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Chile: “¿Cuánta agua hay en la piscina? El escenario post-paro del 4 de noviembre”

category bolivia / peru / ecuador / chile | community struggles | opinión / análisis author Wednesday December 07, 2016 16:05author by Pablo Abufom y Sebastián Osorio - Solidaridad, Federación Comunista Libertaria Report this post to the editors

En su Segundo Congreso realizado en abril de este año, la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP asumió 3 compromisos: a) tener como objetivo la erradicación de las AFP, ya sean privadas o estatales; b) avanzar hacia una sistema solidario, de reparto y tripartito como base de un nuevo sistema de seguridad social; y c) marcar un hito en la lucha por ambos objetivos mediante un paro nacional.
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Como es sabido, el último punto se concretó el 4 de noviembre recién pasado, y la importancia de la convocatoria fue que le permitió a la Coordinadora sumar entre abril y noviembre de este año a una importante cantidad de sindicatos y organizaciones territoriales que pudieran ejercer presión sobre el Gobierno para avanzar en los puntos programáticos ya mencionados. Al mismo tiempo, se trabajó (hasta hoy) en una propuesta técnica para cambiar el sistema de pensiones, para tener una demanda clara por la cual presionar, y mostrando que el pueblo trabajador organizado es capaz de diseñar propuestas complejas de cambio institucional.

El objetivo de un paro como éste era a grandes rasgos generar un escenario que abriera la posibilidad de imponer al Ejecutivo las condiciones mínimas de cualquier diálogo en torno a la demanda. Por lo tanto, urge evaluar los métodos de la jornada y los resultados alcanzados.

Respecto a los métodos, si bien en un principio el llamado era solo a parar en los lugares de trabajo, el llamado se extendió también a protestar, entendiendo las grandes dificultades que tiene en nuestro país la realización de huelgas por demandas que no estén enfocadas en el nivel de empresa de cada sindicato. Además de una legislación que criminaliza este legítimo derecho de los trabajadores en cualquier parte del mundo, las bajísimas tasas de sindicalización (que desde hace años bordean el 10%) y de politización en el mundo del trabajo salvo franjas reducidas de trabajadores en distintos sectores de la economía, ponían el esfuerzo cuesta arriba. Y es que pese al crecimiento del movimiento de masas desde hace algunos años, en el ámbito laboral se está lejos de intervenir de manera generalizada la normalidad capitalista.

Por lo anterior, nuevamente fueron relevantes los pocos grandes sindicatos que existen, especialmente los de sectores estratégicos de la economía, por su capacidad de movilizarse y paralizar al menos temporalmente importantes espacios de la acumulación de capital en Chile. Pero junto con estos, y destacadamente en grandes ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción, tuvieron gran relevancia organizaciones territoriales por su capacidad de interrumpir el tráfico en avenidas y caminos importantes que pueden alterar el flujo de personas a sus puestos de trabajo, acciones de protesta que por cierto, especialmente cuando provienen de organizaciones vivas y masivas, consideramos completamente legítimas.

Ahora bien, por sus características la evaluación de los resultados de este paro no puede ser un simple recuento de la cantidad de gente en las calles o los cortes de ruta realizados. En efecto, lo que hay que preguntarse es el escenario generado tras este hito en términos de posibilidades de terminar efectivamente con las AFPs, o como respondiera Bachelet a la exigencia de terminar con las AFPs por parte de la Coordinadora cuando se reunieron en La Moneda tras la primera gran marcha: “¿Cuánta agua hay en la piscina?”.

Un escenario de “piscina medio llena” en este sentido sería uno en el que Gobierno y oposición no tuvieran más opción que tomarse en serio la demanda planteada, y asumir que ningún arreglo parche como los propuestos hasta ahora, será suficiente para terminar con esta movilización. Para ello, se requería una muestra contundente de las capacidades del movimiento para afectar gravemente la economía y la gobernabilidad, y la amenaza cierta de repetir la protesta con mayor impacto que lo logrado incluso por la CUT en su mayor paro nacional realizado en agosto de 2003, al que según los organizadores adhirió un 15% de los trabajadores.

Para lograr esto, la paralización de los principales puertos y los accesos a las principales faenas mineras eran vitales, por el lugar que ocupan ambos rubros en la estructura productiva del país. Adicionalmente, por su tamaño, capacidad organizativa y su posibilidad de hacer huelgas ilegales sin arriesgar sus puestos de trabajo, eran importantes los trabajadores del sector público. Con la excepción del sector minero (por las dificultades propias del caso, además de la poca penetración del movimiento en los trabajadores de planta), esto se logró pero sin lograr extender su alcance a sectores con mayores problemas, como el comercio y la industria. Y ni hablar de los sectores no sindicalizados. Es por esto que el “paro” entendido como una “huelga general” estuvo lejos de lograrse.

Afortunadamente, el involucramiento de numerosas organizaciones poblacionales y/o territoriales aportó decididamente al objetivo de trastocar el normal desarrollo de la jornada laboral (afectando sin duda la economía), y a pesar de las obvias y cada vez más desvirtuadas críticas a estas formas de acción en los grandes medios de comunicación, la Coordinadora fue capaz de plantear que estas correspondían a formas entendibles de protesta y malestar de nuestro pueblo frente al desesperante futuro que ofrece el sistema de pensiones. Futuros éxitos de la Coordinadora dependen de sostener con firmeza esa vocación de unidad.

Por estas razones, podríamos afirmar que la piscina se está llenando, pero que aun falta mantener y consolidar las propuestas y posiciones de fuerza con mayor movilización para lograr llenarla. De este modo, podría darse una salida para el movimiento con la instalación de una mesa de diálogo cuyo objetivo no sea otro que definir un itinerario explícito para la erradicación de las AFPs y su reemplazo por un sistema solidario de reparto.

Sin embargo, existe el riesgo de que el escenario se revierta hacia uno de “piscina medio vacía”, si es que en los próximos meses el movimiento pierde fuerza, unidad y dinamismo. Lo primero para evitar parece ser mantener una agenda de movilizaciones clara, a la que se puedan incorporar sobre todo aquellos trabajadores que NO pueden parar, acompañada idealmente de hitos huelguísticos por parte de los sectores estratégicos y con mayor capacidad organizativa, lo que involucra por lo menos puertos, minería y el sector público, que son aquellos que más afectan al Estado.

Además, sería provechoso sumar a más sindicatos del transporte público en las grandes ciudades, a la par del fortalecimiento de las organizaciones territoriales, apuntando a que la existencia de éstas últimas tenga una base real que permita su proyección en el tiempo como movimientos con poder propio y voluntad de disputa. De lo contrario, se arriesga el peor desenlace posible, que es abrir la iniciativa de los sectores más hábiles del Partido del Orden en la Nueva Mayoría para la imposición de un sistema mixto que mantenga el negocio de las AFPs y las pensiones de miseria.

Por último, con la cancha abierta desde el 4 de noviembre, sin respuesta alguna del Gobierno más que su propuesta de diálogo en la que no cabe posibilidad alguna de cambios estructurales, cabe preguntarse por las salidas posibles que tiene el conflicto a mediano plazo. Al respecto, una de las propuestas que se ha esgrimido por algunos sectores de la Coordinadora es la realización de un plebiscito. Evidentemente, no corresponde negarse a priori a esta opción, que podría ser un ejercicio de soberanía popular interesante, pero sí es obligación sopesar de forma realista sus límites.

En efecto, se trata de una apuesta que no tiene cabida en el marco institucional, y aunque fuera solo iniciativa del Ejecutivo y llegara a realizarse sin garantía alguna de que sea un ejercicio vinculante, ni de que se tenga injerencia en el contenido de la papeleta, está el riesgo de que una mayoría de los chilenos opte por un sistema mixto antes que por uno de reparto, evidentemente influenciados por el entramado de mentiras y engaños por parte de la industria de las AFPs, y amplificados por los medios de comunicación que han mostrado un rechazo transversal a las demandas de la Coordinadora.

En cualquier caso, debe reconocerse que una propuesta así podría ser una instancia de educación y formación de masas en términos de la campaña comunicacional que requeriría. Pero el mayor cuestionamiento a dicha propuesta, aun considerando eso, es otro: todavía queda camino por recorrer en cuanto al fortalecimiento del movimiento, y si se lleva a cabo con éxito, es posible terminar de llenar la piscina e instalar la demanda de terminar con las AFPs como una necesidad de la que se deba hacer cargo el bloque en el poder, tal como se logró en el 2011 con la “gratuidad de la educación”. Tomando ese mismo ejemplo, es obvio que esto no garantizaría nada, pero al menos abriría las condiciones de posibilidad para que un “diálogo nacional” pueda partir con dicha premisa, y no con una discusión abstracta de cómo mejorar pensiones que en última instancia, siempre terminará apelando a un mayor financiamiento por parte del Estado sin tocar los intereses empresariales en juego.

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