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Tuesday January 26, 2021 02:22 by ViaLibre - 1 of Anarkismo Editorial Group grupolibertariovialibre at gmail dot com
Mientras la burguesía se prepara para un nuevo plan de ajuste para salir de la crisis económica profundizando la precarización y explotación laboral, el movimiento obrero y popular se muestra ineficaz y replegado. La síntesis de situaciones que se presentan y desaprovechan en la coyuntura de negociación del salario mínimo sigue siendo excepcional, y hay pocos momentos de mayor y más general politización clasista, sentido de comunidad y crítica antigubernamental entre una clase trabajadora precarizada y dividida, que en su mayoría no participa de negociaciones sectoriales o convenciones colectivas de trabajo y por lo tanto tiene en la negociación del salario mínimo su única instancia reivindicativa. Aprovechar esta coyuntura en un sentido clasista y libertario sigue siendo una tarea urgente, y hacer de esto un elemento clave, para resistir mejor la ofensiva patronal en curso. El pasado 29 de diciembre de 2020 el gobierno de Iván Duque decreto un aumento del salario mínimo mensual vigente para el 2021 en Colombia del 3.5%. Esto lleva la remuneración más baja permitida por la ley a 908.526 pesos mensuales, un incremento de 30.723 pesos. El auxilio al transporte se fijó en 106.454 pesos, un incremento de 3.600 pesos. Estas dos cifras que no siempre son pagadas por los empresarios, suponen un aumento de 34.323 pesos netos, fijando el valor del salario mínimo con transporte en 1´014.980 pesos[1]. Esto supone un salario diario de 30.248 pesos y un pago de 3.785 pesos hora ordinaria[2] en un país donde es habitual extender la jornada más de 8 horas sin remuneración adicional y donde las horas extras, nocturnas y dominicales son frecuentemente desconocidas. El gobierno argumenta que este aumento es de más del doble del crecimiento de la inflación en el año estimada en 2020 que es 1.5% y por lo tanto supondría un incremento neto de 2%. Sin embargo en el promedio general que arrojan las cifras del propio Banco de la República, se registra una inflación al consumidor del 2.5% anual para el año, por lo que en realidad el aumento supondría un incremento del 1%[3]. Según datos de esta misma institución, este es el aumento porcentual más bajo de la historia desde que este piso salarial fue establecido en 1983[4]. El salario mínimo actual equivale a 261.36 dólares y 216.62 euros mensuales, tasas inferiores por efecto de la depreciación de la moneda al promedio de hace 5 años[5], e incluso a la conversión obtenida el año pasado. Frente a esto, demagógicamente Duque planteo que esta cifra representaba el cumplimiento de la promesa de campaña, que llega con solo tres años de retraso, de un salario mínimo que superara el millón de pesos, lo que por un lado es falso porque el auxilio al transporte no hace parte del salario base y por otro, supondría un logro pírrico en medio de la pérdida del valor de la moneda[6]. Por su parte, el segundo Ministro de Trabajo del gobierno Duque, el político uribista Ángel Custodio Cabrera, asesor bancario y barón clientelista del ICBF[7], sostuvo que este era el gobierno que más había aumentado el salario mínimo en términos reales desde 1985 y que se acumularían 5% de aumento por encima de la inflación en los últimos tres años. Sin embargo, el hecho es que como advierten medios gobiernistas como El Tiempo, el salario mantiene congelado su poder adquisitivo con respecto al último año y de hecho ha perdido hasta un cuarto de su valor en los últimos 5 años. La decisión gubernamental se da tras un nuevo fracaso de la ineficaz Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, de estructura tripartita, creada en 1997. Así los representantes patronales agrupados en el Consejo Gremial Nacional (CGN) esbozaron una pobre propuesta de aumento del 2% que elevaron hasta el 2.7%, mientras los sindicatos reunidos en el Comando Nacional Unitario (CNU) presentaron una propuesta unificada de aumento de 13.9%, para dejar el salario mínimo en 1 millón de pesos. En la Comisión que tuvo 7 rondas de negociación en noviembre y diciembre sin mayores avances[8], las centrales sindicales y pensionales, que de forma anómala y por segundo año seguido no se dividieron en la negociación, también plantearon la renta básica, el incremento pensional y su rechazo a los decretos laborales de emergencia que flexibilizaban condiciones de contratación[9], generando una negativa cerrada de parte de los patrones y el gobierno nacional. Esto en medio de una política de Estado que retóricamente busca un equilibro entre aumentar el poder adquisitivo y estimular la generación de empleo, mientras en la práctica mantiene una política de bajos salarios sin generación de empleos durables. Sin embargo, la prensa empresarial y los “especialistas” neoliberales, azuzan por aumentos aún más bajos y esbozan un discurso de ajuste económico en el que sostienen contra toda evidencia, la fracasada receta ortodoxa de salida de la crisis mediante salarios bajos e incremento de la explotación laboral[10]. Esta situación se da en el marco general de una profunda crisis económica generada por la pandemia y las medidas aislamiento, en la que el gobierno estima que el PIB del país pudo haberse contraído en -6.6% en 2020, cifra que el Fondo Monetario internacional (FMI) elevaba hasta -8.2%. En la actual crisis se llegó también a un promedio de desempleo anual hasta noviembre del año pasado de 16.3% y 3´797.900 personas sin trabajo, estimación que el FMI sube hasta el 17.3%[11], desempleo que como es habitual golpea más duramente a las mujeres y la juventud precarizada. Hay además un importante déficit fiscal que llega al 9% del PIB y una deuda externa que se incrementó más de 10 puntos y llego al 54.82% del PIB, que el Fondo Monetario estima hasta en 68.2%[12]. En este complejo panorama, los representantes empresariales consideran que la crisis puede suponer una oportunidad histórica para realizar una doble reforma económica neoliberal, que por un lado adelante la parcialmente derrotada reforma laboral que abarate el costo del empleo por medio de la reducción salarial y la precarización más profunda de las condiciones de contratación y una reforma tributaria, que manteniendo los esquemas de exenciones a las empresas y los altos ingresos, aumente los impuestos regresivos e indirectos sobre la mayoría de la población[13]. El DANE registra que en los primeros 10 meses de 2020 el 63.8% de los trabajadores ocupados y 12.4 millones de personas, ganan hasta un salario mínimo o menos, un incremento de 3 puntos frente a 2019. Esto es además más dramático pues el 48.6% de los ocupados, la mayor proporción en 3 años, gana menos del 0.9 del salario mínimo, una muestra del empeoramiento general de las condiciones salariales en medio de la crisis[14]. En total para 2020 el 88.6% de los trabajadores ocupados y 17.3 millones, gana hasta 2 salarios mínimo, una muestra de la relativa precariedad de la clase trabajadora ocupada en el país, que se agrava para las mujeres o la población negra. Y esto sin mencionar a las personas trabajadoras informales, migrantes o pensionadas, que estructuran sus salarios y beneficios también a partir del salario mínimo. Aunque la situación estructural de debilidad de los sindicatos en una mesa de concertación donde los patrones adentro y afuera del gobierno son la mayoría, las organizaciones sindicales no convocaron ninguna actividad de movilización específica por el salario mínimo, volviendo a los cauces habituales que solo la jornada de protesta nacional de noviembre-diciembre de 2019 había logrado romper temporalmente[15]. Y aunque la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) desarrollo una campaña comunicativa para explicar la propuesta de aumento, estas acciones simplemente no pueden remplazar la acción colectiva de las trabajadoras. Mientras la burguesía se prepara para un nuevo plan de ajuste para salir de la crisis económica profundizando la precarización y explotación laboral, el movimiento obrero y popular se muestra ineficaz y replegado. La síntesis de situaciones que se presentan y desaprovechan en la coyuntura de negociación del salario mínimo sigue siendo excepcional, y hay pocos momentos de mayor y más general politización clasista, sentido de comunidad y crítica antigubernamental entre una clase trabajadora precarizada y dividida, que en su mayoría no participa de negociaciones sectoriales o convenciones colectivas de trabajo y por lo tanto tiene en la negociación del salario mínimo su única instancia reivindicativa. Aprovechar esta coyuntura en un sentido clasista y libertario sigue siendo una tarea urgente, y hacer de esto un elemento clave, para resistir mejor la ofensiva patronal en curso.
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