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venezuela / colombia / imperialismo / guerra / opinión / análisis Thursday March 30, 2017 00:12 byJosé Antonio Gutiérrez D.

Los muertos también se han convertido en un campo de batalla en Colombia. Cuanto tengamos, efectivamente, paz en los cementerios, es cuando la paz realmente termine de materializarse en Colombia. Cuando el cuerpo de Trofijo pueda encontrar un lugar definitivo de descanso, sin el temor de que paramilitares o el propio ejército lo exhumen para jugar fútbol con su cráneo, es cuando sabremos que realmente estamos en paz. Cuando los familiares puedan sacar a los guerrilleros que quedaron enterrados en cementerios escondidos en la selva y volverlos a sus veredas para despedirse humanamente de ellos.


Colombia: ni siquiera ha llegado la paz de los cementerios

Durante décadas se nos dijo que, desaparecida la guerrilla, desaparecería el paramilitarismo (según algunos violentólogos, una mera reacción a la “violencia guerrillera”) y que el Estado ya no tendría excusa para seguir reprimiendo, encarcelando y asesinando dirigentes sociales. Afirmaciones contrarias a todo sentido histórico que han sido, lamentablemente, desmentidas por los mismos hechos en Colombia. Hace dos años que las FARC-EP, como movimiento guerrillero que combatía las fuerzas del Estado, se han, efectivamente, desmovilizado. Tienen armas todavía, pero no las usan. Desde los inicios de las negociaciones de paz, las FARC-EP estuvieron gran parte del tiempo en cese al fuego unilateral y bajaron su capacidad ofensiva enormemente. Según la teoría de la guerrilla “excusa” para la violencia paramilitar y de Estado, el número de asesinatos selectivos debería ir decreciendo y el paramilitarismo debería ir desapareciendo, al esfumarse su supuesta causa. Sin embargo, pese a la existencia de un reducto del EPL y la guerrilla del ELN (ambas con una capacidad militar muy inferior de la que gozaban las FARC-EP), Colombia aún se encuentra sin paz y ahogada en sangre[1].

El reguero de líderes sociales muertos y asesinados, habla por sí solo: en el 2014, hubo 78 asesinatos contra líderes sociales; en el 2015, fueron 105; y en el 2016 y los dos primeros meses del 2017, iban al menos 120. El grueso de estas víctimas procedía del suroccidente colombiano, de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño -el epicentro del conflicto social y armado[2]. Los números van en alza, no en baja. Y ni siquiera se trata ya de debilitar al adversario durante la fase de negociación: esta ya acabó. Estamos presenciando como en Cien Años de Soledad, obra de la clarividente pluma de García Márquez, la suerte de los hijos del Coronel Aureliano Buendía: uno tras otro fueron asesinados en medio de la noche y niebla, hasta que después del asesinato del último de sus hijos, un policía se dejó ver de atrás de un árbol. Ya no había nada que hacer ni quien reclamara justicia. Es una mezcla de revanchismo y el interés de derrotar absolutamente al otro, de desterrarlo totalmente de la faz de la Tierra.

Así las cosas, muchos se lamentan si acaso la paz santista no será otra cosa que la paz de los cementerios. Lo terrible es que la paz santista ni siquiera garantizará la paz de los cementerios.

Durante mi último viaje al Limón, Tolima, tuve oportunidad de presenciar la profanación de las tumbas de guerrilleros caídos en combate. Los pobladores acusaban a miembros del ejército de haber llegado un día, al parecer “marihuaneados”, y haber destruido un par de tumbas de guerrilleros de las FARC-EP en el cementerio. No sería esta la primera vez que en la región se señala a los miembros de la fuerza pública de actuar bajo la influencia de sustancias: según un informe de afectaciones de la hidoreléctrica en el río Amoyá realizado por ILSA[3], los efectivos militares en esta zona consumirían, en altas cantidades, marihuana. Visité la tumba de Giovanni Díaz, asesinado el día 2 de Febrero del 2013[4], la cual había sido decorada por familiares y amigos. Tanto el florero como una fotografía de Giovanni Díaz en su uniforme guerrillero habían sido dañadas. Sus familiares ya habían comenzado a reparar la tumba, pero la imagen del difunto había sido removida presuntamente por los militares.

Con todo, este no es ni con mucho el peor caso de profanación de tumbas en los que se imputa al ejército. Una carta enviada por la guerrillera fariana Yadira Suárez a la familia del guerrillero Leonardo Tovar, cuenta, cómo después de su muerte en una crecida del río San Miguel, fue enterrado junto a otros guerrilleros en un improvisado cementerio:

Se trataba de un pequeño prado, a la orilla de un camino veredal, en el que el Frente 48 fue enterrando dolorosamente a sus muertos. (…) El lugar estaba situado a unos tres kilómetros de las riberas del San Miguel, en el departamento del Putumayo, muy cerca a lo que llamamos nosotros la pata de la cordillera, cerca al departamento de Nariño y la frontera con Ecuador. Los civiles tenían conocimiento de su existencia e incluso manifestaban respeto por él. Pero un día llegaron los hombres de acero, con el corazón y los sentimientos tan duros como ese metal, y decidieron minar con explosivos el terreno y hacerlo volar. (…) todos los guerrilleros del 48 y la población civil del área lo pueden confirmar.”[5]

El ya célebre cementerio de los Andes, Caquetá, construido por la comunidad y la columna Teófilo Forero de las FARC-EP, también ha sido en más de una ocasión amenazado. En él, se entierra a los guerrilleros cuyos cuerpos recuperan; los que no recuperan, el ejército por lo general les tiran a los ríos o los abandonan en potreros o los dejan en cementerios como NN[6]. El cementerio de los Andes se mantiene limpio, bien cuidado y ordenado. No hay muchas referencias explícitas al movimiento guerrillero –de hecho, la mayoría de las tumbas no tienen ninguna referencia, otras tienen sólo un nombre en metal, apenas un par tiene referencias a la lucha de los caídos, otro par tiene nombres completos, y sólo una tiene una imagen de un muchacho con un fusil. Hace unos años, el ejército intentó llevarse un cadáver y la comunidad se alzó, impidiéndoles llevárselo. Hasta un sacerdote tuvo que mediar en este conflicto. Desde entonces no han parado los rumores de que el ejército va algún día a destruir el cementerio. Según pobladores, eso lo dicen constantemente los soldados en el retén militar a la salida de Guayabal, un poco más arriba en el camino. Según la persona encargada del cuidado del cementerio,

esto es patrimonio de esta comunidad. Acá están enterrados familiares, amigos, nuestros muchachos. El ejército varias veces ha querido destruirlo, pero la resistencia de la comunidad ha sido grande. Muy grande. La iglesia igual se ha portada bien y nos ha apoyado desde que creamos este cementerio. Eso fue en el 2002, cuando se acabó la zona de distensión. Entonces, nos dijeron que tomáramos fotos paso a paso de la construcción y que si el ejército lo quiere acabar, volvemos y lo construimos igualitico”[7].

Ya no sólo se ha negado, en el contexto del conflicto armado, que algunos colombianos lloren a sus muertos, a menos que sea el macabro llanto de alegría por la muerte que Santos confesó cuando el asesinato, en estado de indefensión y mientras negociaba la paz, del comandante fariano Alfonso Cano[8]. También se les niega el derecho a sepultarlos o a hacerlo dignamente. En la mitología griega, la tragedia de Antígona contaba la historia de una mujer que desafiaba la autoridad del rey Creonte –quien había ordenado que su hermano debería quedar insepulto y a merced de los animales carroñeros por un acto de rebelión, prohibiendo incluso llorarle- y da sepultura a su hermano. Este acto de desobediencia, del que no se arrepiente, le cuesta una horrible sentencia de muerte por parte del tirano[9]. La autoridad, así, castiga a la rebelión hasta en el más allá, proyectando su poder cuasi-divino sobre vivos y muertos. No les basta con matar al rebelde, sino que deben matarlo y rematarlo hasta en muerte. Por eso el Estado colombiano se apropia de los cadáveres de los guerrilleros caídos en combate, negándoselos muchas veces a sus propios familiares y tomándose el derecho a sepultarlos ellos mismos[10], si no a desaparecerlos, como ocurre con el cadáver del cura guerrillero Camilo Torres que hasta la fecha no aparece.

La comunidad de los Andes no solamente reclama su derecho a llorar y a enterrar dignamente a sus muertos, sino que además reclama su derecho a la memoria. “Queremos hacer un memorial. Hay una compañera que está coordinando eso, no sé si habló ya con ella. Acá hay mucha memoria y no podemos perderla”, nos dice el cuidador al momento de despedirnos.

Los muertos también se han convertido en un campo de batalla en Colombia. Cuanto tengamos, efectivamente, paz en los cementerios, es cuando la paz realmente termine de materializarse en Colombia. Cuando el cuerpo de Trofijo pueda encontrar un lugar definitivo de descanso, sin el temor de que paramilitares o el propio ejército lo exhumen para jugar fútbol con su cráneo, es cuando sabremos que realmente estamos en paz. Cuando los familiares puedan sacar a los guerrilleros que quedaron enterrados en cementerios escondidos en la selva y volverlos a sus veredas para despedirse humanamente de ellos. Dudo mucho que esto ocurra mientras no se derrote a esta oligarquía que ha gobernado desde los mismos orígenes de la vida republicana de Colombia, y que han sido los grandes responsables de todas las violencias. Del mismo modo que los vivos tienen derecho a la vida digna y plena en derechos, los muertos tienen derecho a descansar en paz. Sí, aunque suene raro, también necesitamos la paz en los cementerios.

José Antonio Gutiérrez D.
29 de Marzo, 2017


[1] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=219539&titular=c...ngre-
[2] https://es-us.noticias.yahoo.com/ser-defensor-de-los-de....html
[3] https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/tolima.pdf
[4] http://www.anarkismo.net/article/25298
[5] http://www.rebelion.org/docs/219543.pdf
[6] Según una campesina, en testimonio recogido en el Bajo Putumayo, en Octubre del 2014, en el marco de mi rol como asistente de investigación al profesor Renán Vega en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, “todos somos seres humanos pero cuando se muere un soldado en un campo minado o se muere por un ataque de la guerrilla, todos dicen pobrecitos, y lo sacan por los medios de comunicaciones, y pobrecito y toda la vaina, y todo el mundo llora y a uno también le duele. Pero entonces cuando matan un guerrillero, entonces ahí todavía tienen el descaro de decir que le cortaron una mano, que lo llevaron o que quedaron ahí, si son seres humanos por qué hacen esa clase de publicidad si también es horroroso para uno saber porque son seres humanos los que se están matando, no son perros. En el bombardeo del campamento de Raúl [Reyes], nosotros supimos por cazadores que casi dos horas de ahí del campamento, donde fueron los bombardeos hacia adentro, hubo cazadores o personas que iban por ahí dentro a buscar animales que encontraron cuerpos de guerrilleras y de guerrilleros recostados en los palos que se murieron recostados, heridos, en esas partes de ahí, y son seres humanos y se quedaron por allá. Y eso nunca lo van a juzgar”.
[7] El testimonio fue recogido en Junio del 2016.
[8] http://www.elpais.com.co/judicial/las-farc-se-pronuncia....html
[9] La historia de Antígona sirve de inspiración al ensayo del sueco Roland Anrup “Antígona y Creonte. Rebelión y Estado en Colombia” (Bogotá: Ediciones B, 2011).
[10] http://www.elpais.com.co/judicial/familiares-de-jojoy-r....html

image Tumba de Giovanni Díaz después de ser profanada (Fotografía de José Antonio Gutiérrez D.) 0.16 Mb image Cementerio de los Andes, Caquetá (Fotografía de José Antonio Gutiérrez D.) 0.13 Mb image Cementerio de los Andes, Caquetá (Fotografía de José Antonio Gutiérrez D.) 0.15 Mb image Cementerio de los Andes, Caquetá (Fotografía de José Antonio Gutiérrez D.) 0.13 Mb image Cementerio de los Andes, Caquetá (Fotografía de José Antonio Gutiérrez D.) 0.11 Mb

greece / turkey / cyprus / migration / racism / news report Wednesday March 29, 2017 17:52 byDmitri (ed.)

The arrest on the 11th of March occurred outside the migrant housing squat (Alkiviadou) which was evicted by the police just two days later. The police still arrested these four comrades even after they were informed that the group was acting in defence of neighbourhood squats, thus the arrest was explicitly political. The Police are thus responsible for making squats more vulnerable to fascist attacks, which is in line with the state strategy to destroy self-organized migrant housing communities.

NGO Control Over the Detention of Refugees, Migrants, and “Unaccompanied Minors”

Non-Governmental Organizations have been shown to have a dangerous level of control over the autonomy and freedom of movement of refugees and asylum seekers, especially those who arrived in Greece as unaccompanied minors. Furthermore, these organizations profit financially from their control over migrants, even those who have chosen to leave NGO programs in order to find housing in squats.

At 3:45 AM on Saturday the 11th of March, four anarchists were detained by the Greek Police, while on a patrol organized by the Assembly for the Self Defence of Squats. The police did not have cause to pull them over, but did so, made an unjustified search of the car, and demanded the IDs of all passengers, one of whom was an asylum seeker, aged 17 (whose nationality is not prioritized for acceptance in Greece). This asylum seeker is legally under the care of the NGO “PRAKSIS”, however, he had left their program consciously and communicated to them that he had found alternative housing. His reason for leaving this program is that PRAKSIS restricted his general autonomy, especially freedom of movement, and social/political interactions. Despite the fact that PRAKSIS had been informed by this individual that he was leaving the program by his own free will, employees there reported him missing to the police after he left. PRAKSIS requires all members of their programs to report into a shelter or office every 24 hours, or risk being reported.

The police took this as an opportunity to detain all four people in the car at police headquarters for five hours, although information as to the cause of their detention was not given for several hours. During this time, they were forced to present identification, their bags were searched, their cell phones were confiscated, and SIM cards removed and copied. A 500 Euro fine was also issued to the driver of the car over insurance, and the police revoked his driver’s license and registration plates for six months.

The asylum seeker was kept an additional five hours, as the police refused to release him without the signature of a PRAKSIS employee. The NGO did not send any employee to release this comrade (who is legally under their care). Instead the other passengers of the car, after they were released, had to visit three separate PRAKSIS locations before an employee could be convinced to take this responsibility. The employees who were contacted initially refused to come as it was a Saturday, and they did not want to take responsibility on their day off. The employee who eventually arrived still refused to accept that this asylum seeker had wished to leave PRAKSIS, and threatened to let him remain in custody for an entire weekend, saying that he would be safer detained by the police then he would be in a squatting community. Furthermore, they have informed the individual that if he is detained by the police again (anything from the level of an ID check onward) he will be forced to spend at least one month in jail, at which point he will be assigned to another NGO program.

This falls in line with the strategy of the state to control migrants, refugees, and asylum seekers by treating them as a security threat, with the collaboration of NGOs. On a previous occasion, the same asylum seeker comrade was detained for 20 days in Larissa. Although he already had asylum papers, the police held him in custody until he was assigned to an NGO which would act as his legal “guardians”. During this time, he was kept as a prisoner in a jail cell, was deprived of his cell phone, and the length of his detention was repeatedly increased (originally he was told he would be released in 2-3 days). He was only given a place in a NGO in Athens (Metadrasi) after another friend intervened, as the police were not active in taking responsibility to find him housing. This demonstrates the strategy of the police in dealing with migrants and minors.

Furthermore, NGOs profit from this strategy, which is especially hypocritical. These organizations' funding depends on the number of participants in their programs, thus they benefit financially from claiming that a participant is missing, even if they are aware that a person has found alternative housing. Also, they continue to receive funding for the care of an individual that is in police custody. In this way, NGOs directly profit off the very existence of individuals who are housed in squats, and have strong motivation to report those individuals to the police, further hindering their autonomy.

This is one part of the greater plan to completely privatize the care of refugees and asylum seekers. The State and the Capitalist (donor) class use NGOs to turn refugees and asylum seekers into commodities that are traded from organization to organization. NGOs hide behind the idea of humanitarianism in order to mask the fact that they gain both financial profit and political control from the refugee crisis. This has been an ongoing problem, concerning many NGOS in Greece (Metadrasi, Arsis, GCR, PRAKSIS, and many others). Squats provide a real alternative to privatized humanitarianism, and for this reason they are demonized by the state. A large migrant housing squat in Athens was evicted during the same weekend as the detention described here, and two others were evicted in the summer of 2016. This further demonstrates the threat that self-organized communities pose to capitalist manipulation of refugees and migrants.

The arrest on the 11th of March occurred outside the migrant housing squat (Alkiviadou) which was evicted by the police just two days later. The police still arrested these four comrades even after they were informed that the group was acting in defence of neighbourhood squats, thus the arrest was explicitly political. The Police are thus responsible for making squats more vulnerable to fascist attacks, which is in line with the state strategy to destroy self-organized migrant housing communities.

Squats (the real “non-profits”) must thus move to combat police violence and the commodification of vulnerable individuals, both for the protection of migrant communities, for the better organization of our self-defence structures, and to empower our asylum seeker comrades to be active in the defence of squats. The Assembly for the Self Defence of Squats calls all migrants, refugees, and people in solidarity to organize for resistance against the state, fascists and predatory NGOS.

venezuela / colombia / community struggles / news report Wednesday March 29, 2017 00:58 byJosé Antonio Gutiérrez D.

El día domingo 26 de Marzo se celebró la tan esperada consulta minera sobre la explotación del oro en la mina de oro de La Colosa, en Cajamarca (Tolima). 6.241 habitantes de Cajamarca salieron ese día a votar ante una sencilla pregunta “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”. El resultado fue contundente: 98% de los votantes se expresaron a favor del NO a la megaminería.


Cajamarca, Tolima: consulta popular y disputa por el territorio

El día domingo 26 de Marzo se celebró la tan esperada consulta minera sobre la explotación del oro en la mina de oro de La Colosa, en Cajamarca (Tolima). 6.241 habitantes de Cajamarca salieron ese día a votar ante una sencilla pregunta “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”. El resultado fue contundente: 98% de los votantes se expresaron a favor del NO a la megaminería. Apenas 76 personas votaron a favor del proyecto megaminero. Cajamarca estuvo de fiesta con este resultado[1]. Pero lo que vimos el domingo, no ha caído del cielo: es el fruto de muchos años de actividad infatigable por parte del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, de organizaciones sociales de todo signo, de organizaciones estudiantiles y colectivos juveniles, de la actividad de sindicatos campesinos como Astracatol, y, por supuesto, del Comité Promotor de la Consulta Popular sobre minería en Cajamarca. Durante años se ha venido haciendo sensibilización con la población, a través de charlas, campañas puerta a puerta, infografías y documentos explicativos de los impactos de la megaminería, sin olvidar las multitudinarias marchas-carnavales que se vienen celebrando todos los años en Ibagué, en defensa del agua, la vida y contra la minería. Ni tampoco debemos olvidar el ejemplo que dieron Piedras, que con un 99% de los votos, el 28 de Julio del 2013, dijo también en consulta popular NO a la megaminería[2]. Esta actividad ha costado represión, amenazas y persecuciones[3]. Pero con valentía y tesón, venciendo los múltiples obstáculos burocráticos que aparecieron en el camino, las organizaciones sociales lograron sacar adelante esta consulta en la cual el pueblo expresó su voz de manera inequívoca.

No es necesario insistir una vez más en los efectos perjudiciales para el ambiente, las comunidades y la vocación campesina de Cajamarca que traería este proyecto minero, en lo cual ya he insistido en otras ocasiones[4]. Tolima es un departamento clave en la locomotora minera del santismo, y que “404.602.2 de sus 2´356.200 hectáreas han sido entregadas para labores extractivistas por medio de 713 títulos mineros a noviembre de 2013 y 526.107.2 hectáreas están por entregarse, ya que existen –a diciembre de 2013– 441 solicitudes de títulos mineros”[5]. La amenaza minera se cierne no sólo sobre las zonas rurales más apartadas, sino incluso sobre el mismo municipio de Ibagué[6]. La Colosa, empero, es el epicentro de esta febril locomotora minera, que no solamente afecta a las poblaciones de donde se extraerá el mineral en Cajamarca, sino también a municipios donde irían a dar los desechos y se realizarían actividades de lixiviación (municipio de Piedras), así como al sur de Tolima, donde se planean una serie de hidroeléctricas que tienen por objetivo satisfacer la enorme demanda energética de la multinacional minera detrás de este proyecto, la AngloGold Ashanti. Esta multinacional ha copado el 60% del municipio de Cajamarca -30.440 hectáreas-, con 21 títulos mineros[7], aunque carece de licencia ambiental para explotar La Colosa. El golpe que el pueblo de Cajamarca ha dado a este megaproyecto, de hecho, hiere a la locomotora en su punto más fuerte, en su pleno corazón.

El gobierno, con su tradicional actitud autista, ha dicho que no acatará la voz del pueblo. Esto no es de extrañar dadas sus tradicionales proclividades al incumplimiento a los de abajo y su servilismo con los de arriba, fruto de ese amangualamiento de políticos con empresarios; el caso Odebrecht es apenas la punta del iceberg. Buscarán la manera de seguir empujando hacia adelante el minero-extractivismo, aunque en ese proceso envenenen a medio país. El ministro de minas, Germán Arce Zapata ya salió a decir que la consulta no es vinculante[8], haciéndose eco de los intereses de la AngloGold Ashanti y actuando como vocero de ésta, pese a que, como demuestra la ONG Dejusticia, el fallo es vinculante por superar el umbral[9]. Recordemos, además, que la Corte Constitucional ya había tumbado, en Mayo del 2016, la disposición legal que prohibía a los entes locales oponerse a proyectos mineros en su territorio (artículo 37 de la ley 685 de 2001)[10]. Pero como siempre, cuando el pueblo se expresa de manera diferente a los intereses de la oligarquía dorada, entonces la democracia es transformada en una simple fórmula sin ningún contenido. A esta democracia muerta, oligárquica, amañada para hacer más ricos a los súper-ricos y servir a los mismos intereses de siempre, se opone el desarrollo de un movimiento democrático desde abajo, participativo, inclusivo, verdaderamente popular, que se está expresando en los numerosos conflictos medioambientales en Colombia. Este tejido social en ciernes, se construye desde el barrio, desde la calle, desde el campo, desde el mundo del trabajo, siendo su eje articulador el territorio y el municipio. El movimiento popular en Cajamarca nos demuestra que otras formas de democracia sí son posibles, así los poderosos no quieran escuchar.

El plebiscito ya fue en las urnas. Ante la negativa del gobierno de Santos de reconocer este contundente resultado y seguir profundizando su política económica de despojo, el próximo plebiscito será en las calles y los territorios de Tolima, donde el pueblo tolimense, a sus razones, tendrá que sumar la acción colectiva en defensa de la vida. Este es el proceso mediante el cual se construye poder popular. El pueblo cajamarcuno ya ha hablado y actuado en consecuencia: la AngloGold Ashanti y la Locomotora minera-santista ¡no pasarán!

José Antonio Gutiérrez D.
28 de Marzo, 2017


[1] http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/cua...86477
[2] http://anarkismo.net/article/25970
[3] http://anarkismo.net/article/26104
[4] http://anarkismo.net/article/25101
[5] http://anarkismo.net/article/27206
[6] http://anarkismo.net/article/29365
[7] http://anarkismo.net/article/25101
[8] https://www.youtube.com/watch?v=G9atijJxqFc
[9] http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consult...70960
[10] http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/pro...86011

mashriq / arabia / iraq / imperialismo / guerra / opinión / análisis Wednesday March 29, 2017 00:41 byAlejandro Azadî

Compartimos una nota sobre los acontecimiento que dieron origen a la Revolución en Rojava (Norte de Siria) y su trascendencia a nivel político para Oriente Medio. Esta nota es la primera de cuatro (cada una correspondiente a las cuatro regiones que componen el Kurdistán).

El 17 de marzo del 2016 el proceso autonómico al norte de Siria dio su siguiente paso: la declaración de una Federación del Norte de Siria, compuesta por los tres cantones autonómicos (Cizire, Kobane y Afrin), ampliando el marco de autodeterminación kurda, constituyendo gobierno a partir de un paradigma multiétnico democrático. Rusia, principal aliado de Damasco (Bashad Al-Assad), reconoce que el proyecto político federalista es un modelo valido para Siria.

Previamente, hacia mediados del año 2012, las regiones kurdas se habían declarado autónomas ante el abandono de las fuerzas militares árabe-sirias (a excepción de las ciudades de Hasake y Qamishlo). Con la captura por parte de las YPG/YPJ de Kobane, Amude y Afrin, y la extensión territorial de estas fuerzas en detrimento del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS), se forja la unidad nacional kurda bajo el Comité Supremo Kurdo (Kongreya Star).

Las Unidades de Defensa Populares y Femeninas (YPG/YPJ) son estructuras militares autonómicas nacidas al calor de las revueltas populares kurdas, sustentadas por nuevos paradigmas democráticos que ven en la mujer un sujeto oprimido y relegadas por la sociedad, aplastadas por el patriarcado y humilladas bajo el consumismo capitalista. Son unidades netamente defensivas que actúan como fuerzas contra el terrorismo por fuera de los cantones.

La Guerra Civil que estalló en 2011 en Siria, combinada con el levantamiento popular kurdo y la avanzada militar terrorista del Estado Islámico, crean en la región un proceso de revolución y contrarrevolución con altos costos humanos.

En 2004, una serie de disturbios populares en zonas kurdas son la antesala del nuevo paradigma de autodefensa popular. Con un resultado de 34 muertos y miles de desaparecidos tras un partido de fútbol entre grupos árabes y kurdos, en manos de las fuerzas del régimen de Al-Assad, el Partido de la Unidad Democrática (PYD) decide convocar al pueblo kurdo a sumarse en las fuerzas de defensa populares con objeto de autodefenderse. Estas proto-organizaciónes serán posteriormente denominadas como HPC y HPJ Star, las cuales actualmente defienden internamente los cantones y aldeas multiétnicas de Rojava, suministrando elementos a las YPG/YPJ.

El PYD (fundado en 2003) tuvo un papel trascendental en el levantamiento de Qamishlo, dirigiendo los acontecimientos posteriores: conformación de unidades de defensa, ampliación de influencia partidaria, aceptación del paradigma Confederal Democrático, etc., y desde entonces ha trabajado en pos de la autonomía kurda sacrificando jóvenes mártires y siendo detenidos muchos/as otros/as en las cárceles del gobierno sirio.

***



Hacia finales de los años 1990 Siria se encontraba aislada. Occidente desdeñaba y combatía todo lo que representara una política sediciosa respecto a ellos desde la caída de la Unión Soviética. Al-Assad padre se vio obligado a pactar con su histórico enemigo Turquía. Bajo el Pacto de Adana, Ankara exigía a Damasco la deportación del líder del pueblo kurdos Abdullah Öcalan. Luego de vivir casi 20 años en Rojava, “Apo” fue expulsado de Siria cuando iba a un encuentro en la Europa Occidental con motivo de los tratados de paz sobre el conflicto turco/kurdo. Ningún país quiso albergarlo apelando al derecho internacional, con excepción de Sudáfrica. De camino a Sudáfrica, pasando por Kenia, Öcalan fue secuestrado por el MIT turco, la CIA norteamericana, el Mossad israelí y algunos servicios de inteligencia europeos.

Öcalan había congregado en Rojava una importante masa kurda, promoviendo la revalorización de la cultura e identidad kurda entre los asimilados, reestructurado la dignidad del pueblo. Su presencia, resistida por Al-Assad, servía como freno a las ambiciones turcas de expansión sobre Siria. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), fundado en Turquía en 1978, formaba cuadros políticos, ideológicos e militares en Rojava que, posteriormente, se adentraban en el Kurdistán ocupado por Turquía para combatir y organizar estructuras.

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la instauración del Estado-nacional sirio, a partir de la década de 1960, el gobierno árabe impulsó políticas asimilacionistas sobre el Kurdistán sirio. Un proyecto político-económico que desindustrializó la región arrastrando a la población hacia la marginación, a su vez que pagaba salarios paupérrimos a los kurdos que trabajaban en pozos petroleros y en la producción de trigo. Se les prohibió la producción artesanal, el comercio, la expresión de su cultura, el uso de su lengua. A su vez, tras impulsar empréstitos para compra de tierras, masas de árabes construían sus casas y poblados entre aldeas kurdas (aislándolas entre sí). A estas políticas se las denomino “Cinturón Verde” y “Cinturón Árabe”, terminándose de combinar con la prohibición de documentación a los kurdos no-asimilados considerándolos extranjeros.

La captura de “Apo” significó un fuerte retroceso en la política del PKK para los poblados kurdos en Siria (por lo menos en un comienzo). Los valores que “Apo” supo impulsar en Rojava rápidamente fueron minados por políticas inmorales a través de los servicios de inteligencia de Damasco y Ankara. Prostitución, drogadicción, robo, juego, minaron la dignidad del pueblo kurdo. Rápidamente el militante fue concebido como traidor, y los poblados se vieron desprovistos de sus cuadros políticos. Las familias desconocían a quienes días atrás albergaban en sus casas.

Miles de cuadros políticos abandonaron la causa, o se fueron hacia organizaciones de derecha, o infiltraron a la población kurda traicionando los principios del partido; sólo unas docenas de cuadros políticos resistieron la embestida. A la captura de Öcalan, los servicios de inteligencia turcos desarrollaron la “operación KCK”, persiguiendo a quienes seguían aferrados a la ideología del partido. El punto culmine de esta política estuvo relacionada con el partido de fútbol en Qamishlo (2004) organizado por Turquía y Siria con el objetivo de enfrentar árabes y kurdos. Bajo la excusa de frenar el levantamiento popular se llevaron adelante asesinatos selectivos entre la población.

***



A partir de la fundación del PYD el tejido social en Rojava es reconstituido. Los cuadros partidarios retoman sus relaciones con la población, se asientan en las familias patriotas y forjan nuevos cuadros político-ideológicos basados en el paradigma del Confederalismo Democrático impulsado por Öcalan. Tras un programa político democrático que busca organizar a la sociedad desde las bases, forjando unidad nacional y respeto multiétnico, impulsando grupos de autodefensa populares sostenidos sobre el principio de que habrá liberación social y nacional si la mujer se libera de las cadenas del patriarcado.

Con el estallido social del 2011 y la Guerra Civil en Siria la influencia del Confederalismo Democrático se vuelve determinante para generar nuevas condiciones de existencia, libertad y democracia, en la región y en todo Oriente Medio. El sistema social de la Federación del Norte de Siria es elegido desde el pueblo, con una premisa anti-estatista, siendo ejemplo hacia el futuro para la actual crisis civilizatoria mundial.

El Confederalismo Democrático se organiza a partir de mínimas unidades democráticas, denominadas Komin (común), siendo la expresión de los individuos organizados según sus particularidades. Los Komin, en tanto espacio colectivo que supera la individualidad, no deberían de tener más de 100 familias organizadas alrededor de estos. Hay aproximadamente 2.800 Komin agrupados, a su vez, según sus características comunes. Los Komin mancomunados organizan comités según distintas necesidades: económicas, educativas, de salud, justicia, ecológicas, cultura, etc. Estos comités se organizan en espacios según lo que representan y forman asambleas donde se ejerce la democracia directa.

Estas mínimas unidades sociales e asamblearias se articulan con las juntas (especie de ministerios) donde representantes del TEV-DEM (Movimiento por una Sociedad Democrática) eligen autoridades de co-gobierno. Existe un principio tácito en el Confederalismo donde todo lo que se resuelve a nivel de base se adopta. Todas las personas que van a los comités, las asambleas, las juntas, pasan por espacios de formación ideológicos dependiendo del rol que ocupen.

Cabe destacar que tanto mujeres, como jóvenes, tienen representación propia y directa en todos los ámbitos de la sociedad.

Por consiguiente, las bases de la federación democrática son de autoadministración, relacionándose entre sí sin necesidad de centralidad estatal legal. Eso no quiere decir la negación de vincularse centralmente en lo militar, por ejemplo. Se busca que cada región federativa se relacione con otro países (si así lo desean) sin comprometer el Contrato Social. En cada región se tiene que cumplir los pilares en materia económica, liberación de la mujer, lo militar, lo ético-político.

***



Pero la Federación al Norte de Siria no está completa. Actualmente, el gobierno de Turquía ha ocupado un territorio de 2.000 kilómetros cuadrados entre los cantones de Afrin y Kobane. Los Estados Unidos y Rusia han “paralizado” el expansionismo militar turco tras una “franja de seguridad” delimitadas por Azaz, Jarabulus y Al-Bab. Este acuerdo entre las potencias imperialistas no es inocente, respaldado sobre diversos argumentos; es un claro ejemplo de buscar determinar la política kurda: único proyecto capaz de llevar paz a la región.

Entre tanto, este 2017 se apresta a ser prometedor. Se despliegan operaciones militares conjuntas árabe-kurdas en Irak y Siria, con amplia cobertura estadounidense y rusa desde el aire, y entrenamiento militar. La operación de Mosul y la operación “Ira del Éufrates” para la reconquista de Al-Raqqa dan eficientes frutos (sobre todo en la operación Siria). La fuerza multiétnica Fuerzas Democráticas de Sira (FDS) es un claro ejemplo de política militar conjunta anti-terrorista y democratizante impulsada desde los cantones autonómicos.

Por último, es importante mencionar las dos operaciones militares que trasformaron las condiciones políticas de la guerra. En 2014 en Irak, en el monte de Sinjar, el pueblo yazidi quedó rodeado por la banda terrorista Estado Islámico. 50.000 yazidies kurdos quedaron atrapados entre las armas y la inanición, tras un despliegue militar a puro cuerpo las Unidades de Defensa Populares y Femeninas (YPG/YPJ) abrieron un corredor humanitario permitiendo a decenas de miles escapar del asedio. Sinjar fue rescatada de manos terroristas y devueltas a sus pobladores. Este triunfo reorientó la política rusa en relación a la guerra, dándole importancia a la cuestión kurda.

En 2015, tras una dramática situación, Kobane es liberada nuevamente por las YPJ/YPG. Los duros combates dejaron una herida abierta en la población, Kobane quedo derruida por completo, pero la épica liberación de la ciudad distribuyo esquirlas de conciencia a nivel mundial. La causa kurda ya no sólo tuvo la atención de las potencias imperialistas y colonialistas occidentales (quienes buscan ventaja a la guerra, bajo ríos de muerte), sino que también los pueblos del mundo ven en su causa la causa de la humanidad por la liberación, la paz y la democracia.

La Federación de los pueblos libres al Norte de Siria está actualmente asediada. Regímenes fascistas, autoritarios y antidemocráticos, y sus lacayos en el terreno (grupos armados terroristas) -es decir el patriarcado colectivamente organizado- cercaron la dinámica económica, humanitaria y política de la población multiétnica de Rojava. Pero los kurdos, árabes, asirios, turcomanos, yazidies, resisten y se liberan día a día. La Revolución iniciada en Rojava ha trasformado radicalmente a la sociedad, la liberación de las mujeres del yugo patriarcal, la construcción democrática y directa del socialismo, el cooperativismo agro-industrial, la autorganización, autoadministración y autodefensa popular, recrean nuevas condiciones de existencia para los pueblos.

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américa del norte / méxico / community struggles / comunicado de prensa Tuesday March 28, 2017 19:19 byRuptura Coleciva (RC)

El 27 de marzo, alrededor de las 9:30 am., los indígenas Zapotecos defensores del territorio Juan López López, Juan Jarquín López, Jesús Luis López y David Hernández Salazar (también agente municipal de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca) fueron agredidos físicamente y detenidos arbitrariamente por agentes de policía municipal de San Blas Atempa, estado de Oaxaca, México.

Ruptura Colectiva (RC)

La implementación de parques eólicos no significa únicamente el despojo de las tierras comunales en donde sea que se instalen, sino la constante modificación del territorio por el cambio de uso de suelo, la adaptación a trabajos 'modernos' al ser reemplazadas la agricultura, la pesca y el comercio local, además del proceso violento de desplazamiento de las poblaciones originales por las compañías transnacionales -en alianza con los poderes represivos del Estado- debido a que ya instaladas, se ambicionarán para conseguir más y más territorio a cualquier costo.

En Oaxaca han llegado las eólicas desde 1994, teniendo su primer 'modelo' en la comunidad de La Venta, municipio de Juchitán, que alcanza niveles impresionantes en las corrientes de viento que no hay en otros países. Para 2016 se contempla que existan aproximadamente 25 parques eólicos.

En la comunidad de San Blas Atempa -localidad de Tehuantepec- se ha recrudecido la afectación generalizada al territorio, ya que se está devastando el Cerro Igúu del cual se extrae material para la construcción de un nuevo aeropuerto en Ixtepec y un nuevo parque financiado por 'Tradeco', empresa privada de origen mexicano. Por la mañana de este lunes 27 de marzo, policías municipales han levantado y golpeado a cuatro activistas zapotecos de la región, quienes dos días antes habían denunciado el ingreso de maquinaria de manera ilegal a dicho cerro, sin el consentimiento de la asamblea de comuneros de las tierras ni las instancias legales correspondientes.

Reproducimos el comunicado completo de los compañeros defensores del territorio istmeño:

Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO)


ACCION URGENTE

Detención arbitraria, sin comunicación y posible tortura de cuatro indígenas zapotecos defensores del territorio

• Se desconoce su paradero y se teme por su vida e integridad física y psicológica
• Exigimos su presentación inmediata y liberación incondicional

HECHOS

El 27 de marzo, alrededor de las 9:30 am., los indígenas Zapotecos defensores del territorio Juan López López, Juan Jarquín López, Jesús Luis López y David Hernández Salazar (también agente municipal de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca) fueron agredidos físicamente y detenidos arbitrariamente por agentes de policía municipal de San Blas Atempa, estado de Oaxaca, México. Según la información que se conoce hasta ahora, Jesús Luis López está herido de gravedad y requiere atención médica profesional inmediata. En este momento se desconoce su paradero, no se ha recibido comunicación alguna por parte de ellos y se teme por su vida e integridad física.

Estos hechos se dan en el contexto de la defensa del territorio por parte de la comunidad indígena zapoteca de San Blas Atempa y sus agencias municipales Rancho Llano y Puente Madera. Su detención violenta y arbitraria se produjo precisamente cuando los cuatro defensores del territorio fueron a verificar la situación en el Cerro Igúu, el cual se ubica en tierras comunales de la comunidad indígena Zapoteca que habita la zona y se está explotando de manera ilegal, sin contar con la autorización de las comunidades afectadas y de la asamblea de comuneros.

El 25 de marzo, junto con otras 50 personas más de la comunidad, los cuatro comuneros y defensores del territorio, actualmente detenidos arbitrariamente fueron a expresar su inconformidad contra la explotación minera ilegal del Cerro Igúu por parte de la empresa privada mexicana Tradeco. Esta empresa ha estado explotando el cerro para la extracción de material para la construcción del aeropuerto en Ixtepec, de la subestación de la Secretaría de Defensa Nacional –SEDENA- y del parque eólico de esta misma institución del Estado. Es importante mencionar que la empresa Tradeco trabaja para Vestas, empresa danesa, y Gamesa Eólica, empresa española, para la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, incluido el que se está haciendo para la SEDENA.

Ni estos trabajos de explotación y extracción de materiales del cerro Igúu, ni la construcción de la subestación en territorio zapoteco, en San Blas, cuentan con autorización alguna. El cerro se encuentra en territorio de comuneros y comuneras indígenas Zapotecos y a las personas impactadas por dichos trabajos no se les ha informado, ni han dado su consentimiento libre, previo o informado como lo ordena el derecho mexicano en el artículo 2 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, entre otras normas relevantes.

Los hechos descritos se dieron luego de una reunión para la construcción de estrategias que se realizó el 26 de marzo en la presidencia municipal de San Blas donde estuvieron presentes: Augusto Acevedo Osorio (también conocido como Tito Teófilo, y quien es el presidente municipal de San Blas), Antonino Morales Toledo (dirigente del Frente Único de Comunidades de Oaxaca y suplente del Diputado Federal José Antonio Estefan Garfias) y el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México. Augusto Morales y Antonino morales son ambos del PRD –Partido de la Revolución Democrática-.

La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO) pedimos de manera urgente e inmediata:

1. La presentación y liberación inmediata e incondicional de los indígenas Zapotecas defensores del territorio Juan López López, Juan Jarquín López, Jesús Luis López y David Hernández Salazar

2. Se proteja y garantice la vida e integridad física y psicológica de los indígenas Zapotecas defensores del territorio detenidos arbitrariamente e incomunicados.

3. Que se proporcione atención médica inmediata, adecuada y profesional a los detenidos por la agresión física sufrida durante la detención y su posible tortura;

4. Que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre la detención arbitraria y sin comunicación, las agresiones físicas sufridas al momento de la detención y los posibles actos de tortura contra los tres defensores indígenas; esa investigación debe incluir la realización de exámenes médico forenses que cumplan plenamente las normas internacionales; los agresores deben ser sancionados por estos hechos;

5. Que se cancelen de forma inmediata los trabajos de explotación y extracción de materiales del Cerro Igúu pues no cuentan con autorización alguna.

6. La solidaridad nacional e internacional dirigiendo sus llamamientos con estas peticiones a:

Enrique Peña Nieto, Presidente de México
Fax: (+52) 55 5093 4901. E-mail: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

Sr. Roberto Campa Cifrián, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fax: (+52) 55 5728 7400 Ext. 24586. e-mail:rcampa@segob.gob.mx

Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador del Estado de Oaxaca gobernador@oaxaca.gob.mx

Mtro. Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Fiscal General del Estado de Oaxaca, Tel: (+52) 951 5016900 ext. 2060, email: oaxacapgje@gmail.com

Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,. Fax: (+52) 55 36 68 07 67. E-mail: presidencia@cndh.org.mx

Jan Jarab, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, email: jjarab@ohchr.org

Sr. Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los defensores de los Derechos Humanos, email: defenders@ohchr.org

José de Jesús Orozco Henríquez, Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, email: cidhdefensores@oas.org

Para mayor información escribir a: articulaciondepueblos@gmail.com

Publicado el 27 de Marzo de 2017 en:

http://rupturacolectiva.com/levantan-y-golpean-a-cuatro...dero/

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