Condenado Estado Colombiano por Muerte de Tres Pobladores del Municipio de San Carlos, Antioquia

venezuela / colombia | imperialismo / guerra | non-anarchist press Saturday July 26, 2008 07:58 by CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD

El pasado dos de julio el Tribunal Administrativo de Antioquia con ponencia del Magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, condenó al Estado Colombiano por la muerte violenta e injusta de los señores FRANCISCO JAVIER CIRO ARIAS, FABIO DE JESÚS SUAREZ MARTINEZ y ELIÉCER DE JESÚS CIRO en zona urbana del Municipio de San Carlos, Antioquia, en hechos que tuvieron ocurrencia el día nueve de diciembre del año 1999.

El pasado dos de julio el Tribunal Administrativo de Antioquia con ponencia del Magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, condenó al Estado Colombiano por la muerte violenta e injusta de los señores FRANCISCO JAVIER CIRO ARIAS, FABIO DE JESÚS SUAREZ MARTINEZ y ELIÉCER DE JESÚS CIRO en zona urbana del Municipio de San Carlos, Antioquia, en hechos que tuvieron ocurrencia el día nueve de diciembre del año 1999.

Para fundamentar su decisión el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró el amplio acervo probatorio aportado al proceso, que da cuenta de la presencia permanente que hacían para la época de los hechos los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Municipio de San Carlos, Antioquia.

Al proceso igualmente se adicionaron probanzas que acreditan que la presencia paramilitar en el Municipio de San Carlos fue profusamente denunciada tanto por órganos de control como por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos nacionales e internacionales, sin que las autoridades tomaran medida alguna para garantizar la vida de los pobladores de esta región del Oriente antioqueño.

Para predicar la responsabilidad administrativa del Estado Colombiano en la muerte violenta de los tres ciudadanos antes mencionados, el Tribunal predicó una falla en el servicio, toda vez que en el Municipio de San Carlos, Antioquia había para el día 9 de diciembre de 1999 presencia de la fuerza pública tanto en el casco urbano como en la zona rural, las cuales no realizaron ninguna acción para neutralizar el ataque de los integrantes de las Autodefensas contra los hoy occisos, las cuales estaban más en función de proteger las instalaciones policiales y de infraestrura hidroeléctrica que la vida de los pobladores de esta municipalidad.

El fallo condenatorio del Estado Colombiano es fundamentado por el Tribunal Administrativo de Antioquia en los siguientes fundamentos: “A pesar de la presencia de los paramilitares en el casco urbano desde las primeras horas de la tarde era evidente y había sido advertida a la Policía Nacional, no encuentra justificación alguna que ésta, no hubiera reaccionado de ninguna manera y en una actitud totalmente pasiva se hubiera abstenido de enfrentarlos, como era su deber, aduciendo que no podían abandonar el Comando, más aún cuando podían contar con el apoyo de las patrullas del Ejército Nacional que se encontraban en las cercanías protegiendo los embalses o en labores de patrullaje como en efecto sucedió unas 6 horas después de que este último organismo recibió la noticia, lo que posiblemente hubiera evitado el trágico resultado, mas si el Ejército no hubiera abandonado el pueblo dos días antes de lo ocurrido (…) Esas circunstancias constituyen una falta o falla en el servicio, por incumplimiento de su obligación de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, sin que encuentre explicación razonable la inactividad por parte de la Policía o el abandono del pueblo por parte de Ejército, vista la situación de inseguridad generalizada que hacia previsible atentados como el ocurrido”.

Sin duda alguna el Fallo proferido por el Tribunal Superior de Antioquia acoge no solo la realidad procesal, sino también la veracidad de las denuncias que de años atrás han venido haciendo distintas comunidades y organizaciones sociales y de derechos humanos sobre la permisividad de los integrantes de la fuerza pública con los paramilitares, lo que sin duda alguna favoreció la actividad criminal de estas agrupaciones en contra de la población civil.