Policía Comunitaria de Guerrero: una institución de los pueblos para la seguridad y justicia desde abajo

américa del norte / méxico | community struggles | opinión / análisis Mittwoch Dezember 21, 2016 04:39 by Daniele Fini - Regeneración Libertaria

La historia del Estado de Guerrero, en México, encuentra su hilo conductor en la violencia, en particular la violencia política. La actitud autoritaria y represiva de las élites locales, tratando de mantener las grandes desigualdades que atraviesan a la región, se ha enfrentado continuamente con los intentos organizativos rebeldes de las clases populares.

En los ’70 operaron en este estado las dos principales guerrillas rurales mexicanas. Hoy en día no han parado los asesinatos y desapariciones de activistas o políticos locales. En cambio, se ha incrementado, al igual que en muchos Estados del país, la violencia supuestamente relacionada con la delincuencia organizada. Guerrero en 2015 representaba la entidad del país con el mayor numero homicidios en relación al numero de habitantes, y en este año 2016 han aumentado respecto al anterior. En la prensa local a diario se reportan noticias de asesinatos o eventos delictivos, pero lo interesante que se nota es que casi la totalidad de estos acontecimientos ocurren en las regiones del centro, norte y occidente del Estado. En cambio, las regiones llamadas Montaña y Costa Chica, en el sur oriente del Estado, los índices de violencia relacionada a la criminalidad organizada son mucho mas bajos que en las demás. En varios municipios de estas dos regiones, desde hace más de veinte años funciona un Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria que toma el nombre de CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria).

La CRAC-PC surgió en 1995 en un clima de inseguridad que afectaba a los campesinos cuando se trasladaban de sus comunidades a la única ciudad de la región para ir a vender su cosecha de café. En aquellos años eran frecuentes asaltos en las brechas y caminos. Varias veces terminaban con asesinatos y violaciones a las mujeres. Representantes de las comunidades y dirigentes sociales empezaron a convocar asambleas para resolver este asunto, pero, frente a la insensibilidad mostrada por los diferentes niveles de gobierno, decidieron que la única alternativa que les quedaba era organizarse ellos mismos para atender su seguridad. El 15 de octubre 1995, representantes de 28 comunidades acordaron conformar su propios grupos de seguridad, que nombraron Policía Comunitaria. En los meses siguientes, en cada localidad se eligieron en asamblea a un grupo de policías, que funciona en base al “sistema de cargos” y la lógica del servicio de las comunidades indígenas.

No era nada nuevo la existencia de grupos de seguridad comunitarios en los pueblos indígenas mexicanos. Siempre hubieron en la historia, y en muchos lugares aún siguen funcionando al interior de sus propias comunidades. La novedad de esta Policía Comunitaria fue que sus grupos se coordinaron entre ellos para patrullar y moverse por todo el territorio, puesto que el problema en aquel entonces eran los asaltos en los caminos. En la practica se generó un proceso de articulación a nivel regional de grupos de seguridad que no dependían de las instituciones oficiales sino que de sus instancias comunitarias, coordinados bajo el mando de comandantes regionales y de una asamblea regional.

Investigaciones y reportajes periodísticos han registrado los éxitos del proceso comunitario: una bajada de los indices delictivos entre 90% y 95%, alcanzando gran respecto y consenso en toda la región. Inicialmente los delincuentes o supuestos tales que eran detenidos se entregaban a los entes de justicia oficiales. Pero, el contexto de corrupción e ineficiencia de estos órganos provocaba que en muchos casos fuesen dejados en libertad dentro de pocas horas o días, causando un gran malestar en la población. Así que en 1998 en una asamblea regional los pueblos decidieron constituir su propia instancia de justicia comunitaria, que hoy en día se llama Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, conformada por un consejo de autoridades nombradas en la asamblea, encargado de la impartición de justicia. A partir de aquel entonces, los detenidos son juzgados por este órgano, en su propria lengua, y según procedimientos de las comunidades locales, que no preven la intervención de abogados y privilegian la conciliación entre las partes. Si son condenados, entran en un proceso que llaman reeducación. Son privados de su libertad, pero no van a una cárcel, sino que son enviados en las comunidades por temporadas de 15 días. Ahí los policías comunitarios y las autoridades locales son los encargados de resguardar a los presos, de proporcionarles comida y de hacerlos trabajar 8 horas la día, de lunes a sábado, en actividades para la comunidad.

Con los años el proceso se ha expandido, integrando a su interior comunidades campesinas mestizas, y más recientemente población urbana, llegando a ser una institución comunitaria regional y pluriétnica: actualmente participan ahí poblaciones de alrededor de 150 localidades, de cuatro étnias diferentes. A pesar de algunas escisiones internas pasadas en los últimos tres años, el espacio de la CRAC-PC se ha vuelto también un ámbito de articulación entre sus pueblos para enfrentar problemas de varios tipo. Esto se comprobó en 2011 cuando, frente la amenaza de proyectos de minas a cielo abierto en toda la región, fue desde las asambleas regionales de la CRAC-PC que se impulsó el movimiento de defensa del llamado territorio comunitario. Dichos proyectos por el momento están suspendidos, debido a la pronta reacción de las comunidades, pero la región sigue siendo bajo la mirada de las grandes empresas extractivas por la supuesta presencia de metales preciosos. Muchos analistas han interpretado que el aumento de represión y de los intentos gubernamentales de cooptacion contra de la CRAC-PC que se han dado en los últimos tiempos, se deben a que ella representa el principal obstaculo a los intereses de estas empresas capitalistas.

Desde 2013 han surgido decenas de grupos de defensa comunitaria o ciudadana en todo el Estado de Guerrero, como respuesta al recrudecimiento de la violencia de la criminalidad organizada contra la población. En la actualidad, fuentes periodísticas reportan la existencia en la entidad –además de la CRAC-PC– de 4 sistemas de seguridad y justicia ciudadana y 5 grupos de autodefensa, en los cuales participan alrededor de 20 mil ciudadanos armados. Algunos de estos grupos surgidos recientemente ingresaron en la CRAC-PC, pero sus acciones se confrontaron en manera directa con las instancias gubernamentales, lo cual le causó una dura represión. El ejemplo más conocido ha sido el encarcelamiento de Nestora Salgado, Comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, debido a que su grupo detuvo a un funcionario del ayuntamiento acusado de estar vinculado a un grupo criminal de aquella zona. Gracias a una campaña internacional y a movilizaciones en Guerrero, a inicio del 2016 Nestora Salgado alcanzó la libertad, aunque en la actualidad siguen aún 3 integrantes de la CRAC-PC en la carcel. El ataque a la organización comunitaria no ha parado: además de la existencia de un gran numero de ordenes de aprehensión en contra de algunos de sus miembros, a finales de noviembre 2016 fue secuestrado y posteriormente asesinato el coordinador de la Policía Comunitaria de Tixtla -municipio conocido por alojar la escuela normal de Ayotzinapa- a través de una acción de explicito desafió a la organización reivindicada por un grupo criminal de la zona.