La expansión del Covid 19 y sus nuevas cepas viene generando estragos en nuestro continente. Miles de muertos por día, especialmente de las clases populares. Ya sea en aquellos países como Brasil donde se desarrolla un genocidio por la inacción del Estado y el gobierno de Bolsonaro, o aquellos más liberales, no se aprecian medidas efectivas en el cuidado de la salud, pero mucho menos en materia de las necesidades sociales. El hambre, el desempleo, la precariedad, se han incrementado con esta crisis económico -sanitaria que se despliega. Todo parece indicar que la situación irá empeorando y que seremos otra vez los de abajo los que pagaremos los platos rotos de la fiesta de los de arriba.
ANÁLISIS DE COYUNTURA: AMÉRICA LATINA HOY
COVID Y NUEVO CICLO DE LUCHAS
La expansión del Covid 19 y sus nuevas cepas viene generando estragos en nuestro continente. Miles de muertos por día, especialmente de las clases populares. Ya sea en aquellos países como Brasil donde se desarrolla un genocidio por la inacción del Estado y el gobierno de Bolsonaro, o aquellos más liberales, no se aprecian medidas efectivas en el cuidado de la salud, pero mucho menos en materia de las necesidades sociales. El hambre, el desempleo, la precariedad, se han incrementado con esta crisis económico -sanitaria que se despliega. Todo parece indicar que la situación irá empeorando y que seremos otra vez los de abajo los que pagaremos los platos rotos de la fiesta de los de arriba.
Sin embargo, más allá del miedo al contagio y las medidas de restricción que se han impuesto país a país, los pueblos han estado en la calle. Desde el inicio de la pandemia se dieron movilizaciones en Colombia contra el hambre y por la ayuda mutua entre los de abajo con el fenómeno de los «trapos rojos». También se desarrollaron nuevas movilizaciones en Ecuador y Chile, en este último país a pesar del proceso constituyente que ha desviado la lucha de las calles a las urnas y con perspectivas parlamentarias. Por supuesto la respuesta de Piñera nuevamente fue la brutal represión y detención de numerosos manifestantes, haciendo gala de ser uno de los países con mayor cantidad de presos políticos del continente.
La inestabilidad política se ha convertido en una característica de esta etapa en América Latina junto con una presencia masiva de pueblos en la calle, con estallidos y manifestaciones potentes, que lejos están de ser puntuales. Hay una etapa abierta en el continente.
En El Salvador el pueblo ganó las calles e incendió el Ministerio de Hacienda ante los fuertes recortes presupuestales y política de ajuste del gobierno de Nayib Bukele. En Costa Rica y Guatemala los pueblos se movilizan en fecha más reciente por sentidos reclamos sociales y derechos.
También en Perú y Bolivia hubo pueblo en las calles y rutas enfrentando golpes de Estado. La movilización popular en Bolivia generó la salida de Jeannine Añez; por más que se haya realizado a través de elecciones, fue el pueblo en la calle el que desbordó y abrió la posibilidad de la salida de los fascistas del gobierno. Y está claro que por más juicios que haya no está resuelto el problema del poder en Bolivia: las clases dominantes blancas, fascistas y reaccionarias siguen ahí agazapadas esperando dar el zarpazo y se evidencia una creciente polarización política a nivel social.
En Perú la movilización fue de tono combativo contra un nuevo golpe de tipo parlamentario o «blando». Pasaron tres presidentes en este período que no finalizaron mandato. Esta situación desemboca en lo que hoy vivimos como una fuerte movilización popular contra las intenciones de vuelta del fujimorismo, que tuvo como resultados el ascenso de Pedro Castillo al gobierno, pero que de fondo puede trascender y rebasa cualquier iniciativa electoralista.
En Brasil, la movilización popular ha menguado en todo este período, pero algo se ha hecho, el pueblo no está dormido. Lo cierto es que existe una fuerte inestabilidad política, donde los militares ganan terreno día a día y no se sabe con exactitud qué ocurrirá. Incluso hay rumores de «Estado de Sitio» o de golpe de Estado directamente.
Argentina y Uruguay
En
Argentina el contexto, por un lado, muestra la falta de criterio y el titubeo del Gobierno de Alberto Fernández. Esto se evidencia en las decenas de miles de infectados por día, récord de muertes, una centralización de la agenda sanitaria, y la imposición de toques de queda y restricciones, trasladando la responsabilidad de la crisis sanitaria a la juventud y las reuniones sociales. Todo esto al mismo tiempo que el transporte público, fábricas y demás lugares de trabajo se encuentran abarrotados de personas, exponiendo una priorización de los intereses empresariales por sobre la salud de los/as trabajadores/as. Por el otro lado, vemos una oposición electoralista reaccionaria y anti- derechos, que curiosamente habla de “libertades”, bregando en los hechos por la protección de los intereses empresariales. Las exiguas expresiones de lucha social, sin embargo, vienen resultando insuficientes para volver a poner al pueblo como protagonista de una resistencia, tarea que nos tendrá ocupados en el corto-mediano plazo.
La inestabilidad política se ha convertido en una característica de esta etapa en América Latina junto con una presencia masiva de pueblos en la calle, con estallidos y manifestaciones potentes, que lejos están de ser puntuales. Hay una etapa abierta en el continente.
En el caso de Uruguay la conducción mayoritaria del movimiento popular jugó a la contención de la movilización durante la pandemia. No se celebró el 1 de Mayo, excepto por la histórica Columna Cerro – Teja, y no se convocó mayormente a medidas de lucha. La estrategia estuvo centrada en la recolección de firmas para plebiscitar la Ley de Urgente Consideración. Se alcanzó el mínimo necesario de firmas, sobrepasando su número, y ello generó un levante del estado de ánimo popular. Producto de ello, y del inicio de las discusiones salariales y la ofensiva patronal, se desarrollaron importantes conflictos en la pesca (huelga que finalizó victoriosa), conflictos en diversos centros de trabajo (caso del sector frigorífico) y diversas movilizaciones de trabajadores estatales y privados.
Si bien la vacunación contra el Covid ha alcanzado a un importante porcentaje de la población ya ha descendido la mortalidad, el ajuste económico y represivo que se viene aplicando está siendo duro. Los precios de los combustibles se reajustan mensualmente y el objetivo es privatizar el sector y la refinería estatal.
Haití y Paraguay
La lucha del pueblo haitiano contra las diversas dictaduras y la intervención imperialista es de larga data. Lucha fuerte, que moviliza a millones de personas en las calles, ha tenido otro importante crecimiento este año, luego de que Juvenal Möise, quien había disuelto el parlamento, extendido ilegalmente su mandato presidencial y postergado indefinidamente las elecciones y de hecho convirtiéndose en dictador. El dictador fue asesinado por una oscura operación, por un grupo de mercenarios mayoritariamente colombianos, antiguos militares en activo, vinculados a las fuerzas paramilitares y al uribismo, contratados por una empresa venezolana en Miami y financiada por empresarios haitianos, con clara articulación desde el norte imperial. El pueblo haitiano continúa resistiendo, pero es notoria la necesidad de una profundización de la lucha para abrir un proceso que permita avanzar en el camino de la construcción de Poder Popular.
Por su parte, el pueblo paraguayo logró tomar las calles y protagonizar un rechazo al desmanejo de Mario Abdo, expresado en el agravamiento de la crisis social, en la saturación de las camas de terapia intensiva y en números estremecedores de muertes por Covid. Esto se suma a la situación estructural en Paraguay, con una administración corrupta que gobierna de la mano del narco-poder de Horacio Cartes. Todo esto ha desatado la indignación y furia popular, observado en los incendios de varios locales del Partido Colorado (ANR) y el Palacio de Justicia. Inclusive el movimiento campesino ha llegado a Asunción ocupando plazas y espacios públicos, y los grupos indígenas salieron a las rutas a expresar la bronca. Todos al grito de «Fuera Marito».
Como respuesta, el Gobierno arremetió con represión y encarcelamiento de militantes del campo popular, que lograron ser liberados fruto de la presión popular.
Chile y Colombia: revueltas y presencia popular
En la región chilena los efectos de la revuelta social y de la pandemia siguen profundizando una crisis social, económica y política marcada por la profundización del Estado de excepción permanente. Durante varias semanas la agenda electoral (elecciones de constituyentes, alcaldes y primarias presidenciales) se ha tomado la coyuntura. La baja participación marcada por el descrédito generalizado hacia los partidos políticos que han administrado el poder estatal en las últimas décadas, el retroceso de la derecha y la social democracia y una supuesta “izquierdización” en la sociedad (alta votación del Partido Comunista, el Frente Amplio y la naciente Lista del pueblo), marcan este proceso.
Este proceso de “izquierdización” no existe tal y como se plantea a nivel institucional, más bien el electorado representa con esta votación una voluntad de cambios, al ratificar que estos no llegarán por la vía de la derecha y la centro-izquierda. El voto -por lo tanto- se dirige a las fuerzas de izquierda como manifestación de aquellas transformaciones posibles.
Si bien comprendemos que lo electoral es un elemento necesario de analizar, nuestras preocupaciones y caminos también van por otra senda. Hemos visto cómo todo este Proceso Restituyente y la Pandemia han obstaculizado el desarrollo de la protesta social, y como castigo ha hecho que nuestra clase esté acorralada entre la pobreza, las deudas y respiradores artificiales, generando un silencio incómodo.
Para nosotros y nosotras, la Revuelta Social iniciada en octubre del 2019 no es algo lineal, sino más bien un proceso contradictorio, de avance y retroceso, de ofensiva y repliegue. Por ello, en estos momentos en que la protesta social es débil y que se fortalece la acción institucional, se hace fundamental recuperar la presencia en las calles, pero no en un sentido estético o simbólico, sino a partir del fortalecimiento de las organizaciones populares y territoriales, las cuales deben aumentar los niveles de diálogo y coordinación, para así ir construyendo acuerdos programáticos y tácticos, agitados a partir de la movilización y la acción directa. El movimiento popular de la región chilena requiere un plan de lucha de los sectores revolucionarios, anticapitalistas y antiautoritarios, en donde la liberación de los presos y presas políticos, el freno de proyectos extractivistas y la derogación de las leyes represivas, junto con la gestión comunitaria de los derechos sociales, sean algunos de los ejes reivindicativos que unan en el discurso, pero también en la acción.
Es preocupante la insostenible situación de los presos y presas políticos: castigos y traslados, sumado al propio encierro, tienen a diversos/as compañeros/as en una situación crítica. Muchos llevan más de un año encarcelados, sin juicio y sin pruebas, siendo claro las reales intenciones del Estado, en cuanto a castigar la lucha y la organización. Por esto hacemos un llamado a la solidaridad internacional para conseguir su libertad.
En el caso de Colombia analizaremos aspectos como la salud pública, la situación económica, el momento político, los derechos humanos y el conflicto armado, así como el paro nacional del 28 de abril y el desarrollo de otras luchas sociales.
En materia de salud pública, el país es uno de los que peor han manejado la pandemia del coronavirus y la crisis socio sanitaria a nivel mundial. Superando las 125.890 muertes confirmadas y los 4´940.000 casos por Covid-19 para el 20 de septiembre, Colombia es el décimo estado con más muertes y casos registrados en el mundo, así como el cuarto con más fatalidades de América Latina.
La política de salud gubernamental, tras un inicio lento y salpicado de denuncias de corrupción, aumento el ritmo de la vacunación bajo un modelo de alianza público-privada, llegando con el 32% de la población y el número de 16.1 millones de personas completamente vacunadas, aunque persisten importantes carencias en el rastreo y la prevención de casos, desigualdades económicas y regionales y un gran problema de suministro de segunda dosis de vacunas.
En el terreno de la situación económica, el país experimentó una recuperación desigual de su actividad productiva con un crecimiento del 9.4% en los primeros siete meses del año, tras la honda crisis de 2020, con una reactivación más rápida en el comercio y los servicios, que superaron los porcentajes de actividad anteriores a la pandemia, y más lenta en otros sectores como el empleo, pues la desocupación ronda el 14.3% en julio y 3.4 millones de personas sin trabajo, que se agrava notablemente en el caso de las mujeres que llegan al 18.8% y la población joven que llega al 23.3%. Desde el mes de mayo se presentó en pleno pico de la tercera ola de la pandemia, una reapertura rápida y descontrolada de muchas actividades económicas, lo que genero imágenes de transportes, oficinas y sitios de ocios atestados.
Una parte clave de la política gubernamental pasaba por la política de ajuste condensada en la Reforma Tributaria, con la que se esperaba recaudar hasta 35 billones de pesos y superar al agravamiento del déficit fiscal y el aumento de la deuda externa. Sin embargo, el gobierno se vio en la necesidad de retirar su proyecto como resultado del histórico paro nacional, que además llevó a la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Sin embargo, tres meses después la administración uribista adelanto una pequeña reforma tributaria, que aumenta parcialmente el gravamen sobre las empresas, con la que espera recaudar 15 billones de pesos.
En materia política en el tercer año del gobierno de Iván Duque del Centro Democrático, la administración ultraconservadora mantiene niveles históricamente bajos de apoyo y popularidad, con un 75% de desaprobación. Sin embargo, la coalición de gobierno liderada por el Centro Democrático e integrada por fuerzas neoconservadoras como el Partido Conservador y el Partido de la U, los cristianos fundamentalistas de MIRA y Colombia Justa-Libres y los camaleones de la Alianza Social Independiente, mantiene gracias a sus alianzas con otras fuerzas su mayoría en el legislativo y el poder regional, así como el apoyo de una parte importante de la gran prensa y su fuerte alianza con la patronal reunida en el Consejo Gremial Nacional, alineada con Duque en su agenda neoliberal y de represión a la protesta.
Tras el paro nacional, el gobierno mostró grietas internas con los sectores más duros del uribismo, por lo que impuso un giro que profundizó su dirección derechista, con una agenda de seguridad con políticas como la intervención militar en Bogotá y Barranquilla para afrontar la supuesta crisis de inseguridad urbana y una opción de impunidad de los crímenes oficiales.
En lo relativo a la situación de derechos humanos, el asesinato de lideres y lideresas sociales, especialmente rurales, ambientales y étnicos, continuo y ya se registran 116 homicidios en lo que va del año, contra estos activistas en 2021 según Indepaz. Por otro lado, proyectos claves del Acuerdo de Paz suscritos entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, siguen bloqueados, especialmente en materia de restitución de tierras para las víctimas que en 5 años ha ejecutado un 3% de lo pactado.
Además, en el terreno del conflicto armado, aumentan la intensidad de los fenómenos de desplazamientos forzados de población campesina y negra en regiones como Antioquia y el Pacifico, por el incremento de la confrontación armada entre grupos paramilitares y la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias armadas de la FARC con hasta 45.000 desplazados en el primer semestre del año según la Defensoría del Pueblo. También se presentó una crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolano, por los choques en las regiones de Arauca y Apure entre el sector de las disidencias de la FARC lideradas por Gentil Duarte y la Guardia Venezolana, con mucha afectación para las comunidades de la región.
Por otra parte, en un hecho histórico para las luchas sociales del país, se desarrolló el paro nacional del 28 de abril, que inició unas jornadas de protesta nacional con masivas movilizaciones y bloqueos hasta en 800 poblaciones, que se extendieron al menos durante mayo, junio y julio, con eje en Cali y el sur occidente del país. Las protestas que se saldaron con al menos 80 víctimas mortales por la represión estatal y para estatal hasta el mes de julio según Indepaz, constituyen un importante hito histórico, suponiendo una parcial superación de las grandes jornadas de protesta de noviembre-diciembre de 2019, con una magnitud similar a las del cívico nacional del 14 de septiembre de 1977.
En materia de otras luchas sociales, se desarrolla la movilización de las docentes estatales contra el retorno a clase presenciales sin condiciones de bioseguridad, que llevan a la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) de Bogotá, ante la inacción frente al aumento de casos de contagios. También se presentaron en junio bloqueos de vías por parte de las obreras del carbón del Cerrejón despedidas tras la larga y victoriosa huelga del año pasado, así como una huelga de hambre de trabajadoras despedidos de Nutresa en Cúcuta contra la tercerización y de los empleados públicos de la alcaldía de Sabanalarga por sus pliegos de exigencias. Además, se registran movilizaciones de las trabajadoras del reciclaje urbano por pagos de recursos adeudados por el Estado en Bogotá, de los indígenas wayuu de la Guajira reclamando por compensaciones ambientales por la actividad minera y de estudiantes de universidades públicas por democracia universitaria en instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional.
Brasil
En
Brasil, las recientes protestas en oposición al gobierno genocida de Jair Bolsonaro abre un nuevo escenario no visto desde el inicio de la pandemia. Pasamos de un momento de ausencia de movilizaciones callejeras a otro de alguna resistencia popular en las calles a las políticas de muerte del bolsonarismo. Porque como han dicho muchos luchadores sociales, cuando el gobierno es más letal que el virus, es hora de salir a la calle. Hasta el momento, hubo tres movilizaciones nacionales, con cierta unidad de la izquierda, llegando a más de doscientas ciudades del país.
El país supera las 500 mil muertes por Covid- 19 en un contexto de agravamiento de las condiciones laborales, el costo de vida es cada vez más caro y la tasa de inmunización de la población al virus que sigue siendo muy baja. La ayuda de emergencia disminuyó y lo que ya era un valor insignificante que no alcanzaba el mínimo para sobrevivir, ahora es aún peor todavía. El número de desocupados llega a 14,7 millones de personas, mientras que el valor de la canasta de alimentos y el gas de cocina crece en varias capitales.
En el arriba, por un lado, sectores de la oposición a Bolsonaro están tratando de utilizar el CPI de Covid para desestabilizar al gobierno y debilitarlo incluso hacia las elecciones presidenciales de 2022. Ésta es también la política de las izquierdas reformistas y de las burocracias sindicales y movimientos populares alineados al proyecto “mejorista”, que todavía tiene como expresión máxima al Partido de los Trabajadores y a Lula. También buscan el “impeachment” del presidente, y aunque existen innumerables pedidos, la salida del presidente es el escenario menos probable. Los militares son el fiel de la balanza de Bolsonaro y aunque hay rumores de una disputa interna en las FF.AA., el número de militares ocupando diversas áreas y sectores de la máquina estatal sólo crece y el proyecto del poder militar, base de la formación social esclavista y colonial del país, gana fuerza e incluso mayor presencia en la vida política del Estado. Todo eso sin la necesidad de un golpe militar.
Además de esto, Bolsonaro está cada vez más alineado con el centro en el Congreso Nacional, y junto con las viejas oligarquías políticas, avanza en sus proyectos que atacan directamente los derechos de los pueblos indígenas y quilombolas y sus territorios ancestrales y los derechos del conjunto de las clases oprimidas del país.
Además de las movilizaciones nacionales contra el Estado genocida y su gobierno de turno, los pueblos indígenas y quilombolas se han movilizado constantemente, así como los trabajadores de aplicaciones han hecho su experiencia de enfrentamiento a las pésimas condiciones de trabajo y los servidores públicos, ya sean de los municipios o de los estados, han resistido la quita de derechos. Pero sigue siendo necesario que el sentimiento de indignación llegue a los sectores más precarizados y al pueblo negro y de la periferia que es la mayoría del país.
Perspectivas
Decíamos en anteriores declaraciones y análisis de coyuntura junto a otras organizaciones hermanas de otros continentes de que estos tiempos son de lucha a nivel global, y esto es especialmente cierto en América Latina. Es un ciclo de luchas que viene al alza y se abre en estos momentos. Ya se venía desarrollando a fines de 2019 y fue frenado por el Covid, pero de un modo u otro se ha ido retomando.
Si bien la crisis social y sanitaria ha generado, por sobre todas las cosas, un escenario de brutal ajuste, despidos y mayor control sobre la población, la desidia y afán de la clase política y los capitalistas quedaron expuestos de manera obscena. El rechazo popular no está diezmado, sino que está generando nuevas respuestas organizadas, desde distintos sectores, a lo largo y ancho del continente, sabiendo que solo el pueblo bregará por sus propios intereses. Contra los discursos de resignación o de acomodamiento a las instituciones del sistema, se levantan estas puebladas que dicen ¡!basta!!
Los efectos de la aplicación del modelo neoliberal han generado en más de cuatro décadas estas situaciones de miseria, desesperación y rebeldía. Este modelo necesita profundizarse para su desarrollo, con pandemia o sin ella, y está previsto que mayores contingentes sociales engrosen los cinturones de pobreza y miseria, se profundice la represión y todo el aparato jurídico legal que lo resguarde, se beneficie el modelo agroexportador y los intereses de los grandes capitales. Todos los actores e instituciones que piden un afloje y un cierto intervencionismo estatal parecen no tener eco en la clase política ni en quienes llevan adelante las políticas del sistema en la región. Pero como decíamos, es una etapa abierta, de inestabilidad y pueden darse algunos cambios de gobiernos que habiliten cierto afloje a los de abajo, como hizo el progresismo a inicio de los 2000, pero que no tocó ni cambió nada de lo fundamental del sistema. Las reformas clásicas brillaron por su ausencia, prácticamente. Y en esta etapa serán pocos los cambios que se puedan realizar vía gobiernos, ya que el margen político para los mismos es más reducido que hace 20 años.
La derecha ha jugado muy bien sus cartas, esa misma derecha que muchos daban por muerta, está allí, masacrando pueblos, reprimiendo y condenando al hambre. Aliada como siempre a EEUU, que ahora presiona sobre Cuba incrementando el bloqueo económico a la isla y desplegando una campaña de desinformación mediática a escala hispanoamericana. No es casualidad la reunión del XIV Foro Atlántico realizada el 9 de julio en Madrid, con representantes de la derecha latinoamericana y española; evento patrocinado por la Fundación Libertad y la Red Atlas. Justo días antes del comienzo de esta campaña anti Cuba.
Sin embargo, ello no puede ocultar el malestar y las legítimas protestas de un sector importante de la población cubana ante el gobierno y las consecuencias de la apertura planificada al capitalismo que se viene desarrollando, lo mismo que la represión desplegada por parte del Estado cubano.
Por lo tanto, en esta etapa donde se profundiza el modelo de ajuste y despojo y el imperio norteamericano incrementa su acción en el continente; y por otro lado el pueblo inunda las calles y rutas, los anarquistas especifistas latinoamericanos entendemos que son los pueblos quienes deben conquistar sus derechos a fuerza de su lucha y protagonismo. Por ello hablamos de la construcción de Poder Popular, es decir, de espacios y experiencias organizativas de democracia directa, autogestionarias, y que vayan prefigurando la sociedad que anhelamos. Por eso planteamos la creación de un Frente de Clases Oprimidas, que agrupe y reúna programáticamente y en la lucha a los diversos sectores populares organizados (la clase trabajadora y campesina, los sectores desocupados, estudiantiles y habitantes de barrios populares, los pueblos indígenas y negros, las mujeres y disidencias sexuales y de género, entre otros, etc.)
Nuestra América Latina tiene un largo historial de luchas y revoluciones, de rebeliones populares, y ahí están, abonando este ciclo de luchas que aún está abierto y no está dicha la última palabra.
¡VIVA LA MOVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS!
¡A PROFUNDIZAR LA LUCHA!
POR EL SOCIALISMO Y LIBERTAD
¡ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!
Federación Anarquista Uruguaya (FAU)
Coordinación Anarquista Brasilera (CAB)
Federación Anarquista de Rosario (FAR)
Federación Anarquista Santiago (FAS)
Grupo Libertario Vía Libre (Colombia)
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