La prisión política un instrumento al servicio del orden burgués

UNIDAD desde la lucha - libertad a los Presos Políticos

HOY, MIÉRCOLES 6 DE JULIO, A 52 DÍAS DE INICIADA LA HUELGA DE HAMBRE POR LA LIBERTAD, SE VOTA LA LEY DE INDULTO EN LA COMISIÓN DE DDHH DEL SENADO. ¡¡¡ A MOVILIZARSE POR LA LIBERTAD!!!

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UNIDAD desde la lucha - libertad a los Presos Políticos

La prisión política un instrumento al servicio del orden burgués

El nacimiento de la prisión política y su contexto histórico

Uno de los antecedentes históricos del origen de la prisión política se remonta a fines del siglo XVIII, junto a la Revolución Francesa de 1789, de carácter eminentemente burguesa, en donde nacen las sociedades disciplinarias; por lo tanto, la prisión política es un mecanismo, que obedece ideológicamente, al proyecto de sociedad implementado por la burguesía.

Michel Foucault sitúa a las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX, alcanzando su apogeo a principios del siglo XX y su cometido consiste en organizar grandes espacios de encierro, cada uno con sus leyes, siendo la prisión lugar de encierro por excelencia que sirve como modelo análogo y que tenía como función, disciplinar al individuo; la disciplina es, “en el fondo, el mecanismo del poder por el cual alcanzamos a controlar en el cuerpo social hasta los elementos más tenues por los cuales llegamos a tocar los propios átomos sociales; esto es, los individuos. Técnicas de individualización del poder; cómo vigilar a alguien, cómo controlar su conducta, su comportamiento, sus aptitudes, cómo intensificar su rendimiento, cómo multiplicar sus capacidades, cómo colocarlo en el lugar donde será más útil;...”

Michel Foucault afirma que: “El sistema de la prisión, quiero decir, de la prisión represiva, de la prisión como castigo, fue establecido tardíamente, prácticamente al fin del siglo XVIII. Antes de esa fecha la prisión no era castigo legal: se aprisionaba a las personas simplemente para retenerlas antes de procesarlas y no para castigarlas, salvo en casos excepcionales. Bien, se crean las prisiones como sistema de represión afirmándose lo siguiente: la prisión va a ser un sistema de reeducación de los criminales... Se buscaba la producción de individuos obedientes (a las leyes)” , mediante el disciplinamiento de los cuerpos.

Sin embargo el propósito de las prisiones redunda en un rotundo fracaso, pero se mantienen; “porque, de hecho, producían delincuentes y la delincuencia tiene una cierta utilidad económico-política en las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente: cuantos más delincuentes existan, más crímenes existirán; cuanto más crímenes hayan, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial” . Los conceptos de “delincuente” y “delincuencia” son acuñados por la Criminología, ciencia burguesa, que tiene como fin categorizar los efectos negativos, sobre la población, de las políticas sociales y económicas aplicadas por la burguesía, que evidentemente buscan la marginación de las grandes mayorías, del disfrute del producto del trabajo social, usurpado por la clase burguesa.

Por otro lado Gilles Deleuze, señala el paso que acontece desde las Sociedades Disciplinarias, a las que caracterizan al siglo XXI, las Sociedades de Control, en donde quedan superados y entran en crisis, los espacios de encierro que caracterizaban a la vieja sociedad disciplinaria, sin embargo, aún persiste la prisión, cuyo entramado, diseñado para perpetuar la vigilancia sobre el reo, se extiende al resto de los espacios sociales mediante tecnologías que faciliten dicho propósito, la imagen del panóptico develada por Foucault en su obra Vigilar y Castigar, se hace presente tanto en los espacios privados, la sucursal bancaria, como en el espacio público, mediante las cámaras de televisión; se instala la doctrina de la seguridad ciudadana, estigmatizando al “ciudadano extraño”, descontento o marginado como un potencial delincuente, gracias al temor agitado por los medios de comunicación masiva, contribuyendo a la atomización social que facilita el individualismo, componente ideológico fundamental para el funcionamiento del capitalismo.

El significado de la prisión

Tenemos que las Sociedades Disciplinarias fueron institucionalizadas por la burguesía inmediatamente después de producida la Revolución Francesa, el carácter de la ley y la prisión va a ser diferente a la que regía a la sociedad feudal, ambas van a ser instrumento de perpetuación del status quo generado por la burguesía; la Ley instala en el imaginario, a través del lenguaje simbólico los privilegios de la nueva clase en el poder; la cárcel va a ser un espacio de producción instrumental al capital (la delincuencia), como también un espacio de negación del individuo disidente, se pasa de la prisión de tránsito, característica de la sociedad feudal, a la prisión como castigo en que el individuo tiene tres opciones; o acata la ley del capital, o inicia un largo camino de delitos funcionales al poder burgués o la asume como una trinchera de resistencia.

Antes del siglo XVIII el mundo era dominado por el poder de las armas, de un Poder feudal uniforme, en el ámbito de la Soberanía; caracterizado por la tenencia de la tierra y los súbditos. Con la burguesía de los siglos XIX y XX, el mundo es un campo de batallas ideológicas donde el capital no tiene ni patria ni raza, pero si una clase, caracterizada por la posesión de los medios de producción y distribución, en un territorio delimitado por la función que le corresponde, en la división internacional del trabajo.

Dentro del contexto de la lucha ideológica podemos situar a la prisión política, puesto que consiste en el encierro, aislamiento y negación del pensamiento y acción disidente, que se manifiesta en contra del orden existente impuesto por la burguesía.

La prisión política en Chile

En Chile, la prisión política es tan vieja como la historia “republicana”. Las luchas por la “independencia”, la creación del Estado, la instalación de la “soberanía nacional”, la anexión territorial y la explotación de recursos y mano de obra, va llenando las cárceles con los sujetos que se oponen o resisten cada uno de estos procesos, motivado por el temor de la emergente burguesía local.

Tras la crisis vivida por el Estado burgués a comienzos de los 70’s, viene el Golpe de Estado cuya finalidad era la refundación del Estado, hecho que arroja como resultado miles de detenidos desaparecidos, ejecutados y presos políticos, tanto por la acción de los aparatos de seguridad, como efecto de las luchas de resistencia antidictatorial. Junto a la crisis económica de comienzos de los 80’s, viene la crisis política de la dictadura y la rearticulación de las fuerzas políticas de izquierda, sin embargo serán los sectores burgueses los que tomarán las iniciativas de negociación con la dictadura; se trataba de cambiar la institucionalidad política, pero nunca tanto, conservando el modelo económico, situación que provoca el rechazo desde los sectores más radicales de la oposición a la dictadura, que ven en estos hechos sólo la continuidad del proyecto burgués, pese a esto, serán las iniciativas demoburguesas las que prosperarán, contando con el apoyo del capital transnacional, y las grandes mayorías se embarcan en la falsa alternativa de recuperación formal de la “democracia”.

La falta de proyecto desde los sectores de la izquierda sistémica pasan la cuenta, la caída de sus referentes más inmediatos provoca su debacle ideológica, fenómeno que implica la deslegitimación de las luchas más radicales llevadas adelante por las organizaciones político-militares (en aquella época los hechos más radicales eran efectuados por “infiltrados”, según declaraciones del PC), significando el aislamiento de las mismas; es así que el camino optado por el FPMR-Autónomo, el Lautaro y algunas facciones del MIR se aleja del mundo popular, obnubilado, ante la efectividad de la propaganda de falsas promesas de la burguesía y la instalación de su hegemonía cultural, en el olvido quedan eslóganes como “Gana la gente”, “ Los nuevos tiempos” y el “Crecer con igualdad”.

Desde el Estado se propician reformas judiciales cuya finalidad es la diferenciación de los presos políticos de la Dictadura y los nuevos presos catalogados como “delincuentes terroristas”, los primeros dos gobiernos concertacionistas desarticulan a las orgánicas subversivas, utilizando los mismos mecanismos de la vieja dictadura, infiltración, delación, falsos enfrentamientos, torturas, etc., y el tercer gobierno encabezado por Lagos se hace cargo de criminalizar las justas demandas de autonomía mapuche, con el resultado de decenas de miembros del pueblo mapuche en prisión o con procesos pendientes, amparado bajo el marco de la Reforma Procesal Penal, que ha estrenado joyitas judiciales como: los testigos “encapuchados”.

Por otro lado hacia 1994 se crea la CAS profundizando el carácter inhumano de la prisión política, simbolizando materialmente el aislamiento de los nuevos presos, limitando las acciones por su libertad a su grupo familiar y círculo inmediato.

Las luchas por la libertad

Junto a la gestación de la prisión política de los gobiernos de la Concertación nacen también las luchas por recuperar la libertad; los rescates y las fugas exitosas o frustradas, demuestran efectivamente la vocación de libertad que animaba a los nuevos presos políticos, que junto a pequeñas organizaciones del exterior, trataban de movilizar a un pueblo adormecido bajo el efecto de la hegemonía cultural burguesa y el exitismo aparente del modelo económico.

Hacia fines de los 90’s e inicios del nuevo siglo, estas luchas se caracterizan por el recurso a la solución político-jurídica, puesto que intervienen también actores sistémicos como la Iglesia, parlamentarios y organismos de DDHH, convocados por las movilizaciones sociales, sin embargo, son fundamentales en la consecución de los objetivos, las Huelgas de Hambre llevadas a cabo por los prisioneros políticos.

Uno de los hitos corresponde a la Huelga de Hambre de marzo de 2001, llevada adelante principalmente por los militantes del Lautaro, cuya finalidad fue la obtención del reconocimiento del error jurídico en la condena, “ante la inexistencia de organizaciones concertadas para cometer delitos terroristas”, según palabras del propio ex ministro Cumplido, tesis finalmente abandonada puesto que se impone la lucha por el indulto general, que incluye a todos los presos políticos y no sólo a un sector de éstos.

Entre los años 2002 y 2003 comienzan las movilizaciones por la libertad efectiva de los presos políticos que incluye entre las soluciones el reconocimiento de los derechos intrapenitenciarios tales como la salida dominical, la reclusión nocturna y la libertad provisional debido al cumplimiento de la mitad de las condenas, como también el indulto y la libertad condicional, acciones también reforzadas por Huelgas de Hambre; hacia 2004 estas manifestaciones son matizadas con tomas de embajadas, manifestaciones en la Catedral de Stgo, en el Ministerio de Justicia, en regiones y el exterior y la Huelga de Hambre más larga de nuestra historia, de 74 días de duración, saliendo casi la totalidad de los presos mediante una ley especial de indulto, quedando tan solo 6 compañeros en prisión, en espera de la aprobación en el parlamento del proyecto de ley de libertad condicional, ya que son los únicos a los que no benefició el indulto especialmente formulado durante el 2004, esto por estar condenados a presidio perpetuo en virtud de la Ley Antiterrorista, por lo que mantienen la calidad de delincuentes terroristas.

La Ley Antiterrorista

Formulada por la Dictadura, para proporcionarle un blindaje legal a la hora de perseguir las luchas de resistencia popular, y cuyo contexto es la doctrina de los estados de contrainsurgencia acuñada por los Estados Unidos, como resguardo de sus intereses en la región, ha resultado bastante útil para los gobiernos concertacionistas, es así que gran parte de los actuales presos políticos, han sido procesados en virtud de dicha ley, lo que pone en evidencia la continuidad y el carácter del proyecto de refundación del Estado nacido bajo el golpe militar de 1973, cuyo signo es la instalación de una institucionalidad altamente represiva en lo social (la mantención del marco legal dictatorial como la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad Interior y el endurecimiento de la Ley de control de armas) y ultraliberal en lo económico (flexibilización del mercado de capitales y del mercado laboral), quedando al descubierto su carácter de clase.

Así, la Ley Antiterrorista, que fue utilizada por la dictadura, para perseguir las luchas de resistencia; en la actualidad es utilizada por los gobiernos de la Concertación para perseguir y criminalizar las luchas sociales y eso queda claramente develado en la persecución del pueblo nación Mapuche, en que, en una alianza descarada, el Estado y el Capital actúan en conjunto, para cautelar sus intereses particulares por sobre el bien comunitario.

Las últimas Huelgas de Hambre

Durante el primer semestre del presente año hemos visto cómo los Presos Políticos chilenos y mapuche han tenido que recurrir a la medida de embarcarse en una Huelga de Hambre, para romper el cerco informativo impuesto sobre ellos; en marzo, los presos políticos mapuche para denunciar el carácter racista de la ley y las instituciones judiciales y el arbitrio con que actúa el poder a la hora de castigar sus justas demandas de tierra, libertad y autonomía, y en mayo, los presos políticos chilenos, con el objetivo de proporcionarle un marco de presión política al proyecto de ley de libertad condicional, propuesto por un equipo jurídico que trabaja junto a los presos políticos a algunos parlamentarios, organismos de DDHH y la Iglesia, aprobado en la Cámara de Diputados y en espera del resultado que obtenga en la Cámara Alta; sin embargo y lamentablemente estos movimientos han contado con escaso apoyo popular, volviendo a instalarse la situación de aislamiento que caracterizó a la prisión política de principios de los 90’s, conjuntándose por un lado el oportunismo y conveniencia de algunos sectores de izquierda, que especulan con su apoyo en virtud de sus intereses políticos y por otro, el empeño de las autoridades de gobierno, por mantener una situación de aparente calma, mediante la represión inmediata de las movilizaciones sociales.

Las tareas populares ante la prisión política

Es evidente que la existencia de la Prisión Política entra en contradicción profunda con las aspiraciones populares, ya que es la respuesta aplicada por el sistema, en manos de una clase enemiga ante nuestras demandas, por lo que, en lo inmediato, es imperativo luchar por el fin de dicha atribución del Estado.

Sin embargo, la Prisión Política existe gracias a todo un andamiaje legal que le da sustento, por un lado todo el marco legal diseñado por la Dictadura, que se mantiene bajo los gobiernos de la Concertación, por otro las leyes y reformas cada vez más represivas implementadas por estos gobiernos, en que la clase burguesa en su conjunto pautea los proyectos de leyes ya sea desde los aparatos del Estado como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial o a través de órganos mixtos como el Comité Público Privado de Seguridad o a través de órganos privados como la Fundación Paz Ciudadana y la prensa.

En lo inmediato la existencia de la Ley Antiterrorista, permite al Estado Burgués unilateralmente definir qué es terrorista y qué no lo es, y obviamente ha resultado uno de los instrumentos más efectivos para el resguardo de sus mezquinos intereses por sobre los intereses populares, por lo que resulta imprescindible movilizarse en función de su derogación.

La presencia material de la Ley antiterrorista es la existencia de los Presos Políticos chilenos y mapuche, por lo que es imperativo exigir su libertad inmediata y sin condiciones impuestas por el Estado burgués.

Otra de las formas en que se aplica la Prisión Política es la Ley de Extrañamiento, que en concreto significa, el impedimento de que los hijos del pueblo a los que se ha aplicado esta ley, puedan vivir en este país, es el Exilio en versión concertacionista!!

¡ Fin a la Prisión Política !
¡ Derogación inmediata de la ley antiterrorista !
¡ Libertad ahora a todos los prisioneros políticos chilenos y mapuche !
¡ Fin al extrañamiento, el exilio concertacionista !
¡ Ninguna lucha social sin solidaridad !

UNIDAD desde la lucha
Boletin de la ORGANIZACIÓN COMUNISTA LIBERTARIA - CHILE