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Análisis de la coyuntura de América Latina para 2019

category venezuela / colombia | miscellaneous | opinión / análisis author Thursday February 14, 2019 02:21author by Grupo Libertario Via Libreauthor email grupolibertariovialibre at gmail dot com Report this post to the editors

Se anuncia así un 2019 complicado, marcado por el empeoramiento de las condiciones económicas generales, una probable definición antipopular de la crisis venezolana y el fortalecimiento del giro derechista del continente. Tenemos entonces que prepararnos para resistir desde el movimiento social, afinando nuestra inteligencia y el compromiso con nuestros pueblos.
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En materia política nuestra región vive la profundización del giro a la derecha, con saltos cualitativos como el de Bolsonaro en Brasil, y contra tendencias notables pero secundarias como las de López Obrador en México. En este escenario el eje central de la actual coyuntura regional pasa por la honda crisis de Venezuela y en menor medida, por las políticas de la nueva administración de Brasil, vanguardia de la avanzada derechista en la región. Se configura así la crisis y el endurecimiento autoritario de los países progresistas como Venezuela y Nicaragua, y en menor medida de Bolivia y Surinam, con la tendencia opuesta marcada por la limitada apertura de Cuba, así como un desplazamiento hacia la derecha de los sectores desarrollistas en El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Guayana, Uruguay o Ecuador, al tiempo que se presenta una ofensiva de las administraciones neoliberales en Perú, Paraguay, Colombia, Chile y sobre todo Brasil y aún nuevas crisis de gobiernos derechistas como Argentina y de formas más pronunciada de Guatemala y Honduras.

La política continental también se ve mercada por grandes movimientos migratorios como los de la Caravana centroamericana de mayoría hondureña hacia el norte y en menor medida la diáspora venezolana concentrada en el sur, lo que a su vez ha llevado al fortalecimiento de las políticas de fronteras cerradas y xenofobia en la mayoría de los países de la región. Este escenario lleva a la desintegración virtual del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) liderada por Venezuela, la crisis de organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) liderados por los anteriores gobiernos brasileros, la recomposición y el fortalecimiento del Mercosur y la Organización de Estados Americanos (OEA) impulsada por Brasil y Estados Unidos respectivamente, y la ofensiva de los países de la Alianza del Pacífico movilizados por Chile, que expande sus alianzas, aunque parece congelarse la actividad de México, su principal integrante.

En materia economía las proyecciones iniciales de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para la región en el 2018 eran de 2% para el Banco Mundial, 1.9% para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 2.2% para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Se pensaba que tras dos años de decrecimiento, al final de lo que pareció ser el cierre del segundo ciclo de la crisis económica mundial de 2008, la región experimentaría un proceso de recuperación relativa, de la mano del aumento del consumo interno y la inversión extranjera en productos primarios de exportación que en paralelo venían recuperando su valor de forma modesta. Para final de año se registró este moderado crecimiento, eso sí ajustándose las proyecciones a la baja, y se calcula el crecimiento general de la región en 1.8% del PIB, que al separar por subregiones arroja para Sudamérica un 1.2%, el Caribe un 1.7% y Centroamérica, la región históricamente más empobrecida, un 3.4%.

En la economía regional, se registraron durante todo el año caídas de los flujos de inversiones desde los países ricos, un alza en los niveles de riesgo e incertidumbre del mercado mundial asociado con la guerra comercial de Estados Unidos con China y la Unión Europea y una depreciación significativa y a veces incontrolada, de ciertas monedas frente al dólar por las decisiones de la Reserva Federal norteamericana. Los años de crisis congelaron la disminución vía subsidios focalizados de la pobreza y la miseria en la región, ahora la expansión lenta que se proyecta en clave neoliberal se prevé aumente la precariedad laboral y la desigualdad estructural de la que sigue siendo la zona más desigual del planeta.

En materia de movimientos y luchas sociales, la región mantiene su liderazgo mundial en lo relacionado con conflictos ambientales, especialmente centrados en la lucha contra los megaproyectos energéticos y de infraestructura, fuertes en Honduras, Nicaragua, Colombia y Perú. La gran novedad de los últimos años descansa en la emergencia del movimiento de mujeres de liderazgo feminista más masivo de la historia internacional reciente, con énfasis inicialmente en la lucha contra los feminicidios y ahora también por los derechos sexuales y reproductivos, con eje en Argentina y Uruguay así como expresiones significativas en Chile y Brasil. Las luchas indígenas agitan la agenda política con la cuestión mapuche en Chile y Argentina, se desarrollan movilizaciones de campesinos cocaleros en Paraguay y Colombia, y se presentan grandes olas de actividad estudiantil contra las reformas educativas neoliberales sobre todo en Colombia con el paro nacional universitario y en menor medida Argentina y Brasil. El movimiento obrero, que sigue siendo el movimiento social más extenso del subcontinente, lidera entre los trabajadores públicos y el sector de maquilas grandes jornadas de protesta contra reformas laborales por empresariales sobre todo en Costa Rica, y también Puerto Rico y México.

Protestas sociales más difusas, se dan en relación con la corrupción, donde se registran acciones cívicas masivas con una contradictoria agenda jurídica y política, asociadas con la influencia de la red continental de sobornos de Odebrecht sobre todo en Perú y también Guatemala y Honduras. Hay protestas y saqueos por física hambre sobre todo en Venezuela, aunque también se presentan estas situaciones en Haití y Argentina. En la calle el año estuvo marcado por las violentas protestas cívicas lideradas por la derecha contra la reforma pensional del autoritario gobierno de Ortega en Nicaragua, que se saldaron con una brutal represión policial y para policial, imagen que no deja de evocar las grandes jornadas populares de 1979 contra la dictadura del clan Somoza y empaña el legado de una revolución gloriosa clausurada y traicionada por su corrompida dirigencia.

En materia regional en Argentina, el gobierno del empresario Mauricio Macri y la coalición Cambiemos, se debilita de forma importante por la crisis económica, la peor experimentada en el país desde el 2002, con un crecimiento económico negativo del -1.8% del PIB anual, una inflación del 40% y una devaluación que compromete la mitad del valor del peso argentino. El gobierno organiza la cumbre del G-20 para darse espacio político en el plano internacional, al tiempo que aprueba con importante mayoría parlamentaria el programa de rescate del FMI y presiona al Fondo por el desembolso rápido de los dineros, en medio del desarrollo de una reforma pensional y laboral, que despierta importantes resistencias populares. En paralelo aumento la criminalización de la protesta social y la represión sobre protestas del pueblo mapuche o de trabajadores desocupados. En otro plano Propuesta Republicana (PRO) y sus socios radicales, así como sus fragmentados aliados peronistas e independientes logran hundir el proyecto de legalización del aborto, pese al primer avance legislativo conseguido bajo el apoyo del movimiento de mujeres más grande del continente. El kichnerismo bajo el liderazgo de la propia Cristina Fernández devenida en senadora, continúa siendo duramente cuestionado por los escándalos de corrupción y es probable el encarcelamiento de la propia Cristina y otros dirigentes, en manos de una justicia pro gubernamental. En el campo de la izquierda se mantiene la tensa alianza electoral del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), continua el giro hacia el peronismo de un sector importante de la llamada izquierda independiente nucleada en el nuevo Frente Patria Grande, y se desarrollan importante luchas de sectores docentes, portuarios y estales, el movimiento estudiantil de los centros de educación profesoral y la actividad del movimiento de mujeres alrededor de campañas como Mira como nos ponemos y Ni una menos.

En Uruguay el segundo gobierno del médico Tabaré Vásquez del sector liberal del Frente Amplio (FA) continúa desarrollando su agenda centrista, limitando algunas de las medidas más progresistas de la administración Mujica como la restrictiva legalización del consumo recreativo de marihuana. El reelecto Vázquez ex militante del Partido Socialista, con mayoría en el parlamento pero minoría en el poder local, viene debilitando su fuerza electoral tras las elecciones de 2014 donde supero la votación de todos sus competidores sumados, y tras tres administraciones progresistas consecutivas es posible un cambio político en las elecciones de 2019 por una victoria del Partido Nacional (blanco). Bajo la administración del 4 veces candidato presidencial Vásquez, la economía vive un crecimiento del PIB del 2.5%, un ligero aumento frente al año pasado, en parte explicado por el mejoramiento de la exportaciones de soya, con un paralelo aumento del déficit y la inflación. Se presentaron luchas importantes ante el intento del gobierno de debilitar los consejos salarios, por lo que se desarrolló un paro general convocado por PIT-CNT, así como luchas del movimiento de mujeres, el movimiento estudiantil y los trabajadores arroceros.

En Paraguay asumió el gobierno el empresario Mario Abdo Benítez por la línea oficialista del Partido Colorado. El conservador Abdo Benítez, defensor de la dictadura de Stroessner pero enfrentado a la administración Cartes que lo antecedió y fracaso en su proyecto reeleccionista, gano por estrecha mayoría en unas cuestionadas elecciones presidenciales, las más reñidas y con mayor abstención de la historia contemporánea de este país, en las que además los Colorados reafirmaron su dominio sobre el poder legislativo y local. El país continúa este año su década larga de crecimiento con aumento del 4% del PIB anual e incremento de la inversión extranjera, en gran parte jalonada por la recuperación de los precios de la soya y el boom inmobiliario de Asunción, pero también por el aumento de la producción de marihuana y las políticas de blanqueamiento de capitales desarrolladas en la triple frontera.

En Brasil asume de forma sorpresiva y gracias a un apoyo cívico, empresarial e internacional importante, el neofascista Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal (PSL) y la coalición “Brasil y Dios por encima de todo”, el más derechista de los nuevos gobernantes neoliberales. Las elecciones generales brasileñas, cuyo prologo fue el encarcelamiento y la proscripción de Lula como el candidato más popular, se desarrollaron bajo el clima de empobrecimiento, crecimiento de la inseguridad urbana y aumento de la violencia política contra la izquierda ejemplificada en el asesinato por bandas para policiales de Marielle Franco. Las mismas supusieron el hundimiento de los partidos centro derechistas como el PSDB y MDB que apoyaban el impopular gobierno de Temer, así como el debilitamiento del Partido de los Trabajadores (PT) que perdió un tercio de sus electores, bajo el débil liderazgo de Haddad, que sin embargo se mantuvo como principal partido en el parlamento sobre todo por su fortaleza en el nordeste. Bolsonaro forzado a gobernar en una coalición de derecha, ahora profundizara con más violencia el plan de ajuste económico y ofensiva empresarial sobre los derechos sociales que había iniciado ya Dilma traicionado su mandato y desarrollado con ciertos frenos Temer, plan que tendrá como bandera la reforma pensional y laboral y una política rural decididamente pro terrateniente, de destrucción ambiental y negación de los pueblos indígenas y negros.

Bolsonaro, ex paracaidista destituido por maniobras golpistas, desarrollara al tiempo una agenda de seguridad interior que supondrá la militarización y paramilitarización del país y el empeoramiento de la persecución contra los pobres, que triste es constatar, votaron en las principales ciudades del país por su verdugo. Su discurso anti político contra la corrupción, lleva a Sergio Moro principal responsable de la Operación Lava Jato al Ministerio de Justicia, ganando el apoyo del aparato judicial. Su batalla cultural a favor de los valores de la dictadura, en la que le cabe un gran liderazgo a los fundamentalistas evangélicos que ya controlan la alcaldía de Rio de Janeiro, ya arrecia y se vienen reformas educativas reaccionarias y retrocesos legales para los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, que de alguna forma se asientan en la ola de conservadurismo cultural que experimenta al país desde 2015. La economía nacional experimenta un ligero crecimiento del 1.3% del PIB, un leve aumento frente al año pasado, que sin embargo aún es insuficiente para recuperar el país de los efectos de la recesión de 2014-2016 y la que ya se visualiza como una década de estancamiento desde 2008. Se desarrollan campañas importantes como Ele Nao liderada por el movimiento de mujeres y disidencias, así como acciones colectivas de oposición en colegios y universidades contra la reforma educativa. Sin embargo, es importante registrar que el Frente Brasil Popular continua atando a la estrategia de contención del PT, a la mayoría de movimientos sociales.

En Chile inicio su mandato el segundo gobierno del empresario Sebastián Piñera por la coalición derechista Chile Vamos. El gobierno de la cabeza del clan Piñera, conto con un importante grado de apoyo electoral inicial, luego mermado, y defiende una agenda de reactivación económica vía inversiones y securitización, en medio de la crisis de la disuelta Nueva Mayoría y sobre todo del histórico Partido Demócrata Cristiano que obtuvo en las últimas elecciones el peor resultado de su historia. Por otro lado la economía chilena registra un crecimiento importante del 4.0% del PIB, manteniéndose una tendencia a la recuperación gracias al aumento del precio mundial del cobre, aunque en paralelo crecen cifras como el desempleo y la precariedad laboral. El gobierno del relegido Piñera, implanto una nueva ley migratoria que busco regularizar la situación de los migrantes, especialmente los venezolanos, pero al tiempo continua sus políticas de persecución contra haitianos, dominicanos y colombianos, propone una reforma educativa que renueva el modelo neoliberal en crisis, con créditos educativos más flexibles y controlados. En medio del conflicto mapuche, es asesinado por los Carabineros el comunero Catrillanca, pero el gobierno mantiene su cerrada política multipartidista de militarización de la Araucanía.

En Bolivia el gobierno del líder sindical aymara Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) busca su tercera reelección, sobre la base de una sentencia del Tribunal Constitucional que desconoce los resultados del Referéndum sobre la reelección de febrero de 2016 que busco modificar la Constitución de 2009, y el gobierno perdió por estrecho margen, y cuyos resultados había acordado respetar. Al tiempo la oposición derechista de Unidad Democrática lanza al expresidente Mesa, salpicado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, como candidato, aumentando su fuerza, sobre todo en las áreas de la llamada Media Luna del oriente del país. Fortalecido tras lograr salir de los escándalos de corrupción asociados con la creciente presencia china y el escándalo de paternidad, resueltos draconianamente a su favor y apostando por una renovación del gabinete en clave electoral, el país continua su tendencia de crecimiento económico, en lenta recuperación, con tasas de crecimiento del PIB anual de 4.7%, consiguiendo mínimos históricos de desempleo, aunque también de aumento del trabajo informal, en medio de una buena temporada agrícola y la mejora de los precios internacionales de los hidrocarburos como el gas natural.

El ex dirigente deportivo Morales mantiene su política de redistribución parcial de ingresos, ordenando por ejemplo el pago del doble aguinaldo para los trabajadores públicos, sin modificar en lo sustancial la presión sobre sectores sindicales con elementos combativos como la salud y la educación. El gobierno masista fuertemente caudillista, prepara un ajuste macroeconómico suave que busca realizar mediante la reducción del gasto público en infraestructura, rubro que viene debilitándose en el último periodo y jugo un papel clave en el proceso de auge económico de los últimos años a través de programas como la construcción de carreteras. El modelo de “Capitalismo andino amazónico” conceptualizado por García Linera, avanza en una agenda de modernización relativa y profundización del extractivismo que busca acercar las metas sociales de la llamada Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.

En Perú la renuncia de Kuczynski por sus fuertes lazos con Odebrecht y sus prácticas de compra de votos en el Congreso hechas públicas tras la divulgación de los llamados Kenji-videos, llevo a la asunción del vicepresidente y ex ministro de transporte, Martín Vizcarra, jefe de campaña de Peruanos Por el Kambio (PPK). Tras la salida del débil y desprestigiado gobierno de PPK que había llegado a un acuerdo provisional con sectores del fujimorismo, el gobierno interino se ha fortalecido en medio de la crisis política aún en curso. Esta crisis ha llevado al procesamiento de tres expresidentes, especialmente fuertes en el caso de la familia de Ollanta Humana y el encarcelamiento de la principal figura de la oposición, la derechista Keiko Fujimori, lo que sin embargo no desdibuja el peso de Fuerza Popular como principal partido del país y primera fuerza del parlamento. En materia económica el país puede acercarse a un crecimiento del 4%, una desaceleración relativa frente a los años anteriores, explicada por la estabilización del precio internacional del cobre y la contracción de las exportaciones pesqueras, todo esto en un mar de trabajo precario e informal. Las grandes marchas contra el indulto a Fujimori, luego reversado, y más adelanto las movilizaciones contra la corrupción, lideradas por la izquierda, generaron un clima político que el gobierno supo aprovechar para desarrollar y ganar un referéndum contra esta tradicional práctica de administración política.

En Ecuador continua el giro derechista del gobierno del ex empresario turístico Lenin Moreno de Alianza País. El ex vicepresidente que había ganado las elecciones por estrecho margen, se ha fortalecido tras el amplio triunfo de su Referéndum constitucional que combatía la corrupción, limitaba el poder ejecutivo y establecía una tímida agenda de protección ambiental centrada en el parque Yasuní. En el contexto de una economía estancada, con un crecimiento del PIB 1% y gran endeudamiento público, Moreno continua desarrollando su política de “descorreización” del Estado, impulsando el Dialogo Social Nacional y acuerdos parciales con la oposición derechista, profundizando sus medidas autoritarias como el cierre parcial de fronteras para contener los migrantes venezolanos, tras haber despedido unilateralmente los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la insurgencia del ELN e intensificar su conservadora agenda antidrogas y de cooperación militar con Colombia en la frontera común. El gobierno en alianza con sectores judiciales continúa su cruzada legal contra el ex presidente Correa exiliado en Bélgica, su principal contendor político, manteniendo la línea que llevo a la destitución del vicepresidente Jorge Glas asociado a casos de corrupción, ahora a partir del caso Balda que muestran el complejo desarrollo de la persecución política del correismo. Al tiempo Moreno, busca la proscripción electoral del Movimiento Revolución Ciudadana liderado por Correa, mientras adelanta una agenda económica de ajuste en clave neoliberal, desarrolla un plan de privatización parcial de medios de comunicación y empresas productivas, estímulo a los empresarios de la construcción con la reforma a la ley de plusvalías, y un programa educativo neoliberal que desmonta algunos logros y continua las políticas de educación jerarquizada de su antecesor.

En Venezuela el impopular y autoritario gobierno de Nicolás Maduro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar asume su segundo mandato presidencial tras las fraudulentas elecciones presidenciales de mayo, de las que fue prescrita y que boicoteo la mayoría de la oposición derechista. Durante el gobierno del ex obrero y sindicalista del metro de Caracas, se viene desarrollando la larga y monolítica Asamblea Constituyente activa desde 2017 y formada tras elecciones arregladas, que busca modificar la idealizada constitución chavista de 1999, profundizando proyectos contradictorios de militarización de la sociedad, ajuste macroeconómico y estatización de mayores sectores estratégicos de la economía.

En paralelo la debilitada Asamblea Nacional homogéneamente de derecha, cuyas funciones pública fueron absorbidas parcialmente por el Tribunal Supremo de Justicia el año pasado, forma un gobierno paralelo en cabeza del ex líder estudiantil neoliberal Juan Gauidó, quien se ha auto proclamado desde el 23 de enero de 2019 como presidente interino del país. El ingeniero formado en universidades jesuitas elitistas, Gauidó apoyado por manifestaciones masivas y la cobertura de la gran prensa internacional, presiona por intensificar el bloqueo económico y llama de forma abierta a la intervención exterior y el golpe militar contra el gobierno, respaldada primero por Estados Unidos, la OEA y el Grupo de Lima y más tardíamente la mayoría de países de la Unión Europea. Desde 2016, en la ilegalizada y fragmentada Mesa de Unidad Democrática (MUD) reorganizada ahora como Frente Amplio Venezuela Libre, se ha producido en medio del proceso de cierre autoritario del gobierno, un traspaso del liderazgo desde los sectores centro derechistas de Capriles y Primer Justicia, a favor del ala dura de Voluntad Popular de López, formalmente social liberal pero estratégicamente reaccionaria, que llama al derrocamiento violento del gobierno, si bien el ciclo de violentísimas protestas estudiantiles y cívicas lideradas por la oposición en 2016, brutalmente reprimidas por el gobierno y fuerzas para policiales, no se ha repetido en toda su extensión.

Bajo la segunda administración del ex canciller y vicepresidente de Chávez, pese a la recuperación relativa de los precios del petróleo, la economía venezolana disminuye en un 50% su producción de este producto y sigue en su tercer año de depresión, registrando un decrecimiento del -10% del PIB para 2018 según la CEPAL, en medio de un ambiente de hambre popular, extrema precariedad laboral y escases de servicios básicos, que barre con los importantes logros sociales alcanzados por el chavismo y muestras las limitaciones del llamado socialismo con empresarios. La reforma monetaria que introducía el nuevo Bolívar y de forma más tardía el Petro como moneda digital para combatir la hiperinflación, no ha logrado los efectos de recuperación esperados, aunque es posible que la nueva ola de inversiones acordadas con China y de forma secundaria con Rusia, alivien algunos aspectos de esta dramática situación. En este marco continúa el proceso de migración precaria y masiva de la población, que dio un salto espectacular en 2016 y ahora es protagonizada por sectores medios y populares, hacia Colombia y otros países de América y Europa, y ya alcanza la cifra de la menos 3´000.000 de personas, que el gobierno bolivariano se niega indolente a reconocer.

En la República Cooperativa de Guyana se agudiza la crisis del gobierno del ex militar David Granger del socialdemócrata Partido Nacional del Pueblo (PNC) que gobernó la mayor parte de la época independiente como partido único. Tras haber vencido en las elecciones de 2015 por estrecha minoría al ex presidente Ramotar del Partido Progresista del Pueblo, que gobernaba al país desde 1992, Granger obtuvo en medio del cerrado sistema bipartidista del país, una pequeña mayoría en el parlamento y el poder local, lo que no impidió que en diciembre del año pasado perdiera por mínimo margen una moción de censura ante el senado enjuiciado por su política petrolera pro norteamericana, lo que lo obligaba a convocar unas nuevas elecciones que la administración ha aplazado irregularmente. Un elemento importante de la agenda interior es la movilización militar explicada por sus tensiones fronterizas con Venezuela y en menor medida Surinam, que reclaman cerca del 80% del territorio del Estado. La economía del país ha crecido un 3.4% del PIB, un incremento importante frente al más moderado crecimiento de los años pasados, jalonado por el aumento del turismo y las exportación de productos primarios, así como las inversiones asociadas con el descubrimiento de la reserva petrolera más grande del mundo en agua profundas, una área marítima en disputa con Venezuela. Sin embargo esto no desdice de la alta deuda del país y la gran pobreza de sus habitantes.

En Surinam el segundo gobierno constitucional del ex general golpista Desí Boutersé del formalmente socialista Partido Nacional Democrático (NDP) y la llamada Mega Combinación, cuenta con una estrecha mayoría en el parlamento, tras haber conseguido la reelección y una victoria cómoda en las elecciones de 2015. El ex general, que afronta juicios por delitos de lesa humanidad por los crímenes perpetrados por el Estado en la guerra civil, continúa la aplicación de un severo ajuste económico acordado con el FMI. Al tiempo el antiguo profesor de educación física Boutersé, mantiene relaciones de cooperación con Maduro y su apertura hacia China, endurece sus relaciones de Guayana, en una frontera difusa y con alta presencia de piratas y narcotráfico. En materia economía, el país vive un importante alivio de su depresión económica con registros para 2017 de decrecimiento del -1.7% del PIB, una significativa mejoría frente a la larga depresión del último trienio, todo en un contexto de pobreza mayoritaria y alto desempleo.

En Panamá continúa la presidencia del empresario Juan Carlos Varela del Partido Panameñista (PP). Allí la coalición de derecha presidida por el antiguo súper poderoso vicepresidente Varela, llego al poder por estrecha mayoría en 2014, encarcelo a su ex aliado, el popular ex presidente-empresario Martinelli por casos de corrupción y espionaje, demarcándose falsamente de escándalos de los que participo también la nueva administración. El país continua registrando un alto crecimiento económico que sin embargo, supone una desaceleración frente al año pasado, con un aumento del 4.6% del PIB, que se mantiene en medio de una pobreza y una precariedad muy alta, jalonados por el plan de infraestructura pública del gobierno y la parcial recuperación de la inversión extranjera que el Estado atrae por sus características de paraíso fiscal, imagen que el gobierno ha buscado suavizar tras el escándalo de los Papeles de Panamá.

En Costa Rica inicio el gobierno liberal de Carlos Alvarado Quesada del Partido de Acción Ciudadana (PAC) en minoría en el legislativo, tras unas competidas elecciones presidenciales en la que la candidatura de la derecha evangélica del otro Alvarado gano la primera vuelta. El ex asesor empresarial y ministro de inclusión social y trabajo que fortaleció los programas de subsidios y negocio a la baja la convención colectiva de los empleados bancarios, ha buscado marcar distancia y moderar su discurso frente el gobierno de su antecesor, Luis Guillermo Solís debilitado tras el escándalo de corrupción de El Cementazo. Aunque implemento el gobierno paritario en términos de sexo y defiende la agenda limitadamente progresista frente a la población sexo disidente, el gobierno promueve una reforma neoliberal multipartidista a través del llamado Plan Fiscal que enfrento la mayor huelga de trabajadores estatales de los últimos años en el país tico. El crecimiento del PIB se estima en 3.2% lo que supone un relativo estancamiento, en medio del aumento de la desigualdad social y el déficit público.

En Nicaragua se presentó la mayor crisis del autoritario tercer gobierno del antiguo líder guerrillero Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El histórico y fosilizado líder de la Revolución Sandinista, electo por amplia mayoría para su tercer mandato en las irregulares elecciones presidenciales de 2016 en las que se proscribió a las principales fuerzas de oposición, continúa su agenda desarrollista, si bien naufragan algunas de sus principales apuestas como el dudoso proyecto chino del canal interoceánico. El dúo Ortega-Murillo, que ha reforzado su nepotismo en la administración gubernamental, vio su año político marcado por la represión policial y para policial, de las violentas protestas populares con protagonismo estudiantil lideradas por los empresarios y la oposición derechista, movimiento inicialmente dirigido contra la Reforma a la Seguridad Social inspirada por el FMI, que posteriormente se radicalizo para exigir la apertura política y la renuncia de gobierno. Las protestas dejaron un saldo de al menos 230 muertos, se implanto la censura de prensa y se registraron miles de detenciones irregulares. Como producto de la crisis política, la economía del país decreció hasta en -4% del PIB, tras haber vivido un importante ciclo de expansión en los últimos años, de la aún sigue siendo la economía más pobre de Centroamérica. Ortega aun impune por sus acusaciones de violación y agresión sistemáticamente a su hijastra Zoilamérica, mantiene una política de conservadurismo cultural que al tiempo que promueve la igualdad de género formal en la administración estatal, intensifica la persecución contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como de las disidencias sexuales.

En El Salvador se produce un giro parcial a la derecha, y asume el gobierno el empresario publicitario de origen palestino Nayib Bukele del partido derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). El presidente más joven del subcontinente, antiguo alcalde de la capital por el FMLN, gana con el 53% de los votos en la primera vuelta, fisurando el sistema bipartidista instalado tras el fin de la guerra civil, gracias a su capacidad para capitalizar un discurso anti político genérico y explotar la impopularidad del gobierno de Sánchez Céren del Farabundo Martí. Sin embargo se anuncia un gobierno débil, que contara con una mayoritaria oposición derechista de ARENA en el parlamento y el poder local. El país más pequeño de Centroamérica se mantiene pese al decenio de políticas de mano dura con las maras, como el país más violento del mundo, y viene experimentando un aumento de la migración hacia Estados Unidos. El crecimiento del PIB se estima sobre el 2.6%, un leve aumento en el ciclo de crecimiento de los últimos años, que no obvia los altos niveles de pobreza estructural de esta sociedad.

En Honduras inicia el segundo gobierno del impopular abogado Juan Orlando Hernández del Partido Nacional (PN). El gobierno neoconservador con amplio control del poder local, modifico la constitución de 1982 a dedo para permitir su reelección, renovando su mandato en las irregulares elecciones presidenciales de 2017, que generaron una ola de protestas populares cuya represión dejo al menos 33 muertos. La segunda administración surgida tras el golpe de Estado de 2009 que Hernández apoyo, viene impulsando una agenda de fortalecimiento de la seguridad interior, al tiempo que promueve el desarrollo de las llamadas zonas de desarrollo y empleo económico (zede) o ciudades modelo, que supone el encerramiento y la privatización de importantes zonas del país. En este contexto se produce una violencia para policial sistemática contra líderes populares alentada por empresarios, cuyo último revés fue la condena contra algunos de los asesinos de la lideresa popular Berta Cáceres. Se espera un crecimiento económico descaderado del 3.8% del PIB, en parte explicado por el descenso de los precios internacionales del café, en un país en el que de hecho aumento la pobreza absoluta en los últimos años.

En Guatemala llega a su último año el debilitado gobierno derechista del presentador televisivo Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional (FCN), alianza de evangélicos y militares retirados. La administración del primer presidente del evangelismo político en el continente, minoritaria en el legislativo, fue electa gracias a su capacidad de utilizar el movimiento de protesta contra la corrupción que condujeron a la renuncia y el encarcelamiento del ex presidente y militar genocida Otto Pérez Molina. Pronto sin embargo, el gobierno de este académico conservador se vio envuelto en su propios escándalos de corrupción, por lo que desde 2017 mantiene una pulso abierto con la llamada Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) que ha pedido investigarlo, mientras el gobierno buscaba expulsarla del país. Durante este año se desarrollaron grandes protestas populares contra la administración, jalonadas por el rechazo popular a la corrupción. La economía del país que espera un crecimiento del 2.9% del PIB, un ligero aumento frente al año pasado, jalonado por el crecimiento de las exportaciones agrícolas y el aumento del valor de las remesas enviadas por los guatemaltecos en el extranjero, situación que no obvia la alta precariedad del trabajo en este país.

En Cuba el recién nombrado gobierno del ingeniero de origen obrero Miguel Díaz-Canel del Partido Comunista Cubano (PCC), impulsa una Asamblea Constituyente para remplazar la carta magna de 1976. El gobierno del antiguo comisario político acelera la llamada “transformación socialista” el giro de inspiración asiática hacia el mercado, instalado en el país desde la crisis de 1990 y profundizado durante el mandato de Raúl Castro, legalizando sectores de la economía turística sumergida y promoviendo la inversión extranjera especialmente europea, china y canadiense en sectores claves. La conducción política de Díaz-Canel que aún mantiene la incidencia del menor de los hermanos Castro que se conserva como secretario del partido único, ha promovido la eliminación de la referencia al comunismo dentro del proceso constituyente, guiándose por las orientaciones del VII congreso del PCC y su plan estratégico de desarrollo para 2030. La apuesta por la apertura cultural de Díaz-Canel, que viene desde su época como gobernador de Villa Clara, pasaba por la legalización de las uniones homosexuales y la concesión de nuevos derechos para la población sexo disidente históricamente discriminada por el Estado pos revolucionario, pero se ha estrellado contra los sectores más conservadores de la nomeklatura y el activismo de los renacidos movimientos cristianos fundamentalistas. El giro derechista del resto del continente ha perjudicado la estancada economía de la isla, que prevé en el año un aumento del PIB cercano al 1%, una ligera aunque sostenida desaceleración frente al año anterior, en medio de la caída da la zafra azucarera y retorno de medidas de bloqueo por parte de la administración Trump así como el corte de lazos económicos decidido por Bolsonaro en Brasil.

En la República Dominicana se desarrolla el segundo gobierno del político Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el llamado Bloque Progresista, que cuenta con mayoría en el legislativo y el poder local. El antiguo líder estudiantil, es un continuador del largo gobierno de Leonel Fernández Reyna del que fue director de campaña y en cuyos mandatos ejerció en varias oportunidades el cargo de ministro de presidencia. El viejo burócrata partidario, que en su primer gobierno emprendió una fuerte reforma tributaria para reducir el déficit fiscal y aplico la xenófoba y racista legislación que le negaba la nacionalidad a más de medio millón de migrantes haitianos, se reeligió por amplia mayoría en las irregulares elecciones de 2016 que generaron protestas que llevaron a la muerte de al menos 6 manifestantes. En este periodo se revelaron asociaciones con Odebrecht que hasta el momento no han sido investigadas. Se registra un importante crecimiento económico del 5.2% del PIB, un leve aumento frente al año anterior, aunque inferior al promedio de los últimos años, en medio de uno de los países más endeudados del mundo que además registra un desempleo superior al 22%.

En Haití se desarrolló el segundo año de gobierno del antiguo líder gremial de los patrones Jovenel Moise del derechista Partido Haitiano Tet Kale (PHTK) fundado por el expresidente Martelly. El empresario agroindustrial y energético Moise, fue elegido tras la anulación de las fraudulentas elecciones de 2015 manipuladas a su favor, repetidas en 2016 con un porcentaje de abstención superior al 80% del censo. Su gobierno ha defendido las llamadas zonas de libre comercio agrícola, así como la reintroducción del Ejército y el impulso a las obras de infraestructura de financiación mixta. El país más pobre del hemisferio y uno de los más desiguales del mundo, crece a un ritmo estimado del 1.3% del PIB, lo que representa un estancamiento de la tendencia de relativa expansión, menor que el aumento general de la población.

En Puerto Rico se da el segundo año de la gobernación del oligárquico Ricardo Roselló del derechista Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Demócrata de Estados Unidos. La administración del investigador científico e hijo del expresidente Roselló, que gano por estrecha mayoría las elecciones de 2016 apoyándose en una ola de protesta contra el recorte del gasto público, que luego su administración continuo, cuenta con la mayoría en el legislativo pero es minoría en el poder local donde es fuerte la oposición del Partido Popular Democrático. Roselló adelanta su llamado Plan para Puerto Rico que sin embargo no ha logrado la reconstrucción del país de la devastación generada por el huracán María, al tiempo que adelanta el proyecto de la Estadidad que supone la anexión plena del territorio a los Estados Unidos, resistida por Washington, tras la absoluta mayoría conseguida por esta opción en el poco concurrido plebiscito de 2017. La economía del país profundiza su gravísima crisis económica, tras la declaración de quiebra y moratoria de pagos declarada en 2015, proyectando para este año una contracción del -8% del PIB, un empeoramiento sensible frente al año pasado. Continua así la nueva ola depresiva iniciada en 2013, que se emparenta con la tendencia de crecimiento negativo de 2007-2011. Así la mitad de la población se sume en la pobreza y se agudiza la diáspora que desde 2017 ha llevado a la salida del país 500.000 personas, principalmente jóvenes, más del 15% de la población registrada en la isla, que se suman al medio millón adicional que abondo el país desde 2006.

En México se presenta la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), tras el hundimiento del gobierno de Peña Nieto, este último sacudido por la crisis económica, los escándalos de corrupción de la primera dama y Odebrecht, el escalamiento de la guerra contra el narcotráfico, el gasolinazo y su debilidad ante Trump. AMLO de dudoso origen priista y trayectoria como líder del hoy derechizado PRD, vence amplaimente en las elecciones generales, en su tercera candidatura presidencial y tras dos acusaciones anteriores de fraude en su contra, aunque es claro que lo hace con un programa desplazado hacia el centro político, que prometen la continuidad de las iniciativas estratégicas de los anteriores gobiernos. Esta continuidad incluye el renegociado TLCAN, reformado principalmente por la presión de Estados Unidos, en el nuevo marco del T-MEC, que mantiene el modelo librecambista con algunas reformas que pueden suponer mejoras relativas para los trabajadores de la industria maquiladora del norte del país. Sin embargo, también realiza algunos cambios como la suspensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por presiones del movimiento vecinal. Mientras tanto se recrudece la guerra entre carteles tras la recaptura y extradición del Chapo Guzmán, continua la política de contención y deportación de migrantes centroamericanos y se desarrolla una nueva ola de feminicidios. La economía del país proyecta un crecimiento anual del PIB del 2.2%, una muy leve disminución frente al año anterior, explicada en parte por la caída de las producción minera. En el campo popular es importante anotar el desarrollo del movimiento de mujeres contra la violencia de género, la continuidad del proyecto zapatista pese al fracaso de la candidatura presidencial de Marichuy y el desarrollo de protestas obreras en la educación, el petróleo y la metalmecánica.

Se anuncia así un 2019 complicado, marcado por el empeoramiento de las condiciones económicas generales, una probable definición antipopular de la crisis venezolana y el fortalecimiento del giro derechista del continente. Tenemos entonces que prepararnos para resistir desde el movimiento social, afinando nuestra inteligencia y el compromiso con nuestros pueblos.

¡Arriba las que luchan!
Grupo Libertario Vía Libre

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