[Colombia] Reflexiones sobre el paro de transporte

En perspectiva del cambio social, el control obrero sobre el servicio del transporte, con criterios ecológicos y feministas, debe suponer también la planificación conjunta con las usuarias, atenta a las necesidades y particularidades de la clase trabajadora, los sectores sociales y el pueblo.

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Los pasados días lunes 23 y martes 24 de septiembre del año en curso, se desarrolló un paro nacional de empresarias y trabajadoras del transporte de acogida parcial. El mismo fue convocado silenciosamente en las calles, agitado por redes sociales y organizado por fuera de las principales y fragmentadas organizaciones gremiales del insolidario mundo del transporte, reunidas en la llamada Unidad Gremial de Transporte, que rechazo la protesta.

La demanda central de este movimiento impulsado por la joven Agremiación Nacional de Conductores se enfocó en el rechazo corporativo y contradictorio a la suspensión de las licencias de conducción para los conductores que hubieran tenido más de dos multas de tránsito en un mismo semestre, tal y como establece a nivel general la legislación de tránsito, lo que no reconoce la muy particular situación de exposición y riesgo de las personas que laboran en este servicio.

Y esto en el marco tanto del progresivo crecimiento de las nuevas medidas de vigilancia tecnológica como el foto comparendo y las revisiones técnico mecánicas, como del más reciente aumento de los controles ejercidos por la Policía de Tránsito con 30.000 licencias suspendidas solo este año, en miras a cumplir las arbitrarias metas de sanciones, de fuerte sabor electoral.

La protesta impulsada principalmente por conductoras del SITP provisional y de servicios intermunicipales, y en menor medida por taxistas y camioneras, fue liderada por un sector de pequeñas empresarias precarizadas y apoyadas por sectores de medianas propietarias, al tiempo que recibía el rechazo abierto de las grandes empresas del ramo. El movimiento se articuló sobre una demanda estrechamente corporativa y de consecuencias anti populares, pues supuso una respuesta insolidaria de las transportistas frente al descontento generalizada de la población trabajadora por el muy regular servicios de transporte que se presta en las grandes ciudades del país. Este descontento no organizado ni articulado, está siendo respondido de forma tardía, fragmentada y parcial por unas autoridades políticas y policiales que buscan concentrar las responsabilidades a nivel individual en las trabajadoras soslayando y apuntalando el modelo estructural de transporte hoy en crisis.

Sin embargo, el movimiento también expreso de forma ambigua, un rechazo legítimo a las malas condiciones de trabajo, seguridad laboral y social de las conductoras, a la competencia de las plataformas digitales ilegales que generalizan la precarización y la desprotección de los usuarios, y del alto costo de los insumos básicos y el mal estado de la malla vial a nivel nacional y local.

En Bogotá y su área metropolitana el movimiento asumió la forma de bloqueos en el Portal Norte y el Portal Usme, de pequeñas movilizaciones y choques entre transportistas y la Policía en Fontibón, Kennedy, San Cristóbal y Ciudad Bolívar y una larga huelga de servicio en la ciudad obrera de Soacha y en menor medida de la sabana de occidente y la sabana norte, municipios todos con serios problemas de conexión vial con la capital. En el resto del país se presentaron movilizaciones y ceses importantes en las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla y Cali. Las manifestantes en minoría buscaron generalizar el paro con acciones callejeras localizadas contra los vehículos de servicios públicos en funcionamiento, despertaron una alta atención mediática, una débil respuesta gubernamental y una más eficaz contestación de las grandes empresas de transporte que utilizaron la mayoría de su capacidad instalada, para limitar la fuerza del del movimiento.

Finalmente, tras una serie de acciones de represión política por parte del gobierno nacional de Iván Duque y distrital de Enrique Peñalosa contra la dispersa e incoherente dirección del movimiento en cabeza de líderes como Hernando Chávez, la protesta fue perdiendo fuerza y finalmente suspendida sin lograr sus objetivos. Aunque el tema de las licencias se discutió ampliamente, el general de la opinión no simpatizo con esta demanda particular. En cambio las justas razones de orden laboral y social que explican la acogida del movimiento en varios sectores, fueron silenciadas por los propios dirigentes empresariales.

Una propuesta libertaria

Desde una perspectiva libertaria pensamos que es importante que el movimiento de trasportadoras cambie de orientación general, y la influencia decisiva de las empresarias sean medianas o chicas, en general derechistas y corporativistas sean sustituidas por los crecientes grupos de trabajadoras asalariadas, con criterios de solidaridad y unidad de clase, como lo ejemplifica en la actualidad propuestas organizativas como las del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Transporte y la Logística (SNTT).

El universo de la pequeñas propietarias de buses, taxis y camiones, precarizadas y mortalmente enfrentadas entre sí, hoy en crisis, puede explorar alternativas de cooperativismo autentico, con gestión colectiva y democrática por parte de las propias trabajadoras, retomando lecciones de experiencias regionales pioneras como la del Servicio Cooperativo de Transporte (SCT) de Barquisimeto en Venezuela en el periodo 1970-1980.

Por otra parte, la transición ecológica se hace sumamente urgente, y las trabajadoras, cooperativas obreras y usuarias debemos formar una movimiento capaz de exigir y lograr en el corto plazo la completa sustitución de los combustibles fósiles por la energía eléctrica, una política de reciclaje integral de los residuos automotores, una profunda reforestación de las vías y las ciudades y un rediseño de la malla vial que ponga en el centro al peatón, el ciclista y el transporte público de calidad.

El cambio del sistema debe pasar también por un cambio cultural y social, que incluya una perspectiva feminista que estimule la diversificación sexual del gremio y facilite el trabajo, la seguridad y la comodidad de las mujeres, así como la plena inclusión y uso por parte de las personas con capacidades diversas, que habitualmente sufren y son excluidas del sistema de movilidad.

En perspectiva del cambio social, el control obrero sobre el servicio del transporte, con criterios ecológicos y feministas, debe suponer también la planificación conjunta con las usuarias, atenta a las necesidades y particularidades de la clase trabajadora, los sectores sociales y el pueblo.