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venezuela / colombia / community struggles / opinión / análisis Tuesday December 03, 2019 23:55 byJosé Antonio Gutiérrez D.

Los sectores del establecimiento interesados en mantener el status quo, buscan reproducir el modelo de negociación con las FARC-EP pero con la protesta social: desmovilizarla, que terminen aceptando que no se discutirá ni el Estado ni el modelo, y luego mandarlos para la casa. Mientras prosigue la matazón de los más revoltosos y ruidosos. Y el país como si nada.


¡Precisamente es lo que hay que discutir, el ESMAD… y el Estado!

Las protestas que desde hace más de una semana conmueven a Colombia no son protestas ante hechos puntuales, de la misma manera que las protestas que hace más de un mes sacuden a Chile no lo son por un alza de 30 miserables pesos del metro. Ambas protestas son sistémicas y expresan el malestar generalizado del pueblo con un sistema que ha vuelto insoportable la vida de la inmensa mayoría de la población mientras unos pocos se hacen groseramente ricos. En el caso de Colombia se suma también la violencia sistemática contra el pueblo, que se evidenció con las masacres de niños en Caquetá, los falsos positivos, el genocidio de líderes sociales en todo el país, y por supuesto, la violencia con los manifestantes en el marco de este paro cívico. No es casual que una de las demandas más fuertes que se han hecho sentir es el desmonte del ESMAD, el temido grupo antidisturbios que es responsable de innumerables muertes en cada protesta, incluida la muerte del joven Dilan Cruz durante este paro.

El desmonte del ESMAD, un grupo que da tratamiento de guerra a la protesta social y que es irreformable, era una de las demandas centrales del Comité Nacional del Paro (CNP). Pero ahora aparece una carta dirigida al “Respetado señor Presidente”, firmada por el CNP, junto a una serie de apaga-incendios profesionales del Congreso, la coalición “Defendamos la Paz”, y una lista de gente que incluye a no pocos vividores y oportunistas. La crema y la nata se juntaron en esta carta. Entre otros, aparece Rodrigo Londoño “Timo”, quien el día del paro, en lugar de estar en las calles de Bogotá, estaba en Aguabonita, Caquetá, pontificando sobre las mieles de la pacificación. Ahora aparece para montarse a la negociación de una protesta en la que estuvo ausente. En esta carta, el CNP, en asociación con buena parte de la clase política tradicional y “alternativa” del país, el “país político” como lo llamaba Gaitán, dice como condición para el diálogo con el gobierno:

Que se garantice el ejercicio del derecho a la protesta, se desmilitaricen las ciudades y cese toda acción violenta contra las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía por parte de la Fuerza Pública y, en especial, del ESMAD.”[1]

No que se desmonte el ESMAD, sino que cesen sus acciones violentas. ¡Cómo si el ESMAD, que es la encarnación de la criminalización de la protesta social pudiera, por obra y gracia de Dios, reprimir de manera democrática! Esto, o es una ingenuidad, o es una claudicación; más bien parece lo segundo. Después de tener la iniciativa, el CNP se la ha vuelto a entregar al gobierno, dejando de lado una de las más sentidas aspiraciones populares, más sentida aun por el cobarde asesinato de Dilan Cruz, asesinato tan cobarde como los muertos en cada paro agrario, en tantas protestas estudiantiles, o como el apaleo letal a Nicolás Neira en plena carrera séptima a sus tiernos 15 años. Al parecer, aceptan con obediencia y resignación las palabras de Diego Molano, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien fue enfático:

Particularmente el Esmad no está en discusión. El gobierno nacional tiene claridad de que sus Fuerzas Militares y de Policía hacen parte del Estado; aquí no hay una negociación del Estado, aquí lo que hay es una conversación para encontrar soluciones a problemas concretos, a unas problemáticas sociales que se han planteado”[2].

El problema es que el pueblo es quien ha planteado la discusión del ESMAD. No es el “país político” quien lo ha hecho, y esa discusión se dará cuando el pueblo decida que se dé, cuando decida hablar con voz propia y no permita más que su voz sea secuestrada por una recua de politiqueros que han lucrado de sus cargos de representación, de gestores del descontento social, de administradores “responsables” de la protesta social. Acá no hay problemas “concretos” que solucionar. Esto no se soluciona con mejorales y aspirinas. Esto requiere una discusión de fondo, que sí, tiene que ver con el modelo, con esa línea roja planteada por el santismo que ahora posa de progresista (señal de lo derechizado que está el espectro político colombiano).

Siguiendo el exitoso (para la oligarquía) modelo de pacificación y desmovilización de las FARC-EP, ahora estos apaga-incendios han venido a reiterar las líneas rojas de la negociación con los exrebeldes, hoy convertidos en defensores del establecimiento. Durante todos los años de negociación en la Habana el bloque santista insistió que las políticas de Estado no estaban en discusión, que el Estado no se negociaba en la mesa, hasta que los exrebeldes lo terminaron aceptando. "El modelo económico o la inversión extranjera no son elementos presentes en esta agenda de negociación", insistió Humberto de la Calle para que no quedara ninguna duda[3]. Y así fue. Los farianos se desmovilizaron y todo siguió igual.

Hace pocos días, De la Calle volvió a la carga a raíz del paro cívico para defender el acuerdo con las FARC-EP: “el mejor acuerdo es ese, porque fue el que permitió que estos señores entregaran las armas, se destruyeran, formaran un partido político y reconocieran el sistema democrático en Colombia”[4]. Estas palabras no son casuales, como tampoco lo es su presencia como firmante de esta carta para el diálogo con Duque. Los sectores del establecimiento interesados en mantener el status quo, buscan reproducir el modelo de negociación con las FARC-EP pero con la protesta social: desmovilizarla, que terminen aceptando que no se discutirá ni el Estado ni el modelo, y luego mandarlos para la casa. Mientras prosigue la matazón de los más revoltosos y ruidosos. Y el país como si nada.

La firma de Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Rafael Pardo, entre otros, es señal de que con estas negociaciones lo que se busca es sacar pueblo a la calle, que ponga heridos y muertos para que otros negocien el descontento a cambio de migajas, cambios cosméticos, de un huequito en el banquete del poder. Negociar y negociar eternamente, para después alegar que no se cumple nada y repetir el ciclo. Acumular muertos e incumplimientos. La política del gatopardismo, o del rafaelpardismo en su versión colombiana: que todo cambie para que todo siga igual.

Ahora, precisamente es el momento de cruzar las líneas rojas, el momento de plantear la discusión de un modelo económico que destruye el medio ambiente; que asesina de hambre a los niños en la Guajira, en Meta, en el Chocó; que desplaza campesinos e indígenas; que deja en la calle a seres humanos que han trabajado toda su vida para que otros se enriquezcan; que arrebata todos los derechos a las personas; que empobrece al pueblo y encarece el costo de la vida. Es el momento de plantear la discusión de un Estado fundado en la violencia sistemática en contra de las comunidades empobrecidas y que criminaliza toda forma de protesta social. Este Estado, este modelo económico, y por supuesto, el ESMAD deben ser el tema principal de negociación ahora. Si no ahora, entonces ¿cuándo?

Pero parece que una vez más la dirección del movimiento popular no está en realidad interesada en luchar para vencer. No, están en realidad interesados en negociar otra derrota más. Y para ello, se apoyan en los “villanos invitados” que aparecen en la carta. En el “país político”, que habla un lenguaje totalmente extraño al “país nacional” que ha salido a marchar estos días por iniciativa propia y rabia honda. Al parecer no han entendido la profundidad del malestar popular. ¿Cuándo se romperá este ciclo? Ojalá el CNP rectifique. Y si no rectifica, ojalá que la máxima de Jorge Eliecer Gaitán de que el pueblo es superior a sus dirigentes se cumpla y que fuerce discusiones de fondo, a pesar de la sagrada alianza que está tratando de aplacarlos.

José Antonio Gutiérrez D.
2 de Diciembre, 2019.


[1] http://pacocol.org/index.php/noticias/nacional/10200-son-tres-las-condiciones-para-iniciar-dialogo-con-el-gobierno-colombiano

[2] https://noticias.caracoltv.com/politica/el-tema-del-esmad-no-estara-en-la-conversacion-nacional-advierte-gobierno

[3] https://www.bbc.com/mundo/movil/noticias/2012/10/121018_colombia_proceso_paz_ao.shtml

[4] https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-acuerdo-logro-su-finalidad-humberto-de-la-calle-articulo-892537

venezuela / colombia / community struggles / opinion / analysis Saturday November 30, 2019 06:05 byJosé Antonio Gutiérrez D.

Colombia’s national civic strike is paving the way for a rural-urban coalition of protesters and movements that together can take on President Duque’s right-wing government.


Colombia on strike: “This government has to fall”

A specter is haunting Latin America — the specter of class struggle. From Haiti, Ecuador and Peru to Chile — until one month ago an oasis of neoliberal governance — people are taking to the streets in protest. Their anger is directed not only against their governments, but even more so against a system that causes unspeakable hardship for most while creating obscene profits for a few. People have had it with the rampant inequality and with barely being able to survive in countries that, according to all economic indicators, are seemingly doing fine.

These protests pose a formidable challenge to the decade of neo-conservative and neoliberal dominance in the region. The governments of Jair Bolsonaro in Brazil, the de facto president and putschist Jeanine Añez in Bolivia, Lenin Moreno in Ecuador, Sebastián Piñera in Chile and Iván Duque in Colombia are all part of this new technocratic and neoliberal far-right that flirts with the dictatorial penchants of the old far-right.

Racism, misogyny, homophobia, religious fundamentalism, class supremacy, a foaming-at-mouth anti-socialist rhetoric and a venal attitude towards res publica are traits they have in common. They are part of a club that exchanges advisers in an aggressive crusade against “populism” and squarely subordinated to the dictates of the USA presidency. Incapable of original ideas, they repeat the same blabber day and night; property, patriarchal family, religion, fatherland and other mumbo-jumbo.

IVÁN DUQUE, INCOMPETENT-IN-CHIEF

There are signs, however, that the tables are turning. Across the region, there is a surge in anti-neoliberal protests cornering these authoritarian puppets. Even though the far-right in Bolivia and Venezuela maintains its offensive capacity, emboldened by their patrons in Europe and the US, it has certainly lost the momentum.

Now it is the Colombian government’s turn to face the anger of the people. Authoritarian, repressive, venal, and most of all, incompetent, President Iván Duque has managed in just one year to become one of the most — if not the most — unpopular presidents in Colombian history, rejected by 70 percent of the population. It is an incredible feat in a country whose history is awash with presidents who have had set the unpopularity bar pretty high.

Duque was elected in early 2018 as the heir to former president Alvaro Uribe —another nasty far-right figure surrounded by scandal. His campaign relied on fear: of Venezuela, of the marginalized, and of the left. He gathered the support of the most conservative and reactionary elements of a society intoxicated with anti-Venezuela and anti-socialist propaganda.

Once in power, he has been a quarrelsome bully who attacks Venezuela (the same week of the frustrated aid-convoy’s shenanigans in February, the Colombian government denied humanitarian aid to Afro-Colombians suffering from floods in the impoverished Chocó region). He unilaterally terminated the peace negotiations with the ELN, the second largest guerrilla group in Colombia, and he has systematically undermined the peace agreement with the former FARC-EP guerrillas.

He is reigniting armed conflict through military operations against insurgents with disastrous humanitarian consequences — murdered children and economic incentives for soldiers to kill as many guerrillas as possible; these decisions led to the resignation of his Minister of Defense. On top of that, he has come back to the old policy of criminalization of the cocaleros (coca leaf farmers) in spite of the — unfulfilled — promises of alternatives to illicit crops in the 2016 peace agreement.

All of this is happening in the midst of high unemployment rates, the skyrocketing cost of living, and murders of social leaders, members of opposition parties and demobilized guerrillas. After just one year, Duque’s record is nothing short of appalling, and naturally, the people have had enough.

21N: FURY AND REPRESSION

A national civic strike (paro cívico) was called for November 21 to protest against some of Duque’s policies, such as proposed labor reforms that would reduce the already-unsustainable minimum income and privatize the pension system. A civic strike is a form of protest in a country where most of the population does not have formal employment and therefore cannot engage in collective action at the workplace. Everyone comes out to the streets to protest in any way they can: workers go on strike, students do not attend classes, people in marginalized communities block the roads, etc.

The Comité Nacional de Paro (National Committee for the Civic Strike), an umbrella organization of Indigenous, agrarian, civic and labor organizations, made the call in October to protest corruption, the cost of living, and the revenue reform; with broad public support, they called for the defense of the right to social protest, an end to repression and militarization and action against unemployment, which borders on 11 percent without accounting for sub-employment and the informal economy that together make up for over 50 percent of the labor force.

Remarkably, most of the left-wing parties in Colombia, including the FARC party, have taken a lukewarm stance towards the strike. Probably being too busy with the past elections in October, they have failed to grasp the significance of this (post-electoral) movement brewing on the streets.

Before the strike even started, the authorities arrested and raided organizers’ homes. Oblivious of the depths of popular anger and indignation, Duque accused boogeymen of organizing the protest, from “international anarchists” to the São Paulo Forum. A demobilized FARC-EP guerrilla explained to ROAR,

People are really fed up of it all; students and workers can’t stand this any longer, but the government can’t say anymore, look, it’s the guerrillas, the narco-terrorists infiltrating these protests. They are afraid, so they are making up new boogeymen to repress, discredit and dismiss the protesters.


The government closed the borders, militarized the big towns, and threatened the organizers. They even banned a document published by a student collective that gave tips on preventing abuses by the ESMAD, the Colombian riot police.

Soon after, the president clumsily acknowledged that protesters may have a point or two. But this was too little, too late: by then, his cocktail of repressive measures and arrogance had already incensed much of the population. Duque then blatantly lied, denying he ever planned a pension system reform or a reduction of the minimum wage.

At this stage, however, the die was cast. Despite the terror tactics used by the government and the atmosphere of fear it created, hundreds of thousands, if not millions, from across the country came out to protest, not just for specific demands, but even more so because they are fed up with the neoliberal capitalist system and Colombia’s ruling cliques profiting from it.

Unlike protests in the previous decade, which were mainly dominated by rural unrest and agitation, the civic national strike was a predominantly urban phenomenon, albeit with the participation of several agrarian organizations.

As expected, repression came swiftly. The joint action of the ESMAD and the military left three dead in Cauca Valley on November 21, plus hundreds arrested and injured across the country. Confrontations in the city of Cali were particularly fierce. In response, neighborhoods of La Macarena and Candelaria in Bogotá started spontaneous cacerolazos (pot-banging protests), which spread all over the city and to the rest of the country.

The next day, demonstrations and blockades continued, and the ESMAD clashed with protestors in the working-class quarters of the main towns. Pro-government activists started a social network campaign to cause panic, claiming that vandals were attacking private houses to discourage people from joining the protests and painting those who did join as vigilantes.

The government’s response was a full militarization of the capital — tanks and about 4,000 soldiers patrolled the streets of Bogotá, declaring a curfew from 9pm to 6am on Friday night.

People disobeyed the curfew en masse and came out at night for more cacerolazos and to dance in the streets. But the repression continued, particularly in working-class quarters. However, Gilberto Martínez, member of the executive board of the CUT Colombia (Central Unitaria de Trabajadores, the country’s largest trade union), explained to ROAR, “People are no longer afraid, so people face and respond to aggression, people faced the ESMAD, they came together on the streets.

ESCALATING RURAL PROTESTS

Inasmuch as there is a tendency to — rightly — view the recent events in Colombia in the context of the global struggles against the cost of living, corruption and neoliberal austerity of the last decade, these struggles are also part of an internal cycle of protest in Colombia that started in 2008.

That year, sugar-cane cutters in southwestern Colombia went on a three-month strike, followed by mass mobilization of Indigenous communities known as minga (“collective effort” in various Indigenous languages). Since then, protests and popular mobilizations have been on the rise, particularly in rural regions. Urban protest has been limited to the huge student demonstrations of 2011 and the heroic-but-isolated struggles of various trade unions that are often attacked by hit men and death squads, accounting for Colombia’s status as world leader in the murder of trade unionists.

Led by agrarian unions and Indigenous communities, rural Colombia experienced a period of popular mass mobilization opposing the militarization of the countryside, confronting — unsuccessfully —various free trade agreements with the US and the EU, and, most importantly, opposing the implementation of megaprojects in the agricultural and mining sectors.

It was this resistance, best exemplified in the struggles of the Tolima communities against gold-mining giant Anglo Gold Ashanti, which connected peasants with urban masses through the environmental movement.

Escalating rural protest, coupled with increasingly effective insurgent attacks against the military, particularly by the FARC-EP, provided the backdrop for the launch of the peace negotiations between this rebel movement and the Colombian government in late 2012. Alas, its transformative potential was squandered by isolating the population from the negotiations that took place in Cuba, by not insisting on broader popular participation, and by limiting its scope to issues that were in the Constitution anyway, such as the government insisting that the economic model was not to be touched and the FARC-EP negotiating team accepting this.

Ultimately, the government’s reluctance to implement any substantial change, combined with a guerrilla movement which by and large saw mass participation in the dialogues as a threat to their “ownership” of the process, resulted in a restricted, non-transformative, peace agreement in 2016.

In 2013, a series of rural protests — started by coffee farmers in March and followed by mobilizations of cocaleros in the border region with Venezuela in June — led to a mass agrarian strike against the free trade agreement with the USA signed the previous year. This rural protest brought millions out to the streets and gathered unprecedented support in urban centers. After some 25 people died and many hundreds were arrested and injured, the government agreed to negotiate with the agrarian unions separately by economic activity and region.

Thus, the collective power that had been built up over the course of a month of protests was successfully fragmented and contained. The traditional left and their movements, possibly alarmed at the independence of the movement, opted to turn away from sustained protest, discrediting direct action as “undermining” the Santos government and, therefore, the peace process. Instead, they focused on a futile electoral strategy, which rendered the poorest of results the following year. They did not understand that the anger in the streets is seldom channeled through the ballot box.

To a degree, the peace process — which had been described as an attempt at “pacification” by left-wing critics — plus the electoralist strategy of the left curbed the 2008-2013 tendency to the escalation of social protest. But this was to be only temporary.

WHAT NOW? LEARNING THE LESSONS OF A LONG HISTORY OF STRUGGLE


The current protests are the biggest since September 1977, when a civic strike against the high costs of living, militarization and repression, and depressed salaries was violently repressed by the state. The 1978 Security Statute significantly empowered the military and authorized martial courts for the opposition. Afterwards, para-state mechanisms of repressions — i.e., death squads — proliferated, and the hideous practice of forced disappearance commenced.

One sector of the left thought that an urban insurrection would merge imminently with the rural guerrilla movement — an interpretation that, although it proved to be wrong, was not completely baseless in light of the events in Nicaragua. Guerrilla cells multiplied as the Security Statute and the wholesale repression following the 1977 civic strike moved many left-wing militants to join armed struggle as they saw the space for democratic political opposition shrinking.

It is a well-known pattern in Colombia that popular mobilization leads to state repression, and repression leads to a growth in number and size of guerrilla movements. Urban centers remained, however, by and large, a difficult nut to crack for guerrillas. The traditional left-wing regarded the events as an opportunity to gather votes and as a sign of the people moving towards the left. However, they too would be disappointed after their poor electoral performance in 1978.

Where to now? As the number of guerrillas who reject the 2016 FARC-EP agreement with the government continues to grow, it is clear that under the current conditions, and given the government’s unwillingness to fulfill its duties as outlined in the peace agreement, there is a very real threat of renewed armed struggle in the countryside.

However, the urban centers have a completely different dynamic and the insurrectionary logic is not likely to bring about the changes expected by the vast majority of the population. Likewise, people in Colombia do not necessarily express their anger and frustration through the ballot box. Therefore, the conclusions from 1977 of both the insurrectionary left and of the traditional left are not applicable to the present.

Although it would be extremely unwise to dismiss the power of the far-right, of uribismo, it is clear that whatever legitimacy it had has been nullified in the eyes of most people. But, if a progressive alternative does not fill this vacuum, the doors will be opened for an authoritarian solution to the crisis of hegemony just as it happened in 1977–78. In this respect, Martínez of the CUT stated that,

We are trying to keep up with permanent actions […] this 21st was a magnificent display of fighting spirit. There were cacerolazos all across the country […] So repression will likely get worse, because we have a far-right government. But people are not taking it anymore, but without a clear direction people don’t know where to go, what’s going to happen and we need to be prepared.


Given the past experience, it would also be unwise to rely on the ballot box for an appropriate response to this crisis. The fighting spirit of the people needs to be organized independently, around their most immediate demands: committees for pensioners, for the youth, for women, for the myriad of demands. They need to be organized to exercise pressure and engage in direct action — what was fought out on the streets needs to be won on the streets. They also need to act as one, and no particular sector should engage separately in negotiations as happened in 2014; unity is key.

The labor movement needs to be strong and lead by example. Vis-à-vis the scale of the moral crisis of the political establishment, there is a need for the people to constitute power from below. Talking to ROAR, an activist from the working-class quarters of Cali remarked that,

Things are heating up. People now believe that this can actually change. But we need to be firm and demand that Duque resigns at once. We do not have nothing to negotiate with him. Why should we? He never keeps his promises, he will only use negotiations as a diversion, so people sign up agreement they will never fulfill. This government has to fall.


This warning becomes relevant now that the government is calling for a national dialogue, in all likelihood to wear down the movement. Agrarian activist from Putumayo explained, “We have always held that this is a mafia state, but then whenever we are called to sit down with them for a coffee, we run to their presence and thus we legitimate it. We need to be more coherent than that.

Martínez, of the CUT, also emphasized,

On Tuesday, [November] 26, the Executive Committee of the civic strike will reach a decision on the proposal. The government is talking of a national agreement with the demagogues, not really with the people’s organizations. We don’t need any more promises. They know our demands: social welfare, labor rights. Dialogue, for the government, is a way to end up imposing their own views, we should not be naive about this.


The latest Colombian crisis is far from resolved. The challenge for the popular sectors consist of keeping the momentum, turning anger into organization, slogans into concrete proposals to be fought and won on the streets and to remain united and avoid fragmentation.

At the same time, pointless negotiations designed as strategies of attrition need to be avoided, and the same goes for provocations that try to put segments of the people against one another. A wave of agrarian unrest is in the making for next year, when it will hopefully merge with this new generation of urban rebels who learned their lessons the hard way. Then, the chance to give a mortal blow to the far-right will be at hand. If Colombia’s oligarchy really thinks this is just a passing mood to be smashed through deception and repression, they have another thing coming.

José Antonio Gutiérrez D.
26 November, 2019

vénézuela / colombie / luttes dans la communauté / opinion / analyse Friday November 29, 2019 02:07 byJosé Antonio Gutiérrez D.

La grève nationale du 21 novembre en Colombie, qui a vu des centaines de milliers, sinon des millions de personnes, occuper les rues et défier la répression et le couvre-feu sur tout le territoire, constitue sans aucun doute une des mobilisations les plus importantes de ces dernières décennies. Elle est remarquable non seulement par son caractère massif, mais en outre par son protagoniste : les secteurs populaires urbains, qui ne s’étaient plus mobilisés ainsi depuis la période de luttes des années 1970 et 1980. [Castellano]


Réflexions à chaud sur la grève nationale en Colombie

La grève nationale du 21 novembre en Colombie, qui a vu des centaines de milliers, sinon des millions de personnes, occuper les rues et défier la répression et le couvre-feu sur tout le territoire, constitue sans aucun doute une des mobilisations les plus importantes de ces dernières décennies. Elle est remarquable non seulement par son caractère massif, mais en outre par son protagoniste : les secteurs populaires urbains, qui ne s’étaient plus mobilisés ainsi depuis la période de luttes des années 1970 et 1980.

Après des décennies pendant lesquelles l’axe des luttes populaires en Colombie se trouvait dans le secteur rural (paysans et indigènes, essentiellement), les secteurs urbains prennent enfin massivement la direction des luttes contre le régime. Ce processus n’aurait pas été possible sans deux conditions : un sentiment de malaise généralisé dans la population, et une force organisationnelle capable de mobiliser pour cette lutte et de la soutenir. Dans ce sens, le Comité National de Grève est une instance clé ; et, dans le comité, il faut reconnaître le rôle de premier plan joué par la CUT (Centrale unitaire des travailleurs) en tant qu’expression la plus aguerrie de la classe laborieuse colombienne.

Il est inutile de préciser que les processus populaires urbains d’antan furent dans une grande mesure détruite au moyen du terrorisme d’Etat et ses tentacules paramilitaires. L’héritage funeste de la grève civique de 1977, ce fut le Statut de Sécurité, avec ses conseils de guerre oraux, des pratiques comme la disparition forcée (on fit disparaître Omaira Montoya à Medellin une semaine avant la grève du 14 septembre, et, depuis, cette pratique n’a pas cessé), et, finalement, la création et la prolifération d’appareils répressifs paraétatiques qui ont remplacé les appareils de répression officiels comme instruments principaux de la terreur. Ce n’est pas par hasard qu’aujourd’hui, dans les marches, on entend crier en chœur qu’on a déjà tout enlevé au peuple colombien, y compris la peur. Dans un pays où 66% de la population vit dans les villes, la réorganisation du mouvement urbain est un fait stratégique, d’une importance incalculable pour tout projet de transformation sociale.

Défi collectif contre la terreur

C’est justement cette disparition de la peur, cette lassitude généralisée qui ont permis au peuple colombien de défier et d’affronter la répression de façon franchement héroïque. Les violations de domicile, les menaces et les montages n’ont pas réussi à faire peur au peuple. Le couvre-feu et la militarisation ont été massivement ignorés, les concerts de casseroles et même les fêtes de rue réalisées en défi ouvert à une autorité que plus personne ne considère comme légitime. La résistance populaire a affronté la violence d’État à un prix élevé. Dès le premier jour de protestation, on comptait trois morts dans la Vallée du Cauca (deux à Buenaventura, un à Candelaria) ; aujourd’hui, nous ne connaissons pas avec certitude le nombre de morts, mais il continue à augmenter. L’étudiant de Bogota Dylan Cruz, 18 ans, est devenu un cas emblématique, quand les chiens enragés de l’ESMAD, la redoutable police anti-émeutes colombienne, lui ont tiré une balle à la tête par derrière, de la façon la plus lâche [il est mort à l’hôpital le 25 novembre, NdE]. Et pourtant, le peuple ne s’est pas laissé effrayer. Nuit après nuit, on a défié la répression et le couvre-feu. Les habitants ont démontré à l’Etat que les maîtres de leurs quartiers, ce sont eux, et non 4 000 soldats dans leurs véhicules blindés. Le peuple est enragé mais aussi joyeux ; l’establishment colombien est effrayé et réagit avec violence. Il est incroyable que Duque ait voulu, il y a à peine quelques mois, donner des leçons de droits humains au Vénézuélien Maduro !

On a voulu transformer l’indignation du peuple colombien en peur. Non seulement peur de la répression, mais peur de son voisin. Les macabres rumeurs qu’on a fait circuler dès le vendredi sur les réseaux sociaux, annonçant l’arrivée du loup –des vandales des quartiers périphériques allaient attaquer les maisons de la classe moyenne – font partie d’une guerre psychologique qui s’ajoute à cette guerre sale que le gouvernement de Duque a déclarée au peuple colombien. Ces annonces, qui ne relevaient que d’une stratégie de la panique, ne se sont pas matérialisées, mais elles ont eu pour effet que, dans certains quartiers, les gens ont cessé de protester pour se changer en vigiles. Il est certain que, dans toute protestation de masse, il y a des saccages : il en est ainsi de tout temps et dans tous les pays. Mais jamais, ou très rarement, on ne saccage des maisons : les saccages se produisent en général contre des magasins ou des supermarchés, là où se trouve la marchandise, et où il n’y a pas de risque d’affrontements. C’est pourquoi, quand on a commencé à parler d’attaques contre des ensembles résidentiels, j’ai trouvé cela si bizarre. Tout cela n’avait pour but que de détourner l’attention de la protestation, provoquer de la peur et peut-être même générer de la violence parmi les gens modestes, épargnant à la police et à l’armée le travail de casser des têtes. Ce n’est pas un hasard si les groupes de vigiles qui ont surgi “spontanément” face à ces prétendus saccages, comme “Défendons Bogota” ou “Résistance Civile Anti-émeutes” n’étaient que des façades pour des groupes de choc paramilitaroïdes uribistes [partisans de l’ancien président Úribe].

Ces stratégies terroristes ne sont pas nouvelles. Il est bien connu que des agents de l’Etat ont infiltré les protestations pour provoquer des excès et générer de la violence gratuite. Des dirigeants de la fédération syndicale de l’enseignement FECODE ont dit avoir isolé quelques-uns de ces individus dans les manifestations. Dans le passé, les conservateurs libéraient les pires criminels pour les utiliser comme hommes de main ; quand on interrogea le Condor Lozano [chef de bandes paramilitaires pendant la Violencia des années 1950, NdE] sur cette pratique, il répondit par cette célèbre phrase : « le seul crime, c’est de s’opposer au gouvernement ; tout le reste, c’est des conneries ». Les montages des agents d'(in)sécurité de l’Etat ont été révélés par Juan Gossaín quand il a rendu publics de nombreux documents du DAS [Département administratif de sécurité, remplacé par (ou renommé) Direction nationale du renseignement (DNI) en 2011 par Úribe, NdT] où on indiquait quelques-unes des pratiques utilisées lors d’opérations contre l’opposition à Úribe : sabotage, terrorisme, menaces, explosifs, pression, dénigrement, etc. C’est eux-mêmes qui utilisaient ces termes dans leurs documents de renseignement (1). Si, dans le passé, ils se sont servis de ces moyens, il n’est pas étonnant qu’ils utilisent aujourd’hui ce mélange de guerre sale et de guerre psychologique pour faire face à la protestation légitime du peuple. Heureusement, les gens ont réagi à temps et ne se sont pas laissé monter les uns contre les autres en un affrontement fratricide. Le peuple colombien comprend très bien que son ennemi n’est pas dans le quartier voisin.

Une colère qui grandit depuis de nombreuses années

Même s’il est judicieux de comprendre les événements colombiens depuis la perspective des révoltes anti-néolibérales qui ont secoué l’Équateur, Haïti et le Chili, il est certain que ces protestations sont aussi le fruit d’un processus d’accumulation d’une dizaine d’années propre au pays. Depuis la grève des coupeurs de canne à sucre dans la Vallée du Cauca en 2008, en passant par la minga [assemblée indigène], et les protestations et grèves paysannes, le peuple colombien a construit un riche legs de résistances qui se trouvent à la base de le grève actuelle. Il faut ajouter à ces expériences celles, locales, de centaines de grèves de travailleurs à la même époque, avec des niveaux divers de combativité, comme les protestations environnementales, dont l’importance réside justement dans le fait qu’elles ont servi de passerelle entre le monde rural et le monde urbain. Je crois qu’on n’a pas tout à fait compris cet aspect des protestations contre les méga-exploitations minières et l’extractivisme, dont l’exemple le plus clair a été la gigantesque bataille de la population de Tolima contre la Coloso et l’Anglo Gold Ashanti, dans laquelle campagne et ville se sont unies en une même lutte. Autre jalon décisif dans cette unité : la grève agraire de 2013, qui a aussi permis l’union de ces deux mondes en protestation contre le modèle de sous-développement imposé par l’Etat.

Cette lutte est un pas de plus dans un processus qui va se prolonger. Étant donné l’état d’esprit du peuple colombien et la maladresse d’un président qui s’est montré très efficace pour détruire des accords de paix et pour massacrer des enfants, mais totalement incapable de réduire le chômage, il paraît peu probable que Duque puisse terminer les trois années de mandat qui lui restent. Malgré ses appels tardifs au dialogue national, après un an d’autisme absolu, les gens n’avalent plus ses histoires. Les organisations ne s’assoiront pas facilement à la table des négociations avec un président expert en annulation des accords passés et en signatures d’engagements sans intention de les tenir.

Les défis à relever

Il reste plusieurs défis pour le mouvement populaire : le premier, c’est de transformer la rage en organisation. Sans organisation, il n’y a rien. Cela veut dire renforcer les syndicats, former des comités d’étudiants, de retraités, de femmes, de tous ceux qui ont une raison de protester et quelque chose à exiger. La gauche a longtemps mené des stratégies populistes par lesquelles on essaie de transformer le mécontentement en votes. L’expérience colombienne prouve que ce processus ne fonctionne pas de façon mécanique. En 1978, le malaise exprimé par la grève de 1977 ne s’est pas transformé en votes pour la gauche. En 2014 non plus, le malaise exprimé par la grève agraire de 2013 ne s’est pas traduit en votes. L’électoralisme et les luttes populaires suivent des dynamiques différentes. Les batailles de rue doivent se gagner dans la rue. Si on ne veut pas perdre ce legs immense, il faut organiser ce peuple non pas en tant qu’électeurs individuels, mais en fonction de ses demandes concrètes et de sa capacité de pression collective. L’action directe est toujours un mécanisme fondamental pour avancer dans les luttes populaires.

Le second est la capacité à entretenir la mobilisation populaire et parvenir à la convergence de divers secteurs. Cela exige de trouver des mécanismes divers qui permettent à différents acteurs de participer au mécontentement collectif et de s’exprimer. Marches, concerts de casseroles, fêtes, et même groupes de yoga occupant les rues, ici, tout est bon lorsqu’il s’agit de montrer qu’il y a un peuple disposé à se faire entendre selon ses propres termes. C’est ce pluralisme tactique qui permettra de garder la mobilisation vive et fraîche. C’est important dans la perspective de la chronologie : dans l’année qui vient, des mobilisations agraires s’annoncent dans tout le pays, et, pour obtenir les changements structuraux, systémiques, de fond, que demandent les classes populaires colombiennes, la convergence de la résistance paysanne avec celle des secteurs urbains sera un facteur décisif. Cette convergence s’est rarement produite dans l’histoire colombienne.

Un troisième défi, c’est de conserver l’unité du mouvement. Il ne faut sous aucun prétexte casser le Comité National de Grève. Traditionnellement, l’oligarchie a utilisé la stratégie du diviser pour régner afin de dominer le peuple, et elle a réussi dans l’application de cette politique. Il suffit pour s’en convaincre de penser à la grève agraire de 2013, une puissante mobilisation qui a fini fragmentée en plusieurs tables de négociation divisées par régions et même par secteurs d’activité. À la fin des négociations, même le collectif paysan s’était dissous pour laisser place à des groupes malléables, comme les producteurs de pommes de terre, de café, d’oignons, les éleveurs laitiers, etc. Tous divisés de plus par régions, départements ou communes. C’est ainsi que toute cette force s’est dispersée et que le mouvement a été contenu. Ce mouvement passa les deux années suivantes à lutter, non pas contre le modèle, mais pour l’accès à des projets de production qui ne servirent même pas à améliorer la situation des campagnes. Il faut apprendre qu’ici on ne peut mettre l’unité en danger sous aucun prétexte. L’étudiant, l’enseignant, la maîtresse de maison, la travailleuse, le paysan, la retraitée, tous ont exactement les mêmes problèmes dans ce modèle économique.

Le dernier défi, c’est justement de transformer les revendications ponctuelles en une proposition de modèle alternatif, capable de modifier les fondements qui font que, dans un pays riche, la majorité doive survivre au prix de toute sorte d’acrobaties, tandis qu’une infime minorité vit dans une richesse obscène. Ici, les slogans ne suffisent pas, il est indispensable de penser à des propositions concrètes permettant de dépasser progressivement ce capitalisme qui dévore aujourd’hui les entrailles du pays, qui déforeste l’Amazonie, qui assèche les páramos [biotopes néotropicaux de la Cordillère des Andes, NdE], qui ne garantit pas d’avenir à l’immense majorité des Colombiens. Il ne peut plus s’agir de continuer à légitimer, au moyen de négociations, un État et un modèle incapables de donner des réponses à la hauteur de la crise que nous vivons. L’initiative, aujourd’hui, repose sur le camp populaire. Espérons que les processus organisationnels sauront maintenir cette initiative dans les jours et mois à venir.

José Antonio Gutiérrez D.
24/11/2019


Note

(1) Pour rafraîchir la mémoire, j’ai écrit article sur l’allocution de Juan Gossaín, qui est transcrite https://www.anarkismo.net/article/16405

venezuela / colombia / community struggles / opinión / análisis Monday November 25, 2019 16:07 byJosé Antonio Gutiérrez D.

Aunque sea acertado entender los sucesos de Colombia desde la perspectiva de las revueltas anti-neoliberales que han sacudido a Ecuador, Haití y a Chile, lo cierto es que estas protestas son también fruto de un proceso de acumulación doméstico de una década. [Français]


Reflexiones en caliente sobre el paro cívico en Colombia

El reciente paro cívico, que ha visto a cientos de miles, sino a millones de personas tomarse las calles y desafiar la represión y el toque de queda en todo el territorio colombiano, representa, sin lugar a dudas una de las movilizaciones más importantes de las últimas décadas. Notable no sólo por su masividad, sino además por el sujeto convocado: los sectores populares urbanos, que no se habían movilizado de esta manera desde el período de luchas de las décadas de 1970-1980. Después de décadas en que el eje de las luchas populares en Colombia ha estado en el sector rural (campesinos e indígenas, fundamentalmente), los sectores urbanos por fin asumen masivamente el liderazgo en las luchas contra el régimen. Este proceso no hubiera sido posible sin dos condiciones: un sentimiento de malestar generalizado en la población, y una fuerza organizativa con capacidad de convocar y sostener esta lucha. En este sentido, el Comité Nacional del Paro es una instancia clave; y dentro del comité, debe reconocerse el papel protagónico que ha tenido la CUT como la expresión más aguerrida de la clase trabajadora colombiana.

Huelga aclarar que los procesos populares urbanos de antaño fueron en gran medida destruidos mediante el terrorismo de Estado y sus tentáculos paramilitares. Los legados siniestros del paro cívico de 1977 fueron el Estatuto de Seguridad, con sus consejos de guerra verbales; prácticas como la desaparición forzada (Omaira Montoya fue desaparecida una semana antes del paro, y de ahí esta práctica no paró); y por último, mediante la proliferación de aparatos represivos paraestatales que desplazaron a los aparatos de represión oficiales, como principales herramientas de terror. No es casual que hoy se escucha a coro en las marchas que al pueblo colombiano ya le han quitado todo: hasta el miedo. En un país donde el 66% de la población vive en las ciudades, la recomposición del movimiento urbano es un hecho estratégico, de una importancia incalculable para cualquier proyecto de transformación social.

Desafío colectivo contra el terror

Precisamente por esa pérdida de miedo, por ese hastío generalizado, el pueblo colombiano ha sido capaz de desafiar y enfrentar la represión de manera francamente heroica. Los allanamientos, las amenazas, y los montajes no lograron amedrentar al pueblo. El toque de queda y la militarización han sido ignorados en masa, los cacerolazos y hasta las fiestas callejeras hechos en abierto desafío a una autoridad que nadie ya ve como legítima. La resistencia popular ha enfrentado la violencia popular a un precio elevado. Desde el primer día de protestas, se contaban tres muertos en el Valle del Cauca (dos en Buenaventura, uno en Candelaria); hoy no sabemos con certeza la cifra de muertos, pero siguen sumando. El estudiante bogotano Dilan Cruz se convirtió en un caso emblemático, cuando los perros hidrofóbicos del ESMAD, la temida policía anti-motines colombiana, le disparó en la cabeza por la espalda, de la manera más cobarde. Y sin embargo el pueblo no se ha dejado amedrentar. Noche tras noche se ha desafiado la represión y el toque de queda. Los vecinos le han demostrado al Estado que los dueños de sus barrios son ellos mismos, no 4000 soldados en sus tanquetas. El pueblo tiene rabia pero también alegría; el establecimiento colombiano está asustado y reacciona violento. ¡Increíble que Duque quisiera dar lecciones de derechos humanos al venezolano Maduro hace apenas unos meses!

La indignación del pueblo colombiano, la quisieron transformar en miedo. No sólo en miedo a la represión, sino que en miedo al vecino. Los macabros rumores que hicieron circular desde el viernes por las redes sociales, anunciando que venía el lobo –vándalos de barrios marginales a atracar las casas de la clase media- son parte de una guerra sicológica que se suma a esa guerra sucia que el gobierno de Duque ha declarado contra el pueblo colombiano. Estos anuncios fueron pura estrategia de pánico, que no se materializaron pero que hicieron que las personas en ciertos barrios dejaran de protestar para convertirse en vigilantes. Cierto es que en toda protesta masiva hay saqueos; eso es así en toda época y en todos los países. Pero nunca, o muy rara vez, esos saqueos son a casas; los saqueos por lo general se dan a tiendas o supermercados, que es donde está la mercancía y donde no hay riesgo de enfrentamientos. Por eso es que me sonó tan raro cuando empezaron a hablar de asaltos a conjuntos residenciales. Todo para desviar la atención de la protesta, generar miedo y quizás hasta generar violencia entre la gente de a pie, ahorrándole a la policía y al ejército la tarea de romper cabezas. No es casual que los grupos de vigilantes que surgieron “espontáneamente” ante estos supuestos saqueos, como “Defendamos a Bogotá” o “Resistencia Civil Antidisturbios”, no sean otra cosa que fachadas para grupos de choque filo-paracos uribistas.

Estas estrategias terroristas no son nuevas. Es sabido que agentes del Estado han infiltrado las protestas para causar desmanes e incitar violencia gratuita. Dirigentes de FECODE dijeron haber rodeado a algunos de estos personajes en las manifestaciones. En el pasado, los conservadores liberaban a los peores criminales para utilizarlos de pájaros y sicarios; cuando al Cóndor Lozano le preguntaron por esta práctica, respondió su famosa frase “el único crimen es oponerse al gobierno; lo demás son pendejadas”. Los montajes de los agentes de (in)seguridad del Estado fueron revelados por Juan Gossaín cuando reveló múltiples documentos del DAS en los cuales se daban a conocer algunas de las prácticas de diversas operaciones en contra de la oposición a Uribe: sabotaje, terrorismo, amenazas, explosivos, presión, desprestigio, etc. Estos términos los utilizaron ellos mismos en sus documentos de inteligencia [1] . Si han usado en el pasado estos medios, no es raro que utilizan esa mezcla de guerra sucia y guerra sicológica hoy para enfrentar la protesta legítima del pueblo. Afortunadamente, la gente reaccionó a tiempo y no permitió que los pusieran a unos contra otros en un enfrentamiento fratricida. El pueblo colombiano entiende muy bien que su enemigo no está en el barrio de al lado.

Un acumulado de muchos años

Aunque sea acertado entender los sucesos de Colombia desde la perspectiva de las revueltas anti-neoliberales que han sacudido a Ecuador, Haití y a Chile, lo cierto es que estas protestas son también fruto de un proceso de acumulación doméstico de una década. Desde la huelga de los corteros de caña en el Valle geográfico del Cauca en el 2008, pasando por la minga indígena, y las protestas y paros campesinos, el pueblo colombiano ha construido un rico legado de resistencias que están en la base del actual paro. A estas experiencias, debemos sumar las experiencias locales de cientos de huelgas de trabajadores en esta época, con diversos niveles de combatividad, así como las protestas ambientales, cuya importancia ha radicado, precisamente, en que sirvieron de puente entre el mundo rural y el mundo urbano. Creo que no se ha entendido del todo este aspecto de las protestas contra la mega-minería y el extractivismo, cuyo ejemplo más claro ha sido la monumental batalla del pueblo tolimense contra la Colosa y la Anglo Gold Ashanti, en el cual el campo y la ciudad se unieron en una misma lucha. Otro hito clave de esa unidad fue el paro agrario del 2013, que también permitió que estos dos mundos se unieran en protesta en contra del modelo de subdesarrollo impuesto desde el Estado.

Esta lucha es un paso más en un proceso que va para largo. Dado el estado de ánimo del pueblo colombiano, y dada la torpeza de un presidente que se ha mostrado muy eficiente para destruir acuerdos de paz y para masacrar niños, pero absolutamente incapaz para reducir el desempleo, parece poco probable que Duque pueda terminar los tres años de mandato que le quedan por delante. Pese a sus tardíos llamados al diálogo nacional, después de un año de autismo absoluto, la gente ya no le come cuento. Las organizaciones no se sentarán fácil a negociar con un presidente experto en desconocer sus acuerdos y en firmar compromisos para no cumplirlos. La demanda creciente que se escucha en las calles es la renuncia de Duque.

Los desafíos pendientes

Quedan varios desafíos para el movimiento popular: el primero es convertir la rabia en organización. Sin organización no hay nada. Eso significa fortalecer los sindicatos, significa formar comités de estudiantes, pensionados, mujeres, de todo el mundo que tenga algo que protestar y exigir. Por mucho tiempo la izquierda ha perseguido estrategias caudillistas mediante las cuales el descontento se busca convertir en votos. La experiencia colombiana demuestra que ese proceso no funciona de manera mecánica. En 1978, el malestar expresado en el paro cívico de 1977 no se convirtió en votos para la izquierda. En 2014 tampoco el malestar expresado en el paro agrario del 2013 se tradujo en votos. El electorerismo y las luchas populares tienen dinámicas diferentes. Lo que se lucha en la calle, se ha de ganar en la calle. Si no se quiere perder este acumulado inmenso, es necesario organizar a ese pueblo no como votantes individuales, sino que en función de sus demandas concretas y de su capacidad de presión colectiva. La acción directa sigue siendo un mecanismo fundamental para avanzar en las luchas populares.

El segundo es la capacidad para mantener la movilización popular y lograr la convergencia de diversos sectores. Esto requiere encontrar mecanismos diversos que permitan a diferentes actores participar del descontento colectivo y expresarse. Marchas, cacerolazos, fiestas, hasta grupos de yoga ocupando las calles, acá todo vale a la hora de mostrar que hay un pueblo que está dispuesto a hacerse sentir en sus propios términos. Este pluralismo táctico es el que permitirá mantener la movilización viva y fresca. Esto es importante en una perspectiva temporal: el año entrante se vienen movilizaciones agrarias en todo el país, y para lograr los cambios estructurales, sistémicos, de fondo, que las clases populares colombianas requieren, será clave que la resistencia de los campesinos con la de los sectores urbanos estén en convergencia. Esta convergencia rara vez se ha dado en la historia colombiana.

Un tercer desafío, es mantener la unidad del movimiento. Por ningún motivo se puede quebrar el Comité Nacional del Paro. La oligarquía, tradicionalmente, ha utilizado la estrategia de dividir y vencer para dominar al pueblo, y ha sido exitosa en aplicar esta política. Si no, basta ver el paro agrario del 2013, una formidable movilización que terminó fragmentada en varias mesas de negociación divididas por región y hasta pro rubro económico. Hasta el sujeto campesino se había disuelto al final de las movilizaciones para dar paso a sujetos maleables, como paperos, lecheros, cafeteros, cebolleros, etc. Todos divididos, además, por departamento, región, o municipio. Así toda esa fuerza de dispersó y el movimiento fue contenido. Los próximos dos años, este movimiento se la pasó peleando no contra el modelo, sino que peleando acceso a unos proyectos productivos que ni siquiera sirvieron de mejoral para la situación del campo. Eso hay que aprenderlo, que acá la unidad no se puede arriesgar por nada. El estudiante, el profesor, la dueña de casa, la trabajadora, el campesino, la pensionada, todos tienen exactamente los mismos problemas en este modelo económico.

El último desafío es, precisamente, convertir las demandas puntuales en una propuesta de modelo alternativa, que modifique las bases mediante las cuales en un país rico la mayoría deben sobrevivir con toda clase de malabares, mientras una minoría ínfima viven en una riqueza obscena. Acá las consignas no bastan y se requiere de pensar en propuestas concretas que permitan ir superando ese capitalismo que hoy devora las entrañas del país, que deforesta al Amazonas, que seca los páramos, que no le garantiza futuro a la inmensa mayoría de los colombianos. Ya no se puede tratar de seguir legitimando, mediante las negociaciones, a un Estado y a un modelo que son incapaces de generar respuestas a la altura de la crisis que se vive. La iniciativa, hoy, reposa en el campo popular. Esperemos que los procesos organizativos sepan mantener esta iniciativa en los próximos días y meses.

José Antonio Gutiérrez D.
24 de Noviembre, 2019


Nota

[1] Para refrescar la memoria, hay un artículo que escribí con vínculo a la alocución de Juan Gossaín, que está transcrita “Esto es un crimen monstruoso” DASpolítica y la fascistización de Colombia - Anarkismo.

venezuela / colombia / community struggles / opinión / análisis Saturday November 23, 2019 23:38 byViaLibre

La jornada de paro cívico nacional realizada hoy jueves 21 de noviembre ha sido un hecho de grandes proporciones históricas.


La jornada de paro cívico nacional realizada hoy jueves 21 de noviembre ha sido un hecho de grandes proporciones históricas. Como advertíamos en nuestro análisis previo, el gobierno de Iván Duque del Centro Democrático se encontraba a la defensiva política y ante una importante crisis de gobernabilidad. En esta situación el gobierno uribista, frente al llamado a paro, impulso entonces una campaña de terror contra la convocatoria que incluyo la amenaza de toque de queda y despliegue militar, expulsión arbitraria de extranjeros y cierre de fronteras terrestres, y más recientemente una ola de allanamientos y detenciones de activistas políticos.

Sin embargo, la apuesta gubernamental por la desmovilización fracaso y se generó una explosión social. La positiva influencia de las rebeliones populares de América Latina, especialmente de las luchas en Ecuador y Chile, así como los conflictos hoy en curso en el país como el paro nacional docente, la huelga parcial de las universidades públicas o el cese judicial, además de un conjunto de movilizaciones indígenas, feminista y ambientales, y el clima de hartazgo popular con el gobierno Duque, agravado por la propia campaña de miedo contra el paro, confluyeron para generar esta inédita situación política.

Una gran jornada de lucha conmovió Bogotá y buena parte del país por cerca de 16 horas. En la capital nacional, azotada por las lluvias, la actividad se organizó en cuatro grandes momentos: 1) Un primer momento de activistas con agitación callejera y pequeños bloqueos localizados en los portales de Transmilenio de Suba, Norte, 20 de julio y Sur, entre las 5:00 y las 7:00 am liderado por organizaciones barriales, que lograron un significativo impacto en la movilidad de la ciudad. 2) Un segundo momento de masas, liderado por el movimiento sindical, estudiantil y popular, con la gran marcha sobre el centro de la ciudad que registro fácilmente 300.000 personas movilizadas entre las 8:00 am y las 4:00 pm con enormes concentraciones de trabajadores de la educación, estatales y obreras del sector privado. En este mismo momento sumaron las movilizaciones de las universidades públicas y privadas articuladas en la Universidad Nacional, que convocaron unas 20.000 personas, y las marchas de organizaciones territoriales del sur occidente que confluyeron desde hasta 5 puntos distintos hasta congregar unas 10.000 personas. 3) Un tercer momento de ira juvenil localizada, que se extendió entre las 5:00 y las 7:00 pm, aunque con antecedentes y extensiones posteriores importantes, donde un sector de la juventud popular y universitaria se enfrentó masivamente con la fuerza disponible y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional en diferentes puntos de la ciudad como la Avenida 68 y después en la Universidad Nacional, la Plaza de Bolívar y luego todo el centro histórico de la ciudad, pero sobre todo el sector de Suba con la Avenida Cali, donde esta protesta se prolongó durante todo el día. 4) Un cuarto momento de solidaridad popular espontanea, que desde las 7:00 pm desarrollo cacerolazos masivos en barrios populares y aún de sectores medios y altos, con concentraciones y nuevas marchas por diversos puntos de la ciudad.

En esta jornadase han producido más de 300 movilizaciones en al menos 100 ciudades y regiones del país, que incluyen decenas de concentraciones simultaneas en las urbes más pobladas, en las que en total se han movilizado con facilidad más de un millón de personas. Al tiempo se ha producido tras la huelga parcial y la movilización masiva, choques entre sectores de los manifestantes y las fuerzas policiales en buena parte del país, así como más marginales fenómenos de saqueo. Las situaciones más dramáticas de represión se han dado en las ciudades de Cali, en donde se ha declarado el toque de queda y Manizales, donde se reportan heridos de gravedad por la represión policial.

La de hoy es una jornada de protesta popular masiva con elementos de huelga general, que toma por eje las grandes y medianas ciudades, con un inicial liderazgo sindical que luego se difumino en un más amplio y ecléctico estallido popular. La jornada ha entrado por mérito propio en la historia de las de abajo en el país. El 21 de noviembre abre una ola de rebeldía política cuyo desenlace está abierto. El reto de las militantes anarquistas y el movimiento popular en general, es ayudar a convertir la justa rabia que hoy se desborda en las calle, en organización y victoria popular.

¡Viva el Paro Nacional del 21 de noviembre!

¡Arriba las que luchan!

Grupo Libertario Vía Libre

Desde las calles de Bogotá

21 de noviembre de 2019

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