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Sobre el encuentro de Barrancabermeja: un paso adelante para el movimiento popular colombiano

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | portada author Monday August 29, 2011 05:58author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

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Desde el día 12 hasta el 15 de Agosto se juntaron en Barrancabermeja (Santander) entre 20.000 y 30.000 delegados y representantes de una infinidad de movimientos populares, campesinos, indígenas y afrocolombianos, a discutir la apuesta de los sectores populares ante la agudización del conflicto social y armado. Este encuentro, convocado por iniciativa de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), reviste la mayor importancia y marca un importante punto de inflexión política en el país por varias razones.

Ver artículos vinculados a conflicto social armado y solución política:


Sobre el encuentro de Barrancabermeja: un paso adelante para el movimiento popular colombiano

El Gobierno dice que los campesinos iniciaron la violencia. Los campesinos dicen que fue el gobierno. En Francia intelectuales de todas las corrientes, después de haber investigado, dicen que los campesinos tienen la razón (…) Sabemos que la similitud del desembarco de los ‘marines’ en Santo Domingo con los desembarcos del ejército colombiano, dirigidos por la misión militar norteamericana en las ‘repúblicas independientes’.
Estos desembarcos continuarán. Ayer, en Río Chiquito, mañana Sumapaz, pasado mañana el Ariari y los Llanos. El ejército empieza con la acción cívico militar y acaba con los bombardeos, empieza sacando muelas y acaba metiendo bala. Los campesinos ya saben que los militares llevan una mano adelante con el pan y otra atrás con el puñal. La ‘república dependiente’ de Colombia seguirá obedeciendo a los norteamericanos para que destruya a sangre y fuego las otras repúblicas de colombianos independientes. Así lo ha decretado la Cámara norteamericana. Nuestros campesinos, ya saben a que atenerse. Ya saben para qué se tienen que preparar. Ellos no se lanzan a una aventura pero no rehuyen la lucha.

(Camilo Torres, Frente Unido, 7 de Octubre de 1965. Re-publicado en “Cristianismo y Revolución” Ed. Era, 1972, 2ª ed., pp. 541-544)

Desde el día 12 hasta el 15 de Agosto se juntaron en Barrancabermeja (Santander) entre 20.000 y 30.000 delegados y representantes de una infinidad de movimientos populares, campesinos, indígenas y afrocolombianos, a discutir la apuesta de los sectores populares ante la agudización del conflicto social y armado. Este encuentro, convocado por iniciativa de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), reviste la mayor importancia y marca un importante punto de inflexión política en el país por varias razones.

Primero que nada, porque el tema de la solución política al conflicto social y armado vuelve a instalarse en la agenda política del país. Si bien podrá decirse que tal cosa no ha ocurrido aún de manera hegemónica ante la “opinión pública”, sí se ha instalado de manera decidida en el movimiento popular, y de manera creciente en otros sectores sociales, que se han dado cita para discutir soluciones de fondo y de carácter estructural que se encuentran en la base del conflicto. La vía militar como solución única se ha ido agotando, por una parte, ante la reactivación de la conflictividad social en varias franjas del pueblo, y por otra parte, por una creciente capacidad de respuesta militar de la insurgencia a la enorme presión militar impuesta desde la implementación del Plan Colombia, demostrando una vez más la capacidad de la insurgencia de readecuar tácticas y dar golpes al establecimiento. En definitiva, es cada vez más evidente, desde fines del período de gobierno de Uribe, el límite de una respuesta puramente militar a un conflicto que, ante todo, tienes hondas raíces sociales. Lo cual no significa que la oligarquía renuncie a la victoria militar directa (tipo Sri Lanka) o indirecta (desmovilización tipo M-19 o Guatemala); de hecho, mientras Santos habla de su disposición al diálogo, pone condiciones imposibles a la vez que profundiza la guerra, los bombardeos indiscriminados sobre comunidades enteras, como recientemente ocurrió en la vereda de Chaparral, Tolima, y pone precio sobre la cabeza de los comandantes insurgentes en la mejor tradición del Lejano Oeste. El evidente agotamiento de una solución militar solamente significa, desde el punto de la oligarquía, que ésta buscará abrir, en paralelo, ciertos procesos políticos que buscarán más bien la cooptación de sectores populares para así imposibilitar la consolidación de un bloque popular que incorpore a todos los sectores sociales subalternos y oprimidos que pueda, en un determinado momento, materializarse en un eventual proceso de negociación política y en la movilización para presionar este escenario.

Segundo, porque se reafirma el carácter fundamentalmente agrario del conflicto social y armado. Por más que la oligarquía trate de tender cortinas de humo que desvirtúen la naturaleza del conflicto asociándolo a delincuencia común o formas de neo-bandolerismo, o “narcotizándolo” en el tratamiento mediático, los movimientos populares reafirman el íntimo vínculo existente entre el problema de la “tierra” y del “territorio” (este último concepto usado fundamentalmente para expresar la dimensión de soberanía y autodeterminación que incorporan los actores afrocolombianos e indígenas) con el conflicto, así como la lucha de amplios sectores populares con un determinado modelo económico-social de “desarrollo” expresado hoy en día en el Plan de Desarrollo Nacional y de Desarrollo Rural. Esto vuelve el debate sobre la solución del conflicto al punto clave en el cual la oligarquía se ha mostrado completamente inflexible en seis décadas: la reforma agraria. Pese a que es indudable que el conflicto se ha vuelto crecientemente complejo, no creemos que una solución política pueda ignorar este tema ni postergarlo para un incierto futuro. La solución al problema del latifundio y de un modelo de explotación ligado al gran capital agroexportador y agroindustrial, así como a la explotación intensiva de los recursos naturales, mineros y energéticos (con los problemas derivados de la expropiación violenta del campesinado por medio del terror, la violencia y el desplazamiento forzoso), así como las propuestas para una reforma agraria que han venido siendo elaboradas por organizaciones campesinas y comunidades indígenas y afrodescendientes, constituyen la solución a la raíz del conflicto. Soluciones como las que se han buscado en procesos de desmovilización (que no de negociación) previos, que tocan solamente aspectos superestructurales, como meros cambios jurídico-constitucionales o cuotas de participación en el Estado oligárquico-paramilitar, solamente pueden allanar el camino para nuevos ciclos de violencia ya que son por definición acuerdos excluyentes.

Tercero, en este sentido, es importante leer el rechazo de los asistentes al encuentro a las actuales políticas gubernamentales en lo relativo a la ley de víctimas y restitución de tierras, porque mientras en el discurso se plantean como respuesta histórica a las demandas del campesinado, no son más que una manera de ignorarlas, en una tradición propia del “despotismo ilustrado”, para así legalizar el despojo, garantizar el blanqueamiento de cara del actual modelo económico que seguirá intacto, y bloquear institucionalmente cualquier debate serio sobre la reforma agraria. Este pronunciamiento es aún más importante, porque ante toda la presión que ha puesto el actual gobierno para cooptar a sectores del movimiento popular (tarea en la cual han tenido indudable éxito con ciertos movimientos indígenas y sindicales, o al menos con sus elementos superestructurales, que hoy representan el triste rol de correa de transmisión de la “buena voluntad” del gobierno), vemos que se perfila con claridad un sector del movimiento popular que reclama su derecho a la autonomía, a desarrollar sus propios procesos de elaboración política de forma independiente (en un sentido tanto político como de clase), de ser actor en derecho propio y no subordinado al Estado sofocante que ha pretendido criminalizar y aniquilar a todo movimiento social que se posicione frente o en contra a él. Aún cuando muchos dirigentes opten por la cooptación y el colaboracionismo de clase con la oligarquía paramilitar, las bases no necesariamente los siguen en ese camino. Y eso, tomando en cuenta todos los horrores de la guerra sucia, significa mucho.

Cuarto, porque el movimiento popular reunido en Barrancabermeja ha tenido la claridad de plantear el problema de la paz y la solución al conflicto en términos inequívocos al Estado, que, mientras se deshace exigiendo condiciones imposibles a la insurgencia, no ha sido capaz de hacer un sólo gesto de buena voluntad hacia una solución política, demostrando que apuesta indudablemente a una solución militar y a una paz de “vencedores y vencidos”, pese a la retórica un tanto menos beligerante, si se le compara al gobierno anterior, de Uribe Vélez. Las formulitas cursis y complicadas de Santos de que “las llaves de la paz no están tiradas, pero la puerta está cerrada y solamente yo puedo abrirla” deben ser rechazadas de manera inequívoca. La presión fundamental por una salida política debe ser exigida al Estado, pues el Estado es el que inició la guerra sucia contra el conjunto del pueblo, y es quien la mantiene, mediante el modelo de “desarrollo” por despojo violento, mediante los tentáculos paramilitares que sofocan cualquier manifestación de oposición y mediante la guerra como modo normal de funcionamiento de la economía. Exigir temas como el cese “bilateral” al fuego es de la mayor trascendencia, pues abandona ese odioso unilateralismo en el que había caído el discurso “humanitario” en Colombia, incluidas las epístolas de Colombianas y Colombianos por la Paz que recientemente solamente ponían exigencias a la insurgencia, obviando que hay dos partes en este conflicto.

Quinto, porque el manifiesto del encuentro demuestra la comprensión de que la solución política, debido a la naturaleza fundamentalmente social, más que armada, del conflicto colombiano, no pasa solamente por el diálogo entre las partes involucradas en la contienda militar. Sin una participación decidida del conjunto del pueblo, con su multiplicidad de resistencias y expresiones orgánicas, no se podrá superar de raíz el conflicto. Quienes quieren reducir el conflicto a la negociación entre los llamados “actores armados”, desconocen la naturaleza del conflicto y por lo mismo, carecen de visión para resolverlo. Sin embargo, creemos necesario insistir en que la línea divisoria no es entre “armados”, por un lado, y “civiles”, por otro. Esta dicotomía, en realidad, es engañosa y ha sido un legado muy pesado de la oenegización de los movimientos populares colombianos y la incorporación de discursos “civilistas” que pretenden imponer conceptos de neutralidad o “fuego cruzado” que obscurecen la real naturaleza social del conflicto y la extracción de quienes participan directa o indirectamente en él. Es necesario reconocer que existen intereses muy claros de clase en el conflicto, y que con todas las contradicciones internas que se puedan presentar en el bloque popular, sea por cuestiones políticas o tácticas, éste representa un grupo claramente definido frente al bloque en el poder. En el bloque popular existen tradiciones de resistencia y lucha popular diversas, que van desde la insurgencia hasta las formas de resistencia no violentas. Es importante no permitir que las diferencias tácticas se impongan como un muro frente a la identificación del interés común y la construcción de un proyecto político alternativo colectivo, que represente de la mejor manera posible, en sus términos generales, los intereses históricos del bloque popular y subalterno. Esto no significa, insistimos, desconocer las diferencias internas o aún las querellas intestinas que ciertamente existen y que son legítimas, sino que comprender que, ante un bloque en el poder que tiene sus intereses claramente definidos más allá de diferencias formales o tácticas, la división en el seno del pueblo irá en detrimento de todos los sectores populares.

Sin lugar a dudas, el encuentro representó un importante paso adelante para el movimiento popular, sobretodo a la luz de los indudables intentos de cooptación del gobierno así como de los intentos por desvirtuar su carácter por parte de ciertos sectores políticos y de los medios, mediante una serie de declaraciones audaces hechas con anterioridad al encuentro.

Sin embargo, sabemos que la ruta hacia la resolución política del conflicto es ardua, pues la oligarquía carece de voluntad política y de generosidad para aceptar las soluciones de raíz que permitan superarlo. Ahí surgen una serie de interrogantes para ir explorando el camino hacia el diálogo político sobre la relación entre las formas de resistencia, cómo construir este proyecto alternativo colectivo, qué tan radicales y profundos serán los cambios en la estructura política en el entendido que Colombia no cambiará de un plumazo, etc. Pero este encuentro ha sido, indudablemente, un paso hacia la materialización de ese espacio amplio de convergencia en la lucha, en la resistencia y en la construcción de una sociedad más humana que se precisa para que el futuro sonría a las nuevas generaciones de colombianos y colombianas.

Dejamos como anexo, el Manifiesto del encuentro así como el marco para una ley agraria alternativa de las organizaciones campesinas. Esperamos que ambos sirvan de insumo al debate que en estos momentos dan los sectores populares, al calor de las luchas, de la rearticulación del movimiento popular y de la maduración de iniciativas políticas con perspectivas de transformación social.

José Antonio Gutiérrez D.
24 de Agosto, 2011


Manifiesto por la tierra y la paz: El diálogo es la ruta

Los miles de asistentes al Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia. El diálogo es la ruta, realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de 2011 declaramos frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional:

1. Hemos concluido nuestro encuentro con un balance de pleno éxito. Los propósitos que nos trazamos de analizar la situación del país se han cumplido con creces. Hemos considerando de manera específica nuestras preocupaciones por el futuro de nuestra tierra, nuestro territorio y nuestros recursos, por la democracia, la situación y la garantía de nuestros derechos, así como del estado de la guerra y las posibilidades de una solución política.

2. Estos resultados, son expresión de una multitudinaria manifestación y aspiración ciudadana, que se ha realizado en forma pública y ha sido transmitida por medios de comunicación. Los frutos de este encuentro son producto exclusivo de nuestro sacrificio y esfuerzo colectivo y anhelo por encontrar caminos para la paz.

3. Agradecemos el acompañamiento de la Iglesia, de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Barrancabermeja, así como de la Comunidad internacional, especialmente de algunas de sus organizaciones comprometidas con las causas de los derechos humanos y de la paz. Su concurso ha sido del mayor significado.

4. Manifestamos nuestro rechazo frente a las políticas gubernamentales que durante la última década se han venido implantando en el país para promover un modelo económico que propicia la explotación intensiva de nuestra tierra y recursos naturales , favorece a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y de desplazamiento forzado, deteriora radicalmente los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye la economía campesina, los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes y produce un escalamiento de la dinámica del conflicto social y armado que agobia a nuestro país.

5. Expresamos nuestra preocupación frente al proyecto gubernamental de Ley general de tierras y de desarrollo rural, la ley de víctimas y de restitución de tierras y el Plan Nacional de desarrollo, porque no garantizan los derechos de los colombianos y favorecen el actual modelo minero energético no beneficioso para el medio ambiente y para el pueblo colombiano.

6. Afirmamos nuestro apoyo al proyecto de Ley de Reforma agraria integral, presentado por las organizaciones campesinas, construido por la Mesa de Unidad Agraria, y presentado en este encuentro, por considerar que él recoge en gran medida las aspiraciones de la población rural colombiana, y demandamos de la sociedad su más amplio respaldo.

7. La democracia en nuestro país y la generación de mejores condiciones para hacer efectivos y garantizar nuestros derechos demanda un nuevo modelo que posibilite el uso de nuestros recursos y riquezas, superando las profundas desigualdades económicas y sociales, en función del buen vivir de nuestra población.

8. Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual y a sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental y responde a un equivocado concepto de "paz de vencedores y vencidos”. La historia del conflicto colombiano nos muestra que las soluciones militares no conducen a la paz. Por tanto, no podemos continuar atrapados por la perspectiva de un escalamiento de la guerra y de una creciente intervención militar extranjera. No queremos continuar nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas. Es hora de ponerle fin a la guerra. La solución política se constituye en una necesidad.

9. Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos, especialmente aquellos que se benefician del estado de cosas existentes y de la sociedad de privilegios que les sirve de sustento. Desactivar la guerra desfavorece, además, a quienes han hecho de ella un negocio lucrativo. Los colombianos tenemos el derecho a propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite distinto del basado en el ejercicio de la violencia-de manera que los conflictos que le son inherentes a nuestra sociedad, puedan transitar por la vía del dialogo la justicia social y la paz.

10. Tenemos la convicción acerca de la necesidad de avanzar en la concepción y materialización de una ruta de la paz, que tenga como próxima meta la conformación de un movimiento de alcance nacional con apoyo internacional con el mandato expreso de promover la construcción de la paz con justicia social y la solución política al conflicto social y armado. Caminar en esa dirección demanda la generación de un clima favorable. Es urgente trabajar todos juntos para consolidar una cultura de la paz. Consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación deberían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo. Igualmente, la consideración de compromisos y acuerdos humanitarios que permitan parar la violencia contra la población civil y todos los crímenes atroces.

11. Las declaraciones generales sobre la paz y el dialogo son insuficientes y muchas veces se han acompañado de escalamientos en la guerra. Por ello este Encuentro exige gestos y hechos de todas las partes que signifiquen respuestas positivas a los reclamos de la población, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes: alto al desplazamiento forzado y al despojo; respeto incondicional a los derechos de los niños, niñas y mujeres, garantía y respeto a los derechos de las víctimas; no militarización de los territorios, respeto a la autonomía de los pueblos indígenas. Parar la guerra y construir la paz. Es la hora de la solución política.

12. Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta. Materializar ello implica, sobre todo, las más amplia participación social y popular. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. “Todas las voces todas, todas las manos todas”, de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan avanzar hacia la paz con justicia social. Ello supone una ardua tarea de organización, politización y movilización social, que deseamos asumir con todos aquellos que estén dispuestos a acompañarla, y que se suma a todos los esfuerzos e iniciativas sociales y populares que a través de diferentes vías y mediante variadas expresiones organizativas se vienen desarrollando en el país. Ese espacio se debe construir y ampliar garantizando el respeto a las organizaciones sociales y a su autonomía. Su punto de partida se encuentra en las innumerables manifestaciones de la acción colectiva social y popular, en los diferentes procesos organizativos que con enfoques distintos y diversas perspectivas políticas se han venido gestando en nuestro país durante los últimos años.

13. Proponemos que todos esos esfuerzos, articulados entre sí y sumados a otras expresiones de la organización social en el ámbito local o atendiendo preocupaciones sectoriales, étnicas, o de género, confluyan en la preparación y realización de constituyentes regionales, espacios de soberanía popular y participación ciudadana, concebidos como mecanismos de construcción de paz y justicia social y por la solución política. Su diseño, debe de posibilitar la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas, así como el abordaje de las respectivas especificidades regionales. Estos procesos suponen la participación activa y directa de los más amplios sectores sociales, atendiendo su diversidad y pluralidad, y debe ser conducente a la definición precisa de mandatos regionales.

14. Estas dinámicas representan espacios de confluencia hacia una Asamblea nacional de Constituyentes y procesos regionales por la paz. De la asamblea debería salir un mandato nacional por la solución política y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política. Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional

15. Las conclusiones de este encuentro, producto de nuestra ardua labor en diferentes mesas de trabajo, así como esta declaración política, serán entregadas a la sociedad colombiana, al Gobierno central y demás poderes del Estado, así como a las guerrillas de las FARC-EP y del ELN, con el fin de hacer expresa nuestra voluntad y aspiración porque se exploren con urgencia acciones tendientes a desatar el nudo de la confrontación y avanzar hacia la solución política y la paz. Estamos convencidos que ese es el sentir creciente del pueblo colombiano: Vivir en paz con justicia social.

16. Invitamos a todas las organizaciones participantes a impulsar y participar en los diferentes escenarios e iniciativas para seguir fortaleciendo las apuestas de este encuentro.

ENCUENTRO NACIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS, AFRODECENDIENTES POR TIERRA Y LA PAZ DE COLOMBIA.

EL DIALOGO ES LA RUTA
BARRANCABERMEJA 14 DE AGOSTO DE 2011

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Ley agraria alterna desde las organizaciones campesinas

El Proyecto popular de Reforma Agraria y Desarrollo Rural: Una iniciativa desde la base social agraria, para lograr la recuperación socioeconómica, cultural, territorial y ambiental de las comunidades rurales y que contribuirá eficazmente a la consolidación de la paz en Colombia.

CONTEXTO:

• En el marco internacional aspectos como el acaparamiento de tierras, por países y multinacionales genera un lucha mundial de gran connotación en defensa de las tierras, territorios y territorialidad (CAMPO/CIUDAD).

• La crisis humanitaria y alimentaria, ha generado grandes desigualdades, muertes, desprotección, lo cual requiere un acciónar conjunto, como el conformado por el Comité de interlocusion campesina y comunal CICC-Mercados campesinos, que posibilita la articulación entre productores/as y las alianzas entre campo-ciudad.

• La Mesa Nacional de unidad Agraria, está compuesta por diversas organizaciones campesinas, étnicas, comunales y de mujeres, de carácter nacional y regional; como su nombre lo indica, busca unificar criterios, enfoques, metodología y una propuesta común, en torno a la lucha rural-social.

• A nivel nacional las diversas expresiones políticas y sociales, convergen en espacios como COMOSOCOL, para construir un esfuerzo colectivo de la unidad de lucha social y la movilización.

• Pensarnos la construcción de un nuevo país, poder popular y un paz duradera significa nuevos enfoques, metodologías, unidad pluricultural incluyente, saberla manejar conducir y gobernar.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ALTERNO

Las comunidades rurales en Colombia y sus organizaciones, con el apoyo de sectores populares y democráticos de nuestro país, han venido elaborando un proyecto de Ley alternativo de reforma agraria integral, democrática y desarrollo rural, que contrasta en lo fundamental con el proyecto de Ley que presentará el Gobierno Nacional al Congreso en los próximos días.

El movimiento agrario y social clasista colombiano, conformado por las organizaciones de los campesinos, indígenas, negras, mujeres, desplazados, trabajadores agrarios y con el apoyo de organizaciones sindicales, comunales y populares conscientes de la gravedad rural que se vive en Colombia han elaborado un proyecto popular de Ley, desde hace dos años y medio, a través del análisis participativo, el debate juicioso y ordenado y el aporte creativo de su experiencia y practica social, desde todas las regiones y territorios del país, como expresión de su vocación y voluntad política y la decisión inequívoca de la necesidad de contribuir a la construcción de mejores condiciones para el campo y los hogares rurales y ofrecer a la sociedad colombiana una propuesta alternativa que contribuya a restablecer la soberanía autonomía y seguridad, alimentaria, la actividad multidiversa de la agricultura y el desarrollo sustentable de los recursos naturales de la agricultura, la biodiversidad y del medio rural y la sostenibilidad de la economía familiar rural. Este esfuerzo colectivo retoma iniciativas como la del proyecto de ley presentado por el Consejo Nacional de Organizaciones Agrarias e Indígenas CONAIC en el año 1993, el cual constituyó una propuesta alterna al proyecto número 114 del Gobierno de la época y que posteriormente la bancada de Gobierno lo convirtió como la Ley 160 de 1994; Por aquel entonces sólo se logró, mediante la lucha y las marchas, la inclusión de la figura de zonas de reserva campesina.

El Proyecto de Ley popular de reforma agraria y desarrollo rural, que ahora se retoma, acoge también las iniciativas plasmadas en el Mandato Nacional Agrario aprobado en el Congreso Nacional Agrario celebrado en abril del año 2003, cuyos ejes temáticos apuntan a la solución de situaciones y problemas estructurales de la población y su medio rural, como son los altos niveles de pobreza rural, el desarraigo económico del campo, la crisis agropecuaria y la violencia contra las Comunidades y el destierro de las familias campesinas.

El Mandato Campesino como propuesta integral de las comunidades rurales, fue ratificado por múltiples organizaciones y continúa siendo un referente político y una bandera de lucha por la democracia popular. Otro de los momentos cruciales fue la Cumbre social y política realizada en Agosto de 2009, más de 45 organizaciones agrarias, ambientalistas, diversos sectores y regiones reunidos, re-direccionaron esta tarea de gran importancia para el país, sector y la sociedad colombiana. Igualmente las diversas Asambleas, reuniones talleres de organizaciones campesinas, mujeres, desplazados, trabajadores agrícolas, regiones, con otros sectores la fueron fortaleciendo en su contenido, considerándola como una bandera de lucha política inclaudicable.

ALCANCE DE NUESTRA PROPUESTA

De lograrse la aprobación del proyecto de ley social popular agraria, mediante la consecución de los apoyos necesarios , a través de la lucha unificada y masiva del movimiento agrario y popular, se contaría con un marco normativo e institucional que posibilitaría, la obtención de reivindicaciones en aspectos como:

• El fortalecimiento de las organizaciones rurales y su capacidad de gestión ante las entidades gubernamentales.

• Su real incidencia en los programas y proyectos de reforma agraria y desarrollo rural en el ámbito de las entidades públicas y territoriales.

• la reversión de la extrema concentración de la propiedad de la tierra.

• El reconocimiento del papel e importancia de la economía campesina.

• La defensa de la diversidad étnica y cultural.

• La recuperación económica de la producción agropecuaria,

• La protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el ambiente.

• La recuperación de la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.

• En término generales contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales.

• La recuperación de la dignidad como ciudadanas y ciudadanos colombianos.

El Proyecto de Ley popular agraria que se presenta a las comunidades rurales y los sectores populares, busca concretizar postulados de la Constitución Política de Colombia como los artículos 64, 65 y 66 que en su orden establece el deber del Estado colombiano de garantizar el acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios; la especial protección de la producción de alimentos como un ejercicio pleno poder soberano del pueblo rural y las condiciones especiales de crédito que debe tener la producción agropecuaria.

Para la cabal realización del objeto general, objetivos, principios y mecanismos de desarrollo y ejecución de la Ley popular agraria se propone, entre otros, la creación del Consejo Nacional de Política Económica y Social para la Agricultura y el Medio Rural –CONPES RURAL- como instrumento que permitirá la formulación, coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas y que permitirá la representación de las organizaciones campesinas, indígenas y negras, así como de las mujeres del sector rural, del sector cooperativo, desplazados y de las organizaciones ambientalistas y ecologistas con representatividad nacional y regional.
De otra parte la creación y constitución del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y la conformación a su interior de diez (10) Subsistemas, debidamente articulados en el ámbito nacional, departamental y municipal dará fuerza de acción y coherencia a los distintos aspectos que se acuerden implementar, con base en un modelo de amplia participación y decisión democrática, en el que las propuestas y decisiones se tomarán desde las instancias locales, pasando por lo regional hasta llegar a lo nacional, y no como tradicional e históricamente ha sucedido, es decir las estrategia y programas impuestos desde la cúpula gubernamental.

PRINCIPIOS FUNDACIONALES.

La situación de precariedad social y económica de los pobladores rurales y sus comunidades, la violencia que desarraiga a muchos hogares rurales, el no reconocimiento de su rol en el medio rural y la crisis del sector agropecuario amerita cambios estructurales y urgentes en la política publica social, agraria y económica y naturalmente en la Ley.

El fracaso de las políticas agropecuarias y agrarias gubernamentales de los últimos gobiernos, se expresa, entre otros aspectos, en que Colombia está completamente rezagada con respecto al desarrollo sectorial de otros países latinoamericanos: Colombia viene depende cada vez más de la importación de alimentos.

Para revertir la lamentable situación y condiciones anotadas anteriormente y lograr un mejoramiento sustancial de los pobladores rurales más desfavorecidos y empobrecidos, el proyecto de Ley popular agraria parte de los siguientes criterios fundamentales:

1. El restablecimiento de la soberanía autonomía y seguridad alimentaria del país y la producción nacional de alimentos, según lo establece el artículo 65 de la constitución nacional,

2. El respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas,

3. El reconocimiento del rol social, económico y cultural de la economía campesina y de las variadas formas de la producción.

4. Prelación a las mujeres rurales, jefas de hogar, jóvenes rurales, víctimas de la violencia o en estado de desprotección social para acceder a los beneficios de la política rural.

5. El establecimiento de una ley, una política y una institucionalidad que apoye la economía campesina y al resto de las comunidades rurales en la producción, procesamiento y distribución de productos y alimentos agropecuarios,

6. La necesidad de establecer un ordenamiento en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de los suelos agrícolas.

7. El fortalecimiento y mejoramiento del Incoder como entidad encargada de realizar el ordenamiento social y productivo de la propiedad rural.

8. La necesidad de revertir la alta concentración de la propiedad de la tierra rural; el carácter especulativo del mercado de tierras.

9. Hacer realidad el cumplimiento de la función social y ecológica de la tierra,

10. La participación decisoria de las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas y de los trabajadores rurales, y otros sectores agrarios, en las decisiones y los organismos e instancias de decisión,

11. Crear las condiciones para que toda la población rural participe integral y equitativamente en la distribución de los beneficios de la sociedad.

12. Garantizar el cumplimiento pleno de la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993, la ley 731 de 2002, así como su reglamentación.

LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DEL MEDIO RURAL PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY POPULAR AGRARIO.

Para dar cumplimiento a la planeación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de los programas de reforma agraria y desarrollo rural que se establezcan, el proyecto de Ley prevé la siguiente organización:

Crea un Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria como organismo público de mayor jerarquía, en el cual se realizará la planeación hasta la evaluación de los programas bajo la dirección de su propio Consejo con representación de los diversos sectores de las comunidades rurales.

A su vez y bajo su articulación se establecerán diez subsistemas conformados con una alta representatividad y legitimidad por los sectores representativos de las comunidades rurales, como los Consejos de Desarrollo Rural y Reforma Agraria a nivel departamental y municipal.

LOS SUBSISTEMAS:

Los subsistemas atenderán lo relacionado con:

a) La programación y coordinación de los programas y proyectos de las entidades gubernamentales en articulación con las entidades territoriales;

b) La dotación de tierras y su adecuación e infraestructura para la producción.

c) La asistencia técnica, la transferencia de tecnología apropiada, la capacitación y formación de los beneficiarios.

d) El fomento y estimulo al mercadeo y comercialización agropecuario, la transformación de las materias primas y la asociatividad con emprendimientos.

e) Brindar real acceso al financiamiento con crédito subsidiado y líneas especiales para atender las actividades propias del sector así como vivienda, educación, capacitación y el fortalecimiento del fondo agropecuario de garantías;

f) Brindar una seguridad social y desarrollo integral en salud, riesgos por las actividades, pensión, recreación.

g) Garantizar la participación comunitaria como actores socio-políticos, como sujetos de derechos en la toma de decisiones que los afecten y en el diseño de políticas y programas sectoriales.

h) Contar con un mecanismo nacional accesible sobre información para la agricultura y el medio rural de manera que las comunidades conozcan permanentemente el avance de los programas;

i) Contar con un mecanismo para dinamizar la pesca y la acuicultura de los pequeños y medianos productores y su inserción a la economía local y regional.

j) Hacer viable la consecución de la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.

PRESUPUESTO.

Se plantea destinar el 5 por ciento del presupuesto nacional, empréstitos externos e internos, los bonos agrarios, el 10 por ciento del fondo nacional de regalías, el 5 por ciento de las importaciones de alimentos y materias primas agropecuarias, el 10 por ciento de los recaudos del 4 por mil, entre otros para garantizar el objeto y las estrategias y mecanismos contemplados en el proyecto del Ley.

DEFENSA E IMPULSO DEL PROYECTO DE LEY POPULAR AGRARIA

Las organizaciones agrarias, populares, de desplazados, de mujeres, sindicales, comunales, cooperativas, ambientales y políticas que creen firmemente en los elementos y aspectos fundacionales contenidos en el texto original elaborado con cerca de 18 capítulos y 242 artículos y que buscan concretizar importantes mandatos constitucionales relacionados con el sector agropecuario y los pobladores rurales, hacemos un llamado a todas las organizaciones y las personas presentes en este Encuentro Nacional, para que acompañen la divulgación del proyecto popular de Ley y a defender e impulsar en todos los niveles, espacios y ámbitos de actuación, como alternativa al proyecto que presentará el Gobierno Nacional - Ministerio de Agricultura-, con el total convencimiento de que nuestra propuesta es una alternativa construida desde la discusión fraterna y el aporte de las organizaciones populares y que atiende a las principales necesidades y expectativas de la población rural.

En esta línea de acción, para la viabilización y eventual concreción como ley, de este proyecto en el congreso de la república, no será suficiente el reconocimiento y apoyo de los sectores democráticos y populares del país, por lo cual es indispensable acompañar su presentación y tramite con la movilización agraria y popular, dada la actual composición parlamentaria, adversa a nuestras pretensiones, particularmente en materia de reforma agraria.

Pretendemos generar un debate nacional y político, que construya y haga transformación reales en el ámbito social, económico y político, que distribuya realmente la tierra y los medios de producción , las riquezas acumuladas en pocas manos y se disminuya la pobreza y hambre que padece nuestro país.

¡POR TERRITORIOS, ALIMENTOS Y VIDA!
¡NO MAS TIERRAS EN POCAS MANOS, NI MUCHAS MANOS SIN TIERRA! ¡LA UNIDAD NOS HARA FUERTES Y PERSEVERANTES EN LA LUCHA!

MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA.
ACCION CAMPESINA COLOMBIANA, ANMUCIC, ASOGRAS, ANUC-UR, ADUC CUNDINAMARCA, ADUC CALDAS, ADUC QUINDIO, ANDAS, APEMECAFE, ASOCIACION CAMPESINA VALLE DEL CIMITARRA, CAHUCOPANA, CORDINACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS, CORDINADOR NACIONAL AGRARIO, FUNDACION SAN ISIDRO, SINTRAINCODER, FENSUAGRO, FENACOA, FANAL, CONFEDERACION NACIONAL COMUNAL, MESA DE INCIDENCIA POLITICA MUJERES RURALES, COMITÉ DE INTERLOCUSION CAMPESINA Y COMUNAL.-CICC, CONAP.

author by Enrique Mahechapublication date Fri Aug 26, 2011 18:09author address author phone Report this post to the editors

Excelente reflexión, los felicitio y espero que el movimiento campesino colombiano puede resucitar de ese largo martirio al que lo ha sometido la oligarquia genocida.

author by Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVCpublication date Fri Sep 23, 2011 08:09author address author phone Report this post to the editors

¿Por qué es importante hoy una solución política? Más allá de lo que ella representaría en términos de una modificación de las actuales condiciones cotidianas de vida y de trabajo de millones de colombianos, que vivimos nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas, del desplazamiento y del despojo, a nuestro juicio, dentro de los múltiples aspectos que se pudieran destacar, quisiéramos hacer énfasis solamente en cuatro:

1.- La solución política generaría condiciones para abordar un profundo e intenso debate nacional sobre las causas estructurales del conflicto social y armado colombiano y la forma de enfrentarlas con miras a su superación. La sociedad colombiana no se puede dar por satisfecha considerando simplemente el fin de la confrontación bélica. Este país necesita asumir a fondo que en la raíz de su problemática y de las formas de acción colectiva que se desatan para enfrentarla, se encuentran profundas desigualdades económicas y sociales. La investigación sobre desigualdad social que desarrolla actualmente el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, viene documentando -con evidencia estadística y trabajo de encuesta- la desigualdad abismal existente entre ricos y pobres en el país. Se suma esta investigación a lo que ya nos había informado la ONU y la CEPAL: Colombia se encuentra entre los países más desiguales del mundo.

2.- La solución política contribuye a abrir el espacio para el debate nacional acerca de las reformas económicas y sociales que se requieren para la superación de esas desigualdades que agobian a nuestro país. En ese sentido, se trataría de un invaluable aporte a la discusión sobre el “modelo económico” y las políticas sociales y ambientales, con enfoque diferenciado y de género que lo deben acompañar. El momento histórico es propicio para ello. Frente a las dinámicas activadas por las corporaciones transnacionales y las países del capitalismo central, acompañadas por los grupos económicos y las élites locales, que estimulan una organización económica basada en la explotación intensiva de los recursos naturales, con fines exclusivos de lucro privado, y acentúan –además- por esa razón las conflictividades sociales, el país demanda un tipo de economía distinto, que le permita hacer uso de sus riquezas para el vivir bien de la población, en relación armónica con la naturaleza. En ese sentido, la preocupación por la tierra y el territorio se sitúa en un lugar central.

3.- La solución política propiciaría impactos económicos favorables, por el cambio que ellas implicaría en las condiciones generales del proceso de reproducción, y posibilitaría una reasignación casi inmediata de los recursos públicos, provistos por los impuestos que pagan los ciudadanos, y que actualmente se destinan a la financiación de la guerra. En diversos estudios se ha venido enfatizando sobre los impactos económicos del conflicto colombiano. Por una parte, se ha demostrado el crecimiento espectacular del gasto militar, hasta situarse actualmente en algo más del 6% del PIB. Ello sin considerar los recursos que provee la intervención militar estadounidense, que puede haberse acercado a los diez mil millones de dólares desde que se iniciara el Plan Colombia. Al mismo tiempo, por la otra, se ha llamado la atención sobre la insostenibilidad fiscal de la guerra en el largo plazo, sobre todo cuando no asoma por parte alguna el fin de la confrontación. A la sociedad colombiana le interesa que esos recursos tengan un mejor destino, especialmente para contribuir a la financiación de políticas públicas que permitan avanzar en la materialización de los maltrechos derechos sociales de los colombianos.

4.- La solución política contribuiría a la generación de nuevas condiciones para otro tipo de inserción de nuestro país en la comunidad internacional y particularmente en los procesos de integración que se adelantan en América Latina. La estrategia de militarización ha llevado la guerra más allá de las fronteras nacionales; es indiscutible que se ha asistido a una internacionalización del conflicto colombiano. La presencia de bases militares en territorio nacional ha mostrado una instrumentalización del país en función de estrategias contrainsurgentes e intereses geopolíticos imperiales. La solución política iría de la mano de esas voces que desde el exterior han venido clamando por la superación del conflicto colombiano, en un amplio espectro que cubre desde gobiernos hasta organizaciones sociales y populares.

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