(Perú) Alan García o el desprecio suicida de justicia y verdad

Lo cierto es que no estamos frente un mártir ni un ejemplo digno de nada, sino ante un hecho político e histórico que nos enrostra la capacidad del poder corrupto y neoliberal de evadir responsabilidades, y que incluso puede usar una tragedia para seguir construyendo muros de protección y evasión de la verdad. Los allegados de García se empeñan en decir que solo la historia lo juzgará, como pretendiendo limpiar su nombre y darle un lugar privilegiado en la memoria nacional. Nosotros, desde los movimientos sociales y la clase trabajadora, decimos que es cierto que la historia le dará el sitial que le corresponde, pero no como hombre digno, sino como un genocida y corrupto que murió sin responder por sus culpas. El pueblo no olvida.

---

Alan García o el desprecio suicida de justicia y verdad

Hay muchos ángulos desde los cuales abordar el suicidio del expresidente peruano Alan García Pérez, pero nos interesa el meollo del asunto en ciernes que es de trasfondo político y su impacto inmediato en la reconfiguración del quehacer nacional e incluso regional. Para contextualizar el desenlace fatal hay que apuntar que este se dio para evitar cumplir la orden de detención preliminar impuesta luego que el Equipo Especial para el Caso Lava Jato sindicó a García como líder de una organización criminal que incurrió en los delitos de lavado de dinero, cohecho y colusión agravada para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación de las obras Metro de Lima y la Carretera Interoceánica Sur, durante su segundo mandato presidencial (2006-2011).

Para ser más precisos, el documento emitido por la Corte Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, que recoge los argumentos del Ministerio Público en contra de García Pérez, señala que: “Se le atribuye [a García] en su calidad de Presidente de la República (...) como miembro de una organización criminal, haberse concentrado con los representantes de Odebrecht, específicamente con el Director Superintendente en el Perú, Jorge Barata, (...) para favorecer a [dicha] empresa”. Es decir, la Fiscalía identificó que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht pagó US$ 4.8 millones a esta presunta organización criminal por orden del exjefe de la constructora en Perú, Jorge Barata, y el fundador de esta ‘división de sobornos’, Hilberto Mascarenhas Da Silva. Esto ocurrió entre marzo de 2006 y octubre de 2010, cuando García era presidente del Perú.

Este marco judicial es minimizado e incluso atacado por la defensa legal de Alan García, secundado por la élite del Partido Aprista, los socios periféricos y gran parte de la derecha peruana que ve con cierto estupor lo sucedido, no por una congoja sentimental sino como una alerta de ser los siguientes en sentarse en el banquillo de los acusados por sus nexos con la megacorrupción del ‘Club de la Construcción’ (Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvao, Carioca, Marquise, Serveng y Constran). Y es aquí donde empieza y se explica los denodados esfuerzos por convertir en ‘mártir’ al expresidente suicida, pues su figura de muerto sirve mucho en la telaraña de fabricar artilugios que entrampen los procesos de investigación y sanción a los corruptos.

Martirologios reales

Para entender de dónde viene el afán de plasmar un martirologio burdo en torno al reciente suicida, habría que señalar con objetividad que el Apra sí tuvo un pasado de militancia social que le valió cierto lugar en la historia del Perú como orgánica de masas con arraigo popular y progresista. Hay que recordar la gesta heroica del 7 de julio de 1932, cuando un grupo de peones cañeros y estudiantes trujillanos (dirigidos por Manuel Barreto, antiguo dirigente anarcosindicalista) asaltaron el cuartel de artillería “Ricardo O’Donovan”. La lucha duró más de tres horas, causando numerosas bajas por ambos lados y finalizando con el triunfo de los insurgentes. Sin embargo, la gendarmería del gobierno fascista de Luis Sánchez Cerro retomó el control de la ciudad, capturó a los rebeldes rendidos para fusilarlos sin juicio. Se dictó pena de muerte contra 102 personas sindicadas como responsables del alzamiento, aunque solo se aplicó a 42 detenidos. Se calcula que el número de víctimas al terminar el conflicto llegó a sumar aproximadamente unos 5 mil civiles vinculados al aprismo, que fueron fusilados de forma extrajudicial.

Este que fue uno de los íconos en la historiografía aprista, no es el único caso de martirologio, pues en años posteriores y hasta la década del 50, el aprismo sufrió persecuciones, destierros, cárcel y represión, compartiendo pabellones y celdas con presos comunistas y anarquistas de aquellos años. Pese a los periodos de ilegalización a los que se les confinaba, el partido de Haya de la Torre sabía sostenerse y salir fortalecido (debido también a las alianzas táctico-populistas de su líder con fuerzas incluso enemigas de su propio partido). Es abundante la bibliografía de estos episodios, por lo que no nos detendremos aquí. Pero valga este comentario para entender que el aprismo sí gozó de militancia heroica cuando todavía tenía rezagos de cuadros socialistas y libertarios en sus filas, pero cuando el partido consolidó su vocación reaccionaria y derechista, todo fue suplido por diputados, senadores y dirigentes inmersos en controles arbitrarios de espacios sociales, paralelismo sindical, políticas propatronal, proimperialismo, y apuesta por la colaboración de clases.

Dos gobiernos de muerte y corrupción

Y en el caso particular de Alan García, sería también oportuno hacer un breve repaso sobre su historial de denuncias y malos manejos que pesan en su contra. Podemos empezar en su primer gobierno (1985-1990) con el sonado caso de las masacres a los penales El Frontón y San Juan de Lurigancho (18 de junio de 1986) cuando los presos políticos iniciaron un motín planificado también en Santa Bárbara. El gobierno de García ordenó a las Fuerzas Armadas ‘restablecer el orden’. En Lurigancho murieron 124 reclusos; en Santa Bárbara, dos; y en El Frontón, 118 (solo 30 sobrevivieron). Cabe mencionar que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los senderistas rendidos en El Frontón fueron ejecutados a balazos y con armas blancas.

En esta línea de cruenta represión tenemos a la masacre de Cayara (Ayacucho) de 1988, donde 39 personas (madres, padres, hermanos e hijos) fueron asesinados, no durante un enfrentamiento como aducen los militares, sino como parte del ‘Plan Persecución’ ejecutado por el Jefe del Comando Político-Militar de la zona, General José Valdivia Dueñas (y con claro conocimiento y orden del propio García Pérez). Como se sabe diez unidades militares y 200 efectivos movilizados a la zona arremetieron contra pobladores desarmados que retornaban de una faena agrícola. Los torturaron y mataron ante sus familias, constituyéndose en violación flagrante de los derechos humanos y terrorismo de Estado. La posterior desaparición de los cadáveres, asesinatos de testigos, amedrentamiento del fiscal que investigaba el caso y sucesivas comisiones investigadoras del Ejecutivo y Legislativo, solo han mostrado, la voluntad de encubrir lo sucedido para eludir la justicia y la responsabilidad política.

Luego tuvimos un escándalo también mayúsculo por lo cual Alan García fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito por su presunta participación en un acto de corrupción dentro del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI). Se acusó a Leonel Figueroa y Héctor Neira (ligados al entonces presidente) de recibir sobornos de US$ 3 millones por depositar parte de las reservas del Banco Central de Reserva (BCR) al BCCI. Todo esto se daba mientras la población sufría de hambre y desesperación debido a la creciente hiperinflación y la devaluación de la moneda nacional. Muchos trabajadores fueron arrojados a las calles. A esta etapa pertenecen las acciones paramilitares del Comando Rodrigo Franco (escuadrón de la muerte creada por el propio gobierno aprista) enfocado en el aniquilamiento selectivo de opositores al régimen.

Ya en su segundo gobierno, el signo de la corrupción y represión se acentuaron con más claridad. Recordemos que a través de decretos de urgencia, García Pérez logró que el Ejecutivo realice varias contrataciones sin licitaciones previas. Una de ellas estuvo destinada a la construcción de hospitales investigados por presunta sobrevaloración de costos, pues se supo que la construcción costaba US$ 23 millones y luego subía a US$ 535 millones. Incluso se informó que algunos nosocomios nunca fueron construidos pese a que el gobierno aprista pagó por adelantado hasta el 70 % del costo de la obra.

Pero los puntos más álgidos fueron los casos de ‘Narcoindultos’ donde García liberó a narcotraficantes y aprobó conmutaciones de penas condicionadas a retribuciones económicas (sobornos). Por un lado, el Poder Judicial condenaba a narcotraficantes e integrantes de bandas criminales; por otro, Alan García los liberaba para supuestamente ‘erradicar el hacinamiento de los penales’. Antes de llegar a las manos del expresidente, las propuestas de conmutaciones e indultos pasaban por el entonces ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien luego fue condenado a cuatro años de prisión por tráfico de influencias.

Y el de los ‘Petroaudios’ que fue el mayor escándalo de corrupción de su segundo mandato, donde se supo que la empresa Discover Petroleum International ganó la buena pro para la explotación de cinco lotes petroleros de manera irregular en el 2008, tal como se reveló a través de unos audios donde se escucha al aprista Romulo León informar a Alberto Químper, exdirector de Perú-Petro, que Discover estaba dispuesto a pagarle US$ 5 mil mensuales por ayudar a ganar los contratos. Debido a esto, León y Químper estuvieron presos tres años. El primero de ellos recuperó su libertad por exceder el plazo para que se emita sentencia. El segundo fue excluido del proceso al prescribir los delitos que le imputaron.

Mención aparte merece el ‘Baguazo’ que se desencadenó cuando los decretos legislativos impulsados por Alan García provocaron una brutal masacre el 5 de junio del 2009 contra pobladores indígenas en la zona denominada Curva del Diablo, en Bagua (selva peruana). Incluso, los familiares de los policías fallecidos denunciaron penalmente a Alan García por homicidio culposo. Los decretos que desencadenaron la violencia, según el gobierno, pretendían promover la inversión en la Amazonía local, pero las comunidades nativas alertaron que estos violaban flagrantemente sus derechos, pues desconocían acuerdos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El mismo día del enfrentamiento en Bagua, Alan García declaraba ante la prensa que los pobladores indígenas no son “ciudadanos de primera clase”, acrecentando aún más la reticencia racista contra los afectados.

Tras esto, la ola de corrupción siguió creciendo debido a que la principal empresa investigada del caso ‘Lava Jato’, Odebrecht, lideró el consorcio que se encargó del tren eléctrico en el Perú, una de las obras de las que se jactaba el expresidente. No olvidemos que Marcelo Odebrecht se reunió con García en el 2009, y que este y sus ministros aprobaron un sistema legal excepcional que le permitió a Odebrecht y su socia Graña y Montero incrementar en más de US$ 400 millones el costo de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del tren. A esto hay que sumarle las acusaciones e investigaciones en su contra por corrupción en el programa ‘Agua para todos’ que involucró al expremier Jorge del Castillo y el exministro de Vivienda, Hernán Garrido Lecca, además de los lazos que le unen a Pietro Gavina, exdirector del Grupo Camargo Correa, por presuntos pagos irregulares a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2008 (tramo final del gobierno de Alejandro Toledo e inicio del segundo mandato de Alan García).

Escapismo político premeditado

Ahora bien, ya sobre los últimos días de García, tengamos en cuenta que el Equipo Especial para el Caso Lava Jato recordó en su pedido de detención preliminar que el exmandatario no pudo ser ‘juzgado debidamente’ por ‘hechos similares’ durante su primer mandato presidencial, por radicar en el extranjero hasta que las acusaciones prescribieron. Además, en octubre de 2001, el Poder Judicial ordenó la búsqueda, localización y captura de García. Y en noviembre del año pasado, el gobierno uruguayo rechazó una nueva solicitud de asilo presentada por García, sobre quien pesaba un impedimento de salida del país por 18 meses.

Como vemos, existe una retahíla probada para señalar a García de serios lazos con la megacorrupción regional, además de ser cabeza de una mafia entronizada en el poder del Estado, aún después de ser gobierno. Entonces, la decisión de rehuir a la orden fiscal disparándose no es un acto de honorabilidad, pues se enmarca en un escapismo planificado y sin remordimientos (así lo demuestra la carta póstuma que leyó una de sus hijas durante su velorio). Es por ello que reafirmamos la tesis que señala que la muerte de Alan García tiene un trasfondo político cuyo impacto está fríamente calculado. Su abogado, exabogado, principales dirigentes de su partido y opinólogos allegados al aprismo, no desaprovecharon la situación para fabricar una suerte de martirologio sobre García. Incluso han hablado de 'testamentos morales'. Han dicho que García fue 'víctima de una policía fascista y un fiscal empeñado en ganar más fama y poder'.

Han dicho que Alan 'entregó su vida para frenar la ola de detenciones arbitrarias'. Han manifestado que el expresidente fue 'víctima de odios' y que lo que hizo fue un acto de 'dignidad y honor'. Pero reiteramos que el suicidio del exlíder aprista es un tema político y no emotivo. Su entorno inmediato tratará de generar un clima de condolencia y 'duelo nacional' para evadir las responsabilidades judiciales y el orden de prisión preliminar que recaía sobre García y sigue vigente para Enrique Cornejo (exministro aprista), Luis Nava (exsecretario presidencial aprista) y su José Nava (hijo), Miguel Atala (exdirector de Petroperú) y su hijo Samir Atala, y Oswaldo Plasencia (exdirector de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico).

Y sobre el suicido, solo habría que apuntar que es un acto sumamente complejo que no puede frivolizarse ni tomarse con ligereza (ni condenarse ni ensalzarse). Pero tampoco caigamos en el melodrama mediático que dice que 'únicamente' la depresión y la tristeza conducen a tal medida, pues también el narcisismo y la megalomanía son detonantes para autoeliminarse, y García, a todas luces estaba más cercano de este aspecto. La misma megalomanía que lo llevó a cometer crímenes atroces y errores garrafales, se ha ido creyendo que tenía la decencia de pegarse un tiro antes que ir a la cárcel. Pero también lo define su cariz de político furibundamente falso, calculador y perverso en sus decisiones. Incluso, es esto lo que alimenta el morbo colectivo de las ‘dudas razonables’ que dicen que García no estaría muerto, sino fingiendo tal medida para evadir -una vez más- a la justicia (alimentando teorías conspirativas que involucran al gobierno, la CIA, la masonería, etc.). Sin embargo, creemos que García fue un personaje de gran y brutal espectacularidad en todos sus actos, incluso en su despedida.

Lo cierto es que no estamos frente un mártir ni un ejemplo digno de nada, sino ante un hecho político e histórico que nos enrostra la capacidad del poder corrupto y neoliberal de evadir responsabilidades, y que incluso puede usar una tragedia para seguir construyendo muros de protección y evasión de la verdad. Los allegados de García se empeñan en decir que solo la historia lo juzgará, como pretendiendo limpiar su nombre y darle un lugar privilegiado en la memoria nacional. Nosotros, desde los movimientos sociales y la clase trabajadora, decimos que es cierto que la historia le dará el sitial que le corresponde, pero no como hombre digno, sino como un genocida y corrupto que murió sin responder por sus culpas. El pueblo no olvida.

Franz García
Periodista y militante libertario peruano

fgaruce@yahoo.es