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Colombia: elecciones, derechos humanos y acompañamiento internacional

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | non-anarchist press author Wednesday November 09, 2011 07:43author by Arnau Carné - Observatorio Internacional de Paz (IPO) Report this post to the editors

En Colombia la política de contrainsurgencia, que combina los ámbitos militar y social, ha sido denunciada por distintas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos por vulnerar en repetidas ocasiones el Derecho Internacional Humanitario. En medio de este panorama, las organizaciones sociales colombianas que no coinciden con los planteamientos políticos, económicos y sociales del gobierno, se han visto perseguidas, estigmatizadas y amenazadas. Una de las medidas que han adoptado para dotarse de cierta protección que les permita desarrollar su trabajo en condiciones ha sido el acompañamiento internacional.

COLOMBIA: ELECCIONES, DERECHOS HUMANOS Y ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL


Colombia es la democracia más antigua de América Latina, uno de los países más atractivos para la inversión extranjera, una de las zonas más ricas en biodiversidad y recursos naturales del planeta y cuenta con artistas internacionales que venden la marca 'Colombia' por todo el mundo.

Pero también destaca por ser un país militarizado, con un conflicto armado, político y social que ha causado decenas de millares de asesinatos y desapariciones forzosas y 5 millones de desplazados internos, por haber desarrollado el fenómeno del 'paramilitarismo', con la ejecución de masacres por todo el país y que actualmente se está exportando a países como México, Honduras o los Emiratos Árabes. Destaca por tener uno de los índices de desigualdad social más altos de todo el mundo, una concentración de tierras del orden del 60% en poder del 0,5% de propietarios, y por ser uno de los países con el índice de sindicalistas asesinados más elevado.

EL CONFLICTO Y EL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Desde que el año 2002 Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia del país, en un contexto de ruptura de las negociaciones de paz del gobierno anterior con la guerrilla de las FARC-EP, asumiendo los dictados del “Plan Colombia”, un plan militar y social redactado y financiado desde Washington, desarrolló la llamada política de “Seguridad Democrática”, dando prioridad a la resolución militar del conflicto y a la vez convirtiendo toda oposición política a su gobierno en un “enemigo militar”. La idea era negar cualquier conflicto político y presentar el conflicto colombiano como una lucha contra el terrorismo.

Los operativos militares se intensificaron y multiplicaron por todo el territorio colombiano mientras la actividad paramilitar seguía cometiendo masacres y asesinatos selectivos. En ese contexto, las mismas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que nunca se han cansado de difundir las múltiples denuncias en ese ámbito contra el mismo Estado colombiano, han sido igualmente criminalizadas, perseguidas y varios de sus miembros han sido asesinados.

Ocho años después, con gran parte de la cúpula política uribista, incluido el primo del mismo expresidente, Mario Uribe, salpicada por el escándalo de la 'parapolítica' (vinculo entre políticos y paramilitares) y de las “escuchas ilegales del DAS” (servicio de inteligencia controlado por la Presidencia), con múltiples denuncias de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos contra asesinatos y masacres cometidas por el mismo Ejército Nacional, con las relaciones con los países vecinos llegando a situaciones de peligro de enfrentamiento armado, el nuevo presidente escogido el 2010, Juan Manuel Santos, ha dado la vuelta al discurso del gobierno en pro de la aceptación tan internacional como nacional de la gestión del conflicto y del respeto por los Derechos Humanos. Este cambio de discurso ha permitido, por ejemplo, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, bloqueado hasta ahora por las denuncias de miembros del Partido Demócrata por la vulneración de los Derechos Humanos en Colombia.

Pero el MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado), que aglutina a distintas organizaciones de familiares de víctimas, organizaciones sociales, campesinas, sindicales, estudiantiles, afrodescendientes, indígenas..., por todo el territorio colombiano, recientemente ha elaborado un informe sobre el primer año del gobierno de Juan Manuel Santos donde expone que las estadísticas muestran que las violaciones a los Derechos Humanos a miembros de estas organizaciones no solo continúan, sino que han aumentado. La reflexión final apunta que a pesar del cambio de discurso del gobierno y su negativa sobre la continuidad de los grupos paramilitares, estos mantienen sus estructuras y siguen operando en las mismas zonas con la complicidad del Estado (1).

ELECCIONES, VIOLENCIA Y PARAPOLÍTICA

Entonces, en Colombia se continua dando un conflicto armado, el cual juntamente con los intereses económicos de la oligarquía local y de las multinacionales y con las mafias nacidas alrededor del narcotráfico, desarrolla un estado de violencia permanente que afecta y vulnera los derechos más elementales de la mayor parte de su población.

Esta situación convierte los comicios electorales en pugnas violentas por el control de los distintos estamentos del poder político, cubriendo el acceso a las urnas de amenazas, fraudes, clientelismo, compra de votos, atentados y asesinatos.

En estas últimas elecciones de finales de octubre de 2011 a las alcaldías de los municipios y a la gobernación de los departamentos, según la corresponsal de teleSUR en Colombia, Angie Camacho, los organismos de observación electoral registraron más de 2 mil denúncias de compra y venda de votos, presión al electorado e irregularidades con tarjetas marcadas (2). El portal web de La Silla Vacía en abril de 2011 denunciaba que había identificado 17 poblaciones dónde el número de personas inscritas sobrepassaba los datos históricos de las elecciones locales, y que estas coincidían con zonas de explotación de hidrocarburos (3). Y entre el 2 de febrero y el 20 de octubre, 41 candidatos han sido asesinados, cifra que duplica las muertes registradas en las pasadas elecciones de 2007 (4), mientras que desde el inicio del año 2011, la prensa ha sido víctima de 90 ataques, al menos 15 de los cuales han tenido relación directa con este último cubrimiento electoral (5).

Después de los comicios electorales, la violencia desatada por la continua lucha de poderes tampoco se ha detenido. A causa de múltiples disturbios 50 municipios se han declarado en estado de alerta (6). Aun así, el presidente Juan Manuel Santos ha declarado que en estas elecciones “Colombia ha votado en paz y ha ganado la democracia” (7).

BOGOTÁ; LA DERROTA DEL URIBISMO

En la capital colombiana, a pesar del 75% de abstención, Gustavo Petro, para el nuevo partido Progresistas, ha ganado la alcaldía, después de que los escándalos por corrupción hundieran la coalición de izquierdas Polo Democrático Alternativo. Petro, presentado como la oposición al uribismo representado por Enrique Peñalosa, se ha abanderado como continuador de la Constitución de 1991, la cual plasmó sobre el papel el conjunto de derechos políticos y sociales que asimilaban a Colombia con un “Estado de derecho”, a la vez que adecuaba la legislación a la política económica neoliberal que ha permitido vender las empresas y los recursos naturales nacionales a las multinacionales.

Según un informe publicado por La Silla Vacía (8) sobre el financiamiento de las campañas electorales de los distintos candidatos, encontramos que grandes grupos empresariales como Almacenes Éxito y el Grupo Bolívar han financiado tanto la campaña de Gustavo Petro, ganador de las elecciones a la alcaldía de Bogotá por el partido Progresistas, como la de Enrique Peñalosa, principal adversario por la coalición entre el Partido Verde y el Partido de la U. En este caso, se podría decir que hay quienes gane quien gane, ellos nunca pierden...

Pero a pesar de estos resultados en la capital colombiana y de otras derrotas del Partido de la U en algunas regiones, también según un análisis publicado en La Silla Vacía, los candidatos auspiciados por el antiguo presidente Álvaro Uribe han ganado en sitios como la llamada Media Luna de Cundinamarca, donde hay sembrado un proyecto agroindustrial y donde los intereses de sus hijos y amigos en los proyectos económicos de esta gran zona franca son muy elevados. También ganaron en Puerto Gaitán, al departamento del Meta, donde hay los grandes proyectos de La Orinoquía, uno de sus proyectos bandera de gobierno, y donde sus hijos y distintos amigos tienen intereses importantes. Y ganaron también en el 90 por ciento de los municipios de Córdoba, donde tiene su finca El Ubérrimo (9).

LAS ELECCIONES EN LAS REGIONES; LA CONTINUIDAD DE LA VIOLENCIA

Según Alejandra Barrios, directora de la ONG MOE (Misión de Observación Electoral), las zonas más afectadas por la violencia relacionada con los comicios electorales son corredores donde hay presencia de grupos armados ilegales que utilizan diferentes tipos de mafias y intereses, los cuales pretenden controlar los municipios de estas zonas de importancia estratégica.

Hay que tener presente que una de esas zonas, la que comprende los departamentos del Caquetá, Putumayo y Meta, al sur del país, coincide en que es una zona muy militarizada donde se está desarrollando el Plan Consolidación del Ejército, que busca recuperar las zonas dominadas por grupos armados ilegales. Esta militarización del territorio, desarrollada a partir del controvertido Plan Colombia, ha sido denunciada por distintas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, tanto por la aparición de grupos paramilitares en las zonas donde se ha establecido la presencia del Ejército, como por los casos de masacres y asesinatos extrajudiciales. Un ejemplo horripilante es la descubierta de fosas comunes en el pueblo de La Macarena, en el departamento del Meta, donde a principios de 2010 se encontraron más de 2.000 cadáveres al lado de una base militar.

Otra de esas zonas, la región que comparten La Guajira, Cesar y Magdalena, tres departamentos del norte del país, no sólo presenta problemas de orden público, presencia de actores armados ilegales y de diferentes grupos de la mafia que se están asegurando corredores, sino que allí también prevalece el fenómeno de la 'parapolítica' (los nexos entre políticos y paramilitares).

Desde la negociación entre los grupos paramilitares y el anterior gobierno de Álvaro Uribe, que culminó con la llamada “Ley de Justícia y Paz”, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, como el MOVICE, denuncian que las estructuras paramilitares no han sido desmanteladas, y que su accionar continua presente vinculado a intereses políticos, de grupos mafiosos y de empresas multinacionales.

Así como en los años anteriores a la llamada negociación su accionar estaba relacionado con las grandes masacres que recorrieron todo el país y que han provocado un desplazamiento interno del orden de 5 millones de personas y un acaparamiento de tierras sin precedentes, en los últimos años se ha detectado un aumento de la violencia paramilitar con el objetivo de ejercer el control social sobre la población de los distintos municipios, generando episodios de violencia política contra líderes de organizaciones sociales y de violencia entre mafias que han convertido múltiples núcleos urbanos en campos de batalla entre sicarios.

También es importante recalcar que a partir del año 2006 (un año después de la Ley de Justícia y Paz), sale a la luz el escándalo de la 'parapolítica', en el cual se empiezan a destapar nexos entre políticos y dirigentes de los grupos paramilitares. Entre esos nexos destaca el llamado “Pacto de Ralito”, consistente en un encuentro celebrado el año 2001 entre el Estado Mayor de las Autodefensas (la agrupación de los grupos paramilitares) y siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes, con la voluntad de “refundar la patria”, es decir, de consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo el financiamiento del narcotráfico y concretar la toma del poder político en el futuro.

EL CASO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

Aún con multitud de procesos abiertos por el escándalo de la parapolítica, uno de los casos que ha llamado la atención en estas elecciones ha sido la victoria de Hector Fabio Useche de la Cruz, que se presentaba por el partido MIO (Movimiento de Inclusión y Oportunidades) a la gobernación del departamento del Valle del Cauca.

En el cuenteo de votos iba ganando el candidato del Partido Liberal cuando de golpe se estropeó el sistema de cuenteo. Una vez arreglado resultó que el MIO ganó por más de 5.000 votos al Partido Liberal.

El MIO es un partido de creación reciente, sucesor de otros partidos salpicados por la parapolítica, y controvertido por el caso del ex-senador de Colombia Juan Carlos Martínez, procesado y encarcelado precisamente por parapolítica en el año 2009, el cual ha gozado de un permiso para salir de la prisión en el cual, según se ha denunciado, ha aprovechado para hacer campaña política a favor del MIO en el Valle del Cauca (10).

Este departamento, así como otras regiones de Colombia, ha sufrido la violencia política en medio de unas elecciones donde en distintos municipios ha habido una pugna entre diferentes grupos mafiosos. Estos últimos meses las páginas de los periódicos regionales se han llenado de noticias relacionadas con asesinatos, muchos de ellos de jóvenes.

PAROS, PROTESTAS ESTUDIANTILES, MILITARIZACIÓN Y MASACRES POR TODO EL PAÍS

Paralelamente al proceso electoral, este mes de octubre ha sido movido en relación a la movilización social. Ha habido paros en distintas regiones, uno de los más destacados ha sido el paro estudiantil que empezó el 12 de octubre y que ha adquirido un ámbito nacional. Y en Puerto Gaitan (departamento del Meta) unos 5.000 trabajadores de la petrolera Pacific Rubiales han parado la producción como protesta laboral (11).

En las regiones continúan los múltiples enfrentamientos armados entre guerrilla, ejército y grupos paramilitares, dónde la fuerte militarización va acompañada de la criminalización y persecución de los habitantes de las regiones, como es el caso de las detenciones masivas en La Uribe, departamento del Meta, este octubre de 2011, denunciadas por la federación de sindicatos FENSUAGRO (12), y el accionar paramilitar también sigue produciendo masacres impunemente, como las denunciadas por el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos en los municipios de Ipiales, Tumaco y Cumbitarra, de los departamentos del Valle y Nariño, donde se produjeron secuestros, torturas, violaciones y asesinatos este pasado mes de septiembre de 2011 (13).

Hay que entender que en Colombia la política de contrainsurgencia, que combina los ámbitos militar y social, ha sido denunciada por distintas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos por vulnerar en repetidas ocasiones el Derecho Internacional Humanitario (un conjunto de normativas para situaciones de conflicto armado con el objetivo de proteger a la población civil) (14) y que la violencia paramilitar ha sido denunciada como un instrumento para forzar el desplazamiento y acaparar tierras ricas en recursos naturales. Entonces, no es casual que las zonas mas castigadas por el paramilitarismo, el militarismo y el desplazamiento terminen convirtiéndose en regiones donde predominan la extracción minera o petrolera, los cultivos de coca o los latifundios agroindustriales destinados a la generación de biocombustible (15).

DEMANDA DE ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL

En medio de este panorama, las organizaciones sociales colombianas que no coinciden con los planteamientos políticos, económicos y sociales del gobierno, se han visto perseguidas, estigmatizadas y amenazadas.

Una de las medidas que han adoptado para dotarse de cierta protección que les permita desarrollar su trabajo en condiciones ha sido el acompañamiento internacional.

Actualmente hay diversas organizaciones internacionales que acompañan a las organizaciones sociales colombianas en su labor de reclamar mejoras para campesinos, obreros, indígenas, afrodescendientes, estudiantes... IPO, el Observatorio Internacional de Paz, es una de ellas y actualmente acompaña al MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado), el CPDH (Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos) y a organizaciones campesinas como SINTRAGRIM (Sindicato de Trabajadores Agrarios del Meta) y ASOCBAC (Asociación Campesina del Bajo Cauca).

La tarea de IPO se basa en acompañar sobre el terreno las diferentes organizaciones que soliciten el acompañamiento, haciendo que la presencia de personas internacionales disuada los grupos armados de vulnerar sus derechos. A la vez que realiza un acompañamiento político, en el sentido de que se difunden las denuncias que estas organizaciones hacen públicas sobre la situación en las regiones donde trabajan y que les permite visualizar-se mejor y hacer-se sentir con más fuerza.

Desde que IPO empezó a acompañar a organizaciones campesinas y de defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en el año 2005, ha podido comprobar como las organizaciones acompañadas han notado una disminución de las agresiones y han podido desarrollar su tarea con más seguridad y confianza. En consecuencia, esas comunidades que han podido dotarse de procesos organizativos más estables han podido afrontar de una forma más firme el conflicto manteniéndose en su territorio y desarrollando proyectos productivos que mejoren la situación de la comunidad.

Pero los recursos limitados de los que dispone IPO y la magnitud del conflicto colombiano, hacen que solo se pueda llegar a acompañar a una pequeña parte de los procesos sociales que crecen bajo un clima de amenazas y vulneración constante de sus derechos.

IPO: AMENAZAS EN COLOMBIA, TRABAS EN CATALUNYA

Estos últimos meses han sido marcados por dos hechos que dificultan la continuación del acompañamiento internacional y que por defecto ponen en peligro a las organizaciones y comunidades acompañadas hasta ahora. De un lado, en Colombia se han vivido un par de episodios preocupantes de amenazas y seguimientos contra miembros de la propia organización, y de otro, en Catalunya, en un ambiente económico y mediático de “crisis y recortes” parece que hay la voluntad de recortar el presupuesto destinado a la cooperación internacional (16). Desde IPO pedimos atención y protección para las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en Colombia y esperamos que para resolver los agujeros económicos en Catalunya no se recorten los recursos destinados al acompañamiento internacional, de los cuales depende la seguridad de organizaciones y comunidades.

A pesar de eso, desde IPO consideramos que mientras desde las organizaciones sociales colombianas se siga reclamando el acompañamiento internacional, nosotros seguiremos trabajando con ellas. Por eso, hacemos un llamado a la sociedad catalana a sentir la solidaridad y a apoyar los proyectos de acompañamiento internacional que pretendan fortalecer los procesos organizativos sociales colombianos. E informamos que este mes de diciembre de 2011 se llevaran a cabo unas nuevas jornadas de formación para personas voluntarias que quieran viajar a Colombia para hacer acompañamiento internacional. La gente interesada en participar o en colaborar con nosotros puede contactarnos en secretaria@ipo.cat y para más información puede consultar la web www.peaceobservatory.org

NOTAS:

1- http://www.peaceobservatory.org/es/1056323292/informe-s...uribe

2- http://telesurtv.net/secciones/noticias/99665-NN/comici...rnas/

3- http://www.lasillavacia.com/atlas-politico

4- http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/2011-10-28/el....html - http://www.verdadabierta.com/component/content/article/...pcion

5- http://www.verdadabierta.com/component/content/article/...oral/

6- http://www.elespectador.com/noticias/judicial/video-309...rales

7- http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-...antos

8- http://www.lasillavacia.com/historia/los-financiadores-...28847

9- http://www.lasillavacia.com/historia/las-diez-conclusio...29213

10- http://www.elpais.com.co/elpais/valle/sombra-juan-carlo...iones

11- http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138188

12- http://www.peaceobservatory.org/es/1056323372/otra-vez-...-meta

13- http://desdeabajo.info/actualidad/colombia/item/18189-l....html

14- http://www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgi?action=view...=5723

15- http://www.fian.org/resources/documents/others/la-refor...a/pdf

16- http://www.vilaweb.cat/ep/societat/3935547/20111005/lag....html

Arnau Carné
07/11/2011
Observatorio Internacional de Paz (IPO)

Related Link: http://www.peaceobservatory.org
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