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ASESINAN RECLAMANTE DE TIERRAS EN EL CHOCÓ

category venezuela / colombia | community struggles | news report author Sunday August 20, 2017 22:22author by Rebeldía Contrainformativa - Rebeldía Contrainformativaauthor address http://rebeldiacontrainfo.wordpress.com/ Report this post to the editors

Otro luchador social es asesinado en Colombia, en este caso se trata de MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA, quien venia luchando por el retorno y devolución de las tierras colectivas de las comunidades negras del Bajo Atrato Chocuano. MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA se movilizaba en lancha el 17 de agosto desde Río Sucio hasta la comunidad de la Nueva en Truandó, pero nunca llegó a su destino, dos horas después de su partida fue encontrado muerto por tres impactos de bala.
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Otro luchador social es asesinado en Colombia, en este caso se trata de MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA, quien venia luchando por el retorno y devolución de las tierras colectivas de las comunidades negras del Bajo Atrato Chocuano. MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA se movilizaba en lancha el 17 de agosto desde Río Sucio hasta la comunidad de la Nueva en Truandó, pero nunca llegó a su destino, dos horas después de su partida fue encontrado muerto por tres impactos de bala.

El asesinato de MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA hace parte del genocidio contra las organizaciones sociales y populares que se ha desatado desde el inicio de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el Estado, y que tiene por fin la eliminación de todas las formas de resistencia popular para la penetración de los intereses de grandes empresarios agro-industriales y mineros en los territorios colombianos.

La presión de grandes agro-industriales dedicados al cultivo de palma africana en los territorios colectivos de comunidades indígenas y afro en la década de los 90s y, luego, los intereses de explotación minera de grandes multinacionales, como es el caso de la multinacional norteamericana Muriel Mining Corporation, han generado la penetración de grupos paramilitares en el Bajo Atrato chocuano que, en alianza con el ejercito nacional, utilizan mecanismos de terror para eliminar las resistencias sociales y hacerse con el control total de la región.

Desde finales de enero del presente año las comunidades indígenas y afro denunciaron la llegada de por lo menos 600 paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a los municipios de Río Sucio, Bahía Solano, Carmen del Darién, Bojayá y Vigía del Fuerte en el Choco. Desde su llegada el grupo armado inició una campaña de hostigamientos y amenazas contra las comunidades con el fin de expulsarlas de la zona. Ya para el 6 de febrero se reportó el desplazamiento de por lo menos 80 personas pertenecientes de la comunidad indígena de Nuevo Olivo. Desde entonces en repetidas ocasiones las comunidades indígenas y afro han pedido la intervención de organismos de derechos humanos, la protección del Estado y la activación de los mecanismos de desmonte de las “Bandas Criminales”, contemplados en los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC-EP, pero hasta el día de hoy los grupos paramilitares dominan la zona sin que el Gobierno Nacional tome medidas efectivas para la protección de las comunidades.

Para el mes de marzo del presente año continuaron las denuncias sobre nuevas incursiones de grupos paramilitares en Río Sucio, en las zonas humanitarias de Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida, lugares de protección para comunidades que, en el anterior ciclo de violencia paramilitar, ya habían sido desplazadas de la cuenca del río Cacarica en 1997 por la acción conjunta de militares y grupos paramilitares durante la realización de la operación Génesis del Ejercito.

El drama de las comunidades indígenas y afro del Bajo Atrato Chocuano no termina. Se trata de comunidades que en la década de los 90 fueron despojadas de sus tierras colectivas por grandes empresarios agro-industriales dedicados a las producción de combustibles en base a cultivos de palma africana. Para ello entraron en los territorios asesinando y desplazando a las comunidades en acciones conjuntas realizadas entre el ejercito y grupos paramilitares. La relación entre las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá con los empresarios pamicultures en el despliegue de esta estrategia de despojo y muerte fue reconocida por la fiscalía para el año 2013, por lo que 18 empresarios fueron enviados a la cárcel. Pero el drama de las comunidades no se detuvo, aquellos que fueron desplazados y reubicados en el Municipio de Río Sucio este año se han visto de nuevo perseguidos y amenazados por grupos paramilitares, que presionan para un segundo desplazamiento.

En Jiguamiandó las comunidades indígenas y afro vienen denunciando la presencia de grupos paramilitares que portan armas largas y camuflados desde comienzos del 2016 en sus territorios. Allí la persecución y amenazas contra los luchadores sociales que reclaman la restitución de territorios ancestrales y que impulsan las movilizaciones en contra de la destrucción y deforestación de la selva chocuana han sido constantes. Y es que la presencia de grupos paramilitares en la región no es gratuita, desde el 2005 la compañía multinacional norteamericana Muriel Mining Corporation a penetrado en 16.000 hectáreas de territorios comunitarios, para iniciar la explotación minera a cielo abierto de oro, cobre y molibdeno.

En Curvaradó desde el 2014 se ha desatado una intensa persecución contra luchadores sociales reclamantes de tierras, como es el caso de Yomaira Mendoza quien ha sido constantemente amenazada después de que denunciara ante la fiscalia la usurpación de tierras en la región, por parte de grandes latifundistas que han querido apropiare de los territorios colectivos de las comunidades negras a través de la violencia.

Varias veces victimizadas y desplazadas, bajo la presión militar y paramilitar, las comunidades indígenas y afro no renuncian a sus derechos ancestrales sobre los territorios del Bajo Atrato chocuano, por el contrario continúan sus reclamos dignos y legítimos por tierra y defensa de la selva chocuana. Repudiamos el asesinato del luchador social y reclamante de tierras MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA, y denunciamos como responsable directo de su muerte al Estado Nacional y al despliegue de su estrategia paramilitar contra los movimientos sociales en Colombia.

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