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Monday February 15, 2021 09:24 by Colectivo Contrainformativo Subversión - Colectivo Contrainformativo Subversión subversioncolectivo at riseup dot net
Trujillo, no solo legitimó el accionar de la Fuerza Pública, pues está claro que fue una de las cabezas responsables en la masacre del 9S en Bogotá. A esto se le suma su posición durante la moción de censura citada por la Cámara de Representantes el 13 de octubre de 2020, donde expuso que “Medicina Legal se equivocó al tipificar muerte de Dilan Cruz como homicidio”[8]. De igual manera, dos días después de la moción de censura, tuvo que pedir disculpas públicas por obligación de la Corte Constitucional por el exceso de violencia de la Fuerza Pública. En un tono arrogante y apático, se refirió al caso pidiendo disculpas a regañadientes y de una forma hipócrita, expresando lo siguiente: “en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la Institución”[9], lo que quiere decir un lavado de manos con todos los casos de brutalidad policial que han cobrado cientos de vidas en cualquier momento. Mientras tanto, el derramamiento de sangre a causa de las masacres a lo largo y ancho del país -intensificado en la región del suroccidente colombiano- a manos de actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (paramilitares descendientes del proceso de paz de Uribe Vélez y transformación de la estructura narcotraficante Clan del Golfo) continúa, porque no basta con unas disculpas hipócritas y por obligación, el terror es política de Estado. El 26 de enero murió Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Defensa del Gobierno de Iván Duque en el Hospital Militar Central como consecuencia de la infección del virus SARS-Cov-2. Deja un legado de muerte, sangre y dolor durante su carrera política, especialmente como Ministro de Defensa en el periodo del 16 de noviembre de 2019 al 26 de enero de 2021; el luto nacional por su partida desde el Gobierno Duque no puede ocultar lo que en vida legitimó, ocultó e impulsó con el asesinato de jóvenes, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, así como con las masacres registradas durante la responsabilidad que asumía al frente de la Fuerza Pública. Carlos Holmes Trujillo García creció y se formó bajo un entorno político de carácter liberal gracias a su padre Carlos Holmes Trujillo Miranda, quien fue congresista y líder político del Partido Liberal en el Valle del Cauca. Trujillo García se incorporó también a la vida política en la década del 80 -en la misma colectividad donde había participado su padre-, para tomar posesión de cargos públicos en diferentes sectores desde entonces, entre esos, alcalde de la ciudad de Cali y constituyente en el 91. Posteriormente se acercó al árbol que más le diera sombra para asumir diferentes cargos dentro del Estado en sus políticas nacionales e internacionales. Durante el gobierno de Andrés Pastrana y en particular de Uribe Vélez, se afianzó en su ala política, oponiéndose permanentemente a una salida negociada al conflicto armado con las insurgencias del país. ¡Vaya casualidad! Esto no lo hizo con las negociaciones entre el Gobierno de Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante su primer periodo presidencial. Como profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, dirigió la tesis del entonces estudiante Ernesto Yamhure, para obtener su título de pregrado en el año 2003. En su tesis, presenta un análisis del proceso de paz entre las AUC y el Gobierno de Uribe Vélez. Más tarde, siendo Yamhure columnista y periodista para El Espectador y Caracol Radio, distintos jefes paramilitares lo relacionarían con Carlos Castaño como asesor y persona cercana del mismo[1]. En los años siguientes hasta el 2018 (gobierno de Duque), Trujillo ocupó cargos internacionales; perdió dos consultas internas para asumir la candidatura presidencial del Centro Democrático ante Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque en el 2014 y 2018 respectivamente. Su antecesor en el cargo del Ministerio de Defensa, Guillermo Botero, enfrentó dos mociones de censura desde agosto de 2018 hasta noviembre de 2019. La primera como consecuencia del asesinato de Dilmar Torres (excombatiente de las FARC) por parte del Ejército Nacional, de la cual salió bien librado gracias a la bancada del Gobierno (congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, Justa y Libres, Mira y el Partido Liberal). Una segunda moción de censura fue citada para el 7 de noviembre, debido al bombardeo de una zona campamentaria de Disidencias de las FARC en el departamento del Caquetá, donde las Fuerzas Militares asesinaron a 18 menores de edad, aun teniendo previa información de inteligencia en la que se daba a conocer la presencia de estas jóvenes allí[2]; tras lo ocurrido, se ocultó la información de lo sucedido. Gracias a la presión y movilización social que por esos días se tomaron las calles en gran parte del territorio nacional, Botero deja el cargo el 6 de noviembre de 2019, un día antes de la fecha en que tendría lugar la moción de censura. Ante su salida, Duque nombra Ministro de Defensa a Carlos Holmes Trujillo, quien se encontraba ocupando el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de esto, amigo y ficha clave para el Gobierno ante el ascendente fervor popular. A cinco días de su posesión inicia uno de los más grandes escenarios de movilización social en los últimos años en Colombia con el Paro Nacional del 21 de noviembre, convocado por diversos sectores sociales y movimientos populares ante lo que se denominó “El paquetazo de Duque”. La represión y abuso policial se intensificó en las manifestaciones, llegando cientos de denuncias a organizaciones defensoras de Derechos Humanos por las detenciones arbitrarias, uso de armas no convencionales y heridos por parte del ESMAD y la Policía Nacional. Dos días después del inicio de la movilización social, a la altura de la calle 19 con carrera 4 (hoy llamada popularmente Av. Dilan Cruz), en el centro de Bogotá, el capitán del ESMAD Manuel Cubillos Rodríguez con código en su uniforme 003478 dispara de su escopeta calibre 12 una bala Bean-Bag (proyectil conformado por balines cubierto por un saco de tela) considerada no letal. El proyectil impacta en la cabeza de Dilan Cruz, joven de 17 años a punto de graduarse del Colegio Ricaurte, quien murió dos días después en la clínica San Ignacio de la Universidad Javeriana. Hoy día, Cubillos se encuentra gozando de libertad y muy cerca de recibir un ascenso gracias a la Justicia Penal Militar, comentan los abogados del caso. Días después del asesinato, Holmes Trujillo en tono prepotente legitimó el accionar del capitán, del Escuadrón Móvil y de la Fuerza Policial en general, durante las jornadas de movilización en las cuales organizaciones jurídicas y defensoras de Derechos Humanos denunciaron la detención arbitraria de personas identificadas como defensoras de DDHH; hubo evidencia de agentes del ESMAD usando armas no convencionales como palos, piedras y armas de fuego, así como un centenar de civiles heridos participantes de las jornadas de indignación: “Hemos recibido denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales contra manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes” según Human Rights Watch[3]. A lo anterior se le suma entonces la masacre del 4 y 9-10 de septiembre, una en un Centro de Atención Inmediata (CAI) en Suacha y otra en la ciudad de Bogotá, respectivamente. En la primera fueron incinerados 8 jóvenes que se encontraban detenidos en el CAI del barrio San Mateo en el municipio de Suacha, con responsabilidad directa de los patrulleros Gabriel Moreno y Jorge Suarez, así como de la comandante Aida del Pilar Gonzales. A pesar de que se abrió proceso a los patrulleros y la comandante, las familias de las víctimas exigen el esclarecimiento total de la investigación y la imputación de cargos a por lo menos 50 agentes policiales que estuvieron en el CAI el día de los hechos[4]. En la segunda fueron asesinadas 14 personas la noche del 9 y 10 de septiembre a manos de la Policía Nacional y civiles en complicidad de agentes de la institución. Nuevamente, el entonces ministro justificó el actuar de la Fuerza Pública argumentando la posible infiltración del ELN, Disidencias de las FARC, colectivos barriales y estudiantiles “radicales” de la ciudad. Durante las noches del 9 al 11 de septiembre se incrementó el pie de fuerza con efectivos de la Policía, ESMAD y Ejército Nacional en la capital del país. ONG’s, medios alternativos de comunicación, organizaciones defensoras de DDHH, entre otras colectividades, recibieron cientos de denuncias con fotos y videos donde se veía la complicidad para disparar armas de fuego entre uniformados y civiles en acciones premeditadas y coordinadas[5], lo que representa la política interna en la institución: policías sin identificar utilizando palos y piedras intimidando a manifestantes y transeúntes; traslado de defensoras de DDHH a estaciones de policía sin argumentar detención; entre otros casos de abuso policial presentes en informes de Temblores ONG[6] y la Campaña Defender la Libertad[7]. A esto se le suma información certera que pudimos obtener sobre el mando policial en la noche del 9 de septiembre y que, en entregas posteriores, compartiremos con mucho más detalle: “Para ese día, el coronel Luis Alfredo Sarmiento Tarazona tenía el cargo de comandante general de la Policía Metropolitana de Bogotá, empero, a las 8pm pierde el mando bajo instrucciones únicas que solo puede dar el Presidente de la República o el Ministro de Defensa. Posteriormente, el Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés asume el mando como comandante de la Policía en la ciudad. Bajo este cargo, pudo impartir órdenes al Subcomandante de la Policía el Coronel Wilson Gonzáles Delgadillo y al Coronel Nectón Lincón Borja Miranda quien estaba como encargado de los Comandos Operativos de Operación Ciudadana (COSEC), estructura institucional para llevar a cabo cumplimiento el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC): de allí se desprende entonces las jurisdicciones o zonas por localidades donde se encuentra la comandancia directa de las estaciones de Policía en las cuales, dentro de sus funciones están las órdenes que dirigen a los comandantes de los Centros de Atención Inmediata (CAI). Allí sobresale por la sevicia y cinismo el Comandante del CAI Verbenal, Teniente Alberto Cuartas por el asesinato de tres personas en el barrio El Verbenal. En últimas, la primera orden en el cambio de comandancia de la Policía de Bogotá estuvo a cargo de Duque o de Holmes Trujillo con plenas instrucciones de recuperar “el orden” a sangre y fuego pisando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que tanto se ufanan en pedir respeto.” Trujillo, no solo legitimó el accionar de la Fuerza Pública, pues está claro que fue una de las cabezas responsables en la masacre del 9S en Bogotá. A esto se le suma su posición durante la moción de censura citada por la Cámara de Representantes el 13 de octubre de 2020, donde expuso que “Medicina Legal se equivocó al tipificar muerte de Dilan Cruz como homicidio”[8]. De igual manera, dos días después de la moción de censura, tuvo que pedir disculpas públicas por obligación de la Corte Constitucional por el exceso de violencia de la Fuerza Pública. En un tono arrogante y apático, se refirió al caso pidiendo disculpas a regañadientes y de una forma hipócrita, expresando lo siguiente: “en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la Institución”[9], lo que quiere decir un lavado de manos con todos los casos de brutalidad policial que han cobrado cientos de vidas en cualquier momento. Mientras tanto, el derramamiento de sangre a causa de las masacres a lo largo y ancho del país -intensificado en la región del suroccidente colombiano- a manos de actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (paramilitares descendientes del proceso de paz de Uribe Vélez y transformación de la estructura narcotraficante Clan del Golfo) continúa, porque no basta con unas disculpas hipócritas y por obligación, el terror es política de Estado. Quizás cualquier persona podría concluir hasta el momento que no puede haber más descaro y cinismo ante tanta barbarie cometida, pero desafortunadamente sí lo hay y eso es poco a lo que continuó impulsando Holmes Trujillo. En el mes de agosto de 2020, Iván Duque se refirió al caso de las masacres como “homicidios colectivos” con toda la frescura del caso y sin demostrar más allá de una hipócrita indignación. Posteriormente el ministro en rueda de prensa del 24 de agosto dijo que “masacre es un término periodístico y coloquial”, defendiendo el término de homicidios colectivos y librándose de responsabilidad institucional ante los casos porque son homicidios que se venían presentando en gobiernos anteriores[10]. Para el mes de mayo, defendió a capa y espada la presencia de tropas estadounidenses de la Brigada de Asistencia Fuerza de Seguridad de los Estados Unidos en el territorio nacional[11], saltándose precisamente los artículos pactados en la Constitución del 91 que él mismo ayudó a construir, específicamente con el numeral 173 que interpone como requisito debatir y autorizar previamente la presencia de tropas extranjeras por parte del Senado. La cereza del pastel de lo anterior se encuentra en las conclusiones que algunos congresistas informaron al haber revisado el manual de operaciones de las tropas, en este podía leerse que aquellas pueden “asesorar milicias no gubernamentales y socios irregulares”[12], de lo que podemos inferir cuáles son el tipo de milicias y socios irregulares de los que se trata: grupos paramilitares. Como si fuera poco, Holmes estigmatizó la Minga Social Indígena que llegó a la capital del país el 18 de octubre del año anterior, asegurando que estaban infiltradas por organizaciones armadas[13]. Para el mes de noviembre, se refirió a las fumigaciones con glifosato justificándolas como prácticas para “combatir” el narcotráfico; esta afirmación resulta alejada de la realidad, pues la aspersión aérea afecta a campesinos y tierras productivas, mientras los grandes narcotraficantes del país, carteles mexicanos y regionales ganan terreno en el pacífico y norte de Colombia con complicidad de las FFAA. ¿Continuamos? Para el 30 de septiembre se había citado a Holmes Trujillo a un nuevo debate de control político por los sistemáticos asesinatos a líderes y activistas sociales en el país. Sin embargo, el Ministro nunca llegó aduciendo que se encontraba fuera de la ciudad: esto representó un plantón insensible a líderes sociales que se encontraban en el recinto para lograr debatir sobre las medidas que estaba tomando el Estado colombiano[14] ante las amenazas y atentados a los líderes por parte de grupos paramilitares como las Águilas Negras y AGC, y disidencias de las FARC. Así las cosas, guardar luto nacional a un personaje como Carlos Holmes Trujillo es despreciable e inadmisible para quienes han sido víctimas del terrorismo de Estado encarnado en personajes como este. Mientras se rinde tributo a quienes dan la orden, se normalizan las masacres y asesinatos a defensoras de DDHH y líderes sociales; persiguen, encarcelan y asesinan a las nuestras, mientras homenajean y enaltecen a quienes imponen el terror. Con la partida de Carlos Holmes no parará la guerra contra las comunidades, ni mucho menos se detendrán las acciones violentas a las activistas y organizaciones sociales, comunitarias y populares, pues la política estatal del Gobierno Duque sigue en firme con claros objetivos con la reforma tributaria para el 2021, con el endurecimiento de políticas represivas con el nuevo Ministro de Defensa Diego Molano y las intenciones de la derecha latifundista y terrateniente de seguir en el poder para el 2022-2026 liderada por Álvaro Uribe Vélez y los clanes políticos regionales de Colombia. Ante este escenario llamamos nuevamente a fortalecer la movilización social, a no permitir que nos sigan desarticulando y desmovilizando con la excusa de la pandemia que se ha prestado para endurecer medidas represivas, a juntarnos, organizarnos y seguir construyendo un escenario favorable para la transformación radical de la sociedad en favor de las desposeídas.
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