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Posición FAR - Marzo 2020

category argentina/uruguay/paraguay | economía | opinión / análisis author Tuesday March 24, 2020 01:05author by Federación Anarquista de Rosario - FAR Report this post to the editors

Seguir resistiendo el ajuste del gobierno y el FMI, en las calles y con independencia de clase

Como planteamos oportunamente, podemos ver que la gran ganadora en el proceso de cambio de gobierno en nuestro país fue la institucionalidad. A pesar del nivel de pobreza, la inflación, devaluación, endeudamiento externo, pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población, entre muchos otros saldos del gobierno macrista, la clase política supo llevar el “juego” a su propio campo y canalizar prácticamente todas las iniciativas y acciones en torno a la participación electoral y las expectativas puestas en el gobierno entrante. Así el gran vencedor de este proceso ha sido el Estado como estructura política de la clase dominante, uniendo los lados de “la grieta”, fortaleciendo la idea de que por “primera vez un gobierno no peronista termina su mandato”. En este sentido observamos, como rasgos fundamentales del nuevo período, intentos del Gobierno y sectores de la clase dominante de profundizar el control social y la institucionalización de las organizaciones populares en un contexto donde los de arriba siguen exigiendo más ajuste para los de abajo. Buscando también realizar cambios estructurales que atentan contra la lucha de clases, como el establecimiento de aumentos salariales por decretos gubernamentales, que no solo apuntan a poner un techo a los ingresos, sino que de fondo es una injerencia clara del Estado en la relación de fuerzas entre las patronales y los gremios, paralizando la dinámica sindical.
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Es así como en este escenario de debacle social y económica, el Gobierno de Fernández intentará por un lado (quizás sin los niveles destructivos de Cambiemos) estirar lo más que se pueda el clima de ajuste y austeridad generalizado que dejó la hecatombe ultra-liberal, en pos del cumplimiento de pago de la deuda con el FMI. Pero esta avanzada no puede pensarse sin un “pacto social” que la garantice. Es ahí donde se evidencia a gran parte de las burocracias sindicales y sociales dándole tiempo al Gobierno, aceptando sin resistencia los aumentos “solidarios” a los ingresos de los trabajadores. En este orden se encuentra el pedido de Fernández a las cúpulas de la CGT y las CTA de que sus gremios acepten aumentos salariales fijos y no reclamen la cláusula gatillo (una llave de ajuste automático que permite no quedar tan desfasado con la inflación). Esta medida de cara a las paritarias, busca evitar que los trabajadores recuperen por completo el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Es en este sentido que la independencia de clase y la acción directa se tornan más estratégicas que nunca. Se torna necesario presionar hacia adentro de las organizaciones sindicales posturas más tajantes respecto al avance del gobierno sobre los derechos laborales. Es evidente que desde el Estado se sigue con la táctica de sondeo que utilizó el macrismo. En este sentido, vemos como se han anunciado aumento de tarifas que después han negado, o los dichos del Ministro de Trabajo sobre un posible aumento de la edad jubilatoria. Aquí las burocracias están en una encrucijada que no les es gratuita en torno a la posible pérdida de bases, si se cierra por completo un pacto entregador. Por eso desde nuestras agrupaciones debemos ser claros, articular y aglutinarnos con aquellos sectores combativos para poner freno a estos avances. En este punto destacamos a modo de ejemplo la combatividad de la multisectorial de estatales en Chubut o los acertados posicionamientos de la CTA Autónoma de Rosario, quienes proponen mantener presencia en la calle con autonomía (a diferencia de la conducción de la CTA Autónoma a nivel nacional).

Dentro de las conducciones de las organizaciones sociales también se ha sellado un pacto con el gobierno, quedando poco de esos viejos movimientos de los 90` que cortaban la ruta contra los despidos, pidiendo trabajo genuino. Décadas de políticas focalizadas, y un vínculo cada vez más cercano con el Estado, han aportado a la institucionalización creciente de prácticamente todas las organizaciones del sector de desocupados, quedando la militancia social entrampada en dinámicas de gestoría administrativa de las enroscadas políticas lanzadas por el Gobierno de turno para emparchar los índices de desocupación. Así la creación de la UTEP como sindicato viene a ser una marca de época, lamentablemente, con el distintivo gesto de un saludo presidencial a través de video y la participación del Ministro de Desarrollo Social en su acto fundacional, y más grave aún con sus dirigentes en cargos gubernamentales. A la luz de la historia, estamos convencidos que el avance organizativo del sector -en defensa de reivindicaciones por demás de sentidas para los desocupados- no puede ni debe ir jamás acompañado de mayores niveles de dependencia política con el Gobierno de turno. Y mucho menos debe adoptar como propia, la dinámica burocrático-administrativa de las políticas de Estado. Aquí nuevamente hacemos hincapié en la necesidad de mantener la independencia de clase como bandera de los sectores populares.

En cuanto a políticas sociales –en un contexto de aumento exponencial de la pobreza y el hambre en todo el país- podemos ver que se ha conseguido finalmente, desde la lucha de las organizaciones sociales, instalar una agenda de necesidad de aumentos en los subsidios para desocupados, así como planes de acceso a los productos de primera necesidad. En este sentido el Gobierno nacional comenzó apostando, en términos económicos, al viejo caballo de batalla de políticas orientadas al estímulo del consumo interno. Esto ya se vio expresado en el lanzamiento de la tarjeta alimentaria, el aumento de las asignaciones y las jubilaciones mínimas. Pero sorpresivamente, este necesario aumento a los sectores en situación de indigencia, recayó en la pérdida “solidaria” del poder adquisitivo de los sectores que se encuentran rondando la línea de pobreza, como los jubilados que cobran más de $20 mil, los monotributistas, etc. A contrapartida a esos sectores se les plantea que deben permanecer tranquilos y confiados en la baja de la inflación y el acuerdo de precios y salarios.

De la misma manera, vemos como se buscará encorsetar al movimiento más masivo de los últimos años como ha sido el feminista. Se torna evidente que es con este fin que se creó el Ministerio de la Mujer, donde se intenta cooptar/institucionalizar el amplio movimiento feminista y sus luchas, canalizando toda acción a través del Estado. Es significativo que, pocos días antes de que se presente nuevamente el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo –por presión popular-, el presidente haya hecho declaraciones favorables a la iniciativa. Por esto, es importante siempre hacer visible que, si se logra la aprobación del proyecto, será fruto de la lucha y organización que hace décadas sostenemos las mujeres y disidencias, habiendo ya logrado instalarlo a nivel social, cada vez que se habla de la “ola verde”.

Por otra parte, como ya venimos anticipando, el gobierno de Fernández no marcará ningún cambio de fondo en torno a la matriz económico-productiva del país, dando señales claras de fortalecer el extractivismo y la producción primaria. Sin embargo ya se vieron expresiones contundentes de resistencia a estas políticas. A las claras, el único freno a la sangría de bienes comunes y la contaminación viene siendo dado desde la lucha social, como fue el caso de la pueblada en Mendoza, donde se logró frenar una ley de contaminación sistemática impulsada desde la gobernación y el gobierno nacional.

Párrafo aparte merece la continuidad de la dependencia con las políticas del FMI y los vencimientos de la deuda externa, que ascienden aproximadamente a los 311.000 millones de dólares (deuda pública global), lo que implica más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB). De esa deuda la correspondiente al FMI son actualmente 44.000 millones de dólares. La estrategia del gobierno, ya desde el período de la campaña, fue siempre conciliadora, buscando tener el visto bueno del Fondo y lograr postergar los pagos lo más posible, siempre reconociendo su validez –y legitimidad como política de Estado-, expresando un compromiso de pago. Para esto el Gobierno de Fernández buscó apoyo internacional, realizando una gira europea donde también aprovechó para hacer jugar el apoyo papal a su gestión. La visita realizada por el Fondo a la Argentina en el mes de febrero se dio en ese marco, avanzando en la negociación positivamente de acuerdo a lo planteado por el presidente. Es aquí donde también se expresa la intención desde el Estado de encapsular toda acción impulsada desde los sectores en lucha en torno a sus propios intereses, ya que ante las masivas movilizaciones en repudio al FMI y su presencia en el país, desde el gobierno se buscó desdibujar ese perfil cuestionador y tornarlo como demostraciones a favor del gobierno y apoyo a la negociación. A pesar de esto, entendemos que la dimensión y amplitud de las manifestaciones en repudio se plantean como límite a la acción desde el Estado y las políticas de ajuste pretendidas desde el organismo usurero. Es necesario en este tipo de acciones diferenciarse de las perspectivas que acercan a las organizaciones en lucha (sindicales, estudiantiles, territoriales, etc.) con los gestores del Estado, ya que tenemos bien claro que nuestros intereses son antagónicos y que la búsqueda de conciliar con los organismos prestamistas solamente favorecerá a los sectores ricos y poderosos.

No podemos tampoco pasar por alto algunos rasgos de las políticas internacionales desarrolladas en estos meses de gobierno. Por un lado, podemos ver que en cierto sentido busca inscribirse dentro de la herencia de los llamados gobiernos progresistas que se desarrollaron en el cono sur hasta hace unos años, la cercanía con Lula (el apoyo al pedido de libertad cuando se encontraba detenido) y el asilo político que se está prestando a Evo Morales luego del golpe de Estado son significativos en este sentido. Pero más allá de estas acciones, y una retórica propia de las banderas del peronismo encontramos la visita con elogios incluidos al estado genocida de Israel en su primera gira internacional, el relativo silencio y calma ante las violaciones a derechos humanos que se están desarrollando en Chile (brindando incluso el ofrecimiento de ayuda al presidente Piñera), y mucho más importante la autorización para la realización de ejercicios militares conjuntos, con países limítrofes y potencias mundiales. Esto último, aprobado el pasado 17 de febrero, con acuerdo de todas las fuerzas políticas parlamentarias, autoriza un gasto de 249 millones de pesos para unos 17 ejercicios militares con países vecinos y potencias, como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, India, Brasil y Venezuela, entre otros. Con Estados Unidos es especialmente significativo ya que la Armada norteamericana participará en un ejercicio denominado “Gaucho Gringo” con un portaaviones, que llevará cinco mil efectivos a bordo en el mar de nuestro país. Entendemos sumamente grave este avance del imperialismo yanqui en la región, así como el reforzamiento del poder de las Fuerzas Armada que cuentan nuevamente con un espacio de formación de primera línea, como fuera hace ya tiempo la Escuela de las Américas.

Estos acuerdos se enmarcan en una política de derechos humanos peligrosamente ambigua. Hace días Fernández, en un acto del Ejército, llamó abiertamente a “dar vuelta de página” con respecto a la dictadura, catalogando al terrorismo de Estado como “inconductas de algunos” dentro de las FFAA, omitiendo el plan sistemático de exterminio del Estado nacional, visión consensuada por la totalidad de las organizaciones populares y organismos de DDHH que vienen luchando contra la impunidad. Puntualmente, este posicionamiento no debería de sorprendernos si rescatamos del archivo la campaña por la “reconciliación nacional” de 1983 de Ítalo Luder, prometiendo respaldar la “ley de autoamnistía” de los genocidas. Pero la venia de Fernández a las fuerzas represivas (a pesar del posterior pedido de disculpas por la fuerte reacción que causó), junto con el uso de las mismas en las provincias para reforzar la presencia con la excusa de combatir la inseguridad, no dista mucho de lo realizado por Patricia Bullrich los últimos años. La ambivalencia mostrada por ejemplo, al derogar el protocolo de la doctrina Chocobar (que otorga mayor libertad para disparar a la policía) se da al mismo tiempo que gobiernos provinciales de la misma coalición política, como Perotti en Santa Fe, autorizando a la policía a llevar una bala en la recámara promoviendo así el gatillo fácil.

Podemos afirmar que este nuevo gobierno, cuya consigna reza “es con todos” (léase ejército, iglesias, empresarios, burócratas, políticos y organismos financieros internacionales) disfraza de “cintura política” a un pragmatismo extremo, que no hace más que actuar a favor de los sectores dominantes, acudiendo a una retórica popular –clásica del kircherismo- y repartiendo migajas para los de abajo, al fin y al cabo licuando las esperanzas del electorado. Por esta razón en Argentina, será crucial en el siguiente período seguir reforzando la acción directa y la independencia de clase como principios rectores en nuestra militancia cotidiana en todos los ámbitos.

Para el especifismo, el camino hacia una revolución es el de la organización popular y la acción directa, en las fábricas, en el campo, en los barrios y en los lugares de estudio, para ello el anarquismo debe estar organizado políticamente. Sabemos también que el camino es largo, y difícil, pero nuestra historia demuestra que la inserción social en las luchas populares, sostenida en el tiempo, en el marco de un proyecto político libertario organizado, da frutos que verdaderamente habilitan la posibilidad de otra sociedad, una sin dominación, explotación, machismo, racismo, una sociedad libertaria.

¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUEBLO FUERTE!
¡POR EL PODER POPULAR!
¡POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD!

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