El 2011 fue un año de ratificaciones y decisiones. El movimiento popular, continúan en la inclaudicable tarea de reunificarse y constituirse como fuerza política. La oligarquía empotrada en el Estado en cabeza de Juan Manuel Santos, impone un modelo económico a sangre y fuego, que arrasa con territorios y pueblos, siempre al servicio de los intereses del gran capital transnacional. La lectura y el balance que ofrecemos a los sectores organizados y no organizados del pueblo colombiano del año que está terminando, es en dos claves: los avances del movimiento popular colombiano y la consolidación de un país reserva con regalías únicas para la clase dominante.

Desde el día 12 hasta el 15 de Agosto se juntaron en Barrancabermeja (Santander) entre 20.000 y 30.000 delegados y representantes de una infinidad de movimientos populares, campesinos, indígenas y afrocolombianos, a discutir la apuesta de los sectores populares ante la agudización del conflicto social y armado. Este encuentro, convocado por iniciativa de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), reviste la mayor importancia y marca un importante punto de inflexión política en el país por varias razones.

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El llamado del Congreso de los Pueblos es a que construyamos, todos y todas, un nuevo país, un nuevo continente y un nuevo mundo. Del 8 al 12 de octubre se estará realizando en Bogotá la sesión de instalación de este congreso popular, que nos permitirá fortalecer y unificar un proceso de oposición coherente y propositivo que le hable al país, en todos sus dialectos y expresiones culturales, para que sea el mismo pueblo, caminando la palabra, el que legisle desde y para la vida.

El “acuerdo de unidad nacional” promovido por el gobierno Santos no pretende, únicamente, unificar a la clase burguesa tradicional con la clase burguesa emergente; se propone, además, institucionalizar a los sectores organizados de los movimiento sociales en función de los intereses corporativos del establecimiento político, por medio de una estrategia de cooptación.

Es por esto que Colombia necesita unificar esfuerzos y construir una propuesta de país que recoja las esperanzas latinoamericanas y de todos los pueblos del mundo que luchan y resisten. Hoy, luego de 518 años de resistencia indígena y 200 años de lucha popular, herencia histórica de un pueblo que construye vida digna, el pueblo colombiano se prepara para el Congreso de los Pueblos, verdadero escenario de construcción y movilización social.

“Desinformar a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno”; “generar división al interior de los movimientos de oposición”; “impedir la materialización de escenarios convocados por la oposición”; “concientizar a la población sobre la realidad de la ideología comunista”…

Éstos y otros son algunos de los objetivos y estrategias plasmadas en una serie de documentos incautados en las oficinas del DAS. Salieron a la luz pública hace un par de semanas, evidenciando un hecho que hoy por hoy es innegable: un plan de gobierno que busca minimizar al máximo todo brote político disidente y contradictor. Artículo extraído de ORGANIZACIÓN #11 (01.05.2010), Boletín de la Red Libertaria Popular Mateo Kramer.

Ver también

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• Entrevista a Eduardo Carreño, Colombia: "lo que se busca es aniquilar cualquier forma de oposición"
• “Esto es un crimen monstruoso” DASpolítica y la fascistización de Colombia
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En un hecho inesperado, que celebramos, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años, a dos oficiales del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), directores respectivos de la primera y la tercera sección de este organismo en Bogotá, por su participación por “omisión” en la muerte del joven estudiante libertario de 15 años Nicolás David Neira Álvarez, asesinado por las golpizas de los antidisturbios el primero de mayo de 2005 durante las movilizaciones del Día Internacional de las y los Trabajadores.

Según la Procuraduría , los oficiales incumplieron con su deber al no garantizar que sus subordinados velaran en la marcha por los derechos humanos. Este fallo se encadena con otro similar, en el que el ente público destituyó a 14 miembros del Ejército, por hechos ocurridos también en el 2005 en el Departamento del Casanare, en los que los soldados secuestraron y mataron dentro de sus casas a 5 personas haciéndolas pasar luego como bajas en combate, en la ya usuales ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas Armadas conocidas como “falsos positivos”.

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