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Monday May 07, 2018 23:31 by Grupo Libertario Via Libre - 1 of Anarkismo Editorial Group grupolibertariovialibre at gmail dot com
Hoy se cumple el decimotercer aniversario del asesinato por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado colombiano del joven estudiante libertario de 15 años de edad, Nicolás David Neira Álvarez (11 de octubre de 1989-6 de mayo de 2005). Desde el Grupo Libertario Vía Libre, queremos brindar un pequeño homenaje a la memoria de Nicolás, repasando los hechos que condujeron a su muerte, los procesos de persecución y amenaza desarrollados por el Estado y los empresarios contra quienes defendieron su caso, los avatares de su proceso judicial y algunas perspectivas para la actualidad. Hoy se cumple el decimotercer aniversario del asesinato por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado colombiano del joven estudiante libertario de 15 años de edad, Nicolás David Neira Álvarez (11 de octubre de 1989-6 de mayo de 2005). Desde el Grupo Libertario Vía Libre, queremos brindar un pequeño homenaje a la memoria de Nicolás, repasando los hechos que condujeron a su muerte, los procesos de persecución y amenaza desarrollados por el Estado y los empresarios contra quienes defendieron su caso, los avatares de su proceso judicial y algunas perspectivas para la actualidad. El caso de Nicolás El asesinato de Nicolás se enmarca en la última parte del autoritario primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la coalición Primero Colombia, la administración del Ministerio de Defensa del empresario de seguros Jorge Alberto Uribe[1] que habría adelantado cuestionados programas como el Soldados Campesinos en el marco del Plan Patriota y organizado el secuestro del dirigente guerrillero Rodrigo Granda en territorio de Venezuela[2], así como de la dirección de la Policía Nacional a cargo del general Jorge Daniel Castro, que luego se vería forzado a renunciar por la revelación en mayo de 2007 de las operaciones secretas que desde hace años realizaban las agencias de inteligencia policial contra la oposición política, defensores de derechos humanos y periodistas[3] para favorecer la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos[4]. Nicolás participaba de la movilización por el centro de la ciudad de Bogotá, organizada el domingo 1 de mayo por el día internacional de los trabajadores y trabajadoras, presidida por la incoherente Gran Coalición Democrática de partidos y sindicatos y el Comando Nacional Unitario (CNU) compuesto por centrales obreras y de pensionados, jornada que tenía por demanda central el trabajo digno y la lucha contra las políticas de libre comercio[5]. Nicolás se sumó al bloque anarquista convocado por la Coordinadora Libertaria Banderas Negras (CLBN) fundada en 2001[6] y que ese día realizaría su última actividad pública[7], en la que era su primera marcha política, tras participar de algunas actividades anteriores contra las corridas de toros y por los derechos de los animales no humanos, en un periodo en el que cursaba la educación secundaria en noveno de bachillerato en el colegio católico privado, Liceo Hermano Miguel de la Salle[8]. La movilización cargada de tensión desde la salida del Parque Nacional, se desbordó hacia la 1:30 de la tarde, cuando a la altura de la esquina bancaria de la carrera 7ma con avenida 19, se produjo un choque entre algunos manifestantes y las Fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, que vigilaba la marcha al menos con 100 agentes organizados en la primera y tercera escuadra de la ciudad[9]. La situación provocó una ofensiva policial que llenó de gases lacrimógenos la calle, en medio de la huída de los participantes.[10]. Nicolás, que padecía de asma, se vio severamente sofocado por los gases y al no poder correr con suficiente rapidez fue alcanzado por una avanzada de agentes del ESMAD a pocos metros de la esquina de la carrera 7ma con calle 18, quienes les dispararon un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, que lo tumbaría al suelo donde al menos medio docena de policías antidisturbios continuaron pegándole salvaje y repetidamente con puños, patadas y bastones de seguridad[11]. Con Nicolás ya inconsciente y severamente herido, varios manifestantes intentaron llevarlo al hospital, encontrándose con la obstrucción de las fuerzas policiales que impidieron durante preciosos minutos el ingreso de ambulancias al convulsionado sector. Finalmente algunos de los manifestantes lograron trasladar al joven en un taxi al Centro de Atención Médica Inmediata de La Perseverancia donde recibe los primeros auxilios y tras esperar toda la tarde, es finalmente trasladado en la madrugada a la Clínica Jorge Piñero Corpas Saludcoop de la Calle 104 con Autopista[12]. Ese mismo día, la jornada del 1ero de mayo se saldaría con 40 heridos por las fuerzas policiales[13]. Pronto Nicolás entro en estado de coma, el día 5 de mayo sufrio muerte cerebral y finalmente murio a las 2:00 pm del viernes 6 de mayo. Su cuerpo registraba trauma en tejidos blandos por golpes de bolillo, crisis convulsivas, escoriaciones en extremidades superiores, ruptura de costillas y omoplatos[14], trauma craneoencefálico severo y edema cerebral, siendo estos últimas heridas causado por el impacto de un objeto contundente en la parte posterior de la cabeza, que serían la causa inmediata de su muerte[15]. El Estado y los empresarios: Encubren y amenazan Pronto la gran prensa empresarial, tradicional opositora de la protesta popular y los movimiento sociales, dio un cubrimiento parcializado de la noticia de la muerte de Nicolás, únicamente basado en las contradictorias versiones de la Policía Nacional, llegando a difundir versiones palmariamente mentirosas sobre la ausencia del ESMAD en el lugar de los hechos, un supuesto enfrentamiento entre manifestantes o una pretendida avalancha humana consecuencia de un pogo[16]. Clarificados los elementos del caso por parte de militantes anarquistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, y presentada la denuncia nacional e internacional sobre el mismo, la gran prensa se vio obligada a modificar su versión, sin desmentir sus pasados falsos testimonios. En paralelo las fuerzas irregulares del Estado, iniciaron un proceso de persecución contra los familiares de Nicolás, defensores de derechos humanos y testigos de los hechos, que llevaron a las amenazas de muerte contra el abogado Pedro Maecha así como intentos de asesinato contra Yuri Neira, padre de Nicolás y abanderado de su causa, quien denunciaría 4 atentados fallidos contra su vida[17] y Marco Sosa, militante anarquista y testigo clave de los hechos. A esto se sumaron las interceptaciones ilegales de teléfonos y correos electrónicos y seguimientos extrajudiciales, que iban de la mano de un proceso de persecución legal impulsado desde organismos como el infame Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), estructuralmente comprometido con el paramilitarismo y la Fiscalía General[18]. Los avatares del proceso judicial Después de varios años de completa impunidad, por presión de familiares y defensores de derechos humanos, el proceso judicial fue inicialmente asumido por la Justicia Ordinaria[19] que decidió trasladarlo sin miramientos a la Justicia Penal Militar, donde sería archivado[20]. En enero de 2010 los familiares y abogados de Nicolás decidieron elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el retraso en la administración de justicia en un crimen oficial, sin obtener hasta el día de hoy respuesta por parte de este organismo[21]. Ese mismo año la Procuraduría General de la Nación a la cabeza del fundamentalista católico Alejandro Ordoñez Maldonado (quien se habría opuesto a la decisión), en desarrollo un proceso administrativo iniciado a finales de 2008, destituyó e inhabilitó por 10 años al subteniente Edgar Mauricio Fontal y el teniente Julio Cesar Torrijos, comandante a cargo de la columna del ESMAD que reprimió ese bloque de manifestantes el 1 de mayo de 2005 en Bogotá[22]. Hasta ese año la investigación penal había sido largamente dilatada por las autoridades judiciales y el caso había pasado por 4 fiscales y 10 investigadores sin mayores avances[23]. En abril de 2011 el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá condenó por el asesinato de Nicolás al Estado colombiano y exigió una limitada indemnización económica al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el ESMAD para la familia de Nicolás. En este proceso, las tesis sostenidas por los querellantes de la Policía Nacional fue que la institución no tenía responsabilidad directa en los incidentes y el hecho era de la única responsabilidad del propio Nicolás que había decidido participar de una actividad de alto peligro, como lo era supuestamente la movilización del 1ero de mayo. Pese a la condena contra el Estado, el caso no había arrojado capturas, condenas o investigación penal alguna[24]. Ese mismo año el teniente Torrijos, recién destituido había sido capturado y condenado a 10 años de prisión por transportar 103 kilogramos de cocaína[25]. En enero de 2015 se supo del testimonio del policía y ex integrante del ESMAD Héctor Cubides, que participó de la operación represiva que condujo a la muerte de Nicolás, que uno de los patrulleros disparó contra la parte posterior de la cabeza del joven con un cartucho de gas lacrimógeno rellenado con balines artesanales o recalzadas, artefactos empleados sistemáticamente por el ESMAD y que conducirían al asesinato unos años después, del estudiante y comunicador popular Oscar Salas durante las protestas del 8 de marzo de 2006[26]. El testigo también explicó cómo se planificó el encubrimiento y la versión final sostenida a nivel oficial de que el joven se habría golpeado la cabeza contra un andén como resultado de una estampida causada por los mismos manifestantes, al tiempo que aclaraba que cuando él empezó a denunciar estos hechos, fue amenazado de muerte en repetidas ocasiones por integrantes de la propia institución policial[27]. Finalmente, el caso experimentó un importante avance en 2017. El 4 de agosto de ese año el mismo Torrijos Devia, aceptó la responsabilidad por el encubrimiento de las acciones realizadas por sus subalternos. El 19 de agosto del mismo año el juez 71 de garantías responsable del proceso judicial aceptó una petición de la defensa del patrullero del ESMAD Néstor Raúl Rodríguez Roa, quien habría disparado el gas lacrimógenos contra Nicolás, para poner nuevamente en cuestión si el caso debía ser llevado por la justicia militar al cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, en medio de la audiencia de imputación de cargos. Esta decisión contravenía lo que el 8 de octubre de 2007 la propia Judicatura ya había resuelto la situación otorgando la competencia a la justicia ordinaria[28]. El 30 de septiembre del año pasado, el mayor Torrijos fue condenado por el juez 14 penal de Bogotá, a 51 meses de prisión, lo que representan 4 años y medio de cárcel, una sentencia reducida a la mitad de la pena inicialmente contemplada por la aceptación que este hizo por su responsabilidad en el encubrimiento. Como han defendido los abogados de Nicolás aún es necesaria la investigación de los superiores jerárquicos de Torrijos que como este ha señalado, fueron quienes autorizaron las operaciones y el encubrimiento posterior[29]. En octubre del mismo año, se inició un juicio contra el patrullero del ESMAD Néstor Julio Rodríguez Rúa que estaba registrado como uno de los subordinados de Torrijos y responsables de las actividades de ese día[30]. Perspectivas hoy El de Nicolás es uno de los casos más infames pero no el único que muestra los alcances de la represión policial en el país. Desde 1999 hasta 2015 el ESMAD ha asesinado a 17 personas en el curso de protestas sociales, según cifras del CINEP y el representante a la cámara Alirio Uribe[31]. Por eso, hoy es urgente continuar la lucha por el derecho a la protesta social, contra la brutalidad policial y la represión gubernamental, teniendo la vida de Nicolás como una bandera bien en alto y que nos marca las situaciones que debemos erradicar. Está pendiente aún el juzgamiento de los máximos responsables políticos, civiles y militares del asesinato y posterior encubrimiento del caso, que hasta hoy se mantienen impunes y activos para intentar silenciar por medio de hostigamientos, amenazas y violencia, la verdad sobre el caso. Hoy el país se asoma a un nuevo genocidio político contra la izquierda y los movimientos populares con 322 asesinatos de líderes sociales entre 2016 y febrero de 2018, además de 53 asesinatos hasta el 25 de marzo del presente año, según investigación de Indepaz[32]. Para frenar en seco esta esta situación, debemos continuar movilizados por la protección de la vida y la organización popular que los asesinos de los líderes y lideresas sociales pretenden destruir, el desmonte de las estructuradas neo paramilitares financiadas por narcotraficantes, terrateniente y empresarios, el fin de la violencia legal e ilegal promovida por los responsables de los megaproyectos de la coca y los hidrocarburos, por la salida política negociada al conflicto armado con las fuerzas guerrilleras y el cumplimiento de los acuerdos contraídos por el Estado con la antigua insurgencia de las FARC. Hoy luchamos por hacer de la memoria viva de Nicolás y la verdad histórica sobre su caso, parte del acervo que la clase trabajadora y los sectores sociales y populares tienen en su tradición y su cultura común, que les sirve para organizarse y luchar por un mundo más justo y más libre. Hoy continuamos en la pelea para hacer realidad los sueños de Nico y con sus mismas ansias de libertad.
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Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel Venezuela / Colombia | Represión / presos | es Fri 29 Mar, 01:40 ¡Harold está libre, cayó el montaje judicial! 14:57 Tue 07 Sep 1 comments En audiencia el 6 de Septiembre cayó el burdo montaje que desde la Fiscalía y desde el ejército se venía adelantando contra Harold Ordóñez Botero, reincorporado e incansable luchador social vallecaucano. En realidad, las pruebas de la parte acusadora, con la cual lo sindicaban de ser “Óscar”, comandante de la columna Adán Izquierdo de las FARC-EP, no se sostenían ni por un segundo. Era un montaje a todas luces, parte de una persecución en contra de Harold por sus denuncias a la militarización de las zonas rurales y los continuos abusos que ha sufrido la población a manos del Batallón Palacé. Un acto más de revanchismo en contra de los firmantes de la paz que se han mantenido firmes en sus convicciones y comprometidos con seguir luchando (sin armas) por los cambios sociales que las mayorías claman en las calles y campos de Colombia. Atentado contra Jorge Vega Galvis, dirigente campesino y comunitario de Cartagena de Chairá, Caquetá 03:33 Wed 09 May 0 comments El viernes 4 de Mayo la creciente lista de víctimas del movimiento popular en tiempos de “paz” se ha vuelto a engrosar. Jorge Vega Galvis recibió en las afueras de su hogar, en el barrio El Triunfo, en la Guadalosa, en las inmediaciones de Cartagena de Chairá, 7 tiros de pistola por parte de un grupo de encapuchados, que abandonaron el lugar dándolo por muerto. De milagro, llegó al centro de salud local, del cual fue enviado a Florencia debido a la gravedad de sus heridas. Hoy, cuatro días después de este atroz crimen, se encuentra todavía inconsciente y batallando por su vida. Joven herido en el rostro por disparo de arma química del ESMAD en Bello, Antioquia 01:09 Sat 21 Jan 0 comments Los desalojos en el barrio Nuevo Jerusalén comenzaron sin garantías para las 175 familias que serán desalojadas, el Estado encarnado en las alcaldías municipales de Bello y Medellín no tiene una propuesta clara para reubicar a estas familias, solo han brindado un arriendo temporal de “3 meses con posibilidad de prórroga”, una solución en el aire para las familias que desde hace más de 10 años están construyendo su hogar, su casa, gentes que fueron desplazadas y que tampoco tuvieron apoyo o garantías a su llegada a la ciudad. Hoy estos hogares construidos con esfuerzo están siendo convertidos en escombros. ¿LA PAX DE LOS MUERTOS? 22:24 Fri 16 Sep 0 comments Con el fin de revisar un daño en las mangueras que llevaban agua a su finca, Cecilia Coicué, de 62 años, salió de su casa el día martes 6 de septiembre del presente año, pero nunca regreso, el día de ayer fue encontrada muerta, ultimada por diferentes heridas de arma blanca en zona rural del municipio de Corinto, en el departamento del Cauca. “Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla” 10:17 Mon 21 Mar 0 comments En los últimos meses se ha visto una ola de amenazas y asesinatos masivos a lo largo y ancho del país, tanto en zonas rurales como urbanas, declarando muerte a militantes de organizaciones políticas y sociales de izquierda. Tal es el caso de Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Consejo Regional Indígena del Cauca y otras organizaciones independientes pero no menos importantes. ¡Organicemos la rebeldía! 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Sobre el atentado al sindicalista Luis Alberto ... 12:31 Sun 18 May 0 comments Un sindicalista del país más peligroso en el mundo para quienes defienden los derechos de los trabajadores (Colombia), relata el atentado del que fue víctima el día viernes 16 de Mayo, el cual desmiente todas la retórica espuria e interesada del gobierno en torno al supuesto mejoramiento de las garantías para el sindicalismo en ese país. Este crimen ocurre en el contexto del paro adelantado por el magisterio y del desmonte gradual de las medidas de protección de diversos sindicalistas y dirigentes populares en todo el territorio. Hoy día, han puesto precio sobre la cabeza de Luis Alberto Plazas, demostrando la ausencia total de garantías para la oposición política y social en Colombia. Liberado José Norbey Lugo Caballero 17:26 Fri 28 Feb 0 comments Finalmente ha salido a la calle José Norbey Lugo Caballero, dirigente campesino del corregimiento de La Marina (Chaparral), afiliado a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL). Salió libre cinco días después de que el Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Chaparral, Tolima, le otorgara la libertad. Nueva audiencia por el caso de José Norbey Lugo Caballero, afiliado a Astracatol-Fensuagro 19:23 Tue 05 Nov 1 comments El día 12 de Julio fueron liberados 7 de los 8 presos en el proceso contra dirigentes sociales y del sindicato campesino Astracatol en La Marina, Chaparral (Tolima), acusados de rebelión y financiamiento del “terrorismo”. Uno de ellos, José Norbey Lugo Caballero, hermano de Edwin, pese a evidenciarse el montaje judicial, quedó tras las rejas. Mañana 5 de Noviembre, esta programada la audiencia preparatoria en la que ya debería terminar de aclararse la situación de José Norbey. Protesta social recibe tratamiento militar en Colombia 10:27 Thu 22 Aug 30 comments El gobierno colombiano siempre insiste en que el derecho a la protesta social en Colombia se respeta. Sin embargo, el Paro Nacional Agrario y Popular, convocado desde el 19 de Agosto por las principales organizaciones campesinas del país, junto con sectores como transportistas, salud y mineros, ha recibido un tratamiento militar por parte de las autoridades, que han violentado toda clase de derechos de los manifestantes. Una situación particularmente grave, es la que se vive en el departamento del Cauca, donde los dos puntos de concentración, en el norte y en el sur del departamento, enfrentan un cerco militar en el cual el ejército y la fuerza pública demuestran su interpretación de la doctrina del “enemigo interno”. 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