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¡Extraditados! Parapolítica y crisis institucional en Colombia

category venezuela / colombia | miscellaneous | opinión / análisis author Friday May 23, 2008 23:46author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

La extradición de 14 jefes del paramilitarismo busca liberar, momentáneamente, presiones al círculo uribista en medio de la aguda crisis institucional que vive Colombia. Con esta acción se pretende garantizar el silencio y la impunidad por las violaciones recientes de paramilitares estrechamente ligados al gobierno.
Salvatore Mancuso en manos de la DEA, rumbo a su celda en los EEUU
Salvatore Mancuso en manos de la DEA, rumbo a su celda en los EEUU


¡Extraditados! Parapolítica y crisis institucional en Colombia

En un avión de la DEA[1] salieron el 13 de Mayo a toda velocidad hacia los EEUU los Jorge 40, los don Berna, los Mancuso, los Macaco, y toda la fauna de genocidas paramilitares que han sembrado el terror en el corazón del pueblo colombiano durante décadas. ¿Cuál fue la razón dada por Uribe para permitir la extradición? Que los jefes del paramilitarismo no estaban diciendo toda la verdad, que no colaboraban con la justicia y que seguían delinquiendo desde sus celdas. Pero ¿son en verdad estas motivaciones justicieras las que han llevado a la extradición?

Complacencia cuando no hablan, extradición cuando hablan



Es muy curioso que a Uribe nada de esto le importara durante un buen par de años en que nos venía predicando las bondades de su llamada “Ley de Justicia y Paz”, pese al clamor de las víctimas que denunciaban el velo de impunidad garantizada por esta figura legal y a las múltiples denuncias de que el paramilitarismo, en realidad, jamás se había desmovilizado y que seguía operando bajo otros nombres.

Resulta, por decirlo suavecito, “sospechoso”, que Uribe haya tomado esta medida precisamente en momentos en que los jefes paracos estaban empezando a hablar y en que se estaban conociendo los profundos vínculos del paramilitarismo con el círculo político de Uribe, llegando a tocar hasta a su primo Mario Uribe, quien hoy se encuentra tras las rejas por paramilitar. Mientras los jefes paramilitares permanecían en silencio, la “falta de colaboración” de los paracos no parecía importarle a Uribe... pero cuando empezaron a deslizarse fuera de sus labios las verdades incómodas que han llevado a más de 35 de sus aliados en el parlamento a la cárcel, mientras que más de 60 políticos están siendo investigados y a la espera para acompañar pronto a sus colegas tras las rejas, ahí entonces Uribe sale con el cuento de que no cooperan. Ahí, “súbitamente”, se “preocupa” de que siguieran delinquiendo.

La movida de la extradición no puede engañar sino a los más incautos: el objetivo ha sido callar la boca de los paramilitares, que comenzaban a comprometer a todo el círculo de Uribe, y de paso, poder postergar la profundización de la crisis de una institucionalidad que se ha moldeado en décadas de violencia de clase.

La crisis institucional...





Y es que la crisis institucional está calando hondo: los vínculos del paramilitarismo con el Congreso, con el círculo íntimo de Uribe en el parlamento y en gobiernos locales, con su propia familia, con el DAS[2] que vio a su ex-director, Jorge Noguera, arrestado por colaborar estrechamente con el paramilitarismo, demuestra que no estamos sencillamente ante un caso de “infiltración” de las sacrosantas instituciones democráticas por parte del paramilitarismo, como se nos ha querido hacer creer, sino que más bien lo que se evidencian son los vínculos que unen al paramilitarismo y al Estado colombiano en un mismo proyecto de las clases dominantes, cuya máxima expresión es Uribe.

El paramilitarismo ha sido expresión histórica de la clase dominante: mediante él se pueden aplicar los niveles de violencia y terror necesarios para mantenerse en el poder, a la vez que se mantiene la apariencia de una “institucionalidad” limpia. Los paramilitares no son marcianos bajados de un planeta distante, sino que bandas armadas, mantenidas, apoyadas, adoctrinadas y financiadas por la oligarquía colombiana, por sus hacendados, por sus empresarios, por sus narcotraficantes, que son a fin de cuentas la misma gente, la misma clase social.

Y a parte de esto, tenemos las recientes denuncias de compra de votos para la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en el 2006, destapadas por la ex-congresista Yidis Medina –la llamada “yidispolítica”, la cual cierra un nuevo círculo en torno a Uribe, esta vez por cohecho, lo cual ha revelado la extensión del tráfico de influencias en el Estado y la sorprendente naturalidad con que ésta es aceptada por gran parte de los guardianes del status quo.

...y las reacciones desesperadas del uribismo



A esta crisis institucional, el gobierno de Uribe responde, por una parte, con un show mediático a base de súper-computadores anti-bombas, condimentado con “pruebas” de Interpol sobre la sedición extranjera que en realidad no dicen nada[3], con amenazas a denunciantes, jueces y periodistas que hablen mucho de la parapolítica, y ahora con acusaciones absurdas y revanchistas a parlamentarios, periodistas y personalidades nacionales y extranjeras que han trabajado abiertamente por el intercambio humanitario de ser colaboradores de las FARC-EP[4]. La parapolítica les duele, más aún cuando toca las puertas de la familia, y actúan impulsados por esa desesperación, la cual camuflan en base a índices de popularidad ficticios y exagerados, amen de los éxitos militares, también exagerados y comunicados en un lenguaje triunfalista[5].

La extradición puede entenderse dentro de estas maniobras de salvar la institucionalidad, al buscar un respiro al escándalo de la parapolítica mediante el envío de los paracos a EEUU. Pero la crisis de la institucionalidad tiene raíces más profundas y la respuesta de Uribe a esta crisis no ha sido solamente de carácter mediático. Su proyecto de desmantelar la Constitución de 1991 –o para su defecto, de alterarla hasta hacerla irreconocible- mediante la implantación del llamado Estado Comunitario, que tiene importantes paralelos con el Estado Corporativista del fascismo, aunque adaptado a la fase neoliberal y a la subordinación estructural de la clase dominante colombiana a la hegemonía norteamericana, es parte de esta respuesta a la necesidad de adaptar la legalidad vigente a las necesidades del Plan Colombia el cual precisa de un marco de totalitarismo de fachada democrática.

El proyecto autoritario para salvar el “orden”



Este proyecto autoritario, que entre otras cosas busca eliminar y absorber al movimiento popular independiente a la férula del Estado, e hipertrofiar al Ejecutivo por sobre los otros poderes estatales, deshaciéndose así de cualquier eventual forma de oposición, tiene mucha correlación con el proyecto de Laureano Gómez, el admirador de Franco, el arquitecto de “la Violencia” en la década de los ’40 y ’50.

Instaurar tal proyecto no ha sido tarea fácil: la Constitución del ’91 (en el papel, una de las más democráticas y avanzadas en América, lo que demuestra lo acertado del proverbio haitiano de que la constitución es de papel, mientras que las bayonetas son de fierro) ha sido defendida a muerte por el Polo Democrático, que ha hecho de la defensa de la Constitución su bandera de lucha –olvidándose de aquello del cambio social y de que la más democráticas de las constituciones es impotente sin mediar cambios sociales de fondo que afecten en los hechos las estructuras del Poder. Lo último ha sido ampliamente demostrado por la experiencia colombiana desde 1991 hasta la fecha.

Pero por otra parte, las aspiraciones cesaristas de Uribe han incomodado, precisamente, a uno de los poderes del Estado, el Judicial y es esta crisis con la Corte Suprema la que muy probablemente está detrás del hecho de que la parapolítica haya sido siquiera llevada a juicio. Esta crisis ha incluido la querella interpuesta por el mismísimo Álvaro Uribe en contra del presidente de la Corte Suprema por calumnia, así como a la propuesta lanzada por el Ministro del Interior y Justicia[6], Carlos Holguín, y avalada por Uribe, ¡de crear una “Corte Paralela” que pudiera juzgar a los parlamentarios y al presidente por los casos de la parapolítica!

La crisis institucional está lejos de resolverse por lo pronto, pero la parapolítica pareciera fortalecer en ciertos sectores la alternativa totalitaria y cesarista, que ya vienen planteando una nueva reforma constitucional para permitir la tercera re-elección de Uribe... con menos aliados uribistas en el parlamento y más en la cárcel, ¿cuánto dinero tendrán que hacer correr esta vez para lograr la reforma que permita establecer el Tercer “Reich” (perdón, período) de Uribe?

La extradición: un respiro a los parapolíticos que no soluciona la aguda crisis institucional



Mientras la crisis se desenvuelve enfrentando en la clase dominante a aquellos sectores que pretenden mantener el status quo y la Constitución, y aquellos que pretenden modificarla sustancialmente para dar paso a un proyecto totalitario que en los hechos ya se viene imponiendo en el uribismo, se dan, en la base social colombiana, muestras de convergencia de los actores populares en medio de los rigores impuestos por el conflicto.

Estos actores sindicales, campesinos, indígenas, de asociaciones de derechos humanos, afrocolombianos, de organizaciones eclesiales de base, o de mujeres, que se niegan a aceptar la polarización forzada desde arriba en la falsa dicotomía “o FARC o gobierno”, reclaman su derecho a ser actores independientes que echen mano a las transformaciones profundas que requiere la sociedad colombiana y buscan superar el rol auto-impuesto por la izquierda colombiana de no ser más que los eternos guardianes de la constitución. Por tanto vemos que, en medio de las alternativas de los de arriba, hay una apertura en la solución de la crisis que puede ser impulsada a favor de los intereses populares.

Pero por lo pronto, la extradición aplaza la solución definitiva de la crisis, afloja el cinturón a las instituciones y libera algunas de las tensiones que sacudían los cimientos del uribismo. ¿Por cuánto tiempo? Eso está por verse. Los resultados más inmediatos de esta movida de la extradición, por lo que podemos apreciar, son los que siguen:

1. Los 14 jefes del paramilitarismo extraditados, serán juzgados en el frío país del norte por sus vínculos con el narcotráfico, y no por los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Esta inversión macabra en las prioridades de la justicia, demuestra una vez más, que los campesinos y trabajadores colombianos son más baratos que las balas que los matan y que, ciertamente, no representan una prioridad para nadie más que para ellos mismos. Inútil es, por tanto, pedir a este pueblo que confíe en la institucionalidad.

2. Se dificulta la posibilidad de seguir procesos para los familiares de las víctimas del paramilitarismo, y consecuentemente, de que se sigan conociendo los vínculos.

3. Se garantiza así la impunidad de los paramilitares, al enfrentar juicio por los cargos menos graves de narcotráfico. No podemos esperar mucho, además, de la justicia de un país que protege a terroristas como Posada Carriles (para no hablar del terrorismo de Estado que ellos mismos han promovido durante un siglo, con los Bush, Kissinger y Regan a la cabeza, asesinando y oprimiendo a millones).

4. Y se garantiza también un respiro para los empresarios, latifundistas, políticos y militares que estuvieron detrás del paramilitarismo y que ocultaron su programa político cobardemente detrás de las siglas de la AUC.

La ley de la gravedad y la acción popular se encargarán de que la clase parapolítica siga cayendo, pero el riesgo del borrón y cuenta nueva hacia los jefes del paramilitarismo no deja de ser alarmante.

Espero, por último, equivocarme respecto a la impunidad de los paramilitares, aunque ciertamente la búsqueda de la verdad histórica, de la justicia y de la reparación se dificulta. Espero que haya quienes tengan el valor y la entereza de seguir con los casos en contra de los paramilitares y que, a pesar de las intenciones de Uribe, logren seguir destapando los vínculos estructurales del paramilitarismo con el Estado comandado por Uribe. Espero que los sectores populares y organizados colombianos tomen el pulso al momento y aceleren los procesos de convergencia y maduración de una propuesta verdaderamente alternativa a la crisis. En fin, espero que, pese a las dificultades, la mierda que se esconde detrás del círculo político, social y familiar de Uribe siga saliendo a flote... por la verdad, por los desplazados, por las víctimas, por la transformación social.


José Antonio Gutiérrez D.

23 de Mayo del 2008







[1] Drug Enforcement Agency, agencia de los EEUU de control del narcotráfico.

[2] Departamento Administrativo de Seguridad, oficina de inteligencia colombiana.

[3] Que no se pronuncian sobre los contenidos del mismo, que no pueden asegurar el origen del computador, que ningún archivo fue modificado después del 3 de Marzo –dos días después de haber sido supuestamente recuperados en el campamento de Raúl Reyes en Ecuador-, pero que sí hubo “manejo técnico” previo a esa fecha, etc. Ver http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1234

[4] Ver http://www.eltiempo.com/justicia/2008-05-23/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4203533.html

[5] Hemos dicho que es indudable que Uribe ha logrado niveles de consenso importantes, principalmente, en el bloque dominante y desde ahí mediante la polarización de la “opinión pública”, pero los niveles de aprobación en encuestas amañadas que le dan un 84% son risibles. Tan risibles como la popularidad de King Jom Il en Corea del Norte o de Saddam Hussein en el Irak previo a la ocupación yanqui.

[6] Ministerios amalgamados dentro del proyecto centralizador uribista

parapolitica.jpg

author by Chacalón - Anarkismopublication date Fri Jun 06, 2008 03:27author address author phone Report this post to the editors

Breve anexo a este artículo...

Verwandter Link: http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=9006
author by JUCO - Caucapublication date Fri Jun 06, 2008 22:32author email jucoregionalcauca at yahoo dot esauthor address author phone Report this post to the editors

Cuando el fenómeno de la Parapolítica ha alcanzado niveles que ni siquiera su fundador, Álvaro Uribe Vélez, imaginó y cuando los medios masivos de comunicación ya no sabían como seguir tapando los nexos de los paramilitares con la bancada Uribista, aparece un nuevo fenómeno que intenta relacionar a figuras políticas de la izquierda colombiana, que se han destacado siempre por la defensa del pueblo y han alcanzado un reconocimiento por sus últimas acciones, con la guerrilla de las FARC.

Ahora cuando los jefes de los paramilitares han sido extraditados para ser juzgados en EE.UU. ha sido poco lo que se escucha en los noticieros (que cuidan los mismos intereses del actual gobierno) sobre la actualidad de los procesos de la parapolítica. Con este ambiente y con la naciente necesidad del gobierno de limpiar su “buen nombre”, y con la “prueba” de los vínculos de políticos con las FARC sacada de la nueva caja de Pandora de Uribe, el computador indestructible de Reyes, se inicia una persecución en contra de personas como la Senadora Piedad Córdoba, quien ha sido defensores del acuerdo humanitario y de la reposición de las víctimas del terrorismo; o como el periodista Carlos Lozano, que defiende la verdad desde la dirección de el “Semanario VOZ, la verdad del Pueblo”, uno de los pocos medios de comunicación que se mantiene fiel a los ideales de un periodismo crítico y no se ha vendido al estado como RCN o Caracol; o como el Representante a la Cámara Wilson Borja y la Senadora Gloria Inés Ramírez, que han entregado su vida a la lucha sindical

Así, debemos preguntarnos ¿Qué tan conveniente es para Álvaro Uribe Vélez que se deje de hablar de la PARAPOLÍTICA , que está demostrado por declaraciones de los mismos jefes paramilitares, para empezar a hablar de la FARC-POLÍTICA , que existe por documentos encontrados en un computador que sobrevive a bombardeos?

author by Felipe Zuleta Lleras - El Espectadorpublication date Sun Aug 31, 2008 22:12author address author phone Report this post to the editors

LA DECISIÓN TOMADA POR LA FIScalía General, específicamente por el vicefiscal, Dr. Guillermo Mendoza, de soltar al primo del Presidente comprueba que el Estado colombiano aparte de la Corte Suprema no quiere impartir justicia en los casos relacionados con los delitos atroces cometidos por los paramilitares y sus cómplices, los políticos.
¿Acaso el vicefiscal Mendoza no es el mismo que proyectó para la firma del ex fiscal Luis Camilo Osorio las absoluciones del general Rito Alejo del Río y de Salvador Arana?

En mayo pasado, cuando el Gobierno extraditó a los jefes paramilitares a los Estados Unidos sostuvimos que se trataba de un aberrante caso de denegación de justicia, porque los criminales sólo serían juzgados por delitos relacionados con narcotráfico, quedando impunes los crímenes de lesa humanidad.

Advertíamos entonces que los extraditados tampoco colaborarían con la justicia colombiana por lo que no habría forma de reparar a las miles de víctimas de sus tenebrosas masacres. El Gobierno, en cabeza del Sr. Uribe, sostuvo que no habría impunidad y que los paramilitares seguirían colaborando con las autoridades. Eso no ha pasado y los hechos han controvertido el decir del Gobierno.

Es más, el Sr. Uribe aún no ha sido capaz de dar una explicación satisfactoria a la Corte Suprema sobre las razones que tuvo para extraditar a los comandantes. Y no la podrá dar porque la única razón que tuvo el Gobierno para mandarlos a los EE.UU. fue la de callar a los narcoparamilitares para evitar así que siguieran contando sus atrocidades, que cada día involucraban a más políticos amigos del Gobierno. ¿Acaso puede un país dejar en la impunidad las miles de masacres perpetradas por las autodefensas?

Es urgente que la Corte Penal Internacional intervenga en Colombia, pues estamos a punto de que los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares y consentidos por las autoridades queden impunes.

Por supuesto que esta semana el fiscal Moreno de la CPI viene a Colombia y no propiamente de vacaciones. No tendrá que hacer muchos análisis para concluir que es necesario iniciar ya los procesos penales contra los paramilitares y los políticos que los acompañaron en su carrera criminal. El Dr. Moreno se dará cuenta, una vez escuche a los familiares de la víctimas, que el Gobierno de Colombia está haciendo todo lo posible por enterrar los procesos en contra de los paramilitares, acudiendo aun a expedientes cuestionables como los de desprestigiar a la Honorable Corte Suprema de Justicia.

Debe en todo caso recordar el fiscal Moreno, cuando se reúna con el Sr. Uribe, que está sentado frente a un encantador de serpientes que durante toda su vida ha manipulado la verdad de manera sistemática. Por supuesto que no será la primera vez que Moreno esté frente a un gobernante que merezca ser juzgado por la Corte Penal Internacional y que se defienda como lo hacen las personas sub iúdice.

~~~

Notícula: ¿Qué está esperando el Fiscal, Dr. Mario Iguarán, para investigar penalmente a Tomás Uribe Moreno por el delito de favorecimiento, cuando, según su padre, fue chantajeado por Yidis Medina? ¿Qué más pruebas quiere el Fiscal General si ya ellos confesaron su propia conducta delictiva al pretender entorpecer la investigación del cohecho encubriendo este supuesto delito de chantaje cometido por Yidis? ¡No más impunidad!

Verwandter Link: http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/felipe-zuleta-lleras/Al-oido-de-la-Corte-Penal-Internacional
 
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