad, acompañando a las comunidades en todo momento.
Un hecho a destacar fue que uno de los miembros del Ejército Nacional agredió verbalmente a una de las corresponsales de REMA ACPP, amenazándola por su calidad de periodista.
Los últimos buses retenidos lograron transitar a las cinco de la mañana, completando aproximadamente las tres mil personas hasta ese momento. Sin embargo la movilización de vehículos continuó hasta los puntos de concentración el resto del día.
A pesar de los hostigamientos de las fuerzas estatales, la gente sigue en pie y el paro no cede. En palabras de uno de los campesinos: “…Y si no nos dejan continuar, ¡pues bloquemos acá!”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica comunica y denuncia ante a la comunidad nacional e internacional la situación de derechos humanos que se presenta transcurridas 15 horas de su inicio, en la jornada del Paro Agrario Nacional, jornada 19 de agosto de 2013.
Hechos
Puerto Frasquilo – Alto Sinú- Sitio La Apartada de Carrizona- Vía Aburrá:
La Policía Nacional y el Ejército Nacional a cargo del subteniente Juan Pablo Rocha Estupiñán tienen retenidos dos buses que se dirigían de Caucasia para El Bagre.
Coello (Tolima):
El Ejército Nacional tiene retenidos cerca de 200 campesinos que se dirigían de Cajamarca hacia Ibagué.
Atlántico:
En el sitio denominado Campo de la Cruz se presentaron agresiones por parte del Esmad, donde resultaron seis personas heridas.
Valle
En la vía Buga-Tuluá se presenta hostigamiento por parte del Esmad y el Ejército Nacional. Se encuentra herido por bala de fusil Alejandro Vargas Niño, menor de edad, trasladado al hospital San José de Buga. Se enfrenta a una laparotomía de emergencia para salvar su vida. Más de cien retenidos: retención de Rodrigo Vargas, defensores de derechos humanos, y a Lorna Bierman, Milena Ricaurte y Alexánder Escobar de la comisión de comunicaciones de Marcha Patriótica, a quienes la Policía Nacional les quitó los equipos de comunicación (una cámara Nikon, un computador, dos cámaras de video y cuadro grabadoras de audio).
Boyacá
Empadronamiento por parte de la Policía a las personas que se transportaban en cinco buses de la UPTC.
Tunja
Dos detenidos: Winston Suarez y Adolfo Camargo, en situaciones diferentes, por parte de la Policía Nacional. Los tienen en la URI de Tunja.
Montería
En la mañana de hoy 19 de agosto 2013, hasta la terminal de transporte de la ciudad de Montería, dos hombres, quienes se identificaron como agentes de la Sijín, amedrantaron e intimidaron a los conductores de transporte público que se disponían a venir hasta el municipio de Tierralta (Córdoba) a recoger y trasladar a los campesinos y campesinas que se disponen para hacer presencia en el paro agrario nacional que se llevará a cabo en el municipio de La Apartada (Córdoba). Los supuestos agentes de la Sijín dijeron a los conductores que “si iban a recoger a esos perros a Tierralta, se atendrían a las consecuencias”.
Fusagasugá
Acciones intimidadoras y de estigmatización por parte de los medios de comunicación, presencia de vehículos oficiales de placas QSD-316 y GMK-401.
Málaga (Santander)
Édgar Zúñiga y Frenyis Jiménez fueron retenidos por la Sijín de Málaga y les fue retenida toda la publicidad del paro.
Cauca
Hostigamientos del Ejército en Balboa, en el municipio de Argelia, señalamientos de infiltración.
Huila
El capitán César Augusto González, comandante de carretera Huila, inmovilizó diez chivas, amenazó a los conductores de las mismas. Desde el viernes, el coronel Francisco Peláez, comandante de Policía Huila, hace señalamientos hacia Lorena Sánchez por radio y prensa de ser la responsable del paro.
Guayabal
La Policía empadronó a tres chivas con 500 campesinos, en Balsillas.
Lérida (Tolima)
Adenauer Alvis Botello, gerente del hospital Reina Sofía de España, autorizó la militarización del mismo. 20 afectivos de la Policía Nacional se tomaron el hospital el día anterior y pasaron la noche dentro del hospital.
La Policía hurtó un celular a Sergio Ricardo Martínez, hijo de la auxiliar de enfermería Luz Dary Guerra, quien fue retenido por dos horas.
Al periodista William Barbosa, del programa Enfoque de la emisora La Veterana del Líbano, le hurtaron una cámara fotográfica que contenía imágenes de la actuación de la Policía dentro del hospital y de la movilización de los campesinos en la vereda La Sierra del municipio del Líbano, siendo agredido el señor Ariel Suárez cuando intermedió en esta situación.
Se reportó al coronel Arango la situación y dijo que no tenía conocimiento.
Nariño
En el municipio de Llorente, la Policía fotografió y empadronó a los campesinos movilizados.
Entrada principal del municipio, a eso de las 11:29 am, en momentos en que los ciudadanos María José Villota y Mario Santacruz se encontraban trasladando material de DDHH y de difusión del Pliego de Peticiones Departamental, fueron detenidos por un grupo de policiales que se negaron a identificarse.
Posterior a la detención, se remitieron de manera violenta a Mario. Ante ese hecho María José acude en su ayuda preguntando a los uniformados el porqué de la detención. De inmediato una oficial mujer la sujeta bruscamente por la espalda, impidiendo su movilidad. Los uniformados dijeron a los ciudadanos que la Policía podía judicializar a quien ellos quisieran.
María José se identificó como defensora de derechos humanos y como beneficiaria de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que los agentes respondieron que eso a ellos no les importaba. Acto seguido la sujetaron del cabello y la arrojaron a un camión que no tenía placas. Cinco minutos después de recorrido con rumbo desconocido, procedieron a bajarlos del vehículo.
Antes de proceder a liberarlos, uno de los policiales requisó sin autorización el maletín de María José, y se refirió a ella en tono amenazante diciéndole “que dejara de defender guerrilleros y que el material que tenía era material de guerra”.
En medio de la agresión sólo un militar de rango mayor de apellido Giraldo pudo ser identificado.
En el sitio de concentración, policiales y militares decomisaron varios bultos de alimentos que habían sido transportados por los campesinos, diciéndoles a su vez que “sin comida la gente no resistía en la carretera y por tanto no taponaban las vías”.
En el desplazamiento de Ipiales a Rumichaca se presenta intimidación y detención.
Villavicencio
El 18 de agosto de 2013, desde las diez de la noche y durante toda la madrugada, en la salida que va de Villavicencio al municipio de Acacías en intersección con la entrada del barrio Porfía, se encontraron inmovilizados los buses en los que se transportaban campesinos de diferentes municipios del Meta y la región del Losada Guayabero.
Cerca de diez buses fueron inmovilizados por el Comando Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional en cabeza del líder identificado como “Gladiador”, junto con un patrullero de la Dijín y miembros de la Policía Nacional, exigiendo cédula y huella dactilar a los campesinos, con la excusa de revisar antecedentes. El Ejército estuvo consignando los números de los buses, nombres de conductores y de varias personas en libretas por varios de sus militares.
A medida que la Fuerza Pública iba reseñando a los campesinos dejaba seguir los buses. Sin embargo, hubo varias horas en las que no se realizó ninguna actividad y cuando los automotores se dispusieron a continuar su destino, la Fuerza Pública retomó el empadronamiento.
La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro Colombiano DHOC se hizo presente durante el transcurso de la irregularidad, acompañando a las comunidades en todo momento.
Un hecho a destacar fue que uno de los miembros del Ejército Nacional agredió verbalmente a una de las corresponsales de REMA ACPP, amenazándola por su calidad de periodista.
Los últimos buses retenidos lograron transitar a las cinco de la mañana, completando aproximadamente las tres mil personas hasta ese momento. Sin embargo la movilización de vehículos continúo hasta los puntos de concentración el resto del día.
Putumayo:
Carlos Chapuel y Mauricio Yantel, encañonados por dos personas de civil que se identificaron como Ejército Nacional, y trasladados al puesto de Policía de San Miguel, fueron reseñados, fotografiados y retenidos por alrededor de dos horas.
Soacha:
La comunidad que se moviliza de Sibaté a Soacha está siendo perseguida y fotografiada por Policía que se transporta en una motocicleta sin placas y una camioneta con logos de Claro con placas WXK-122, se acercaron a decirles y no hicieron nada.
Atlántico
En el municipio de Sabanalarga el Ejército quitó la luz y más de 250 efectivos se encuentran rodeando a las personas que se encuentran manifestándose.
Anoche el mismo Ejército pasó por 47 hogares del municipio de Campo de la Cruz diciéndole a la gente que no salieran hoy a las marchas y que si salían era bajo su propio riesgo.
Tibasosa (Boyacá)
12 manifestantes heridos por parte de la Policía Nacional en la vía Sogamoso-Tibasosa, donde se están movilizando campesinos y sector salud.
Guaviare
La Policía Nacional detuvo cuatro buses y empadronó a sus ocupantes, saliendo de San José del Guaviare.
En Caquetá, Meta y Huila, La Policía Nacional está ofreciendo recompensas hasta por diez millones de pesos a quienes den información de los líderes del Paro Agrario Nacional.
Exigimos
Exigimos una vez más al Gobierno Nacional se brinden las garantías para que todas las organizaciones y miembros del proceso de la Marcha Patriótica puedan seguir realizando su trabajo, en el marco del cumplimiento del artículo 107 de la Constitución Política Nacional de Colombia de 1991, en el que “Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. (...)Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. (...) También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos”.
Solicitamos
1. A los organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones al Estado colombiano.
2 A la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acompañamiento y atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los líderes sociales, políticos, organizaciones populares y las comunidades que trabajan en la construcción del proceso de Marcha Patriótica.
3 A la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos se pronuncien frente al hecho a que hace referencia esta denuncia.
Responsabilizamos:
Al Estado colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional seccional, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades policiales que dirigen, y las posibles vulneraciones que a miembros de esta organización les pueda ocurrir en el futuro.
Instituciones a donde se debe dirigir:
Presidente de la República
Dr. Juan Manuel Santos
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño.
Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71
Vicepresidente de la República
Dr. Angelino Garzón.
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail:hernanulloa@presidencia.gov.co
Defensor del Pueblo
Señor Jorge Armando Otálora
Calle 55 # 10-32, Bogotá.
Fax: + 57.1.640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ;agenda@agenda.gov.co
Procurador General de la Nación
Señor Alejandro Ordoñez
Cra. 5 #. 15-80, Bogotá.
Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23;
E-mail:cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co.
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Dra Alma Bibiana Pérez
Calle 7 N° 5-54 Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: almaperez@presidencia.gov.co
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Dr. Eduardo Montealegre
Diagonal 22 B No.52-01
Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Informe de TeleSUR sobre la crisis social que llevó al paro.
Así lo evaluó el reconocido periodista y sociólogo colombiano, Alfredo Molano Bravo, quien destacó que detrás del paro existe un grupo de campesinos que están en “bancarrota” por la competencia que les ha generado las importaciones y las desventajas a las que están sometidos por el TLC.
El aumento desenfrenado de las importaciones y el manejo de la producción e inversión subordinado al Tratado de Libre Comercio (TLC), mantiene arruinados a los campesinos, mineros, camioneros, gremios productivos y hasta cafeteros en Colombia. Esta es la principal causa por la cual han decidido paralizar sus labores para exigir sus reivindicaciones al Gobierno nacional.
Así lo evaluó el reconocido periodista y sociólogo colombiano, Alfredo Molano Bravo, quien destacó que detrás del paro existe un grupo de campesinos que están en “bancarrota” por la competencia que les han generado las importaciones y las desventajas a las que están sometidos por el mencionado acuerdo comercial.
Afirmó que en la actualidad el Gobierno colombiano importa carne, pollo, leche café, arroz, maíz y esta situación mantiene arruinados a los trabajadores del agro, porque no pueden sostener la competencia. Igualmente, subrayó que aún cuando en las protestas participan líderes de múltiples sectores económicos, converge una oposición colectiva ante el TLC.
En exclusiva para el programa Cruce de Palabras del canal internacional teleSUR, el periodista comentó que en Colombia existe una realidad bastante movida en la que miles de personas han salido a las calles a protestar en una jornada nacional. Dijo que apenas es que la situación comienza y las jornadas de protesta pueden tornarse más fuertes.
Molano mencionó que las protestas están siendo apoyadas y convocadas por sectores políticos de izquierda del país, a través de organizaciones como Marcha Patriótica, Polo Democrática y sectores liberales de izquierda. Precisó que estos grupos están movilizando a la gente para hacer un llamado a la justa protesta y enfrentar las medidas represivas del Gobierno.
Con relación a las estigmatizaciones que han hecho algunos sectores en cuanto a estas movilizaciones, donde se asegura que la guerrilla colombiana está detrás de estas marchas, el periodista reconoció que existe una “influencia formidable” de este grupo militar.
Sin embargo, explicó que estos sectores vinculados no están impidiendo las movilizaciones ni tampoco azuzándolas, pues -a su juicio- esta es la imagen que el Ejercito y algunos sectores del gobierno han querido dejar al respecto.
Por otro lado, informó que en algunos sectores continúan las movilizaciones y el Ejercito se ha encargado de mantener vías paralizadas, por lo que los campesinos han tenido que buscar otras vías alternas.
Peticiones
Para el periodista colombiano, el Gobierno puede aportar soluciones y dialogar tal y como lo está haciendo actualmente en La Habana (capital cubana). “Los campesinos están pidiendo subsidios. Ellos quieren subsidios para poder competir en igualdad de condiciones. El Gobierno puede hacer subsidios bajando las tasas de interés” dijo.
De igual forma, destacó los tratados de libre comercio son renegociables, por lo que -según sus palabras- el Gobierno puede buscar la manera de darle subsidios a los diversos sectores que están solicitado.
Crisis en sector salud y desempleo
En las regiones se siente un gran descontento, no solo por el problema agrario y productivo, sino por el problema de la salud pública, la escolaridad y el desempleo. Para Molano existe una opinión pública que ha salido a la calle a protestar porque no consigue respuesta a estas situaciones. Aseguró que el proyecto de la prosperidad que propuso Juan Manuel Santos ha sido inconsecuente.
“El Gobierno no ha echado raíces. No hay cambio flexible que la población diga que puede acreditar. Se evidencia en el problema de la salud y el desempleo. En un 30 por ciento de la población está en rebusque” acotó.
Para finalizar, abogó porque la administración de Juan Manuel Santos busque solucionar los problemas a estos sectores que solo están pidiendo sus reivindicaciones. Calificó como justas estas protestas, porque -a su juicio- el Estado debe cumplir con su deber.
No obstante, alertó que en 24 horas todo el panorama puede cambiar y aunque dijo ser optimista, el periodista advirtió que puede haber un desangre muy grave, tomando como referencia los hechos registrados en el Catatumbo, donde cuatro personas resultaron asesinadas por funcionarios de la fuerza pública colombiana.
Indicó que si el deselance es sangrieto la investidura de Juan Manuel Santos pudiera verse afectada y con poca reputación para una posible reelección presidencial, debido a que “existe una oposición radical que ligada a paramilitar apuesta por que estos hechos sucedan”.
Desde un enfoque muy convencional el señor Santos ha emitido su opinión/prejuicio sobre el paro nacional/proceso, indicando que no ha presentado las dimensiones esperadas por él y la clase dominante [1]. Su perspectiva omite las tendencias de la actual sociedad colombiana en la que se requiere de un pensamiento complejo en "el que todo está entretejido" [2], dando forma a redes diversas y múltiples que articulan nodos de diferente contenido y jerarquía.
De Santos no se puede esperar nada distinto que la descalificación y estigmatización de la insurgencia popular. Lo hemos visto en el Catatumbo y con los pequeños mineros. Su intención es claramente política. Pretende debilitar la potencia de la creciente movilización social anti neoliberal que lo asedia.
El paro nacional agrario anunciado para despegar el 19 de agosto es un proceso en expansión que cobra forma en la configuración de nodos [3] territoriales y sectoriales heterogéneos para dibujar una red [4].
La movilización agraria ya es una densa red con nodos situados en distintos lugares, con sus particularidades y formas de insubordinación. El paro no funciona en un tiempo lineal sino en múltiples temporalidades. Se despliega y repliega. No es indefinido sino sostenible, aunque le pese a ciertos seudo izquierdistas de escritorio. Puede aparecer y desaparecer y no pierde su contundencia.
Hagamos el balance de los nodos mas visibles y captemos los que emergen.
- En Nariño, desde la medianoche, unos 10.000 indígenas se apostaron en la entrada al municipio de Ipiales, en el sector La Cruces, y en Túquerres en la zona conocida como El Amarillo, agricultores protestan por mejores condiciones. Se ha reportado que el Puente Internacional en Rumichaca está abierto, pero hay restricción en el paso de viajeros [5].
- En Arauca, cerca de 500 campesinos llegaron a tres puntos de la ruta Los Libertadores, vía que comunica a la capital araucana con Tame. En el sitio conocido como Fundadores 150 personas bloquearon la carretera. En Panamá y la reserva indígena de la Reserva se encuentran 330 campesinos apostados en los extremos de la vía [6].
- En Santander cerca de 400 campesinos llegaron hasta el sitio El 15, en la vía entre La Lizama (Barrancabermeja) y San Alberto (Cesar), pero no realizan bloqueos. A esta hora centenares de campesinos viajan hacia Puerto Araujo, en la vía entre Barrancabermeja y Puerto Berrío (Antioquia) y La Lizama, sector ubicado entre el puerto petrolero y Bucaramanga [7].
- En Boyacá la situación ha sido complicada. Manifestantes pincharon tractomulas y vehículos de servicio público en la vía Tunja-Bogotá. El caso más grave ocurrió en el sector de El Desaguadero, en Samacá, en la vía Tunja-Chiquinquirá, donde más de trescientos campesinos mantuvieron durante todo el día la vía cerrada y al final de la tarde se enfrentaron a los miembros del Escuadrón Antidisturbios de la Policía, quienes tuvieron que replegarse ante los ataques con piedra, palos, flechas y hasta pólvora [8].
- El sábado anterior llegaron a Florencia 500 campesinos provenientes de la zona de la Asociación Campesina del Losada Guayabero, Ascal-G, para unirse al paro agrario que comienza oficialmente a partir de hoy [9].
- Tres mil campesinos que participan del paro han sido retenidos por el Ejército en Villavicencio-Meta [10]. En el kilómetro 87 de la vía antigua entre Bogotá y Villavicencio hay cierre total por manifestaciones.
- Comenzó el paro nacional agropecuario y popular en el Tolima. Predomina la represión policial. [11]
- En Putumayo los campesinos e indigenas bloquean las principales vías. La Policía de carreteras reportó en la tarde del lunes bloqueos en las carreteras que conducen al medio y bajo Putumayo.Unas cuatro mil personas cerraron vías en el municipio de Villagarzón y en el cruce de Yarumo que conduce a Puerto Asís.Entre Mocoa y Santa Ana hay otro cierre por manifestaciones en el km 57 del sector conocido como estación de servicio Falconery. [12]
- En el departamento del Cauca hay movilización indígena en un sector del oriente en la vía Inzá-Belalcazar, en el lugar conocido como Guacana, donde alrededor de 100 indígenas intentan mantener cerrada la vía. Se trata de un importante corredor entre Cauca y Huila [13].
- En Segovia, Antioquia, miles de campesinos y trabajadores de las minas de oro estan concentrados en el casco urbano.
- En Barbosa, Antioquia, están concentrados casi mil pequeños mineros.
Mañana martes se darán manifestaciones en Bogota para exigir solución a los problemas de la salud; la CUT organiza movilizaciones obreras; y los maestros saldrán a las calles.
El paro agrario avanza y dará saltos en función de los campos de correlaciones de fuerzas, en el espacio-tiempo de procesos en curso, plásticos y moldeables según la decisión de sus coordinadores legítimos Desde luego, hay que distinguir la lectura de las fuerzas desde la perspectiva de su cantidad de la lectura cualitativa de las fuerzas, que se basa en la distinción de su diferencia; así también distinguir la direccionalidad y el sentido del juego de fuerzas que se dará en adelante, como ha ocurrido en el histórico movimiento del Catatumbo. Así, por este camino, es también importante distinguir lo anterior de la interpretación hecha por la voluntad de poder, afirmativa o reactiva. Podemos decir, transformadora o restauradora.
Viene un tejido de recorridos deconstructores de todos los movimientos sociales en sus nodos concomitantes, confluyendo de manera entrelazada entre múltiples movimientos, en bloqueos y marchas, emparentados con un ciclo semi-insurreccional de corrientes sociales, campesinas e indígenas anti capitalistas Este recorrido profuso nos está mostrando el uso recurrente de instrumentos de contrapoder y contra-hegemónicos que nada tienen que ver con una analogía respecto los instrumentos institucionales y hegemónicos.
Tenemos que asumir que en el nuevo ciclo político en curso abierto por la Mesa de diálogos de La Habana, entre las Farc y el gobierno neoliberal de Santos, la resignificación democrática/participativa de nuestra sociedad se basa primordialmente en los levantamientos, en la guerra anti neoliberal, en la movilización, en las marchas, en los bloqueos, sitios, en los acontecimientos insurreccionales, en las emergencias semi-insurreccionales. El espesor histórico, el fondo y el trasfondo, del uso de los instrumentos hegemónicos en el sentido contra-hegemónico, es pues la desmesura política de la revuelta, la revolución y el proceso de movilizaciones en despliegue.
Es que los esquemas institucionales electorales con sus maquinas partidistas se agotaron en su función de intermediación. Lo que se pone de relieve es la posibilidad emancipatoria de los movimientos sociales; del conglomerado de movimientos diversos que se enfrentan a las formas polimorfas de dominación del capitalismo y su Estado oligarquico, incluidos los diagramas de control policial desplegados mediante el ESMAD y las coacciones judiciales previstas en la liberticida Ley de "Seguridad Ciudadana" que se utiliza para intimidar y debilitar la insurgencia de la multitud.
La Ceja, 19 de agosto de 2013.
[1]. http://www.eltiempo.com/politica/paro-nacional-del-19-d...818-4
[2].http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172430
[3]. Un nodo es un espacio real o abstracto en el que confluyen parte de las conexiones de otros espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y que a su vez también son nodos. Todos se interrelacionan de una manera no jerárquica y conforman lo que en términos sociológicos o matemáticos se llama red. http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo
[4]. El concepto de red puede definirse como "conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una curva se interseca consigo misma. Lo que un nodo es concretamente, depende del tipo de redes a que nos refiramos" http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo
[5]. http://www.eltiempo.com/politica/paro-nacional-del-19-d...818-4
[6]. http://www.eltiempo.com/politica/paro-nacional-del-19-d...818-4
[7]. http://www.eltiempo.com/politica/paro-nacional-del-19-d...818-4
[8]. http://www.eltiempo.com/politica/paro-nacional-del-19-d...818-4
[9]. http://www.ellider.com.co/2013/08/18/comunidades-campes...ario/
[10]. http://prensarural.org/spip/spip.php?article11718
[11]. http://prensarural.org/spip/spip.php?article11717
[12]. http://www.eltiempo.com/politica/paro-nacional-del-19-d...818-4
[13]. http://www.eltiempo.com/politica/paro-nacional-del-19-d...818-4
La policía Esmad tiene retenida más de un centenar de campesinos en el corregimiento de Coello – Cocora municipio de Ibagué, Tolima, impidiendo su libre locomoción, tal como dice la constitución nacional. Ancianos, jóvenes, niños, hombres y mujeres del agro del extenso cañón de Cocora, rico en agricultura, caficultura y ganadería, son víctimas de la represión impidiéndoles llegar a la ciudad de Ibagué, algunos de ellos para participar de la movilización programada para el día de mañana en esta ciudad capital de departamento.
Se ha intensificado la requisita. Además, le están impidiendo el libre paso a toda persona que “huela” a campesina. Según la comunidad, la policía Esmad les viene ordenando a los campesinos regresar a sus casas y volver mañana. Los campesinos han indicado que no se moverán del sitio y permanecerán allí hasta cuando sea permitido el paso.
Los labriegos han indicado, igualmente, que se movilizan no porque quieran, sino por la necesidad ante el incumplimiento del gobierno nacional por resolverles su sentida problemática social y económica.
El campesino Humberto Quintero del cañón de Cocora, manifiesta: “Gracias por la oportunidad que nos da para comentar las necesidades que tenemos; venimos a hacerle una reclamación al gobierno por las malas políticas que se están manejando, los incumplimientos de lo pactado en los anteriores paros. Por eso, nos vemos obligados de movilizarnos, venir y hacer presencia, a reclamar el trato que ha hecho el gobierno con los negociadores de cafeteros, agricultores, camioneros, etc. Queremos que esas promesas sean una realidad y se cumplan, se nos respete a nosotros como campesinos, que somos los que producimos el sustento para el pueblo colombiano”.
Sobre las exigencias que les esta haciendo los campesinos al gobierno nacional, subrayó: “En estos momento lo que le exigimos al gobierno es el mejoramiento del precio del café, el precio de los artículos de pancoger que nosotros cultivamos, vivienda, salud, porque la prestación de la salud es muy mala al pueblo colombiano; esas entidades privadas (EPS) solamente se están adueñando de las platas que da el gobierno y no se nos presta la salud que merecemos”.
El propósito de los campesinos es llegar a la ciudad de Ibagué, pero el paso ha sido prohibido violando la autoridad policial la norma constitucional y el derecho que tiene cualquier ciudadano a circular libremente en el territorio nacional. En ese sentido, dijo: “Desde esta mañana nos tienen aquí estacionados que no hay permiso para movilizarnos hacia el perímetro urbano de Ibagué, que porque esa medida la acordaron en un consejo de seguridad. Nosotros necesitamos estar mañana a las diez de la mañana, pero no ha sido posible cruzar. Se nos dice que nos devolvamos, pero nosotros consideramos que es imposible porque hay gente que vive muy lejos. Queremos entonces que nos dejen estar aquí para mañana continuar con el recorrido y participar de la marcha pactada para mañana. Nos dicen que nos devolvamos que no podemos permanecer esta noche aquí. Eso es lo que no queremos: Devolvernos”.
Precisamente, ¿Cómo se viene preparando los campesinos del cañón de Cocora y regiones adyacentes para participar del paro nacional agropecuario y popular? Le preguntamos a Humberto Quintero. Contestó: “Nos estamos organizando poniéndonos de acuerdo para salir a exigir al presidente que cumpla con sus promesas. Además: Protestarle por sus malas políticas que está desarrollando. En estos momentos se hace necesario que todo el mundo apoyemos estas movilizaciones, estos paros nacionales, porque es por el bien de nosotros y la familia que se está levantando”.
El líder campesino aprovechó para hacer un llamado urgente a la comunidad tanto nacional como internacional para que estén pendientes de la suerte de los campesinos en el marco de esta dura y desigual lucha. Directamente al presidente de la república se dirigió diciendo: “El llamado que yo le haría al gobierno nacional es que cumpla, así como tiene dinero y le invierte a la guerra, más bien invierta en el campo, deles facilidades al campesino para poder producir y que los precios de nuestros artículos tengan un precio en realidad justificados”.
“Salimos a la marcha exigiendo justicia para el campo y los campesinos, es también con el fin de demostrarle al gobierno de que pedimos que por favor: No es una limosna, sino un deber del gobierno, porque desde que hacen campaña política nos ofrecen facilidades para que vivamos en el campo, pero mentiras. Antes al contrario, nos están es reprimiendo las ayudas que nosotros necesitamos. Los insumos muy caros y todo lo que nosotros sacamos al mercado no tiene valor justificado”.
Sobre la necesidad de la movilización campesina y popular, señaló: “Todo el mundo nos tenemos que movilizar; más que todo la juventud porque los estamos luchando ahora es para bien de ellos”.
Una campesina de la región, que pidió que se omitiera su nombre, señaló: “Estamos retenidos aquí desde las nueve de la mañana por parte de la policía o sea, la fuerza pública. Está tanto la policía como el Esmad. No nos dejaron pasar aquí en Coello hacia la ciudad de Ibagué, donde queremos participar de una marcha que es de protesta contra el gobierno nacional y exigirle cumplimiento con lo que ha ofrecido”.
“En el campo hay mucha pobreza, hay hambre. Eso hace que nosotros participemos en esta movilización. Decir al gobierno: Cúmplale a los campesinos. Nos vemos en la penosa necesidad de salir a protestar porque es que ya no aguanta más el campesino. Los insumos supremamente costosos, lo que el campesino saca a vender no vale nada. La comida se está perdiendo en el cañón porque vale más la recolección y el transporte que lo que nos dan acá en la ciudad. Las vías de comunicación son mínimas. La carretera hasta Dantas está más o menos transitable, pero de ahí hacia arriba es intransitable”.
“Vamos a permanecer hoy acá y mañana nos trasladaremos hasta el hospital Federico Lleras Acosta”.
Bogotá Agosto 19 de 2013
Señor
Teniente Coronel ALEXANDER MONROY CORREDOR
Comandante Batallón Especial Energético Vial No. 8
Las Comunidades Minero Campesinas e Indígenas de la Región del Nordeste Antioqueño, adelantan una protesta social y pacífica, concentrados en los municipios de Remedios y Segovia, protesta que surge debido a la constante violación de Derechos Humanos, estigmatización y persecución, de la que son víctimas la población rural y urbana de estos municipios.
Siendo la región del Nordeste Antioqueño una zona convulsionada en la que convergen diferentes actores del conflicto social y armado existente en Colombia, es también una de las zonas mineras más importantes del país por la abundancia de recursos mineros, tales como el oro. Las expresiones de inconformidad por las políticas públicas que favorecen la gran explotación minera, y la agroindustria por encima de la actividad minera artesanal y campesina tradicional, se han incrementado; por lo cual la región del Nordeste Antioqueño ha determinado sumarse al paro minero que se adelanta en el país hace cerca de un mes. Adicional a ello, el movimiento campesino que lidera la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA, hizo el llamado a todos los sectores sociales que convergen en los Municipios de Remedios y Segovia para que se sumen a partir del 19 de agosto de 2013, a las jornadas de protesta social y pacífica.
Como parte de la preparación de estas actividades de carácter civil, los líderes de CAHUCOPANA y comunidades del sector agrario y minero, han adelantado diferentes acciones de interlocución con las autoridades civiles de carácter, local y regional, con el objetivo de exigir a estas las garantías políticas y de seguridad para el desarrollo del libre derecho de la movilización y protesta pacífica consagradas en la constitución política Colombiana. A pesar de la voluntad de diálogo y concertación expresada por parte de las comunidades Agro mineras, han recibido como respuesta la persecución, el señalamiento, estigmatización, agresión física, por parte de miembros de la fuerza pública, como constan en los hechos ocurridos el día 18 de agosto de 2013, en el marco de la asamblea popular, que se desarrollaba en el municipio de Segovia, donde las comunidades alertaron la presencia de tres individuos desconocidos que se infiltraron en dicha actividad; entre los cuales se pudo identificar al Sargento del Ejército Nacional, Daniel Hortua o quien también es reconocido por los pobladores como el sargento Gutiérrez ,adscrito al Batallón Plan Energético y Vial Numero 8 – BAEEV de Segovia, del cual es usted el comandante y jefe. Posteriormente el día 19 de agosto en horas de la madrugada, en el sector conocido como la Banca, fueron retenidos por agentes de la Policía algunos de los manifestantes quienes haciendo un uso excesivo de la fuerza dispararon contra la población civil, dejando como saldo un campesino herido por arma de fuego y cuatro personas más resultaron afectadas por esquirlas de granadas, lanzadas por agentes de la Policía Nacional, con sede en Segovia (Antioquia). En estos hechos también resulto herido un menor de edad producto de una golpiza que brutalmente le propinaron agentes de la policía del municipio de Segovia , donde fue necesaria la intervención de los organismo de Derechos Humanos y acompañamiento internacional para detener estos desmanes.
Por todo lo anterior señor Teniente Coronel, ALEXANDER MONROY CORREDOR, hacemos el llamado como organización Defensora de Derechos Humanos del Nordeste Antioqueño, para que usted como comandante del Batallón plan Energético y Vial Numero 8, en el marco de las directrices ordenadas a su tropa, no hagan uso de acciones de provocación, abuso de autoridad, ni uso excesivo de la fuerza por parte de sus unidades militares, en contra de las comunidades campesinas, mineras e indígenas , así como la población urbana participante del paro nacional agrario minero y popular que se lleva a cabo en Segovia y en todo el territorio nacional.
Cordialmente,
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño – CAHUCOPANA
Comisión de Derechos Humanos, Coordinación Nacional de Organizaciones agrarias y populares del Nororiente y Nordeste Antioqueño.
Copia a:
Ministerio del Interior
Comandante de policía Antioquia
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- OACNUDH
Oficina de Derechos Humanos Presidencia de la Republica
Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH
Procuraduría General de la Nación
Defensoría Nacional de Pueblo
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo – SAT
Decima Cuarta Brigada, Séptima división del Ejército
Después de tres horas y media de reunión se logró el reconocimiento como campamento de refugio humanitario por parte de las autoridades municipales hacia el punto de concentración de los manifestantes en el coliseo de Segovia. Implica lo anterior que este lugar y las personas que allí se refugian están amparados por el derecho internacional humanitario y que en dicho lugar no puede hacer presencia ningún actor armado.
La reunión contó con la presencia del alcalde municipal Johny Alexis Castrillón, el secretario de gobierno local Carlos Franky Arango, la personera de Segovia Luisa Fernanda Rivera, el comandante de la estación de policía de Segovia, el comandante del batallón del ejército, el comandante encargado de la operación Troya en la región, el gobernador del cabildo indígena y el suplente del mismo, los delegados políticos del sector minero y los voceros de las asociaciones campesinas.
Los diálogos se iniciaron a partir de los graves enfrentamientos que se dieron entre la noche del día de ayer 18 de agosto y la madrugada de hoy 19, cuando se tenía previsto la hora cero del gran paro nacional. En el municipio de Segovia hay un saldo de 6 manifestantes heridos, 2 de ellos de gravedad (un campesino de la zona debió ser trasladado a la ciudad de Medellín por tiro de fusil) y 5 policías con heridas en sus rostros y manos.
Por parte de los voceros y representantes de los manifestantes se hizo entrega a las autoridades civiles y militares del pliego mínimo de exigencias a nivel nacional, que fue complementado con el testimonio de los mineros, campesinos e indígenas que se ven afectados por un inadecuado manejo de los recursos naturales indiscriminadamente explotados por empresas multinacionales.
Se denunció ante los responsables de la fuerza policial y militar las violaciones al derecho internacional humanitario como la presencia de personal civil del lado de la policía arrojando piedras y manipulando elementos de uso privativo de la fuerza pública y el uso de armas de fuego en contra de los manifestantes. Según dictamen de medicina, en el hospital de Segovia y el Hospital Universitario San Vicente de Paul en Medellín, el herido trasladado presenta una herida de bala de un arma de fuego.
La policía y el secretario de gobierno reconoció además que noticias como el intento de asonada y la quema de vehículos que han circulado en medios de comunicación tergiversadores, son falsas ya que estuvieron en los lugares de los hechos y pudieron constatar la falta de veracidad.
Se espera para el día de mañana martes 20 un nueva reunión, ya que el espacio de interlocución continúa abierto. Por parte de la policía nacional se logró el compromiso de hacer llegar a la administración departamental el pliego de exigencias y de asegurar que en días próximos la presencia del gobernador de Antioquia y de un representante de la personería que vele por el cumplimiento de los acuerdos y pueda llevar a buen término las protestas.
Así mismo, ante las constantes denuncias por la violación de derechos con grabaciones y registro de datos personales, la policía se comprometió ante la comisión nacional de derechos humanos y los delegados de la brigada internacional por la paz a revisar su protocolo de procedimiento y evitar nuevos abusos de la policía.
“Perdimos el miedo,
No solo para denunciar y resistir;
Sino y ante todo para
Transformar este país”
Sentir popular
Desde tempranas horas cerca de ocho mil (8.000) hombres y mujeres de tez mulata, negra, indígena y campesina, se están movilizando por las principales calles y carreteras del Departamento del Cauca. Traen al unísono las banderas del PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR.
Los señalamientos, las detenciones y la persecución por parte de Agentes del Estado Colombiano a los manifestantes, iniciaron desde el pasado domingo 18 de Agosto. En el Sur del Departamento, a la altura de los Municipios de Balboa y Patía, los reclamantes denunciaron que la fuerza pública ha estado limitando la movilidad de las delegaciones que quieren llegar a los puntos de concentración e intimidándolos mediante reseñas y registros fotográficos. En el Municipio de El Bordo Patía, corregimiento de Galindez, las comunidades agrarias adelantan concentraciones sobre la vía panamericana a la altura del sitio conocido como El Pilón.
En el oriente del Departamento, en el Municipio de Inzá, a la altura de la vereda El Carmen, desde que el sol empinaba en la montaña comenzó la concentración de los manifestantes. Por el momento, se prolonga el bloqueo sobre la vía que comunica al Departamento con el Huila.
En el Norte, a la altura de los Municipios de Cajibío y Piendamo; los marchantes durante el transcurso del día, se han estado desplazando por la vía panamericana para concentrarse en el puente del corregimiento de El Cairo y en la María respectivamente. Sobre este último punto de concentración, hace una hora aproximadamente, se reporta un desalojo pero aún no se tiene un consolidado de la información (Noticia en desarrollo).
Para el día de hoy, 20 de Agosto, las centrales de trabajadores, el sector salud, viviendistas, estudiantes, usuarios de servicios públicos, moto trabajadores, madres comunitarias, entre otros han anunciado que marcharan por las principales calles de la ciudad de Popayán. El punto de concentración es la sede del SENA NORTE a partir de las 8:00 am.
Como anunció la semana pasada la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA Nacional), la hora cero para dar inicio al paro nacional fue el 19 de agosto. Las primeras 20 horas de movilización dan cuenta de 54 concentraciones en 17 de los 32 departamentos, y un número aproximado de 25 mil manifestantes. Voceros departamentales de la MIA han afirmado que esta jornada de movilización y protesta hasta ahora comienza, y que para los próximos días irán en aumento los puntos de concentración y el número de manifestantes.
Este primer día de paro nacional se caracterizó por la criminalización de la protesta social, el uso desmedido de la fuerza, el uso de armas de fuego para reprimir a los manifestantes, la detención y hurto de equipos y material de periodistas alternativos, y la detención de defensores de derechos humanos.
El pasado 8 de agosto se radicó el pliego nacional de peticiones ante el Ministerio de Agricultura. Así como en esta ocasión, las organizaciones y sectores que se articulan en la MIA Nacional se declaran prestos a iniciar la negociación con el Gobierno Nacional, mientras una comisión de congresistas de distintos partidos han manifestado el reconocimiento a las peticiones elevadas y a su vez ofrecer sus buenos oficios para intermediar ante las partes para llegar a un acuerdo prontamente.
Para el día de hoy, 20 de agosto, está convocada en Bogotá una reunión de los integrantes de la MIA Nacional para evaluar la primera jornada del Paro Nacional Agrario y Popular, además de acordar nuevas acciones. Se prevé que al finalizar la tarde se dé una rueda de prensa para presentarle al país las conclusiones del plenario extraordinario de la vocería nacional de la MIA.
Fuertes enfrentamientos se presentaron en la noche de ayer y la madrugada de hoy martes 20 de agosto entre mineros segovianos y miembros del ESMAD acompañados de civiles encapuchados que desde el inicio de la manifestación han realizado este tipo de sabotajes.
En el momento más álgido de la contienda se registró un intercambio de disparos entre ambos bandos dejando como saldo un policía herido y 10 habitantes del sector capturados. Es necesario aclarar que los campesinos, mineros e indígenas que se encuentran en el campamento de refugio humanitario no participaron en los enfrentamientos registrados durante la noche anterior.
Luego de una asamblea se constató que de la lista de los 11 capturados, que serán judicializados en la ciudad de Medellín acusados de obstrucción de las vías públicas y terrorismo, ninguno hace parte de la comunidad manifestante asentada en el campamento de refugio humanitario.
Durante la noche los choques se fueron acercando cada vez más hacia los alrededores del albergue, colocando en situación de riesgo a niños pequeños, mujeres en estado de embarazo y ancianos que se vieron afectados por los gases lacrimógenos y debieron ser rápidamente evacuados hacia una cancha a cielo abierto en las mismas instalaciones del refugio. Algunas personas debieron ser trasladados de manera inmediata al hospital de la localidad por afecciones respiratorias.
Ya en horas de la tarde, los delegados y voceros del sector minero, de los campesinos y de los indígenas se reunieron nuevamente con la administración municipal y las autoridades de policía y ejército para escuchar la posición de la autoridad local con respecto al pliego de peticiones agropecuarias y populares entregado en la jornada anterior, desarrollar puntos atinentes a condiciones de salubridad de campamento de refugio humanitario y la situación de derechos humanos de la coyuntura, además de desmentir las acusaciones que desde diferentes medios de comunicación se estaban propagando en contra de las personas que hacen parte del refugio humanitario.
Tras varias horas de negociación se acordó que el señor alcalde se compromete a realizar las gestiones pertinentes para la realización de una reunión en Medellín a la cual estarán convocados los alcaldes de Remedios y Segovia, el Gobernador de Antioquia, el Ministro de Minas, el Ministro del Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, el Incoder, Corantioquia, la procuraduría general de la nación y el Sena por las instituciones además de delegados del campesinado, de la minería tradicional y la pequeña minería y de la comunidad indígena, con el fin de conformar un espacio de interlocución y acuerdo. A su vez, que se espera la presencia de garantes nacionales e internacionales que velen por el normal desempeño del espacio de diálogo.
En horas de la noche, todos los manifestantes declarados en refugio humanitario se concentrarán en las instalaciones deportivas dado el decreto de toque de queda en toda el área urbana del municipio.
Continúa el tercer día de bloqueos campesinos en la carretera que une Popayán y el departamento del Huila. La primera barricada campesina se encuentra ubicada en el kilómetro 77 de esta carretera, en el sitio conocido como El Cármen. Un segundo bloqueo está ubicado sobre la misma vía en el sitio denominado Valencia, en los límites entre Cauca y el Huila
Ayer se reunieron en Inzá dirigentes de la Asociación Campesina de Inzá y Tierradentro – ACIT, de las Juntas de Acción Comunal del Municipio, concejales, el alcalde, la fiscalía y representantes de la Fuerza Pública, los participantes decidieron convocar una Mesa de Interlocución y Acuerdo el día de hoy a partir de las 9 a.m. para abordar el pliego de peticiones de la movilización campesina.
La Fuerza Pública manifestó que esperan la orden para desbloquear la vía, lo que ha generado zozobra entre los campesinos que exigen el derecho al territorio y el mejoramiento de las condiciones de producción y comercialización agrícola.
Los campesinos de Inzá, Paez y Totoró tienen acuerdos incumplidos por el gobierno colombiano en materia de constitución de la Zona de Reserva Campesina que abarca Totoró, Inzá, Paez y Monserrate y esperan que con esta movilización se logre hacer efectivo el cumplimiento de la ley 160, así como convocar la atención gubernamental para un territorio de indígenas y campesinos con una fuerte tradición agrícola, pero que sufren el minifundio y la escaces de tierra, así como la desatención del Estado.
Más de dos mil personas marcharon hoy por las calles de Cali.
Desde las diez de la mañana se concentraron en las afueras del Hospital Universitario del Valle estudiantes, trabajadores y luchadores sociales de distintas organizaciones sociales como el Sutev, Anthoc, Sintraunicol y Sintraemcali, entre otras, marcharon exigiendo presupuesto para la salud y educación pública y de calidad, además de expresar su solidaridad con el paro nacional agrario y popular, en el que participan miles de familias campesinas, indígenas, afrocolombianas, mineros y demás sectores de trabajadores que han sido excluidos por el histórico abandono del Estado y que hoy defienden en las calles nuestros derechos.
A medio día en la plazoleta de San Francisco se encontraron con la marcha que partió del SENA, dando inicio al plantón de solidaridad y respaldo con el paro nacional agrario y popular, apoyando el pliego nacional y departamental presentado por la Mesa de Interlocución Agraria y Popular (MIA), radicado el jueves 15 de agosto en el despacho del gobernador departamental Ubeimar Delgado. De esta manera se deja constancia de que solo por medio de la movilización social y política del pueblo organizado se avanza en la consecución de nuestras exigencias para construir una Colombia en paz y con justicia social.
Durante la jornada de la tarde se realizaron sucesivos plantones sobre la calle 10 y carrera 6 del centro de la ciudad de Cali, convocando a la población caleña a solidarizarse con la justa exigencia del campesinado, indígenas, afrocolombianos, estudiantes, mineros, camioneros, cafeteros, lecheros, etc. Sectores populares que están en las calles exigiendo un país justo para los colombianos.
Por la vida, el campesinado va por la MIA…
Actualmente más de 700 personas trabajadores campesinos, afrocolombianos e indígenas del diferentes municipios del Valle del Cauca se están movilizando de manera pacífica hacía la ciudad de Cali, en el marco del paro agrario nacional y popular, en respaldo al pliego nacional y departamental de la MIA, con la finalidad de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del gobernador Ubeimar Delgado escuchen sus exigencias.
Miles de familias campesinas han sido excluidas históricamente por el Estado y sometidas a la pobreza tras la implementación de políticas obedientes al modelo neoliberal extractivista, que se evidencia en el injusto Tratado de Libre Comercio y la paulatina privatización de empresas que deben prestar bienestar social y ambiental del pueblo colombiano.
Se solicita a los pobladores sus máximas expresiones de solidaridad, sumando sus pasos a la marcha y brindando apoyo con alimentos, agua y vestido (zapatos, camisas y gorras), además de brindar su apoyo y motivación popular con difusión, banderas y gritos de apoyo.
"Nada detiene sus sueños, convicciones y su compromiso de seguir batallando en busca de un mañana con justicia y dignidad" Prisionera Política.
El Movice comunica su compromiso con la defensa de los ddhh de los participantes en el Paro Nacional Agrario e informa que al terminar el día 19 de agosto, algunos manifestantes recibieron disparos con armas de fuego, fueron detenidos y falsamente acusados por funcionarios del alto gobierno.
Asimismo los manifestantes han enfrentado retenciones y empadronamientos constantes mientras se dirigen a participar en las movilizaciones. Un hospital en Tolima fue militarizada.
Hechos
-El día 13 de agosto Juan Carlos Pinzón, ministro de defensa, estigmatizó a los participantes en el Paro en una emisora radial: “los terroristas de las Farc siempre están pendientes de infiltrar esos paros”, senaló.1
-En los departamentos de Caquetá, Meta y Huila, la Policía Nacional, por medio de emisoras de radio, está ofreciendo recompensas de hasta $10.000.000 COP a quienes den información para identificar a los lideres del Paro.
Atlántico
-En horas de la noche, del 18 de agosto, efectivos del Ejército Nacional pasaron por 47 hogares del municipio de Campo de la Cruz avisando a la gente que no salieran a las marchas y que si salian, esto sería bajo su propio riesgo. Allì se presentaron agresiones por parte del Esmad, las cuales dejaron 6 personas heridas.
-El día 19 de agosto fueron detenidas dos personas: un menor de edad y un anciano mientras participaban en el Paro.
-En el municipio de Sabanalarga, mas de 250 miembros del Ejército Nacional rodearon a las personas que se encontraban manifestándose y les quitaron el alumbrado de luz pública.
Valle del Cauca
-El día 19 de agosto en el corregimiento de Presidente, en la vía que comunica a los municipios de Buga y Tuluá, cerca de las 9:00 am, en momentos en que centenares de campesinos manifestantes se encontraban en inmediaciones del Comando de Policía, efectivos pertenecientes a fuerzas combinadas del Comando Conjunto Suroccidente del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Anti Disturbios, de forma violenta y arbitraria dispersaron a los manifestantes haciendo uso de disparos de arma de fuego, gases lacrimógenos, balas de goma y bombas aturdidoras.
-Durante estas agresiones, el menor de edad Alejandro Vargas Niño, fue herido por un proyectil de arma de fuego, y fue trasladado al Hospital San José de Buga. En el mismo lugar, la fuerza pública inició un operativo masivo de capturas desplegando detenciones ilegales que dejan como resultado más de 50 detenidos y múltiples heridos (dos de ellos revisten gravedad).
-También fueron retenidos aproximadamente 100 manifestantes, entre quienes está Rodrigo Vargas, Lorena Bierman, Milena Ricaurte y Alexander Escobar, periodistas alternativos y defensores de derechos humanos, a quienes efectivos de la Policía les arrebató sus equipos de comunicación (una cámara Nikon, un computador, dos cámaras de vídeo y cuatro grabadoras de audio).
Boyacá
-El día 19 de agosto en la vía Sogamoso - Tibasosa, donde están movilizándose campesinos y manifestantes del sector salud, 12 personas fueron heridos por parte de la Policía.
-Fue evidente el empadronamiento por parte de la Policía, a las personas que se transportaban en cinco buses de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -Uptc-.
-En la ciudad de Tunja, fueron detenidos los manifestantes Winston Suarez y Adolfo Camargo por la Policía y llevados a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.
-Siendo aproximadamente las 4:50 pm periodistas de la Alianza de Medios Alternativos por la Paz y la Comisión de Derechos Humanos departamental, enfrentaron hostigamientos verbales por el comandante de la Policía del municipio de Umbita, quien señaló: “estos hijos de puta vienen a armar camorra y ahora se quieren abrir, marihuaneros malparidos los vamos es a pelar a todos.”
-De igual manera Jhon Garay y Juan David quienes hacen parte del Colectivo Zoolodistri de la Coordinadora Estudiantil de Asuntos Rurales también fueron hostigados verbalmente por el Esmad cuando se encontraban ejerciendo el acompañamiento de derechos humanos a los campesinos en el km 2 de la vía Villa Pinzón - Tunja.
-En horas de la madrugada de este martes 20 de agosto, el Esmad tras lanzar gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en la vereda Chorro Blanco (vía Tunja-Bogotá) dejó un saldo de 6 campesinos heridos quienes fueron trasladados al Hospital San Rafael de Tunja.
Cauca
-El 19 de agosto en el casco urbano de Balboa, un grupo de manifestantes que se trasladaban hacia el corregimiento de Argelia, fue acusado sin fundamento de tener vínculos a la guerrilla, razón por la cual su bus fue retenido durante dos horas.
Huila
-Desde el viernes 16 de agosto, el capitán César Augusto Gonzalez, comandante de Policía de Carreteras en Huila, inmovilizó 10 chivas, y amenazó a los conductores de las mismas.
-El 19 de agosto, el coronel Francisco Pelaes, comandante de la Policía de Huila, acusó en una emisora de radio local a la defensora de ddhh Lorena Sanchez de ser la responsable del Paro. Allí, la fuerza publica ofrece recompensas a nivel departamental para identificar a los coordinadores del Paro.
Nariño
-El 19 de agosto en el municipio de Llorente, efectivos de la Policía fotografiaron y empadronaron a manifestantes campesinos.
-En la entrada principal del municipio, aproximadamente a las 11:29 am, Maria José Villota y Mario Santacruz fueron detenidos mientras trasladaban documentos de derechos humanos e información sobre el pliego departamental de peticiones.
-Posterior a la detención, el señor Santacruz fue golpeado por miembros de la Policía Nacional. Ante este hecho la señora Villota acude en su ayuda preguntando a los uniformados el por qué de la detención. De inmediato una oficial la sujeta bruscamente por la espalda, impidiendo su movilidad. Los uniformados manifestaron poder judicializar a quienes quisieran y cuando la señora Villota se identificó como defensora de derechos humanos y como beneficiaria de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los agentes respondieron que eso a ellos no les importaba. Acto seguido, la sujetaron del cabello y la arrojaron a un camión que no tenía placas. Luego los llevaron cinco minutos en un recorrido con rumbo desconocido, y procedieron a bajarlos del vehículo.
Antes de su puesta en libertad, uno de los policiales requisó sin autorización el maletín de la señora Villota y se refirió a ella en tono amenazante diciéndole “que dejara de defender guerrilleros y que el material que tenía era material de guerra”. En medio de la agresión sólo se pudo identificar a un militar; el mayor Giraldo.
-En el sitio de concentración, policiales y militares decomisaron varios bultos de alimentos que habían sido transportados por los campesinos, diciéndoles a su vez que “sin comida la gente no resistía en la carretera y por tanto no taponaban las vías”.
Meta
-El 18 de agosto, siendo las 10:00 pm y el 19 de agosto durante la madrugada, en la salida de Villavicencio al municipio de Acacías en intersección con la entrada del barrio Porfía, se encontraron inmovilizados 10 buses en los que se transportaban campesinos de diferentes municipios del Meta y la región del Losada Guayabero. Los buses fueron inmovilizados por el Comando Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional en cabeza del líder identificado como “Gladiador”, junto con un patrullero de la Dijín y miembros de la Policía, exigiendo cédula y huella dactilar a los campesinos, con la excusa de revisar antecedentes. Varios militares estaban consignando los números de los buses, nombres de los conductores y de varias personas en sus libretas.
A medida que la fuerza pública iba reseñando a los campesinos dejaba seguir los buses. Sin embargo, hubo varias horas en las que no se realizó ninguna actividad y cuando los automotores se dispusieron a continuar su destino, la fuerza pública retomo el empadronamiento. Uno miembro del Ejército Nacional agredió verbalmente a una de las corresponsales de Rema Acpp, amenazándola por su calidad de periodista.
Putumayo
-El 19 de agosto, los señores Carlos Chapuel y Mauricio Yantel fueron encañonados por dos personas de civil que se identificaron como miembros del Ejército Nacional, y trasladados al puesto de la Policía de San Miguel, donde fueron reseñados, fotografiados y retenidos por alrededor de 2 horas.
Guaviare
-El 19 de agosto, fueron detenidos cuatro buses y sus ocupantes fueron empadronados por parte de la Policía, saliendo de San José del Guaviare.
Puerto Frasquillo, Alto Sinú, La Apartada de Carrizona - vía Aburra
-La Policía y el Ejército Nacional a cargo del subteniente Juan Pablo Rocha Estupiñan, tienen retenidos 2 buses que se dirigían de Caucasia para el Bagre.
Guayabal, Caqueta
-El 19 de agosto en Balsillas, la Policía Nacional empadronó 3 camiones chivas, que llevaban a 500 campesinos.
Coello, Tolima
-Efectivos del Ejercito Nacional retuvieron temporalmente a aproximadamente 200 campesinos que se dirigían de Cajamarca hacia Ibagué.
Montería, Córdoba
-El 19 de agosto, en horas de la mañana, en la terminal de transporte de la ciudad de Montería, dos hombres, quienes se identificaron como agentes de la Sijin de la Policía Nacional, amedrantaron a los conductores de transporte público que iban camino a Tierra Alta, Córdoba, a recoger los manifestantes y trasladarlos para el municipio de la Apartada, Córdoba, donde participarían en una concentración del Paro. Los supuestos agentes de la Sijin, dijeron a los conductores. “si van a recoger a esos perros a Tierralta, se atienen a las consecuencias”.
Fusagasugá, Cundinamarca
-El día 19 de agosto se presentaron acciones intimidatorias y de estigmatización por parte de los medios de comunicación.
-Cerca a los punto de concentración hubo presencia de vehículos oficiales con placas QSD-316 y GMK-401.
Málaga, Santander
-El 19 de agosto, los señores Edgar Zuñiga y Frenyis Jimenèz fueron retenidos por la Sijin de Málaga y les fue retenido el material publicitario que llevaron para el Paro.
Soacha, Cundinamarca
-El 19 de agosto en horas de la mañana, la comunidad que se movilizaba de Sibaté a Soacha estaba siendo objeto de seguimientos; efectivos de la Policía Nacional que se transportaban en una motocicleta sin placas y una camioneta con logos de claro con placas WXK-122, tomaron fotograias.
Lérida, Tolima
-El día 18 de agosto, el señor Anenauer Alvis Botello, gerente del Hospital Reina Sofía de España, junto con el Dr. Luis Carlos Delgado Peñón y el Gobernador de Tolima, ordenó la militarización del hospital, durante la cual, veinte efectivos de la Policía lo ocuparon y pasaron la noche allí.
-El 19 de agosto la Policía retuvo a Sergio Ricardo Martínez hijo de la auxiliar de enfermería Luz Dary Guerra y hurtó su celular.
-Al periodista William Barbosa, del programa “Enfoque” en la emisora La Veterana del Líbano, le hurtaron una cámara fotográfica que contenía imágenes de actuaciones policales dentro del Hospital Reina Sofía y de la movilización de los campesinos en la vereda La Sierra del municipio del Líbano, incluyendo agresiones contra el señor Ariel Suarez.
-Se reportó esta situación al teniente coronel Arango, jefe de derechos humanos de la Policía Nacional; sin embargo Arango manifestó no tener conocimiento.
Por los hechos mencionados exigimos:
-Que las autoridades colombianas respeten el derecho a protestar y actúen garantizar la seguridad de los manifestantes, incluyendo el cese de falsas acusaciones y señalamientos en su contra.
-Que la comunidad nacional e internacional vele por la seguridad de los manifestantes y se comunique con las autoridades estatales para asegurar que cumplan su responsabilidad de garantizar los derechos humanos.
El corregimiento de Castilla es uno de los puntos de concentración de los campesinos del Sur del departamento. Por su ubicación, se ha constituido como un punto de referencia del paro nacional, ya que a la fecha alberga más de un millar de manifestantes. Desde el día 18 de agosto, los habitantes de Castilla comenzaron a presenciar la llegada de delegaciones campesinas de Chaparral y Rioblanco, así como de Planadas, Natagaima, Ortega, Dolores, Prado y Coyaima con el fin de sumarse al paro convocado por los agricultores y sectores populares agrupados en la Mesa Nacional de Interlocución y acuerdo (MIA Nacional).
Según los lideres de las diferentes regiones, la concentración que protagonizan, la cual va en aumento, tiende a generar un golpe de opinión que doblegue la soberbia del Gobierno y garantice una interlocución alrededor de los puntos del pliego de exigencias agropecuario y popular. Respecto a este ultimo aspecto, los integrantes de la MIA-Tolima, junto con los campesinos agrupados en diferentes organizaciones, sostienen que el gobierno debe escucharlos e instalar una mesa de diálogo permanente con los sectores del agro.
La idea no es conformar mesas transitorias o parciales. Nosotros le apostamos a una mesa de interlocución permanente con el Gobierno para resolver los problemas que nos aquejan, puntualizaron.
Policía provoca a los manifestantes
Aunque aún no se han presentado bloqueos a la vía, la Policía ha protagonizado diversas provocaciones a los manifestantes. De manera reiterada ha transitado por la vía que conduce hacia Coyaima, alrededor de la cual están ubicados centenares de campesinos, filmándolos. Incluso envió un supuesto vendedor de agua con el fin de rastrear información y perturbar la calma de quienes hoy protagonizan el paro nacional agropecuario y popular.
Esmad arremete contra campesinos
Tras protagonizar un golpe de opinión en el corregimiento de Castilla, los campesinos e indígenas participes en el paro nacional agropecuario y popular y los pobladores de la región fueron objeto de una brutal arremetida del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. Hacia las cuatro de la tarde, cuando los campesinos e indígenas concentrados en Castilla retornaron a sus puntos de estadía, cerca de 40 efectivos de la Policía se desplazaron hacia los lugares donde estaban y los increparon, retaron y, finalmente, los confrontaron usando la violencia desmedida. En concreto, y sin razón alguna, la Fuerza Pública la emprendió contra los manifestantes.
Los pobladores del corregimiento, al respecto, se expresaron en contra de eso hechos. Aunque están al margen del paro, se pronunciaron en total desacuerdo con las acciones de los uniformados, porque arremetieron de manera indiscriminada contra todos sin distinguir entre manifestantes y no manifestantes.
Como saldo de esta actuaciones quedaron ventanas y puertas rotas, menores de edad impactados por los gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, y un niño recién nacido a quien lo afectó un gas lanzado a la casa donde estaba. A pesar de esta situación, los campesinos e indígenas se mantienen en pie de lucha. La indignación despertada ha robustecido el paro, ya que más campesinos e indígenas se sumarán mañana.
Todo el país movilizado. En el segundo día del Paro Nacional Agrario y Popular, se presentan nuevas ocupaciones sumadas a las movilizaciones que se llevan a cabo en las principales ciudades del país. El respaldo a las peticiones se acrecienta.
Los seis puntos del pliego de peticiones resulta ser una deuda histórica con los sectores víctimas de las políticas públicas económicas y sociales que conducen a la crisis del campo por el abandono estatal, más la profundización de los tratados de libre comercio y el tratamiento desigual a los sectores productores del país. La soberanía alimentaria del país hoy está en riesgo.
La respuesta del gobierno nacional en cabeza de los ministerios del Interior y Defensa fue la de aplicar el recetario tradicional: militarización, represión y judicialización del derecho a la protesta y la negación de fondo de las peticiones agrarias y sociales.
La primera jornada de la movilización nacional dejó una persona muerta en el departamento de Boyacá, luego de las agresiones del Escuadrón Móvil Antidisturbios, una veintena de heridos fruto del uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional y buen número de capturados, entre ellos, periodistas alternativos que hacen parte de la Alianza de Medios y Periodistas por la Paz, quienes cubrían las marchas.
Tras la arremetida, las organizaciones de derechos humanos que hacen veeduría sobre las actuaciones policiales han manifestado su rechazo por las acciones violentas de desbloqueo que son respaldadas por el gobierno nacional. La Marcha Patriótica y su comisión de Derechos Humanos exige “Garantías para que todas las organizaciones puedan seguir realizando su trabajo, en el marco del cumplimiento del Artículo 107 de la Constitución Política Nacional de Colombia de 1991”.
Los reportes de movilización llegan de todo el país. En el sur, el departamento del Cauca, se moviliza con al menos ocho mil personas entre hombres y mujeres, afrodescendientes, indígenas por las calles y carreteras de ese departamento agitando al unísono las banderas del Paro Nacional Agrario y Popular.
El gobierno nacional ha hecho lo posible por desestimar las peticiones de los sectores levantados. Ni una sola mención ha hecho Juan Manuel Santos, al diálogo. Todo lo contrario, el mandatario manifestó que el paro no ha sido de “la magnitud que se esperaba".
No obstante otro es el país que reclama en las calles soluciones a las necesidades básicas y cotidianas de las gentes del común. Aunque no se le quiera reconocer, el paro sigue sumando esfuerzos de las organizaciones sociales y populares que no están dispuestas a ser, de nuevo, burlados por el estado. Los voceros de la protesta le pidieron al presidente Juan Manuel Santos, que llame a la Mesa de Negociación Nacional (MIA) que integre a todos los sectores en paro y le dé solución a las peticiones.
El día tiene un nuevo color, pareciera que el sol salió desde otro lado, el aire es aún más fresco, la tierra huele diferente, las huellas que dejan mis botas de trocha las veo más grandes. La leña, los racimos de plátano, las arrobas de arroz… todo parece liviano, no veo ningún esfuerzo, son hombres y mujeres fuertes es cierto, pero parecen que llevaran viento.
Somos apenas un puñado, 350 personas más o menos, sus caras son tan limpias y sus sonrisas tan amplias que se hace difícil contarlas uno por uno. Vienen de distintas regiones, son los primeros que salen: Tello, Baraya, El Pato, Algeciras; el oriente del Huila, tierra devastada por el olvido y la sequía de años que deja la crisis agraria.
Partimos hacia el primer punto de concentración en el único transporte que soporta las deterioradas vías de acceso en nuestra tierra: Las chivas. Parecíamos un arco iris sobre caucho andando en tierra, gritos, sonrisas estruendosas retumbaban por todos lados. La alegría era evidente, la esperanza inquebrantable.
Nuestro recorrido era tranquilo, queríamos juntar nuestras manos con los hermanos de otras regiones del Huila, pero nuestra calma fue robada descaradamente. Con justificaciones descabelladas la Policía y el Ejército Nacional retuvieron nuestra caravana y hostigándonos como si fuéramos criminales nos impidieron continuar.
Nuestro legítimo derecho a la protesta y la locomoción quedó en las manos de los promotores de la injusticia y el desarraigo.
A nuestra detención se unieron más campesinos y campesinas que dejaron sus pequeñas fincas después que nosotros. Nos mantuvimos dignos y convencidos de lo justo de nuestro paro a pesar de las falsas noticias que escuchábamos en la radio, decían que el Paro Nacional no había cuajado en el Huila, que se había aplazado.
Nosotros no éramos los únicos retenidos, en el resto del Huila se vivía la misma situación: En zona de Vegalarga, La Plata, Palermo y Aipecito cientos de campesinos se les impidió continuar su marcha hacia los puntos de concentración. Aumentaban, además, las persecuciones y las declaraciones irresponsables de la fuerza pública: “El paro es promovido por los universitarios, la protesta campesina esta infiltrada por las Farc, recompensas a los que tomen fotografías y videos denunciando a los manifestantes”.
Satisfechos, recibimos la noticia que en Neiva se movilizarían los maestros, estudiantes de secundaria, sindicatos de la salud y campesinos que lograron llegar a la ciudad para decirle al Huila y a Colombia que nosotros sí estamos en Paro, que resistimos, que reconocemos las reivindicaciones del sector de la salud en nuestra región, que los estudiantes y los maestros también cuentan con nosotros para batallar juntos por el mejoramiento de la educación en nuestro departamento, y contamos con ellos para defender nuestro Pliego Nacional de Peticiones.
Desenfundamos la peinilla como forma de sostener nuestro más preciado objeto de trabajo, nuestra pala como la esperanza de cavar los sueños y la pica siendo el instrumento de confrontar las situaciones duras que se nos presente.
En el Huila si hay paro y es de los pobres del campo.
Boyacá es uno de los departamentos donde se han presentado más enfrentamientos con la fuerza pública desde el 19 de agosto, día en el que se decretó el paro agrario.
Allí, especialmente en los municipios de Villapinzón y Ventaquemada, los papicultores han afrontado con piedras los intentos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para desbloquear las vías.
Sin embargo, en las últimas horas la situación se ha empeorado. Semana.com pudo comprobar que algunos miembros del Esmad dejaron las vías que intentaban desbloquear para entrar en las casas de los campesinos.
En ciertas ocasiones, se evidenció como un agente de este grupo antimotines golpeaba a un hombre, a su esposa y a una anciana. Esto sucedió en la vereda Montoya, del municipio de Ventaquemada, uno de los sitios donde más se cultiva papa en Boyacá.
El bloqueo en las vías se ha presentado de manera intermitente durante este miércoles puesto que la Policía desbloquea las carreteras con sus carros antidisturbios pero, horas después, los campesinos volvieron a ocuparlas.
En dichos momentos, se presentaron caravanas de carros públicos y particulares, ante lo cual parte del campesinado reaccionó lanzando piedras para evitar el paso de los automotores.
En este miércoles, se quemaron un camión y una tractomula en la vía que comunica a Bogotá con Tunja, entre Villapinzón y Ventaquemada.
El personero de este último municipio, Antonio Ruiz, aseguró para Semana.com que desde el inicio del paro agrario ha recibido alrededor de 50 denuncias sobre las agresiones del Esmad a los campesinos.
Ventaquemada es un municipio de aproximadamente 16.000 habitantes que se dedican, en un 95 %, al cultivo de papa, arveja y zanahoria. Su alcalde, Virgilio Farfán aseguró a AP que la inconformidad de los campesinos "es un tema muy complejo....resulta muy difícil en el caso (de los alcaldes) decir por ejemplo 'mire, le voy a dar subsidios para que compren agroquímicos'" porque tales decisiones o políticas corresponden por ley al Gobierno Nacional y no a los municipales.
Precisamente, las razones de este sector para apoyar el paro son los recursos insuficientes y la dificultad para comercializar la papa en el mercado interno, puesto que deben competir con los precios del mercado global sin tener un sustento económico gubernamental.
En Villapinzón el comercio ha estado cerrado, al igual que los colegios y las casas de la población que ve con temor los desmanes alrededor.
En medio de los diálogos instaurados entre la comisión de voceros del sector minero, campesino e indígena con las autoridades municipales en Segovia, continúan creciendo las expectativas en torno al futuro del gran paro nacional.
Tras varias horas de conversaciones interrumpidas por un receso en el que se consultó con las comunidades en asamblea general, se llegó al acuerdo de suspender de manera provisional el paro en el municipio de Segovia; esto con el fin de mostrar un gesto de buena voluntad y lograr llegar a una reunión con el Ministerio de Minas y Energía, de Medio Ambiente, Incoder, el Gobernador de Antioquia, Corantioquia, la Procuraduría general de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Sena, entre otros el próximo viernes 23 de agosto en la ciudad de Medellín.
Finalizando la reunión y dada la continuidad de las medidas decretadas por la alcaldía que incluyen un toque de queda entre las 6:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, el alcalde municipal acompañó a los delegados a la mesa de interlocución y acuerdos hasta las instalaciones del refugio humanitario. Allí se dio lectura al comunicado que se anexará a continuación y se resolvieron dudas de parte de los manifestantes.
El paro a nivel nacional continúa desarrollándose en varios puntos del país y cada vez son más los sectores que se vinculan. El municipio de Segovia quiere sentar un precedente histórico en una zona azotada durante décadas por la violencia y el saqueo de las multinacionales y generar una muestra de confianza en las autoridades. Se espera que esta MIA arroje prontamente resultados positivos a nivel nacional, departamental y municipal, de lo contrario Segovia retornaría al paro.
Finalmente, tras varios días de zozobra, se espera una noche tranquila en la que se tomará fuerza para la realización el día de mañana de una gran marcha por la paz de Segovia y Remedios. Se continuará así mismo realizando marchas, plantones, caravanas, actividades culturales entre otras, para socializar las razones por las que se está en paro nacional y nutrir el pliego mínimo de exigencias a nivel nacional.
Segovia, 21 de agosto de 2013
Comunicado oficial 001 de la mesa de interlocución y acuerdos del municipio de Segovia, Antioquia
En aras de garantizar el ejercicio del pueblo segoviano, se reconoce el derecho a la protesta. Las comunidades campesinas, indígenas y mineras de los municipios de Remedios y Segovia se mantienen en campamento de refugio humanitario ubicado en el Coliseo Polideportivo de Segovia por lo se solicita el acompañamiento internacional del Comité de la Cruz Roja a dicho espacio de protección civil.
Según lo anterior, acordamos:
1. Ejercer el derecho a la protesta por medio de marchas, plantones, caravanas, actividades culturales, todo de manera pacífica, con previo acuerdo con las autoridades civiles y con el acompañamiento de la fuerza pública.
2. Se levanta el paro en el municipio de Segovia de manera provisional a partir del jueves 22 de agosto a las 6:00 a.m., mientras se mantenga la mesa de interlocución y acuerdo en la ciudad de Medellín que iniciará el viernes 23 de agosto a las 9:00 a.m. y en caso tal de que las conversaciones trasciendan al nivel nacional, según los acuerdos logrados dentro de la mesa de interlocución y acuerdo municipal.
3. Se han de respetar los derechos fundamentales de todos los segovianos, por lo tanto se ejercerá y garantizarán los derechos a la vida, salud, educación y todas las libertades constitucionales y legales; es así que los habitantes desempeñarán sus actividades económicas, sociales y culturales.
Mesa de interlocución y acuerdo de Segovia
Debido al paro nacional agrario, campesinos de distintas zonas del departamento del Meta y del norte de Guaviare se unieron a la actividad de movilización, en un número aproximado a 7000 personas llegaron el día 19 del presente mes y año, al sitio conocido como el peaje de Piperal, en la importante vía que de Villavicencio conduce a Bogotá.
Informan los campesinos que desde el mismo momento de la movilización están siendo hostigados, estigmatizados y señalados por la Fuerza Pública, que en la noche del día 18 de los corrientes, fueron detenidos de manera arbitraria (7) siete buses en los cuales de ellos se movilizaban un gran número de labriegos que pretendían llegar a distintos sitios con el fin de participar de las actividades legales de protesta. Luego de permanecer detenidos, empadronados, requisados por varias horas, se les permitió seguir.
Al día de hoy se están presentando serios problemas de enfrentamientos entre escuadrones de antimotines, personal de la policía y ejército presentes en el sitio.
Quienes desde el día de ayer, intimidan con un gran despliegue de tanquetas, sobrevuelos aéreos y demás.
HECHOS
Hoy 21 de agosto de 2013, siendo aproximadamente las 8.00 A, M, y hasta la hora se presenta un grave problema en el sitio de piperal, porque los campesinos intentaron tomarse un carril de la vía que de Villavicencio, conduce a Bogotá, siendo agredidos brutal mente por el ESMAD, es preocupante la situación, en el sentido de que los manifestantes tienen retenidos 6 uniformados entre ellos al mayor RAFAEL MONTOYA, al sub intendente EDUIWN GUTIERREZ, a los patrulleros GEIDER SANTA Y JOHN SOLATE y a dos uniformados más. De igual manera la fuerza pública a detenido por lo menos a 4 campesinos y herido de gravedad a 5 personas.
El Ejército y policía tiene rodeados a los manifestantes y ellos a su vez reclaman la presencia de una comisión de alto nivel para la entrega de los uniformados, manifestando su voluntad de protesta pacífica legal.
La profundidad y potencia del paro nacional agrario y popular que se realiza en Colombia desde el pasado 19 de agosto se puede medir y seguir en la gigantesca movilización que cursa en dos departamentos históricos de la nación. Me refiero a Boyacá y Nariño.
El primero, en el centro del territorio, pegado a Bogotá, la capital del país. Con cerca de millón y medio de habitantes, distribuidos en 123 municipios y 13 provincias, es un departamento agrícola que produce papa y leche, en una economía de pequeños y medianos propietarios. Los Tratados de Libre Comercio han sido demoledores para miles de familias que hoy se encuentran en la miseria, desesperación y bancarrota. Es lo que explica la violenta y consciente reacción en el paro que en Boyacá ha significado el bloqueo de sus principales vías de acceso. Los labriegos han cerrado las carreteras con piedras y palos, en los municipios de Ventaquemada, Villa Pinzón, Tierra Negra, Ubaté, Chinquinquirá, Samacá, Moniquirá, Duitama y Sogamoso. Anoche la airada protesta se trasladó a Tunja, su Capital.
Lo significativo de lo que ocurre en esta región es que siempre ha sido catalogada de conservadora y tradicionalista. Pocos nos imaginábamos que la protesta social fuera a darse en las dimensiones de lo que está ocurriendo. De Boyacá sabíamos por las investigaciones sociológicas de Orlando Fals Borda sobre el minifundio y la precaria vida del campesino y por las investigaciones históricas de Javier Ocampo López, profesor de la Universidad de Tunja.
Ahora podemos registrar su enorme fuerza popular y su capacidad de lucha con un movimiento social que cobra envergadura en el marco de una de las jornadas populares más explosivas en la historia moderna de Colombia.
Nariño es otro departamento emblemático de nuestra cultura. Está en el sur del país, en la frontera con Ecuador. En él habitan casi dos millones de personas, en 64 municipios y 5 subregiones. Su pobreza es extrema, casi del 80%. La economía la hacen pequeños propietarios de una hectárea, que producen papa, cebada, trigo y leche, según la versión del actual gobernador Raul Delgado, en una exposición que le escuche recientemente en la Cumbre de gobernadores en Medellin, el 15 de agosto, donde dijo que no se opondría al paro agrario. Cumbre convocada por Santos y su Ministro Carrillo para conjurar y sabotear el paro agrario
Nariño también es víctima de una clase politiquera voraz y corrupta que se aprovecha de las regalías para amasar una descomunal fortuna mediante la contratación fraudulenta. Senadores y representantes santistas de ese departamento son una verdadera plaga y camarilla de hampones que despojan los recursos públicos, con el visto bueno del señor Juan Manuel Santos.
Las protestas y huelgas en el contexto del paro han sido gigantescas. 10 mil indígenas Ingas, Awá, Pastos y Quichacingas, junto a cientos de campesinos, bloquean carreteras y vías centrales, como las que conducen a Ecuador, exigiendo se atienda su pliego de justas demandas.
Boyacá y Nariño son nodos centrales de esta red de movimientos sociales que ha puesto en cuestión todo el andamiaje y la cartografía del Estado oligárquico que se va al suelo en este nuevo ciclo que vive Colombia a raíz de los diálogos de La Habana entre la guerrilla revolucionaria de las Farc y el régimen neoliberal y oligárquico del señor Santos.
El paro nacional agrario está mostrando la profundidad de la crisis social y política de nuestra sociedad y su Estado.
Crisis que exige de quienes la analizan y de las ciencias sociales nuevas formas de conocimiento.
Las formas como la clase dominante y sus seudo intelectuales, que acaban de publicar un superficial y amañado informe sobre la violencia (pagado con millones de pesos del presupuesto público), analizan la problemática social, las huelgas y el conflicto armado, son vetustas y sesgadas. Ayer lo vimos en un panel en la Universidad de los Andes con eminencias grises como Marcos Palacios, Rocío Londoño, Fernán Gonzáles y Ricardo Arango. Daban ganas de llorar con las tesis expuestas y muy bien remuneradas.
Hoy nosotros en el actual contexto insurgente también nos encontramos en una nueva episteme, en un nuevo campo formativo de la comprensión del conocimiento, de los saberes, del pensamiento. Estamos abandonando las disciplinas científicas desarrolladas durante los siglos XIX y XX, nos encontramos ante la evidencia de formas epistemológicas multidisciplinarias. Ahí se encuentran las teorías sistémicas, las teorías de la complejidad, las teorías del caos, las teorías nómadas, las teorías del sistema-mundo. Se trata de conformaciones epistemológicas articuladas e integrales en donde se ha roto la vieja división del trabajo, lo que exige movernos en múltiples niveles a la vez para entender situaciones como la del paro nacional agrario y sus materialidades concretas como las de Boyacá y Nariño.
El tema son las multiplicidades sociales que nos estamos encontrando y para acercarse a ellas es indispensable un pensamiento pluralista, un pensamiento que tenga en mente la pluralidad, una episteme, un paradigma que tenga como problemática la pluralidad y diversidad del entramado social. El pensamiento pluralista frente al pensamiento homogéneo o, mas bien, un pensamiento que se construye en otro horizonte de visibilidad, en otro horizonte de decibilidad, en otro haz de relaciones fundamentales, un horizonte que descubra la vida en toda su complejidad, vitalidad, dinámica molecular, genética, fenotípica, con todas sus interrelaciones, interacciones, integraciones y desplazamientos, con toda la riqueza proliferante de la vida.
De lo que se trata, en este caso, es de devolver la vida a la vida, arrancarla del pensamiento abstracto, pedante, sistémico, atrapado en la rigidez de los racionalismos teleológicos neoliberales, homogeneizantes, esquemáticos: por lo tanto liberar al mismo pensamiento, dejar que siga su propia potencialidad y creatividad inmanente a la vida, trascendente a la vida.
Hablamos de un pensamiento vivo a propósito de la poderosa insurgencia plebeya que marca la coyuntura histórica y que el "régimen de verdad" oficialista pretende descalificar con discursos y seudo análisis llenos de mediocridad y falsedades conceptuales.
Sigue el paro y se visibilizan nuevas explosiones en Caquetá, Meta, Santander, Putumayo, Atlántico, Cauca, Valle y Tolima. Vienen las gigantescas acciones estudiantiles de los universitarios. La Marcha Patriótica jalona el proceso con su liderazgo juvenil desclientelizado.
Por ahora, la CUT parece haber sido desbordada por el levantamiento campesino. Esta inmersa en la reyerta burocrática, donde unos supuestos líderes agrarios independientes, plagados de verborrea seudorevolucionaria, terminaron en repugnantes componendas con el campo paramilitar infiltrado en la Central.
La Ceja, 22 de agosto de 2013
Luego de dos sesiones de trabajo los días veinte y veintiuno de agosto de 2013, la MIA nacional agropecuaria y popular, reuniones en las cuales se analizaron las situaciones que se han presentado en los tres días transcurridos del Paro Nacional, presenta las siguientes conclusiones.
1. Contrario a lo que plantea el presidente en los medios masivos y comerciales de comunicación el paro ha sido un éxito rotundo. Cerca de doscientos mil colombianos y colombianas se han movilizado a las carreteras y calles del país para protestar contra las políticas antipopulares del gobierno actual.
2. Que es necesario mantenerse en las acciones de movilización y paro trabajando permanentemente por su fortalecimiento, buscando que nuevas organizaciones, comunidades y sectores sociales se sumen a él.
3. Que se hace necesaria la presencia de delegados de todos los departamentos en la Mesa Nacional para la coordinación y la toma de decisiones.
4. Que es fundamental mejorar la comunicación para la coordinación interna en cada departamento y de estos con la Mesa Nacional.
5. Es urgente, hacer pronunciamientos desde cada departamento, que hagan visible y legítimos tanto el Pliego Nacional como la Mesa Nacional, MIA.
6. Buscar la intervención de la ONU y el CICR, para que intervengan ante el gobierno nacional buscando frenar la violación de los derechos humanos cometidos contra los manifestantes.
7. Realizar una reunión de todos los integrantes de la MIA el día viernes a las ocho de la mañana en Bogotá, para analizar la situación y tomar decisiones con respeto al movimiento. (no debe faltar ningún delegado de ningún departamento).
8. Continuaremos con las gestiones en busca de interlocutores del alto gobierno con el ánimo de concretar la instalación de la Mesa Nacional.
9. Reunirse con la comisión incidental de la Cámara de Representantes con el mismo fin.
10. Participar en las mesas departamentales que se propongan, aprovechando estas reuniones para solicitar garantías y respeto a la movilización, denunciar los atropellos de la fuerza pública y exigir la instalación de la mesa nacional, reiterando en las intervenciones, que nuestro pliego es nacional diferente al de los demás sectores y que debe ser abordado en una mesa nacional.
11. Publicar carta abierta dirigida al Presidente de la República, en la cual se dejen claro los motivos y objetivos del Paro, la legitimidad y legalidad de las acciones de movilización, al igual que la legitimidad de las organizaciones líderes y voceros del movimiento, ratificando en ella nuestra disposición a dialogar para resolver el conflicto.
12. Desarrollar una campaña nacional e internacional de comunicación e incidencia política con el fin de buscar apoyos y aliados que sirvan de garantes y veedores en el desarrollo del paro y en la Mesa de Interlocución y Acuerdos.
13. Mantenemos firme nuestra decisión de permanecer y acrecentar las acciones de movilización y protesta pacífica, hasta tanto se dé un dialogo con el gobierno nacional que permita llegar a acuerdos frente a los puntos planteados en el pliego.
MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDOS
CIRCULAR #001
Bogotá D.C. Agosto 21 de 2013
Contra la gran minería y extranjerización de la tierra: Por la soberanía nacional y alimentaria!
Contra el abandono estatal y la pobreza: Por la inversión social en el campo y la ciudad.
Por la tierra y el territorio: Contra el despojo!
Viva el Paro Nacional Agrario y Popular!
Desde el 19 de agosto en la que los campesinos de Cundinamarca y Boyacá tomaron las vías para recordale al gobierno y a los colombianos que SI EXISTEN y que la comida que llega a la mesa de los bogotanos y otras partes del país la cultivan ellos, aún a pesar de las pérdidas económicas, del maltrato, de la indiferencia y de la obstinación de todos los gobiernos de turno que con sus políticas han intentado e intentan acabar con la vocación agropecuaria del país.
Saliendo de Bogotá a tres kilómetros después del embalse del Sisga nos vamos a topar con cientos de campesinos que discuten, cocinan, intercambian y deciden colectivamente como continuar con la actividad, después de protagonizar gestas memorables de lucha durante la semana pasada, en la que la arremetida de ESMAD y la brutalidad policial no logró acabar con su decisión de mantenerse en el paro, es el Campamemto Agrario de Chocontá donde paperos, lecheros, freseros y campesinos de la región de los Almeydas corean la consigna
“Buenos días, un saludo para todos los boyacenses.
Quiero referirme al paro, al paro agrario, y con cuatro puntos muy sencillos.
El primero, el señor presidente de la República habló de un paro pobre. Y ese paro pobre fue recibido aquí en Boyacá como si fuera un paro pobre en sus causas, es decir, se trata de un paro de campesinos, se trata de un paro de lecheros, se trata de un paro de cebolleros, se trata de un paro de paperos, se trata solamente de un paro de camioneros, algo que realmente no tiene mucho peso, y eso enardeció a los campesinos boyacenses. Y por eso yo creo que es necesario e invito al señor presidente a que se acerque a este paro, a que lo vea con otros ojos, a que en lugar de haber enardecido los ánimos con sus palabras, pues ahora como que dé una voz de esperanza para que se llegue a un diálogo, y a un diálogo efectivo.
Segundo, a los campesinos quiero decirles que estamos todos apoyando su causa, estamos todos apoyando su deseo de salir adelante, tanto a los paperos como a los cebolleros, como a los mineros, especialmente a los mineros lícitos y a todos los demás que están en estos momentos luchando para que se les haga justicia. Las manifestaciones de ira hay veces que se necesitan cuando no hay otra manera de hacer ver una situación negativa, como en este caso la injusticia que están viviendo todos los campesinos. Naturalmente que defiendan sus derechos humanos, pero sin pisotear los derechos humanos de los demás boyacenses, que también tienen que seguir viviendo, salir adelante, realizar sus tareas, etcétera.
Y quiero invitar a la Policía a tener un poco más de discreción en su actuar,porque he oído decir, las quejas me han llegado continuamente, de que se meten hasta en las casas a buscar a la gente, a perseguir al uno, a perseguir al otro, a alterar ese santuario del hogar, es algo indebido creo yo, porque es alterar la vida niños, mujeres, de todos. Entonces es muy importante y yo los invito a revisar esa manera de actuar para que no extendamos más los daños y el sufrimiento aquí en nuestra tierra de Boyacá.
Y finalmente le digo al Estado, si el Estado está pensando que este problema de la papa, de la cebolla, de la leche se va a resolver sencillamente aumentando las importaciones de papa, de cebolla o de leche pues está haciendo algo tremendo, tremendo, porque eso podríamos llamarlo una traición de patria, sencillamente porque la patria es la gente. La Constitución siempre ha tenido ese espíritu de primero la gente y entonces qué bueno que se considere primero la situación de esta gente que es el campesino y que en lugar de decir que vamos a resolver este problema de otra manera, se resuelva de la única manera que se está pidiendo: haciendo justicia y acogiendo y escuchando esos pedidos para un bienestar y para una producción más justa por parte de toda esta región.
El campesino es noble y leal, el campesino merece ser escuchado, el campesino no puede seguir en esta situación. El gran problema de Colombia es el campo y entonces pues yo invito también al Estado a que se acerque a todos estos campesinos que necesitan ser escuchados, escuchados no por periodistas, sino escuchados por las personas que dirigen que dirigen la Patria, por las personas que tienen en sus manos la posibilidad de hacer que se pase de la injusticia a la justicia.
Que el Señor bendiga a nuestra Colombia, que el señor bendiga a todos nuestros campesinos, que el Señor bendiga a todos nuestros dirigentes.
Buenos días”.
En las carreteras y campos boyacenses se está librando la guerra de la papa contra el neoliberalismo y el gobierno del señor Santos. Similar a las guerras del agua y del gas que en Bolivia dieron al traste con Gonzalo Sanchez de Losada. Sigue la revuelta campesina.
El paro nacional campesino esta en curso y constituye una formidable y potente expresión de rebeldía social contra el neoliberalismo y sus Tratados de Libre Comercio destructores de la economía agraria nacional.
No obstante que el señor Santos se empeña en desconocer la manifestación popular, convoca reuniones en la Casa de Nariño para desactivarla y reprimirla con el ESMAD, a punta de bala y atropellos violentos.
Para Santos el paro no existe. Parece estar en Babia o en la luna.
Procede como Uribe Velez quien decía que en Colombia no existia el conflicto social armada entre la guerrilla y el Estado. Le entró el autismo de siempre de la clase gobernante colombiana.
Para demostrarle que la inconformidad es real e involucra a miles de colombianos, ayer el pueblo boyacense se volcó a las calles y más de 300 mil personas protagonizaron una gigantesca manifestación en Tunja, la capital del departamento. Pidieron una politica agraria justa para los paperos, lecheros y fruticultores.
Esa demostración es parte de la prolongada resistencia de los labriegos boyacenses como integrantes del paro nacional agrario, que va completar 10 días.
Los campesinos de dicha región, como los de Nariño y Cauca, han sido el pivote de la "guerra de la papa" y de la revuelta popular que exige soluciones a sus graves problemas.
El alzamiento boyacense es muy sintomático de lo que esta ocurriendo en Colombia hoy y que Santos ridiculiza con su tono despreciable de oligarca reaccionario. Boyaca ha sido tradicionalmente una región tranquila donde predomina la pequeña propiedad y el conservadurismo social. Desde las épocas de la independencia en 1810, sus habitantes siempre se colocaban al margen de las rebeliones plebeyas. Hoy los tenemos al frente de la protesta y la movilización aguerrida contra el régimen dominante de unas pequeñas élites antidemocráticas, colocadas delante de una crisis muy profunda de sus sistema político.
Sigue la lucha de los colombianos por la justicia, la equidad y la paz sin neoliberalismo.
Boyacá ha sido durante los últimos años uno de los departamentos más pacíficos y tranquilos del país. Sus paisajes y fértiles campos han hecho de esta tierra una de las grandes despensas de papa, leche, hortalizas y frutas. Por eso el país hoy no sale de la sorpresa de ver cómo los miles y mile
s de campesinos que viven en este jardín de Colombia decidieron dejar sus parcelas para tomarse las vías desde el lunes para pedirle al gobierno, a las buenas y a las malas, que los ayude a salir de la crisis en que se encuentran.
Y así se lo hicieron saber en los últimos días con las múltiples protestas, muchas de las cuales terminaron en desórdenes y disturbios que afectaron durante la semana la movilidad de miles de colombianos, especialmente del centro y del sur. Uno de los puntos más críticos estuvo en Boyacá.
En Ventaquemada, Pedro Farfán, un campesino que cultiva papa, trata de explicar por qué los paperos están inconformes y berracos. Este hombre rollizo, de piel curtida por el sol, tiene más de 300 cargas de papa sembradas en este municipio, uno de los mayores productores de Boyacá.
“Estamos quebrados y el gobierno nos abandonó. Mire; arreglar el terreno, sembrar, recoger, empacar y dejar lista una carga de papa (dos bultos de 50 kilos) para que la recoja un camión me valen 65.000 pesos. Pero desde hace unos cuatro meses, la situación se puso dura, porque la carga se bajó a unos 20.000 pesos. Eso no alcanza pa’ nada y dígame: ¿cómo voy a pagar los 140 millones de pesos en créditos que hice para sembrar?”.
Otros campesinos, que también están apostados en la vía, se unen. “Con lo que nos pagan no sacamos ni la plata de los abonos y los fungicidas, que equivalen casi al 40 por ciento de los costos de producción. Mientras que los TLC nos están quebrando no han servido para disminuir el precio de esos insumos. ¿Cómo se explica que un paquete de papa congelada traída desde Holanda vale menos en El Éxito que una cultivada y procesada en Boyacá, que está a 100 kilómetros de Bogotá?”, pregunta Carlos Rodríguez, un reconocido papero de la vereda Montoya, en Ventaquemada, quien permanece junto a otros 20 campesinos y jornaleros al lado de la autopista.
La tranquilidad de la fría tarde se rompe cuando de pronto tres camionetas cargadas de miembros del Esmad pasan escoltando una caravana de camiones y tractomulas que trata de romper el bloqueo. De repente, campesinos con los rostros cubiertos salen de un cerro y dejan caer una lluvia de piedras sobre los carros que los obliga a parar más adelante. Es la misma escena que se ha visto en Tierranegra o Samacá.
A los bajos precios del producto y a los altos costos de los insumos se han sumado, según Luis Alejandro Perea, secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá, otros factores que difícilmente convergían al tiempo: revaluación del peso, alto costo de la gasolina y de los fletes, e importación masiva del producto procesado. Esto sin contar las cientos de toneladas que están ingresando al país de contrabando de Ecuador. “Hay crisis. No es un invento y se ve a diario en el deterioro de la calidad de vida de los campesinos”.
Esa situación que hay en Boyacá es la misma que tiene del cuello a todos los papicultores de Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Santanderes y, por supuesto, Nariño. Pero, si la papa está tan barata, ¿por qué se quejan de los altos precios del producto los consumidores en Bogotá o Medellín? Antes de que un kilo llegue hasta la mesa en la capital pasa por una cadena de hasta ocho intermediarios que encarecen el producto y distorsionan el mercado.
Por eso el bulto que en Ventaquemada o Tierranegra compran a 10.000 o 12.000 pesos, se vende en Tunja o Villapinzón a 23.000 pesos; en Paloquemao o Corabastos a unos 28.000 y de ahí a los restaurantes y tiendas a precios que varían según el cliente y el ‘marrano’: entre 32.000 y 45.000 pesos.
Y si se vende libra a libra, en un gran almacén de cadena, una tienda de barrio o un hipermercado de frutas y verduras le pueden sacar hasta 200.000 pesos al mismo bulto de papa sabanera o pastusa que Pedro Farfán o Carlos Rodríguez, paperos de Ventaquemada, se demoraron varios meses en cultivar, en cuidar y en el que pusieron a la suerte de la naturaleza y del mercado el poco patrimonio que tienen.
El presidente de la junta directiva de Fedepapa, Alejandro Estévez, dijo que las grandes ganancias se están quedando en la larga cadena de comercialización. Por eso cree que el gobierno está en mora de retomar las medidas que se discutieron en marzo pasado relacionadas con la creación de un fondo parafiscal para el sector, destinar recursos para fomentar el consumo que viene de capa caída –hace unos años el consumo per cápita era de 75 kilos y hoy es de 60 kilos–, establecer unos márgenes de ganancias para las multinacionales y los intermediarios en el precio de los fertilizantes e insecticidas, fijar parámetros más estrictos para las importaciones de papa congelada –están entrando 20.000 toneladas– y controlar más el contrabando.
El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, dijo que el gobierno siempre ha estado dispuesto a negociar y generar políticas para mejorar la productividad y eficiencia, y dijo que el jueves se reunió con la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y todos los gremios para coger todos los recursos y reorientar algunos sectores.
Sin embargo, dijo que la crisis actual del café es de precios internacionales y revaluación del peso; de la papa es por un problema de sobreproducción, que junto al excesivo uso de fertilizantes y productos químicos, entre otros, llevaron a una caída de los precios que no soportan las inversiones. Y frente a la leche, reconoció que las importaciones masivas deben revisarse.
Se corta la leche
Precisamente la misma crisis que afrontan los paperos y agricultores la están padeciendo los pequeños lecheros. Carlos Jiménez, un menudo campesino cubierto con una ruana gris, que salió todos los días a la autopista para evitar que transitaran camiones y buses de transporte público, le dijo a SEMANA que “desde hace varios meses la leche está muy barata. Nos están comprando el litro a 400 pesos, cuando la compran y pasa el camión, y eso no alcanza para nada. El queso tampoco lo compran porque es más barato y mejor el que están trayendo de Estados Unidos. Las lecheras y los TLC inundaron el año pasado el mercado y ahora nos tienen jodidos”, dice.
Y tiene razón. Según el Dane, el país pasó de importar 9.727 toneladas de leche y productos lácteos en 2006 a 33.728 toneladas el año pasado.
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, coincide en que es necesario trabajar más en las cadenas productivas. Recordó que mientras hace unos años el 70 por ciento del valor del litro de leche pasteurizado iba para los productores y el 30 por ciento para los industriales, hoy ocurre todo lo contrario.
El senador del Polo Jorge Robledo es claro en reconocer que esta crisis antes se demoró mucho en explotar. “A los campesinos de Boyacá y de tierra fría los sacó Bavaria del cultivo del trigo y la cebada. Muchos se refugiaron en la leche y en la papa, cebolla y hortalizas, pero hoy tampoco son competitivos porque hay una verdad irrefutable: no hay agro sin subsidios ni protección del Estado. Por eso, el gobierno tiene que definir si quiere campesinos o mineros. Lo que hemos pedido es que el gobierno haga lo mismo que hacen Estados Unidos, Europa o Japón para proteger a sus agricultores”.
Esas son algunas de las respuestas que los campesinos se quedaron esperando toda la semana. El lunes en la noche, con el comienzo de la jornada de protesta, el presidente Juan Manuel Santos salió a decir que el paro no había sido de la magnitud que se esperaba y prácticamente delegó en la Policía y el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, la solución al paro.
Pero el viernes, era de una dimensión que pocos se imaginaban que iba a llegar. El jueves y viernes varias ciudades y zonas de Boyacá estaban fuera de control y había más de 15 vías bloqueadas en todo el país. Lo que empezó como una protesta campesina se convirtió en una rebelión que llevó al cierre de escuelas, colegios, entidades públicas y del comercio en muchas zonas, especialmente en Boyacá. Hasta la Iglesia terció en la pelea.
Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja, recriminó al primer mandatario por haber catalogado las protestas como un “paro pobre”, y lo invitó a que “se acerque a este paro, a que lo vea con otros ojos, a que en lugar de haber enardecido lo ánimos con sus palabras, ahora dé una voz de esperanza para que se llegue a un diálogo”.
Frente a estas dudas, el ministro de Agricultura le dijo a esta revista que el futuro del agro y de los campesinos no está en discusión.
“Es y será un sector importante para el gobierno y para el país por la generación de empleo, por el número de familias que dependen de ella y porque el mundo está dependiendo de mayores cantidades de alimentos, y ahí es donde hay grandes oportunidades. Vamos a proteger al agro y a los campesinos. Otra cosa es que el gobierno sea enfático en decir que se sentará en las mesas de trabajo siempre y cuando se suspendan los bloqueos, las alteraciones al orden público y los actos vandálicos como los que se están registrando en Boyacá”.
Para él un ejemplo de la buena voluntad del gobierno son los acuerdos que lograron el viernes con los manifestantes en el departamento de Nariño, quienes se comprometieron a levantar los bloqueos para sentarse a negociar.
Sin duda este gobierno no creó la crisis del agro. Y más allá de que las partes se sienten y lleguen a un acuerdo, quedó en claro que el gobierno debe acordar y anunciar un gran plan para el agro, pues a punta de subsidios no se van a resolver los problemas estructurales que hoy tienen a millones de campesinos con el agua hasta el cuello.
El paro nacional agrario, que no ve el "ciego" de Juan Manuel Santos, sigue su marcha incontenible. Es como un fantasma que recorre a Colombia. Viaja por todos los lugares y campos del mundo popular. Es una estructura nómada que se desplaza con sus militantes y pliegos de reivindicaciones más sentidas y acuciantes. Es un tornado que desordena con mucha eficacia la infraestructura política del Estado oligárquico.
En el departamento del Caqueta está unos de sus principales escenarios. Esta región, con 16 municipios, antiguo territorio de pueblos indigenas Andaquies, Koreguajes, Tamas, Carijonas y Huitotos, donde viven más de 600 mil colombianos, muchos de ellos colonos, es igualmente un punto de movilización campesina, en el marco del paro nacional agrario que sacude a la nación por estos días.
A Florencia, la capital departamental, ya han llegado más de 10 mil campesinos procedentes de todas las poblaciones y veredas. Los labriegos vienen de San Vicente del Caguan, de la Cristalina, de Campo Hermoso, de la Tunia, de Los Pozos, de La Sombra, de San Juan de Lozada, de Cartagena del Chaira, del Paujil, de Puerto Carmona, del Doncello, de Puerto Rico, de Milan, de Solita, de Belen, de Solano, de Caquetania, de Remolinos, de Montañitas, de San Jose del Fragua y de los corregimientos cercanos. Están ubicados en la vereda de San Luis y en otros puntos vitales de la ciudad.
Su pliego de solicitudes se refiere a la necesidad de proteger la producción lechera frente a los Tratados de Libre Comercio neoliberales firmados por el gobierno con los gringos y la Unión Europea, que lesionan de manera demoledora a la economía campesina.
Para hacer sentir sus demandas los labriegos ya han organizado y ejecutan el bloqueo de carreteras y vías para que los funcionarios públicos procedan a estructurar las mesas de negociación y acuerdos que den solución a los problemas causantes de la crisis sociopolitica que se vive.
Pero, la respuesta estatal es bastante negativa y ya hay ordenes para que la policía el ejército y el tenebroso ESMAD, procedan contra los humildes e inermes ciudadanos. El anuncio es el de una batalla muy fuerte entre la masa agraria y el aparato represivo del gobierno de Santos.
Hay que organizar la solidaridad y el apoyo desde todos los lugares.
Nota 1. Sonoro cacerolazo el que le están ofreciendo los boyacenses al señor Santos en Tunja a raíz de su demagogica y cínica visita a esta zona del país.
Nota 2. Sonoro cacerolazo nacional el que se anuncia contra Santos en apoyo del paro nacional agrario.
Nota 3. Fuimos en la mañana a los Juzgados de Paloquemao, a ofrecer nuestra solidaridad absoluta a Huber Ballesteros, capturado por la policía judicial y con imputaciones por financiación al terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, secuestro y rebelión asociada con las Farc. Todo un montaje de la Sijin para amedrentar a los huelguistas. Nuestro apoyo es total para este dirigente campesino, no obstante la inconsecuente conducta de ciertos autodenominados líderes y liderezas agrari@s, dueños de una verborrea insoportable y de una ignorancia absoluta que los hace repetir como loros amaestrados unas frases estúpidas y dogmáticas que desorientan la masa campesina y proletaria. Son falsos revolucionarios.
Hace aproximadamente 200 años Simón Bolívar con miles de campesinos e indígenas atravesaba el aguerrido territorio de Tierradentro para soñar y luchar por la libertad y la justicia para todas y todos los nacidos en la gran patria Latinoamericana. Desde agosto 19 de 2013, nuevamente los campesinos, los indígenas y afros, marchamos la misma ruta amparados en el derecho constitucional a la protesta: la reivindicación de nuestros derechos como pueblos marginados.
El legado histórico que nos dejo el Libertador fue el de la unión de los pueblos para liberarnos de la opresión. Nosotros, hijos de ese legado, luchamos por razones justas que legitiman el inconformismo de millones de colombianos y colombianas habitantes del campo, frente al mal gobierno que traicionó y traiciona el mandato por el cual lucharon generaciones pasadas de campesinos liderados por Bolívar.
Cansados de mentiras, indiferencia, abandono y señalamiento institucional, los y las campesinas de Inzá y otros miles en el resto del país, decidimos hacernos visibles antes quienes nos invisibilizan, decidimos levantar nuestra voz por medio de la protesta para que nos escuchen los que quieren acallarnos porque no les interesa ni desean que nuestra voz sea escuchada. Hemos intentado elevar nuestros reclamos por medio de peticiones verbales y escritas pero las respuestas han sido el señalamiento, la estigmatización, la evasión y el irrespeto a nuestra dignidad.
Es por eso que nos asiste las razones justas para protestar y exigir al gobierno nacional que cumpla con el siguiente pliego nacional:
1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
Invitamos a todas los colombianos y colombianas que se identifican con estas exigencias a solidarizarse con quienes vivimos del trabajo de la tierra y defendemos el territorio, a ser responsables y respetuosos con las personas que hoy participamos del ejercicio del derecho a la protesta, a no estigmatizar a quienes históricamente hemos contribuido a la economía local, regional y nacional. ¡Si gana el campo, ganamos todos!
Así mismo, queremos manifestar que nuestras peticiones y reclamos principalmente son de carácter nacional y para el gobierno nacional, tal como se decidió en la mesa nacional agropecuaria y popular de interlocución y acuerdo – MIA; es decir, los incumplimientos locales y departamentales, se abordaran posteriormente. Para el caso de Inza ya habrá el momento de abordar los incumplimientos locales.
Este espacio de participación y legitima protesta no pretende ensañarse con la población de Inzá, ni exigir del gobierno municipal inversión para la ACIT únicamente, pues es su deber constitucional apoyar a todos los grupos sociales sin discriminación política, racial o de género; lo que buscamos es una transformación del campo, que responda a los intereses de quienes trabajamos la tierra y defendemos el territorio.
¡POR LA VIDA Y CONTRA EL DESARRAIGO RURAL!
¡VIVA EL PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR!
Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo -MIA-, tras realizar su reunión el viernes 23 de agosto de 2013 en la ciudad de Bogotá, da a conocer al conjunto de colombianos y colombianas, y a la comunidad internacional, los siguientes elementos:
1) Ratificamos nuestra disposición de establecer lo más rápido posible un escenario de dialogo con el gobierno nacional, que permita discutir nuestro pliego y encontrar un salida a la grave crisis que afronta el campo colombiano. Para dicho escenario que, a nuestro juicio, debe ser nacional, la MIA ha designado ya sus voceros, y ha construido una propuesta metodológica para desarrollar la discusión. Nos encontramos prestos y a la espera de la llamada del gobierno nacional.
2) Que el Paro Nacional Agrario y Popular se encuentra en un momento de crecimiento en toda la geografía de nuestro país. En el transcurso de estos cinco días de paro se ha logrado, no solamente que las comunidades manifestantes se mantengan, sino que a estas se le sumen cada día más sectores del agro y de las ciudades inconformes con el modelo neoliberal, la concentración de la tierra y el militarismo. A pesar del fallido intento del gobierno nacional de invisibilizar la crisis y el paro mismo, hoy más de trecientas mil personas, entre campesinos, indígenas, afrocolombianos, trabajadores, trasportadores, estudiantes, y colombianos y colombianas en general participan activamente en esta justa lucha.
3) La MIA Nacional desde lo más profundo de sus espíritu humilde y popular expresa su enorme alegría y total solidaridad con los demás sectores y organizaciones que han expresado su sumatoria y articulación con el Paro Nacional Agrario y Popular, entre ellas la Unión Sindical Obrera, La Central Unitaria de Trabajadores, y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que han llamado a convertir el 29 de agosto en un gran día de expresión de la luchas populares y de respaldo al Paro Nacional. Desde la MIA convocamos también para que todas las organizaciones acojan este importante llamado.
4) A pesar de las múltiples violaciones a los Derechos Humanos que se han presentado en todo el territorio nacional por parte de la fuerza pública, y que se evidencian en los ataques indiscriminados a las comunidades y manifestantes, ametrallamientos, detenciones arbitrarias, daños a bienes civiles, confinamientos, retenciones y empadronamientos; el pueblo colombiano sigue resistiendo. Hacemos un llamado al Estado colombiano para que cesen estas vulneraciones y respete el legítimo derecho a la protesta social.
5) La MIA NACIONAL hace un llamado a todas las organizaciones sociales, populares y políticas de otros países que comparten la justeza de nuestros planteamientos, y que rechazan la brutal y sistemática agresión que el gobierno de Juan Manuel Santos ha desarrollado contra el pueblo colombiano en el marco de este paro, para que expresen de las más diversas formas su solidaridad con este histórica manifestación de lucha en nuestro país. Proponemos que el 29 de agosto sea una fecha emblemática en la que los vientos de rebeldía que hoy se respiran en Colombia sean por reflejo de solidaridad también las luchas de los más diversos pueblos y se sumen al clamor de la Colombia que resiste.
Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo.
MIA Nacional
Viernes 23 de agosto de 2013
Curiosamente mientras en días pasados el gobierno nacional y los medios de comunicación exaltaban las bondades del campesinado boyacense representadas en la hazaña deportiva del ciclista Nairo Quintana, hoy en medio del paro nacional agrario el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación solo exaltan el supuesto terrorismo de los grupos de campesinos inconformes con las políticas de apertura económica implementadas a lo largo de los últimos 23 años.
Como boyacenses nobles, pacíficos y trabajadores, sorprende que la respuesta ante el justo reclamo de los habitantes del campo y de la ciudad (estudiantes), sea el enorme despliegue de fuerza pública y fuerza mediática en contra del movimiento agrario, los pocos que equilibran la información e incluso alertan sobre la brutalidad policiaca en especial del ESMAD, son las redes sociales y uno que otro medio de comunicación alternativo.
En medio del paro nacional agropecuario, es bueno recordar que a pesar de las políticas de importación masiva de alimentos y de abandono total hacia el campesinado colombiano, asistimos tal vez a la última de las batallas por la subsistencia de las comunidades rurales que según el informe de la ONU (“Colombia rural razones para la esperanza”, 2011) aún se aferran a su parcela y cultura campesinas. Comunidades o grupos ecológicos los denominó en su momento el sociólogo costeño Orlando Fals Borda: “Campesinos de los Andes”, 1955 y “El hombre y la tierra en Boyacá”, 1957. Una profunda radiografía de las comunidades rurales asentadas en el altiplano cundiboyacense y que a pesar del tiempo se mantiene vigente principalmente en lo relacionado con las costumbres y tradiciones campesinas exaltadas majestuosamente por el carrangero mayor Jorge Velosa, una voz ausente en el actual conflicto rural y agrario.
Conflicto rural y agrario, en la medida que las políticas de desarrollo implícitas en el marco general de los últimos planes nacionales de desarrollo solo apuestan por un escenario de agricultura empresarial a gran escala, donde la cultura campesina desparece en virtud de la inversión del gran capital y de la proletarización del trabajo en el campo.
Es decir, de prosperar las intenciones del gobierno, costumbres campesinas como la del convite o mano de obra prestada, el cultivo o la vaca en compañía, el empeño entre compadres y vecinos (alternativa al crédito bancario), el acueducto veredal comunitario, el sacrificio del cerdo o gallinas para San Pedro y navidad, e incluso la tradición de guardar semillas en el zarzo; serán prohibidas en la medida que se impongan las relaciones de producción capitalistas al interior de los territorios campesinos.
En este contexto, no es de extrañar la actitud del gobierno ante la crisis del campesinado pues dentro su agenda política se incluye la estrategia del marchitamiento de las comunidades campesinas, básicamente a partir del discurso de su atraso productivo.
Si bien es cierto que las comunidades campesinas de Los Andes no están a la altura de los grandes emporios empresariales del agro. También es cierto que sus costumbres o prácticas culturales en torno a las actividades agrícolas, pecuarias y mineras son un patrimonio difícil de recrear en otras latitudes, por algo la literatura del desarrollo endógeno exalta la importancia de los productos con denominación de origen o de marca territorial, un asunto que los señores del gobierno solo mencionan en el papel mas no en la práctica. Sería bueno que se tomen el tiempo de leer documentos como los de Fals Borda, los de Absalón Machado o los de Darío Fajardo entre otros, para que al fin entiendan que la cultura campesina no actúa con la misma lógica de la cultura capitalista agroindustrial o minera, y que en vez de buscar su marchitamiento o extinción, procuren potenciar un tejido social al cual todos estamos atados principalmente cuando nos sentamos a la mesa o cuando recibimos buenas noticias de un ciclista de origen campesino.
Finalmente y lo más probable es que así lean dichos documentos no cambiarán las políticas del agro, luego lo mejor es cambiar el gobierno por uno que esté en favor del campesinado colombiano.
El domingo 25 de agosto amanecimos con la noticia de la suspensión de los diálogos entre gobierno y campesinos, un asunto difícil de consensuar en la medida que la discusión central gira en torno al modelo de desarrollo rural colombiano.
El gran paro social en Colombia comenzó el pasado lunes 19 de agosto en más de 15 departamentos, promovido inicialmente por el sector agrario, aunque se han ido sumando paulatinamente los trabajadores de transporte, salud, educación y la sociedad en general.
Cientos de miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Tunja, en el departamento colombiano de Boyacá (centro) y se concentraron en la plaza Bolívar, para cacerolear y rechazar las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, en las que consideran desestimó la protesta nacional que este lunes cumple ocho días.
Los tunjanos protagonizaron un masivo cacerolazo entre las 19H30 locales (00.00 GMT del lunes) de este domingo y hasta pasada la medianoche, en el que hombres, mujeres, niños y familias completas colmaron las calles -algunos, incluso, en ropas de dormir- golpeando sartenes, ollas y diferentes tipos de cacerolas.
Medios colombianos destacan que en la protesta participaron colombianos procedentes de al menos 15 municipios de Boyacá, con el objetivo de dar un espaldarazo a los campesinos y demás gremios de trabajadores que participan en el Paro Nacional que inició el pasado lunes 19 de agosto.
Los manifestantes expresaron la necesidad de “crear una política agraria que incluya a paperos, lechero, fruticultores y cultivadores de clima frío”, así como de poner fin a la violencia que emplea la fuerza pública para reprimir y atacar a quienes apoyan el Paro.
La manifestación se desarrolló pacíficamente, en contra de las políticas del Estado que, según ellos, han llevado a la crisis a más de 500 mil familias que se dedican a cultivar la tierra en Boyacá.
En esta ocasión no se realizaron bloqueos de vías, ni tampoco se suscitaron enfrentamientos de campesinos con la Policía, ni con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), tal como se ha presentado esta última semana..
A través de las redes sociales, los colombianos convocaron la movilización pacífica que se cumplió en Boyacá y el cacerolazo posterior, que fue respaldado también por los organizadores del paro social-
De igual manera, algunos ciudadanos utilizaron el Twitter para anunciar que este lunes volverán a protestar, con camisetas blancas, a partir de las 09H00 locales (14.00 GMT), así como también está previsto un nuevo cacerolazo para las 19H00 (00.00 GMT del martes).
Este domingo, el presidente Santos restó importancia a las protestas y manifestaciones que tienen lugar en diferentes departamentos, asegurando que los bloqueos “son minúsculos”, que "ese tal paro nacional no existe, hay algunos sectores de algunos departamentos que tienen legítimas reclamaciones que están pidiendo ayuda del Estado, de forma legítima".
Ante el descontento general que causaron sus declaraciones, horas después el Mandatario dijo que no intentó menospreciar el Paro Nacional y que al decir que "tal paro no existe", lo que intentó dar a entender es que era necesario mantener un equilibrio "dentro de sus justas proporciones".
ENTRE ADORMILADO Y FANTASIOSO iba viajando el martes desde Cali hacia Popayán. Una carretera que después de pasar los aburridores cultivos de caña de azúcar del valle se vuelve interesante y bella en la loma. Adelante de Piendamó un pasajero gritó: “¡Ahí vienen!”, como si los estuviera esperando.
La buseta frenó detrás de un bus que había frenado detrás de un camión. Miré por la ventanilla y vi que de las lomas que dan al occidente bajaban saltando cercas cientos de campesinos negros. Gritaban y agitaban largos garrotes; la mayoría cargaban pequeños morrales. No había salido de mi asombro, cuando vi que del lado opuesto llegaban otros tantos indígenas con la misma actitud, aunque un poco menos nerviosos, seguramente por la práctica que tienen de tomarse la carretera Panamericana. Mezcladas las corrientes, atravesaron los vehículos, les desinflaron las llantas y nos ordenaron a todos los nerviosos y obedientes pasajeros que nos bajáramos porque “la joda va para largo”. En dos minutos ya eran 20 carros, entre ellos un carrotanque que desocuparon y un camión lleno de ladrillos que repartieron. Dieron paso a una ambulancia y a dos camiones del Ejército. Cinco minutos después, los soldaditos regresaron a toda velocidad viendo que seguía concentrándose más y más gente en la carretera. Iban asustados y sudorosos. Me atreví a preguntarle a uno de los manifestantes de dónde venían y me respondió: “A usted qué le importa, pregúnteme más bien a qué venimos”. Se lo pregunté: “A quedarnos”, me respondió con calma. Era evidente: algunos traían ollas y otros, costales con yuca y plátano. No vi niños, como dijo después la Policía, y había pocas mujeres, la mayoría indígenas. Los pasajeros, que éramos ya peatones, comenzamos a caminar con nuestros bártulos cuando vimos dos aviones militares sobre lo que ya era un monumental trancón. Al rato llegó un helicóptero. El culillo aumentaba a lo largo de la vía; todos sabíamos que en cualquier momento llegarían las cuadrillas del Esmad con sus granadas y su violencia. El miedo se transformaba en rabia y en ganas de pelear.
Las negritudes venían a pie desde Suárez y Buenos Aires, regiones mineras donde se explota el oro con batea desde hace cuatro siglos; hace unos años les construyeron la hidroeléctrica de Salvajina, que les quitó tierras y minas. Ahora, las retroexcavadoras explotan lechos de quebradas y los paramilitares vuelven a rondar sembrando el terror para que las comunidades terminen por aceptar la entrada de las grandes mineras.
Los indígenas nasas, que le han mostrado al país la fuerza organizativa que tienen, están en la carretera más como campesinos que como indígenas, en el sentido de que no sólo reclaman para sus resguardos las tierras de Cartón Colombia, sino también precios de sustentación para sus productos, crédito subsidiado, desmonte de los monopolios de los insumos agrícolas, libertad de comercio para sus semillas ancestrales, vías para sacar sus cosechas y, sobre todo, desmilitarización de las regiones.
El país hierve de fiebre. Los “labriegos” de Boyacá, que no salían a pelear desde la batalla del Pantano de Vargas; los cafeteros de Chinchiná; los lecheros de Ubaté; los paperos de Ipiales; los alverjeros de Sumapaz y los cacaoteros de Santander, todos salen, atraviesan troncos y se enfrentan a las tropas del Gobierno, cansados de las protestas pacíficas, de los pliegos de petición, de las respetuosas solicitudes burladas. Los gobiernos, con el incumplimiento sistemático y deliberado de los acuerdos que firman con los campesinos y con el cumplimiento estricto de los acuerdos que firman con EE. UU., Europa, Corea, han obligado a la gente a las vías de hecho, a enfrentarse con las fuerzas armadas, para luego argumentar con cinismo que los labriegos están siendo utilizados por la guerrilla. Desprecian a la gente al mostrarla como una masa estúpida, ignorante y maleable, susceptible siempre de ser manejada por los agentes del mal, y por eso son capaces de firmar los TLC pensando sólo en los intereses de los “agentes del bien”.
Todo parece indicar que la “tortilla se les volteó”, como cantábamos hace 50 años —¡medio siglo!— cuando entramos los buses a la Universidad Nacional, en agosto de 1963. Casualmente recordaba las pedreas de aquellos años arrastrando un maletín de rueditas por la vía Panamericana, saltando troncos, esquivando torpedos de los manifestantes y bombas de la fuerza pública, la que mucho tiene de lo primero y nada de lo segundo.
La organización agraria, campesina y los sectores populares de la ruralidad del Distrito Capital, atendiendo el llamado a la lucha y movilización en el marco de pliego nacional de exigencias de la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional, se ha sumado desde el 22 de agosto al paro nacional agrario y popular, con la concentración de campesinos de las localidades de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar en la vía Usme-Sumapaz. Este hecho es producto de la falta de respuestas del Gobierno a los problemas más sentidos y ratifica que las necesidades de las localidades de la ruralidad bogotana se encuentran recogidas en los seis puntos del pliego nacional.
Por ello el campesinado de Bogotá hoy expresa:
La crisis de la producción agropecuaria de la ruralidad del Distrito Capital se evidencia en los altos precios de los insumos para la producción de papa, legumbres, cebolla, cilantro, zanahoria, hortalizas, leche, carnes y algunos otros productos; el alto precio de los combustibles que eleva los costos de producción, los bajos precios en la comercialización y la intermediación en la venta de los productos, haciendo que los campesinos estemos desapareciendo, que estemos en pérdida, que no tengamos para comer y que terminemos saliendo de nuestras fincas; por lo anterior exigimos fomento estatal para la producción agropecuaria a través de seguros, subsidios y transferencia de ciencia y tecnología.
La expansión urbana del Distrito Capital pone en riesgo la propiedad de la tierra, la supervivencia del campesinado y la identidad campesina. Día tras día, a los campesinos se les aborda a través de triquiñuelas legales e ilegales para que vendan sus fincas, lo que se convierte en una forma de desplazamiento forzado. Las fincas son pagadas a bajos precios y luego son vendidas a precios monumentales por el sector financiero y de la construcción con el fin de ser usadas en esta industria.
En la actualidad el 74% de Usme, 72% de Ciudad Bolívar y el 100% del Sumapaz son territorios rurales, lo que constituye junto con otras localidades la existencia de una vocación campesina y agropecuaria en la ciudad de Bogotá; esto exige que la pervivencia del campesinado esté sujeta a propuestas hacia un modelo de autonomía y soberanía territorial que promueva la reforma agraria integral, permitiendo que sean las comunidades campesinas las que definan la producción agropecuaria, las necesidades de asistencia técnica, la infraestructura vial y la pervivencia de la identidad campesina.
La explotación minero-energética en Bogotá se expresa en la construcción de megaproyectos de captación de agua en nuestros territorios, entre los que se encuentra un Parque Nacional Natural objeto de protección ambiental. Por otro lado, la explotación intraurbana de cementeras y areneras en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar degradan el ambiente y generan condiciones laborales paupérrimas para sus habitantes. Lo anterior sin estudios de sustentabilidad y protección del territorio, poniendo en riesgo las condiciones y la calidad de vida de los campesinos y de la población del sur de la capital.
La participación del campesinado bogotano en las instancias de definición de las políticas y la inversión en la ruralidad es prácticamente inexistente, por esta razón exigimos la creación de la localidad 21 que recoja la ruralidad de Usme y Ciudad Bolívar y la constitución de la Secretaria Rural de Bogotá a partir de procesos concertados con las comunidades que permita la construcción de políticas públicas y proyectos de inversión para el mejoramiento de las condiciones sociales y de infraestructura de la ruralidad bogotana y por consiguiente de la calidad de vida de sus habitantes.
Por último, es necesario señalar que nuestros territorios campesinos han adolecido históricamente de infraestructura en salud, educación y vías, agua potable y saneamiento básico. Nuestros jóvenes que se gradúan de educación media no tienen garantía de acceso a los estudios universitarios, por ello exigimos la presencia de la universidad pública en el territorio, cuyos contenidos correspondan a las necesidades del campesinado. Los adultos mayores campesinos que trabajaron toda su vida tienen desprotección total en la vejez porque no cuentan con una pensión y un ingreso económico garantizado por el Estado.
Por lo anterior los campesinos y sectores populares de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar nos sumamos y mantenemos en paro nacional agrario y popular. Reconocemos, apoyamos y nos vinculamos a la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA Nacional) y exigimos al gobierno de Juan Manuel Santos el inicio inmediato de las negociaciones.
¡Vivan las comunidades campesinas de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar! ¡Viva la unidad agraria y popular del pueblo colombiano!
Bogotá, 25 de agosto de 2013
En desarrollo del Paro Nacional Agrario y Popular convocado por las organizaciones agrarias del orden Nacional, Departamental y Municipal y transcurridos 8 días del inicio de esta legitima acción de lucha organizada y resistencia del campesinado Colombiano en respuesta a la aplicación de políticas que afectan derechos y reivindicaciones del pueblo; comunicamos a la opinión pública los siguientes aspectos:
1. Saludamos la instalación de una mesa de negociación ente el gobierno Santos y los cultivadores de papa de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, sin embargo hacemos un llamado al presidente de la república para que de manera urgente instale una mesa nacional que permita llegar a acuerdos con las comunidades que en 16 departamentos se están movilizando y que se encuentran aglutinadas en la mesa de interlocución del sector agropecuario y popular MIA NACIONAL y sus seis puntos de pliego. Reiteramos a la opinión pública que hasta el momento el gobierno nacional se ha negado a establecer un diálogo directo con nosotros y las comunidades que representamos razón por la cual mantenemos la decisión de continuar con el PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR CON CARÁCTER INDEFINIDO.
2. Rechazamos la brutal acción represiva y tratamiento de guerra dado a la movilización legitima del campesinado colombiano y sectores sociales que acompañan dichas jornadas, a partir de la agresión física, detención arbitraria, estigmatización, señalamiento y judicialización de más de 250 personas detenidas y un promedio 200 personas heridas a nivel Nacional; frente a lo cual responsabilizamos al Gobierno de Juan Manuel Santos, en lo relacionado a situaciones que atenten contra la vida y la integridad física de los manifestantes.
3. Rechazar de manera enérgica la detención arbitraria de que fue víctima el dirigente Nacional, compañero HUBERT DE JESUS BALLESTEROS GOMEZ, integrante de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y acuerdo – MIA, vicepresidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO, miembro de la Junta Patriótica Nacional de Marcha Patriótica y del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores - CUT; acto que consideramos como una acción provocadora y revanchista frente a la contundencia del PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR pretendiendo con ello limitar las acciones de protesta a nivel Nacional con la intimidación y el temor generalizado; por lo tanto exigimos la inmediata liberación del compañero Hubert Ballesteros y el cese de la penalización y criminalización de la protesta social.
4. Mantenemos nuestra disposición de avanzar en el proceso de dialogo e interlocución sobre los temas planteados en el Pliego Nacional de Peticiones radicado por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo - MIA; a partir de la instalación de una Mesa Nacional de Negociación con el conjunto de los sectores en conflicto.
5. Llamamos al conjunto del Movimiento Social y Popular y comunidad en general a solidarizarse, respaldar y acompañar las justas luchas del movimiento agrario popular, exigiendo del Gobierno Nacional el otorgamiento de plenas garantías para el libre ejercicio de la movilización y la protesta social.
El departamento del Huila es una región clave del sur occidente colombiano. En su territorio viven más de millón y medio de personas, distribuidas en 37 municipios entre los que destacan Neiva, la capital, Pitalito, Garzón, Gigante, Algeciras y Campoalegre. Su economía es primordialmente agrícola. El peso de la población campesina es grande.
En el paro cafetero del primer semestre la beligerancia popular fue notable en el eje cafetero de Pitalito, obligando al gobierno a ceder ante sus demandas.
A raíz del paro agrario en curso las camarillas oligárquicas han desplegado una sucia campaña para separar de la protesta nacional a los campesinos huilenses. Sin embargo, la cosa les salió al revés. Gradualmente los labriegos han marchado concentrándose en lugares estratégicos para visibilizar su rebeldía y sus reivindicaciones fundamentales.
Con el liderazgo de la Asociación de Trabajadores del Campo del Huila /ATCH, miles de campesinos se reúnen en varios puntos del departamento y realizan acciones colectivas de envergadura política.
En el cruce de Algeciras y Campoalegre se concentran 9.500 campesinos provenientes del Huila y Caquetá; en el punto ‘El Pescador’, ubicado en la vía que conduce a Hobo con Garzón se encuentran reunidos 800 labriegos; en Tello, 4500 campesinos provenientes de Baraya y Villavieja; en la vereda ‘Chontaduro’ de Palermo, 900 campesinos e indígenas y, finalmente, entre el kilómetro 7 y el kilómetro 9 de la vía que conduce a la capital huilense con Vegalarga, las concentraciones son de 1500 personas.
De otro lado, los campesinos provenientes de los municipios y las veredas aledañas a la capital huilense, marcharan por las calles neivanas hoy martes 27 de agosto a las 10:00 a.m., exigiendo soluciones a las constantes pérdidas de producción en el agro y espacios de diálogos directos con el Gobernador del Huila y el Presidente de la República.
Al respecto, Jaime Cuéllar 1, presidente de la Asociación de Juntas de Baraya, aseguró que actualmente no es rentable cultivar. “Es mejor negocio vender tintos en el pueblo. En la finca uno dedica mucho tiempo y trabajo que no se retribuye. Por eso venimos a manifestarnos. A nosotros no nos obliga la guerrilla sino la misma necesidad y el gobierno nacional que no nos pone cuidado. Desafortunadamente los que manejan la información se inventan cualquier cuento para señalarnos y desacreditar esta protesta, pero nosotros estamos aquí es porque necesitamos apoyo, manifestó Cuellar.
Nosotros venimos de manera pacífica. Esta es la única manera que tenemos para expresarnos. No somos empleados de empresas, no paramos ninguna fábrica, solo nos queda salir a las vías. Esto es lo que las personas de las ciudades no entienden, ni los grandes comerciantes, puntualizó.
Asimismo, el dirigente agrario cuestionó la corrupción estatal y la poca inversión en el sector agropecuario. La plata de los colombianos se está quedando entre unos pocos, en los grandes capitalistas. Si nuestras condiciones fueran buenas no tendríamos nada que hacer aquí, pero no tenemos lo más elemental: vivienda, salud ni educación. En el régimen subsidiado lo único que nos formulan es Ibuprofeno, Amoxicilina o Diclofenaco. Para un diagnóstico de una enfermedad primero lo someten a uno a trámites y demoras y finalmente no lo mata a uno la enfermedad sino la falta de atención", señaló.
Robinson Cubillos 2, campesino de Baraya aseguró que "siembra café, yuca y plátano, pero que en este momento no es rentable el trabajo en el campo. Tiene mucho sacrificio. Para sacar un cultivo pequeño necesitamos desyerbar, abonar y fumigar, pero los insumos están muy costosos. Para producir una carga de café tenemos dejarlo en el germinador durante mínimo 60 días. Luego lo embolsamos de cuatro a cinco meses y luego, durante un año y medio, tenemos que ir abonándolo cada cuatro meses para ver las primeras pepas de café, señaló.
A diario un cultivo pequeño requiere jornales, abonos, fumigaciones y nosotros no recuperamos lo que invertimos frente a lo que producimos. Antes uno le sale a deber al cafetal porque no da. Por eso estamos aquí. No tenemos vías para competir con el TLC, ni recursos humanos para mejorar la agricultura, ni subsidios del estado para trabajar. No hay servicio de salud y nuestros hijos no tienen acceso a la educación. Queremos que ellos se eduquen, aseguró.
Nosotros le pedimos al gobierno nacional que en vez de estarle invirtiendo tanto a la guerra, le invierta al campo colombiano. Nosotros estamos voluntariamente acá, ciento por ciento, sin presión de nadie. Es mentira que nos están obligando. Esa desinformación es una estrategia del estado para judicializarnos, para molestarnos, no es nada más, reiteró.
Nosotros somos personas pacíficas pero nos hemos equivocado por elegir a las personas equivocadas como nuestros gobernantes porque ellos nunca nos cumplen los compromisos. Por eso estamos aquí y porque queremos que nos expliquen en que están invirtiendo los recursos públicos porque no están llegando al pueblo, queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias todos los actos de corrupción", puntualizó.
Son palabras que desmienten la retórica oficialista del señor Santos y sus incompetentes Ministros.
Los campesinos que se encuentran agrupados en los diferentes puntos del departamento recibieron ayer el apoyo de más labriegos que vienen con la firme intención de marchar hasta la ciudad de Neiva.
El paro agrario se organiza y radicaliza en el departamento del Huila y requiere del apoyo de todos los colombianos. Crece la audiencia de la histórica movilización agraria nacional.
Que renuncie Santos, es la consigna que se generaliza entre la multitud indignada.
1. http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/...rario.
2. http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/...huila
El paro nacional agrario sigue su itinerancia y se desplaza por todo el universo social colombiano. Para mañana 29 de agosto se han proyectado grandes movilizaciones obreras en apoyo y solidaridad con el movimiento campesino que continua protagonizando sorpresivos eventos de rebelión e insurrección social.
Ayer lo vimos en Facatativá, municipio ubicado en el conurbano bogotano, donde cientos de jóvenes y estudiantes realizaron acciones contra la politiquería tradicional que se anida en la Alcaldía y el Concejo municipal, y contra la corrupción en la Universidad de Cundinamarca, objeto de un desvergonzado saqueo y despojo por parte del rector Adolfo Polo, quien acumula una enorme riqueza mediante el robo de los caudales públicos universitarios. Es un bandido de cuello blanco que debería estar en la cárcel.
También en Pasto, capital de Nariño, donde se presentó una verdadera batalla ciudadana contra el ESMAD de la policía que sigue ensangrentando la acción popular colectiva.
Expresiones de rebeldía e inconformidad se registraron en Putumayo, donde 2000 campesinos se tomaron Puerto Asís En Berlin (Santander), los labriegos bloquearon la carretera que comunica a Bucaramanga con Cucuta. En la vía de Espinal a Neiva, los arroceros arrojaron cientos de cargas de arroz, siendo agredidos por la policía desde varios helicópteros En los Llanos, en Casanare y sus municipios ocurrieron demostraciones de protesta de los arroceros. Y en Mercaderes (Cauca) se presentó una explosión campesina con la participación de pobladores de los municipios cercanos, me refiero a Leyva, Policarpa, Cumbitara, Patia y el Bordo, la carretera a Nariño quedó bloqueada luego que la dinamita interrumpiera el puente de El Pilón.
Entre tanto en Bogotá presenciamos movimientos estudiantiles y populares en apoyo del campo con cacerolazos y plantones frente al Congreso de la República.
De igual manera sigue el paro de los mineros, que ya completa un mes, y los camioneros bloquean carreteras centrales en Antioquia, La Calera, Cauca y Risaralda.
Mañana 29 de agosto, desde tempranas horas, se realizaran acciones masivas de solidaridad y protesta de los miembros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), la Unión Nacional de Empleados Bancarios (Uneb), la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petroleo (USO), la Asociación Nacional Sindical de trabajadores y servidores públicos de la salud, los educadores de Fecode, entre otros movimientos sindicales.
La convocatoria a la marcha nacional fue hecha por La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) como expresión de respaldo a la movilización agraria. La finalidad, señalo Tarcisio Rivera (Secretario General de la CUT) es exigirle al Gobierno que responda de forma eficaz al pliego de peticiones que presentaron los sectores agropecuario, minero y camionero y el que esta en la Mesa negociadora por parte de los educadores. Además, le pedirán al Gobierno que cancele la proyectada y nefasta reforma a la salud que cursa en el Congreso de la República.
La Mane universitaria convocó a los jóvenes y estudiantes del país a una batucada nacional por la dignidad educativa. El 29 de agosto los estudiantes se van a vestir de campesinos, de ruana y overol en señal de apoyo, respaldo y compromiso con los diferentes sectores que están en conflicto con las políticas neoliberales de Santos.
En igual sentido, los empleados bancarios y del sector financiero participarán de la movilización.
No se detiene la marcha popular nacional. Sigue la rebelión y en su marcha está provocando y visibilizando una profunda crisis orgánica del Estado y todo su andamiaje político, incluidos los partidos políticos que han sido desbordados por los movimientos sociales, como en otros países de América Latina y el mundo.
Las demandas más agitadas por la multitud nacional tienen que ver con la renuncia de Santos y sus ineptos Ministros. Con la liquidación del tenebroso y asesino ESMAD. Y con la conformación de un gobierno popular y democrático que recoja los sueños de paz y justicia de los colombianos.
Nota 1. Los campesinos de Boyaca, Nariño y Cundinamarca están a la expectativa de la instalación de la "Mesa de la papa", en la que se debe adelantar la negociación del pliego de peticiones que incluye tambien los temas de los derechos civiles y políticos de la población, ademas de los derechos económicos y sociales, y la anulación de los Tratados de Libre Comercio. Ojala el gobierno no dilate su instalación con argumentos superficiales.
Nota 2. Un verdadero falso positivo judicial el que ha montado el Vice Fiscal general de la nación contra nuestro compañero Huber Ballesteros, recluido en el Patio de alta seguridad de la cárcel La Picota de Bogota. Gran montaje judicial contra el paro agrario y sus dirigentes legítimos, imputándoles toda clase de delitos como los de rebelión, financiación del terrorismo, secuestro, concierto y narcotráfico. Otra vez las pruebas salen de los computadores mágicos de los jefes guerrilleros abatidos por el ejército. Libertad para Ballesteros.!!!!
Nota 3. El viernes 30 a las 4 de la tarde se realizará una reunión amplia en la sede de la CUT de diversos movimientos y organizaciones sociales para proyectar las acciones posteriores y la conformación de un Instrumento Político Popular Soberano y Revolucionario que proyecte alternativas de fondo a la crisis nacional.
En días pasados se realizó en las instalaciones deportivas de Barbosa, Antioquia, una fructífera reunión con las autoridades municipales y organismos de socorro locales para abordar el tema de salud pública y tomar determinaciones frente a la continuidad de la concentración. El poliderpotivo, declarado como campamento de refugio humanitario, alberga en estos momentos al rededor de 10000 personas, ante la llegada de una nueva comisión de varios municipios del departamento en horas de la madrugada.
De parte de las autoridades municipales se logró el acuerdo de continuar reunidos en este lugar como mecanismo de defensa ante la represión estatal y con el objetivo de dar a conocer problemáticas comunes que aquejan al pueblo colombiano y a las que no se les ha dado solución con lesivos tratados de libre comercio, que antes bien han agudizado dichas problemáticas.
La alcaldía de Barbosa, por medio del hospital municipal y con apoyo de los bomberos y la defensa civil, ha realizado un constante monitoreo a los brotes epidémicos para mantener controlada la situación y han hecho llegar paquetes con medicamentos y útiles de aseo; así mismo reconocieron, después de un recorrido por las instalaciones del campamento, que no existe razón alguna para decretar alertas epidemiológicas, pero que sí se deben hacer seguimientos a los cuadros clínicos con los que llegaron los campesinos.
En el día de hoy, miércoles 28 de agosto, se tiene programada la realización de una rueda de prensa a la que se convoca a todos los medios de comunicación, locales, regionales, nacionales e internacionales que han venido haciendo seguimiento a las múltiples concentraciones de manifestantes en el marco del gran paro nacional.
Mientras tanto en el diario vivir de los miles de campesinos, mineros, transportadores e indígenas, se ha recurrido al rebusque y a diferentes mecanismos de entretenimiento para ocupar el tiempo libre; es así como en las instalaciones deportivas pueden encontrarse pequeños negocios de venta de tinto, de frutas, de elementos de camping y de aseo y hasta un punto en el que se recargan celulares a cambio de una pequeña suma de dinero. Se han utilizado también los espacios al aire libre para la realización de actividades deportivas, como ejercicios de pesas y de fuerza y para la realización de partidos de fútbol, como en la noche de ayer en el que las niñas de vereda Carrizal se enfrentaron a las de la vereda La Po dejando como resultado un sorprendente 5 a 0.
Finalmente se hace un llamado extensivo a toda la comunidad del municipio de Barbosa a los habitantes del área metropolitana en general para se informen sobre la situación del campamento, para que comprendan los beneficios que traerá para todos los colombianos el cumplimiento del pliego de exigencias nacional y para que solidaricen con estas comunidades en paro, haciendo aportes de alimentos, medicinas y útiles de aseo directamente en el campamento.
La ACIT publica este vídeo sobre el desarrollo del Paro nacional agrario y popular en Tierradentro Cauca, sobre la transversal del Libertador ( Cauca - Huila). Esta vía esta bloqueada totalmente en los municipios de Totoró, Inzá (Cauca) y la Plata (H).
Igualmente la vía Panamericana esta bloqueada por otros compañeros y compañeras, a la altura del municipio de Mercaderes y Patia, entre Popayán y Pasto.
A la altura de Cajibio también se movilizan mas compañeros que restringen el flujo vehicular hacia Cali.
La fuerza desmedida del ESMAD deja decenas de heridos, algunos de gravedad por armas de fuego y explosivos.
También en Popayán se realizó un cacerolazo en apoyo al paro y los estudiantes de la Unicauca, están decidiendo unirse al paro.
Los comerciantes de la Galeria del Barrio Bolivar bloquearon la entrada a dicha plaza en solidaridad con los campesinos.
Para el día de hoy se espera una protesta del gremio transportador en las calles de Popayán.
La movilización en esta parte del país sigue creciendo de manera acelerada, en los últimos días la cifra de manifestantes que se concentran en la villa olímpica del municipio de Barbosa se multiplicó y paso de 2 mil a algo más de 4 mil quinientas personas, donde se encuentran campesinos, mineros, indígenas y pescadores. Se estima que a nivel departamental el número de manifestantes sobrepasa los 12 mil, quienes mantienen concentraciones y campamentos en casi la totalidad de los municipios de Antioquia, miles más buscan llegar al campamento de refugio humanitario en el municipio de Barbosa con el objetivo de presionar un acuerdo con el gobierno departamental y nacional.
A estas cifras deben sumarse nuevos sectores que en las últimas horas se han adherido al paro, como el sector lechero, los transportadores y los cafeteros quienes el próximo viernes cesaran sus actividades, así, Antioquia se perfila como uno de los más activos en esta histórica movilización nacional. Los manifestantes dicen que en la región y en la áreas rurales queda mucha más gente que está dispuesta a unirse al paro para lograr una solución definitiva a sus peticiones.
Para el día de hoy viernes 30 está pactada una reunión en la Gobernación de Antioquia entre los líderes de las comunidades movilizadas, el gobierno departamental y las autoridades nacionales, cabe recordar que la anterior reunión fracasó al no hacerse presente en la misma el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, creando malestar entre los voceros y manifestantes por el evidente desinterés, mientras tanto, el pie de fuerza ha sido reforzado en los alrededores de Barbosa y se han reportado amenazas e infiltraciones por parte de la fuerza pública.
Hoy se dará otra oleada de la rebelión popular colombiana contra el neoliberalismo y su régimen oligárquico encabezado por el señor Santos, el Jefe de la Casa de Nariño. Heredero de Uribe Vélez y actor principal, durante los últimos años, de todas las estrategias que tienen en la ruina y desesperación a millones de colombianos. Fue el artífice de la invasión a Ecuador para acribillar a Raúl Reyes y sus compañeros y el patrocinador de miles de “falsos positivos”, como Ministro de Defensa de la Seguridad Democrática. Sus Locomotoras minera y agro industrial solo han servido para profundizar la debacle de la República.
En Bogotá, frente a los Ministerios de Agricultura y de Salud, se concentraran miles de personas para expresar su repudio a esas instituciones y sus políticas absurdas.
Lo que ocurrirá hoy 29 de agosto es una síntesis parcial del potente movimiento popular desplegado en los últimos 11 días por el campesinado.
La revuelta de agricultores, colonos, campesinos pobres, mineros, camioneros y población en general, ha configurado un campo de conflicto de enorme alcance y puesto en evidencia una crisis orgánica del Estado y el régimen político imperante desde hace muchos años. Cuando acudimos a estas categorías para interpretar los sucesos en curso, lo que estamos planteando es un nuevo andamiaje conceptual, el cual nos parece más pertinente para abordar el contexto de transformaciones.
Identificamos la categoría de conflicto –campo de conflictividad– como central para la reconstrucción del proceso en desarrollo, ya que permite no sólo la constitución y visibilización de los actores estratégicos, sus luchas y discursos, sino también las contradicciones y fracturas sociales, así como la dinámica de la lucha por las libertades políticas y democráticas.
El campo de conflicto estructurado a lo largo de los últimos días ha dado lugar a la emergencia de nuevos sujetos sociales, discursos y representaciones simbólicas en la disputa por el poder.
Más importante, el campo de conflicto permite discernir, en la coyuntura, entre los conflictos de carácter estructural o hegemónico que implican situaciones de crisis estatal y conllevan la posibilidad de una transformación de las relaciones, de aquellos corporativos o meramente coyunturales cuyo impacto y alcances son limitados y no afectan a la estructura del poder. En segundo lugar, el campo de conflicto constituye sujetos en episodios de conflictividad los sujetos se agregan, articulan, construyen discursos, pueden cambiar la cualidad y el alcance de la acción colectiva, en tanto que en situaciones históricas en que no existe conflictividad o ésta se reduce a cuestiones puntuales, los sujetos colectivos tienden a inhibirse e incluso a desaparecer. Ello permite abordar a los movimientos en su multiplicidad y variabilidad, en sus desplazamientos entre los diversos ámbitos del sistema y del campo político; así su identidad no es una esencia sino el resultado de “intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre diversos actores.
Conformado dicho campo de conflicto con dimensiones estructurales y hegemónicas, es evidente que estamos colocados hoy (2013) delante de una crisis orgánica del Estado y el régimen de poder dominante. Se trata de esos momentos históricos en que a las fuerzas dominantes se le fracturan las relaciones entre la sociedad y el Estado, entre la economía y la política, y no pueden ejercer su dirección del modo habitual.
El colapso del Estado está presente porque la insurgencia popular es incontenible, a diferencia de otros momentos de la historia nacional.
Lo lógico no es contemporizar ni admitir la gubernatura instalada en cabeza del señor Santos. Lo lógico es que ocurra su renuncia y la de sus ineptos ministros.
Lo lógico es que se abra paso un gobierno progresista y popular que corresponda a las nuevas fuerzas sociales estructuradas en la movilización desarrollada.
Así ocurrió en Argentina en el 2001 cuando cayeron en 5 días 4 presidentes; en Bolivia, en el 2006, después de la huida a USA de Sánchez de Lozada y en otros lugares donde ha ocurrido la disgregación incontenible de la vieja institucionalidad oligárquica. No somos la excepción.
¡Que renuncie Santos a la presidencia es la consigna que ya se escucha de manera generalizada!
La Ceja, 29 de agosto de 2013.
El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, manifiesta su apoyo y solidaridad a la justa lucha de los campesinos y campesinas de Colombia, que desde el pasado 19 de agosto se encuentran en una cruenta batalla por su dignidad y por la soberanía alimentaria de este pueblo hermano.
El paro agrario se inicia, en protesta por las difíciles condiciones que se viven hoy en el campo colombiano, el incremento de las importaciones de alimento que trajo el TLC, del 90% de los rubros que se producen allí; la injusta distribución de la tierra, donde el 1,15% de la población es dueña del 53,2% de la tierra, sumado a la actual extranjerización, con el creciente apoderamiento de todos los medios de producción, por parte de las multinacionales para la explotación agrícola y minera especialmente; la criminalización de la conservación de semillas, obligando al campesinado a comprar semilla certificada, manipulada genéticamente, producida por las transnacionales, junto con la histórica represión del estado, que ha desplazado violentamente a más de 5 millones de campesinos y campesinas a los cinturones de miseria de las ciudades.
La evidente desigualdad empujo inicialmente a campesinos y campesinas de nuevo a la calle, y progresivamente se han sumado transportistas, estudiantes, comunidad en general que se declaran nietos y nietas del campo, como en otros momentos de la historia, el pueblo de Gaitán ha emprendido su gesta emancipadora.
Denunciamos la represión, que en esta ocasión ha sido brutal, más de 150 detenidos entre ellos el compañero Huber Ballesteros, dirigente de Fensuagro y de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con quien compartimos espacios de lucha en la CLOC Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la VC Vía Campesina; la muerte brutal del joven Juan Camilo Acosta, los cientos de videos en las redes sociales mostrando el abuso policial, golpeando incluso a adultas mayores, agrediendo a las familias en sus propias casas; muestran la verdadera cara del capitalismo salvaje operando con todos sus instrumentos en contra del pueblo pobre. Hacemos un llamado a los movimientos que hacen parte de la Vía Campesina y de la CLOC a movilizarnos y denunciar ante los órganos competentes, la violencia atroz con que pretende quebrantarse la moral de quienes resisten con fuerza ancestral.
Desde Venezuela, manifestamos nuestro total respaldo a esta lucha por la liberación de un pueblo, que es el mismo pueblo de Bolívar, la batalla contra el modelo capitalista que despoja a la humanidad no solo de condiciones dignas de vida, sino de sus saberes y sus valores, es la misma que emprendimos hace años en estas tierras y aun hoy, nos enfrenta con el imperialismo y sus permanentes agresiones. Convocamos a la solidaridad de los pueblos del continente, como forma de resistencia colectiva a los interesas del imperio capitalista que nos ataca a todos y todas, con diversas estrategias.
Y como dijo nuestro cantor de la vida Ali Primera “ven amigo Colombiano vamos juntos a cantar, por segunda independencia, vamos juntos a luchar”.
¡Viva el paro nacional agrario y popular!
¡Por la soberanía alimentaria, contra el capitalismo, vivan los campesinos y campesinas de Colombia y América Latina!
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!
Antioquia es uno de los departamentos de gran importancia en la conformación territorial del Estado colombiano. Su organización se inició en 1576 con la fundación, por los conquistadores españoles, de la provincia de Antioquía, en el territorio donde se asentaban grupos indigenas precolombinos. Cuando llegaron los europeos, las tierras de Antioquia estaban habitadas por numerosas tribus indígenas que pertenecían especialmente a la gran familia Caribe. En el golfo de Urabá vivían los Urabaes y los Cunas; los Tahamíes se localizaban entre los ríos Porce y Magdalena; los Nutabes estaban situados entre los ríos Cauca y Porce, y en el Valle de Aburrá. Mientras que los Quimbayas se encontraban al sur, por donde actualmente se sitúan Abejorral y Sonsón.
Su población es hoy cercana a los 8 millones de habitantes, distribuidos en 125 municipios y 9 sub regiones.
En la actual coyuntura de movilización social y protestas populares, el departamento no ha estado al margen. La acción colectiva se ha dado en varias olas de agitación y huelgas.
Una primera ola corresponde al paro de los mineros que ya completa más de 40 días y aún no encuentra solución a sus peticiones. Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Remedios, Segovia y Taraza, han sido los escenarios de los eventos de rechazo a la política minera del gobierno del señor Santos.
Una segunda ola de marchas agrarias la han protagonizado los labriegos de Ituango, Toledo, San José de Cuerquia, municipios del norte antioqueño donde se registran altos niveles de pobreza y violencia social. Esta tercera fase ha sumado la concentración de miles de trabajadores mineros y agricolas en el municipio de Segovia, en el Noreste del departamento. De manera simultánea se han reunido más de 10 mil personas en el municipio de Barbosa (al Norte de Medellin), que están concentrados en el complejo deportivo del municipio, a la espera de respuestas concretas del gobierno nacional y regional.
Y una tercera ola, la han desplegado los pobladores del Oriente, en los municipios de la Unión, La Ceja, Sonson, Argelia, Nariño y Rio Negro, con bloqueos de carreteras y choques violentos con el Esmad de la policía. Al tiempo, los camioneros, han promovido bloqueos en la autopista Medellin-Bogota, paralizando la movilidad de Guarne, Marinilla, Rio Negro, Cocorna y El Santuario. Los camioneros exigen control a las tarifas de los combustibles y mejoras en sus condiciones de trabajo.
Hoy 29 de agosto todos estos movimientos sociales se concentran en Medellin, la capital, para llevar a otros niveles la insurgencia popular democrática que sacude a toda Colombia.
Preocupa el tono y postura del gobierno departamental, que a través del Secretario de Gobierno, Santiago Londoño, ha lanzado amenazas policiales y judiciales para intimidar con cárcel a los campesinos, a los estudiantes, a los mineros y a camioneros que se tomaran las calles y avenidas de Medellin para presionar la solución de sus más graves problemas.
El campo de conflicto antioqueño sacude intensamente esta región y ha permitido la configuración de nuevas subjetividades socio políticas dispuestas a transformar el campo político en los términos de la democracia participativa y protagónica.
La Ceja, 29 de agosto de 2013.
El paro nacional agropecuario y popular crece vertiginosamente en el departamento del Tolima. Todos los días se suma más gente en distintos puntos de la geografía. El pueblo está dispuesto a jugarse el todo por el todo, consciente de que solo la protesta unitaria es el camino para arrancarle reformas estructurales a esta rancia y criminal oligarquía pro imperialista.
Los campesinos de Coello lograron romper el infame cerco de la policía Esmad y se tomaron la carretera central en distintos puntos en disputa cerrada con la represión. Se anuncia que por lo menos cinco mil campesinos lograron llegar al perímetro urbano de Cajamarca y taponan la principal arteria en este lugar, lo mismo hacia la inspección de Anaime.
Crece el número de participantes de la protesta en el norte del Tolima, gracias al liderazgo de pequeñas organizaciones campesinas, populares y ambientalistas, defensoras ante todo de los pequeños y medianos caficultores.
Los campesinos concentrados en la inspección de Castilla, municipio de Coyaima, no dan el brazo a torcer. Se ha indicado que en el municipio de Natagaima también se vienen concentrando campesinos. Mientras esto sucede, los auténticos líderes campesinos y populares llaman a los demás campesinos y citadinos a salir copiosamente. El pueblo se viene desbordando, ¡y con qué ímpetu!
Cientos de estudiantes universitarios de la Tolima se volcaron ayer a la calle durante toda la tarde para gritar con el alma: Estamos con el justo paro de los campesinos y de la salud. Bloquearon vías y visitaron el destacamento de campesinos ubicados en el hospital Federico Lleras Acosta, sede de la Francia. Fue un encuentro emotivo, combativo y revolucionario.
Un miembro dirigente departamental de paro, Édgar Sánchez Cortés, destacó el hermoso acto de solidaridad de los estudiantes:
“El enemigo común es uno solo: la clase dominante, esta oligarquía que nos tiene subyugados hace más de 194 años. El pueblo descalzo, el pueblo de a pie se está tomando las vías y las principales ciudades del país. Esta es una lucha política, esta es una lucha de clase: ricos contra pobres. Llegó el momento de despertar la conciencia social. Por eso en este destacamento campesino en las instalaciones del hospital Federico Lleras Acosta está entrelazando la sintonía de la unidad popular. Así es que tiene que marchar el pueblo. Ya no más marchas un día los profesores, al otro día los camioneros, después los indígenas. No, es uno solo. Esta es la mejor expresión de la unidad popular”, agregó.
Dirigiéndose a los estudiantes presentes, señaló: “Ustedes, estudiantes de la Universidad del Tolima, están fraguando el futuro de una patria nueva para todos. Le estamos diciendo desde este evento a la clase dominante que tiene que tener en cuenta las propuestas populares. Nos cansamos de estar subyugados de los dictámenes de Washington, porque la gran realidad es esa: no gobierna la oligarquía colombiana, gobierna el imperio norteamericano. La bomba social está que explota y ésta debe explotar a favor del pueblo”, subrayó.
Por su parte, un miembro dirigente del sindicato de la salud Anthoc expresó: “Nos encontramos muy contentos que en el día de hoy ustedes, que van a ser el futuro para dirigir este país, estén solidarizados con los trabajadores de la salud, con los compañeros campesinos, que son las personas que nos producen los alimentos para podernos sostener en las diferentes ciudades de Colombia y que le estamos hoy diciendo al presidente Santos que los trabajadores de la salud en Colombia, los sectores sociales representados en los diferentes campesinos, estamos defendiendo el derecho fundamental a la salud y a la seguridad alimentaria”.
“El llamado que hacemos es que estemos unidos. Con las negociaciones que se van a dar en Bogotá, en el transcurso de mañana (hoy) con todas las concentraciones que se están dando en Bogotá, el Gobierno Nacional será obligado a dar una solución a todos los sectores en conflicto, unificada la negociación y no como ha pretendido el Gobierno Nacional de negociar sectorialmente”.
Finalmente, el dirigente sindical le exigió al gobierno departamental garantías para la protesta y la movilización, evitando los atropellos de la Fuerza Pública, especialmente el Esmad de la Policía. “Exigimos respeto para todos”, indicó.
En el mitin realizado ayer en las instalaciones del Federico Lleras Acosta, el dirigente agrario, miembro del sindicato de trabajadores agrícolas del Tolima (Sintragritol), Gilberto Salinas Novoa, deleitó a los centenares y centenares de asistentes con una canción protesta de su propia autoría. Esta interpretación fue recibida con un cerrado y atronador aplauso.
No hay duda. El paro nacional agropecuario y popular se robustece más y más. Hoy se tiene programada una movilización con camioneros, estudiantes, campesinos, salud, maestros, etc. por las principales calles céntricas de la ciudad musical de Colombia, Ibagué.
Como las "masas en agosto" será conocido este capítulo de la historia que vive la nación colombiana a raíz del paro agrario convocado por los campesinos pobres y sus organizaciones sociales y por otros movimientos sociales estructurados con la expansión del conflicto y la lucha popular contra el modelo neoliberal y el gobierno neoligarquico del señor Santos, heredero de Uribe Velez y directo artífice de los graves problemas que afectan a millones de ciudadanos. Santos, verdadero jefe de la "hegemonía neoliberal" y exministro de todos los gobiernos de los últimos 20 años, no es la mansa paloma que se proclama. Es un jugador de poker al que pronto se le caerá la máscara para dejar ver su propia naturaleza violenta y autoritaria. Ya lo encontraremos hoy anunciando medidas policiales y liberticidas para aplastar la insurgencia de la multitud en marcha. En la mañana nos describirá su diagrama de control policial represivo, acompañado de grandilocuencia y frases de cajón. Volveremos al Estado de sitio del Frente Nacional.
Lo ocurrido ayer en Bogotá y sus alrededores fue demoledor. Hubo levantamientos y acciones multitudinarias por doquier. En el centro de la Capital, en la Plaza de Bolívar y en las avenidas centrales de la urbe. En las populosas y populares localidades de Bosa, Ciudad Bolivar, Suba y Engativa. Y en las municipalidades contiguas de Soacha, Sibate y Mosquera.
La masa desató su furia contra las maquinas del orden policial, que es en lo que devino el orden liberal, utilizadas como instrumentos de violencia e intimidación para hacer prevalecer el poder oligarquico.
La represión intensa y extensa es el verdadero lenguaje santista.
La estrategia de Santos frente al paro agrario es pérfida y malvada. No hay propuestas estructurales para superar las causas de la crisis. En vez de tierra, de reforma agraria democrática, Zonas de Reserva Campesina, créditos baratos, maquinaria adecuada, infraestructura, salud, educación, para 13 millones de campesinos, lo único que se ofrecen son pañitos de agua tibia, subsidios y fertilizantes sin alcabala, que no resuelven nada. Los campesinos necesitan soluciones de fondo. Y que mejor que implementar lo que ya se acordó con las Farc en La Habana en materia de desarrollo rural. Pero pedirle eso a Santos es inútil, porque su interes único es servirle a los más poderosos y a las multinacionales.
A Santos, como cualquier politiquero de pueblo, lo único que se le ocurre es dividir a los campesinos, meter cuñas entre ellos. Carameliar a la pequeña propiedad de Boyaca, Nariño y Cundinamarca, con medicinas de baratija, y desconocer los miles de campesinos pobres del Caqueta, Huila, Meta, Magdalena Medio, Antioquia, Nariño, Putumayo, Bolivar, Córdoba, Magdalena, Eje Cafetero, Sucre y Arauca reunidos en grandes concentraciones.
El paro agrario nacional no es indefinido pero se sostendrá mientras las causas que lo originaron sigan vigentes.
Santos no entiende eso y por eso cada vez se oye con más fuerza la petición popular de que renuncie al cargo y permita una solución democrática de la crisis orgánica que carcome al Estado oligárquico.
Nota 1. El departamento del Tolima y su capital Ibague también protagonizaron formidables movilizaciones campesinas y populares ayer 29 de agosto.
Nota 2. Hay algunos que olvidan los "falsos positivos" de Santos y toda su responsabilidad como Ministro de todos los gobiernos neoliberales desde Cesar Gaviria en 1993.
Una vez valorada la situación nacional de avance del Paro, tomando especial consideración respecto a la grave situación de Derechos Humanos que se vive a lo largo y ancho de todo el país, y en vista de que la interlocución con la Policía Nacional no ha surtido ningún efecto, y al contrario, lo que hemos encontrado ha sido un recrudecimiento de los atropellos, montajes, represión, detenciones, y asesinatos contra los manifestantes, afectando incluso las viviendas de los pobladores vecinos de los lugares dónde se encuentran los asentamientos de las manifestaciones, desarrollando conductas no solo de abuso de autoridad, sino de vandalismo y pillaje, gaseando las casas de los ciudadanos sin respetar mujeres embarazadas, abuelos y niños, asemejándose a la barbarie paramilitar.
Lo anterior demuestra que el actuar de sectores de la Fuerza Pública (como por ejemplo, el Escuadrón de la Muerte, ESMAD) no contribuye a aclimatar la tan anhelada Paz que promulga defender el Gobierno, sino que se encuentran en máxima descomposición y en franca contravía del orden jurídico nacional e internacional.
Por las graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, violaciones al Derecho Internacional Humanitario, y los vejámenes cometidos contra la población civil, especialmente contra los campesinos y pueblos indígenas y afrodescendientes movilizados y demás integrantes de diferentes comunidades que han decidido sumarse al PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR, entre las que se encuentran hechos como: la contaminación de los alimentos de los manifestantes del Meta, cuando el ESMAD orinó públicamente sobre estos, los ataques de francotiradores para asesinar manifestantes (como ocurrió en el Catatumbo, Tolima, Putumayo y otros), la infiltración de agentes armados vestidos de civil en las movilizaciones, con el objeto de disparar a la misma Policía para responsabilizar a los manifestantes, el lanzamiento de granadas aturdidoras que producen mutilaciones, y otra serie de armas que utilizan para reprimir a los manifestantes, por todas estas circunstancias, consideramos a la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, como victimarios directos y es por esto que HEMOS DECIDIDO NO ASISTIR A LA REUNIÓN DEL PRÓXIMO MARTES, hasta tanto la Dirección de la Policía, no devuelva los bienes robados, deje en libertad a los manifestantes detenidos, resarza integralmente los daños ocasionados a los ciudadanos, en su vida, honra y bienes y sobretodo, castigue a los Agentes que han ido en contravía de los derechos humanos y la ley por acción u omisión.
En ese sentido, las organizaciones nacionales y regionales que hacemos parte de la MIA, formularemos las respectivas denuncias penales ante Autoridades judiciales y disciplinarias competentes para que se adelanten las investigaciones jurídicas correspondientes, y al mismo tiempo, haremos el llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos para exigir la garantía y respeto a los derechos de los campesinos y pueblos indígenas y afrodescendientes movilizados.
Aprovechamos este pronunciamiento, para exigir VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL y CASTIGO a los responsables de la muerte deJUAN CARLOS LEÓN ACOSTA, vilmente ultimado por el ESMAD en un uso desproporcionado de la fuerza en la ciudad de Fusagasugá.
RESPONSABILIZAMOS al Presidente JUAN MANUEL SANTOS, a su GABINETE, y a las FUERZAS ARMADAS, de este execrable crimen y de todas las violaciones de derechos humanos generadas y que se presenten a futuro en el transcurso del PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR, como resultado de la brutalidad policial, la extralimitación en las funciones de la Fuerza Pública, o la omisión en su deber de proteger a la población.
Finalmente, ¡EXIGIMOS LIBERTAD INMEDIATA PARA EL COMPAÑERO HUBERT BALLESTEROS, MIEMBRO DE LA MIA, FENSUAGRO, COMITÉ EJECUTIVO DE LA CUT y MARCHA PATRIÓTICA!
Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo
-MIA Nacional-
Miércoles 28 de agosto de 2013
El Paro Nacional Agrario ha dejado una serie de conclusiones y posiciones encontradas: La soberbia del gobierno, la fragmentación de los sectores partícipes de las manifestaciones, la brutalidad de la fuerza pública para controlar la los marchantes, el oportunismo político así como los primeros síntomas de una problemática que afecta la soberanía alimentaria nacional debido al incremento desmedido de alimentos importados han sido los sucesos más relevantes en un Paro que parece no tener solución a la vista. Las propuestas de la Casa de Nariño lanzadas a la carrera, como aquella de destinar 1.3 billones de pesos para solucionar la crisis del agro no coinciden con otras que cursan en el congreso encaminadas a reducir el presupuesto para el sector en un 30% para el 2014.
“La Revolución de las Ruanas”
La “Revolución de las ruanas” ha logrado poner en el centro del debate el modelo económico y social actual en el radar de la ciudadanía con más eco que la propuesta presentada por la guerrilla de las FARC en la mesa de diálogos de La Habana. La hermética negociación entre cúpulas llevada entre ambas partes condujo sin proponérselo a la sociedad civil a pronunciarse al respecto acompañando al paro agrario y sus actores principales. Los oídos sordos y la arrogancia gubernamental manifestados en las múltiples declaraciones del actual mandatario nacional terminaron por abrirle paso a la espontanea iniciativa urbana a favor de la reivindicación campesina. El uso excesivo de la fuerza pública y la divulgación vía redes sociales de los atropellos volcaron la actitud pasiva de millares de personas hacia la manifestación activa, creativa.
Paro: Ausencia de Liderazgo Único, Fragmentación de los manifestantes.
El paro ha dejado en evidencia el notorio fraccionamiento de los diversos actores, la pluralidad de reclamos han carecido de un liderazgo político único capaz de canalizar las peticiones de Cacaoteros, Mineros, Cafeteros, Paperos, Camioneros, Cebolleros, Lecheros unificando el descontento reinante en torno a una mesa única de negociación ante el gobierno nacional.
La despolitización que reina al interior de muchos de los sectores lleva a concluir que es probable que esta efímera “Revolución de las ruanas” sin un objetivo de largo alcance termine por ser otra transitoria sublevación que se amaine en el corto plazo, tal como sucedió en “El Bogotazo” del 48 y en el Paro Nacional del 77, estas últimas dos con un carácter más político que la que se desarrolla en el contexto actual. Existe en tiempo presente un malestar social que es probable que no termine incubando algún movimiento social que logre transformaciones políticas más allá de la conquista de ciertas reformas gremiales que probablemente no toquen los problemas estructurales de fondo.
La Vista Gorda del Gobierno.
La minimización oficialista de las causas de las protestas en Boyacá, Nariño, Cundinamarca, Santander y el Eje Cafetero –Regiones de raigambre conservadora históricamente- que simplifican las soluciones transversales al aumento o reducción de aranceles, la lucha contra el contrabando o la refinanciación de las deudas del sector agrario no dejan de ser por parte del nivel central paliativos, cortinas de humo lanzadas a la opinión pública con el fin de eludir temas de más alto calado que ponen al modelo como eje fundamental de la discusión: Los estragos de los Tratados de Libre Comercio en los sectores productivos, la competencia desleal, la desfinanciación del agro, la brecha entre lo que perciben intermediarios y cultivadores y su efecto en los precios iniciales y finales de los alimentos, el riesgo de la soberanía alimentaria nacional, las economías campesinas así como la ausencia de asistencia técnica para aumentar la productividad de las áreas cultivadas son algunos de los tópicos que por ahora parece omitir el gobierno de las “Locomotoras” en la etapa preliminar de la mesa de dialogo.
Los efectos del tratado con Estados Unidos son a la luz de los hechos una nociva radiografía que no reviste objeciones para los sectores productivos nacionales: Según cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las ventas de alimentos a Colombia durante el primer semestre de 2013 aumentaron un 81% con respecto al mismo periodo de 2012 en productos tales como carnes, Ttigo, arroz, leche y vegetales muchos de estos sectores presentes en el paro.
“Ley Urrutia” a espaldas de los colombianos.
No deja de ser paradójico que en momentos en los cuales se lleva a cabo este Paro Nacional Agrario el congreso discuta sigilosamente como sacar adelante una nueva contrarreforma agraria a favor de las transnacionales y los grandes conglomerados nacionales a través de la denominada “Ley Urrutia” que tiene por objetivo eliminar el número de Unidades Agrícolas Familiares de que puede disponer un mismo propietario, sin importar si son baldíos para legalizar las acumulaciones indebidas de tierras y las compras de baldíos por intermedio de terceros.
Haber develado la participación del ahora ex embajador de Estados Unidos en ese tipo de operaciones fraudulentas ha terminado por alertar a los sectores de poder para votar en tiempo record una ley que legalice el despojo. En un país con 4 millones de desplazados se busca adjudicar a los poderosos la nueva frontera productiva de 4.5 millones de Hectáreas localizada en los departamentos de Vichada y Vaupés. Una afrenta que se suma a la ya interminable lista de agravios.
“Aquí no hay ningún paro”
La frase “Aquí no hay ningún paro” y la inesperada acogida de las marchas por parte de sectores urbanos de capas medias (Donde se concentra el grupo electoral objetivo de la campaña reeleccionista) que han acompañado la lucha campesina con “Cacerolazos” en grandes ciudades hicieron cambiar la estrategia inicial del Gobierno, el cual encamina de ahora en adelante sus esfuerzos hacia el desgaste de los manifestantes, dejando que transcurra el tiempo, atizando la actual fragmentación, para finalmente negociar en otras”condiciones” sector por sector. Para lograrlo se han valido de la experticia de los antiguos líderes sindicales Angelino y Lucho Garzón hábiles en el arte de consumar ladinas componendas. La ruptura de las negociaciones con Paperos y Lecheros por parte del oficialismo el pasado 29 de agosto es un primer síntoma de la táctica dilatadora Santista.
De otro lado el menosprecio de Juan Manuel Santos a la inteligencia de los Colombianos arropándose bajo un manto de ingenuidad que pocos creen, lanzando frases desconcertantes y cínicas como: “No se porque es el paro” “El Paro es el resultado de décadas de abandono” “Estamos atravesando por una tormenta” demuestra su abierto desprecio y su afán de intentar a toda costa lavar sus manos frente a la situación actual eximiéndose de toda culpa de los efectos de un modelo económico y social excluyente del cual ha sido juez y parte al haber participado en todos los gobiernos (A excepción del gobierno de Samper) que ininterrumpidamente socavaron los intereses del agro desde 1990 como ministro en diferentes carteras.
Los que pescan en río revuelto.
Si unos niegan mil veces todo para lograr el efecto “Goebbels” otros acuden al siempre útil “Paracaidismo” preelectoral sin ruborizarse siquiera un poco como lo han venido haciendo los actuales representantes a la Cámara por Boyacá y algunos Representantes por Bogotá para pescar en río revuelto mostrándose como los abanderados de las manifestaciones campesinas, como los adalides de la inconformidad rural haciendo uso hasta de discursos marxistas para engañar a más de un desprevenido desde la orilla liberal-conservadora, la cuál votó unánimemente el TLC con Estados Unidos sin regañadientes. Aprovechar la confusión para hacerse elegir de nuevo parece ser la consigna preferida en estos días turbulentos. Lo que parecía ser el escenario perfecto para que el Uribismo canalizara la desazón reinante se convirtió en una oportunidad perfecta para catapultar el reeleccionismo parlamentario.
La Amnesia de Uribe.
Si Santos juega con el doble filo del cinismo, Uribe parece haber olvidado su antiguo estilo pendenciero para adaptarse de manera camaleónica a la nueva realidad. De aquel hombre que imploraba al congreso de EE.UU la ratificación del TLC, de ese ejemplar privatizador de un porcentaje de Ecopetrol, de la totalidad de Telecom, decenas de electrificadoras y Ecogas; del 20% de Isagén no queda nada; ahora sus trinos de manera descarada se encaminan a tildar de “Vendepatria” a su exministro estrella en una acomodada carrera entre neoliberales que compiten en diferente carril a favor de los mismos dueños.
Colombia ha pasado de la “Encrucijada del alma” de Uribe a la “Política del Black Jack” aplicada por Santos quien ha querido jugar, contar con varias cartas al mismo tiempo, agudizando la contradicción de tener que resolver adportas de las elecciones de Marzo de 2014 todas en simultáneo sin quemarse en el intento. Un país en manos de un jugador de poker no deja de ser igual de improvisado que otro conducido por un hacendado beligerante venido a más. La suerte del Agro por ahora pende del hilo de un avezado apostador en carrera libre hacia una cada vez más enredada reelección.
La ciudad de Florencia, capital del Caquetá, se encuentra incomunicada con el resto del país y con los municipios del Departamento
En el momento, más de 800 toneladas de basuras se encuentran represadas y hay desespero en la ciudad, pero los campesinos no ceden y afirman que el gobierno nacional no se fija en el Caquetá.
En los 16 municipios de Caquetá hay parálisis total, hasta que el gobierno no acceda a instalar la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo y escuche sus peticiones.
Erley Monroy, vocero negociador de los campesinos, le manifestó a Caracol Radio que una acción militar o de Policía, generaría muertos en Caquetá.
En Huila la situación de mayor atención se vive en los municipios de Garzón, Pitalito, La Plata, Palermo y El Hobo donde tampoco hay gas natural, los alimentos escasean y los campesinos de la zona que protestan amenazan con endurecer el paro si no reciben atención por parte del Estado. Miles de campesinos se encuentran hasta el momento concentrados en el cruce de Algeciras.
En Putumayo las principales carreteras en la zona de Villagarzón, Puerto Asís y otros municipios están bloqueadas, incluso la que llega al puente internacional vecino con Ecuador.
Frente a esta situación, hoy es imposible transitar por carretera entre Neiva y Florencia, y entre Neiva, Pitalito, Mocoa y San Miguel, en la frontera con Ecuador.
Desde el pasado 30 de Agosto se iniciaron los diálogos formales entre la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) Regional Magdalena Medio y los delegados del gobierno. Dentro de los acuerdos para instaurar la mesa de diálogos se estableció que los representantes de los gobiernos y funcionarios de las instituciones del Estado debían tener poder de decisión, al verificar la representación del gobierno nacional y ante la negativa de Juan Manuel Santos de abrir un espacio nacional de diálogo y la respuesta represiva que han dejado varios muertos y un centenar de heridos del campesinado y mineros, vimos con preocupación el incumplimiento por parte del gobierno. Ante esta situación y en medio del ejercicio del diálogo el día sábado 31 de agosto nos presentamos a seguir discutiendo para avanzar en la metodología de la mesa.
El panorama nacional nos dicta que la actitud del presidente Juan Manuel Santos insiste en querer negociar regionalmente o por sectores y negarse a instaurar una mesa nacional, esto ha generado el inconformismo de las comunidades en paro ya que las problemáticas expuestas por ellos tiene que ver con el orden nacional por lo tanto se exige que en la mesa de diálogo debe estar conformada por el alto gobierno quien es el directo implicado para los temas de la política nacional que tiene que ver con los temas del Agro y la minería en nuestra región planteados en nuestro pliego de peticiones: Crisis de la producción agropecuaria, acceso a la propiedad de la tierra, monocultivo de palma en el Magdalena Medio, Inversión Social en la región.
La MIA Magdalena Medio insiste en que la mejor forma de abordar y dar solución a los problemas Agropecuarios y mineros en el país es discutiéndolos en una mesa amplia nacional donde estén representados el sector agrario y minero con delegación del alto gobierno.
Creemos que el tratamiento que han recibido los campesinos y mineros del Magdalena Medio ubicados en la finca Bélgica (Vía Barranca – Bucaramanga) y en el punto la Payoa en Sabana de Torres no hemos sido tratados con la dignidad que merecemos como hombres y mujeres trabajadores que aportan al desarrollo de la región y el país y que tienen una propuesta de país incluyente. El estado representado en los gobiernos municipales y sus instituciones (Alcaldía municipal, ICBF, Secretaría de salud, hospital regional del Magdalena Medio) no han cumplido con las ayudas humanitarias para las personas concentrados en el paro, los problemas de salud y salubridad no han sido atendidos, tampoco la atención a los niños y madres albergados en el sitio del barrio el Campestre.
Nosotros los campesinos y mineros del Magdalena Medio hemos mantenido el acuerdo de concentrarnos y mantenernos en Asamblea permanente y refugio humanitario con el fin de generar confianzas para el diálogo la respuesta del gobierno no ha sido satisfactoria por lo tanto hacemos el llamado al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a responder como jefe de Estado a atender y dar solución a la crisis presentada en el campo colombianos.
Nos mantenemos en disposición de diálogo y esperamos una positiva respuesta a nuestra justa movilización.
¡Por la tierra y el territorio!
Mesa de Interlocución y Acuerdo - MIA - Magdalena Medio.
El secretario de gobierno del municipio de Barbosa (Antioquia), Edgar Agusto Gallego Arias, Rogelio Cardona, subsecretario de espacio publico y el integrante de la Asociación de Víctimas de Barbosa, Nanino Henao fueron sorprendidos por los manifestantes cuando pagaban a las personas para que abandonaran el Refugio humanitario campesino, los funcionarios infiltraron saboteadores al interior del refugio, también paraban los buses para obligarlos a llevar a las personas engañadas, estos sujetos se encontraban acompañados por más integrantes de la administración pública y sujetos sospechosos de civil.
El Secretario y las otras 3 personas que se encontraban al interior del Refugio Humanitario fueron entregados al defensor regional del pueblo, así como al secretario de gobierno de Antioquia. Los manifestantes se preguntan por que dan dinero para sabotear la protesta y no se presta la ayuda humanitaria y asistencia social que se ha pedido a la administración.
Esta situación se suma al constante saboteo de que ha sido objeto el refugio humanitario, entre ellos un ataque combinado del ESMAD acompañado de paramilitares y pandilleros que dejó como saldo una persona herida de bala y varios heridos.
Los caficultores del sur de Huila determinaron iniciar su movilización hasta cuatro puntos estratégicos, donde mantendrán su ubicación de forma indefinida. Los sitios están siendo monitoreados por uniformados de la Policía y el Ejército Nacional, quienes tienen la orden de no permitir el bloqueo de la vía.
La primera concentración se registra en el sector conocido como Las Mercedes, jurisdicción del municipio de Timaná. Allí caficultores, labriegos y agricultores iniciaron su llegada desde la madrugada del pasado lunes. Según indicaron los manifestantes, están preparados para estar el tiempo que sea necesario hasta que las negociaciones con el Gobierno central cumplan con sus expectativas.
Es así como desembarcaron plásticos, para hacer los cambuches a los lados de la vía nacional, víveres y utensilios de cocina destinados a la elaboración de las raciones alimentarias para quienes estarán de forma permanente en la concentración.
“En este sitio esperamos cafeteros de los municipios de Elías, Tarqui y Timaná. Nos unimos a la protesta nacional de forma pacífica sin realizar el bloqueo de la vía, exigiendo al Gobierno celeridad y seriedad en las negociaciones que esperamos saquen a los productores del grano de la crisis en la que nos encontramos”, dijo el dirigente Pedro Nel Jiménez Sterlig.
En Aguadulce
Cafeteros de los municipios de Saladoblanco y Oporapa iniciaron el arribo al sector conocido como Aguadulce, distante cuatro kilómetros del sector urbano de la ciudad de Pitalito salida norte.
Ermilsun Sterling quien es coordinador de este punto de concentración dijo que en el sur del Huila, el paro no se ha sentido como debiera por la división que existe al interior de la dirigencia cafetera.
“No podemos hacernos a un lado en momentos que se está negociando el futuro de la caficultura y el sector agrícola en Colombia. Por eso líderes del municipio de Oporapa nos instalamos este sector estratégico, con el anuncio de que se unirán en las próximas horas cafeteros de Saladoblanco, Palestina y Pitalito”.
Pitalito-San Agustín
Mediante comunicado Sonia Dely Ortiz, presidenta de la Junta de Acción Comunal y comunidad del corregimiento de Criollo en Pitalito informaron que de modo autónomo y pacífico esta comunidad se une al paro nacional agrario a través de su presencia ordenada en la carretera nacional Pitalito- San Agustín.
“Respetamos el libre tránsito y la integridad de los automotores y ciudadanos en general que transitan esta vía nacional. Hacemos presencia humana que es recogida de las necesidades más sentidas de nuestra comunidad campesina: el deseo de vivir dignamente y con oportunidades de futuro para nuestros hijos, que son hijos de nuestro pueblo colombiano”, señala en la misiva la dirigente comunal.
Invitó a representantes de los medios de comunicación, instituciones del Estado, ONG y comunidad en general para que los acompañen en lo que denominaron, “este bello proceso de reconciliación con lo humano, que se da en todos los rincones de nuestra Colombia”.
A pocos kilómetros de este punto de concentración en el sector conocido como cruce de Sombrerillos persiste la presencia de transportadores y caficultores de los municipios de Isnos y San Agustín, quienes restringen el tráfico vehicular y ocupan una de las calzadas de la vía que comunica con el corredor Paletará, Popayán y Cali.
Los puntos donde se ubicaron los manifestantes son objeto de constante monitoreo por parte de personeros, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de defensores de los derechos humanos, en busca de evitar o denunciar desmanes de la fuerza pública y garantizar la movilización de las misiones médicas.
Santos es un campeón del autismo. Es ciego y vive en la luna. Sigue sin ver el potente paro agrario nacional que en el departamento del Huila tiene múltiples expresiones en bloqueos de carreteras y manifestaciones campesinas a todo lo largo del territorio de dicha región. Ha sido de tal potencia el paro nacional campesino que dejó grogui y atontado al señor Santos y a la inepta clase dirigente de este país.
No acertaron en una sola. Un día Santos dijo que el paro no era lo que habían anunciado con bombos y platillos; al día siguiente, muy orondo, proclamó que “el tal paro campesino” no existía; después de esa metida de patas que enardeció a los boyacenses se fue a Tunja a llenar de elogios a los huelguistas; pero el 30 de agosto ordenó sacar a las calles cerca de 50 mil soldados para atemorizar a los rebeldes que eran manipulados por los terroristas de las FARC, una ínfima minoría derrotada por la historia.
Más recientemente ha proclamado la firma de una gran pacto agrario para redimir a los campesinos olvidados y excluidos; y la última, que la tormenta ya cesó porque todos los problemas se han resuelto a satisfacción de la mayorías.
Todo un mar de contradicciones e incoherencias que desnudan la frágil composición psicoanalítica del jefe de gobierno y la inestabilidad de su personalidad. Para que sepamos a qué atenernos con este caballero experto en la cabriola politiquera.
Pero resulta que el paro nacional agrario no es una masa uniforme ni goza de homogeneidad, como nos lo quiere hacer ver la discursividad oficial y el torrente de los agentes emisores de interpretación distorsionada.
El paro agrario en su estructura molecular es diverso y heterogéneo. En dicha fenomenología social hay de todo como en botica. Hay millones de campesinos pobres que sobreviven en las áreas de colonización en condiciones paupérrimas, desconocidos por el Estado y por el resto de sociedad. Y Hay pequeños y medianos propietarios arruinados por los tratados de libre comercio y el modelo neoliberal.
También hay diferentes sujetos y subjetividades. Distintas organizaciones y corporaciones gremiales.
Es la circunstancia que permite afirmar que el proclamado fin del paro agrario es una falacia y un artilugio de la manipulación mediática de la máquina noticiosa.
Veamos el caso del departamento de Huila. Allí el paro esta en todo su vigor. Allí “el tal paro” sí existe, está vivito y coleando.
Me limito a registrar cada uno de los puntos de la movilización.
En la vía Neiva-Campoalegre, en el cruce de la Sardinata que comunica con el municipio de Rivera, 500 campesinos y arroceros bloquean la carretera.
En la vía que comunica a Neiva con el corregimiento de Vegalarga, en el sector del Reservorio, 1.300 campesinos de las veredas cercanas como San Antonio y Ceibas hacen continuas manifestaciones y plantones.
500 labriegos ubicados en el sector de Chontaduro, vía Neiva-Palermo, mantienen incomunicado este último municipio por el cierre de la carretera.
En el cruce de Cucará, vía que conduce a los municipios de Tello y Baraya, 1.600 labriegos de la zona rural de estos dos municipios permanecen bloqueando las vías.
Permanece bloqueada la intersección vial que de Neiva conduce al municipio de Yaguara, por un grupo de 600 huelguistas.
Por lo menos tres mil campesinos provenientes de la zona rural de Algeciras, El Pato, Santana Ramos y demás poblaciones del norte del Caquetá permanecen sobre la vía nacional ocupando cerca de dos kilómetros de carretera desde el sector de La Vega, hasta el Sena La Angostura. Este es uno de los puntos de concentración de campesinos más grande y el más crítico en el departamento, donde se han dado duros choques con el Esmad y elementos del Ejército.
En el parque principal del municipio del Hobo permanecen concentrados cerca de 300 pescadores de la zona junto a sus canoas.
En el tramo Hobo-Gigante se presentan dos bloqueos viales. El primero de ellos ubicado a tres kilómetros del casco urbano de Hobo, donde unos 200 campesinos ha cerrado el paso.
El segundo taponamiento se registra tres kilómetros más adelante sobre el puente de la quebrada El Pescador, donde permanecen cerca de 900 cafeteros y trabajadores rurales.
El municipio de Gigante está completamente incomunicado, con dos bloqueos, con vías de acceso al sur y al norte, que realizan mil campesinos. En el sector de los Búcaros, un grupo de productores de café y agricultores impide el tránsito de toda clase de automotores. De igual manera, en la salida al Sur, un segundo grupo de manifestantes bloquea la carretera.
En Garzón, capital diocesana, 1.800 campesinos mantienen dos bloqueos estratégicamente ubicados en las vías de acceso al municipio. Uno en el sitio conocido como Jagualito, entrada norte de la ciudad. Asimismo a tres kilómetros del casco urbano, en el sector de Las Damas, en la vía que comunica con Altamira.
Cerca de 800 campesinos se concentran en el sitio conocido como El Puente, en la intersección vial que conduce al municipio de Guadalupe, en la vía que comunica las localidades de Altamira y Suaza, donde se registran bloqueos intermitentes.
Labriegos de los municipios de Suaza y Acevedo bloquean la vía que del Huila comunica con el departamento del Caquetá. Dos mil campesinos permanecen sobre la vía en el sector de El Avispero.
Una pequeña concentración campesina de cerca de 300 personas se adelanta en el sector de Aguadulce.
A tres kilómetros del casco urbano de Timaná, a la altura de la vereda Las Mercedes, 400 labriegos están realizando un plantón pacíficamente.
En el tramo vial que comunica a San Agustín con el Valle de Laboyos se registran dos concentraciones campesinas y un cierre vial. Al menos 600 personas, entre transportadores, cafeteros y agricultores, mantienen cerrada la vía a la altura del cruce de Sombrerillos. Por su parte cerca de 300 manifestantes en el sector de la vereda Criollo.
Las dos carreteras que comunican el municipio de La Plata con el departamento del Cauca permanecen totalmente inhabilitadas a causa de la huelga agraria. Comunidades indígenas y agricultores permanecen sobre la vía que del municipio de La Plata comunica con Inzá (Cauca), a la altura de la vereda Getzen. Así mismo, la vía alterna, La Plata-Belén-Popayán, permanece cerrada a la altura del sitio conocido como la Piedra.
800 campesinos mantienen incomunicado el municipio de La Plata con Garzón, en dos puntos: el primero ubicado en el sector conocido como la Gurupera y el segundo ubicado dos kilómetros más adelante, bloqueando todo tipo de comunicación.
Otra concentración de la que participan unos 500 campesinos se ubica a un lado de la vía que comunica los municipios de Tesalia y Paicol, en el sector del puente Los Ángeles.
Ante estos hechos contundentes sobra tanta verborrea oficial.
El paro agrario nacional es una realidad palpitante de la lucha revolucionaria de nuestros campesinos.
Nota 1. Hay ciertas perlas que están en plan de cacería de votos entre los campesinos para que apoyen los candidatos liberales de una dinastía recién conformada que abandonó la “disidencia” patriótica para retornar, de la mano del samperismo y el gavirismo neoliberal, a las denostadas toldas rojas del clientelismo turbolopista. Son las oportunistas que no entienden los vientos de la historia a pesar de figurar con cierta rebeldía en tiempos recientes. Es lo que puede la mano larga burocrática de Enrique Santos, el hermano del jefe de la Casa de Nariño.
Que el gobierno no nos haga pistola
La situación de orden público que sufre el país a raíz del estado de abandono en que nuestros gobiernos han sumido la producción nacional, en especial al sector agropecuario y lechero, no puede servir de pretexto para que la administración Santos termine haciéndole pistola a nuestros campesinos. La solución a los problemas de fondo no dan espera. Se le pueden estallar en las manos.
Dos hechos particularmente graves merecen la atención de la opinión pública. De un lado, la estigmatización de que vienen siendo víctimas los voceros que representan el Paro Nacional Agrario en Tunja. De la otra parte, el esguince que el gobierno pretende hacerle al abordaje del problema de fondo que hoy nos enfrenta: los Tratados de Libre Comercio, justamente el punto de agenda de las negociaciones que seguía en la mesa hasta el momento en que el gobierno tomó la decisión de intervenir el país entero, como en los peores momentos del Estado de Sitio, de ingrata recordación para los colombianos.
Y hasta ahora, las medidas anunciadas con gran despliegue por el Presidente Juan Manuel Santos en medio de la militarización de la protesta campesina bajo el pretexto de la condenable infiltración de los vándalos, no dejan de ser simples pañitos de agua tibia. No resuelven los reales problemas que sufren campesinos y empresarios agrícolas y pecuarios.
La baja arancelaria para algunos insumos del sector agrícola, la importación directa de fertilizantes o una eventual refinanciación de las deudas bancarias, entre otras de las mentadas medidas de intervención, no llegan a ser un emplasto siquiera frente al cáncer que acarrean los TLC. Son más nocivos que los créditos gota-gota al 20% diarios.
Y lo peor es que los salvavidas hasta ahora contemplados por el gobierno lo que realmente terminan haciendo es mejorándole el negocio a los mismos de siempre. Está bien que se contemple la posibilidad de realizar compras masivas de leche, ¿pero para favorecer empresas pasteurizadoras de alcance multinacional como Alpina y Nestlé? ¿las mismas que aprovechando justamente las bondades que para ellos representan dichos TLC están importando leche en polvo y lactosueros a dos manos para entregarlos al mercado interno como productos “puros” y “de la mejor calidad”?
Según este esquema, los productores lecheros seguiremos recibiendo la misma miseria por litro de leche producida: entre $700,oo u $800,oo en los mejores casos, mientras el consumidor final tendrá que seguir desembolsando alrededor de $2.400,oo por ese mismo litro, con calidad reducida y desmejorada, que es lo peor.
De esta manera será imposible construir el llamado Gran Pacto para el Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural, anunciado con inusitado entusiasmo por el Presidente en medio de la más grande demostración de inconformidad nacional frente al estado de abandono de nuestros campesinos y empresarios agrícolas.
La estigmatización, el señalamiento y la cacería de brujas no son las mejores consejeros para salir del escollo en que nos encontramos. Exhortamos al gobierno nacional a seguir la ruta de diálogo y entendimiento que desde provincias, como Zipaquirá, venimos desarrollando con la administración local con la esperanza de llegar a un mejor puerto. Pero a la vez requerimos soluciones estructurales a la destorcida de la economía que nos embarga.
Alimentadas por los promedios y los buenos indicadores macroeconómicos, durante los últimos años la mayoría de las noticias económicas provenientes de Colombia habían sido predominantemente positivas.
Pero el paro agrario, que este lunes entró a su tercera semana, ha obligado a ponerle más atención a la Colombia que sufre a pesar del crecimiento económico sostenido, los niveles sin precedentes de inversión extranjera, el aumento del ingreso per cápita y la reducción de los índices de pobreza y desempleo, tantas veces destacados por las actuales autoridades colombianas.
Aunque más del 75% de la población colombiana vive en las ciudades, en el resto, la Colombia rural y campesina, los hogares todavía ingresan en promedio 3,4 veces menos que los de las 13 principales áreas metropolitanas de este país sudamericano.
Es la Colombia de los pequeños y medianos productores agropecuarios, que se quejan de un abandono de décadas que los ha hecho particularmente vulnerables a la apertura comercial que tan bien parece funcionar para los consumidores de las zonas urbanas.
De hecho, el rechazo a los tratados de libre comercio ha sido una de las principales constantes de las protestas: una demanda que está en las mesas de negociación y en las consignas que se gritan en la calle.
Y es que una de las principales quejas de los pequeños productores en paro es que, en las actuales condiciones, no pueden competir con las importaciones baratas hechas al amparo de los TLC y otros acuerdos comerciales.
Inundados
La leche es, tal vez, el ejemplo más claro de lo mucho que ha aumentado la competencia para los productores colombianos.
En los últimos seis años las importaciones de leche se han más que triplicado, pasando de 9.727 toneladas en 2006 a 33.728 el año pasado, según cifras de la Dirección Nacional de Estadísticas, DANE.
Y es de esperar que la cifra aumente todavía más con la reciente entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el 1° de agosto pasado.
De hecho, durante los últimos tres años han sido muchas las voces que se han levantado para hacer notar el abismo que existe entre los subsidios que benefician a la producción lechera en la UE –además altamente tecnificada y con todas las ventajas de una economía de escala– y la falta de apoyo que reciben los pequeños lecheros colombianos.
Pero tal vez nada hizo tomar conciencia de la amenaza como la imagen de los ganaderos de Boyacá derramando miles de litros en la carretera, hace dos semanas, mientras declaraban que preferían tirarla a seguirla vendiendo a menos de la mitad de lo que les estaba costando producirla.
Pronto cafeteros, arroceros, sembradores de cítricos y de otros productos también siguieron el ejemplo de los lecheros.
Y es que según el economista Aurelio Suárez, son casi todos los sectores los que están sintiendo la competencia de las importaciones baratas.
"En general todo el mundo sigue pensando que el problema (con los TLC) es la importación de trigo, de cebada, de soya, de sorgo y otros granos. Pero eso ya pasó", dijo a BBC Mundo.
"Lo nuevo es que los agricultores se resguardaron en una serie de productos que también se empezaron a importar: papa, leche, hortalizas, cacao, café, azúcar", explicó.
El problema de la moneda
La avalancha de importaciones, sin embargo, no se explica sólo por los recientes TLC.
En cierta medida, el problema también está vinculado a la decidida apuesta de las autoridades por la explotación minera y petrolera, que son los sectores donde se ha concentrado la mayor parte de la inversión extranjera directa.
"El país se volvió un país explotador intensivo de recursos naturales no renovables. Y eso trae una re-evaluación del peso que encarece las exportaciones y abarata las importaciones", indicó Suárez a BBC Mundo.
Y eso tal vez vendría a explicar por qué cada vez llegan más alimentos baratos incluso de países con los que Colombia mantiene los mismos acuerdos comerciales desde hace 40 años, como Perú y Ecuador.
De hecho, los analistas coinciden en que el impacto de los TLC con Estados Unidos y la UE apenas se está empezando a sentir.
Y eso, sumado a los elevados costos de producción y comercialización que enfrentan los campesinos colombianos, hace que estos enfrenten no sólo un presente difícil, sino también un futuro cada vez menos halagüeño.
"Es imposible competir en el marco del libre comercio con países que incluso subsidian sus fertilizantes", afirmó Suárez.
"¿Y cómo hacer más competitivos (a los campesinos colombianos), si tenemos el crédito más caro, los fertilizantes más caros, estructuras (de comercialización de productos y distribución de insumos) monopólicas y producciones campesinas de 3 y 5 hectáreas?. Ese milagro no la ha hecho nadie", precisó.
Producción cara
Al final de cuentas, pues, son sobre todo los elevados costos de producción los que están estrangulando a los pequeños productores colombianos.
Uno de sus principales problemas, por ejemplo, es que algunos de ellos pueden llegar a pagar por los fertilizantes hasta un 80% más que los precios internacionales y la mayoría lo hace a casi más de la mitad.
Y ese problema tiene que ver con la concentración de la importación de estos insumos en apenas cuatro empresas, pero también con los costos de transporte al interior del país, que también afectan a los campesinos al momento de comercializar sus cosechas.
Ese otro problema, a su vez, está vinculado al alto precio del combustible –uno de los más elevados del continente y también uno de los temas de la protesta– y a la pésima red de carreteras, que según la revista Semana hace que el transporte de un contenedor entre Bogotá y el puerto de Cartagena sea casi tres veces más caro que su transporte desde Cartagena a Shanghái (China), sólo por poner un ejemplo.
Y eso pone a los pequeños productores a merced de los grandes comercializadores, que son las que fijan los precios y se quedan con la mayor parte de las ganancias.
Con todo eso en mente, el presidente Juan Manuel Santos ha estado hablando de convertir el paro en una oportunidad y reconocido la necesidad de trabajar en un "Gran Pacto Nacional para el Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural".
Pero, luego de décadas de abandono, los campesinos colombianos quieren algo más que palabras.
“Levántese, compañero que si hoy día somos cien, mañana serán millones los que estaremos de pie”: Ángel Parra.
Nosotros, los agricultores y campesinos del sur del Cauca y norte de Nariño nos encontramos en resistencia y movilizados desde el pasado domingo 18 de Agosto en el Valle del Río Patía a la altura de la vereda El Pilón, corregimiento de Galíndez, sitio donde estuvimos concentrados hasta el 21 de Agosto, fecha en que fuimos brutalmente desalojados por unidades del Ejército, la Policía Nacional y el Esmad y que dejo un saldo inicial de 11 compañeros detenidos de manera arbitraria y alrededor de 10 heridos de consideración.
En el marco del tratamiento de guerra que ha venido dando el Gobierno de Juan Manuel Santos a la protesta social y en particular al Paro Nacional Agrario y Popular, ha habido un sin número de infiltraciones, de actos de inteligencia, de empleo de un lenguaje amedrentador, ultrajante, señalante y completamente esquizofrénico por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas presentes en la zona hacia nosotros, comunidades campesinas que nos hemos visto avocados a salir a las calles a expresar nuestro descontento, a rechazar la firma de los TLC, a exigir el cese de la subasta de nuestros territorios al capital trasnacional.
A pesar de las acciones represivas que hemos sido víctimas en esta movilización agraria y popular, el pasado sábado 31 de agosto decidimos adelantar un gesto humanitario, que consistió en la entrega de dos miembros de la Fuerza Pública, los señores GENTIL SAMBRANO VALENCIA con cédula de ciudadanía 1.080.261.580 de la Argentina Huila, miembro de la Policía Nacional y JESUS HENRY CRIOLLO activo del Ejército Nacional identificado con la cédula de ciudadanía 98.397.249 de Pasto Nariño a la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, la Defensoría Regional del Pueblo, la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, delegados de la Gobernación del Cauca y las comisiones políticas del sur del Cauca y Norte de Nariño, conformadas por las organizaciones sociales campesinas de los municipios de Patía, Argelia, Balboa, Leiva, Génova, Sucre, La Unión, Mercaderes, Bolívar y La vega; quienes, hicieron las veces de mediadores y garantes de la entrega y pueden constatar el perfecto estado de salud y la dignidad con que fueron tratados los uniformados.
Muy a pesar de este gesto, continuaron las Fuerzas Armadas del Estado Colombiano en la aptitud de realizar actos de infiltración y pillaje en el campamento donde nos encontramos concentrados, lo denunciamos porque hemos descubierto siete uniformados adelantando dichas acciones, en ropa de civil, portando maletines con abundante vestimenta militar.
Llamamos la atención de la opinión pública nacional e internacional sobre estos hechos y los ocurridos en el transcurso de los días 31 de agosto, 01 y 02 de septiembre donde helicópteros del Ejército Nacional realizaron sobre vuelos lanzando folletos y propaganda con contenidos que hacían señalamientos contra los campesinos dándoles un tratamiento malintencionado, deshonesto y grosero. Nos tilda de guerrilleros, queriendo con lo anterior justificar una posterior intervención militar y de guerra o como el perifoneo que adelantaron en horas de la madrugada del 2 de septiembre de 2013, cuando un helicóptero sobrevoló el sitio de concentración e hizo perifoneo en altavoz manifestando que “allí se hallan alojados subversivos”.
Rechazamos toda esta agresión indiscriminada, las infiltraciones reiteradas y todo el tratamiento de guerra que el gobierno del presidente Santos le ha venido dando al justo Paro Nacional Agrario y Popular.
Solicitamos al gobierno nacional sentarse de manera inmediata en la mesa de instalación y acuerdo para que debatamos la problemática del campo colombiano enmarcado en el Pliego Nacional de Exigencias del Paro Nacional Agrario y Popular.
Mojarras, Cauca,
Septiembre 03 de 2013
Las primeras dos semanas del paro nacional agrario y popular dejan un balance muy satisfactorio para el campo popular aglutinado en torno a la MIA. Son por lo menos seis aspectos en los que el movimiento social ha avanzado sobre el campo burgués:
1. El movimiento popular venció las amenazas del paramilitarismo que impuso penas de destierro y muerte a quien protestara.
2. El movimiento popular venció a los grandes medios privados de comunicación que no pudieron invisibilizar ni deslegitimar la protesta.
3. El movimiento popular no se ha dejado distraer por las recientes propuestas y anuncios gubernamentales. El 22 de agosto, el presidente Santos propuso un referendo para la paz (pero no hay acuerdo de paz), el 30 de agosto anunció un pacto nacional agrario (con los gremios, gobernadores y alcaldes, es decir, yo con yo) y el 2 de septiembre recibió la renuncia protocolaría del gabinete (para que los ministros tomen un aire para lo que viene o se vayan a trabajar con las transnacionales).
4. El movimiento popular no se ha dejado engatusar de los partidos políticos que han tratado de montarse sobre la protesta (léase Liberal, Conservador, Centro Democrático y Polo), la convicción popular es elocuente: “solo el pueblo salva al pueblo”, quienes hundieron al país en la miseria no son ahora quienes lo van a rescatar. El país reclama una democracia verdadera que pasa por refundar el régimen político.
5. El movimiento popular ha derrotado el militarismo que no renuncia a la guerra como vía de solución a los conflictos sociales. En vez de criminalizar la juventud, la policía nacional debería pedirle perdón por masacrarla en las calles, las carreteras y los barrios. En vez de infiltrar las marchas y protestas, el ejército debería ponerse de lado de quienes luchan por un país justo.
6. El movimiento popular ha propinado un duro golpe al neoliberalismo y el régimen político que lo sostiene. Incluso la enflaquecida clase media, que creyó en las falsas promesas de los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, tiende a radicalizarse y se suma al paro.
Paso a paso el movimiento popular gana en fuerza, unidad e identidad de clase. La gente va reconociendo que para tumbar el TLC hay que tumbar a Santos, que para echar abajo el neoliberalismo hay que demoler el régimen político y que la ruana y la capucha van juntas en la lucha.
Reunidos delegados campesinos de 16 departamentos articulados en la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA, manteniendo en alto la movilización social del Paro Nacional Agrario y Popular, informamos a nuestros miles de manifestantes en todo el territorio nacional y a la opinión pública en general:
El Paro Nacional Agrario y Popular sigue siendo una realidad inobjetable en los campos colombianos, con bloqueo casi total de 7 departamentos en el sur del país y movilizaciones en 10 departamentos más. Los publicitados acuerdos del gobierno nacional en algunos departamentos no representan a la amplia mayoría de los manifestantes ni recogen los intereses de los campesinos sin tierra, colonos y jornaleros, ni la de los pequeños y medianos productores agrícolas arruinados por la crisis estructural del campoInsistiremos en el paro y la movilización hasta que no sean escuchadas y tramitadas nuestras propuestas, y no cederemos ante la presión mediática ni la represión militar. El esfuerzo de cientos de miles de nuestros manifestantes han puesto en la palestra pública el debate sobre el campo, conquistando el apoyo de millones de colombianos y desnudando la tozudez del gobierno nacional al no acceder al diálogo.
Desde la MIA mantenemos la firme decisión de presentar y discutir nuestro pliego nacional de 6 puntos con el gobierno nacional. Nuestra disposición al diálogo persiste,a la intransigencia de la Casa de Nariño en reconocernos como interlocutor y poner sobre la mesa las profundas problemáticas que aquejan a nuestros campesinos y campesinas. Le pedimos al presidente Juan Manuel Santos aceptar una mesa de conversaciones con la actual movilización campesina en una ciudad capital de cualquiera de los departamentos que nos encontramos en movilizacion, para en ella poder avanzar en los acuerdos que el país necesita para superar la crisis del agro. Es el momento de deponer prevenciones y superar los falsos estigmas que han querido endilgarnos. Somos campesinos en ejercicio legítimo de la defensa de nuestros derechos y su deber como jefe de Estado es darle cauce a nuestras solicitudes.
Saludamos a los millones de colombianos y colombianas, que desde las ciudades han hecho sonar sus cacerolas apoyando el Paro Nacional Agrario y Popular. La lucha de los campesinos y campesinas le compete a todo el país: es la lucha por la soberanía alimentaria, por la democracia y la paz, por las condiciones dignas de vida para el campo y la ciudad. Inevitablemente las rebeldías se han unido para forjar un mejor país y es nuestra determinación continuar en este trasegar. Nos solidarizamos también con los múltiples sectores en conflicto con los que hemos labrado este paro. La lucha por la salud, la educación y el transporte también es de los campesinos y campesinas colombianos.
Nos aunamos a la convocatoria desde los diversos sectores sociales de la Jornada Nacional de Protesta del próximo 11 de septiembre, en la que confluiremos en las calles y carreteras del país campesinos, estudiantes, educadores, indígenas, trabajadores y todos las expresiones populares que exigimos respeto a nuestros derechos y luchamos por la conquista de un país más democrático y en paz.
Llamamos a la comunidad internacional que ha venido acompañando solidariamente nuestra lucha a redoblar su veeduría sobre la incesante represión que desarrolla el Estado colombiano contra nuestro legítimo derecho a la protesta. Exigimos judicialización a los auténticos vándalos de la fuerza pública, responsables de la muerte de manifestantes.
Presidente Santos Los campesinos estamos a su espera.
Reunidos delegados campesinos de 16 departamentos articulados en la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA, manteniendo en alto la movilización social del Paro Nacional Agrario y Popular, informamos a nuestros miles de manifestantes en todo el territorio nacional y a la opinión pública en general:
El Paro Nacional Agrario y Popular sigue siendo una realidad inobjetable en los campos colombianos, con bloqueo casi total de 7 departamentos en el sur del país y movilizaciones en 10 departamentos más. Los publicitados acuerdos del gobierno nacional en algunos departamentos no representan a la amplia mayoría de los manifestantes ni recogen los intereses de los campesinos sin tierra, colonos y jornaleros, ni la de los pequeños y medianos productores agrícolas arruinados por la crisis estructural del campoInsistiremos en el paro y la movilización hasta que no sean escuchadas y tramitadas nuestras propuestas, y no cederemos ante la presión mediática ni la represión militar. El esfuerzo de cientos de miles de nuestros manifestantes han puesto en la palestra pública el debate sobre el campo, conquistando el apoyo de millones de colombianos y desnudando la tozudez del gobierno nacional al no acceder al diálogo.
Desde la MIA mantenemos la firme decisión de presentar y discutir nuestro pliego nacional de 6 puntos con el gobierno nacional. Nuestra disposición al diálogo persiste,a la intransigencia de la Casa de Nariño en reconocernos como interlocutor y poner sobre la mesa las profundas problemáticas que aquejan a nuestros campesinos y campesinas. Le pedimos al presidente Juan Manuel Santos aceptar una mesa de conversaciones con la actual movilización campesina en una ciudad capital de cualquiera de los departamentos que nos encontramos en movilizacion, para en ella poder avanzar en los acuerdos que el país necesita para superar la crisis del agro. Es el momento de deponer prevenciones y superar los falsos estigmas que han querido endilgarnos. Somos campesinos en ejercicio legítimo de la defensa de nuestros derechos y su deber como jefe de Estado es darle cauce a nuestras solicitudes.
Saludamos a los millones de colombianos y colombianas, que desde las ciudades han hecho sonar sus cacerolas apoyando el Paro Nacional Agrario y Popular. La lucha de los campesinos y campesinas le compete a todo el país: es la lucha por la soberanía alimentaria, por la democracia y la paz, por las condiciones dignas de vida para el campo y la ciudad. Inevitablemente las rebeldías se han unido para forjar un mejor país y es nuestra determinación continuar en este trasegar. Nos solidarizamos también con los múltiples sectores en conflicto con los que hemos labrado este paro. La lucha por la salud, la educación y el transporte también es de los campesinos y campesinas colombianos.
Nos aunamos a la convocatoria desde los diversos sectores sociales de la Jornada Nacional de Protesta del próximo 11 de septiembre, en la que confluiremos en las calles y carreteras del país campesinos, estudiantes, educadores, indígenas, trabajadores y todos las expresiones populares que exigimos respeto a nuestros derechos y luchamos por la conquista de un país más democrático y en paz.
Llamamos a la comunidad internacional que ha venido acompañando solidariamente nuestra lucha a redoblar su veeduría sobre la incesante represión que desarrolla el Estado colombiano contra nuestro legítimo derecho a la protesta. Exigimos judicialización a los auténticos vándalos de la fuerza pública, responsables de la muerte de manifestantes.
Presidente Santos Los campesinos estamos a su espera.
Acaba de publicarse la más reciente encuesta de opinión entre los colombianos sobre la imagen del señor Santos, el actual Presidente del Estado. El sondeo fue realizado por la conocida consultora Gallup 1.
La imagen desfavorable del Jefe de la Casa de Nariño alcanza el 72% y la desaprobación de la gestión rural es del 82%.
Los resultados son una verdadera catástrofe política, reflejo de la crisis generalizada del gobierno, del Estado y del régimen político.
Lo que cabe destacar es que en la actual coyuntura, el paro nacional agrario fue demoledor para Santos a causa del mal manejo dado a las protestas de los campesinos colombianos. La mentira, la prepotencia y la violencia del gobierno incidieron en el rechazo generalizado que aflora contra el principal representante de las instituciones oligarquicas que oprimen a la mayoría.
Lo que la encuesta nos está indicando es que el país se le salio de las manos al heredero de Uribe Velez, principal artífice de los "falsos positivos" y de la invasión militar a Ecuador para asesinar a Raul Reyes, el jefe guerrillero de las Farc que fue ultimado junto a un crecido grupo de partisanos de la resistencia campesina revolucionaria.
Lo cierto es que la incompetencia de Santos es manifiesta y su futuro inmediato totalmente incierto. Su reelección no es más que una ilusión incinerada por la fuerza histórica de la multitud agraria y popular que en los días recientes protagonizó una espectacular rebelión que divide la historia de la República.
Santos fue arrasado por la furia del levantamiento campesinos que aún sigue vigente.
No hay que olvidar que el dato conocido de hoy tampoco sorprende pues su caída en picada viene de tiempo atrás a causa de sus equivocaciones sucesivas.
En toda esta debacle inciden, obviamente, eventos como la debacle de la reforma a la justicia, la perdida del Mar de San Andrés, los "falsos positivos", el fuero miliar para la impunidad del militarismo, el fracaso de la Ley de víctimas y restitución de tierras, el rebrote del neoparamilitarismo, la corrupción con las regalías, los desastres ambientales de la Locomotora minera, el clientelismo, la crisis de la salud, la bancarrota de las universidades, la pax romana en medio del conflicto y la ineficiencia burocrática de las instituciones.
Para rematar, el paro agrario evidenció el enorme daño social y económico ocasionado por el modelo neoliberal de los Tratados de Libre Comercio, que arruinaron el campo, la agricultura y la ganadería.
A Santos lo fulminó, definitivamente, el histórico alzamiento de millones de campesinos que encontraron la simpatía y el respaldo del resto de los colombianos.
Cayó por inepto, violento y mentiroso.
Termina en el basurero de la historia con su asesino ESMAD y su equipo arruinado de Ministros, asesores y consejeros de pacotilla.
Colombia busca nuevos rumbos para salir del pantano al que nos condujo la "hegemonía neoliberal" santista.
Nota 1. De la tal crisis ministerial la mejor noticia es la exclusión del charlatán Ministro de la Participación Social a quien enviaran de Embajador a un país del África para que quede en el olvido y el repudio de la mayoría decente.
Los acontecimientos que se están desarrollando estos días en Colombia, y en especial (pero no sólo) la extensión y repercusión que está teniendo el paro nacional agrario y popular, nos demuestran que algo se está moviendo en este país latinoamericano.
El paro nacional agrario y popular comenzó el pasado 19 de agosto, y ha sido el catalizador de diversos descontentos sociales de diferentes sectores integrados en la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo -MIA-, la cual integra seis puntos estructurales para la negociación económica, política y social del país, tal y como tuvimos oportunidad de presenciar directamente la pasada semana durante nuestra estancia en Bogotá.
Colombia, a pesar de contar con 12 millones de campesinos, la mayoría de los cuales trabaja en la economía informal, sin derechos ni cobertura alguna, importa más del 50% de los alimentos que consume, más de un 75% de ellos de EEUU. En el campo, la tasa de pobreza llega al 46,8%; el 77% de las tierras está en manos del 13% de propietarios. La desigualdad social agraria está en la raíz del conflicto político, social y armado que sufre este pueblo desde hace ya varias décadas, y que tiene su plasmación más cruenta en los más de cinco millones de desplazados que tuvieron que huir del campo a la ciudad, en las decenas de líderes sindicales y agrarios asesinados y en la injusta distribución de las tierras.
Ahora, el problema se ha visto agravado por la firma de los mal llamados Tratados de Libre Comercio con EEUU, Corea del Sur y, últimamente, con la Unión Europea, que condenarán al campesinado a una mayor pobreza y precariedad. Por eso, no dudaron en levantarse todos ellos en todas las regiones del país, y sumarse al paro nacional convocado. Hay que tener en cuenta que el 75% de los municipios colombianos, donde vive el 31,6% de la población, son rurales, y que el 58% de los hogares rurales se hallan con algún grado de inseguridad alimentaria, con un 20% de los niños menores de cinco años padeciendo desnutrición crónica.
El sector campesino del país exige que se adopten medidas para poner fin a la crisis de producción agropecuaria, que se garantice el acceso a la propiedad de la tierra, el reconocimiento a la territorialidad campesina, la participación de las comunidades y los pequeños mineros en el desarrollo de la política minera y que se respeten los derechos políticos y sociales de la población rural, haciendo inversiones en educación, salud, vivienda, servicios públicos y comunicaciones en el campo.
Pero el paro en Colombia y las posteriores movilizaciones han superado con mucho el ámbito agrícola y otros sectores se han sumado de forma espontánea: los artesanos y pequeños comerciantes, que no pueden competir con los productos importados por las multinacionales a un precio irrisorio, los alumnos que luchan por una enseñanza gratuita y de calidad, los transportistas que protestan por el coste adicional que les suponen los peajes, los indígenas, etc. También los mineros artesanales, que se han visto afectados por la entrega a las grandes multinacionales de la explotación de las minas (especialmente de oro), se han sumado al paro, y los trabajadores de la multinacional Drummond, que desde el 23 de julio llevan a cabo una huelga referencial contra la misma.
Todo este malestar social, que era anterior al paro nacional agrario y popular, vio en este un referente y un catalizador. Por ello amplias capas sociales se han ido sumando a las movilizaciones, tal y como pudimos presenciar en las manifestaciones y cacerolazos que se celebraron en Bogotá la semana pasada.
Otro factor a tener en cuenta es que las citadas movilizaciones convocadas en las principales ciudades del país fueron de forma espontánea en la mayoría de los casos, y a ellas se sumaron a posteriori los partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales de la izquierda colombiana. Es decir, que el pueblo se echó a la calle a inicativa propia y ha señalado el camino a seguir a las organizaciones progresistas y revolucionarias de Colombia. Así, las movilizaciones de comienzos de la semana pasada en Bogotá se convocaron utilizando los medios alternativos y redes sociales como el facebook, twitter, etc.
Ante esta situación de movilización social generalizada en 25 departamentos de todo el país, la actuación del Gobierno de Santos no ha podido ser más represiva, torpe y ridícula. Así, en un primer momento negó que existiese paro alguno, para después admitirlo ante la evidencia que suponían los cortes de carretera, las manifestaciones multitudinarias y el cierre de universidades. A renglón seguido, el Gobierno colombiano y los principales medios de comunicación, que al principio optaron por ignorar las movilizaciones (con la notable excepción de Telesur), pasaron a criminalizar la protesta, haciendo responsables de los incidentes a las organizaciones políticas, sindicales y sociales de la izquierda colombiana y estableciendo el toque de queda en las principales ciudades del país. Finalmente, optaron por la represión más brutal, utilizando para ello al ESMAD1 y las fuerzas policiales y armadas de Colombia, e incluso a infiltrados en las manifestaciones. La consecuencia, hasta el momento, ha sido una decena de civiles muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos de forma totalmente arbitraria, entre ellos el dirigente de la central sindical CUT e integrante de la Marcha Patriótica Huber de Jesús Ballesteros.
Una vez más, el talante antidemocrático y totalitario de Santos y su Gobierno han quedado de manifiesto. No podemos olvidar que Santos, a pesar de intentar aparentar un talante negociador en las conversaciones de La Habana, fue uno de los ideólogos del sistema de primas a los militares que tuvo como consecuencia el asesinato de civiles por los militares colombianos, que los presentaban como guerrilleros caídos en combate (falsos positivos); asimismo, a pesar de hablar continuamente de paz, ha continuado con la política de ejecuciones extrajudiciales de miembros de las guerrilas colombianas. Ahora ha vuelto a quitarse la careta optando por la represión más salvaje contra el pueblo civil colombiano.
No obstante, esta última escalada represiva puede costarle muy cara en estos momentos en que pretende optar a la reelección. La actual crisis ha tenido repercusiones en el Gobierno de coalición de Unidad Nacional, conformado por el Partido Liberal y el Partido Conservador. El malestar y la indignación que ha generado, unidos al deterioro social al que las políticas económicas y sociales de su Gobierno están condenando a la mayoría de la sociedad colombiana, hacen que la derecha vea peligrar su Gobierno en Colombia por primera vez en muchos años, ahora que además no puede utilizar de chivo expiatorio la lucha armada de las FARC-EP y el ELN, que han demostrado claramente voluntad de negociación y de llegar a acuerdos. El paso más reciente en ese sentido ha sido la puesta en libertad por parte del ELN del vicepresidente de exploraciones de la multinacional Braeval Mining Co., el canadiense Gernot Wober, la semana pasada.
La movilización social y popular, el paro agrario, los levantamientos de otros sectores (estudiantes, indígenas, transportistas, trabajadores, etc.), las conversaciones de La Habana y la actitud de las FARC-EP y el ELN, etc. están creando una serie de expectativas, ilusiones y sinergias en la mayoría del pueblo colombiano que, si son bien aprovechadas por las fuerzas políticas de izquierdas en Colombia, pueden dar lugar a una acumulación de fuerzas populares, desde una perspectiva de clase, que por primera vez en mucho tiempo disputen la hegemonía política, social e institucional a la derecha en este país. Evidentemente, el camino no será fácil, habrá obstáculos y dificultades, y será clave la capacidad de la izquierda colombiana de articular una alternativa y un programa políticos atractivos para la mayoría de la sociedad. El capital social y movilizador existe, tal y como hemos visto estos días en Bogotá. Ahora hace falta articularlo para conseguir que Colombia deje de ser el Israel de América Latina, al servicio de los Estados Unidos, y se convierta en punta de lanza del proceso de integración de Nuestra América bolivariana. La lucha histórica del pueblo campesino y trabajador colombiano, de sus luchadores, de sus desaparecidos y asesinados, bien merece ese esfuerzo.
Las manifestaciones y protestas por parte de agricultores en Colombia están a punto de completar dos semanas. En un país caracterizado históricamente por el abandono y falta de apoyo al desarrollo de zonas rurales, los campesinos decidieron desde el 19 de Agosto 2013 salir a protestar por las carreteras de toda Colombia. Las manifestaciones aglomeran un diverso grupo de sectores y regiones del país, desde cultivadores de papa en Boyacá, pasando por productores de leche en Nariño, hasta llegar a cultivadores de arroz y tomate en el Huila.
Si bien las características específicas de los problemas de cada uno de estos sectores son diferentes, existen una serie de elementos comunes entre estos. Entre ellos se destaca la dificultad de competir con productos importados de bajo costo que entran al país en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados Unidos, apreciación del tipo de cambio, altos costos de los insumos y fertilizantes, así como la falta de apoyo del gobierno al sector agrícola en la forma de preparación técnica, créditos y subsidios. Tomados de conjunto estos elementos muestran que más allá de ser un problema coyuntural, la problemática del campo colombiano tiene un carácter estructural. Las protestas en este sentido responden a la maduración de un conflicto social y económico de larga data.
Ante esta situación el gobierno ha adoptado un discurso disociado de la realidad. En un primer momento, a una semana del comienzo del paro, el Presidente Santos negó la existencia misma de este. Solo ante el recrudecimiento de los bloqueos de carreteras, así como las denuncias de abuso de fuerza por parte de la Policía Nacional, el Presidente se retractó de su afirmación. Así, en el curso de 3 días, se pasó de una situación donde el discurso oficial del gobierno negaba la existencia de problemas, a uno donde se reconocía una crisis generalizada del sector agrario.
Las respuestas propuestas por parte del gobierno no difieren mucho de su discurso. Más que proponer un replanteamiento generalizado de la política en el sector agrario, el gobierno se circunscribe a plantear remedios de corto plazo los cuales en última instancia solo alargan la agonía de los campesinos colombianos que viven día a día del producto de la tierra. En el caso del TLC, el gobierno propone la implementación de salvaguardas que temporalmente permiten aumentar las tarifas arancelarias en una serie de productos agrícolas. Así mismo, propone la eliminación de aranceles para insumos con el objetivo de reducir los costos de estos. Finalmente, como sucedió en el caso de los caficultores, el gobierno ha propuesto el establecimiento de subsidios destinados a mantener precios mínimos para los productores.
Si bien estas propuestas permiten aliviar de manera inmediata la difícil situación de los campesinos colombianos, lo cierto es que el gobierno no está en capacidad de mantener este esquema de subsidios y protección más allá de unos cuantos meses. Ello se debe al marco institucional asociado a la adopción del TLC por parte del país. La eliminación de aranceles a bienes agrícolas adoptada al momento de firmar dicho acuerdo es de carácter permanente. Debido a este cambio, se ha observado un inusitado aumento de las importaciones de alimentos en Colombia. Entre 2012 y 2013, primer año de vigencia del TLC, las importaciones de bienes agrícolas de Colombia desde Estados Unidos aumentaron en un 70% [1] .
Para disminuir la entrada de importaciones, el gobierno ha propuesto el uso de salvaguardas. Dentro de las regulaciones del TLC estas permiten aumentar temporalmente las tarifas ante situaciones excepcionales como las que vive el país actualmente. Sin embargo, solo pueden utilizarse entre 1 y 3 años, con renovación requerida en el segundo año. Más allá del tercer año, el uso de este tipo de mecanismos queda prohibido por parte del acuerdo [2] . Es decir que futuros gobiernos que tengan interés en proteger la producción nacional por medio de cambios en la política arancelaria del país se verán imposibilitados por las restricciones impuestas por el TLC. En tal evento, tanto los productores nacionales, como la soberanía alimentaria del país, quedaran de nuevo indefensos ante las importaciones de alimentos.
En cuanto al tipo de cambio, la apreciación experimentada por el peso colombiano a lo largo de los últimos años pone en seria desventaja a los productores nacionales, al reducir artificialmente el costo de las importaciones. Los principales factores detrás de esta dinámica son la alta entrada de capitales al país asociadas con actividad en el sector minero, así como capitales golondrina buscando beneficiarse del diferencial de tipo de interés. La única respuesta del gobierno ante esta situación ha sido la esterilización de los flujos de capital por medio de la emisión de deuda de corto plazo. En los últimos 2 años tal estrategia le ha costado al gobierno cerca de mil millones de dólares, en la forma de pérdidas registradas por parte del Banco de la Republica, a cambio de moderar mas no eliminar completamente la revaluación. Frente a esta política la alternativa es la implementación de controles de capitales, como ya se ha hecho anteriormente en el país. Sin embargo, como en el caso de las salvaguardas, el país no puede utilizar este mecanismo debido a las restricciones impuestas por el TLC, las cuales prohíben este tipo de controles. Así, el tipo de cambio del peso colombiano y con ello la suerte de los productores nacionales siguen sujetas a los vaivenes de la especulación financiera.
El costo de los insumos y fertilizantes es un caso similar a lo que ocurre con las salvaguardas y los controles de capitales. El problema clave en esta area es la concentración en la estructura de mercado. La razon por la cual en Colombia los precios de los fertilizantes pueden llegar a estar entre 25 y 35% por encima de los precios internacionales esta asociada con el hecho que solo 4 empresas controlan entre el 80 y 90% del mercado en el pais [3] . La disminución en las tarifas aunadas a las restricciones fitosanitarias y de calidad en el TLC mantendran esta estructura, cambiando solamente los proveedores. Ello se debe a que las restricciones fitosanitarias y de calidad, requieren de la utilizacion de semillas y fertilizantes certificadas. Estos son provistos por las grandes compañias de la agroindustria como Monsanto, las cuales obligan a los cultivadores a comprar paquetes tecnologicos completos. En el caso de aquellos cultivadores que se resistan a este esquema productivo, se arriesgan a la destrucción de sus cultivos y semillas como queda demostrado en el documental 9.70 [4] .
Finalmente, en lo que respecta a los subsidios, estos representan tal vez la peor alternativa disponible. Ante la falta de protección y apoyo a la agricultura por parte del gobierno, los subsidios solo mitigan de manera temporal el carácter estructural de la baja productividad de gran parte del sector agricola en Colombia. En lineas generales, los subsidios tienden a beneficiar a la agroindustria en el pais, la cual dispone de facil acceso a credito por su tamaño y altos niveles de productividad, sin ayudar de manera estrategica a mejorar las condiciones de producción y de vida de los pequeños y medianos campesinos que viven cosecha a cosecha.
Ante esta situación se requeriria un aumento significativo de los recursos que destina el pais, no para subsidiar, sino para invertir en el desarrollo de las capacidades y potencial de la agricultura en el pais, por medio de la tecnificación y especialización productiva de la economia campesina. Sin embargo, una mirada al presupuesto de la Nación revela una situación bastante diferente. Mientras que en el presupuesto de 2013 el sector agricultura recibio recursos por 3,7 billones de pesos (1,9 millardos de dolares) en 2014 el sector recibira 2,1 billones de pesos (1,1 millardos de dolares). Esto representa una disminución del 43%, justo en el año en que ademas del TLC con Estados Unidos, se espera entre en vigencia el TLC con la Union Europea.
No solo el sector agricola ve reducida su partipación sino que en general la estructura del presupuesto de Colombia muestra la poca atención que recibe el campo. Los recursos del sector representan un 1% del total del presupuesto de 2014. Mientras tanto el sector Defensa, basicamente los recursos de la Policia y Ejercito Nacional, recibira 27,7 billones de pesos (14,5 millardos de dolares), es decir 14 veces los recursos destinados para agricultura. Mas grave aun, mientras los campesinos protestan y se manifiestan en contra del olvido estatal, el gobierno destina 44,7 billones de pesos (23,3 millardos de dolares) para el pago de la deuda, o 23 veces los recursos de agricultura. Al sumar los recursos destinados al pago de la deuda y el sector defensa, estos representan el 37% de los recursos totales del presupuesto de 2014. Esta cifra es el equivalente de los recursos de agricultura, educación, salud, inclusión social, transporte y vivienda.
Los numeros dejan en claro que mas alla de buscar resolver de manera estructural los problemas del campo colombiano, el gobierno busca soluciones de corto plazo que le permitan posicionarse de cara a las elecciones que tendran lugar en el pais en el primer semestre de 2014. El costo de esta estrategia necesita ser sopesado, no solo frente a la futura reaparición de la misma serie de problemas que enfrenta hoy en dia el sector agricola, sino mas importante aun frente a una posible conclusion exitosa de los dialogos de paz que se llevan a cabo en la Habana. Ante la oportunidad historica de lograr una solución negociada al conflicto armado, Colombia no se puede dar el lujo de continuar desatendiendo las tensiones sociales y economicas que dieron lugar originalmente al periodo de violencia que ya dura mas de 60 años. Al parecer las calles y pueblos de Colombia, y en especial su capacidad de seguir presionando por cambios al gobierno, tienen la ultima palabra al respecto.
[1] Senado de Colombia, "Las cifras confirman que Colombia es el gran perdedor del TLC con Estados Unidos: senador Robledo”, disponible en: http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/1...int=1
[2] Kruger, P., Denner, W., Cronje, J., (2009), “Comparing Safeguard Measures in Regional and Bilateral Agreements”, ICTSD, Issue Paper No. 22, disponible en: http://www.felixpena.com.ar/601E3B3C-6746-4557-94CC-F57...b.pdf
[3] El Espectador, “ Colombia, campeón mundial en precio de fertilizantes”, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-...40962
[4] En este documental se muestra el caso de un grupo de cultivadores de arroz del departmento del Huila, los cuales se ven forzados a destruir sus semillas en el marco de los lineamientos del TLC con Estados Unidos. Ver, Documental 9.70 de Victoria Solano, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g
Los agricultores una vez más dijeron que se sentían burlados y que por ello optaron por la decisión de unirse al paro y enviar una delegación a la mesa nacional. Sectores universitarios y magisterio juntos a los hombres y mujeres del campo en estas luchas.
Montería. Miles de agricultores del departamento de Córdoba se unen esta semana al paro nacional agrario y popular para protestar por incumplimientos del gobierno. Los agricultores de esta parte del Caribe colombiano no soportaron tanta burla del Gobierno nacional que ahora desconoce los acuerdos hechos con ellos en una reunión realizada en Bogotá el pasado 20 de agosto. Según informa Rosmy Rojas, miembro del comité de los agricultores del Valle del Río Sinú, se aprobó en asamblea general que esta vez el paro será indefinido y en el mismo participarán todos los agricultores de Córdoba.
Los agricultores están molestos, tras haber confiado en la palabra del Gobierno, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, les hizo como se dice popularmente “pistolas”.
Los agricultores exigen a las autoridades que contemple una herramienta jurídica para garantizar el pago de 64 mil millones de pesos que los agricultores adeudan a las cooperativas y a la banca y que no han podido pagar porque la cosecha no ha dado los frutos esperados por fenómenos como las inundaciones y la mala calidad de las semillas.
Montería. Una marcha de estudiantes de la Universidad de Córdoba, se desarrolló en Montería el jueves 5 de septiembre para protestar pacíficamente frente a las instalaciones del Diario El meridiano.
La movilización de mas de 2 mil jóvenes se realizó a las 6 y 30 de la noche con dos motivos, uno el apoyo al articulado de la propuesta elaborada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE- en sus jornadas nacionales de movilización y la construcción del paro nacional y el otro motivo era expresar el descontento del sector estudiantil cordobés contra las columnas y escritos que este periódico publicó la semana pasada contra las acciones de los estudiantes universitarios las cuales son consideradas por voceros de las organizaciones gremiales como unas provocaciones del órgano informativo.
Durante el desarrollo de las protestas frente al Meridiano unas personas encapuchadas ajenas al movimiento estudiantil, que no se sabe de donde aparecieron lanzaron 3 antorchas a las instalaciones del periódico sin consecuencias que lamentar, por lo que los líderes de las organizaciones inmediatamente retomaron el control de la situación aislando a esos encapuchados y siguiendo la marcha pacífica y organizada.
El diario el Meridiano, caracterizado por su posición de extrema derecha nuevamente saca en sus páginas el día de hoy viernes la información en primera página y con amplio despliegue contra los sectores universitarios de la Unicordoba por la situación ocurrida anoche. Triste rol el de los medios masivos de información, como este diario de Montería, que en vez de dedicarse a informar, utiliza sus páginas para hacer lo mismo que hace el gobierno nacional con el señalamiento y la estigmatización contra las protestas sociales y sus principales voceros u organizaciones.
Varios voceros de las organizaciones universitarias han acudido a organismos nacionales e internacionales humanitarios y de defensores de los derechos humanos para que ejerzan vigilancia y acompañamiento ante la gravedad de esas campañas o publicaciones de El Meridiano y alertan porque desde ese medio se han atrevido con lenguaje sofisticado a invocar un regreso del paramilitarismo en el centro de educación superior dizque para que arreglen de nuevo la universidad que se encuentra hundida en la politiquería y el clientelismo.
Según se ha anunciado los estamentos de la Universidad de Córdoba y sus organizaciones gremiales convocarán a una asamblea interna el martes 9 de septiembre y una rueda de prensa o encuentro con periodistas a las 12 del día en las instalaciones de la Unicordoba.
Entre los anuncios mencionan además que están preparando una gran movilización del sector estudiantil y agrario con participación de miles de personas tanto campesinos del alto Sinú como de la región del medio y bajo Sinú, de los sectores algodoneros y maiceros para unirse a los paros nacionales que continúan con firmeza en el resto del país.
El martes se levantaran totalmente los bloqueos y tomas de las 8 carreteras, que persisten a causa del paro nacional. La decisión se tomó en Popayán.
Luego de 21 días de paro llegaron a acuerdos la comisión del Gobierno y voceos de la Mesa Nacional Agraria y Popular de interlocución y Acuerdo (MIA Nacional)
El acuerdo fue realizado entre el Gobierno Nacional y los líderes campesinos de 17 departamentos en conjunto con voceros del movimiento MIA Colombia. La delegación gubernamental la encabeza el Vicepresidente Angelino Garzón con presencia de gobernadores de los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Tolima y Meta. De igual manera a la reunión asistieron el coordinador del PNUD en Colombia y el delegado del Defensor del Pueblo.
Los campesinos habían manifestado su voluntad de diálogo y denunciaron que mientras se aspira a llegar a acuerdos, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el director de la Policía, el General Rodolfo Palomino; mantienen la amenaza de usar la fuerza para desalojar a los manifestantes que se concentran en el departamento del Meta.
Un vocero de la MIA aseguró que "el Gobierno entrará en un proceso de diálogo con los campesinos y si no cumple. pues los campesinos volverán a las protestas"
Por su parte, Garzón dijo que se sentía "agradecido con los voceros de la MIA".
El acuerdo fue realizado entre el Gobierno Nacional y los líderes campesinos de 17 departamentos. La delegación gubernamental estuvo conformada por el vicepresidente Angelino Garzón y los gobernadores de Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Tolima. Asistieron también el coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia y el delegado del Defensor del Pueblo.
El plazo para completar el desbloqueo de las vías es el martes 10 de septiembre a las 12 del día. El Gobierno se comprometió a designar una comisión de alto nivel que discutirá con los 12 voceros de la MIA sobre los seis puntos del pliego presentado hace un mes.
Como garantes la MIA propuso nombres como los del ex presidente Ernesto Samper, el representante Iván Cepeda, el provincial jesuita Francisco de Roux y los funcionarios de la ONU Fabrizio Hotchschild y Todd Howland.
También habrá mesas de diálogo entre los gobernadores firmantes y los campesinos para abordar los temas de carácter regional.
La MIA nacional anunció que, en caso de que el Gobierno incumpla lo pactado, volverá a levantar la protesta.
Ver acta de acuerdo:
“Comunicado a la opinión pública: La asociación Agro – Ambiental del Tolima, ASAT, informa a los campesinos del norte del departamento de Tolima y al pueblo en general, que el Paro Nacional Agropecuario y Popular continúa. No es cierto que se haya llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional y que el señor Dagoberto Medina Martínez haya manifestado como miembro del comando departamental de paro y representante de los campesinos del norte del Tolima ante la mesa de interlocución agropecuaria MIA que se haya logrado acuerdo alguno”.
“Por eso, rechazamos categóricamente los infundios y mentiras de un panfleto donde se dice que se levanta en Paro Nacional Agropecuario y Popular, máxime cuando el gobierno nacional se niega a firmar acuerdos con la mesa nacional de interlocución MIA”.
“Convocamos a los campesinos y campesinas del norte del Tolima a continuar en la lucha por reivindicaciones consecuentes con las necesidades urgentes del campo y del campesino. Llamamos a la unidad y a la resistencia popular. De igual manera, rechazamos la desinformación y los distintos artilugios del gobierno nacional encaminados a menguar la resistencia y la justa lucha de los campesinos”.
Ibagué, septiembre 8 de 2013
ASOCIACIÓN AGRO – AMBIENTAL DEL NORTE DEL TOLIMA – ASAT – DIRECTIVA
“El paro Nacional
Es una gran defensa al país,
A nuestra tierra,
A nuestros recursos naturales,
Nuestra cultura y
Nuestra identidad”
Andrés Gil – Vocero MIA Nacional
El pasado 8 de agosto se radico en las instalaciones del Ministerio de Agricultura el Pliego Nacional de Exigencias de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, exigiendo al Gobierno Nacional dar solución a los seis puntos centrales; con este pliego, las organizaciones agrarias y populares de todo el país, colocaron de manifiesto su intención y voluntad para solucionar la profunda crisis agropecuaria que afronta el campo Colombiano.
Ante la negativa del Gobierno Nacional de entablar un diálogo directo con las comunidades, desde el pasado 19 de agosto, cientos de manifestantes se volcaron a las calles y principales vías del País para darle vida al Paro Nacional Agrario y Popular.
Cumplido un mes de entregado el Pliego Nacional de Exigencias y con un saldo a la fecha de “660 casos de violaciones de Derechos Humanos, 485 heridos, 12 compañeros asesinados por las Fuerzas Armadas del Estado Colombiano, 262 detenciones arbitrarias y 52 hostigamientos y amenazas a líderes de la protesta agraria y popular” según informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. El Paro Agrario se mantiene, se fortalece y enaltece con los actos masivos de solidaridad que han colmado plazas y parques con miles de estudiantes, artistas, obreros, mujeres, niños, etc. Acciones, que visibilizaron la crisis rural en el conjunto de la sociedad colombiana.
Desde su inicio y trascurridos más de 21 días de Paro Nacional Agrario y Popular, las comunidades articuladas en la MIA-Nacional han dado muestras de un nivel de organización preponderante que ha roto el cerco mediático, la señalización y la estigmatización de parte de los Gobiernos Nacional y Departamental, quienes han tratado de calificar de injustas las reclamaciones e inexistente el Paro.
Contrario a la actitud y el trato militarista que le ha dado el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos a la protesta social en todo el país; El campesinado continuo con su voluntad de dialogo.
Hoy, el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, el Defensor Nacional del Pueblo, el coordinador del PNUD en Colombia, Gobernadores de los Departamentos de Meta, Guaviare, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y voceros nacionales de la MIA adelantan una segunda reunión para trazar metodología, tiempos y vocerías de la mesa de encuentro. Reunión que se adelantó, en las instalaciones de la Gobernación del Cauca.
En este momento a puerta cerrada se espera construir un acta de acuerdo inicial que pueda dar fin al Paro Nacional Agrario y Popular.
Septiembre 08 de 2013
¡Hemos puesto en Marcha nuestro corazón,
Seguirá en Marcha la esperanza
Para alcanzar en marcha,
La dignidad de nuestro pueblo!
Luego de dos horas a puerta cerrada, los doce voceros de la Mesa Nacional Agropecuaria y Nacional de Interlocución y Acuerdo -MIA- y el Vicepresidente de la República, acompañados de los Gobernadores de Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Meta, Tolima y Huila; los defensores del pueblo del Valle del Cauca, del Meta y Cauca; el defensor del pueblo nacional y el coordinador residente de Naciones Unidas se llega al fin de 21 días de bloqueos y tomas de carreteras en el país.
En acta firmada se acordó el fin de los bloqueos, lo que no significa el fín del proceso de movilización, por parte de las comunidades y el inicio del diálogo y negociación, sobre la base de los seis puntos del pliego nacional de exigencias radicado por voceros de la MIA hace un mes en Bogotá, a la mayor brevedad posible.
Se propone la conformación de una comisión de garantes y acompañantes compuesta, entre otros, por el ex presidente Ernesto Samper y el presidente del Congreso Juan Fernando Cristo.
El próximo miércoles 11 de septiembre los voceros de la MIA y el Gobierno Nacional se reunirán en Bogotá con el fin de abordar los temas relacionados con las garantías jurídicas y políticas del proceso.
Andrés Gil (vocero nacional de Marcha Patriótica y de la MIA) recordó que el paro continúa "entraremos en proceso de negociación con el gobierno, las asambleas, reuniones y concentraciones se mantendrán. No habrán tomas de carreteras, pero si el Gobierno nos incumple volveremos a ellas"
Los voceros nacionales confirmaron e invitaron a la CUMBRE NACIONAL AGRARIA Y POPULAR el próximo 12 de septiembre en Bogotá. "No asistiremos al denominado pacto nacional agrario del gobierno por considerar que no refleja los intereses del campesinado"
"660 casos de violaciones a los DDHH, 485 heridos, 12 campesinos asesinados, 262 detenciones arbitrarias y 52 hostigamientos y amenazas fue el saldo trágico de un paro que fue tratado por la vía militar y que hace mucho tiempo pudo ser solucionado" dijo uno de los campesinos presentes en la reunión al tiempo que expreso "el diálogo es la ruta".
Septiembre 08 de 2013
¡Hemos puesto en Marcha nuestro corazón,
Seguirá en Marcha la esperanza
Para alcanzar en marcha,
La dignidad de nuestro pueblo!
Pese a los anuncios que desde varias regiones y desde el gobierno nacional se han realizado sobre el fin de los bloqueos de vías en algunas de las principales carreteras de país y la subsecuente terminación del paro agrario y popular; las causas que dieron origen al inconformismo generalizado y la decisión de tomarse las calles, siguen sin ser resueltas. Por lo tanto el paro nacional continúa vigente.
Desde el campamento de refugio humanitario en el municipio de Barbosa, donde más de cuatro mil personas entre campesinos, indígenas y mineros se encuentran reunidos desde hace más de 20 días, se reitera el compromiso con las comunidades que aún permanecen en sus veredas resistiendo la arremetida de un Estado que en lugar de ayudas hace presencia con su brazo represivo.
El estado de salud de algunos niños, mujeres y ancianos ha flaqueado un poco por los efectos que dejan las armas represivas con las que arremete la policía contra el pueblo colombiano; esto hace perentorio el relevo de los manifestantes, devolviendo a los más débiles a sus hogares y dejando venir a quienes su indignación los ha hecho salir a las calles y decir no más.
Existen diferentes modos de manifestarse y de demostrar el inconformismo que generan años de abandono al campo colombiano, más ahora con la arremetida de los tratados de libre comercio con varias potencias mundiales con las que el país y los trabajadores del campo no están en posibilidad de competir; el bloqueo de las vías es sólo una de estos modos. El declararse y permanecer en campamento de refugio humanitario en contra de los intentos de sabotaje de las autoridades municipales de Barbosa, constituye un acto de resistencia que debe ser reconocido nacional e internacionalmente como mecanismo de defensa ante las constantes agresiones de la fuerza policial.
Estos modos de manifestación han sido pacíficos y las vías de hecho se han tomado como última medida ante años de represión y abandono. Estas manifestaciones se encuentran infiltradas, pero muy por el contrario de lo que pretenden mostrar los medios de comunicación hegemónicos, no es por la insurgencia, sino por agentes de las fuerzas armadas que vestidos de civil se escabullen entre los manifestantes y realizan actos de sabotaje al mismo pueblo colombiano que está apoyando el paro para de esta manera justificar luego la represión de estas mismas fuerzas armadas.
Son muchos los heridos, los muertos y las pérdidas materiales que han dejado estos días de paros, si no se visualizan soluciones reales que garanticen el retorno sin consecuencias para líderes y marchantes a sus tierras para trabajar para ellos y para su país, no para multinacionales que son dueñas del suelo y del subsuelo. Los manifestantes continuarán en Barbosa cualificandose, estudiando y organizándose para estar a la altura de la gran manifestación nacional agraria y popular.
El paro continúa más vivo que nunca, se tomarán fuerzas de la rabia que produce el hambre, la falta de oportunidades, la deficiente infraestructura, la carencia de servicios públicos, en fin, el abandono en el que se tiene sumergido a millones de colombianos que buscan trabajar el campo. Hasta ahora los habitantes de las ciudades han entendido también cómo este abandono se ve reflejado en la vida diaria de las grandes urbes y han salido también a manifestarse en las principales capitales del país.
Los jóvenes y los estudiantes se vincularán también a la lucha, con la imaginación como mejor arma, pronto las calles se verán inundadas por ríos de personas que mostrarán a los incrédulos del mundo que el paro agrario y popular sí existe y que mientras unos pocos se queden con el trabajo de mucho, las calles y los campos serán los escenarios de lucha y resistencia de pueblo colombiano.
En el día ayer 29 de agosto, se llevó a cabo la reunión entre FECODE y Juan Manuel Santos, con la participación del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, la Ministra de Educación María Fernanda Campo, Juan José Lalinde y Jorge Peralta, presidente y vicepresidente de la Fiduprevisora, los senadores Juan Fernando Cristo presidente del Congreso de la República, Jorge Guevara y Luis Carlos Avellaneda, integrantes de la Comisión Accidental para la mediación en los conflictos sociales.
Luego de la sustentación de los casos que motivan el paro del magisterio, se acuerda establecer una mesa de trabajo, conformada por representantes de la presidencia de la república, el Ministerio de Hacienda, Educación, Salud, Fiduprevisora, el congreso de la república y Fecode, con el propósito de buscar soluciones a las peticiones del magisterio. Esta mesa de trabajo iniciará sus sesiones el lunes 2 septiembre.
Le informamos a la opinión nacional e internacional y al magisterio en particular, que se mantiene el estado de alerta máximo, los preparativos para el inicio del paro decretado para el próximo 10 de septiembre; de igual forma, se continúa con el plan de trabajo acordado el pasado 23 de septiembre por la Junta Nacional de FECODE, único organismo estatutario facultado para la toma de decisiones.
Llamamos al magisterio a continuar unidos y firmes en torno a nuestros sindicatos regionales y Fecode, reiteramos nuestra disposición al diálogo y la negociación, pero de igual forma la indeclinable decisión que si no hay soluciones a nuestras peticiones, iniciaremos el PARO NACIONAL, el 10 de septiembre.
¡SEÑOR, PRESIDENTE, USTED TIENE LA PALABRA!
COMITÉ EJECUTIVO
LUIS GRUBERT IBARRA Presidente
RAFAEL CUELLO Secretario General
Las Naciones Unidas en Colombia se permite informar que ha realizado la verificación del desbloqueo de las vías en los diversos sitios del país donde la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de interlocución y Acuerdo –MIA- tiene presencia, en atención a los compromisos asumidos en el Acta de Acuerdo suscrita el pasado domingo 8 de septiembre entre el Vicepresidente de la República; los voceros de MIA; los gobernadores del Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Tolima y Putumayo; la Directora del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y los Defensores del Pueblo del Cauca y el Valle del Cauca.
Las Naciones Unidas confirmaron que en la mañana del domingo 8 había más de 15 puntos bloqueados en los departamentos de Caquetá, Cauca, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Tolima.
De acuerdo con la verificación en terreno realizada en un proceso coordinado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con apoyo del PNUD, ACNUR y UNDSS, hoy martes 10 de septiembre las Naciones Unidas pueden confirmar que en estos momentos dichos bloqueos han sido levantados en su totalidad.
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia quiere aprovechar esta oportunidad para felicitar al vicepresidente de la República Angelino Garzón, a los Gobernadores firmantes del Acta de Acuerdo y a los voceros de la MIA, por haber llegado a este consenso a través del diálogo. Así mismo, manifiesta su satisfacción porque este desbloqueo se ha realizado en forma pacífica, sin enfrentamientos ni afectaciones a las comunidades.
Las Naciones Unidas en Colombia ratifican su disposición a apoyar al Estado colombiano y a las organizaciones que forman parte de la MIA a seguir acompañando los procesos derivados del Acta de Acuerdo en la medida en que se considere útil nuestro acompañamiento.
Bogotá, septiembre 10 de 2013
Después de permanecer 23 días bloqueada la vía transversal del Libertador en dos sitios del Cauca y Huila, los campesinos y campesinas lideradas por la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro “ACIT”, ratificaron su legítima lucha desbloqueando la vía y realizando una Marcha por las calles de la cabecera municipal de Inzá-Cauca.
Desde tempranas horas y cumpliendo con el compromiso firmado con el gobierno nacional y los voceros de la Mesa de Interlocución y acuerdo – MIA los más de mil campesinos terminaron los bloqueos, desplazándose en caravana hacia la cabecera municipal. Alli se unieron docentes que desde el dia de hoy se unen al Paro convocado por Fecode.
Depués de marchar por las calles, se reunieron en la plaza principal, exponiendo los siguientes objetivos:
- Agradecer la solidaridad ciudadana con el Paro Agrario y popular.
- Socializar el acuerdo logrado en Popayán entre la MIA y el Gobierno Nacional.
- Seguir reivindicando y apoyando los seis puntos del pliego petitorio nacional, hasta que el gobierno acepte nuestras peticiones.
- Acordar el cronograma para abordar los acuerdos incumplidos desde la Alcaldía Municipal de Inzá.
- Exigir la legalización de la Zona de Reserva Campesina legítima de hecho de Tierradentro y la montaña Caucana.
- Exigir al gobierno Nacional y en especial a la fuerza pública, así como de minúsculos sectores retardatarios de la región, el cese de señalamientos peligrosos y mal intencionados a los líderes y lideresas de la ACIT.
- Enviar un saludo de solidaridad en estos momentos difíciles al compañero campesino Hubert Ballesteros, detenido injustamente por el régimen, a raíz de su compromiso incondicional con las luchas campesinas, especialmente en el departamento del Cauca.
- Enviar un mensaje de unidad y fuerza a todos los campesinos y campesinas, indígenas, afros y sectores populares que con la frente en alto, y dignidad en sus almas permanecieron valerosamente en las vías Colombianas.
- Rendir honores a los compañeros asesinados por la Fuerza pública durante el paro Agrario y Popular. Enviar un mensaje de condolencia a sus familiares. Desear pronta recuperación a los cientos de heridos por el uso desproporcionado y brutal de la fuerza y armas por parte del Ejército y el ESMAD.
- Solidarizarse con el paro nacional educativo.
A esta hora los campesinos y campesinas regresan con la moral en alto y el deber cumplido a sus veredas, después de su prolongada lucha y resistencia popular.
Por el reconocimiento del campesinado como sujeto político y el derecho al territorio:
¡Zonas de Reserva Campesina y aprobación de la Declaración de los derechos de los campesinos y campesinas por las Naciones Unidas¡
ACIT ( PUPSOC, ANZORC)