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venezuela / colombia / community struggles / opinión / análisis Tuesday December 03, 2019 23:55 byJosé Antonio Gutiérrez D.

Los sectores del establecimiento interesados en mantener el status quo, buscan reproducir el modelo de negociación con las FARC-EP pero con la protesta social: desmovilizarla, que terminen aceptando que no se discutirá ni el Estado ni el modelo, y luego mandarlos para la casa. Mientras prosigue la matazón de los más revoltosos y ruidosos. Y el país como si nada.


¡Precisamente es lo que hay que discutir, el ESMAD… y el Estado!

Las protestas que desde hace más de una semana conmueven a Colombia no son protestas ante hechos puntuales, de la misma manera que las protestas que hace más de un mes sacuden a Chile no lo son por un alza de 30 miserables pesos del metro. Ambas protestas son sistémicas y expresan el malestar generalizado del pueblo con un sistema que ha vuelto insoportable la vida de la inmensa mayoría de la población mientras unos pocos se hacen groseramente ricos. En el caso de Colombia se suma también la violencia sistemática contra el pueblo, que se evidenció con las masacres de niños en Caquetá, los falsos positivos, el genocidio de líderes sociales en todo el país, y por supuesto, la violencia con los manifestantes en el marco de este paro cívico. No es casual que una de las demandas más fuertes que se han hecho sentir es el desmonte del ESMAD, el temido grupo antidisturbios que es responsable de innumerables muertes en cada protesta, incluida la muerte del joven Dilan Cruz durante este paro.

El desmonte del ESMAD, un grupo que da tratamiento de guerra a la protesta social y que es irreformable, era una de las demandas centrales del Comité Nacional del Paro (CNP). Pero ahora aparece una carta dirigida al “Respetado señor Presidente”, firmada por el CNP, junto a una serie de apaga-incendios profesionales del Congreso, la coalición “Defendamos la Paz”, y una lista de gente que incluye a no pocos vividores y oportunistas. La crema y la nata se juntaron en esta carta. Entre otros, aparece Rodrigo Londoño “Timo”, quien el día del paro, en lugar de estar en las calles de Bogotá, estaba en Aguabonita, Caquetá, pontificando sobre las mieles de la pacificación. Ahora aparece para montarse a la negociación de una protesta en la que estuvo ausente. En esta carta, el CNP, en asociación con buena parte de la clase política tradicional y “alternativa” del país, el “país político” como lo llamaba Gaitán, dice como condición para el diálogo con el gobierno:

Que se garantice el ejercicio del derecho a la protesta, se desmilitaricen las ciudades y cese toda acción violenta contra las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía por parte de la Fuerza Pública y, en especial, del ESMAD.”[1]

No que se desmonte el ESMAD, sino que cesen sus acciones violentas. ¡Cómo si el ESMAD, que es la encarnación de la criminalización de la protesta social pudiera, por obra y gracia de Dios, reprimir de manera democrática! Esto, o es una ingenuidad, o es una claudicación; más bien parece lo segundo. Después de tener la iniciativa, el CNP se la ha vuelto a entregar al gobierno, dejando de lado una de las más sentidas aspiraciones populares, más sentida aun por el cobarde asesinato de Dilan Cruz, asesinato tan cobarde como los muertos en cada paro agrario, en tantas protestas estudiantiles, o como el apaleo letal a Nicolás Neira en plena carrera séptima a sus tiernos 15 años. Al parecer, aceptan con obediencia y resignación las palabras de Diego Molano, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien fue enfático:

Particularmente el Esmad no está en discusión. El gobierno nacional tiene claridad de que sus Fuerzas Militares y de Policía hacen parte del Estado; aquí no hay una negociación del Estado, aquí lo que hay es una conversación para encontrar soluciones a problemas concretos, a unas problemáticas sociales que se han planteado”[2].

El problema es que el pueblo es quien ha planteado la discusión del ESMAD. No es el “país político” quien lo ha hecho, y esa discusión se dará cuando el pueblo decida que se dé, cuando decida hablar con voz propia y no permita más que su voz sea secuestrada por una recua de politiqueros que han lucrado de sus cargos de representación, de gestores del descontento social, de administradores “responsables” de la protesta social. Acá no hay problemas “concretos” que solucionar. Esto no se soluciona con mejorales y aspirinas. Esto requiere una discusión de fondo, que sí, tiene que ver con el modelo, con esa línea roja planteada por el santismo que ahora posa de progresista (señal de lo derechizado que está el espectro político colombiano).

Siguiendo el exitoso (para la oligarquía) modelo de pacificación y desmovilización de las FARC-EP, ahora estos apaga-incendios han venido a reiterar las líneas rojas de la negociación con los exrebeldes, hoy convertidos en defensores del establecimiento. Durante todos los años de negociación en la Habana el bloque santista insistió que las políticas de Estado no estaban en discusión, que el Estado no se negociaba en la mesa, hasta que los exrebeldes lo terminaron aceptando. "El modelo económico o la inversión extranjera no son elementos presentes en esta agenda de negociación", insistió Humberto de la Calle para que no quedara ninguna duda[3]. Y así fue. Los farianos se desmovilizaron y todo siguió igual.

Hace pocos días, De la Calle volvió a la carga a raíz del paro cívico para defender el acuerdo con las FARC-EP: “el mejor acuerdo es ese, porque fue el que permitió que estos señores entregaran las armas, se destruyeran, formaran un partido político y reconocieran el sistema democrático en Colombia”[4]. Estas palabras no son casuales, como tampoco lo es su presencia como firmante de esta carta para el diálogo con Duque. Los sectores del establecimiento interesados en mantener el status quo, buscan reproducir el modelo de negociación con las FARC-EP pero con la protesta social: desmovilizarla, que terminen aceptando que no se discutirá ni el Estado ni el modelo, y luego mandarlos para la casa. Mientras prosigue la matazón de los más revoltosos y ruidosos. Y el país como si nada.

La firma de Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Rafael Pardo, entre otros, es señal de que con estas negociaciones lo que se busca es sacar pueblo a la calle, que ponga heridos y muertos para que otros negocien el descontento a cambio de migajas, cambios cosméticos, de un huequito en el banquete del poder. Negociar y negociar eternamente, para después alegar que no se cumple nada y repetir el ciclo. Acumular muertos e incumplimientos. La política del gatopardismo, o del rafaelpardismo en su versión colombiana: que todo cambie para que todo siga igual.

Ahora, precisamente es el momento de cruzar las líneas rojas, el momento de plantear la discusión de un modelo económico que destruye el medio ambiente; que asesina de hambre a los niños en la Guajira, en Meta, en el Chocó; que desplaza campesinos e indígenas; que deja en la calle a seres humanos que han trabajado toda su vida para que otros se enriquezcan; que arrebata todos los derechos a las personas; que empobrece al pueblo y encarece el costo de la vida. Es el momento de plantear la discusión de un Estado fundado en la violencia sistemática en contra de las comunidades empobrecidas y que criminaliza toda forma de protesta social. Este Estado, este modelo económico, y por supuesto, el ESMAD deben ser el tema principal de negociación ahora. Si no ahora, entonces ¿cuándo?

Pero parece que una vez más la dirección del movimiento popular no está en realidad interesada en luchar para vencer. No, están en realidad interesados en negociar otra derrota más. Y para ello, se apoyan en los “villanos invitados” que aparecen en la carta. En el “país político”, que habla un lenguaje totalmente extraño al “país nacional” que ha salido a marchar estos días por iniciativa propia y rabia honda. Al parecer no han entendido la profundidad del malestar popular. ¿Cuándo se romperá este ciclo? Ojalá el CNP rectifique. Y si no rectifica, ojalá que la máxima de Jorge Eliecer Gaitán de que el pueblo es superior a sus dirigentes se cumpla y que fuerce discusiones de fondo, a pesar de la sagrada alianza que está tratando de aplacarlos.

José Antonio Gutiérrez D.
2 de Diciembre, 2019.


[1] http://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/10200-son-tres-las-condiciones-para-iniciar-dialogo-con-el-gobierno-colombiano

[2] https://noticias.caracoltv.com/politica/el-tema-del-esmad-no-estara-en-la-conversacion-nacional-advierte-gobierno

[3] https://www.bbc.com/mundo/movil/noticias/2012/10/121018_colombia_proceso_paz_ao.shtml

[4] https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-acuerdo-logro-su-finalidad-humberto-de-la-calle-articulo-892537

venezuela / colombia / miscellaneous / opinión / análisis Monday December 02, 2019 21:57 byViaLibre

A continuación, analizamos la semana de protesta nacional vivida en Colombia tras el paro del 21 de noviembre hasta el día 27 del mismo mes. Detallamos el desarrollo de las jornadas centrando nuestra visión en Bogotá y en el día a día del paro; evaluamos el significado de la irrupción espontánea del movimiento y reseñamos algunos elementos comunes de la protesta, al tiempo que, proponemos algunas líneas de acción para fortalecerla.

A continuación, analizamos la semana de protesta nacional vivida en Colombia tras el paro del 21 de noviembre hasta el día 27 del mismo mes. Detallamos el desarrollo de las jornadas centrando nuestra visión en Bogotá y en el día a día del paro; evaluamos el significado de la irrupción espontánea del movimiento y reseñamos algunos elementos comunes de la protesta, al tiempo que, proponemos algunas líneas de acción para fortalecerla.

Viernes 22 de noviembre: el toque de queda y la campaña del miedo

Desde el paro nacional del día anterior, inicia la huelga parcial de trabajadoras judiciales agrupadas en ASONAL y otros sindicatos. Hacia las 7 am se producen bloqueos en el Portal Américas de un centenar de jóvenes al que luego se suman más personas. Tras una hora de bloqueo pacífico, interviene el ESMAD y se generalizan los enfrentamientos con la policía, hechos que llaman a muchas jóvenes empobrecidas de la localidad a sumarse a la revuelta. Mientras se desarrollan estos choques, se producen, en horas de la tarde, saqueos sobre tiendas y locales comerciales en la zona de Patio Bonito.

Al tiempo, en el Portal Tunal se realizan también bloqueos que fueron reprimidos por la Policía. Las manifestantes se trasladan hacia el oriente al sector de Meissen, donde muchas espontáneas se suman a choques con las fuerza de seguridad que se prolongan durante toda la mañana. En horas de la tarde en Ciudad Bolívar se produce un saqueo al supermercado Ara.

Simultáneamente, se concentran jóvenes en la Plaza de Bolívar desde las 9 am y aunque inicialmente el número de policías supera el de manifestantes, este crece de forma rápida y dispersa. Sobre las 10 am y con unos 5.000 manifestantes en el lugar, una mínima tensión frente al Palacio de Justicia, precipita la represión del ESMAD, y la mayoría de manifestantes se dispersan por el centro de la ciudad. Mientras algunos manifestantes se alejan del centro, siguen llegando oleadas de gente a la plaza que sufre dos represiones más, hasta su virtual clausura por la Policía. En la tarde, el Comité Nacional de Paro convoca una reunión abierta, con pocas conclusiones, más allá de una reiteración a apoyar la movilización en curso, la condena habitual que hacen las direcciones burocráticas del anarquismo y la reiteración del pliego de reivindicaciones.

El acalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, emulando la advertencia gubernamental y la medida tomada en Cali el día anterior, impone el toque de queda desde las 8 pm en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, extensiva también el municipio vecino de Soacha y un tiempo más tarde generaliza la medida al resto de la ciudad desde las 9 pm. En la noche, se realizan concentraciones masivas en Teusaquillo, Chapinero y Usaquén, lugar donde se presenta un plantón frente a un edificio de viviendas de lujo donde tiene una propiedad el presidente Iván Duque, desafiando el toque de queda, continúan las protestas al menos hasta las 11 de la noche. Por toda la ciudad se presentan cacerolazos desde ventanas, balcones, puertas y calles al menos durante una hora después del toque de queda.

En ese mismo periodo, se produce una ola de pánico ante supuestos saqueos a casas y sobre todo conjuntos residenciales de extracción media y popular, que el día anterior participaban de forma importante en los cacerolazos. El pánico se viraliza desde las 6:00 pm en Soacha y Bogotá, senadores del Partido Centro Democrático hablan de supuestas invasiones a conjuntos residenciales y las redes sociales se inundan de videos confusos de gente gritando y corriendo en los conjuntos. Se forman guardias vecinales contra supuestos saqueadores, armadas de palos, rocas, cuchillos, barras de metal y machetes, algunos en la localidad de Kennedy se identifican con camisas blancas y llaman a la intervención del Ejército y la Policía. Sin embargo, las invasiones no se producen y en horas de la madrugada la mayoría de vecinos retorna a sus casas.

Se presentan disparos y quema de objetos en las localidades de Santa Fe, Usaquén y Barrios Unidos, y es herido gravemente Martín Nieto que participaba en un recorrido de guardia por su barrio, en hechos aún por esclarecer.

Sábado 23 de noviembre: Dilan Cruz es herido de gravedad por el ESMAD

Haciendo un balance del toque de queda, se realiza una rueda de prensa conjunta del presidente Duque, el alcalde Peñalosa y fuerzas de seguridad. La Policía Nacional habla de 600 llamadas a la línea de emergencias concentradas en Kennedy, Suba, Usaquén y Barrios Unidos, y afirma que no hay ningún registro de que se hayan producido los saqueos a viviendas. Peñalosa habla de una campaña de terror bien orquestada y organizada. Culpa, entre líneas, a la oposición de izquierda, cuando la evidencia disponible sugiere más bien una instrumentalización por parte de la derecha uribista con la que gobierna.

Se producen concentraciones de jóvenes en la Plaza de Bolívar que son dispersadas por la acción del ESMAD, las manifestantes se alejan del centro mientras siguen llegando oleadas de gente a la plaza, quienes son reprimidos en reiteradas ocasiones. Se presentan choques entre manifestantes y el ESMAD en la Avenida Jiménez y en la Avenida 19, donde un sector de manifestantes que se desplazaba hacia el oriente es atacado por la policía. En estas acciones es gravemente herido en la calle 19 con carrera 4, el joven Dilan Cruz de 18 años quien es llevado al Hospital San Ignacio ubicado en la carrera séptima con calle 45.

En la noche continúan los cacerolazos espontáneos en los barrios con corte parciales de calles, que ahora combinan ollas comunitarias y canelazos. Se producen manifestaciones nocturnas de jóvenes en el sur occidente de la ciudad. Se realizan llamados dispersos a organizar asambleas vecinales, pero varias de las convocatorias fracasan, en medio de los llamados a movilización inmediata de la mayoría de manifestantes.

Domingo 24 de noviembre: Indignación por el caso de Dilan

Familiares, amigas y compañeras de estudio del joven Dilan Cruz, organizan una movilización desde el Colegio Gustavo Restrepo del Ricaurte hasta el lugar donde fue herido. Desde las 9:00 am concurren unas 2.000 personas, lideradas por sus compañeras del colegio, vestidos con camisas blancas y carteles con la consigna #TodosSomosDilan. Tras la concentración se produce una marcha espontanea hacia el Hospital San Ignacio donde se improvisa otro altar, que luego lleva a mas improvisadas marchas por el centro.

Continúan las grandes concentraciones nocturnas y cacerolazos, aunque es notorio el cansancio y varios de los puntos habituales de la protesta están vacíos. Se presenta una tendencia hacia una mayor unificación de los puntos de concentración. Continúan los homenajes a Dilan en el Hospital y el centro de la ciudad.

Lunes 25 de noviembre: Movilización por el Día Internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres

El sindicato docente ADE llama a organizar cacerolazos de una hora en las jornadas de la mañana y la tarde en los colegios distritales, con un acatamiento discreto. En la Universidad Nacional, cerrada desde el 22, se realiza una gran asamblea estudiantil que declara el paro indefinido.

Se organizan dos marchas feministas en el Día Internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres, una en el sur occidente de la ciudad desde las 3 pm a la que convoca el encuentro Aquelarre, y otra mayoritaria en el centro de la ciudad desde las 5 pm convocada por la Coordinadora Feminista de Bogotá.

La marcha desde el Parque Nacional suma un bloque mayoritariamente de mujeres estudiantes de universidades privadas que se movilizan desde el centro de la ciudad. En total, en la marcha se reúnen unas 10 mil personas, sobre todo estudiantes de secundaria y universidad, aunque las columnas específicamente feministas son minoritarias. Se organiza así la jornada del 25 de noviembre más grande de la historia del país, aunque en esta oportunidad la marcha de organizaciones de mujeres y disidencias representa solo un sector de quienes se movilizan en la jornada. En este escenario, se producen una combinación de consignas de la protesta nacional y especificas del movimiento feminista con predominio de las primeras, lo que no excluye que muchas jóvenes resultan interpeladas por las consignas específicas por el aborto legal, la educación sexual, la lucha contra la violencia machista, entre varias. La movilización termina en la Plaza de la Hoja, con la Avenida 30 parcialmente bloqueada, y el despliegue de un gigantesco trapo con un símbolo de lucha feminista sobre uno de los edificios residenciales.

La concentración sobre la 30 continúa hasta altas horas de la noche, y estudiantes universitarias bloquean la Avenida 26 en inmediaciones de la Universidad Nacional. Se confirma la muerte del joven Dilan Cruz.

Martes 26 de noviembre: Reunión abierta del Comité Nacional de Paro

Se realiza un bloqueo parcial del Portal Suba que tras la amenaza de represión se convierte en una marcha barrial por el interior de la localidad. Continúan los homenajes a Dilan Cruz tanto en la 19 con 4ta como en el Hospital San Ignacio. Se convoca una nueva ola de asambleas populares, con resultados mixtos, con mejores desempeños en los barrios populares del sur. Al tiempo, se organiza una nueva reunión abierta del Comité Nacional de Paro de la que surge un llamado a ampliar la participación de diferentes sectores y coordinar posiciones frente al llamado diálogo nacional propuesto por el gobierno.

Algunas decenas de estudiantes de la Universidad Nacional bloquean la Avenida 26 durante todo el día con partidos de futbol y voleibol. En la tarde hace presencia el ESMAD para despejar las calles y las concentraciones siguen frente a la acera. En la noche, se presentan grandes confrontaciones entre las estudiantes y jóvenes espontaneas con el ESMAD sobre la entrada de la Calle 30 y la Avenida 26.

Miércoles 27 de noviembre: Segundo paro nacional

Se produce un llamado a un nuevo paro nacional, aunque esta vez sin ninguna huelga concreta. Algunas decenas de manifestantes realizan intentos de bloqueo de los portales del Sur, Américas y Suba, pero son reprimidos por la Policía y continúan las movilizaciones localizadas sobre todo en Suba que se moviliza durante varias horas y en la estación Banderas en Kennedy.

Los sindicatos realizan una movilización desde el Parque Nacional por la calle 10ma a la Plaza de Bolívar, con gran protagonismo de delegadas de ADE, trabajadoras y estudiantes del SENA y empleadas estatales. La movilización es discreta en términos de fuerza y logra reunir unas 5 mil personas. Se suman grupos juveniles espontáneos en diversos puntos. Ante la ausencia de un acto central, la concentración se disuelve parcialmente, aunque miles de jóvenes continúan llegando en horas de la tarde y permanecen hasta la noche.

Se realiza una movilización estudiantil desde la Universidad Nacional hacia el norte de la ciudad que inicialmente se acuerda finaliza en la calle 100. Se suman estudiantes de universidades públicas y privadas del centro de la ciudad, y luego se suman columnas de la Universidad Pedagógica y Distrital. La movilización que bloquea parcialmente la autopista continúa por horas y en la noche llega mermada al Portal Norte y la estación de la calle 183. Sobre las 10 de la noche, las manifestantes que continuaban bloqueando el portal, son duramente reprimidas por la Policía y se producen choques hasta las 12 de la noche. En la represión, cae de un puente el joven estudiante Cristian Camilo Caicedo.

Continúan los homenajes a Dilan en el centro y el hospital, y se organizan concentraciones en la tarde con grupos musicales sin corte de vías en el parque de los Hippies. El Comité Nacional de Paro convoca a organizar asambleas barriales y realizar una pronta reunión de estas instancias de organización a nivel de localidad y la ciudad toda. Se realizan asambleas de organizaciones comunitarias en San Cristóbal y convocatorias divididas en Kennedy.

A nivel nacional, los indígenas nasa organizan dos bloqueos en la carretera Panamericana del norte del Cauca y en los que se producen choques con el ESMAD.

La irrupción espontánea del movimiento

El Paro Nacional del 21 de noviembre, con debilidades en términos huelguísticos y mayores fortalezas en materia de bloqueo de vías, tuvo una continuidad parcial en la convocatoria barrial del 22. Esta fue una jornada muy superior a los paros parciales de los últimos años, y se asemeja más a los paros cívicos nacionales del 14 de septiembre de 1977, el 21 de octubre de 1981 o el 20 de junio de 1985, el paro cívico regional del nororiente del 7 de junio de 1987 que se prolongó por una semana o el paro cívico del 1 de septiembre de 1999.

Desde el estallido del 21 de noviembre, se experimenta en el país y la ciudad una jornada espontánea de protesta nacional, que, aunque se identifica como paro, no es de hecho un movimiento de cese de labores productivas o de servicios. Sin embargo, si mantiene importantes elementos de movilización popular, y anormalidad en el tránsito y el funcionamiento de la economía. La protesta nacional centralmente organizada en los cacerolazos espontáneos con cortes de calles y, en menor medida, en los bloqueos de avenidas, es un elemento inédito y desconocido en la historia del país.

Por otro lado, y como balance parcial de la segunda jornada de paro convocada para el 27 de noviembre por el Comité Nacional de Paro y la CUT fue un fracaso relativo como huelga general, logrando solo una modesta movilización sindical por las principales capitales del país. Eso sí, de nuevo la jornada contó con importantes niveles de movilización vecinal, estudiantil y popular, combinando los elementos más fuertes del pasado 28 de noviembre del 2018 o el anterior 25 de abril de este año, con las nuevas dinámicas de la jornada de protesta nacional en curso.

Hoy es claro que ninguna fuerza política o social está dirigiendo la enorme protesta nacional y hay una predominante espontaneidad en esta movilización social. El contradictorio Comando Nacional de Paro de liderazgo sindical y, en menor medida, otras organizaciones sociales y políticas, han lanzado un pliego de exigencias y unas líneas generales de acción, que han tenido una acogida muy parcial por parte de los manifestantes.

La protesta nacional ha suscitado diversas consecuencias en el gobierno Duque. Por un lado, aunque continua su intención clara de impulsar su agenda de reformas neoliberales, la administración sigue negando la implementación de un paquetazo legislativo a la manera de Ecuador, y toma distancia del proyecto de reforma laboral radicado por el Centro Democrático en el senado para reducir de diferentes formas el salario mínimo. Por otro lado, anticipando y buscando prevenir la situación de Chile, el gobierno llamo un diálogo nacional con diferentes sectores y propuso una serie de reformas limitadas de alivio a la pobreza, negándose a discutir las decisiones económicas que justifican la protesta y la condición principal de las organizaciones del Comité Nacional de Paro.

Finalmente, ha aumentado la fractura de Duque con el ala más dura de su propio partido, representada por María Fernanda Cabal o José Obdulio Gaviria que claman por el Estado de excepción; ha fortalecido dentro del gobierno el peso del nuevo ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, continuista y defensor de una línea de fortalecimiento de la represión y ha debilitado la contradictoria alianza de la coalición uribista-conservadora y los partidos independientes como Cambio Radical, Liberal y sectores de la U, que negocian con el gobierno cada votación legislativa.

Elementos comunes de la protesta

Los elementos claves de esta protesta nacional son varios. En primer lugar, el movimiento es tan vasto que es válido suponer que ha habido cacerolazos en la mayoría de los 998 barrios de la ciudad y al menos dos concentraciones en, al menos, cada una de las 117 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de la urbe. Se presenta un fenómeno de miles de jóvenes que deambulan durante el día y sobre todo en la tarde noche, vagamente coordinados por redes sociales, buscando participar de las concentraciones y cacerolazos. Sin embargo, también es claro que los elementos de organización popular son débiles, la mayoría de las convocatorias a asambleas abiertas para agrupar las fuerzas del movimiento a nivel local han fracasado y la mayoría de las manifestantes aún no son muy receptivas a los llamados de organización.

En la coyuntura se han formado grupos improvisados de agitadoras callejeras, muchas de las cuales se transportan en bicicleta, algunas en moto o patineta, que pitan o gritan consignas a favor del paro en diversas vías de la ciudad, sobre todo en la noche. No son correos humanos orgánicos que enlacen las fragmentadas protestas, pero en ocasiones mantienen un mínimo de agitación entre un lugar de la protesta y otro. También, grupos de conocidas y amigas se movilizan caminando por las calles principales caceroleando y agitando, sin mucho eco entre las transeúntes o vecinas, aunque comúnmente hay algún apoyo en al menos un apartamento de las torres de edificios o de un vehículo en cada parada de semáforo.

En las concentraciones se ha presentado un gran protagonismo de las artistas y receptividad hacia sus manifestaciones especialmente musicales y, en menor medida, de danza, telas o teatro. Se han presentado varias escenas de cientos y hasta miles de personas cantando, aplaudiendo y siguiendo el ritmo de bandas, batucadas y grupos improvisados. En la mayoría de las ocasiones las artistas han sustituido las consignas políticas, en algunos casos las han acompañan e incluso propuesto nuevos elementos de agitación como las diferentes versiones de la canción bella ciao.

Uno de los sellos de esta protesta es la relativa ausencia de símbolos políticos partidarios y la gran cantidad de banderas de Colombia, personas que portan las camisetas de la selección masculina de fútbol, se pintan los colores de la bandera estatal y entonan, a veces de forma reiterada, cantos solemnes e improvisados del himno nacional. Este nivel de patriotismo callejero era desconocido por el movimiento popular, aunque sí había elementos nacionalistas presentes en las manifestaciones sindicales y de forma más reciente las movilizaciones contra el asesinato de líderes sociales, estos eran escasos en las protestas barriales y casi nulos en las estudiantiles. Este patriotismo masivo, muestra la irrupción multitudinaria de personas no organizadas en estas jornadas.

Se han registrado dos grandes fenómenos poblacionales en esta protesta. Por un lado, el indiscutible protagonismo de las jóvenes populares, estudiantes de secundaria, trabajadoras, desempleadas y estudiantes técnicos y tecnológicos, de los que Dilan Cruz es un poderoso símbolo. En un país con un movimiento estudiantil de secundaria y educación técnica tan débil, resulta sorprendente la abrumadora cantidad de adolescentes en las actividades y las referencias a los memes, la cultura digital y la rebelión frente a la familia. También, han sido las jóvenes precarizadas de los barrios populares, principalmente hombres, quienes han protagonizado los choques con la policía, muchas veces con presencia minoritaria o aún inexistente de jóvenes universitarias más politizadas. Sin embargo, esta rebelión juvenil diurna, ha sido acompañada por una ola más nocturna de participación en cacerolazos de niños y niñas, adultas y personas mayores, una diversidad amplia y conmovedora.

Hemos visto que a medida que anochece muchos de los puntos de concentración, se han convertido en espacios recreativos, donde grupos de jóvenes dispersas que cortan hasta altas horas de la noche una vía conversan con entonación eventual de consignas políticas. Desde el 22 y el 23 de noviembre, se hacen comunes formas de “parchar” en medio del cacerolazo con alto consumo de alcohol y marihuana, sobre todo en los grupos más espontáneos, aunque estas prácticas de consumo en las actividades políticas siempre han estado presentes, para bien o para mal, en las marchas estudiantiles. La idea del cacerolazo como fiesta es positiva, aunque el uso excesivo de sustancias psicoactivas puede generar conductas riesgosas, como lo muestra la imagen de grupos de manifestantes que a media noche son incapaces de caminar y son, por lo tanto, presas fáciles de la represión.

Nuestra propuesta

La actual jornada de protesta popular representa una gran explosión de indignación social. Cientos de miles de personas en Bogotá y el resto del país se han movilizado y contagiado de un clima de rebeldía política y solidaridad social, nunca visto por nuestra generación en este nivel de masividad, en un hecho que ha resultado conmovedor para propias y extrañas. Per se, esto es una gran ganancia para el movimiento popular que, sin embargo, es importante que consigamos acompañar con la conquista ante el gobierno y la burguesía de reivindicaciones sociales concretas e inmediatas, en miras a un camino de luchas de mediano plazo.

Ante la espontánea ola de patriotismo callejero, pensemos que siempre con empatía y comprensión, podemos ir problematizando y sustituyendo los símbolos de identidad nacionalista, por nuevas y más bonitas formas de identidad rebelde y de clase, fortaleciendo la presencia simbólica y política del internacionalismo, potenciando las reivindicaciones y propuestas libertarias, obreras y feministas.

Finalizada la gran jornada del 21 de noviembre con protagonismo sindical, la mayoría de las trabajadoras ocupadas han tenido una participación menor en la protesta, ya sea sufriendo las alteraciones de transporte y sumándose a las largas caminatas hacia los barrios obreros, ya sea apoyando en sus barrios las acciones nocturnas de cacerolazo y movilización. La tarea de organizar sindical y socialmente este sector social, principal afectado de la agenda de reforma salarial y pensional del gobierno Duque, sigue mostrando su urgencia hoy.

La juventud popular que esta semana se toma con energía y rabia las calles, afectada por el desempleo y el trabajo precario, la inseguridad en salud, prestaciones y pensión, la violencia machista y la represión policial, está viviendo un interesante proceso de irrupción colectiva y politización en la lucha. Sin embargo, a partir de ahora, es claro que debemos apuntar a construir un movimiento estudiantil con procesos gremiales activos en todos los colegios públicos e instituciones técnicas y tecnológicas, sindicalismo con vocación e interés en organizar a la juventud precarizada, movimientos barriales, educativos y sociales para construir alternativas de vida a las cortas perspectivas de futuro que le impone el capitalismo a la juventud obrera.

Los barrios populares de toda la ciudad han tenido un protagonismo extraordinario en este periodo. Es nuestra tarea fortalecer los procesos de organización barrial, y la combinación de reivindicaciones sociales a la clase empresarial y las autoridades locales y nacionales en materia de trabajo, educación o cultura con la extensión de los procesos de autogestión y auto organización territorial.

Las mujeres y disidencias sexuales han participado activamente en esta coyuntura extraordinaria, con niveles de visibilidad y movilización difíciles de encontrar en el pasado. Sin embargo, los nuevos y viejos sectores que han salido a la protesta siguen reproduciendo una cultura ranciamente patriarcal que es necesario empezar a modificar inmediatamente proponiendo nuevas consignas, formas de actuar y organizarse, impulsando actividades y fomentando el debate programático sobre el género, para continuar rompiendo en la práctica con la dominación masculina y heterosexual.

La semana de protesta ha mostrado los gérmenes de la anarquía, es decir de una forma de organización igualitaria y solidaridad sin dominación ni principio de autoridad, que invita y necesita de la participación de las personas en las grandes decisiones de su vida. Extender y fortalecer estos gérmenes implica sobre todo construir saltos organizativos, agrupando en asamblea de democracia directa y deliberante a los sectores que se han reunido en los cacerolazos y bloqueos, construyendo una nueva cultura de participación política, cotidiana y desde abajo.

Hoy más que nunca ¡Arriba las que luchan!

Grupo Libertario Vía Libre

29 de noviembre de 2019

venezuela / colombia / community struggles / opinion / analysis Saturday November 30, 2019 06:05 byJosé Antonio Gutiérrez D.

Colombia’s national civic strike is paving the way for a rural-urban coalition of protesters and movements that together can take on President Duque’s right-wing government.


Colombia on strike: “This government has to fall”

A specter is haunting Latin America — the specter of class struggle. From Haiti, Ecuador and Peru to Chile — until one month ago an oasis of neoliberal governance — people are taking to the streets in protest. Their anger is directed not only against their governments, but even more so against a system that causes unspeakable hardship for most while creating obscene profits for a few. People have had it with the rampant inequality and with barely being able to survive in countries that, according to all economic indicators, are seemingly doing fine.

These protests pose a formidable challenge to the decade of neo-conservative and neoliberal dominance in the region. The governments of Jair Bolsonaro in Brazil, the de facto president and putschist Jeanine Añez in Bolivia, Lenin Moreno in Ecuador, Sebastián Piñera in Chile and Iván Duque in Colombia are all part of this new technocratic and neoliberal far-right that flirts with the dictatorial penchants of the old far-right.

Racism, misogyny, homophobia, religious fundamentalism, class supremacy, a foaming-at-mouth anti-socialist rhetoric and a venal attitude towards res publica are traits they have in common. They are part of a club that exchanges advisers in an aggressive crusade against “populism” and squarely subordinated to the dictates of the USA presidency. Incapable of original ideas, they repeat the same blabber day and night; property, patriarchal family, religion, fatherland and other mumbo-jumbo.

IVÁN DUQUE, INCOMPETENT-IN-CHIEF

There are signs, however, that the tables are turning. Across the region, there is a surge in anti-neoliberal protests cornering these authoritarian puppets. Even though the far-right in Bolivia and Venezuela maintains its offensive capacity, emboldened by their patrons in Europe and the US, it has certainly lost the momentum.

Now it is the Colombian government’s turn to face the anger of the people. Authoritarian, repressive, venal, and most of all, incompetent, President Iván Duque has managed in just one year to become one of the most — if not the most — unpopular presidents in Colombian history, rejected by 70 percent of the population. It is an incredible feat in a country whose history is awash with presidents who have had set the unpopularity bar pretty high.

Duque was elected in early 2018 as the heir to former president Alvaro Uribe —another nasty far-right figure surrounded by scandal. His campaign relied on fear: of Venezuela, of the marginalized, and of the left. He gathered the support of the most conservative and reactionary elements of a society intoxicated with anti-Venezuela and anti-socialist propaganda.

Once in power, he has been a quarrelsome bully who attacks Venezuela (the same week of the frustrated aid-convoy’s shenanigans in February, the Colombian government denied humanitarian aid to Afro-Colombians suffering from floods in the impoverished Chocó region). He unilaterally terminated the peace negotiations with the ELN, the second largest guerrilla group in Colombia, and he has systematically undermined the peace agreement with the former FARC-EP guerrillas.

He is reigniting armed conflict through military operations against insurgents with disastrous humanitarian consequences — murdered children and economic incentives for soldiers to kill as many guerrillas as possible; these decisions led to the resignation of his Minister of Defense. On top of that, he has come back to the old policy of criminalization of the cocaleros (coca leaf farmers) in spite of the — unfulfilled — promises of alternatives to illicit crops in the 2016 peace agreement.

All of this is happening in the midst of high unemployment rates, the skyrocketing cost of living, and murders of social leaders, members of opposition parties and demobilized guerrillas. After just one year, Duque’s record is nothing short of appalling, and naturally, the people have had enough.

21N: FURY AND REPRESSION

A national civic strike (paro cívico) was called for November 21 to protest against some of Duque’s policies, such as proposed labor reforms that would reduce the already-unsustainable minimum income and privatize the pension system. A civic strike is a form of protest in a country where most of the population does not have formal employment and therefore cannot engage in collective action at the workplace. Everyone comes out to the streets to protest in any way they can: workers go on strike, students do not attend classes, people in marginalized communities block the roads, etc.

The Comité Nacional de Paro (National Committee for the Civic Strike), an umbrella organization of Indigenous, agrarian, civic and labor organizations, made the call in October to protest corruption, the cost of living, and the revenue reform; with broad public support, they called for the defense of the right to social protest, an end to repression and militarization and action against unemployment, which borders on 11 percent without accounting for sub-employment and the informal economy that together make up for over 50 percent of the labor force.

Remarkably, most of the left-wing parties in Colombia, including the FARC party, have taken a lukewarm stance towards the strike. Probably being too busy with the past elections in October, they have failed to grasp the significance of this (post-electoral) movement brewing on the streets.

Before the strike even started, the authorities arrested and raided organizers’ homes. Oblivious of the depths of popular anger and indignation, Duque accused boogeymen of organizing the protest, from “international anarchists” to the São Paulo Forum. A demobilized FARC-EP guerrilla explained to ROAR,

People are really fed up of it all; students and workers can’t stand this any longer, but the government can’t say anymore, look, it’s the guerrillas, the narco-terrorists infiltrating these protests. They are afraid, so they are making up new boogeymen to repress, discredit and dismiss the protesters.


The government closed the borders, militarized the big towns, and threatened the organizers. They even banned a document published by a student collective that gave tips on preventing abuses by the ESMAD, the Colombian riot police.

Soon after, the president clumsily acknowledged that protesters may have a point or two. But this was too little, too late: by then, his cocktail of repressive measures and arrogance had already incensed much of the population. Duque then blatantly lied, denying he ever planned a pension system reform or a reduction of the minimum wage.

At this stage, however, the die was cast. Despite the terror tactics used by the government and the atmosphere of fear it created, hundreds of thousands, if not millions, from across the country came out to protest, not just for specific demands, but even more so because they are fed up with the neoliberal capitalist system and Colombia’s ruling cliques profiting from it.

Unlike protests in the previous decade, which were mainly dominated by rural unrest and agitation, the civic national strike was a predominantly urban phenomenon, albeit with the participation of several agrarian organizations.

As expected, repression came swiftly. The joint action of the ESMAD and the military left three dead in Cauca Valley on November 21, plus hundreds arrested and injured across the country. Confrontations in the city of Cali were particularly fierce. In response, neighborhoods of La Macarena and Candelaria in Bogotá started spontaneous cacerolazos (pot-banging protests), which spread all over the city and to the rest of the country.

The next day, demonstrations and blockades continued, and the ESMAD clashed with protestors in the working-class quarters of the main towns. Pro-government activists started a social network campaign to cause panic, claiming that vandals were attacking private houses to discourage people from joining the protests and painting those who did join as vigilantes.

The government’s response was a full militarization of the capital — tanks and about 4,000 soldiers patrolled the streets of Bogotá, declaring a curfew from 9pm to 6am on Friday night.

People disobeyed the curfew en masse and came out at night for more cacerolazos and to dance in the streets. But the repression continued, particularly in working-class quarters. However, Gilberto Martínez, member of the executive board of the CUT Colombia (Central Unitaria de Trabajadores, the country’s largest trade union), explained to ROAR, “People are no longer afraid, so people face and respond to aggression, people faced the ESMAD, they came together on the streets.

ESCALATING RURAL PROTESTS

Inasmuch as there is a tendency to — rightly — view the recent events in Colombia in the context of the global struggles against the cost of living, corruption and neoliberal austerity of the last decade, these struggles are also part of an internal cycle of protest in Colombia that started in 2008.

That year, sugar-cane cutters in southwestern Colombia went on a three-month strike, followed by mass mobilization of Indigenous communities known as minga (“collective effort” in various Indigenous languages). Since then, protests and popular mobilizations have been on the rise, particularly in rural regions. Urban protest has been limited to the huge student demonstrations of 2011 and the heroic-but-isolated struggles of various trade unions that are often attacked by hit men and death squads, accounting for Colombia’s status as world leader in the murder of trade unionists.

Led by agrarian unions and Indigenous communities, rural Colombia experienced a period of popular mass mobilization opposing the militarization of the countryside, confronting — unsuccessfully —various free trade agreements with the US and the EU, and, most importantly, opposing the implementation of megaprojects in the agricultural and mining sectors.

It was this resistance, best exemplified in the struggles of the Tolima communities against gold-mining giant Anglo Gold Ashanti, which connected peasants with urban masses through the environmental movement.

Escalating rural protest, coupled with increasingly effective insurgent attacks against the military, particularly by the FARC-EP, provided the backdrop for the launch of the peace negotiations between this rebel movement and the Colombian government in late 2012. Alas, its transformative potential was squandered by isolating the population from the negotiations that took place in Cuba, by not insisting on broader popular participation, and by limiting its scope to issues that were in the Constitution anyway, such as the government insisting that the economic model was not to be touched and the FARC-EP negotiating team accepting this.

Ultimately, the government’s reluctance to implement any substantial change, combined with a guerrilla movement which by and large saw mass participation in the dialogues as a threat to their “ownership” of the process, resulted in a restricted, non-transformative, peace agreement in 2016.

In 2013, a series of rural protests — started by coffee farmers in March and followed by mobilizations of cocaleros in the border region with Venezuela in June — led to a mass agrarian strike against the free trade agreement with the USA signed the previous year. This rural protest brought millions out to the streets and gathered unprecedented support in urban centers. After some 25 people died and many hundreds were arrested and injured, the government agreed to negotiate with the agrarian unions separately by economic activity and region.

Thus, the collective power that had been built up over the course of a month of protests was successfully fragmented and contained. The traditional left and their movements, possibly alarmed at the independence of the movement, opted to turn away from sustained protest, discrediting direct action as “undermining” the Santos government and, therefore, the peace process. Instead, they focused on a futile electoral strategy, which rendered the poorest of results the following year. They did not understand that the anger in the streets is seldom channeled through the ballot box.

To a degree, the peace process — which had been described as an attempt at “pacification” by left-wing critics — plus the electoralist strategy of the left curbed the 2008-2013 tendency to the escalation of social protest. But this was to be only temporary.

WHAT NOW? LEARNING THE LESSONS OF A LONG HISTORY OF STRUGGLE


The current protests are the biggest since September 1977, when a civic strike against the high costs of living, militarization and repression, and depressed salaries was violently repressed by the state. The 1978 Security Statute significantly empowered the military and authorized martial courts for the opposition. Afterwards, para-state mechanisms of repressions — i.e., death squads — proliferated, and the hideous practice of forced disappearance commenced.

One sector of the left thought that an urban insurrection would merge imminently with the rural guerrilla movement — an interpretation that, although it proved to be wrong, was not completely baseless in light of the events in Nicaragua. Guerrilla cells multiplied as the Security Statute and the wholesale repression following the 1977 civic strike moved many left-wing militants to join armed struggle as they saw the space for democratic political opposition shrinking.

It is a well-known pattern in Colombia that popular mobilization leads to state repression, and repression leads to a growth in number and size of guerrilla movements. Urban centers remained, however, by and large, a difficult nut to crack for guerrillas. The traditional left-wing regarded the events as an opportunity to gather votes and as a sign of the people moving towards the left. However, they too would be disappointed after their poor electoral performance in 1978.

Where to now? As the number of guerrillas who reject the 2016 FARC-EP agreement with the government continues to grow, it is clear that under the current conditions, and given the government’s unwillingness to fulfill its duties as outlined in the peace agreement, there is a very real threat of renewed armed struggle in the countryside.

However, the urban centers have a completely different dynamic and the insurrectionary logic is not likely to bring about the changes expected by the vast majority of the population. Likewise, people in Colombia do not necessarily express their anger and frustration through the ballot box. Therefore, the conclusions from 1977 of both the insurrectionary left and of the traditional left are not applicable to the present.

Although it would be extremely unwise to dismiss the power of the far-right, of uribismo, it is clear that whatever legitimacy it had has been nullified in the eyes of most people. But, if a progressive alternative does not fill this vacuum, the doors will be opened for an authoritarian solution to the crisis of hegemony just as it happened in 1977–78. In this respect, Martínez of the CUT stated that,

We are trying to keep up with permanent actions […] this 21st was a magnificent display of fighting spirit. There were cacerolazos all across the country […] So repression will likely get worse, because we have a far-right government. But people are not taking it anymore, but without a clear direction people don’t know where to go, what’s going to happen and we need to be prepared.


Given the past experience, it would also be unwise to rely on the ballot box for an appropriate response to this crisis. The fighting spirit of the people needs to be organized independently, around their most immediate demands: committees for pensioners, for the youth, for women, for the myriad of demands. They need to be organized to exercise pressure and engage in direct action — what was fought out on the streets needs to be won on the streets. They also need to act as one, and no particular sector should engage separately in negotiations as happened in 2014; unity is key.

The labor movement needs to be strong and lead by example. Vis-à-vis the scale of the moral crisis of the political establishment, there is a need for the people to constitute power from below. Talking to ROAR, an activist from the working-class quarters of Cali remarked that,

Things are heating up. People now believe that this can actually change. But we need to be firm and demand that Duque resigns at once. We do not have nothing to negotiate with him. Why should we? He never keeps his promises, he will only use negotiations as a diversion, so people sign up agreement they will never fulfill. This government has to fall.


This warning becomes relevant now that the government is calling for a national dialogue, in all likelihood to wear down the movement. Agrarian activist from Putumayo explained, “We have always held that this is a mafia state, but then whenever we are called to sit down with them for a coffee, we run to their presence and thus we legitimate it. We need to be more coherent than that.

Martínez, of the CUT, also emphasized,

On Tuesday, [November] 26, the Executive Committee of the civic strike will reach a decision on the proposal. The government is talking of a national agreement with the demagogues, not really with the people’s organizations. We don’t need any more promises. They know our demands: social welfare, labor rights. Dialogue, for the government, is a way to end up imposing their own views, we should not be naive about this.


The latest Colombian crisis is far from resolved. The challenge for the popular sectors consist of keeping the momentum, turning anger into organization, slogans into concrete proposals to be fought and won on the streets and to remain united and avoid fragmentation.

At the same time, pointless negotiations designed as strategies of attrition need to be avoided, and the same goes for provocations that try to put segments of the people against one another. A wave of agrarian unrest is in the making for next year, when it will hopefully merge with this new generation of urban rebels who learned their lessons the hard way. Then, the chance to give a mortal blow to the far-right will be at hand. If Colombia’s oligarchy really thinks this is just a passing mood to be smashed through deception and repression, they have another thing coming.

José Antonio Gutiérrez D.
26 November, 2019

vénézuela / colombie / luttes dans la communauté / opinion / analyse Friday November 29, 2019 02:07 byJosé Antonio Gutiérrez D.

La grève nationale du 21 novembre en Colombie, qui a vu des centaines de milliers, sinon des millions de personnes, occuper les rues et défier la répression et le couvre-feu sur tout le territoire, constitue sans aucun doute une des mobilisations les plus importantes de ces dernières décennies. Elle est remarquable non seulement par son caractère massif, mais en outre par son protagoniste : les secteurs populaires urbains, qui ne s’étaient plus mobilisés ainsi depuis la période de luttes des années 1970 et 1980. [Castellano]


Réflexions à chaud sur la grève nationale en Colombie

La grève nationale du 21 novembre en Colombie, qui a vu des centaines de milliers, sinon des millions de personnes, occuper les rues et défier la répression et le couvre-feu sur tout le territoire, constitue sans aucun doute une des mobilisations les plus importantes de ces dernières décennies. Elle est remarquable non seulement par son caractère massif, mais en outre par son protagoniste : les secteurs populaires urbains, qui ne s’étaient plus mobilisés ainsi depuis la période de luttes des années 1970 et 1980.

Après des décennies pendant lesquelles l’axe des luttes populaires en Colombie se trouvait dans le secteur rural (paysans et indigènes, essentiellement), les secteurs urbains prennent enfin massivement la direction des luttes contre le régime. Ce processus n’aurait pas été possible sans deux conditions : un sentiment de malaise généralisé dans la population, et une force organisationnelle capable de mobiliser pour cette lutte et de la soutenir. Dans ce sens, le Comité National de Grève est une instance clé ; et, dans le comité, il faut reconnaître le rôle de premier plan joué par la CUT (Centrale unitaire des travailleurs) en tant qu’expression la plus aguerrie de la classe laborieuse colombienne.

Il est inutile de préciser que les processus populaires urbains d’antan furent dans une grande mesure détruite au moyen du terrorisme d’Etat et ses tentacules paramilitaires. L’héritage funeste de la grève civique de 1977, ce fut le Statut de Sécurité, avec ses conseils de guerre oraux, des pratiques comme la disparition forcée (on fit disparaître Omaira Montoya à Medellin une semaine avant la grève du 14 septembre, et, depuis, cette pratique n’a pas cessé), et, finalement, la création et la prolifération d’appareils répressifs paraétatiques qui ont remplacé les appareils de répression officiels comme instruments principaux de la terreur. Ce n’est pas par hasard qu’aujourd’hui, dans les marches, on entend crier en chœur qu’on a déjà tout enlevé au peuple colombien, y compris la peur. Dans un pays où 66% de la population vit dans les villes, la réorganisation du mouvement urbain est un fait stratégique, d’une importance incalculable pour tout projet de transformation sociale.

Défi collectif contre la terreur

C’est justement cette disparition de la peur, cette lassitude généralisée qui ont permis au peuple colombien de défier et d’affronter la répression de façon franchement héroïque. Les violations de domicile, les menaces et les montages n’ont pas réussi à faire peur au peuple. Le couvre-feu et la militarisation ont été massivement ignorés, les concerts de casseroles et même les fêtes de rue réalisées en défi ouvert à une autorité que plus personne ne considère comme légitime. La résistance populaire a affronté la violence d’État à un prix élevé. Dès le premier jour de protestation, on comptait trois morts dans la Vallée du Cauca (deux à Buenaventura, un à Candelaria) ; aujourd’hui, nous ne connaissons pas avec certitude le nombre de morts, mais il continue à augmenter. L’étudiant de Bogota Dylan Cruz, 18 ans, est devenu un cas emblématique, quand les chiens enragés de l’ESMAD, la redoutable police anti-émeutes colombienne, lui ont tiré une balle à la tête par derrière, de la façon la plus lâche [il est mort à l’hôpital le 25 novembre, NdE]. Et pourtant, le peuple ne s’est pas laissé effrayer. Nuit après nuit, on a défié la répression et le couvre-feu. Les habitants ont démontré à l’Etat que les maîtres de leurs quartiers, ce sont eux, et non 4 000 soldats dans leurs véhicules blindés. Le peuple est enragé mais aussi joyeux ; l’establishment colombien est effrayé et réagit avec violence. Il est incroyable que Duque ait voulu, il y a à peine quelques mois, donner des leçons de droits humains au Vénézuélien Maduro !

On a voulu transformer l’indignation du peuple colombien en peur. Non seulement peur de la répression, mais peur de son voisin. Les macabres rumeurs qu’on a fait circuler dès le vendredi sur les réseaux sociaux, annonçant l’arrivée du loup –des vandales des quartiers périphériques allaient attaquer les maisons de la classe moyenne – font partie d’une guerre psychologique qui s’ajoute à cette guerre sale que le gouvernement de Duque a déclarée au peuple colombien. Ces annonces, qui ne relevaient que d’une stratégie de la panique, ne se sont pas matérialisées, mais elles ont eu pour effet que, dans certains quartiers, les gens ont cessé de protester pour se changer en vigiles. Il est certain que, dans toute protestation de masse, il y a des saccages : il en est ainsi de tout temps et dans tous les pays. Mais jamais, ou très rarement, on ne saccage des maisons : les saccages se produisent en général contre des magasins ou des supermarchés, là où se trouve la marchandise, et où il n’y a pas de risque d’affrontements. C’est pourquoi, quand on a commencé à parler d’attaques contre des ensembles résidentiels, j’ai trouvé cela si bizarre. Tout cela n’avait pour but que de détourner l’attention de la protestation, provoquer de la peur et peut-être même générer de la violence parmi les gens modestes, épargnant à la police et à l’armée le travail de casser des têtes. Ce n’est pas un hasard si les groupes de vigiles qui ont surgi “spontanément” face à ces prétendus saccages, comme “Défendons Bogota” ou “Résistance Civile Anti-émeutes” n’étaient que des façades pour des groupes de choc paramilitaroïdes uribistes [partisans de l’ancien président Úribe].

Ces stratégies terroristes ne sont pas nouvelles. Il est bien connu que des agents de l’Etat ont infiltré les protestations pour provoquer des excès et générer de la violence gratuite. Des dirigeants de la fédération syndicale de l’enseignement FECODE ont dit avoir isolé quelques-uns de ces individus dans les manifestations. Dans le passé, les conservateurs libéraient les pires criminels pour les utiliser comme hommes de main ; quand on interrogea le Condor Lozano [chef de bandes paramilitaires pendant la Violencia des années 1950, NdE] sur cette pratique, il répondit par cette célèbre phrase : « le seul crime, c’est de s’opposer au gouvernement ; tout le reste, c’est des conneries ». Les montages des agents d'(in)sécurité de l’Etat ont été révélés par Juan Gossaín quand il a rendu publics de nombreux documents du DAS [Département administratif de sécurité, remplacé par (ou renommé) Direction nationale du renseignement (DNI) en 2011 par Úribe, NdT] où on indiquait quelques-unes des pratiques utilisées lors d’opérations contre l’opposition à Úribe : sabotage, terrorisme, menaces, explosifs, pression, dénigrement, etc. C’est eux-mêmes qui utilisaient ces termes dans leurs documents de renseignement (1). Si, dans le passé, ils se sont servis de ces moyens, il n’est pas étonnant qu’ils utilisent aujourd’hui ce mélange de guerre sale et de guerre psychologique pour faire face à la protestation légitime du peuple. Heureusement, les gens ont réagi à temps et ne se sont pas laissé monter les uns contre les autres en un affrontement fratricide. Le peuple colombien comprend très bien que son ennemi n’est pas dans le quartier voisin.

Une colère qui grandit depuis de nombreuses années

Même s’il est judicieux de comprendre les événements colombiens depuis la perspective des révoltes anti-néolibérales qui ont secoué l’Équateur, Haïti et le Chili, il est certain que ces protestations sont aussi le fruit d’un processus d’accumulation d’une dizaine d’années propre au pays. Depuis la grève des coupeurs de canne à sucre dans la Vallée du Cauca en 2008, en passant par la minga [assemblée indigène], et les protestations et grèves paysannes, le peuple colombien a construit un riche legs de résistances qui se trouvent à la base de le grève actuelle. Il faut ajouter à ces expériences celles, locales, de centaines de grèves de travailleurs à la même époque, avec des niveaux divers de combativité, comme les protestations environnementales, dont l’importance réside justement dans le fait qu’elles ont servi de passerelle entre le monde rural et le monde urbain. Je crois qu’on n’a pas tout à fait compris cet aspect des protestations contre les méga-exploitations minières et l’extractivisme, dont l’exemple le plus clair a été la gigantesque bataille de la population de Tolima contre la Coloso et l’Anglo Gold Ashanti, dans laquelle campagne et ville se sont unies en une même lutte. Autre jalon décisif dans cette unité : la grève agraire de 2013, qui a aussi permis l’union de ces deux mondes en protestation contre le modèle de sous-développement imposé par l’Etat.

Cette lutte est un pas de plus dans un processus qui va se prolonger. Étant donné l’état d’esprit du peuple colombien et la maladresse d’un président qui s’est montré très efficace pour détruire des accords de paix et pour massacrer des enfants, mais totalement incapable de réduire le chômage, il paraît peu probable que Duque puisse terminer les trois années de mandat qui lui restent. Malgré ses appels tardifs au dialogue national, après un an d’autisme absolu, les gens n’avalent plus ses histoires. Les organisations ne s’assoiront pas facilement à la table des négociations avec un président expert en annulation des accords passés et en signatures d’engagements sans intention de les tenir.

Les défis à relever

Il reste plusieurs défis pour le mouvement populaire : le premier, c’est de transformer la rage en organisation. Sans organisation, il n’y a rien. Cela veut dire renforcer les syndicats, former des comités d’étudiants, de retraités, de femmes, de tous ceux qui ont une raison de protester et quelque chose à exiger. La gauche a longtemps mené des stratégies populistes par lesquelles on essaie de transformer le mécontentement en votes. L’expérience colombienne prouve que ce processus ne fonctionne pas de façon mécanique. En 1978, le malaise exprimé par la grève de 1977 ne s’est pas transformé en votes pour la gauche. En 2014 non plus, le malaise exprimé par la grève agraire de 2013 ne s’est pas traduit en votes. L’électoralisme et les luttes populaires suivent des dynamiques différentes. Les batailles de rue doivent se gagner dans la rue. Si on ne veut pas perdre ce legs immense, il faut organiser ce peuple non pas en tant qu’électeurs individuels, mais en fonction de ses demandes concrètes et de sa capacité de pression collective. L’action directe est toujours un mécanisme fondamental pour avancer dans les luttes populaires.

Le second est la capacité à entretenir la mobilisation populaire et parvenir à la convergence de divers secteurs. Cela exige de trouver des mécanismes divers qui permettent à différents acteurs de participer au mécontentement collectif et de s’exprimer. Marches, concerts de casseroles, fêtes, et même groupes de yoga occupant les rues, ici, tout est bon lorsqu’il s’agit de montrer qu’il y a un peuple disposé à se faire entendre selon ses propres termes. C’est ce pluralisme tactique qui permettra de garder la mobilisation vive et fraîche. C’est important dans la perspective de la chronologie : dans l’année qui vient, des mobilisations agraires s’annoncent dans tout le pays, et, pour obtenir les changements structuraux, systémiques, de fond, que demandent les classes populaires colombiennes, la convergence de la résistance paysanne avec celle des secteurs urbains sera un facteur décisif. Cette convergence s’est rarement produite dans l’histoire colombienne.

Un troisième défi, c’est de conserver l’unité du mouvement. Il ne faut sous aucun prétexte casser le Comité National de Grève. Traditionnellement, l’oligarchie a utilisé la stratégie du diviser pour régner afin de dominer le peuple, et elle a réussi dans l’application de cette politique. Il suffit pour s’en convaincre de penser à la grève agraire de 2013, une puissante mobilisation qui a fini fragmentée en plusieurs tables de négociation divisées par régions et même par secteurs d’activité. À la fin des négociations, même le collectif paysan s’était dissous pour laisser place à des groupes malléables, comme les producteurs de pommes de terre, de café, d’oignons, les éleveurs laitiers, etc. Tous divisés de plus par régions, départements ou communes. C’est ainsi que toute cette force s’est dispersée et que le mouvement a été contenu. Ce mouvement passa les deux années suivantes à lutter, non pas contre le modèle, mais pour l’accès à des projets de production qui ne servirent même pas à améliorer la situation des campagnes. Il faut apprendre qu’ici on ne peut mettre l’unité en danger sous aucun prétexte. L’étudiant, l’enseignant, la maîtresse de maison, la travailleuse, le paysan, la retraitée, tous ont exactement les mêmes problèmes dans ce modèle économique.

Le dernier défi, c’est justement de transformer les revendications ponctuelles en une proposition de modèle alternatif, capable de modifier les fondements qui font que, dans un pays riche, la majorité doive survivre au prix de toute sorte d’acrobaties, tandis qu’une infime minorité vit dans une richesse obscène. Ici, les slogans ne suffisent pas, il est indispensable de penser à des propositions concrètes permettant de dépasser progressivement ce capitalisme qui dévore aujourd’hui les entrailles du pays, qui déforeste l’Amazonie, qui assèche les páramos [biotopes néotropicaux de la Cordillère des Andes, NdE], qui ne garantit pas d’avenir à l’immense majorité des Colombiens. Il ne peut plus s’agir de continuer à légitimer, au moyen de négociations, un État et un modèle incapables de donner des réponses à la hauteur de la crise que nous vivons. L’initiative, aujourd’hui, repose sur le camp populaire. Espérons que les processus organisationnels sauront maintenir cette initiative dans les jours et mois à venir.

José Antonio Gutiérrez D.
24/11/2019


Note

(1) Pour rafraîchir la mémoire, j’ai écrit article sur l’allocution de Juan Gossaín, qui est transcrite https://www.anarkismo.net/article/16405

venezuela / colombia / community struggles / opinión / análisis Monday November 25, 2019 16:07 byJosé Antonio Gutiérrez D.

Aunque sea acertado entender los sucesos de Colombia desde la perspectiva de las revueltas anti-neoliberales que han sacudido a Ecuador, Haití y a Chile, lo cierto es que estas protestas son también fruto de un proceso de acumulación doméstico de una década. [Français]


Reflexiones en caliente sobre el paro cívico en Colombia

El reciente paro cívico, que ha visto a cientos de miles, sino a millones de personas tomarse las calles y desafiar la represión y el toque de queda en todo el territorio colombiano, representa, sin lugar a dudas una de las movilizaciones más importantes de las últimas décadas. Notable no sólo por su masividad, sino además por el sujeto convocado: los sectores populares urbanos, que no se habían movilizado de esta manera desde el período de luchas de las décadas de 1970-1980. Después de décadas en que el eje de las luchas populares en Colombia ha estado en el sector rural (campesinos e indígenas, fundamentalmente), los sectores urbanos por fin asumen masivamente el liderazgo en las luchas contra el régimen. Este proceso no hubiera sido posible sin dos condiciones: un sentimiento de malestar generalizado en la población, y una fuerza organizativa con capacidad de convocar y sostener esta lucha. En este sentido, el Comité Nacional del Paro es una instancia clave; y dentro del comité, debe reconocerse el papel protagónico que ha tenido la CUT como la expresión más aguerrida de la clase trabajadora colombiana.

Huelga aclarar que los procesos populares urbanos de antaño fueron en gran medida destruidos mediante el terrorismo de Estado y sus tentáculos paramilitares. Los legados siniestros del paro cívico de 1977 fueron el Estatuto de Seguridad, con sus consejos de guerra verbales; prácticas como la desaparición forzada (Omaira Montoya fue desaparecida una semana antes del paro, y de ahí esta práctica no paró); y por último, mediante la proliferación de aparatos represivos paraestatales que desplazaron a los aparatos de represión oficiales, como principales herramientas de terror. No es casual que hoy se escucha a coro en las marchas que al pueblo colombiano ya le han quitado todo: hasta el miedo. En un país donde el 66% de la población vive en las ciudades, la recomposición del movimiento urbano es un hecho estratégico, de una importancia incalculable para cualquier proyecto de transformación social.

Desafío colectivo contra el terror

Precisamente por esa pérdida de miedo, por ese hastío generalizado, el pueblo colombiano ha sido capaz de desafiar y enfrentar la represión de manera francamente heroica. Los allanamientos, las amenazas, y los montajes no lograron amedrentar al pueblo. El toque de queda y la militarización han sido ignorados en masa, los cacerolazos y hasta las fiestas callejeras hechos en abierto desafío a una autoridad que nadie ya ve como legítima. La resistencia popular ha enfrentado la violencia popular a un precio elevado. Desde el primer día de protestas, se contaban tres muertos en el Valle del Cauca (dos en Buenaventura, uno en Candelaria); hoy no sabemos con certeza la cifra de muertos, pero siguen sumando. El estudiante bogotano Dilan Cruz se convirtió en un caso emblemático, cuando los perros hidrofóbicos del ESMAD, la temida policía anti-motines colombiana, le disparó en la cabeza por la espalda, de la manera más cobarde. Y sin embargo el pueblo no se ha dejado amedrentar. Noche tras noche se ha desafiado la represión y el toque de queda. Los vecinos le han demostrado al Estado que los dueños de sus barrios son ellos mismos, no 4000 soldados en sus tanquetas. El pueblo tiene rabia pero también alegría; el establecimiento colombiano está asustado y reacciona violento. ¡Increíble que Duque quisiera dar lecciones de derechos humanos al venezolano Maduro hace apenas unos meses!

La indignación del pueblo colombiano, la quisieron transformar en miedo. No sólo en miedo a la represión, sino que en miedo al vecino. Los macabros rumores que hicieron circular desde el viernes por las redes sociales, anunciando que venía el lobo –vándalos de barrios marginales a atracar las casas de la clase media- son parte de una guerra sicológica que se suma a esa guerra sucia que el gobierno de Duque ha declarado contra el pueblo colombiano. Estos anuncios fueron pura estrategia de pánico, que no se materializaron pero que hicieron que las personas en ciertos barrios dejaran de protestar para convertirse en vigilantes. Cierto es que en toda protesta masiva hay saqueos; eso es así en toda época y en todos los países. Pero nunca, o muy rara vez, esos saqueos son a casas; los saqueos por lo general se dan a tiendas o supermercados, que es donde está la mercancía y donde no hay riesgo de enfrentamientos. Por eso es que me sonó tan raro cuando empezaron a hablar de asaltos a conjuntos residenciales. Todo para desviar la atención de la protesta, generar miedo y quizás hasta generar violencia entre la gente de a pie, ahorrándole a la policía y al ejército la tarea de romper cabezas. No es casual que los grupos de vigilantes que surgieron “espontáneamente” ante estos supuestos saqueos, como “Defendamos a Bogotá” o “Resistencia Civil Antidisturbios”, no sean otra cosa que fachadas para grupos de choque filo-paracos uribistas.

Estas estrategias terroristas no son nuevas. Es sabido que agentes del Estado han infiltrado las protestas para causar desmanes e incitar violencia gratuita. Dirigentes de FECODE dijeron haber rodeado a algunos de estos personajes en las manifestaciones. En el pasado, los conservadores liberaban a los peores criminales para utilizarlos de pájaros y sicarios; cuando al Cóndor Lozano le preguntaron por esta práctica, respondió su famosa frase “el único crimen es oponerse al gobierno; lo demás son pendejadas”. Los montajes de los agentes de (in)seguridad del Estado fueron revelados por Juan Gossaín cuando reveló múltiples documentos del DAS en los cuales se daban a conocer algunas de las prácticas de diversas operaciones en contra de la oposición a Uribe: sabotaje, terrorismo, amenazas, explosivos, presión, desprestigio, etc. Estos términos los utilizaron ellos mismos en sus documentos de inteligencia [1] . Si han usado en el pasado estos medios, no es raro que utilizan esa mezcla de guerra sucia y guerra sicológica hoy para enfrentar la protesta legítima del pueblo. Afortunadamente, la gente reaccionó a tiempo y no permitió que los pusieran a unos contra otros en un enfrentamiento fratricida. El pueblo colombiano entiende muy bien que su enemigo no está en el barrio de al lado.

Un acumulado de muchos años

Aunque sea acertado entender los sucesos de Colombia desde la perspectiva de las revueltas anti-neoliberales que han sacudido a Ecuador, Haití y a Chile, lo cierto es que estas protestas son también fruto de un proceso de acumulación doméstico de una década. Desde la huelga de los corteros de caña en el Valle geográfico del Cauca en el 2008, pasando por la minga indígena, y las protestas y paros campesinos, el pueblo colombiano ha construido un rico legado de resistencias que están en la base del actual paro. A estas experiencias, debemos sumar las experiencias locales de cientos de huelgas de trabajadores en esta época, con diversos niveles de combatividad, así como las protestas ambientales, cuya importancia ha radicado, precisamente, en que sirvieron de puente entre el mundo rural y el mundo urbano. Creo que no se ha entendido del todo este aspecto de las protestas contra la mega-minería y el extractivismo, cuyo ejemplo más claro ha sido la monumental batalla del pueblo tolimense contra la Colosa y la Anglo Gold Ashanti, en el cual el campo y la ciudad se unieron en una misma lucha. Otro hito clave de esa unidad fue el paro agrario del 2013, que también permitió que estos dos mundos se unieran en protesta en contra del modelo de subdesarrollo impuesto desde el Estado.

Esta lucha es un paso más en un proceso que va para largo. Dado el estado de ánimo del pueblo colombiano, y dada la torpeza de un presidente que se ha mostrado muy eficiente para destruir acuerdos de paz y para masacrar niños, pero absolutamente incapaz para reducir el desempleo, parece poco probable que Duque pueda terminar los tres años de mandato que le quedan por delante. Pese a sus tardíos llamados al diálogo nacional, después de un año de autismo absoluto, la gente ya no le come cuento. Las organizaciones no se sentarán fácil a negociar con un presidente experto en desconocer sus acuerdos y en firmar compromisos para no cumplirlos. La demanda creciente que se escucha en las calles es la renuncia de Duque.

Los desafíos pendientes

Quedan varios desafíos para el movimiento popular: el primero es convertir la rabia en organización. Sin organización no hay nada. Eso significa fortalecer los sindicatos, significa formar comités de estudiantes, pensionados, mujeres, de todo el mundo que tenga algo que protestar y exigir. Por mucho tiempo la izquierda ha perseguido estrategias caudillistas mediante las cuales el descontento se busca convertir en votos. La experiencia colombiana demuestra que ese proceso no funciona de manera mecánica. En 1978, el malestar expresado en el paro cívico de 1977 no se convirtió en votos para la izquierda. En 2014 tampoco el malestar expresado en el paro agrario del 2013 se tradujo en votos. El electorerismo y las luchas populares tienen dinámicas diferentes. Lo que se lucha en la calle, se ha de ganar en la calle. Si no se quiere perder este acumulado inmenso, es necesario organizar a ese pueblo no como votantes individuales, sino que en función de sus demandas concretas y de su capacidad de presión colectiva. La acción directa sigue siendo un mecanismo fundamental para avanzar en las luchas populares.

El segundo es la capacidad para mantener la movilización popular y lograr la convergencia de diversos sectores. Esto requiere encontrar mecanismos diversos que permitan a diferentes actores participar del descontento colectivo y expresarse. Marchas, cacerolazos, fiestas, hasta grupos de yoga ocupando las calles, acá todo vale a la hora de mostrar que hay un pueblo que está dispuesto a hacerse sentir en sus propios términos. Este pluralismo táctico es el que permitirá mantener la movilización viva y fresca. Esto es importante en una perspectiva temporal: el año entrante se vienen movilizaciones agrarias en todo el país, y para lograr los cambios estructurales, sistémicos, de fondo, que las clases populares colombianas requieren, será clave que la resistencia de los campesinos con la de los sectores urbanos estén en convergencia. Esta convergencia rara vez se ha dado en la historia colombiana.

Un tercer desafío, es mantener la unidad del movimiento. Por ningún motivo se puede quebrar el Comité Nacional del Paro. La oligarquía, tradicionalmente, ha utilizado la estrategia de dividir y vencer para dominar al pueblo, y ha sido exitosa en aplicar esta política. Si no, basta ver el paro agrario del 2013, una formidable movilización que terminó fragmentada en varias mesas de negociación divididas por región y hasta pro rubro económico. Hasta el sujeto campesino se había disuelto al final de las movilizaciones para dar paso a sujetos maleables, como paperos, lecheros, cafeteros, cebolleros, etc. Todos divididos, además, por departamento, región, o municipio. Así toda esa fuerza de dispersó y el movimiento fue contenido. Los próximos dos años, este movimiento se la pasó peleando no contra el modelo, sino que peleando acceso a unos proyectos productivos que ni siquiera sirvieron de mejoral para la situación del campo. Eso hay que aprenderlo, que acá la unidad no se puede arriesgar por nada. El estudiante, el profesor, la dueña de casa, la trabajadora, el campesino, la pensionada, todos tienen exactamente los mismos problemas en este modelo económico.

El último desafío es, precisamente, convertir las demandas puntuales en una propuesta de modelo alternativa, que modifique las bases mediante las cuales en un país rico la mayoría deben sobrevivir con toda clase de malabares, mientras una minoría ínfima viven en una riqueza obscena. Acá las consignas no bastan y se requiere de pensar en propuestas concretas que permitan ir superando ese capitalismo que hoy devora las entrañas del país, que deforesta al Amazonas, que seca los páramos, que no le garantiza futuro a la inmensa mayoría de los colombianos. Ya no se puede tratar de seguir legitimando, mediante las negociaciones, a un Estado y a un modelo que son incapaces de generar respuestas a la altura de la crisis que se vive. La iniciativa, hoy, reposa en el campo popular. Esperemos que los procesos organizativos sepan mantener esta iniciativa en los próximos días y meses.

José Antonio Gutiérrez D.
24 de Noviembre, 2019


Nota

[1] Para refrescar la memoria, hay un artículo que escribí con vínculo a la alocución de Juan Gossaín, que está transcrita “Esto es un crimen monstruoso” DASpolítica y la fascistización de Colombia - Anarkismo.

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