Masacre del 16 de Mayo de 1998 en Barrancabermeja: 11 años de Impunidad

venezuela / colombia | imperialismo / guerra | non-anarchist press Tuesday May 19, 2009 20:59 by Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Asesinados

PEDRO JULIO RONDÓN, GERMÁN LEÓN QUINTERO, JESÚS ARGÜELLO SOLANO, DIOMIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ, ELIÉCER QUINTERO OSORIO, JOSÉ JAVIER JARAMILLO DÍAZ, NAYR ENRIQUE GUZMAN.

El pasado 22 de enero la Fiscalía entregó a los familiares los restos de OSWALDO ENRIQUE VÁSQUEZ, ELDER GONZÁLEZ BAENA, RICKY NELSON GARCÍA, WILSON PACHECO QUIROZ, ÓSCAR LEONEL BARRERA, hallados en una fosa común del corregimiento de San Rafael de Lebrija, Santander. Y casi un mes después, uno de los paramilitares que participó en la consumación de los crímenes, reconoció su responsabilidad en el marco de la Ley 975 “Para la Justicia y la Paz”. El viernes 20 de marzo del presente año, el paramilitar conocido como “Picúa” afirmó en una versión libre ante la Fiscalía 51 Delegada de Justicia y Paz de Bucaramanga, que él había participado en el asesinato de varias de las víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja.

Según el paramilitar “Picúa”, varias de las víctimas fueron asesinadas por él y otro paramilitar conocido como “Macarrón”, y enterradas en fosas comunes ubicadas en el corregimiento de San Rafael de Lebrija, Santander.

Según “Picúa”: “dos días después de secuestrar a las personas en Barrancabermeja, le ordenaron cavar dos fosas. En la noche el comandante conocido como ‘Macarrón’ llegó a una zona apartada de San Rafael de Lebrija en una camioneta con dos hombres entre los 25 y 30 años de edad que tenían amarradas las manos al cuello para que si intentaban soltarse se ahorcaran. Días después ‘Picúa’ recibió la orden por parte de ‘Macarrón’ de cavar otras cuatro fosas con la especificación de que deberían estar bien apartadas de la primera. Cuando terminaron las fosas llegó la camioneta con varias personas. De allí bajaron a cuatro hombres y otras seis personas que también estaban amarradas y se quedaron custodiadas en el vehículo. Luego la camioneta siguió con los otros secuestrados a una fosa que había hecho un grupo diferente como a 300 metros. Los cuatro secuestrados recibieron la orden por parte de ‘Macarrón’ de que se arrodillaran. ‘Macarrón’ los ejecutó uno a uno propinándoles disparos en la cabeza”.

Estas nuevas actuaciones en el marco de la Ley 975, siguen siendo parciales y hasta contradictorias en el proceso de esclarecimiento de la verdad de los hechos ocurridos hace 11 años en Barrancabermeja.

Han pasado 11 años y este crimen tiene varias versiones por parte de algunos de los victimarios. Además de las recientes declaraciones de “Picúa” en Bucaramanga, hace casi un año el paramilitar conocido como “El Panadero” afirmó en el marco de la misma Ley 975, el pasado 18 de abril del 2008, que: “En una finca de la vereda La Musanda de Barrancabermeja, se encuentra una fosa con 25 personas -21 hombres, una mujer y 3 menores- , que el 16 de mayo de 1998 fueron asesinadas por orden de un comandante en medio de una borrachera (…) alrededor de 50 ’paras’ (…) hicieron un recorrido por barrios del nororiente de la ciudad sacando gente de un bazar que había en una cancha y de varios negocios. A siete los acribillaron allí mismo y 25 fueron llevados ante GUILLERMO CRISTANCHO ACOSTA, alias ’CAMILO MORANTES’, jefe ’para’ del ’bloque Magdalena Medio’. (…) Varios de ellos fueron señalados por informantes de que no eran guerrilleros como se había dicho. Sin embargo, eso no importó (…) Y de unas los mató a todos – el paramilitar WILLIAM TATARETO, quien fue asesinado 15 después de la masacre. (…) la mayoría de cadáveres fueron llevados a una finca de la vereda La Musanda y enterrados en una fosa común. (…) unas tres víctimas fueron tiradas a una laguna de la zona. (…) dos paramilitares del ’Bloque Central Bolívar’ hoy detenidos darán en los próximos días las coordenadas del lugar donde está la fosa”. (Apartes de publicación del periódico El Tiempo el 19 de abril de 2008) Diferentes versiones de los hechos en el marco de la misma Ley 975, diferente ubicación de lugares y modos de operar, de responsables medios y perpetradores materiales. Versiones de los victimarios que generan confusión y todos tienden a desdibujar la responsabilidad de acción y omisión del ejército y la policía en los hechos del 16 de mayo de 1998.

Mientras estas son las “verdades” procesales en el marco de la Ley 975, desde la reconstrucción de los hechos realizada por familiares y testigos presénciales, se sabe que hace 11 años, un sábado 16 de mayo, hacia las 8:30 p.m., unidades de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar, incursionaron en un sector del sur oeste de la ciudad de Barrancabermeja y ejecutaron extrajudicialmente a 7 hombres y desaparecieron forzadamente a 32 más, entre ellos a una mujer. Los hechos ocurrieron en una cancha de fútbol del sector, donde celebraban un bazar, allí las primeras víctimas fueron ejecutadas. Luego siguieron su recorrido de horror hacia el barrio “9 de Abril” donde ingresaron en varios establecimientos públicos y continuaron sus crímenes.

Hacia las 10:30 p.m., las unidades de la estrategia militar encubierta continuaron su recorrido hacia las afueras de Barrancabermeja. Se dirigieron al caserío “Patio Bonito”, en la vía hacia la ciudad de Bucaramanga, pasando por el frente de un retén del ejército en varios camiones, sin que la fuerza pública hiciera algo para detenerlos.

En un primer momento la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación vinculó y dictó medida de aseguramiento el 12 de agosto de 1998, al Cabo Segundo del Ejército RODRIGO PÉREZ, perteneciente al Batallón Antiaéreo Nueva Granada, por el delito de “Homicidio múltiple Agravado y Secuestro Extorsivo”, como coautor de los hechos ocurridos el 16 de mayo en Barrancabermeja. Desde el 30 de marzo de 1999, fue dejado en libertad este militar por parte de la Fiscalía.

El 12 de diciembre de 2005, la Fiscalía profirió resolución de acusación contra BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS conocido como “Wolman”, primer mando de los paramilitares en Barrancabermeja en la época de los hechos.

Posteriormente, el 3 de enero del 2001, fue vinculado al proceso el paramilitar MARIO JAIME MEJÍA, conocido como “El Panadero”, quien se acogió a los beneficios contemplados en la Ley 975 “Para la Justicia y Para la Paz”. Este año aparece la versión libre del paramilitar conocido como “Picúa”, con otra versión de la manera como ocurrieron los hechos, los lugares y responsables de los mismos.

Desde el 19 de enero del 2002, a través del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, fue presentado el caso ante la CIDH. Hoy se espera que ante la negación de Justicia en Colombia, se pueda tomar una decisión de fondo por parte de la CIDH que favorezca a los familiares y dignifique a las víctimas de estos crímenes de Lesa Humanidad. Una decisión que logre la ubicación de las fosas, más allá de los restos de cinco de las víctimas que fueron entregados por la Fiscalía a comienzos de este año, poder hallar a sus familiares desaparecidos y afirmar el derecho a Exhumar a sus seres queridos, darles cristiana sepultura y tener un lugar donde visitarlos, llorarlos, llevarles una flor y una canción.

Han pasado 11 años de la masacre y desaparición forzada realizada por la estrategia militar encubierta en Barrancabermeja. 11 años de una investigación sinuosa en la que se ha negado el derecho a la verdad y a la justicia, donde se tergiversa la realidad y con ello la verdad, donde se desdibuja la responsabilidad del Estado. 11 años, en los que la impunidad ha garantizado la perpetración de nuevos crímenes de Lesa Humanidad en el puerto petrolero, entre ellos el de varios testigos de los hechos del 16 de mayo de 1998.

11 años después, se continúa afirmando la memoria. Se conmemoran las vidas de los 7 ejecutados y los 32 desaparecidos del 16 de mayo en Barranca. Hechos que fueron puesto en conocimiento del Gobierno colombiano 12 días después de ocurridos los hechos, al entonces Presidente de la República ERNESTO SAMPER PIZANO, a través de una carta firmada por los familiares de los ejecutados y desaparecidos forzadamente.

Adjunto carta de los familiares

Bogotá D.C., 16 de mayo de 2009

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

"Barrancabermeja, Santander
Mayo 28 de 1998
Señor Doctor

ERNESTO SAMPER PIZANO

Presidente de la Republica de Colombia


Nosotros, quienes suscribimos la presente, familiares de las victimas de los hechos violentos sucedidos el 16 de mayo del año que transcurre en esta ciudad, nos dirigimos a usted como mandatario de nuestro país para exponerle en forma sucinta los episodios que enlutan nuestros hogares.

Como ya será de su conocimiento, el pasado 16 de mayo entre 30 y 50 paramilitares que se movilizaban en tres vehículos, una camioneta doble cabina y dos camiones 350, incursionaron entre las 10 y 10.30 de la noche en el sector sur oriental de la ciudad y ejecutaron extrajudicialmente a DIOMINIO HERNANDEZ, JOSE J. JARAMILLO, LUIS JESUS ARGUELLO, GERMAN LEON QUINTERO, NEIL GUZMAN, PEDRO JULIO RONDON y ELIECER QUINTERO, todos jóvenes entre 15 y 23 años; igualmente se llevaron por la fuerza a ORLANDO MARTINEZ, JUAN DE JESUS VALDIVIESO, RIKY NELSON GARCIA, JAIME YESID PEÑA, JOSE OCTAVIO OSORIO, WILFRIDO PEREZ SERNA, WILSON PACHECO, JOSE MILTON CAÑAS, DIEGO FERNANDO OCHOA, MARIA ALEJANDRA OCHOA, GIOVANNY HERRERA, CARLOS A. ALAIXT PRADA, OSWALDO ENRIQUE VASQUEZ, ENDER GONZALEZ BAENA, LIBARDO LONDOÑO, ROBERTO WELLS GORDILLO, JOSE REINEL CAMPO A., FERNANDO ARDILA LANDINEZ, DANIEL CAMPOS PEREZ, GARY DE JESUS PINEDO, OSCAR LEONEL BARRERA, MELQUISEDEC SALAMANCA, CARLOS E. ESCOBAR, JUAN CARLOS RODRIGUEZ y LUIS HERNANDO SUAREZ, cuyo paradero aun desconocemos.

Los victimarios, varios con el rostro cubierto, portaban armas de fuego de diferentes calibres y corto punzantes. Mucho antes de la incursión paramilitar miembros de la Policía Nacional realizaron operativos de registro y control en los barrios Campestre, el Campín, Villa Arelis, Maria Eugenia y Nueve de Abril; simultáneamente efectivos del Ejercito Nacional mantenían puestos de control con tres tanquetas en las dos vías de acceso a la comuna siete; una de las tanquetas se encontraba ubicada frente al restaurante "Bonanza" y las otras dos en el sitio denominado "El Reten", donde se bifurca la vía que va al aeropuerto y a la ciudad de Bucaramanga. Es importante resaltar que en el sector donde ocurrieron los hechos se encuentran acantonadas dos bases del Ejercito Nacional, la de "Pozo Siete" y la que brinda seguridad a la termoeléctrica, así mismo en las áreas adyacentes a esta comuna esta situada la base militar de la subestación eléctrica "los Comuneros".

El grupo armado comenzó su ronda de muerte en el estadero "La Tora", ubicado en la autopista a Bucaramanga, sobre una de las vías de acceso a la comuna siete, donde detuvieron a varias personas, las maltrataron, hostigaron y se llevaron por la fuerza, obligándolas a subir a una de las camionetas, a tres de los pobladores. En este sitio un poblador fue obligado a bajar de su motocicleta y fue golpeado brutalmente por uno de los paramilitares.

Posteriormente hicieron presencia en la cancha deportiva de los barrios "Maria Eugenia", "El Campín" y "Divino Niño", estacionaron los vehículos en los que se movilizaban en uno de los extremos de la cancha y procedieron a rodear a los asistentes del bazar comunitario que se realizaba en ese centro deportivo, a los que hicieron tender en el piso, agrediéndolos física y verbalmente, y luego de manera indiscriminada obligaron a trece de ellos a subir a uno de los vehículos en los que se movilizaban.

En una de las esquinas del escenario deportivo el joven PEDRO JULIO RONDON fue degollado por el grupo armado al negarse a subir a uno de los vehículos; igualmente en ese sitio la banda paramilitar incursiono en varias de las viviendas aledañas, las requiso y golpeo a varios de sus ocupantes.

Minutos después se movilizaron hacia el barrio "Nueve de Abril" y ocuparon dos establecimientos públicos: una cancha de minitejo y un billar; en el primero hirieron con arma de fuego a un joven cuando este pretendía evadir el cerco paramilitar, el que posteriormente fue asesinado. Así mismo la banda paramilitar obligo a subir a los camiones a otro grupo de pobladores.

Estos acontecimientos violentos ocurrieron aproximadamente a entre doscientos y trescientos metros de las bases de "Pozo Siete" y de la termoeléctrica, las dos adscritas al Batallón Nueva Granada del Ejercito Nacional.

El grupo armado que agredió a los pobladores de la comuna siete se retiro llevándose consigo a una treintena de habitantes de ese sector, unos hacia el sector nororiental y otros por la vía que conduce a Bucaramanga.

En horas de la madrugada del 17 de mayo de 1998 entre la salida Barrancabermeja y el sitio conocido como Patio Bonito, en la vía a Bucaramanga, fueron hallados los cuerpos de cinco de los habitantes retenidos en los barrios ya mencionados.

Señor Presidente, le narramos estos hechos para sensibilizarlo de la tragedia que padecemos y para exigirle agote todos los esfuerzos necesarios para que el Estado nos devuelva con vida a nuestros familiares desaparecidos, se sancione penal y disciplinariamente a los responsables de las atrocidades que le hemos comunicado, se nos indemnicen los perjuicios que no han causado y se tomen todas las medidas preventivas para evitar que en nuestra ciudad se repitan otros hechos de violencia e infracción a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Del señor Presidente, atentamente, (siguen firmas)”.