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[Colombia] Ante el acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP

category venezuela / colombia | miscellaneous | portada author Monday June 27, 2016 18:02author by Grupo Libertario Vía Libre - 1 of Anarkismo Editorial Groupauthor email grupolibertariovialibre at gmail dot com Report this post to the editors

Posición del Grupo Libertario Vía Libre

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El pasado jueves, 23 de junio de 2016, sin duda marcó una fecha histórica en Colombia. En este día se acordó, en el marco de los diálogos de paz y la mesa de negociación de La Habana, el cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno nacional de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Para muchas colombianas, este es un anhelo hecho realidad. Sin dejar de compartir el entusiasmo popular, nosotras señalamos que este aún no es el fin de la guerra y que aún queda un largo camino por recorrer en miras a conseguir cambios sociales reales beneficiosos para las trabajadoras, los sectores sociales y los pueblos.

El pasado jueves, 23 de junio de 2016, sin duda marcó una fecha histórica en Colombia. En este día se acordó, en el marco de los diálogos de paz y la mesa de negociación de La Habana, el cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno nacional de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Para muchas colombianas[1], este es un anhelo hecho realidad. Sin dejar de compartir el entusiasmo popular, nosotras señalamos que este aún no es el fin de la guerra y que aún queda un largo camino por recorrer en miras a conseguir cambios sociales reales beneficiosos para las trabajadoras, los sectores sociales y los pueblos.

Como Grupo Libertario Vía Libre, reconocemos la trascendencia histórica de este acuerdo para el país, pues es evidente que gran parte de la población no desea vivir más una guerra tan degradada y cruenta como la nuestra, lo que es motivo de celebración para muchas personas y comunidades. En ese sentido, existen varios elementos positivos para reconocer en este acuerdo, como la significación que tiene que la fuerza insurgente más antigua y duradera de América Latina abandone las armas sin ser derrotada y se culmine por medio de un pacto el largo enfrentamiento bélico entre este grupo y el Estado, en lo que supone un avance para varias organizaciones políticas populares que buscan que las luchas sociales sean escuchadas en las más altas esferas del poder gubernamental. Sin embargo, aún quedan múltiples retos, reivindicaciones y luchas por desarrollar.

El acuerdo de ayer, que formalizó una tregua de hecho que con algunos sobresaltos regía entre estos actores armados desde el 2013, marca un salto de calidad en el camino hacia el fin de la confrontación armada. Sin embargo, consideramos que aún estamos lejos de completar el denominado fin de la guerra, pues todavía quedan pendientes las negociaciones con otros grupos insurgentes más pequeños, pero de gran significancia, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) alzados en armas como las FARC-EP desde hace medio siglo, con lo que el gobierno nacional ha mostrado una pobre voluntad de diálogo. Y más aún, consideramos que el fin del conflicto armado no pone fin al conflicto social y político en el que recae su génesis histórica, marcado por factores como la extrema desigualdad social especialmente aguda en el campo, el despojo violento realizado por la burguesía rural y los terratenientes de los territorios campesinos y las políticas de terrorismo de Estado implementada contra los movimientos populares.

Apuntamos que este año se ha caracterizado por las olas de movilización de diversos sectores sociales, tanto urbanos como rurales, que han confluido en jornadas de indignación como las del 24 de enero, la huelga nacional del 17 de marzo y el tercer paro agrario nacional, luchas que a su vez han fortalecido la idea de convocar un contundente Paro Cívico Nacional que haga retroceder las políticas antipopulares del gobierno. Así, sectores de los movimientos campesinos, indígenas y negros, junto con obreras, profesoras, estudiantes universitarias y trabajadoras informales, han manifestado su contundente rechazo a las políticas neoliberales de la segunda administración de Juan Manuel Santos, que acrecientan la desigualdad y precariedad social. Al mismo tiempo la mayoría de los sectores movilizados, han insistido en la necesidad de apoyar procesos de diálogo entre el gobierno y las insurgencias, buscando la realización de una paz con justicia social y viendo la firma de los acuerdos como un medio para que las voces de las trabajadoras y los pueblos históricamente excluidos, sean escuchadas. También la mayoría de estos sectores han apoyado el hecho de que las FARC-EP se conviertan en un partido político con garantías de seguridad y participación dentro de las reglas de juego de la actual democracia. Si bien esto podría generar la posibilidad de que se garantice el derecho a la oposición política en un país con un sistema institucional tan cerrado como el colombiano, una real apertura democrática aún está por verse.

Destacamos que ni las clases dominantes ni su aparato estatal tienen todas las de perder en esta coyuntura, puesto que lo que está firmado en un papel no es garantía real para el cumplimiento de los acuerdos pactados. Basta con recordar el incumplimiento sistemático que este mismo gobierno ha hecho de los acuerdos firmados luego del Paro Nacional Agrario de agosto y septiembre de 2013, incumplimientos que condujeron a los sectores campesinos, negros e indígenas, organizados en la Cumbre Nacional Agraria, a llevar a cabo una nueva y exitosa movilización en los últimos meses, en la que lamentablemente fueron asesinados por la represión gubernamental los comuneros indígenas Willington Quibarecama, Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz .

Anotamos que, si bien bajo la insignia de la paz se nos ha vendido la idea de un nuevo país, el gobierno aún debe mostrar una voluntad concreta manifiesta en hechos que conduzca a la desmilitarización de la sociedad, voluntad que no se ha evidenciado recientemente en las medidas de criminalización de la protesta de las clases y sectores oprimidos o el manteamiento de prisioneros políticos como el intelectual Miguel Ángel Beltrán. Del mismo modo, uno de los hechos que más pone en duda la voluntad de paz del gobierno es la aprobación del nuevo Código de Policía que agudiza la represión y atenta contra el ejercicio de varias libertades de la población civil.

No podemos dejar de advertir sobre el peligroso rol que juega la extrema derecha representada en el uribismo en este nuevo panorama haciendo campaña por el “No” en caso de que un posible plebiscito con el fin de hundir todo este proceso de paz al que tanto le ha hecho oposición. En la otra orilla estaría la campaña por el “Sí” representada principalmente en la Unidad Nacional (santistas) y en menor medida por la mayor parte del arco de la izquierda. Todo lo anterior nos pone de relieve un ambiente de polarización en torno a los acuerdos firmados en La Habana que tendría como principales contrincantes dos variantes de una derecha neoliberal y autoritaria: el santismo y el uribismo, este último considerados como la mayor fuerza de oposición política al gobierno en el país en la lectura difundida por los medios masivos de comunicación, que hasta hace poco sostenían la guerra contrainsurgente. El papel de la izquierda y los movimientos populares en este posible plebiscito, aunque activa aún ha sido limitado, lo que deja ver que la incidencia popular sigue siendo muy baja en este panorama

Tampoco debemos olvidar el reciente incremento de la acción del paramilitarismo, que en los últimos meses ha asesinado a varios líderes populares, especialmente campesinos. Las mal llamadas Bandas Criminales (BACRIM), que no son sino la nueva expresión del paramilitarismo, ejercen un dominio cotidiano de muchos territorios aliados a militares, caciques políticos y empresarios, como se vio en el reciente paro armado decretado por estas fuerzas en la región del Urabá, a la vez que amenazan, persiguen y asesinan a la izquierda social y política. El paramilitarismo, apoyado en la estrategia de resistencia civil de la derecha uribista, representa una gran amenaza en este nuevo escenario, en el que aún es posible que se repitan genocidios políticos como los sufridos por la generación de luchadoras sociales de 1980 organizados en la Unión Patriótica (UP), A Luchar, el Frente Popular y los movimientos sindicales, campesinos e indígenas.

Finalmente, consideramos que, aunque el fin de la lucha armada de un grupo guerrillero de las dimensiones de las FARC-EP sea importante, no podemos olvidar que aún lidiamos contra un Estado contrainsurgente que ejerce la violencia simbólica y material contra las clases y sectores subalternos, para mantener un orden social basado en la explotación, la desigualdad y la exclusión de las trabajadoras, los sectores sociales y los pueblos. Que no se nos olvide que aún existe un aparato represor que esta presto a emplearse contra cualquier protesta de las de abajo que las de arriba consideren ilegítima. Que no se nos olvide que, si bien el fin de la guerra guerrillera abre una nueva etapa de la lucha de clases en el país, el orden capitalista, estatista y patriarcal a nivel mundial es inherentemente violento, como también lo será el proceso revolucionario que lo derrote.

Como organización anarquista hacemos un llamado a redoblar el impulso de la organización, la movilización y la lucha multisectorial desde abajo, tal y como lo venimos haciendo en múltiples escenarios como el estudiantil, el educativo, el territorial, el de géneros, el comunicativo, entre otros. Como bien lo hemos afirmado aún queda mucho por hacer. En este ambiente de pacificación parcial entre dos bandos se debe apostar por construir una verdadera paz para las trabajadoras y los pueblos, formada desde la iniciativa local y comunitaria, desde aquellos lugares donde la desigualdad y la exclusión son el pan de cada día. Debemos seguir aportando el empuje socialista libertario en la construcción de autonomía, autogestión y poder popular en todos los territorios en los que trabajamos. No basta con que las de arriba abran la posibilidad de hacer parte de la democracia burguesa, pues esta es sumamente limitada, funcional a su dominación y en ella no se concretarán las transformaciones radicales de las condiciones de opresión y dominación. En la actual coyuntura nos reafirmamos en la construcción de otro mundo posible a través de la superación del capitalismo y el Estado, que son los causantes de la principal guerra que se ha librado contra el pueblo: la del hambre, la explotación y el despojo de lo común.

Fue un día histórico sin duda, pero aún queda mucho por hacer para que con la fuerza organizada y movilizada de nuestros pueblos, construyamos una vida más justa y más libre.

Grupo Libertario Vía Libre
Junio 24 de 2016, Bogotá


______________________

[1] Generalizamos intencionalmente en femenino, criticando la generalización en masculino y haciendo alusión al que consideramos el concepto no sexista de personas.

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author by Alternativa Libertaria/FdCA - Ufficio Relazioni Internazionalipublication date Sat Jul 02, 2016 02:01author address author phone Report this post to the editors

Sull’accordo bilaterale e definitivo di cessate-il-fuoco tra il governo colombiano e le

FARC-EP


Giovedi scorso, 23 giugno 2016, senza dubbio è stata una data storica in Colombia. In questo giorno si è concordato, nel solco dei dialoghi di pace e del tavolo di negoziazioni di Havana, il cessate-il-fuoco bilaterale e definitivo tra il governo nazionale di Juan Manuel Santos e la insorgenza delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia – Esercito del Popolo (FARC-EP). Per molt* colombiane e colombiani, si tratta di un desiderio che si avvera. Pur condividendo l’entusiasmo popolare, segnaliamo che questa ancora non è la fine della guerra e che resta un lungo cammino da percorrere verso l'ottenimento di cambiamenti sociali reali a beneficio dei lavoratori e delle lavoratrici,de i settori sociali e dei popoli.

Come Grupo Libertario Vía Libre, riconosciamo l'importanza storica di questo accordo per il paese, giacché è evidente che gran parte della popolazione non desidera più vivere una guerra cosi degradata e cruenta come la nostra, il che è motivo di celebrazione per molte persone e molte comunità. In questo senso, esistono vari elementi positivi per riconoscere questo accordo, come il significato che sta nel fatto che la forza insurrezionale piu vetusta e duratura dell’America Latina abbia abbandonato le armi senza essere sconfitta e che si finisca per mezzo di un patto il lungo scontro bellico tra questo gruppo e lo Stato, il che suppone un passo avanti per le diverse organizzazioni politiche popolari che cercano di far sì che le lotte sociali siano ascoltate nelle più alte sfere del potere governativo. Quindi ancora restano molteplici sfide, rivendicazioni e lotte da sviluppare.

L’accordo del 23 giugno, che di fatto ha formalizzato la tregua che con alcuni sussulti vigeva tra i due attori armati dal 2013, segna un salto di qualità e un cambiamento nel cammino verso la fine del conflitto armato. Tuttavia consideriamo che ancora siamo lontani dall'acquisire la cosiddetta fine della guerra, restano pendenti le negoziazioni con altri gruppi insurrezionali piu piccoli, però di grande importanza, come l’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) e l’Esercito Popolare della Liberazione (EPL), insorti in armi come le FARC-EP da quasi mezzo secolo, con cui il governo nazionale ha dimostrato poca volontà di dialogo. E ancora di piu consideriamo che la fine del conflitto armato non mette fine al conflitto sociale e politico, che è dove ha la sua genesi storica, marcato dalla disuguaglianza sociale, particolarmente acuta nelle campagne, dalla spoliazione violenta realizzata dalla borghesia rurale e dai latifondisti sui territori contadini e dalle politiche di terrorrismo messe in atto dallo Stato contro i movimenti popolari.

Notiamo che questo anno si è caratterizzato per le ondate di mobilitazioni di diversi settori sociali, tanto urbani quanto rurali, che sono confluite in giornate di indignazione come quelle del 24 gennaio, nello sciopero nazionale del 17 marzo e nel terzo sciopero agrario nazionale, lotte che a loro volta hanno rafforzato l’idea di convocare un duro Sciopero Civico Nazionale che facesse ritirare le politiche antipopolari del governo. Cosi, settori dei movimenti contadini, indigeni e neri, assieme con operai/e, insegnanti, studentesse/i dell’università e lavoratrici/lavoratori precari, hanno manifestato il loro duro rifiuto alle politiche neoliberiste della seconda amministrazione di Juan Manuel Santos, che aumentano la disuguaglianza e la precarietà sociale. Allo stesso tempo la maggioranza dei settori mobilitati, ha insistito sulla necessità di appoggiare processi di dialogo tra il governo e le insorgenze, cercando la realizzazione di una pace con giustizia sociale e vedendo la firma degli accordi come un mezzo perché le voci della classe lavoratrice e dei popoli storicamente esclusi, siano ascoltate. Anche la maggioranza di questi settori ha appoggiato il fatto che le FARC-EP si siano convertite in un partito politico con garanzie di sicurezza e partecipazione dentro le regole del gioco della attuale democrazia. Sebbene questo potrebbe generare la possibilità che si garantisse il diritto all’esistenza di una opposizione politica in un paese con un sistema istituzionale cosi chiuso e blindato come quello colombiano, una reale apertura democratica è ancora da vedersi.

Segnaliamo che sia le classi dominanti sia il suo apparato statale non ci perdono niente in questa congiuntura, visto che quello che è stato firmato su una carta non è garanzia reale per l’adempimento degli accordi siglati. Basti ricordare la violazione sistematica che questo stesso governo ha fatto degli accordi firmati subito dopo lo Sciopero Nazionale Agrario di agosto e settembre del 2013, violazioni che hanno condotto i settori contadini, neri e indigeni, organizzati nell’Incontro Nazionale Agrario, a effettuare una nuova e vittoriosa mobilitazione negli ultimi mesi, dove purtroppo sono stati assassinati dalla repressione governativa gli indigeni Willington Quibarecama, Gersain Cerón e Marco Aurelio Díaz.

Notiamo che, anche se sotto l'insegna della pace ci hanno venduto l’idea di un nuovo paese, il governo ancora deve mostrare una volontà concreta che si manifesti in fatti che portino alla smilitarizzazione della società, volontà che non si è evidenziata di recente nelle misure di criminalizzazione della protesta delle classi e settori oppressi o nel mantenimento di prigionieri politici come l'intellettuale Miguel Ángel Beltrán. Allo stesso modo uno dei fatti che più pone in dubbio la volontà di pace del governo è l’approvazione del nuovo Codice della Polizia che acuisce la repressione e mina l’esercizio delle varie libertà della popolazione civile.

Non possiamo tralasciare di avvertire quale ruolo pericoloso giochi l’estrema destra rappresentata nell'uribismo [dall'ex-presidente Uribe, ndt] in questo nuovo panorama mentre fa campagna per il “No” nel caso di un possibile plebiscito col fine di rompere tutto questo processo di pace a cui tanto ha fatto opposizione. Dall’altra parte ci sarebbe la campagna per il “Si” rappresentata principalmente nella Unione Nazionale (santisti) e in minor misura per la maggior parte dell’arco della sinistra. Tutto questo pone in risalto un ambiente di polarizzazione intorno agli accordi firmati a La Havana che avrebbero come principali avversari due varianti di una destra neoliberista e autoritaria: il santismo [dal presidente in carica Santos, ndt] e l’uribismo, quest’ultimo considerato come la maggior forza di opposizione apolitica al governo nel paese nella lettura diffusa dai grandi mezzi di comunicazione, che fino a poco tempo fa sostenevano la guerra contra-insurrezionale. Il ruolo della sinistra e dei movimenti popolari in questo possibile plebiscito, anche se attivo, è stato sinora limitato, il che lascia vedere che la incidenza popolare resta molto bassa in questo panorama.

E non possiamo dimenticare il recente incremento dell’azione dei paramilitari, che negli ultimi mesi hanno assassinato diversi leader popolari, specialmente contadini. Le malfamate Bande Criminali (BACRIM), che non sono nient’altro che la nuova espressione dei paramilitari, esercitano un dominio quotidiano su molti territori alleati a militari, capi politici e aziendali, come si è visto nel recente attacco armato dichiarato da queste forze nella regione dell’Urabá, una volta che minacciano, perseguitano e assassinano la sinistra sociale e politica. I paramilitari, appoggiati nella strategia di resistenza civile della destra uribista, rappresentano una grande minaccia in questo nuovo scenario, nel quale ancora è possibile che si ripetano genocidi politici come quelli sofferti dalla generazione protagoniste delle lotte sociali del 1980 organizzate nell’Unione Patriottica (UP), in Alla Lotta, nel Fronte Popolare e nei movimenti sindacali, contadini e indigeni.

Infine, consideriamo che, anche se la fine della lotta armata di un gruppo guerrigliero dalle dimensioni delle FARC-EP è importante, non possiamo dimenticare che ancora affrontiamo uno Stato contro-insurrezionale che esercita la violenza simbolica e materiale contro le classi e i settori delle lavoratrici e lavoratori, i settori sociali e i popoli. Che non si dimentichi che ancora esiste un apparato repressivo che è pronto per essere utilizzato contro qualsiasi protesta che venga dal basso, considerate illegittime da coloro che sono al potere. Che non si dimentichi che, anche se la fine della guerriglia guerreggiata apre una nuova fase della lotta di classe nel paese, l'ordine capitalista, statale e patriarcale a livello mondiale è intrinsecamente violento, così come sarà anche il processo rivoluzionario che lo sconfiggerà.

Come organizzazione anarchica lanciamo un appello per rafforzare l'impulso dell’organizzazione, della mobilitazione e della lotta multi-settoriale dal basso, tale e quale la veniamo facendo in molteplici scenari come quello studentesco, educativo, territoriale, di genere, della comunicazione, tra tanti altri. Come abbiamo già detto, ancora resta tanto da fare. In questo contesto di pacificazione parziale tra due contendenti si deve scommettere per la costruzione di una vera pace per le/i lavoratrici/lavoratori e i popoli, promossa dall’iniziativa locale e comunitaria, sin da quei luoghi dove la disuguaglianza e l'esclusione sono il pane quotidiano. Dobbiamo proseguire nel portare la spinta comunista libertaria nella costruzione dell’autonomia, dell'autogestione e del potere popolare in tutti i territori dove lavoriamo. Non basta che coloro i quali comandano ci aprano la possibilità di fare parte della democrazia borghese, perche essa è sommamente limitata, funzionale alla sua dominazione e in essa non si concretizzano le trasformazioni radicali per abolire le condizioni di oppressione e dominio. Nell’attuale congiuntura riaffermiamo la costruzione di un altro mondo possibile attraverso il superamento del capitalismo e dello Stato, che sono le cause della principale guerra che è stata condotta contro il popolo: la fame, lo sfruttamento e il saccheggio dei beni comuni.

È stato un giorno storico senza dubbio, ma ancora tanto ci resta da fare affinchè con la forza organizzata e mobilitata dei nostri popoli costruiamo una vita più giusta e più libera

Grupo Libertario Vía Libre
Giugno 2016, Bogotá

(traduzione a cura di AL-fdca - Ufficio Relazioni Internazionali)

 
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