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Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

category venezuela / colombia | miscellaneous | portada author Wednesday May 12, 2021 03:26author by ViaLibre - 1 of Anarkismo Editorial Groupauthor email grupolibertariovialibre at gmail dot com Report this post to the editors

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Colombia vive hoy una de las jornadas de protesta social más importantes de los últimos años; miles de personas han salido a manifestar su descontento con las políticas neoliberales y precarizadoras de la vida del gobierno de Iván Duque. Por su parte, el Estado ha respondido con desproporcionalidad, represión y violencia. El 5 de mayo se reportaban 24 personas fallecidas, 381 personas heridas de las cuales 31 presentan lesiones oculares y 24 fueron heridas por armas de fuego, 15 personas víctimas de violencias basadas en género, 379 personas desaparecidas y 1180 personas detenidas. A continuación, presentamos un análisis de la protesta y esbozamos algunas tareas para el momento actual.

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Colombia vive hoy una de las jornadas de protesta social más importantes de los últimos años; miles de personas han salido a manifestar su descontento con las políticas neoliberales y precarizadoras de la vida del gobierno de Iván Duque. Por su parte, el Estado ha respondido con desproporcionalidad, represión y violencia. El 5 de mayo se reportaban 24 personas fallecidas, 381 personas heridas de las cuales 31 presentan lesiones oculares y 24 fueron heridas por armas de fuego, 15 personas víctimas de violencias basadas en género, 379 personas desaparecidas y 1180 personas detenidas. A continuación, presentamos un análisis de la protesta y esbozamos algunas tareas para el momento actual.

La Ley de Solidaridad Sostenible y el contexto político en la que se produce

El pasado mes de abril, las tres centrales sindicales del país (CUT, CGT, CTC) y algunas organizaciones sociales hicieron una convocatoria general de paro y movilización nacional para el día 28 de abril, llamando principalmente a la oposición a la tercera reforma tributaria radicada por el gobierno del uribista y ultraderechista, Iván Duque, en el Congreso de la República. La reforma, según su coautor, el ahora ex Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, buscaba recaudar 35 billones de pesos para compensar la supuesta crisis presupuestal del Estado, manteniendo la línea de ajuste económico neoliberal del actual gobierno, ahora en el marco de la reducción del PIB, el aumento de la deuda pública, el aumento del desempleo, y la profundización de la desigualdad y la pobreza detonada por la pandemia del COVID-19.

Asimismo, la reforma tributaria, llamada eufemísticamente Ley de Solidaridad Sostenible, se radicó en el Congreso en el contexto de un gobierno débil y cada vez más impopular que, a pesar de tener una mayoría en la rama legislativa, recibe rechazo de la reforma por parte de la mayoría de los partidos políticos, de izquierda y de derecha, incluyendo al mismo partido de gobierno, por conveniencia, el ultraderechista Centro Democrático. La mayoría de los sectores rechazaron la reforma, pues esta pretendía recoger recursos para el Estado por medio de impuestos regresivos indirectos a productos de la canasta familiar, el aumento a la tarifa impositiva del impuesto a la renta y la ampliación de la base de personas que lo pagan, y la eliminación de beneficios tributarios como subsidios a los servicios públicos. Lo anterior, tendría como efecto principal la profundización de la desigualdad y el hambre en el país, asfixiando financieramente a la clase media y a las clases trabajadoras y populares. De ahí que, a la reforma se opusiera, también, un sector de empresarios, quienes no creen viable obtener recursos de las familias trabajadoras en medio de una crisis sanitaria y económica.

Ahora bien, la jornada de movilización y paro se convocó en un contexto de descontento popular con el gobierno de turno, expresado anteriormente en noviembre de 2019 mediante el Paro Nacional del 21 de noviembre y las jornadas subsecuentes, así como por medio de las manifestaciones en contra de la brutalidad policial de septiembre del 2020 frente al asesinato del abogado Javier Ordóñez en un CAI en Bogotá, la violación de mujeres por parte de la policía y, en general, los abusos de parte de este cuerpo represivo. Además, este surge en medio de un contexto de pequeñas luchas de trabajadoras frente a los despidos y las condiciones de trabajo durante la pandemia (por ejemplo, trabajadoras de la salud, minería, servicios de delivery, construcción, etc.), y de manifestaciones y bloqueos de trabajadoras informales y desempleadas que por las restricciones de movilidad impuestas para contener el COVID-19 no tienen garantías de ingresos para cubrir gastos de arriendo y alimentación. Por último, el llamado a paro se da en un ambiente político autoritario, en el cual la participación política es limitada por la violencia, la persecución, y los asesinatos de múltiples actores político-sociales que abogan por la defensa del territorio, el Acuerdo de Paz, y el medio ambiente, como es el caso de defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas campesinas, negras, e indígenas, sindicalistas, ambientalistas, y líderes y lideresas civiles y comunales. A la par, se ha venido exterminando a los y las excombatientes de la guerrilla FARC ante un Estado cómplice por acción u omisión.

Paro del 28A y Jornadas de Movilización

El 28 de abril, miles de personas se manifestaron en las calles de las principales ciudades del país, así como también de municipios menos poblados y zonas rurales, respondiendo a la convocatoria realizada por los sindicatos centrales. La movilización, masiva en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Villavicencio, Neiva, Tunja, Cartagena, Popayán, Pasto, entre otras, fue protagonizada por miles de personas que se manifestaron en las calles y bloquearon carreteras intermunicipales y vías urbanas. La jornada estuvo marcada por expresiones de descontento como cacerolazos en las horas de la noche, choques con la policía, saqueos, y el derrumbe por parte del pueblo indígena Misak de la estatua del conquistador español, Sebastián de Belalcázar, en Cali. Además de multitudinaria, la movilización tuvo amplia acogida en todo el territorio colombiano, siendo importante la participación de las poblaciones en Turbo, Pitalito, Cáqueza, Guayabetal, Chipaque, Duitama y Sogamoso; zonas rurales de Cundinamarca como Samacá, Marinilla, Betania e Hispania, aledaños a Bogotá, municipios cercanos a Cali como Palmira, y municipios cercanos a Ocaña en la región del Catatumbo; y departamentos poco poblados como Casanare, Vaupés, Amazonas y Arauca, que también se sumaron a la movida.

Las manifestaciones tuvieron como exigencia principal el retiro del proyecto de reforma tributaria del Congreso, sin embargo, también fue notable el descontento con el gobierno de turno, el inconformismo con el manejo de la pandemia, y las quejas respecto a la situación de hambre y pobreza del grueso de la población. Cabe señalar que tanto las autoridades locales como la nacional trataron de contener la protesta, declarando toques de queda en las ciudades (por ejemplo en Cali y Medellín), militarizando ciertas ciudades, y con intentos de prohibir la protesta en razón a la posibilidad de contagio de COVID-19, a pesar de los llamados de los organizadores a adoptar medidas de bioseguridad. Adicionalmente, cabe señalar los esfuerzos de las autoridades nacionales para desmovilizar a las protestantes por medio de la criminalización de la protesta, señalando a quienes participan de ella como vándalos y persiguiendo a estudiantes y jóvenes con el fin de incriminar falsamente. Los medios de comunicación hegemónicos contribuyeron a la estigmatización reproduciendo narrativas oficiales, centrando su cobertura en los impactos de la movilización en la situación sanitaria, e ignorando parcialmente los abusos de la policía y las fuerzas militares como dispersión intencionada de concentraciones de manifestantes, capturas arbitrarias, o la muerte de un joven en Neiva por el accionar de la policía.

Luego de terminada la jornada del 28 de abril, los esfuerzos de paro y movilización continuaron los días siguientes a pesar de la respuesta represiva del Estado y la testarudez del gobierno de Iván Duque. El 29 de abril ciudades del Valle de Cauca como Cali y Palmira, entre otras, presenciaron grandes manifestaciones populares de inconformidad con el gobierno, así como demostraciones más moderadas en el suroccidente del país y las ciudades más grandes. La reacción de la población vallecaucana al toque de queda fue recibida con gran represión, teniendo lugar durante esa y las noches siguientes masacres por parte de la policía con algunos jóvenes asesinados como resultado, y reportes de abusos de toda índole, desde golpizas, agresiones y capturas arbitrarias, hasta disparos indiscriminados con armas de fuego, tortura, ataques a equipos médicos y de derechos humanos, y abusos sexuales.

El 30 de abril se reactivaron las movilizaciones, bloqueos, cacerolazos, y expresiones de inconformismo en todo el territorio colombiano protagonizadas principalmente por jóvenes protestantes. De igual forma, un hecho trascendental fue el bloqueo del puerto de Buenaventura, el puerto más importante del país, el cual ha sido testigo de grandes movilizaciones en los últimos años entre las que se incluyen el paro cívico a inicio de este año. El primero de mayo, día internacional de las trabajadoras, la protesta adquirió mayor fuerza, con movilizaciones, plantones, y paros, en todas las ciudades más grandes del país (Bogotá, Cali, Pasto, Popayán, Cúcuta, Pereira, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla, y Manizales). Además, se realizaron protestas agitadas cerca de la residencia del presidente en el norte de Bogotá, y bloqueos. Finalmente, la jornada desembocó en una brutal represión como las noches anteriores; convirtiéndose en una estrategia terrorista de control del descontento popular.

El 2 de mayo la gran movida continuó y la ciudad de Cali recibió a la Minga indígena del Cauca, quiénes declararon Minga hacia afuera y se unieron a la movilización. Ese mismo día, como resultado de la presión ejercida por el pueblo, el gobierno de Duque anunció el retiro del proyecto de reforma tributaria en el Congreso. No obstante, los sectores sociales que participan del paro: las trabajadoras, las estudiantes, ciertas organizaciones sociales y las personas de a pie han declarado que siguen en paro por la reforma a la salud en trámite, así como por la represión estatal, y en oposición al gobierno y el uribismo. Finalmente, como cierre de este recuento de algunos sucesos importantes de esta oleada de protestas en Colombia, el 3 de mayo taxistas y camioneros llevan a cabo un paro parcial en Bogotá, Medellín, y Barranquilla bloqueando vías y carreteras; las estudiantes entraron, poco a poco, en paro en los departamentos y facultades de sus universidades, públicas o privadas, y, en menor medida, en algunos colegios públicos; y, continuó la movilización en ciudades como Neiva, Bucaramanga, Bogotá, Cúcuta, Valledupar, Barranquilla, Barrancabermeja, Villavicencio, y bastantes municipios del Valle del Cauca. Igualmente, ese mismo día el Ministro de Hacienda presentó su renuncia ante el presidente, quien en la noche solicitó “asistencia militar” para contener las protestas, al tiempo que la situación crítica del país adquiere gran visibilidad internacional.

Pese al retiro de la Reforma Tributaria el Paro Nacional se mantiene

A partir de la victoria popular del retiro de la reforma tributaria neoliberal, que es parcial en la medida en que el gobierno de Iván Duque la retira condicionada a la formulación de una nueva partiendo de los “consensos” entre el gobierno, los partidos políticos, los sectores sociales y la supuesta “sociedad civil”, varios sectores sociales, aún insatisfechos, se declararon en paro y movilización indefinida. El descontento, que el retiro de la reforma no pudo contener, siguió manifestándose en las calles, principalmente ante el terrorismo de Estado que golpeó, mediante abusos de la policía y las fuerzas militares, a la población desarmada y furiosa. Con los ojos de actores internacionales puestos sobre la situación de derechos humanos, el gobierno no cesó la represión, sino que, por el contrario, la escaló, justificándose constantemente en lo que a su autoritario criterio es protesta “desmedida”. El actuar de la fuerza pública, antes con mayor legitimidad en el debate público, ha ido perdiendo la confianza que ciegamente se solía depositar sobre ella. Asimismo, el descontento se manifestó en la forma de rechazo generalizado al gobierno y sus propuestas de reforma neoliberales, como la proyectada reforma a la salud, que por efecto tendría más privatización del ya precario y exclusivo sistema de salud colombiano.

No obstante, si bien efectiva la mayormente espontánea movida popular, respecto a la consecución de las nuevas exigencias existe bastante incertidumbre. Paralelo al avance de la organización sectorial alrededor de la coyuntura nacional, el vanguardismo en la izquierda presenta esfuerzos por instrumentalizar el descontento a su favor, y los partidos políticos, además de canalizar la movida hacia lo electoral, se posicionan, junto con los empresarios, en su turno prioritario para negociar con el gobierno los puntos de la nueva reforma tributaria. Dichos actores políticos no tienen en cuenta las necesidades y sentires de la movida popular pues no les es indispensable en su afán por tomar dirección del Estado o posicionar consignas propias en la agenda nacional. Es imperativo, entonces, leer las razones detrás del inconformismo y, con ello, escuchar las voces, sentires, y necesidades de quienes lo manifiestan, apoyándolas en sus luchas contra la represión, contra los ajustes del capital, y contra la tan profunda desigualdad que las atraviesa.

Lo que viene

El ajuste presupuestal es resultado del capital en crisis y este, en su urgencia por salir de ella, golpea a la clase media y, principalmente, a las clases trabajadoras y populares para sobrevivir. Si bien la reforma tributaria que Carrasquilla y Duque radicaron en el Congreso parecía completamente desconectada de la realidad al desconocer la realidad de pobreza y precariedad de la población sobre la cual intentaba tributar por medio del alza al precio de los alimentos, y desconocer la contraproducencia para el capital detrás del empobrecimiento de las clases medias y consumidoras, ella responde precisamente a una realidad de sumisión del Estado a los intereses económicos dominantes, liberándolos de toda carga tributaria, facilitando la explotación de las trabajadoras mediante la flexibilización laboral, y abriéndole camino al lucro mediante la precarización de todos los ámbitos de la vida de las personas. El casi inexistente gasto social que el gobierno afirma necesita dinero para mantener obedece a su política de contención de la miseria por medio de subsidios y, en vez de facilitar el acceso a la salud, educación y alimentación a la población, la hace completamente dependiente del capitalista o empresa privada que busca monopolizar estos servicios. El rechazo a la reforma tributaria representa un rechazo a la profundización de la desigualdad que, en este caso, se expresa en más hambre para las clases trabajadoras y populares, y menos responsabilidades para los ricos. Frente a ello decimos: ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

En este ambiente de descontento se viene como tarea el fortalecimiento de la movilización y de las luchas que surgen, se activan o reactivan, en esta importante coyuntura. Nuestra apuesta sigue siendo la creación de un pueblo fuerte, capaz de contrarrestar los avances del capital y construir una sociedad socialista, antipatriarcal, anticolonial, libre y justa. Es tiempo de fortalecer los procesos de base, de organizar a los sectores inconformes, de apoyar la movilización y de nutrirla para que de ella surjan importantes victorias, sea en forma de concesiones realizadas por presión popular y acción directa, o en forma de la organización del pueblo y capacidad de lucha. Las protestantes aún exigen el retiro de la reforma a la salud, el freno a la violencia estatal y la militarización de los territorios, una renta básica para afrontar la crisis económica, y una vida digna y en paz. En ese sentido, desde el Grupo Libertario Vía Libre llamamos a la continuación de la movilización y paro, contra el uribismo y la represión, pero también contra el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo.


¡La lucha sigue!
¡Arriba las que luchan!


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