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Balance del Partido Aprista y su impacto en el Perú

category bolivia / peru / ecuador / chile | community struggles | opinión / análisis author Saturday August 09, 2008 02:50author by Franz García Ucedaauthor email fgaruce at yahoo dot es Report this post to the editors

La reacción avanza con una ola de represión y privatizaciones*

Desde el partido de gobierno se ha pregonado su carácter democrático y de compromiso social. Incluso era común escuchar a García “atacando a la derecha cavernaria”. Hasta sus críticos aseguran que el APRA de ahora no es el de antes, pues el partido de Haya de la Torre nace al calor de las luchas sociales en Latinoamérica y se cubre de un manto “socialista”. Por ello los opositores denuncian su viraje hacia la derecha aplicando el mismo modelo económico para gobernar. ¿Es cierto esto?
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La situación social y política en el Perú se encuentra en total convulsión tras el ascenso al poder de Alan García, jefe del Partido Aprista –partido de larga data en la historia nacional- y la serie de medidas legales e ilegales que ha tomado para frenar no solo al movimiento popular sino a la población en general que empieza a reaccionar tras las arremetidas del actual gobierno.

¿Recuerdan los mítines del partido aprista cuando aún estaban en elecciones presidenciales? ¿Recuerdan las frases “contra la derecha y a favor de una izquierda democrática y responsable” que daba Alan García? ¿Recuerdan las promesas de resarcir los errores de su primer gobierno? Y la paloma blanca muy bien amaestrada y la promesa de revisar el TLC, los llamados al dialogo con los sectores populares y la “intención” de gobernar para todos los peruanos. ¿Lo recuerdan? Pues parece que el mismo presidente no.

Desde que asumiera el poder, el Partido Aprista ha iniciado una política que han denominado la teoría del "chorreo", la misma que sostiene (y aplica la norma) que fortaleciendo la estabilidad económica de los sectores adinerados caería de la mesa algún mendrugo a los sectores empobrecidos. Aprovechando el continuo crecimiento de la economía peruana y latinoamericana por la expansión de las economías China e India y los efectos benéficos en los precios de los recursos naturales exportables Toledo pudo hasta jactarse de un supuesto "buen manejo" macroeconómico que habría dejado "la mesa servida" en el 2006 a Alan García.

Luego tuvimos una manipulación escandalosa de las cifras en cuanto a crecimiento económico de nuestro país. En semanas anteriores, asistíamos a la publicación del índice de reducción de hasta 11% en la reducción de la pobreza, proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuyo director Renan Quispe, es de conocida filiación aprista. Luego de descubrió la mentira y Quispe solo atinó a decir que “efectivamente las cifras eran falsas y la pobreza no había bajado” por la presión de la prensa.

¿Viraje ideológico o la política de siempre?


Dentro de los partidos más antiguos de América, se encuentra el Partido Aprista Peruano, entre los partidos políticos peruanos en actividad es el más antiguo, caracterizado por haber sido despojado de victorias electorales luego de haber triunfado en las urnas, también pasó por dos largos periodos de ilegalidad, tanto bajo gobiernos militares como civiles, habiendo sido perseguido con especial saña por Luís Sánchez Cerro y Manuel A. Odría.

Desde el partido de gobierno se ha pregonado su carácter democrático y de compromiso social. Incluso era común escuchar a García “atacando a la derecha cavernaria”. Hasta sus críticos aseguran que el APRA de ahora no es el de antes, pues el partido de Haya de la Torre nace al calor de las luchas sociales en Latinoamérica y se cubre de un manto “socialista”. Por ello los opositores denuncian su viraje hacia la derecha aplicando el mismo modelo económico para gobernar.

Sin embargo el discurso de Alan García frente al CADE, era otro. Prometía seguridad en las inversiones y leyes de protección al empresariado nacional e internacional. Aseguraba una mejor viabilidad en los movimientos de mercado.
Esto en desmedro de los sectores empobrecidos o afectados por el “progreso”.

Ahora bien, esto no es simplemente “alanismo” como llaman ciertos sectores del partido, pues ya en tiempos de Haya, la política de alianzas (convivencia APRA-Bustamante y Rivero, 1945-1948; coalición APRA–UNO, 1963-1968 o la alianza APRA–UN, 2001-2006), y el abandono de todo atisbo de democracia social.

Recordemos también que en 1968 llegó al poder Velasco Alvarado y la relación entre aprismo y velasquismo fue tensa. Aún cuando el régimen implementó varias de las reformas por las que había abogado el APRA, que se mantuvo en la oposición, el régimen fue acusado de "utilizar políticamente" las propuestas del APRA, pero en favor de una casta militarista y renunciando a la libertad para imponer un régimen totalitario.

En 1978 Víctor Raúl Haya de la Torre fue elegido para presidir la Asamblea Constituyente de 1978 la cual sancionó la Constitución de 1933. Esta Carta Política dio lugar a importantes cambios políticos y sociales (laicidad del Estado, igualdad de derechos de hombres y mujeres, voto a analfabetos y a partir de los 18 años, entre otros) de la cual fue un importante propulsor.

En 1980, el APRA presenta su candidatura con Armando Villanueva del Campo, pero vuelve a perder ante Acción Popular que presenta su candidatura con Fernando Belaunde Terry, esta vez muy ampliamente aunque Acción Popular no había participado en las elecciones constituyentes. Sin embargo es en este periodo que empieza a crecer y a darse a conocer la figura de Alan García, quien asume la Secretaría General del partido.

Ya luego, cuando el APRA toma el poder con Alan García (1985-1990) se da una fortísima crisis económica que sacudió al país, y se expresó en hiperinflación, una aguda devaluación del inti, moneda creada por el mismo gobierno aprista para contrarrestar la devaluación del sol frente a un proceso permanente de boicot de sectores empresariales ( banqueros) confrontados al gobierno aprista.

A pesar que el Perú ya no pagaba sus aportes desde finales del gobierno de Belaunde, la crisis fue agravada por el cierre de los préstamos externos al Perú, decretado por el FMI al fracasar el intento de Alan García de formular pagos de la deuda externa al 10% del valor de las exportaciones. Así mismo, el intento de estatizar la banca en un proceso económico y político en 1987 que llevó a enfrentamientos con la élite empresarial lo que produjo inestabilidad económica. Y no olvidemos los 13 millones de peruanos en pobreza y extrema pobreza del primer periodo (54% de la población) una deuda externa al final de su gobierno de 18,934 millones de dólares hoy incrementada a más de 22 272 millones de dólares.

A esta fecha también corresponde los sucesos de represión a grupos subversivos. Pues desde 1980 la acción de las fuerzas armadas fue sumamente ineficaz; estas respondieron, con una campaña represiva que costó miles de vidas, produciéndose incluso uno de los casos más notorios y que es conocido como la matanza de los penales – realizado el 19 de julio- en el que los militares asesinaron prisioneros acusados por terrorismo que se habían amotinado en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón) en su “intento” por poner orden (otros casos son Cayara, Santa Bárbara, Pucayacu, Los Molinos, Umaru, Bellavista, Parcco, Pomatambo, Santa Ana, Pampamarca, Chumbivilcas y Calabaza etc., todas denunciadas en la Comisión de la Verdad). Sobre este caso, el presidente García ha enfatizado tener pleno desconocimiento.

El APRA de “ultra”derecha, ¿quedan dudas?


El segundo gobierno aprista contó en un inicio con una importante aprobación ciudadana a nivel nacional, aprobación que ha venido cayendo hasta 28% según la encuesta de Ipsos, Apoyo, Opinión y Mercado del mes de marzo de 2008.

Pero antes de esto, recordemos que en 1991, Alan García fue acusado por el parlamento por diversos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, contra la fe pública, coimas en la compra de aviones de guerra (Mirage 2000), el Tren eléctrico, el dólar MUC y otras graves acusaciones. García frente a sus inquisidores -de la misma forma que lo hiciera años después Fujimori- huyó del país para evadir la sanción penal que le esperaba, para esperar a la prescripción de los delitos.

Por estos días, es innegable la alianza que se viene cocinando entre el partido aprista y el fujimorismo. Ambas fuerzas políticas han pactado la aprobación del TLC y el endurecimiento de la política represiva y macartista que ahora vive el país. Durante el último paro agrario, fueron ultimados seis campesinos -por balas del supuesto grupo parapolicial “Canela”- y hasta el momento no hay nada esclarecido.

Ahora el tema en agenda, es la criminalización a las protestas populares y a los pensamientos críticos al régimen, como el caso de los siete detenidos en Tumbes por asistir a un congreso bolivariano. O la “investigación” que se realiza contra APRODEH, por haber sugerido al Parlamento Europeo para que n ose incluya al MRTA en la lista de grupos terroristas.

Si bien es cierto, se ha detenido a militantes con clara posición bolivariana y afín al gobierno chavista y a la fecha se ha liberado a seis mujeres gracias, una vez más a la presión popular en movilizaciones y plantones de protesta que apelaron no solo a la justicia y a la revisión del caso que carecía por completo de pruebas que incriminen a los “sospechosos de terrorismo internacional” –como fueron acusados-, aún queda por liberar a Roque Gonzáles La Rosa, a quien se le atribuye un pasado de militancia emerretista, algo que el acusado no ha negado y lo sustentado con transparencia, y no podemos mantenernos indiferentes frente a estos atropellos a los derechos humanos.

No vale el argumento que los presos no son de nuestra tienda política, pues aquí se trata de reforzar aquella arma que siempre ha sido un bastión de lucha libertaria, es decir, la solidaridad con los amenazados por el sistema sin importar que sus banderas no sean las nuestras –siempre y cuando se mantengan dentro del campo de lucha anticapitalista y honesta- o discrepemos con sus postulados. Se trata de frenar la ola de represión, se trata de no dejar sentar este precedente contra los activistas de izquierda o sociales. Tengamos en cuenta que hoy son ellos, mañana nosotros, y luego todos, nadie está libre de caer preso por sus ideas.

El gobierno y las transnacionales


Otro tópico importante es la relación estrecha que mantiene el estado peruano con las transnacionales que operan en nuestro país. Frente a las denuncias que han presentado las comunidades y pueblos afectados por actividades extractivas en sus tierras, el gobierno solo ha se ha mantenido cómplice con los capitales privados, legislando a favor de estas empresas (Caso Yanacocha, Barrica, Shoungang, Southern Perú, etc).

Este tema trae a colación lo sucedido durante la última Cumbre de los Pueblos que se realizó en el Perú, allí se presentaron una serie de casos de abusos y agresiones por parte de grupos de poder empresarial, aquí algunos casos. La transnacional Bayern fue declarada responsable de la muerte de 24 escolares, provocadas por el consumo de parathion metílico mezclado con un derivado lácteo. Así lo sentenció el Tribunal Permanente de los Pueblo (TPP), sin embargo el Congreso peruano desde hace 6 años dilata un informe que establece la responsabilidad de esta empresa alemana.

Familiares de los niños de la comunidad de Tauccamarca (Cusco) –que asistieron al TTP, durante la Cumbre de los Pueblos- expresaron que desde el 2002, el Congreso posterga la discusión del caso, pese a las responsabilidades probadas de la empresa y los funcionarios del Estado, pues afirman que el documento no se encuentra en los archivos.

El representante de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, Luis Gomero Osorio informó que el uso comercial del parathion, conocido comercialmente como folidol, estaba restringido, pero no se adoptaron medidas preventivas por parte del Estado peruano y la empresa Bayern.

El vocero de las familias afectadas, Victoriano Huaraya Torres, declaró que la empresa no cumplió con su obligación de recoger las existencias del veneno ni hizo campañas de prevención para evitar probables casos de contaminación.

Recién hace dos años, el Quinto Juzgado Civil admitió la demanda, pero el Ministerio de Agricultura reclamó que se incluya como presunto responsable al único profesor de la escuela. Hasta hoy no se resuelve el caso.

Pero el caso más fuerte es el de la empresa agro-exportadora Camposol A.S. - de capitales noruegos y peruanos, en la que tiene intereses el presidente Alan García- y que fue denunciada ante el TTP por la violación sistemáticamente los derechos laborales con jornadas mayores a las 8 horas diarias, sin seguridad social, con regímenes de contrato temporal e ingresos menores al sueldo mínimo y por la negativa de reposición a más de 380 despedidos por sindicalizarse y acusarlos de “subversivos”. Esta empresa tiene utilidades que superan los 100 millones de dólares

Ante el TTP, la dirigente Rosa Parihuachi afirmó que al amparo de la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, que permite menores estándares laborales, la empresa vulnera los derechos de tres mil trabajadores que laboran en sus 16 mil hectáreas, pese a las cuantiosas utilidades que le reporta la exportación de alcachofa, espárragos, palta, mango y pimienta.

La dirigente denunció así mismo, que la empresa -en la que también tiene intereses el ex ministro fujimorista José Chlimper- utiliza matones para amedrentar a los pobladores. Precisamente, la represión ordenada por la empresa en junio del año pasado provocó heridas de bala a cuatro trabajadores, sin que hasta el momento la empresa haya respondido por estos hechos.

Con esto se deduce que el gobierno estaría reviviendo fantasmas para justificar la ola represiva que ya se siente y para ocultar el alza de los precios de productos básicos. Con todo lo descrito, se entiende que el modelo democrático estaría tambaleando y el rigor de la mano dura ya aprieta los cuellos de los más humildes del país.


Los indígenas también sufren impacto del neoliberalismo


Ahora bien, el gobierno se ha empeñado en promulgar el desastroso Decreto Legal 1015 que amenaza la integridad de las comunidades de nuestro país en beneficio de grupos oligárquicos y empresariales, por ello las comunidades indígenas y nativas afectadas por el D. L. 1015, declaran que dicho decreto es inconstitucional y debe ser derogado.

A raíz de la aprobación del D. L. 1015, que afectará claramente el progreso y desarrollo de las comunidades indígenas de la amazonia de nuestro país, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), que agrupa a 200 000 indígenas organizados en 35 Federaciones de Comunidades Nativas, manifiesta su firme rechazo a éste decreto.

Como ya se conoce, el D.L.1015 sostiene la promoción de la inversión privada y la mejora de la competitividad de la producción agropecuaria, que no corresponde con la medida adoptada y señala que una comunidad campesina o nativa podrá disolverse con el voto del 50% de sus miembros y podrá disponer sus tierras simplemente con la aprobación del 50% de los asistentes a una asamblea ordinario. De esta forma, bastará que un grupo mínimo de comuneros así lo decida para que las comunidades nativas pierdan sus tierras ancestrales.

Ahora bien, la CONAP señala que las comunidades campesinas y nativas no han participado del diseño de esta norma, por tanto se ha vulnerado el derecho a ser informados y consultados previamente de forma directa o a través de sus representantes de acuerdo con el Convenio OIT N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el estado peruano.

“Se debe tener en cuenta que mediante la Ley N° 29157, el Congreso delegó al Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias relacionadas con la implementación del TLC. De ninguna manera, el Ejecutivo puede excederse haciendo una interpretación extensiva de las referidas facultades otorgadas y aprobar normas que afectan derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política y por los tratados internacionales” enfatiza un comunicado de la CONAP.

Pero luego de la presión popular y el reclamo masivo de organizaciones sociales e indigenistas, el gobierno el gobierno ha modificado tal decreto y ha promulgado los D. L. 1073 y 1064, para calmar las aguas respecto a las demandas de inconstitucionalidad que se ha pedido contra el primer decreto. Esta nueva modificación señala que las comunidades solo podrán ser disueltas con la mitad del total de la población, sin embargo sigue sin respetarse el Convenio 169 de la OIT y los comuneros siguen sin ser consultados sobre su propio futuro.

¿Qué hacer entonces?


Nosotros los anarquistas revolucionarios del Perú, seguimos abogando por la autoorganización y la formación de la conciencia de clase de los sectores oprimidos y explotados del país. Seguimos creyendo que la actual convulsión es producto del caduco modelo económico que se sigue aplicando y énfasis en seguir las recetas que dicta el imperio a su lacayo Alan García.

Por ello, seguimos bregando por el socialismo y la libertad como mecanismos de lucha y no solo como horizontes lejanos. Entendemos que la historia demanda más crítica y análisis de los campos que abarca la política de un país y del mundo, para saber hacerle frente a las arremetidas reaccionarias que se avecinan. Sin embargo apelamos a la solidaridad internacional a mantenerse atentos a lo que sucede en el Perú y a denunciar en todas las instancias a las que podamos llegar, el carácter anti-popular del aprismo y el atisbo claro de fascismo en nuestro país.

*Artículo publicado en la revista Hombre y Sociedad N° 23, invierno 2008

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