El Fracaso de la Solidaridad: La CIOSL, AFL-CIO, OIT y ORIT en Haití

américa central / caribe | workplace struggles | non-anarchist press Saturday June 10, 2006 05:59 by Rebelión

as organizaciones laborales internacionales más prominentes en Haití, la CIOSL, AFL-CIO, OIT y ORIT, trabajaron por apoyar y fortalecer a los sindicatos que exigieron el derrocamiento del gobierno haitiano democráticamente elegido. Simultáneamente, se han negado a denunciar los despidos masivos y persecución de los trabajadores públicos y sindicalistas cometidos por su sucesor ilegítimo.

Demolished Dignite Buses

El 16 de febrero de 2004 llegó un grupo de sindicalistas extranjeros a Port-au-Prince, Haití, entre ellos el secretario general de la ORIT, Víctor Baez, la Secretaria General Adjunta de la CIOSL, Mamounata Cissé, y dirigentes sindicales de Francia, Canadá, Guyana y una federación sindical global. El propósito de la delegación era auxiliar a 11 miembros de la Coordination Syndicale Haïtienne (CSH), acusados por las autoridades haitianos de conspirar contra el gobierno. La delegación laboral recibió cobertura internacional en los medios de prensa, tal como explica Katia Gil, coordinadora general de programas de la ORIT: “Fuimos a visitarlos a la cárcel. Fuimos con muchos periódicos y agencias de prensa locales e internacionales.”1Apenas 13 días después de su llegada, el 29 de febrero, el gobierno popular del movimiento Lavalás fue derrocado y su presidente, Jean-Bertrand Aristide, fue exiliado a África. Pronto fue instalado un gobierno interino, de la burguesía haitiana, apoyado por los Estados Unidos, Francia y Canadá.

“Después del golpe de estado, más de 12,000 empleados públicos, contratados bajo el gobierno de Aristide, fueron inmediatamente despedidos sin remuneración,” escribió Isabel MacDonald, una periodista canadiense al entrevistar a trabajadores cesantes en Haití.2 La Associated Press informó el 12 de mayo de 2004 que la empresa estatal telefónica, Telecommunications D’Haiti (TELECO), había anunciado su intención de despedir a 2.000 trabajadores, la mitad de su fuerza laboral.

En mayo de 2004, una investigación de una delegación sindical-ecuménica enviada por el Consejo Laboral de San Francisco informó de una caza de brujas contra los simpatizantes del gobierno derribado y denuncias de la Federación de Trabajadores de Transporte de Haití (FTPH ) sobre atentados contra más de 100 de los autobuses que habían comprado para su uso en la cooperativa de transporte que manejaba el sindicato.3 Sasha Kramer, estudiante de posgraduado de California, tomó fotos de los autobuses destrozados. Hubo amenazas de muerte e inclusión en listas policíacas de “prófugos” contra los empleados públicos y sindicalistas tales como los maestros, estibadores y chóferes de autobuses a lo largo del país. Con un número desconocido de asesinados y presos políticos del golpe y de los 26 meses posteriores de gobierno no elegido, varias organizaciones de derechos humanos denunciaron la violencia y persecución oficialista (marzo de 2004-mayo de 2006).
En las semanas antes del golpe, las empresas y organizaciones antigubernamentales convocaron un “paro general,” durante el cual los bancos, gasolineras, supermercados y tiendas cerraron las puertas mientras los mercados de los pobres se mantuvieron abiertos.4 En una entrevista reciente, Duclos Benissoit, fundador de la Federación Haitiana de Transporte actualmente exiliado in Nueva York, habló de sus experiencias durante el golpe de 2004: “Las personas que se arriesgan, los que oponen resistencia, cayeron primero. Yo fui una de esas personas. Yo me opuse a cualquier tipo de ‘huelga’ que convocara la patronal. A menos que los trabajadores la convocaran, les dije a los compradores que no hicieran caso a otras ‘huelgas.’ [A las grandes empresas y fuerzas nacionales] no les gustó esto.”5

La delegación de la CIOSL en febrero de 2004, justo antes del derrocamiento de Aristide, “visitó a muchas personas pero sólo aquellas que estaban involucradas con la oposición al gobierno, por supuesto,” explica Katia Gil. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que afirma tener 157 millones de afiliados en 148 países y territorios, desempeña un papel importante en la investigación y denuncia de los maltratos laborales en todo el mundo; pero durante los dos años después del golpe de estado, la CIOSL no ha hecho una sola declaración o denuncia respecto a las masivas persecuciones laborales. La Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), el afiliado latinoamericano de la CIOSL con sede en Brasil, también guardó silencio.



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