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Desaparecidos reclamantes de tierras del Curvaradó, Colombia

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | non-anarchist press author Wednesday March 28, 2012 23:54author by Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Report this post to the editors

Bogotá, Marzo 26 de 2012

Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la privación de la libertad y desaparición forzada del integrante del consejo comunitario de Curvaradó, MANUEL RUIZ y SU HIJO SAMIR DE JESÚS RUIZ por paramilitares que desarrollan sus operaciones dentro del territorio de Curvaradó, donde implementan los agronegocios empresariales ocupantes de mala fe.

JUAN MANUEL SANTOS Presidente de la República de Colombia

ANGELINO GARZÓN Vicepresidente de la República de Colombia

GERMÁN VARGAS LLERAS Ministro del Interior

MARÍA ANGELA HOLGUÍN Ministra de Relaciones Exteriores

JUAN CAMILO RESTREPO Ministro de Agricultura

JUAN CARLOS ESGUERRA Ministro de Justicia

FRANK JOSEPH PEARL GONZÁLEZ Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible

EDUARDO MONTEALEGRE Fiscalía General de la Nación

ALEJANDRO ORDÓÑEZ Procurador General de la Nación

VOLMAR PÉREZ Defensor Nacional del Pueblo

Ref: Desaparecidos reclamantes de tierras del Curvaradó

¿Hasta cuando van a mostrar parcialidad con el malvado?... Hagan justicia al débil, defiendan el derecho de los pobres, rescaten al débil y al necesitado; liberenlo de la mano del malvado”. Salmo 82, 2-4

Reciban un respetuoso saludo.

Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la privación de la libertad y desaparición forzada del integrante del consejo comunitario de Curvaradó, MANUEL RUIZ y SU HIJO SAMIR DE JESÚS RUIZ por paramilitares que desarrollan sus operaciones en Mutatá, Belén de Bajirá, Caucheras, Brisas de Curvaradó y dentro del territorio de Curvaradó, donde implementan los agronegocios empresariales ocupantes de mala fe.

Estas noticias criminales reflejan nuevamente la ausencia de garantías para la prevención, la protección de la vida e integridad de los reclamantes de tierras de los consejos comunitarios que en derecho exigen la restitución de la propiedad colectiva arrebatada con sangre, con fuego y con ilegalidad y fraude procesal, crímenes de lesa humanidad y daños ambientales, por paramilitares beneficiando a empresarios de la palma, el banano, la ganadería y la coca.

MANUEL demandó del gobierno de JUAN MANUEL SANTOS, la adopción de medidas de protección ante las amenazas de que fue objeto por uno de los administradores de los ocupantes de mala fe CARLOS RIOS, FABIAN RIOS y VICTOR RIOS, de las fincas “La Bonita” y los “Piscingos” en Apartadocito Curvaradó, a quien apodan el “Bicho” o “Viyo”, por la reclamación de la restitución de las tierras y por su liderazgo comunitario; su exigencia fue respondida con un teléfono celular como único elemento preventivo. El gobierno desconoció la adopción de medidas de otro tipo teniendo en cuenta que se trata de un reclamante y líder de la restitución, que se enfrenta a poderosos empresarios y sus grupos armados, a su poder e incidencia en la institucionalidad; desconociendo la necesidad de adopción de medidas específicas para comunidades que las han exigido durante más de diez años y que no se han concretado; con disposiciones ciertas y verificables como el desmonte del paramilitarismo que opera con la complicidad de la policía de Urabá y la brigada 17, estructuras regulares en que se ha enquistado el paramilitarismo.

Estos escandalosos daños a la vida, a la libertad son responsabilidad del Estado, se negaron a adoptar las medidas pertinentes preventivas desde hace meses, y, agentes policiales ante los señalamientos que hicieron paramilitares de que MANUEL y su hijo SAMIR eran guerrilleros o sus auxiliadores, les detuvieron. Los indicios ciertos de la interacción están ahí y a la vista de todo el mundo que llega a Mutatá o Belén de Bajirá, donde departen agentes estatales y paramilitares, llamados BACRIM, o como sucede en Brisas de Curbaradó en donde comparten la distribución de la seguridad. Pero no ha sido solo eso, los testimonios indican que la policía de Mutatá conoció de pobladores el lugar en donde los paramilitares presumiblemente dejaron los cuerpos de vida de padre e hijo y se negaron a hacer algo para confirmar esa situación y manifestaron a quienes así deseaban hacerlo que era muy riesgoso.

Ante ustedes la fundamentación fáctica que consignamos en esta Constancia Histórica

* Viernes 23 de marzo, en horas de la tarde, aproximadamente a las 4:30 p.m. MANUEL RUÍZ, de 56 años, miembro del Comité de Censo del Consejo Comunitario de Apartadocito, cuenca de Curvaradó y SAMIR DE JESÚS RUÍZ GALLO, de 15 años, fueron privados de su libertad por paramilitares. Desde ese momento se desconoce su paradero, luego que paramilitares los obligaron a bajarse del vehículo en que se movilizaban desde Mutatá hacia Apartadocito, Curvaradó. De acuerdo con testigos, uno de los paramilitares abordó con MANUEL y SAMIR y otros pobladores el vehículo en que se transportaban. Minutos después el hombre que se identificó como paramilitar ordenó al conductor que se detuviera en el punto conocido como “El Basurero”, a 10 minutos de Mutatá, donde lo esperaban otros dos integrantes de esta estructura paramilitar.

Antes de la actuación paramilitar, en Mutatá, MANUEL y su hijo fueron abordados, primero por paramilitares que los señalaron de guerrilleros y posteriormente por efectivos policiales que los retuvieron, mientras recargaban uno de sus teléfonos celulares 317 370 7029 y 311 337 2374.

A eso de las 4:30 p.m, MANUEL y SAMIR se comunicaron con su familia informando que habían sido obligados a descender del vehículo en el punto conocido como “El Basurero”, cerca al puente del Río Sucio, a 10 minutos de Mutatá, y que les exigían $ 2.000.000 millones de pesos para dejarlos en libertad. Agregó que el dinero debían llevarlo a un lugar de recepción y envío de giros llamado GANA de Mutatá.

*Sábado 24 de marzo a eso de las 10:30 a.m., en Apartadocito, uno de los miembros del consejo comunitario solicitó a delegados del gobierno que se encuentran en el lugar para desarrollar actividades del censo, que debían aclarar lo que pasaba con MANUEL y su hijo SAMIR de JESUS, pues él era quien iba a guiar el recorrido por predios ocupados de mala fe en el lugar conocido como Los Piscingos.

El funcionario gubernamental manifestó que el secuestro pretendía sabotear la inspección de linderos y que buscaría a otra persona para que les guiara.

Efectivamente MANUEL guiaría al gobierno en la inspección del área conocida como "Los Piscingos", ocupada de mala fe por empresarios desde 1996 luego de operaciones paramilitares. La inspección se realizaría en este día, en cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional A-045 del 7 de marzo de 2012.

El gobierno nacional manifestó que la policía de Urabá sabía de la situación de MANUEL y SAMIR a través de la Defensoría del Pueblo, precisó que efectivamente lo habían abordado los paramilitares por un intento de robo o estaba relacionado con sus teléfonos celulares. Afirmó la policía que les extrañaba lo ocurrido, justo cuando don MANUEL tenía que participar, ese sábado, en el proceso de caracterización del censo.

Hacia las 5:30 p.m. se conoció que paramilitares, entre ellos, JOSÉ DE JESÚS MOYA ASPRILLA, apodado el “Cucho” afirmaron a familiares de las víctimas, que MANUEL y SAMIR habían sido asesinados hacia las 3:00 de la mañana de ese sábado y sus cuerpos arrojados debajo del puente de Río Sucio.

*Domingo 25 de marzo, en horas de la mañana la familia junto con efectivos policiales hallaron una huella de sangre en el puente de Río Sucio a 10 minutos de Mutatá. En horas de la tarde la policía informó que sobrevoló la zona y debió suspender la búsqueda por malas condiciones atmosféricas.

Familiares de las víctimas junto con acompañantes internacionales y nacionales buscaron en el lugar conocido como “El Basurero” sin encontrar rastro alguno.

A la señora TRINIDAD GALLO esposa de don MANUEL y madre de SAMIR, la policía en Mutatá pidió que firmara documentos, que ella no pudo identificar de qué trataban.

En horas de la tarde todos los miembros de la familia RUÍZ GALLO, 7 niños y 12 adultos se vieron obligados a desplazarse hasta Mutatá por temor a nuevas acciones de los paramilitares, y esperando que su presencia visible en este municipio de Antioquia evite daños irreparables a su vida e integridad.

* Lunes 26 de marzo, hacia las 8:00 a.m., la familia RUIZ GALLO conoció que un poblador se presentó el sábado 24 hacia las 6:00 p.m., a la estación de policía de Mutatá a reportar que había encontrado un cadáver cerca al puente del Río Sucio, cuya descripción coincidía con la de MANUEL RUIZ y que lo había sacado hasta la playa del Río Sucio. La policía no adelantó acción alguna de búsqueda, ni reportó la información a la familia. La policía había dicho a autoridades del Estado, que tenía riesgos adelantar cualquier búsqueda en esa área por razones de seguridad.

Frente a estos graves hechos requerimos se nos informe de manera detallada:

1. ¿Qué acciones adelantó el Sistema de Búsqueda Urgente de Personas Desaparecidas desde el momento en que se conoció de la desaparición de MANUEL y su hijo SAMIR DE JESÚS?.

2. ¿Qué acciones adelantó la policía de Mutatá desde el viernes 23 de marzo, cuando conoció de la desaparición de MANUEL y su hijo SAMIR DE JESÚS y cuando conoció por parte de un poblador de Mutatá el sábado 24 del lugar donde presumiblemente arrojaron el cadaver?

3. ¿Qué avances ha alcanzado los entes de investigación y control, relacionados en la identificación de los miembros de la policía que detuvieron a MANUEL, pocos minutos después que paramilitares lo hubieran abordado junto con su hijo SAMIR? ¿Cuáles fueron las razones de la detención?

4. ¿Qué adelantos pueden mostrar los entes de investigaciones y de control de sus indagaciones sobre la interacción existente entre la policía de Mutatá, Pavarandó, Bajirá, con los paramilitares, entre ellos JOSE DE JESÚS MOYA ASPRILLA, apodado “El Cucho” ?

5. ¿Qué indagaciones han adelantado los entes de investigación sobre los posibles actores materiales de la desaparición forzada frente a las amenazas denunciadas por MANUEL RUIZ provenientes de hombres como el “Bicho” o “Biyo” al servicio de los empresarios ocupantes de mala fe CARLOS RIOS, FABIAN RIOS y VICTOR RIOS?

6. ¿Frente a los 37 lideres y lideresas del Curvaradó y Jiguamiandó amenazados qué medidas , mas allá de teléfonos celulares, se van a adoptar con carácter urgente?.

7. Ante el desplazamiento forzado de la familia para prevenir más retaliaciones por la exigencia que vienen haciendo de restitución de sus territorios, qué actuaciones concretas de tipo humanitario y de protección van a adelantar?

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas efectivas de enfrentamiento del paramilitarismo. MANUEL es uno de los 37 miembros de la cuenca del Curvaradó víctimas de amenazas contra su vida por reclamar las tierras. El Ministerio del Interior realizó estudio de riesgo y como medida de protección le asignó un teléfono celular. La ausencia de garantías, entre ellas el enfrentamiento al paramilitarismo es evidente. MANUEL denunció como los empresarios ocupantes de mala fe de predios colectivos, lo hostigaron, lo intimidaron, lo amenazaron, con grupos armados depedientes de estos y con paramilitares. Insistimos la única respuesta, que no salva de responsabilidad al Estado, fue un celular de bajo costo con pocos minutos. Queda en evidencia los serios límites del Sistema de búsqueda incapaz de actuar con oportunidad y diligencia frente a este tipo de caso, supeditado a aspectos burocráticos.

Nuestra Censura Ética ante la inacción institucional frente al paramilitarismo en materia de fuerza y de justicia, estas estructuras paramilitares, como a la que pertenece, JOSÉ DE JESÚS MOYA apodado “El Cucho”, continua operando con la aquiescencia y complicidad de la Policía de Urabá y la Brigada 17 del ejército desde hace más de 8 años en la región, se pasea delante de las autoridades, se ufana de dialogar con ellas, de su gran poder, sin que nadie absolutamente, nadie actúe.

Nuestra Censura Ética ante la impunidad propiciada por el ente de investigación que por miedo, por ineficacia se ha negado sistemáticamente a enfrentar el enquistamiento del paramilitarismos en la policía de Urabá y la brigada 17.

Un modus operandi similar se presentó en octubre de 2005. En esa ocasión el líder de restitución ORLANDO VALENCIA, después de haber sido detenido por la policía en Bajirá, fue desaparecido y posteriormente asesinado por los paramilitares, todos los agentes policiales fueron absueltos a pesar de las evidencias. No puede esperarse mucho del ente de investigación, que durante más de 15 años se ha negado a actuar con eficacia y celeridad, se ha abstenido de investigar los responsables policiales y militares, en altos niveles de mando, que cobijan las operaciones paramilitares.

Detrás de los crímenes de otros reclamantes de tierra del Curvaradó y Jiguamiandó hay testimonios, fuertes indicios de la responsabilidad de empresarios ocupantes de mala fe, a quienes las víctimas reclamaron sus tierras o notificaron decisiones judiciales: de ORLANDO VALENCIA, empresarios de Urapalma; de WALBERTO HOYOS y BENJAMIN GOMEZ, el coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, de el crimen de ARGENITO DIAZ, RAMIRO QUINTERO y JULIAN RAMIREZ, de la desaparición de EVERTO GONZALES, los empresarios CLAUIDA ARGOTE y ANTONIO ARGOTE y en esta ocasión de la desaparición de MANUEL RUIZ y su hijo SAMIR RUIZ, los empresarios CARLOS RIOS, FABIAN RIOS y VICTOR RIOS ocupantes de mala fe de las fincas La Bonita y los Piscingos en Apartadocito, Curvaradó.

Ante ustedes la evidencia de su responsabilidad, la constatación de la distancia entre el discurso de protección de líderes y defensores de derechos humanos, una realidad aplastante el paramilitarismo en Curvaradó y Jiguamiandó, usado por empresarios es el factor fundamental que impide el uso y el disfrute de la propiedad colectiva; 15 años desde la operación “septiembre negro” ordenada por el general RITO ALEJO DEL RIO, nunca investigada y desde ese entonces 1996, han cambiado los énfasis por periodos de los mecanismos de operación paramilitar, y nadie ni nada desde el Estado colombiano lo ha enfrentado con seriedad.

Con profunda indignación, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Related Link: http://www.justiciaypazcolombia.com/Desaparecidos-recla...es-de
author by Comisión Intereclesial de Justicia y Pazpublication date Thu Mar 29, 2012 00:10Report this post to the editors

Familiares de Manuel Ruíz y el niño Samir, que fueron desaparecidos por paramilitares el pasado viernes , se vieron obligados a desplazarse del caserío de Apartadocito, Curvaradó, hacia el municipio de Mutatá.


Los familiares se desplazaron por segunda vez, ante el temor fundado que los paramilitares cobren venganza por las denuncias por ellos instauradas por la responsablidad de paramilitares en connivencia con la policía en actuaciones ilegales.


Manuel Ruíz y su hijo Samir de 15 años se encuentra desaparecidos desde el viernes pasado, cuando paramilitares los obligaron a bajarse del transporte público en el que se dirigían de Mutatá a Apartodocito, en el lugar conocido como “El Basurero”.


El domingo se recibieron diversas versiones de pobladores de la región y de un paramilitar, que indica que Manuel y su niño habrían sido asesinados. 
Ayer lunes integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó realizaron una acción de búsqueda de Manuel y Samir sin lograr resultado alguno.


Las autoridades nacionales más allá de una alojamiento de dos días en Mutatá, no han dado respuesta integral a la situación humanitaria y de protección de la familia Ruíz. Respecto a las desapariciones forzadas ocurridas las acciones institucionales no han desarrollado acciones eficaces sobre los paramilitares que se movilizan con toda tranquilidad en Mutatá, Belén de Bajirá, Cuacheras, Barranquillita, Curvaradó, Brisas de Curvaradó.



Bogotá, D.C. Marzo 27 de 2012

author by Comisión Intereclesial de Justicia y Pazpublication date Thu Mar 29, 2012 00:12Report this post to the editors

Hacia las 8:30 del día de hoy familiares, miembros del Consejo comunitario de Curvaradó, identificaron los restos de Manuel Ruíz, observando un orificio de bala en pomulo, y su cuerpo maltratado, las prendas de vestir y accesorios corresponden a las que el reclamante de tierras usaba el día que fue privado de la libertad por paramilitares.

Los familiares de Manuel llegaron al lugar con el apoyo del Grupo de Búsqueda que las comunidades de Curvaradó, que habitan en las Zonas Humanitarias, creado para encontrar a este lider comunitario y su hijo. El grupo comunitario ayer delimitó el lugar donde encontraron los restos y estuvieron en el lugar hasta la noche. Hoy en la mañana llegaron nuevamente al lugar con integrantes de la famiia para lograr la identificación.

Se espera aún la llegada del Cuerpo Técnico de Investigaciones para adelantar el levantamiento del cuerpo.

Los familiares solicitan que los restos mortales de Manuel sean trasladados hasta Chigorodó para que ahí se adelanten todos los procedimientos a que haya lugar y se le da cristiana sepultura.

A eso de las las 8:50 a.m hora local se informó que otro cuerpo de un joven fue hallado en el sitio conocido como Cañaduzales. En este momento se desplazan familiares, acompañantes nacionales e internacionales con el Grupo Comunitario de Búsqueda.

Estos restos sin vida pueden ser los de Samir Ruíz, niño de 15 años, desaparecido junto con su padre Manuel, el viernes pasado, cuando fueron obligados por paramilitares a bajarse del vehiculo en que se transportaban de Mutatá a Apartadocito.

Manuel líder de la comunidad de Apartadocito fue objeto de amenazas de muerte debido a la reclamación de tierras ocupadas por los empresarios Victor Ríos, Fabian Ríos y Carlos Ríos a través de trabajadores suyos como el “Viyo“ y Leonel Holguín Suescún , beneficiarios del paramilitarismo, y ocupantes de mala fe, que adelantan negocios en los territorios de las comunidades.

Fotografía de Samir Ruíz, 15 años

Bogotá, D.C. 28 de marzo de 2012

author by MOVICEpublication date Mon Apr 02, 2012 16:58Report this post to the editors

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, denuncia y repudia la desaparición forzada y posterior asesinato de Manuel Ruíz, líder y reclamante de tierras de las comunidades del Curvaradó, departamento del Chocó, y su hijo Samir Ruíz, quienes fueron privados de la libertad por paramilitares el pasado viernes 23 de marzo, entre el municipio de Mutatá y Apartadocito, y posteriormente asesinados.

Manuel Ruíz había recibido constantes amenazas por parte de los empresarios ocupantes de mala fe, los mismos que vienen apropiándose de estos territorios chocoanos a sangre y fuego, en detrimento de los derechos territoriales de las comunidades del Curbaradó.

Como el MOVICE lo ha venido denunciando, desde el 2005 se han registrado más de 66 asesinatos de líderes de organizaciones reclamantes de tierras, de las cuales el 40%, es decir, por lo menos 26 víctimas, fueron asesinadas entre el 2010 y 2011.1 Este año, las amenazas y agresiones con el fin de obstaculizar la restitución, se han incrementado de forma alarmante.

A pesar de las repetidas alertas emitidas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras organizaciones sociales y de derechos humanos, sobre el inminente riesgo que enfrentaba Manuel, y que todavía enfrentan otros líderes del Chocó, el Estado colombiano no cumplió con su deber de protección.

Es de anotar que en la audiencia de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Atención al Desplazamiento, convocada por la Corte Constitucional en la última semana de enero de 2012, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Terry Morel, informó que desde el 2007 han sido asesinados más de 1.400 desplazados, y que de cada doscientas denuncias de hostigamiento o amenaza se investiga una.2

Estos hechos demuestran, según lo dejó sentado el MOVICE en las movilizaciones sucedidas el pasado 6 de marzo en Colombia y otras partes del mundo, la falta de garantías reales para los y las reclamantes de tierras en el país y pone en tela de juicio a la ley de víctimas y restitución de tierras imperante. Esta ley adolece de una restitución integral de las tierras y medidas efectivas de protección; más allá de las medidas físicas, el Estado debe enfrentar y desmantelar los grupos paramilitares (hoy con presencia en más de 400 municipios del país) y judicializar a los sectores políticos y económicos que los siguen apoyando.

Así mismo, el MOVICE denunció, en una carta que dirigió al Presidente Juan Manuel Santos, "el grave riesgo y amenaza de 37 líderes y lideresas de Curbaradó y Jiguamiandó, que no han recibido respuestas concretas a sus demandas de protección". El mismo Manuel había solicitado medidas de protección en tres ocasiones, pero sólo recibió como respuesta un teléfono celular por parte del Ministerio del Interior.

El asesinato de Manuel Ruíz y su hijo hacen parte de una política sistemática y generalizada contra los reclamantes de tierra y las víctimas. El MOVICE exige garantías para los despojados de sus tierras y el retorno con dignidad, requerimientos fundamentales para un verdadero proceso de restitución de tierras.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
30 de marzo 2012

1 Fuente: Cálculos Observatorio del Conflicto Armado, CNAI, con base en Comisión Colombiana de Juristas CCJ y Acción Social, Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la población Desplazada (2010) Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia.

2 El Espectador, Rindiendo Cuentas, enero 26 de 2012

 
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Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

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