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Aportes para un análisis de la Etapa Histórica Actual

category argentina/uruguay/paraguay | historia | portada author Monday August 17, 2015 15:44author by Prensa FAR - Federacion Anarquista de Rosarioauthor email federacionanarquistaderosario at riseup dot net Report this post to the editors

1º Congreso de la Federación Anarquista de Rosario (FAR) Marzo-Abril 2015

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El objetivo del análisis que se desarrollará a continuación es el de proveer una aproximación a algunos procesos centrales de la historia reciente tanto mundial, regional como local. Entendemos que como militantes anarquistas debemos tener claro cuál es el contexto en el que vivimos para poder intervenir en las luchas sociales en sintonía con el mismo y potenciar así nuestras prácticas.

Será pertinente entonces aclarar que todo el desarrollo analítico siguiente es elaborado en función de la militancia y que como tal no pretende ser un análisis acabado ni un punto de llegada, sino que entendemos que se nutrirá de críticas y aportes que otros compañeros y compañeras puedan hacer. En consonancia con esto, cabe aclarar que este análisis no es únicamente un esfuerzo teórico si no que parte de la necesidad de comprender tanto las estrategias de los sectores dominantes como los diferentes procesos de resistencia que los de abajo venimos llevando adelante, todo esto desde una perspectiva anarquista.

Vale aclarar, además, que el presente análisis fue elaborado entre los meses de Marzo y Abril de 2015 a instancias del I Congreso de la Federación Anarquista de Rosario (ex Columna Libertaria Joaquín Penina), en donde dicho trabajo sirvió como insumo fundamental a la hora de interpretar los principales acontecimientos de la historia reciente.


Aportes para un análisis de la Etapa Histórica Actual

1º Congreso de la Federación Anarquista de Rosario (FAR) Marzo-Abril 2015


INTRODUCCION

El objetivo del análisis que se desarrollará a continuación es el de proveer una aproximación a algunos procesos centrales de la historia reciente tanto mundial, regional como local. Entendemos que como militantes anarquistas debemos tener claro cuál es el contexto en el que vivimos para poder intervenir en las luchas sociales en sintonía con el mismo y potenciar así nuestras prácticas. Será pertinente entonces aclarar que todo el desarrollo analítico siguiente es elaborado en función de la militancia y que como tal no pretende ser un análisis acabado ni un punto de llegada, sino que entendemos que se nutrirá de críticas y aportes que otros compañeros y compañeras puedan hacer. En consonancia con esto, cabe aclarar que este análisis no es únicamente un esfuerzo teórico si no que parte de la necesidad de comprender tanto las estrategias de los sectores dominantes como los diferentes procesos de resistencia que los de abajo venimos llevando adelante, todo esto desde una perspectiva anarquista.

Vale aclarar, además, que el presente análisis fue elaborado entre los meses de Marzo y Abril de 2015 a instancias del I Congreso de la Federación Anarquista de Rosario (ex Columna Libertaria Joaquín Penina), en donde dicho trabajo sirvió como insumo fundamental a la hora de interpretar los principales acontecimientos de la historia reciente.

Como herramienta analítica principal utilizaremos la categoría etapa histórica entendida como un período que se caracteriza por cambios en algunas estructuras sociales, pero que no llega a alterar al modelo de poder en su conjunto . Así, al examinar las últimas décadas consideramos que es posible demarcar una etapa histórica que las comprende y que tiene rasgos que le son propios e identificables a nivel mundial. Concretamente, desde fines de la década del ´80 podemos vislumbrar el comienzo de una nueva etapa marcada por la caída del bloque soviético, la emergencia de un sistema unipolar y la implementación del neoliberalismo a nivel mundial; y el paso de las dictaduras militares a democracias tuteladas en el caso de Latinoamérica.

Vemos que si bien es posible establecer una continuidad hasta nuestros días, es pertinente dividir la etapa en dos períodos diferentes, tanto en el plano mundial, como latinoamericano y argentino. Esto es así porque creemos que con el cambio de siglo se presentan características novedosas que deberán ser profundizadas singularmente vinculadas tanto a un reordenamiento de los bloques y potencias dominantes, como a nuevas estratégicas de dominación, sumado a originales iniciativas de resistencia de nuestra clase. Será a razón de esta división en dos períodos como organizaremos el texto, siempre entendiendo esta periodización como una orientación que nos permitirá comprender algunos de los procesos más representativos pero que, sin embargo, no es más que un recorte con fines analíticos, siendo los procesos sociales portadores de su propia dinámica que muchas veces no se acomoda exactamente a este marco temporal.

Para dar coherencia a este trabajo será indispensable retomar categorías de análisis que ya hemos manifestado en documentos anteriores. Por un lado comprendemos a este sistema de dominación capitalista como uno que opera en diferentes niveles y través de distintos mecanismos de dominio en todas las esferas de la vida social, y como tal, no es único e inmodificable, sino que es una construcción histórica. En este sentido, entendemos a la sociedad en su conjunto constituida por las diversas dimensiones del poder conformadas en las diferentes esferas, influyentes y dependientes unas de otras. No analizamos, por ende, a la misma como determinada exclusivamente por las relaciones de dominación económicas. Por lo cual el sistema de dominación actual no es simple reflejo de las relaciones de la esfera económica sino que, se constituye en una interdependencia de las esferas política, económica, social, jurídica, militar, cultural e ideológica entre otras, reflejando de este modo que las relaciones de poder se encuentran presentes en todas las relaciones sociales.

En líneas generales intentaremos resaltar los hechos, acontecimientos y procesos históricos que han marcado en cada región del mundo la guerra social, encarnada por la lucha de clases entre opresores y oprimidos. A partir de esto enfatizaremos el análisis acerca de la composición actual de la clase dominante, las distintas formas que toma la asociación entre los sectores poderosos, sus reacomodos y las diferencias y enfrentamientos entre los mismos, señalando las implicancias en la dinámica de las relaciones de dominación con los sectores oprimidos. Por último nos propondremos comprender algunos de los procesos de resistencia encarados desde los sectores populares, analizando sus diferentes estrategias de lucha, sus alcances e influencias al resto del mundo y de la región. La comprensión de las experiencias de lucha de nuestra clase nos posibilitará dimensionar no solo en qué contexto histórico y lugar estamos parados los anarquistas, sino que nos dará pautas para esbozar perspectivas posibles de lucha desde el lugar donde damos batalla contra los de arriba y acercarnos así a nuestro objetivo de una revolución social.

PRIMER PERÍODO DE LA ETAPA

MUNDIAL

El primer período de esta etapa está caracterizado por la configuración de un contexto unipolar, luego de la caída del bloque soviético, con la preeminencia del proyecto imperialista de Estados Unidos, única superpotencia que reunió durante más de una década todas las condiciones de dominio político, económico, militar, cultural y jurídico a nivel global. En este contexto se puede pensar que las condiciones señaladas permitieron a la potencia hegemónica la disposición geopolítica de grandes zonas del mundo en función de su estrategia de dominio. Logrando entonces la permanencia de su proyecto a lo largo de los años mediante la invasión de territorios, la promoción de guerras internas, la creación de inestabilidades políticas y económicas, la generación de mayor dependencia de las regiones y el sojuzgamiento de los pueblos del mundo.

Ya habiendo transcurrido un cuarto de siglo desde el fin de la última etapa de la guerra fría, entre EEUU y la URSS hacia fines de la década del ´80, a la distancia podemos descubrir las numerosas consecuencias que trajo aparejada la finalización de la disputa entre las dos grandes potencias y sus Estados satélites. Sus consecuencias marcaron la situación mundial desde aquel momento hasta la actualidad.

El ocaso de los proyectos social-estatistas significó sin duda una avanzada importante del proyecto imperialista de los EEUU a escala global con repercusiones de distinta índole en las diferentes regiones del planeta, configurando lo que sería un nuevo orden mundial, que en el plano político podríamos llamar unipolar con los EEUU -como potencia imperial vencedora de la guerra fría- y la Unión Europea como aliada para intervenir de acuerdo a sus intereses. Estos sectores dominantes a nivel mundial aprovecharán estas condiciones de avanzada para imponer nuevas reglas de funcionamiento a los pueblos sometidos en las diferentes partes del mundo.

En el lado de los Estados perdedores, la implosión de los regímenes social-estatistas no supuso en modo alguno la desaparición de las diferentes élites gobernantes de aquellos países . Muy por el contrario hubo de alguna manera un reacomodamiento de la clase política de los viejos Partidos Comunistas para continuar ejerciendo relaciones de dominio en todos los niveles, readaptando el esquema de poder a los nuevos tiempos. Tal fue el caso de la URSS, Polonia, la RDA (República Democrática Alemana), Albania, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Angola y Mozambique entre otros.

En paralelo el final de la guerra fría supuso un declive definitivo de la mayoría de los proyectos políticos revolucionarios que habían tenido su punto más alto allá por las décadas de los 60´ y 70´ en prácticamente todos los continentes.

Multipolaridad económica

En el plano económico este nuevo orden mundial dejó en el centro de la escena un sistema multipolar con potencias como EEUU, la Unión Europea y en menor medida Japón administrando la economía mundial. Los grupos de capitales concentrados hegemónicos de los EEUU profundizaron la presión económica al resto del mundo luego del llamado Consenso de Washington, como veremos más adelante. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Europea, Banco Central Europeo fueron logrando imponer en la mayoría de las regiones la liberalización de los mercados a los capitales inversores y financiero-especulativos, derribando las barreras arancelarias de las economías locales. El BM y el FMI, creados originalmente en la posguerra reorientan sus políticas hacia el ajuste, no solo financiero sino en cuanto a los patrones de acumulación y desarrollo.

En América Latina, África y algunos países de Asia esto significó casi inmediatamente una progresiva recesión, un mayor endeudamiento externo, desempleo, inflación e hiperinflación, aumento de la precarización de la vida, hambrunas crónicas y enfermedades endémicas (particularmente en África).

De este modo el poder económico financiero comenzó a determinar la estabilidad e inestabilidad en algunas regiones de acuerdo al flujo de sus capitales. Devaluaciones, corridas cambiarias, insolvencia bancaria y fuga de capitales fueron algunas muestras de la capacidad destructiva del capital financiero. Algunos ejemplos destacados fueron el Efecto Tequila (México 1994), la Crisis Bancaria Venezolana (1994), la Crisis Financiera Asiática (Sudeste Asiático 1997), el Efecto Caipirinha (Brasil y el Cono sur 1997), Efecto Vodka (Rusia 1998), Crisis Financiera de Ecuador (1999), el Corralito (Argentina 2001) y la Crisis Bancaria de Uruguay (2002).

Pero el accionar del proyecto imperial no pudo llevarse a cabo sin socios locales. Sectores de la clase dominante de los diferentes países lograron ponerse en sintonía mediante la instauración de proyectos de corte neoliberal (América Latina, Asia, la ex URSS y su ejido de países). En el aspecto económico y político, y lejos de cualquier tesis de una “retirada del Estado”, esto significó una activa política de asfixia a los ámbitos públicos vitales para el desarrollo del bienestar de los sectores oprimidos (salud, educación, alimentación y el sistema previsional entre otros), que décadas atrás habían sido conquistado por los sectores populares mediante la lucha. Dichos sectores públicos pasaron a ser presa de adquisición de los capitales privados, lo que generó a corto plazo mayor precarización de la vida y una creciente exclusión y marginación social.

En el plano jurídico-económico se pusieron en marcha en numerosos países procesos de privatización de empresas y servicios públicos, lo que paulatinamente devino en una profundización del desempleo a raíz del achique inminente de las empresas que habían pasado del sector público a los capitales privados. De este modo las economías locales de muchos países comenzaron a tener mayor dependencia del capital financiero y de los ya mencionados organismos de crédito internacionales. Partiendo de un ejemplo impuesto por las propias potencias mundiales (los EEUU de Reagan y la Inglaterra de Thatcher) el sistema de privatizaciones prosiguió en otras partes del planeta. Tales fueron los casos de Francia (fines de los 80), América Latina (fines de los 80 en adelante), Italia (desde los 90 en adelante), Rusia (a partir de 1992) y el Sudeste Asiático (del 92 en adelante), entre otros ejemplos.

En el mismo sentido se fue profundizando la subordinación de regiones a la división internacional del trabajo capitalista, en el marco de una reasignación de funciones productivas en relación con los planes globales de las potencias económicas, las empresas trasnacionales y el proyecto imperialista. Todo esto en función de la demanda de producción, explotación y agotamiento de los recursos naturales y energéticos de las potencias hegemónicas. De esta forma las potencias comenzaron a pensar seriamente en el control de los procesos de regionalización de las economías locales. A partir de estos condicionamientos los gobiernos locales comenzaron a conformar bloques económicos regionales (Mercosur, NAFTA, Comunidad Económica Eurasiatica, etc.).

Esa mayor liberalización de los mercados alcanzó incluso a los pocos regímenes social-estatistas que aún quedan. Salvo en el caso complejo de Corea del Norte, sectores populares de estos regímenes (China, Vietnam y Cuba entre algunos más) fueron viendo como las élites gobernantes de los mismos incursionaron en la doctrina del libre mercado, la conciliación de clases y el reconocimiento del empresariado entre las filas de la clase y el partido dirigente, aún “representante del proletariado”. En estos países esta aceptación del capitalismo trajo desde luego más explotación y precariedad a los sectores de trabajadores rurales y urbanos.

Conflictos étnicos y el “terrorismo islámico”, las nuevas amenazas.

Pero este nuevo orden mundial también trajo consecuencias en la esfera político-militar. El resurgimiento de conflictos étnicos entre sectores relegados durante gran parte del siglo XX trajo consigo enfrentamientos armados en varias regiones. En Europa a partir de la desintegración de la República Yugoslava (Croacia, Serbia, Bosnia, Eslovenia, Macedonia, Kosovo y Montenegro) y en la región del Cáucaso (Chechenia) y resto de Asia Central a partir de los remanentes de la ex URSS enfrentados al todavía poderoso ejército Ruso. Por otro lado, en Sudáfrica para 1994 caía el Apartheid (gobierno racista de la minoría blanca) luego de décadas de resistencia y lucha de los movimientos por la liberación de la población negra. Sin embargo, al mismo tiempo en la región aparecía nuevamente la opresión racial y étnica seguida de exterminios. El Genocidio de Ruanda (1994) y la I y II Guerra del Congo (1996-2003) representaron guerras inter-étnicas promovidas o apoyadas por los intereses neo-colonialistas de Bélgica, EEUU y otras potencias con influencia en la región sumada a las intervenciones de países vecinos como Ruanda y Uganda. Estos conflictos se desarrollaron principalmente en Ruanda trasladándose a Zaire y la posterior República Democrática del Congo dejando un saldo de más de 5 millones de muertos.

Uno de los principales factores desencadenantes sin duda fue la nueva irrupción del nacionalismo en la mayoría de las regiones en descomposición, lo que generó enfrentamientos entre los sectores oprimidos. En la mayoría de estos casos poblaciones enteras fueron víctimas de los ejércitos en disputa durante estas incursiones armadas a partir de fusilamientos masivos, migraciones forzadas e inclusive violaciones sistemáticas a mujeres y niños.

A partir del cambio de etapa marcado por el fin de la guerra fría hubo una transformación del objetivo militar del proyecto imperialista. El “enemigo externo” de los EEUU pasó de ser comunista a ser el “terrorismo islámico” o el narcotráfico de acuerdo al contexto.

A la hora de pensar las intervenciones militares que necesitaba el proyecto imperialista en esta nueva etapa, los EEUU prepararon incursiones con pretextos falsos bajo el paraguas de organismos y alianzas internacionales, según la ocasión, para no quedar solos en el centro de la escena bélica. Así ocurrió durante la Guerra del Golfo (1990-1991) y la invasión a Somalía (1992) donde la ONU (Organización de las Naciones Unidas) auspició de alianza militar. Durante la Guerra de Bosnia (1995) y la Guerra de Kosovo (1999) la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) fue la que auspició de escudo militar ante los intereses de control geopolítico de EEUU y las potencias europeas.

En el resto de las regiones donde los EEUU y sus aliados europeos tenían algún tipo de interés, pero que evaluaban que no ameritaba una invasión militar, se desarrollaron intervenciones político-militares de baja intensidad. Esto implicó desde un trabajo conjunto con los sectores dominantes locales librando campañas mediáticas de acusaciones y calumnias contra los grupos insurgentes hasta la utilización de grupos mercenarios o paramilitares, como fue el caso de Afganistán, Colombia, Perú y México entre otros. Esta oleada de intervenciones fue acompañada por operaciones de contra inteligencia y la instalación de bases militares por doquier.

Por último cabe mencionar la llamada revolución delas comunicaciones que a través del acceso masivo a la Internet, el celular, la televisión por cable entre otras cosas, coincidió con el fin de la década de los 90.Permitió un mayor flujo de información y comunicación entre las personas, generó nuevos patrones de consumo y control social, acceso a la información e inclusive cambió la dinámica en que se plantean las tácticas de resistencia.

LATINOAMERICA

Pensar la década del 90 en América Latina nos encuentra con el denominador común que es la aplicación rigurosa del programa neoliberal, que en mayor o menor medida fue implementado por los diferentes Estados de la región en un lapso temporal que arranca en los 80 y se extiende hasta comienzos del siglo XXI. De manera provisoría podemos identificar con el programa neoliberal una serie de transformaciones económicas, políticas, sociales e ideológicas: un Estado con menos funciones de aprovisionamiento de servicios sociales y un rol administrativo de la exclusión, desregulación de la economía, privatizaciones, mayor dependencia del capital financiero y de los organismos de crédito internacionales, individualismo y fragmentación social, lógica de mercado en las relaciones sociales, aumento de la pobreza y la desigualdad.

Como mencionamos anteriormente cuando hablamos de un “achicamiento” del Estado, nos referimos a una serie de transformaciones que vienen a contrastar con políticas generalizadas desde antes demediados del siglo XX ligadas al llamado Estado de Bienestar, preocupado superficialmente por la “justicia social y la redistribución de la riqueza”. En cambio, el Estado neoliberal prefiere conceder a los intereses privados la administración del sector público. Someramente podemos decir que los Estados latinoamericanos optan por el “dejar hacer”, que no debe confundirse con una menor responsabilidad para con las políticas implementadas en estas décadas, convirtiéndose, una vez más, en garantes de los intereses de los ricos y poderosos.

En las políticas económicas latinoamericanas es visible la importancia que cobran los organismos financieros internacionales en la implantación del programa neoliberal. Uno de los procesos generados es el creciente endeudamiento externo de América Latina, en donde las instituciones financieras actuaron a favor de los acreedores, facilitando el drenaje financiero permanente de la región hacia zonas centrales en materia económica. El endeudamiento fue usado como arma disciplinaria, de la mano de recetas de ajuste fiscal y “achicamiento” del Estado. Esto vino acompañado de la implementación de diferentes políticas focalizadas en función de la fragmentación social, patrocinadas por los mismos organismos internacionales como paliativos a la creciente desigualdad y teniendo como resultado un mayor endeudamiento y dependencia del flujo de capitales extranjeros para sostenerlas.

El punto más importante de esta tendencia está marcado por el llamado Consenso de Washington (1989), donde los Estados Latinoamericanos acordaron someterse a reformas estructurales y ajustes del sector público que acotaron sus márgenes de maniobra. Es así que los lineamientos generales de la política económica del período son definidos por esas instancias supra-nacionales (FMI, BM y Tesoro de EEUU) y en función del cumplimiento de pago de la deuda.

Democracias tuteladas

Otro punto importante a mencionar es que los procesos analizados pueden enmarcarse en líneas generales en la transición de las dictaduras a gobiernos democráticos, este proceso tiene su propia periodización pero nos encontramos con que en los años ´90 los últimos gobiernos militares van dando paso a gobiernos democráticos, con una suerte de “democracia tutelada” por sectores de la clase dominante ligada a la dictadura, como es el caso de Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile.

En el plano geopolítico y militar, la injerencia de los EEUU fue acrecentándose a la par de su interés por las regiones poseedoras de recursos naturales estratégicos. Por un lado, fue mediante la instalación de bases militares en territorio latinoamericano, como es el caso de Manta (Ecuador), Tres Esquinas y Leticia (Colombia), Iquitos (Perú), Hato (Curazao), entre otras y por otro, llevando adelante lo que se conoce como una guerra de baja intensidad, como mencionamos anteriormente. Uno de los aspectos más importantes de la guerra de baja intensidad en Latinoamérica ha sido las guerras encubiertas con utilización de mercenarios contra gobiernos “hostiles” (los sandinistas en Nicaragua en la década del 80) o de contrainsurgencia (El Salvador y Guatemala) apoyando o financiando el ejército de esos países y sus escuadrones paramilitares. En los 90 la guerra de baja intensidad siguió afianzándose como el proyecto estratégico de seguridad de los EEUU para la región. Por último vale mencionar los ejercicios de entrenamiento militares entre el ejército de EEUU y los latinoamericanos con el objetivo de influir ideológicamente a los militares de los países del continente y adiestrarlos bajo las doctrinas generadas en Washington. Unos de los más emblemáticos fueron los llamados “Cabañas”, que se concretaron en Panamá, Puerto Rico y dos provincias Argentinas (Córdoba y Salta) entre 1996 y 2001.

Hacia una nueva división internacional del trabajo

Sumado a lo anterior la experiencia neoliberal potenció la re-primarización de la economía latinoamericana. La alta dependencia de la exportación de productos primarios y de baja elaboración comenzó un ciclo continuo. Esto responde, en términos geopolíticos, a una nueva división territorial y global del trabajo, que se basa en la apropiación descarada de recursos naturales (renovables o no) dando lugar a asimetrías económicas, políticas, ambientales y sociales entre los diferentes actores a nivel global.

Este proceso se pone en evidencia a través de numerosos acuerdos bilaterales y regionales para la liberalización comercial y especialmente frente a la iniciativa norteamericana de la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Este se originó en 1994 para reducir gradualmente las barreras arancelarias y de inversión en los 34 países que la integraban. Y en correlato con esto, los países latinoamericanos comenzarían a estructurarse en conformaciones económicas para abordar mejor los mercados globales, como es el caso de MERCOSUR, TLAMN (tratado de libre comercio de América del Norte), CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Centro América y República Dominicana) o la CAN (Comunidad Andina de Naciones).

Esquemáticamente podemos dividir el devenir del neoliberalismo latinoamericano del siglo XX en dos períodos diferentes: En los 80 prevalecieron las reformas de primera generación con prioridades de ajustes anti-inflación (en el caso Boliviano) o autoritarias y de lucha contra la organización de los de abajo (como el caso Chileno) y en la década del 90 predominó la influencia del Consenso de Washington con transformaciones complementarias de apertura comercial, privatizaciones y flexibilización laboral. Aquí los casos son bien conocidos México, Argentina, Venezuela y Perú son los más emblemáticos, sumándose más tarde la experiencia de Brasil.

Resistencia al neoliberalismo

La aplicación de estas políticas tuvo como respuesta muchas resistencias y protestas en la región. Sin embargo, en una perspectiva global, las resistencias a la aplicación del recetario neoliberal presentaron una configuración mucho más fragmentada en términos sociales y más localizadas en términos sectoriales y territoriales que las precedentes; al tiempo que en la mayoría de los casos resultaron incapaces de obstaculizar la implementación de dichas políticas. Sin embargo, hacia el final de la década la realidad social latinoamericana aparece nuevamente signada por el incremento sostenido de la conflictividad social. Esto da cuenta del surgimiento de un nuevo ciclo de protesta social, que emerge como respuestas a las transformaciones generadas por las políticas neoliberales.

En cuanto a organizaciones, a nivel latinoamericano encontramosuna diversidad de experiencias: por un lado el levantamiento zapatista que la mañana del 1° de Enero de 1994 salió a la luz como una fuerza guerrillera de mayoría indígena tomando las principales poblaciones de Chiapas.La originalidad del mismo residía –y reside- en el establecimiento de la autonomía en Chiapas lo que supuso una ruptura con la estrategia guerrillera “tradicional” referenciada principalmente en la revolución cubana. En cambio el EZLN da cuenta de la emergencia de movimientos de origen rural constituidos a partir de su identidad indígena, de la demanda democrática de los derechos colectivos de estos pueblos que reivindicando su autonomía cuestionan al Estado, proponiendo otra forma de hacer política y convocando a convergencias continentales y globales. El EZLN tiene aún hoy eco por todo el mundo e inspira solidaridad internacional e incluso ha influido en la emergencia de movimientos anti-globalización o anti-neoliberales. Sin embargo, la experiencia zapatista no llegó a constituir un nuevo polo aglutinador de resistencia como habían sido las experiencias armadas de los ’70.

En este sentido pudo verse a lo largo de la década del ´90 algún grado de continuidad en la estrategia de la lucha armada expresada en la vigencia de algunas organizaciones y en la aparición de otras en diferentes países del continente. Así, pudo observarse en México en 1996 el surgimiento del EPR (Ejército Popular Revolucionario), organización guerrillera que comienza en los Estados de Guerrero y Oaxaca pero se extiende a al menos 10 Estados. Otras organizaciones armadas de importancia durante esta década fueron el Partido Comunista del Perú(Sendero Luminoso) y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) también de Perú. Además podemos destacar la continuidad de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) también en Colombia, hasta el día de hoy.

Por otra parte, diferentes procesos de confrontaciones sociales alcanzan una amplia significación, en algunos casos, llegando a provocar la caída de gobiernos, la apertura de profundas crisis políticas o el fracaso de iniciativas de carácter neoliberal. En este sentido la “Guerra del Gas” (2003) en Bolivia que culmina con la renuncia del gobierno del presidente Sánchez de Lozada aparece inscripta en unproceso de movilización social que se inicia con la “Guerra del Agua” en Cochabamba (2000), expresándose también en las luchas del movimiento cocalero de la región del Chapare y del movimiento indígena en el Altiplano.

Asimismo el levantamiento indígena en Ecuador (2000) que culmina con la caída del gobierno de Jamil Mahuad marcará la consolidación de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) en el escenario de la contestación social a las políticas neoliberales en dicho país. Por otra parte, la emergencia y extensión del movimiento de trabajadores desocupados en Argentina y las protestas de los trabajadores del sector público en la segunda mitad de la década del ‘90 convergerán con la movilización de amplios sectores urbanos de capas medias para desencadenar la renuncia del gobierno del presidente De La Rua a finales de 2001. En el caso de Brasil vale resaltar la constitución de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, 1983) y del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, 1984). En la misma dirección, las movilizaciones campesinas en Paraguay, que habrían de jugar un rol importante en la crisis que deriva en la caída del presidente Cubas Grau (1999), se prolongarán en la confrontación con las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos posteriores. Así también, las intensas protestas sociales en Perú (particularmente la experiencia de los Frentes Cívicos regionales y las movilizaciones de los trabajadores de Magisterio) que signarán el fin del régimen de Fujimori (2000) habrán de continuarse en las resistencias a las políticas privatistas impulsadas por el gobierno del presidente Toledo (2002/2003).

Algunos autores argumentan que como resultado del proceso de concentración del ingreso, la riqueza y los recursos naturales que signa a las políticas neoliberales, nuevos movimientos sociales (NMS) han emergido en el escenario latinoamericano constituyéndose, por ejemplo, en relación a su identidad étnico-cultural (los movimientos indígenas) o en referencia a su carencia (los llamados “movimientos sin”, por ejemplo los sin tierra, sin techo o sin trabajo) o en relación a su hábitat de vida compartido (por ejemplo los movimientos de pobladores, territoriales o piqueteros).Nosotros entendemos que en estos movimientos sociales de fines del siglo XX hay continuidades con procesos históricos de lucha y organización de los de abajo, y que hay teorías que en busca de la novedad pierden de vista sus vínculos con experiencias pasadas, con el problema del poder y con el cambio social .

ARGENTINA

En Argentina este período estuvo caracterizado principalmente por unareconfiguración de la estructura económico-productiva propiciada por la clase política local en función de intereses económicos y políticos del proyecto imperialista norteamericano y las trasnacionales europeas. El país, ahora bajo una matriz de dominio financiero, terminaría abandonando lo poco que quedaba de un modelo de incipienteindustrialización para pasar a extranjerizar y desmantelar las empresas productivas y de servicios. Al mismo tiempo se expulsaría a los sectores populares de los lugares de trabajo,acelerando la precarización de las condiciones de vida, en el marco de una pérdida significativa de conquistas sociales de décadas anteriores. Este avance de los de arriba acompañado de una política de creciente endeudamiento externo, generaría sin dudas un renacer de los fenómenos de resistencias, que culminará en el estallido popular de 2001.

Alfonsinismo e influencia militar

Como punto de partida podemos mencionar el tránsito de la última dictadura a la democracia en Argentina, que no se dio sin grandes sobresaltos. Si bien se recuperaron las garantías democráticas en el año 1983, fue una democracia “tutelada”, es decir que en los años posteriores, sectores del ejército demostraron que no estaban dispuestos a ser juzgados por delitos de lesa humanidad, como las desapariciones, las torturas, los asesinatos y las detenciones de luchadores y militantes populares cometidos por aquellos entre 1976 y 1983. Este reclamo de justicia se originó en los años de resistencia a la dictadura, donde las madres, familiares y compañeros de los detenidos-desaparecidos comenzaron a juntarse y organizarse en torno al reclamo de aparición con vida de los mismos.

En 1984, con el informe de la CONADEP(Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) un tribunal civil condena a los jefes de las juntas militares. La CONADEP creada en 1983 (e integrada por diferentes personalidades), lejos de haber sido independiente representó en realidad un organismo indispensable para la democracia vigilada por la institución militar. En este sentido fue una de las impulsoras de la “Teoría de los dos Demonios” que intentaba ubicar en un mismo plano a la implementación del terrorismo de Estado y a las acciones de resistencia armada a la dictadura militar. En los años posteriores del Juicio a las Juntas, un grupo de oficiales del ejército, autodenominados carapintadas,con estrecha vinculación a sectores reaccionarios y nacionalistas, encabezarían varias rebeliones militares (de 1987 a 1990) exigiendo impunidad para los sectores medios de las fuerzas de seguridad implicados en el terrorismo de Estado. No obstante, sectores populares salieron masivamente a las calles a manifestar su repudio al levantamiento, constituyéndose en los verdaderos defensores de las garantías constitucionales. En medio de las asonadas militares se producirá además la Toma del Regimiento de la Tablada (Gran Buenos Aires) por parte de militantes vinculados al MTP (Movimiento Todos por la Patria). Esta operación guerrillera, que representó quizás uno de los últimos actos de resistencia armada a la institución militar de la dictadura, intentaba de alguna manera llamar la atención a los sectores populares sobre el peligro de los sucesivos levantamientos carapintadas.

A pesar de los reclamos de organismos de derechos humanos y el fuerte rechazo de la población a las presiones del ejército en búsqueda de impunidad, la clase política negoció en secreto con los militares para garantizar la misma. Como corolario de ello, se sanciona las leyes de Obediencia Debida (1987) y Punto Final (1986). En el año 1994, se reemplaza el servicio militar obligatorio por un sistema voluntario rentado, dada la resistencia civil que generó el caso del asesinato del conscripto Carrasco , y la deslegitimación creciente del ejército.

En la esfera económica, los años posteriores a la dictadura implicaron enfrentar el desbarajuste que la misma había ocasionado en el país: un gran endeudamiento externo y la desarticulación de la industria existente. Si bien el Plan Austral (1985) intenta contener la inflación, en 1989 se desata un proceso hiperinflacionario del cual los mayores perjudicados fueron los de abajo. Así en mayo y junio de 1989, se sucedieron saqueos en diferentes partes del país, principalmente en Rosario y Gran Buenos Aires. Como respuesta a los saqueos, el gobierno nacional comenzó a entregar mercadería para ollas populares, respondiendo a las demandas reivindicativas que ya se venían dando desde las organizaciones de los de abajo para paliar las necesidades alimentarias.

El surgimiento del menemismo

Para este momento ya había emergido en la escena política nacional Carlos Saúl Menem,candidato presidencial peronista que había salido victorioso en las elecciones de mayo de 1989. Durante la campaña pre-electoral Menem había salido a la escena vestido como caudillo provinciano ,además de utilizar un discurso neo-desarrollista y popular –a raíz de máximas como la del “salariazo” o la “revolución productiva”-. Así fue como en medio de operaciones políticas y una situación social insostenible Menem asumela presidencia en forma anticipada.

Para controlar la inflación se sancionó la Ley de Convertibilidad en 1991. La misma establecía una paridad entre la moneda local y el dólar (1 peso = 1 dólar). Para sostener este valor cambiario el Estado recurrió a organismos internacionales crediticios con los cuales contrajo grandes deudas . Como contraparte, se fomentaron políticas de ajuste económico y desregulación del sector público por parte del Estado, como por ejemplo la educación, la salud y la previsión social entre otros. De forma paralela, se implementan políticas sociales focalizadas, que apuntarán a la eficacia del gasto social, atendiendo a aquellos sectores selectivamente elegidos, por su necesidad y urgencia. A partir de aquí el Estado comienza a prefigurar la existencia de un sector que estaría quedando fuera del sistema de beneficio de los derechos sociales (conquistado décadas atrás). Este sector crecería paulatinamente y se convertiría en beneficiario de insuficientes políticas públicas concernientes a contenerlo al menor costo político y económico posible.

En el ámbito de la salud, el recorte del presupuesto y la desregulación, trajo aparejado un proceso de selectividad y la consecuente exclusión de ciertos sectores sociales: al focalizar su atención en los sectores más necesitados, el resto solo encontró como opción recurrir al sector privado, lo cual se percibe como una política estatal de incentivo al crecimiento de la producción privada de servicios en salud. En este sentido, no es casual que en los años ´90 haya una emergencia de las prepaga de salud, y clínicas y sanatorios privados.

De este modo, las prestadoras privadas también se vieron beneficiadas por la modalidad del sistema de salud de las obras sociales, ya que las mismas brindaban atención a sus beneficiarios, ya sea con servicios propios o contratando la capacidad instalada del sector privado.

Por otra parte, el ajuste presupuestario y la disparidad entre los salarios que ofrecía el sector público y privado, acarreó una fuerte reducción del personal de la salud, con la consecuente caída en la calidad del servicio.

Es de destacar el papel jugado por la burocracia sindical en este sector: conservar el control sobre las obras sociales se convirtió en prenda de negociación frente a otras cuestiones más conflictivas para el proceso de reforma estatal, ejemplo de ello fue el Bono de consolidación de las deudas de las obras sociales a cargo del Estado, a cambio de obtener apoyo de la burocracia sindical para sancionar la Ley de Contrato de Trabajo (ver más adelante). Muchos dirigentes sindicales aprovechando la situación de privatización y desregulación comenzaron a incorporar funciones empresariales a sus actividades tradicionales. Dada la relación entre el gobierno y algunos sectores del sindicalismo, llegó a hablarse del “club de amigos”.

Este proceso de “desregulación” del sector público también afectó al sistema educativo.El Estado en primer término redujo el gasto público en ese ámbito, re-direccionándolo hacia instituciones educativas del sector privadovinculadas a grupos empresariales y religiosos. Para 1993 el Estado pone en práctica la Ley Federal de Educación (LFE). Entre otras cosas la LFE se encargaba de profundizar la flexibilización laboral de los maestros a través de la implementación de numerosas materias curriculares en el marco de programas confusos. Otro de los objetivos de la LFE fue el de disolver prácticamente la enseñanza técnica y poner a la educación en clara disposición a las demandas del nuevo mercado laboral bajo una lógica financiera. En este sentido los artículos 15º y 17º de la Ley entregan al estudiantado como mano de obra gratuita a través de la implementación de convenios de pasantías no remunerativas y “contratos de aprendizaje” con empresas y sectores privados de la economía.

A esta legislación se suma la Ley de Educación Superior (1995) como señal importante de subordinación a los organismos de crédito internacionales, en la búsqueda de préstamos para el sector. Una vez sancionada la norma, se firma con el Banco Mundial un convenio para financiar programas de mejoramiento de la calidad del sistema universitario. Paralelo a ello se crea la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), que debilita órganos ya existentes y limitan la autonomía universitaria en la medida en que esta se torna en un órgano de control político. A pesar de que la intención de los organismos internacionales era la privatización de la educación en general, fueron las resistencias de estudiantes y docentes las que permitieron que sólo los posgrados sean arancelados. Si bien el Estado se desliga de una parte del gasto en educación pública, por otro lado, no escatimaba recursos para el financiamiento del sector privado.

La lucha más conocida y prolongada fue la Carpa Blanca de docentes de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) frente al Congreso Nacional en demanda de la sanción de la ley de financiamiento educativo y la derogación de la Ley Federal de Educación, desde el 2 de abril de 1997 hasta el año 1999, permaneciendo 1003 días.

En este marco de reformas estatales, cabe mencionar también la creación de las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) en el año 1993. Las mismas operaron como empresas privadas con fines de lucro destinadas a administrar los fondos generados con los aportes jubilatorios realizado por los trabajadores en el régimen de capitalización individual. Las AFJP percibían una comisión del aporte previsional obligatorio de los afiliados, y administraba el capital acumulado, inyectando fondos en el mercado de capitales y obteniendo una rentabilidad para los ahorristas y para sí misma. Una vez alcanzada la edad jubilatoria, la AFJP debía entregar al afiliado el capital acumulado en cuotas mensuales hasta su agotamiento. Al privatizar el régimen de previsión social, los ingresos de los que en ese momento eran jubilados o pensionados se vieron seriamente afectados, ya que el Estado contaba con menos ingresos al sistema de reparto. La resistencia de los jubilados tuvo como figura principal a Norma Pla, quien encabezó protestas por un haber jubilatorio mínimo y para que PAMI (Programa de Atención Médica Integral) sea conducida por sus beneficiarios.

Por su parte el gobierno de Menem continuó con el proceso de privatizaciones, entre ellas la de Gas del Estado, la de SEGBA (Servicio de Electricidad de Gran Buenos Aires), Obras Sanitarias, Agua y Energía, entre otras. Además se privatizaron las telecomunicaciones, con la venta del ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), ENCoTel (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos) y medios de comunicación como las radios y canales de aire. Otros servicios públicos, como el transporte, corrieron la misma suerte, como ser Aerolíneas Argentina y los ferrocarriles. Por último la oleada de privatizaciones alcanzó al sector energético con el vaciamiento y remate de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales).

Flexibilidad laboral, respuesta de los de abajo y represión estatal

Dentro del ajuste económico se sancionaron diferentes leyes a los largo de la década que contribuyeron a lo que se conoce como “flexibilidad laboral”: contrataciones flexibles de trabajo, a plazo determinado y sin indemnización, se cercenó el derecho a la huelga en algunas actividades, se redujeron las indemnizaciones, se instaló la negociación salarial por empresa y el período de prueba, entre otras cosas. En este sentido, gran parte del sindicalismo jugó un rol determinante, apoyando al gobierno.A mediados de los años ´90, queda claramente evidenciada la transformación al interior del movimiento obrero argentino, organizado en ese momento por tres centrales de trabajadores, con diferentes posicionamientos y estrategias frente a la transformación que se estaba llevando a cabo. La CGT, que apoyó y se benefició con las reformas económicas, practicó una suerte de “sindicalismo empresario” y mantuvo una vinculación orgánica al Partido Justicialista.El MTA, cuyo referente era Moyano (Movimiento de Trabajadores Argentinos), llegó a rechazar la estrategia mercantilista adoptada por el grueso de la CGT. No obstante las diferencias, esta agrupación nunca abandonó definitivamente la CGT y mantuvo el objetivo de que ésta vuelva a representar realmente a las bases. Y la CTA (Central de los Trabajadores de Argentina), que desde sus comienzos, se caracterizó por una resistencia al régimen social de acumulación consolidado durante los ´90, optó por un alejamiento del Partido Justicialista como expresión política del sindicalismo.

Debido a la legislación laboral en Argentina, que garantiza el sistema de sindicato único y prohíbe la libertad y democracia sindical, la CTA (actualmente dividida)no se encuentra reconocida por el Estado . Desde su fundación la misma planteó a diferencia de la CGT, la posibilidad de afiliación directa de los trabajadores y trabajadoras a la central sin la necesidad de que el sindicato del sector laboral al que pertenece ese trabajador se encuentre enrolado dentro de la misma. Además, permitió la afiliación de los trabajadores y trabajadoras más allá de su condición laboral al momento de afiliarse, posibilitando la incorporación de trabajadores activos, pasivos (jubilados) y trabajadores desocupados. Por este motivo, ha tenido un importante crecimiento en los últimos años. Esta central levantaba desde sus inicios la independencia frente a los patrones, el Estado y los partidos políticos –sin embargo al día de hoy, con respecto a estos dos últimos puntos, muchos de sus fundadores optaron por ignorar estas premisas-.

Los años de lucha que se desarrollaron en este período fueron años de resistencia y de defensa de las conquistas logradas en épocas anteriores, a la par de buscar contrarrestar el empeoramiento y deterioro de las condiciones de vida. Los de abajo se vieron afectados por las políticas de ajuste, peligrando en algunos casos su fuente de subsistencia. Así surgen los primeros piquetes de los '90 que tuvieron como epicentro las ciudades de Cutral-Co y Plaza Huincul en la provincia de Neuquén y en las localidades de General Mosconi y Tartagal en la provincia de Salta. En estas dos regiones, la vida social se había estructurado a partir de las actividades que desarrollaba YPF. En 1992, la empresa había sido vendida a capitales extranjeros con el fin de deshacerse, como ya se mencionó, de aquellos sectores que produjeran déficit para el Estado. La totalidad de los gobiernos provinciales (como fue el caso de Santa Cruz y su gobernador Néstor Kirchner) saludaron la iniciativa privatista del menemismo. El proceso de privatizaciones significó un pase administrativo de un monopolio estatal a un oligopolio extranjero. Este proceso no trajo inversiones de ningún tipo y, por el contrario, abrió la economía a capitales europeos que giraron las ganancias a otros países.

Otra modalidad de resistencia social se da en año 1993 cuando se produce el llamado santiagazo(Santiago del Estero), en el que una multitud formada por trabajadores estatales y los sectores más pobres de la población toman, incendian y sa¬quean los edifi¬cios de los tres poderes del Estado provincial, así como las casas de los principa¬les dirigentes políticos loca¬les. Este levantamiento da cuenta del descontento generalizado de los oprimidos con las instituciones del Estado y la clase política. También hubo levantamientos similares en La Rioja, San Juan, FiskeMenuko (General Roca), Bariloche, Cipolletti, Salta y Jujuy.
Por otro lado, en los ´90 se registran numerosas ocupaciones de lugares de trabajo, de dependencias oficiales, de escuelas y facultades, entre otros. Entre las ocupa¬ciones más prolongadas pueden mencionarse la de Continental Fuegui¬na y Aurora Grundig en Tierra del Fuego en 1995 y 1997 respectivamente, y la de la Cervecería Córdoba en 1998.

Además de los procesos de resistencia antes mencionados, podemos hacer referencia a los apagones voluntarios. Uno de los más prolongados y relevantes se dio en el año 1996 contra la política económica del gobierno nacional. Y en el marco del mismo los veci¬nos de las principales ciuda¬des del país salieron a las calles, gol¬peando cacerolas y en algunos lugares concen¬trándose en plazas o cortando calles, mientras los automovilistas hacían sonar sus bocinas.

Un ejemplo altisonante de resistencia se dio en la provincia de Catamarca ante elfemicidio de María Soledad Morales perpetrado por los “hijos del poder” provincial. Si bien la institución judicial, la clase política y los medios de comunicación se encargaron de garantizar impunidad a los autores intelectuales y materiales del asesinato, el pueblo entero salió a las calles a manifestarse en “marchas de silencio”.

En materia de derechos humanos, cabe destacar una continuidad en la política de impunidad de la clase dominante al momento en que el gobierno de Menem otorga indultos a los genocidas (1990), que junto con las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, generaron como resistencia la metodología del “escrache”. Los escraches fueron llevados a cabo principalmente por militantes de organizaciones de derechos humanos (sobre todo HIJOS y Familiares de detenidos y desaparecidos) denunciando a represores. Gran parte de los genocidas se encontraban aun en actividad como servicio de inteligencia y fueron descubiertos gracias al accionar de estas organizaciones. Esta práctica de acción directa –pionera a nivel mundial- permitió buscar una alternativa al sistema legal estatal, garante de impunidad, a la par de desarrollar formas de justicia popular alternativas.

Cuando hablamos de democracia vigilada en la pos-dictadura militar no nos referimos solamente a los sucesivos llamados de atención del ejército argentino a través de sus alzamientos. También hacemos alusión a la vigencia institucional y la herencia político-ideológica de la estructura represiva interna del Estado expresada en las llamadas fuerzas de seguridad. Con la aplicación de las políticas neoliberales se estaba dejando excluido a un sector importante de la población, que ya no podría acceder ni siquiera a un puesto laboral, por lo que la clase dominante era consciente desde un inicio que había millones de personas que estaban“sobrando”.

Teniendo en cuenta esta hipótesis de descarte social, la clase política no duda en extender las garantías al accionar del aparato represivo, ante el agravamiento de la situación social heredada del ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres. Nuevas leyes, avales del sistema judicial y una mayor articulación de discursos de “mano dura” o “tolerancia cero” a través de los medios masivos de comunicación fueron algunas de las maniobras de los de arriba para llevar a cabo asesinatos por gatillo fácil y torturas, e inclusive desapariciones. Desde ya que el aval alcanzaría el accionar frente a la protesta social pero no sería en esta etapa su principal destinatario. Las fuerzas policiales federales y provinciales –y en menor medida la Gendarmería y la Prefectura- son en esta etapa las más preparadas para llevar a cabo el “descarte social”. De este modo en la pos-dictadura podemos avizorar cómo los diferentes gobiernos constitucionales fueron institucionalizando la impunidad, el control social, la represión y el silenciamiento de los sectores más pobres de este nuevo orden social.

Alineamiento con EEUU y “Pacto de Olivos”

En el ámbito de la política exterior argentina, el gobierno menemista profundiza el alineamiento político con los EEUU, que queda de manifiesto en el envío de tropas a Irak en1990. Parte de la condescendencia de la clase política tenía que ver con que EEUU financiaba al país a través de empréstitos.

Para garantizar la continuidad de las políticas de ajuste neoliberal, la clase política acuerda en el año 1993 el llamado “Pacto de Olivos” que reformaría la constitución en el año 1994. La Reforma constitucional de 1994 tuvo como punto nodal la posibilidad de reelección presidencial y el acortamiento del mandato. Como concesiones a la figura del mismo se crearon el Consejo de la Magistratura, el Jefe de Gabinete y reglas para sancionar decretos-leyes. Además se incorporaron tratados internacionales de derechos humanos, leyes medioambientales y del consumidor, entre otras. Se incorporó también la coparticipación tributaria entre la nación y las provincias y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Con este pacto los partidos tradicionales cerraban filas para garantizar la gobernabilidad en la Argentina en tiempos de avances sobre las clases oprimidas. Como resultado de esto Menem fue nuevamente electo en 1995.

A nivel ideológico-cultural podemos decir que la década de los ´90 se caracterizó por una “farandulización” de la política, donde los nuevos ricos ostentaban el despilfarro, hecho que se sintetizaba en la frase “pizza con champagne”. Durante estos años de empobrecimiento acelerado, las políticas del menemismo fueron acompañadas por un bombardeo cultural de parte de los medios de comunicación recientemente privatizados, cuyo objetivo apuntaba al ocultamiento de la realidad social.

Estos años se caracterizaron también por una alevosía de corrupción en la clase política y empresarial. Por citar algunos ejemplos, cabe mencionar el caso Cabezas -periodista asesinado tras investigar casos de corrupción entre el empresariado y la clase política-; la venta de armas a Ecuador y Croacia y su causa asociada, la explosión de Rio Tercero; el saqueo de María Julia Alzogaray en la Secretaría de Recursos Naturales –luego de ser interventora en la liquidación de ENTel y SOMISA-; el caso IBM-Banco Nación, entre otros.

Al inicio de la década menemista también se registraron hechos de violencia derivados de la disputa entre sectores de la clase dominantes, como fueron la bomba a la Embajada de Israel y el atentado a la mutual judía AMIA. Ambos casos no han podido esclarecerse al día de hoy gracias a la complicidad del Estado y sectores poderosos, entre otros.

Como saldo de la década, nos encontramos con un índice de desocupación, pobreza e indigencia sin precedentes, una amplia brecha entre ricos y pobres, una reducción de la inversión en el sector público y la seguridad social, políticas focalizadas y fragmentación del tejido social.Continuó además a lo largo de la década una migración interna, del campo a la ciudad, incrementando los asentamientos irregulares en las periferias de las grandes urbes, con condiciones de vida precarias.

Para 1999 el Partido Justicialista le pasa el poder a la “Alianza” entre radicales y progresistas.

SEGUNDO PERÍODO DE LA ETAPA

MUNDIAL

Podemos caracterizar el último período de la etapa actual por la continuidad del proceso de resistencia de los de abajo en el marco de un esquema de reconfiguración global del poder en el sistema de dominación capitalista. Este período está signado en los primeros años por una continuidad con respecto a la tendencia de la década anterior: un sistema unipolar expresado por la hegemonía del proyecto imperialista de Estados Unidos, única superpotencia que hasta hoy reúne todas las condiciones de dominio político, económico, militar, cultural y jurídico entre otros. Sin embargo, con el trascurrir de la última década podemos empezar a ver resquebrajamientos en este esquema de dominación global, expresados por la aparición en primer plano de otros bloques o potencias. En el plano geopolítico, podemos advertir en primer lugar un viraje deliberado hacia el intervencionismo –de reminiscencias colonialistas- en la política exterior de varios países europeos como Francia e Inglaterra y en menor medida España e Italia. Vale mencionar también la irrupción en los últimos años de un Estado ruso con una mayor injerencia en las regiones donde se propone reestablecer zonas de influencia en función de recomponer su viejo proyecto expansivo capitalista.

Economía: multipolaridad, recesión y nuevas potencias emergentes

Analizando la esfera económica aquí empezamos a ver una multipolaridad determinada por la disputa de mercados y zonas de influencia entre sectores concentrados de la economía estadounidense y un capitalismo chino que se expande a pasos acelerados. El tambaleo de la Unión Europea (UE) operando desde un continente en clara recesión y la permanencia de una economía japonesa con altibajos contrasta con el paulatino ascenso de importantes bloques económicos regionales encabezados por India, Brasil, Rusia y Sudáfrica (los BRICS) entre otros. En medio de esta reconfiguración global estalló una profunda crisis en el sector financiero caracterizada por vaciamientos especulativos y un inédito plan de salvataje por parte de las instituciones políticas y económicas norteamericanas y europeas. A su vez desde una perspectiva socioeconómica pudimos observar a nivel global la profundización de una crisis alimentaria sin precedentes, lo que sin dudas ha aportado a una mayor precarización de la vida enamplias regiones del planeta. A esta se le sumaron una serie de catástrofes naturales y pandemias que afectaron sobre todo la supervivencia de sectores populares.

En cuanto a los procesos de resistencia llevados adelante por las clases oprimidas en este período de la etapa, podemos ver que los mismos no están ajenos a la dinámica de esta reconfiguración en las relaciones de dominación a nivel mundial. Así, si bien es observable una variación en metodologías e intensidades, podemos ver una diversidad de respuestas a las arremetidas de los sectores dominantes, procesos como la “primavera árabe”, la lucha de los kurdos, la vigencia del proceso zapatista, las revueltas en algunos países de Europa y la lucha contra el intervencionismo a nivelglobal, solo por mencionar algunos dan cuenta de esto.

Estrategia intervencionista

A la hora de explicar lo que mencionamos más arriba como tendencia hegemónica del proyecto imperialista norteamericano debemos detenernos en la proyección de una política exterior intervencionista llevada a cabo en conjunto por el propio Estado, sus instituciones militares, los grupos económicos más poderosos y un marco de alianzas estratégicas que han marcado la agenda de inicios del siglo XXI.

El perfil que adoptó la continuidad de esta dictadura mundial fue discutido a finales de la década de los 90`, hacia el interior de la clase dominante norteamericana. Entre otras cosas se intentó considerar cuál debía ser el papel de la política exterior norteamericana en este mundo unipolar, qué modalidades de intervención se debía tener para las diferentes regiones del mundo a los inicios de un nuevo siglo, cuáles eran aquellas regiones prioritarias para los intereses geopolíticos del proyecto imperialista y qué tipo de financiación se debía destinar al ejército y a la industria armamentista entre otras cosas. Por otro lado, para ese momento los grupos empresarios más poderosos de EEUU ya habían anunciado con preocupación los límites de la capacidad energética norteamericana, estimando un agotamiento a mediano plazo de las reservas de petróleo y gas que posee el país del norte. Finalmente, al no existir más el enemigo soviético, estos sectores establecieron una serie de hipótesis de conflictos posibles que les permitiera mantenerse bien posicionados en el esquema de dominación mundial. Esta nueva lógica de dominio global fue de alguna manera anticipada por Bill Clinton allá por 1997 con la frase “…los Estados Unidos tienen derecho a usar la fuerza militar para asegurar el acceso irrestricto a los mercados clave, suministros de energía y recursos estratégicos.”

Hacia fines de 2001 el atentado a las torres gemelas, de Nueva York, fue tan extravagante como funcional a los intereses de la política exterior norteamericana. El hecho en sí precipitó una profundización en la política intervencionista ensayada a fines de siglo XX. Al enemigo establecido por el proyecto imperialista en la década anterior, el “terrorismo islámico”, se le sumaron algunos gobiernos díscolosdenominados como el “eje del mal”.

Esta línea intervencionista contó con el apoyo de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y se garantizó una neutralidad cómplice por parte de la ONU, a esta altura ya convertida en un instrumento de legitimación global de los intereses de las potencias hegemónicas. A pesar de que se hayan realizado grandes movilizaciones de los sectores populares que expresaron un fuerte rechazo a nivel mundial, la coalición militar terminó invadiendo Afganistán (junto a Pakistán) en 2001 e Irak en 2003. De este modo el proyecto imperialista fue consiguiendo reactivar la industria de la guerra, trasladando el conflicto a la zona de Medio Oriente y África (en particular el Magreb y África Central), en donde se logró desechar los regímenes que ya no servían a sus intereses a la vez que se fue actualizando el marco de lealtad de otras élites dominantes de la región. En paralelo desembarcaron en la región los sectores capitalistas más poderosos de EEUU y Europa para garantizar un control efectivo de los recursos de la región. En Afganistán a partir de 2002 se llevó a cabo la construcción del gasoducto TAP (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán) junto al inicio de la exploración petrolífera y mineral de la zona. En Irak un grupo de empresas extranjeras trasnacionales tomó posesión del circuito de exploración, explotación y comercialización del sexto mayor exportador de petróleo del mundo.

La clase oprimida, lejos de verse beneficiada, fue sin dudas la más afectada en estas guerras impuestas por las potencias extranjeras signadas por el genocidio de pueblos enteros y una práctica sistemática de violación a los derechos humanos. A esto se sumó la persecución política a aquellos sectores organizados en resistencia, a los que les fue deparada la muerte o la cárcel. La iniciativa intervencionista dejó como corolario al día de hoy un catastrófico saldo de muertos, heridos, refugiados y una descomposición social calamitosa en toda la región.

Sumado a lo anterior, el plan de intervenciones militares en Afganistán e Irak ha tenido un costo por demás de negativo en varios aspectos hacia dentro del imperio. En EEUU a nivel interno se han generado importantes críticas desde organizaciones antibelicistas hasta grupos de veteranos de guerra, a raíz del costo social y humano pagado no solo por la condición de retorno de los soldados sino por las atrocidades llevadas a cabo por los marines, que han estado saliendo a la luz en los últimos años. A nivel económico es una de las intervenciones militares más costosas en la historia de la política exterior norteamericana llegando a calcularse entre 4 a 6 billones de dólares.

Durante los últimos 5 años esta modalidad de intervención dio paso a nuevas iniciativas por parte de las potencias hegemónicas. Esto llevó a que se agregara un nuevo objetivo en aquel intento de establecer un control geopolítico de la región. Mediante la continuidad del despliegue militar se intentó poner un techo al estallido de la primavera árabe –proceso que nos detendremos a explicar más abajo-.

Así fue que a comienzos de 2011 en un contexto de crecientes revueltas, sectores políticos y organizaciones populares disidentes con el gobierno que MuamarKhadafi ejercía desde 1969 en Libia comenzaron a generar focos de resistencia contra el régimen. Aprovechando la inestabilidad de la región y la debilidad en la que se encontraba el gobierno del “Coronel”, el proyecto imperialista se lanzó a la invasión de Libia, un país repleto de petróleo. Al igual que en Irak y Afganistán, la intervención dejó como saldo un escenario de exterminio y descomposición social con el inicio de una guerra civil entre sectores tribales. Inmediatamente la producción de petróleo del 10º mayor exportador del mundo estaba en manos de capitales trasnacionales.

En el marco de esta línea intervencionista Francia decidió incursionar hacia 2013 en la República de Mali, la República Centroafricana y la República de Níger bajo el amparo del Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el aval de sectores dominantes locales con la excusa de frenar el avance de remanentes de Al Qaeda. Expresando reminiscencias colonialistas, la clase dominante francesa se abalanzó sobre la cuantiosa explotación de uranio de la región para contrarrestar su déficit energético.

Aprovechando esta oleada intervencionista Israel, una potencia de la región y un Estado tradicionalmente genocida, reinició en 2014 –con el beneplácito de EEUU y Europa- una campaña de bombardeos en la Franja de Gaza contra población civil, en continuidad con una política de exterminio hacia el pueblo Palestino, que sostiene una heroica resistencia.

Vale destacar además el reciente intervencionismo ruso en la crisis ucraniana de 2014, en donde el paneuropeísmo de un sector dominante intentó defender la geopolíticamente estratégica península de Crimea de manos anexionistas que buscaban incorporarla a Rusia. Finalmente, luego de varios enfrentamientos y muertes, los anexionistas apoyados por el gobierno y el ejército ruso consiguieron separar esa región de Ucrania. Esta no será la única jugada de un posible despertar intervencionista de Rusia en función de intereses hegemónicos en la región. Más abajo veremos cómo desde hace algunos años se viene desarrollando la política exterior de Moscú en la conflictividad de Medio Oriente, más precisamente en Siria.

Pero en medio de todo este avance del intervencionismo militar, las relaciones diplomáticas entre sectores dominantes de las principales potencias comenzaron a verse resentidas a raíz de una serie de denuncias realizadas por el sitio de filtración de información WikiLeaks a partir de 2010 y por el ex CIA Edward Snowden desde 2013, dejando al desnudo operaciones e infiltraciones de la política exterior norteamericana y su proyecto hegemónico global.

La primavera árabe y la resistencia en Medio Oriente

Retomando la cuestión geopolítica vemos que a raíz de la interacción de varios factores en el último período de la etapa, se generó un mayor protagonismo por parte de fuerzas de resistencia provenientes de sectores nacionalistas e islamistas, que cuentan con cierta capacidad de acción política y militar y con un fuerte arraigo popular. Esta resistencia al plan de hegemonía imperialista viene demostrado sin dudas una incapacidad de las potencias invasoras para controlar plenamente la región.

Pero a la par de esta genuina resistencia comenzaron a proliferar sectores musulmanes integristas como nunca antes había sucedido. Dentro de las razones por las que se da este fenómeno podemos ver una situación de precariedad y exclusión social, ya estructural, heredada de la intervención imperialista en Medio Oriente y África;una cotidianidad marcada por la violencia extrema, producto de la intervención de la dictadura mundial norteamericana y un crecimiento extraordinario en toda Europa –un continente con fuertes índices de inmigración- de una ola de xenofobia puntualizada en la población africana, árabe y musulmana, en un contexto de crecimiento del desempleo y la marginación social para los “últimos ciudadanos” del continente. Podemos pensar que todos estos factores empujaron recientemente a miles de jóvenes –principalmente de estos tres continentes- a canalizar esa situación de injusticia a través del involucramiento en proyectos políticos reaccionarios de organizaciones pertenecientes al integrismo islámico que no promueven otro camino que el enfrentamiento fratricida. Aquí debemos destacar la continuidad de Al Qaeda y su plan de constitución de células para atacar objetivos civiles dentro del continente europeo, africano y asiático. También debemos marcar como fenómeno la conformación de organizaciones como BokoHaram en Nigeria o el Estado Islámico (ISIS) en el oeste de Siria y noreste de Irak, que han conseguido un control territorial efectivo en algunas zonas que carecían de una presencia real de la autoridad central. El ISIS inclusive ha llegado a instaurar un Califato–similar a la representación de un Estado teocrático- adjudicándose el dominio ecuménico del Islam.

La intervención de estos grupos está dejando un importante saldo de asesinatos y secuestros de civiles kurdos, cristianos y asirios entre otras minorías. Alimentando una falsa dicotomía oriente-occidente, estas expresiones reaccionarias del islamismo terminan siendo completamente funcionales al sostenimiento de una política intervencionista de las potencias hegemónicas en todo el mundo. Inclusive la acción de estos sectores es excusasuficiente para retroalimentar la creciente xenofobia europea impulsada por élites conservadoras y fascistas pertenecientes a la clase dominante.

Sin embargo la injerencia imperialista no sería el único factor con incidencia geopolítica en aquella región. A partir de 2010 una serie de estallidos sociales, conocidos como la “Primavera Árabe” van a complejizar el panorama y aportar más elementos a una reconfiguración del mapa de Medio Oriente y el Magreb.

El origen de esta ola de revueltas populares se encuentra en una multiplicidad de causas políticas, económicas, culturales, sociales y jurídicas entre otras. A diferencia de los países occidentales donde la clase dominante supo utilizar la existencia de elecciones “libres” para generar una ficción de neutralidad del aparato estatal y constituir fuentes de legitimidad, en Medio Oriente y África las clases oprimidas viene soportando hace décadas sistemas de sometimiento dictatorial, con estructuras abiertamente autoritarias y una conformación de las clases políticas y el Estado ligadas a la preeminencia de las principales familias aristocráticas y las instituciones militares.

Pero esta oleada de revueltas –que no fue homogénea- no ha tenido como único objeto el derrocamiento de dictadores y dinastías. A pesar de que las clases dominantes han estado viviendo en la suntuosidad y el derroche de recursos, el contexto socio-económico de la región es por demás de penoso, con una creciente precarización en la vida de los sectores populares producto directo de la crisis alimentaria que se está viviendo a nivel global, lo que determinó una inflación en los precios alimenticios por encima de un 80%. Esto se sumó a una gran ola de desempleo y empeoramiento en las condiciones de trabajo fruto de la contracción de la economía europea, principal mercado importador de las manufacturas de la región. Por ejemplo en los casos de Túnez y Egipto –país formalmente en estado de sitio desde 1980-, numerosas huelgas y procesos de lucha sindical han terminado en represión y encarcelamientos, no existiendo posibilidades si quiera de conseguir recomposiciones salariales de ningún tipo.

Si bien existía un “...desengaño de las clases populares hacia la democracia ‘a la occidental’…” había, también, una necesidad real de una apertura cultural, puntualmente de los sectores jóvenes y las mujeres, como sucedió en Marruecos y Túnez. Por otro lado, otro punto a resaltar esla utilización durante el proceso de las redes sociales como fenómenos de comunicación y propaganda política. En este panorama, las principales fuerzas sociales lograron dar impulso a un importante proceso de conflictividad social y agitación política inédito para la historia de la región.

Pero la complejidad de lo acontecido también llega a mostrar que por debajo del mismo existieron intereses políticos de sectores de la clase dominante opositores a los gobiernos , e incluso un apoyo deliberado en algunos casos de potencias intervencionistas. En este último punto será notable la injerencia y el control regional que comenzaron a ejercer Turquía y Arabia Saudita como fieles aliados al proyecto imperialista.

Si bien se lograron derrocamientos emblemáticos como los de Ben Alí (Tunez), Khadafi (Libia), Mubarak (Egipto) o Ali Saleh en Yemen, y se hicieron intentos de presión para la implementación de reformas democráticas en Bahréin, Kuwait, Líbano, Omán, Argelia, Marruecos, Turquía, Jordania, Arabia Saudita y Qatar entre otros, el saldo de la “primavera árabe” en la mayoría de los países se tradujo en meros reacomodamientos de la clase política y sectores dominantes hacia nuevos esquemas de dominación social. Más allá de haberse conseguido sostener comités populares durante un cierto tiempo y de lograrse generar, en algunos casos, una intensa práctica de acción y democracia directa, en general el proceso culminó en el ascenso al gobierno de sectores islamistas moderados (Egipto y Túnez) o reaccionarios (Libia, Yemen o zonas de Siria donde gobierna el ISIS). En ningún país se ha modificado la situación de explotación y marginalidad ni mucho menos la estructura económica productiva. En la mayoría de los casos las instituciones militares siguen siendo determinantes en el sostenimiento del sistema de dominio regional y las principales familias de la clase dominante siguen a cargo de la administración de la sociedad. Al tiempo que la prensa occidental dejó de seguir el proceso, la represión sobre las fuerzas en resistencia y sectores populares comenzó a ser una constante –al día de hoy-

En consonancia con el proceso regional, Siria también vivió en un primer momento la “primavera árabe” allá por 2011. No obstante, a medida que fueron pasando los meses (y que fue debilitándose el poder central del régimen de Bashar al-Assad) el país se convirtió en un complejo escenario de disputa entre grandes potencias hegemónicas y regionales, sectores dominantes de la región, organizaciones armadas y fuerzas revolucionarias. Este teatro de operaciones encontró por un lado al aparato político y castrense del gobierno de Assad apoyado militarmente por Rusia, Irán y el partido Hezbollah(de fuerte influencia en la región). Por el otro, se encuentran las insurgencias del islamismo reaccionario representado por ISIS y otras organizaciones sunitas, que contarían con un apoyo armamentístico por parte de Qatar, Arabia Saudita, Turquía e incluso de los EEUU (hasta hace dos años). Numerosos análisis sugieren que el proyecto imperialista ha estado apostando a un desgaste de los actores en el conflicto sirio. En este sentido un proceso de descomposición social prolongado en la región permitiría a EEUU intervenir en el momento justo en que las diferentes fuerzas se encuentren ya debilitadas.

Por último debemos resaltar la aparición en el conflicto de fuerzas kurdas organizadas en torno a las milicias Unidades de Defensa del Pueblo (YPG) y Unidades de Defensa de la Mujer (YPJ), estructuras militares impulsadas por el Partido de la Unión Democrática (PYD), organización hermana del histórico Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Estas fuerzas revolucionarias se encuentran llevando a cabo un original proceso de transformación social de aristas libertarias en el Kurdistán occidental (Rojava), al norte y noroeste de Siria. Aprovechando un contexto de ingobernabilidad y debilitamiento de poder estatal, estas organizaciones pudieron salir en la búsqueda de autodeterminación a través de las armas y el impulso de un proyecto político revolucionario con potencialidad real en la construcción de una sociedad que podríamos caracterizar como libertaria. De forma progresiva desde los inicios de la “primavera árabe” en Siria en 2011, las fuerzas guerrilleras kurdas fueron tomando uno a uno territorios dominados por el integrismo sunita y por el Estado sirio, controlando pozos petroleros y varios pasos fronterizos hacia Irak y Turquía.

Revolución social en Kurdistan Occidental

Para explicar la aparición de este inédito proceso revolucionario es necesario señalar la confluencia de factores históricos y coyunturales. Uno de ellos es la situación de persecución y exterminio sistemático que ha sufrido el pueblo kurdo a lo largo de la historia. Ante la debilidad institucional de los Estados de la región el pueblo kurdo debió aprovechar la situación favorable antes de que las condiciones cambien y el contexto se torne nuevamente desventajoso.

Otro factor de importancia es la alarma que se encendió a raíz del avance regional de sectores sunitas reaccionarios como el Estado Islámico hacia zonas kurdas. Una hegemonía del Daesh -como también se lo conoce al ISIS- supondría la inmediata continuidad del genocidio kurdo a manos de estos sectores integristas.

Sumado a esto una serie de factores ideológico-políticos han determinado el impulso de este proceso de transformación social tan particular, en tiempos en que la mayoría de la izquierda mundial ha resignado la revolución a cambio de tomar posesión de espacios institucionales regulados por el sistema de dominación capitalista. Este punto se corresponde con el carácter amplio y profundo desde donde es pensada e implementada esta revolución.

Hace más de una década el PKK, principal organización política del pueblo kurdo, estableció un viraje de ciento ochenta grados en su estrategia revolucionaria. Influidos principalmente por la teoría anarquista del “municipalismo libertario” de Murray Bookchin, y por la vigencia de la insurgencia zapatista del EZLN, los y las revolucionarias kurdas deciden abandonar los postulados marxistas-leninistas. Fue para ese momento que declaran unilateralmente un alto al fuego al Estado turco para comenzar a concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de estructuras democráticas en territorios controlados por la guerrilla kurda, en ese momento algunas zonas de Siria e Irak. Esta nueva estrategia conocida como “Confederalismo Democrático”, propone crear comunidades libres e independientes, bajo el principio de la democracia directa. De esta manera, evidenciando quizás alguna influencia bakuniniana, los sectores populares irían consiguiendo una “unidad equitativa y voluntaria” de los pueblos de la región hasta establecer “una paz estable en el Medio Oriente”. El “Confederalismo Democrático” comprende en principio la práctica de una auténtica democracia, una economía cooperativa, y la disolución gradual del Estado-nación.

Además de la marcada tendencia anti-estatista y anti-capitalista en los postulados ideológicos de esta estrategia de cambio, uno de los ejes de mayor importancia que fueron trabajando las fuerzas kurdas es el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad libre e igualitaria. El histórico sometimiento de la mujer en la región empujó a las militantes del PKK/PYD a plantear la cuestión de la igualdad de género como una de las bases imprescindibles de la revolución social “confederalista y democrática”. Esto irá a expresarse fuertemente en la conformación de la YPJ y el protagonismo femenino en el proceso revolucionario del Kurdistán occidental.

Inmersas en este nuevo proyecto revolucionario, las fuerzas kurdas formalizaron en 2011 un “contrato social” que estableció en la Región Autónoma de Rojava la existencia de tres distritos administrativos antiestatales y anticapitalistas. La conformación de concejos y milicias populares –cuyos comandantes son elegidos por democracia directa-, y la socialización de las propiedades del régimen sirio entre las cooperativas obreras fueron algunas de las principales reivindicaciones llevadas a cabos por los/as revolucionarios. Al momento en que la guerrilla kurda iba liberando zonas, la mayoría de los terratenientes y élites dominantes locales se dieron a la fuga junto con la clase política, trayendo aparejada la disolución de las instituciones del régimen. En los hechos no hubo grandes disputas con las Fuerzas Armadas del régimen baathista. En un marco plenamente comunitario y con la participación de las diferentes etnias y minorías (kurdos, árabes, sirios, yazidíes, turcomanos, asirios, khirgizianos, armenios y chechenos entre otros) se establecieron libertades religiosas y autonomías culturales para todos los habitantes de Rojava. Aunque subsistan en el proceso instituciones burocráticas que se asemejan al viejo Estado (y a pesar de algunas excepciones ), se vienen forjando espacios de democracia directa al calor del levantamiento con la participación de todos los grupos étnicos y religiosos. Uno de estos espacios es el Movimiento de la Sociedad Democrática (TEV) que establece un sistema federal organizativo de abajo hacia arriba como herramienta administrativa. Las YPG e YPJ representan una especie de garantía de este funcionamiento.

Otro de los principios fundamentales del Confederalismo Democrático tiene que ver con el ecologismo. Partiendo de que el sistema de dominación capitalista genera una devastación del medio ambiente, la cuestión del ecologismo se torna fundamental en el proceso de cambio social. El Confederalismo Democrático entiende que el equilibrio ecológico solo podrá ser alcanzado dentro de un sistema socialista.

A la hora de analizar el momento de esta revolución, que se viene llevando a cabo en medio de un asedio del Estado Islámico –con apoyo de potencias de la región-, existen numerosos desafíos que se van presentando a medida que avanza y se extiende el conflicto general. Uno de ellos tiene que ver con el intento desde las fuerzas revolucionarias de encontrar soluciones en el plano jurídico y económico para el funcionamiento del modelo de autonomía democrática y el reconocimiento a la autodeterminación en la región. Un conflicto prolongado, es decir sin treguas, con todos los sectores dominantes de la región y las potencias extranjeras no ofrecen un panorama alentador para el sostenimiento del proceso. A esto debemos sumarle el embargo que el Estado turco ejerce sobre la región para intentar asfixiar a las fuerzas kurdas.

Otro gran desafío es de índole interno y tiene que ver con la dificultad de levantar una sociedad igualitaria, democrática y federal impulsada por una militancia que en menos de una década tuvo que ayudar a construir antagónicas formas organizativas al marxismo-leninismo. El lastre verticalista de aquellas propuestas de organización social sin dudas supone vestigios de autoritarismo y personalismo en torno a la figura de AbdullahOcallan, a la hora de generar nuevas estructuras de poder autogestivo.

En definitiva, los diferentes desafíos que se irán presentando en Rojava y la región, deberán no solo ser resueltos por la propia experiencia que vayan haciendo las comunidades locales sino que necesariamente deberán tener el acompañamiento de los movimientos, fuerzas sociales y organizaciones revolucionarias de todo el mundo, en búsqueda de la trascendencia de una inédita revolución social anti-estatista, anti-capitalista y anti-patriarcal.

Crisis alimentaria mundial y el “boom de las materias primas”

Retomando la esfera de las relaciones económicas y sociales de dominación en el marco del sistema capitalista mundial, podemos ver que se registra una continuidad desde hace más de una década de una crisis alimentaria sin precedentes. En este sentido marcamos que el aumento de los precios en los alimentos y productos agrícolas fuecausado principalmente por el crecimientosostenido en los precios del petróleo y derivados del mismo, lo que devino en un incremento en el transporte y productos del agro. Además una creciente demanda de biocombustibles empeoró sin dudas la situación. En este punto es importante identificar el plan usurero de las trasnacionales y Estados productores de petróleo y biocombustible a la hora de determinar un aumento en el precio de los mismos. Amparados en el supuesto agotamiento de las reservas de petróleo a escala mundial -algo por demás de discutible- y en el derecho a la propiedad privada, los sectores poderosos resolvieron acopiar la producción y especular con el precio para exprimir la ganancia a cualquier costo social. Además podemos identificar como factor asociado a la crisis alimentaria el nivel de consumo de la población en los países más ricos, el shock de especulación financiera (que intentaremos explicar más abajo) de parte de los grupos financieros más poderosos del mundo lo que agravó directamente la situación.

Por consiguiente la crisis alimentaria viene teniendo consecuencias nefastas para la clase oprimida en todo el mundo, expresadas en grandes hambrunas, un desempleo descomunal, un mayor empobrecimiento en países ya excluidos del reparto de las riquezas globales, así comolas represiones a civiles, guerras e invasiones en diferentes regiones del planeta. Podemos decir entonces que los “reacomodamientos” en el sistema de dominación llevaron consigo la pérdida de vidas humanas de las clases populares como variable de ajuste y un mayor empobrecimiento de los pueblos.

Este contexto de demanda creciente de los mercados internacionales de bienes comunes y productos agrícolas -conocido como el “boom de las materias primas”- profundizó el proceso extractivista en varias regiones del mundo, entre las que se encontraron Medio Oriente, Latinoamérica y África, lugares donde el territorio y sus recursos continuaron siendo el elemento de disputa, en algunos casos transformados en guerras e intervenciones imperialistas. En este sentido, se puede visualizar una reestructuración en la división internacional del trabajo, en donde varias regiones por voluntad de los sectores dominantes locales y trasnacionales accedieron a este nuevo esquema mundial. En el marco de estas nuevas adecuaciones en el sistema de dominación mundial, las principales potencias económicas de la última década del siglo XX –EEUU, Europa (con Alemania a la cabeza) y Japón- tienen ahora que disputar los principales mercados y economías regionales, en principio, con el cada vez más poderoso capitalismo chino -de fuertes inversiones en Asia, África y Latinoamérica- , y con sectores económicos en ascenso provenientes de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Turquía e Indonesia entre otros. Lejos de plantear mayores conflictos entre sectores económicos poderosos, este nuevo escenario estrechó relaciones entre las nuevas potencias y organismos usureros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y posibilitó el ingreso de las mismas al G-20 en el marco de la nueva reestructuración capitalista mundial.

Crisis financiera del 2008

Como mencionamos anteriormente, en este contexto de reconfiguración mundial del esquema de dominio, un sector importante de grupos financieros norteamericanos y europeos efectuó un golpe a los últimos resquicios de estabilidad económica mundial.

Para 2008 una serie de factores recesivos hicieron impacto al interior de la economía estadounidense –centro del capitalismo mundial-. A la ya señalada subida especulativa de los precios del petróleo se le suman ahora un fuerte estancamiento del crédito bancario y un colapso de la burbuja inmobiliaria a raíz de un déficit en el sector financiero por la falta de pagos en la mayoría de las hipotecas norteamericanas. Al igual que Europa, en los Estados Unidos la gran mayoría de los sectores populares que habían podido sacar créditos para acceder entre otras cosas a una vivienda propia, pronto se vieron imposibilitados de pagar la hipoteca establecida con una alta tasa de interés aplicada por las entidades usureras. Sumado a esto la población afectada era víctima de una recesión que atacaba salvajemente los estándares de vida de la clase trabajadora. Producto de la gran velocidad de circulación de las transacciones financieras, y tomando en cuenta que en dichas transacciones estas entidades tomaban las deudas o hipotecas como activos (en forma de bonos o títulos), se generó al poco tiempo una especie de burbuja financiera –por la que nadie iría a responder- cuya explosión terminó impactando en la liquidez de los principales bancos y grupos financieros.

Este vertiginoso shock financiero en medio de una contracción en la economía norteamericana generó una crisis bursátil local y mundial a principios y finales de 2008 respectivamente. Los principales grupos especuladores del capital financiero estadounidense y europeo comenzaron a quedar en la bancarrota, por lo que el Banco Federal Norteamericano y el Banco Central Europeo debieron salir al rescate, efectuando créditos accesibles a las entidades. En este contexto los bancos de inversión en todo el mundo sufrieron cuantiosas pérdidas.

Sin embargo, a pesar de esta inyección de liquidez numerosos bancos continuaron yendo a la quiebra al no recomponerse la confianza entre las entidades financieras –los créditos entre instituciones bancarias estaban frenados-. Numerosas industrias a su vez comenzaron a verse afectadas ante la falta de crédito, lo que agravó aún más la situación social del país. Para ese momento una ola de despidos dejaba en la calle a cerca de 800 mil trabajadores/as sólo en EEUU. La clase oprimida norteamericana comenzó a absorber una crisis generada por los sectores más ricos del planeta. Millones de familias perdieron sus hogares al tiempo que aumentaba considerablemente el costo de vida.

Pero la clase política de EEUU solo fueal rescate del sector financiero. Las pérdidas de algunos bancos fueron solventadas por el Estado y la Reserva Federal en una especie de nacionalización de la deuda privada, mientras que otras entidades fueron adquiridas o rescatadas por algunos de los grupos financieros más poderosos en el marco de operaciones de salvataje auspiciadas por el gobierno estadounidense. En este marco el dólar estadounidense sufrió un continuo proceso de depreciación y el déficit en la balanza comercial siguió aumentando a pasos agigantados.

Al otro lado del Atlántico la crisis golpearía aún con más fuerza en la economía europea. Pero debemos detenernos primero a hacer un pantallazo sobre lo que estaba pasando en Europa en materias económica y social.

El inicio del siglo XXI encuentra a la Unión Europea con la clase dominante alemana y francesa como reguladoras de una dinámica de ajuste, flexibilización laboral (el llamado plan de austeridad) y una política monetaria favorable a las potencias del continente, generando diferentes zonas en un sistema de dependencia económica de los países más pobres, obligándolos (con la venia de las élites locales) a proveer a sus mercados internos con productos manufacturados en los países más poderosos.

En este esquema de dependencia y dominación, países como Irlanda, Portugal, España y Grecia, entre otros, comenzaron a endeudarse con la UE a raíz del desequilibrio producido en sus balanzas comerciales (la importación superaba ampliamente la exportación). Para suplir ese déficit estos países fueron obligados a endeudarse nuevamente -pidiendo créditos al Banco Central Europeo- para seguir comprando productos alemanes vitales para el consumo interno del país, cual metáfora del peón de estancia quien se endeuda en bonos para comprarle víveres al patrón, quien le sigue pagando el salario en bonos insuficientes. Bajo este esquema de dominación, donde las clases populares europeas se fueron empobreciendo más y más, Alemania y Rusia fueron estrechando vínculos a través de un intercambio comercial beneficioso: gas y petróleo ruso por maquinaria germana.

De este modo, para el año 2008 la crisis financiera global, originada en EEUU, iría a empeorar significativamente la situación europea. En esos países endeudados, recién mencionados, la recesión impactó con mayor dureza agudizando los niveles de desempleo y pobreza. El Banco Central Europeo salió nuevamente al “rescate” de estas economías. Un ejemplo de la magnitud del proceso se da en Francia e Islandia donde el Estado tuvo que salir a decretar la nacionalización de bancos y grupos financieros.

Inmediatamente se profundizó la resistencia –con distinta intensidad- de los sectores oprimidos del continente. Trabajadores, desempleados, victimas del desahucio, estudiantes e inclusive inmigrantes, entre otras fuerzas sociales, comenzaron a impulsar multitudinarias movilizaciones y planes de lucha en rechazo a la política de “austeridad”. Sin embargo, se agregaron nuevos ejes de lucha como el rechazo al sistema político representativo, a la usura financiera, a la especulación inmobiliaria entre otros. Esto devino a corto plazo en importantes crisis institucionales en España, Italia, Grecia, Islandia, Chipre y Portugal entre otros, a medida que se multiplicaban los estallidos sociales.

A su vez, esta política global de ajustes y flexibilización laboral, disfrazada de recesión, comenzó a golpear las economías de otros continentes. Para 2010 en China, gigante de la economía mundial, se intensificó una oleada de huelgas en las fábricas más populosas del mundo –Honda, Foxconn, Toyota y Yu Yuan entre otras-, en donde se llegó a paralizar la producción de cientos de miles de trabajadores/as de un momento a otro. Los trabajadores de otros países del sudeste asiático también siguieron el mismo camino, como fueron los casos de Corea del Sur, Indonesia y Vietnam, entre otros. Asimismo, recordemos que para estos años la “primavera árabe” iría a recoger entre sus reivindicaciones un rechazo de parte de los trabajadores a asumir los costos de la recesión mundial. También, en algunas regiones de África, un continente netamente extractivista, los ajustes patronales por la crisis generaron importantes huelgas del sector minero. Algunas de las más notorias han sido las huelgas de los trabajadores del uranio en Niger, del cobre en Zambia, del oro en Mauritania y del Platino en Sudáfrica entre otras. La respuesta que encontraron estos sectores oprimidos ha sido en algunos casos la represión, tal como sucediera en 2012 en Lonmin (Sudáfrica) donde el Estado directamente asesinó a 34 trabajadores.

A la hora de pensar porquéeste período de la etapa ha estado signado entre otras cosas por una crisis alimentaria crónica y un desenfrenado saqueo de recursos naturales y energéticos de parte de las principales potencias del planeta, debemos detenernos además a analizar distintos agravantes que respondieron a estas nuevas estrategias de control y dominio global de parte de los sectores dominantes. Un ejemplo de ello representa elactual sistema de patentamiento y la relación de este con el proceso extractivista. Desde un principio podemos decir que el desarrollo de la ingeniería genética y la biotecnología se habían puesto en función de los intereses trasnacionales allá por las últimas décadas del siglo XX. Esto fue acompañado en el transcurrir de los primeros años del siglo XXIpor un diagrama de legislaciones que lespermitiríaa las principales trasnacionales poseer la propiedad intelectual sobre diferentes formas de vida y derivados de ella.Además podemos ver como este proceso de enajenación de la biodiversidad vino siendo acompañado por el beneplácito de las élites y gobiernos locales en función del esquema de dependencia global.

Las primeras consecuencias de esto hicieron impacto en gran parte de los sectores agropecuarios, quienes tuvieron que pagar cada vez más regalías por las semillas patentadas al tiempo que se les fue impidiendo por ejemplo “guardar una sola semilla de su cosecha para sembrarla en la zafra siguiente, como se hace en la agricultura tradicional”. Otra metodología para legislar y legalizar el saqueo ha tenido que ver con la“exploración” de la biodiversidad que realizan estas empresas, quienes mandan a “científicos” a la búsqueda de conocimientos propios de las comunidades autóctonas -muchas veces ancestrales- sobre animales y plantas para luego patentarlos como propios. Este proceso avalado por la normativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC),permitió a gigantes trasnacionales como la British, Exxon, Shell, Monsanto, Cargill, Nidera, Pfizer, Gilead,Glaxo, AstraZéneca, Bayer, DuPont y Phillips entre otras, acceder a la propiedad de las patentes de diversas plantas, microorganismos, animales, procesos biológicos universales o segmentos genéticos procedentes de seres humanos.

La industria farmacéutica mundial tampoco ha escapado a estas nuevas lógicas de expoliación y empobrecimiento de los sectores oprimidos del planeta, con el agravante de haber atentado contra el bienestar, la salud y la vida de los mismos. Estas empresas capitalistas que se han dedicado históricamente a imponer el consumo de medicamentos inservibles y hasta nocivos para la vida, han llegado a lo largo del siglo XX a establecer legislaciones locales e internacionales en función de generar mayor demanda en el mercado. Lejos de un interés por estudiar las enfermedades que vienen matando a las poblaciones más pobres del planeta, estos monopolios farmacéuticos vienen controlando “…no sólo la investigación, sino también la docencia médica… [generando] un sistema sanitario basado en la enfermedad en lugar de la salud, que cronifica las enfermedades y mantiene a los ciudadanos dependientes de este sistema.”

Así en los últimos años pudimos ver cómo se han ido generado globalmente operaciones mediáticas en torno a una enfermedad real (Gripe Aviar en 2005, Gripe A en 2009 y el Ebola en 2014). Inmediatamente esto desembocóen un clima generalizado de pánico y preocupación de toda la población.Como último acto, y luego de la muerte de personas, aparecen las trasnacionales farmacéuticas para “salvaguardar la supervivencia” ofreciendo grandes producciones de medicamentos a todos los gobiernos para frenar una psicosis generalizada capaz de generar costos políticos locales. Algunas de las trasnacionales que vienen impulsando este sistema de extorsión de la salud son la británica GlaxoSmithKline, la suiza Novartis las norteamericanas TAP Pharmaceuticals y Abbott y la alemana Bayer.

Cambios en la política exterior norteamericana

Como adelantamos ya en parte, a nivel global se comienza a evidenciar por un lado una desconfianza hacia la economía estadounidense, reflejada más que nada en la pérdida de influencia en regiones donde antes poseía dominio comercial: Medio Oriente, África y Latinoamérica. Por otro lado, las resentidas relaciones diplomáticas -producto de una política exterior signada por el espionaje a gran escala-, sumado a una tensión geopolítica con Rusia por la crisis en Ucrania y el conflicto sirio, evidenciarán una necesidad de replanteamiento en la política exterior norteamericana.

Este cambio de visión del imperio se ha manifestado en la reciente política de acercamiento con regímenes antes distantes como Irán, pero sobre todo en el marco de las reuniones bilaterales encaradas con el gobierno Cubano para estrechar posiciones entre Estados -las negociaciones vienen desde 2012 de manera secreta-. Por un lado la “reconciliación” entre EEUU y Cuba tiene aristas positivas en cuanto a la liberación de los presos políticos del régimen de la isla así como también los cubanos presos en las cárceles norteamericanas. También puede devenir en un debilitamiento político -al menos temporal- de sectores dominantes reaccionarios de cubanos residentes en Florida (EEUU) y la posibilidad de suspensión del histórico embargo hacia la isla, medida disciplinar que ha generado situaciones de más empobrecimiento para sus clases oprimidas.

Sin embargo debemos intentar leer el trasfondo que ha hecho que dos modelos de Estado históricamente enfrentados hayan decidido estrechar relaciones. Como punto de partida podemos establecer algunos escenarios probables que conlleva este significativo acontecimiento. Por un lado, la transición que ha estado haciendo durante las últimas décadas el régimen cubano, de un sistema social-estatista a un sistema de libre mercado, expone la necesidad de abrir la economía a inversiones extranjeras. Hasta hoy los capitales chinos, europeos e iraníes son los principales que accedían a la isla, pero la necesidad del proyecto imperialista de ampliar nuevos horizontes económicos hizo que sectores empresariales del turismo y la producción agropecuaria norteamericana se hayan posicionado para un posible desembarco en Cuba.

Para esta liberalización del mercado el gobierno cubano viene llevando una serie de medidas tales como recortes al sector público y disminución de subsidios a los sectores populares, además de los recientes proyectos de modificación del Código Laboral, una nueva Ley de Inversión Extranjera y el establecimiento de zonas francas. De esta manera el Estado cubano ha encarado paulatinamente el desmantelamiento de lo poco que quedaba de las reformas enmarcadas en la revolución del 59´.

En otro orden este acercamiento desde ya no solo no supondría el retiro de la Base Naval de Guantánamo, al este de la isla, sino que la nueva relación diplomática antepondría la razón de Estado, expresada en la cooperación de las fuerzas de seguridad de ambos, por sobre la vieja causa ideológica del socialismo.

El desafío de las fuerzas sociales en Cuba será la de enfrentar las políticas de ajuste, defender las conquistas de la revolución y enfrentar a la clase dominante cubana en la búsqueda de nuevas reivindicaciones de clase en pos de fortalecer el espíritu de lucha de los de abajo.

LATINOAMERICA

Retomando el período anterior podemos ver que la implementación del recetario neoliberal en América Latina significó la acentuación de las desigualdades preexistentes y la emergencia de nuevas brechas políticas, económicas, sociales y culturales. Este proceso, poseedor de su propia dinámica se dio de modo diverso en los diferentes países, en un lapso que va desde fines de los ´70 hasta el cambio de siglo y en correlato con el final de los últimos gobiernos militares y el advenimiento de “democracias tuteladas”. Como hemos visto la acción de los de abajo fue sobre todo defensiva dado que las políticas de ajuste los tenían como principales destinatarios. Pero sobre el fin del período se fueron catalizando algunas características novedosas para el momento, como el rechazo a la representatividad institucional y la búsqueda de mayor democracia directa en manos de las propias organizaciones populares, marcando una nueva estrategia clasista. El Argentinazo en 2001 con el “que se vayan todos”, las guerras del gas y el agua en Bolivia, los levantamientos de los pueblos originarios en Ecuador, entre otros procesos dan cuenta del momento regional.

De la deslegitimación estatal al “socialismo del siglo XXI”

Se puede decir, entonces, que en gran parte del continente empezó a impactar un proceso de deslegitimación de las instituciones estatales, una profundización de la crisis de gobernabilidad, una descomposición de la democracia representativa y del bipartidismo y un agotamiento de la aplicación de recetas económicas de ajuste y privatizaciones. El nuevo escenario regional se encuentra así marcado por la circulación de discursos anti-neoliberales e incluso anti-institucionales. Sin embargo, reconocer la crisis del consenso neoliberal no significó la entrada a una etapa posterior al mismo o que se haya instalado una nueva agenda, pese a la retórica de los proyectos del “Socialismo del siglo XXI”. El objetivo del momento es reconstruir la gobernabilidad, mejorando la legitimidad institucional y logrando así profundizar el modelo neoliberal pero en su fase extractivo-exportador. Así la función de los Estados latinoamericanos ya no es meramente la de ajustar y privatizar sino su rol fundamental es la de flexibilizar las condiciones de explotación desmedida de los suelos, extracción y expoliación lasciva de cuanto recurso energético y mineral exista en Latinoamérica, garantizando los bajos costos y la eficiencia en el traslado.

En este marco, el objetivo de los gobiernos de la región fue apaciguar el clima de conflictividad social y buscar la manera de generar consenso en parte de la población en pos de sus intereses y los de su clase. En este sentido el sostenimiento del status quo estuvo signado por el mantenimiento intacto de la brecha entre ricos y pobres en toda la región a lo largo de los años. Así los Estados identificados con el llamado “Socialismo del siglo XXI” levantaron las banderas de la “Soberanía Nacional”, la “Re-industrialización”, el “desarrollismo” y la “soberanía energética”, no siendo más que la representación de un sector de la clase dominante que poco o nada intenta confrontar con el proceso extractivista que se viene llevando adelante en la región. Estos gobiernos y los sectores dominantes a los que representan cuentan con un proyecto político propio, que mediante una retórica nacionalista, izquierdista y antiimperialista, logra reinsertar la figura del caudillo como referencia de gobernabilidad, creando un imaginario de que es posible transformar la sociedad desde arriba hacia abajo. Estos proyectos políticos intentaron dar respuesta a la demanda de mayor participación popular de los años anteriores. Fueron generando espacios de participación controlados desde arriba que luego fueron institucionalizándose en función de los intereses de la clase política o en su mayoría desapareciendo. Así surgieron por ejemplo las instancias del armado de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, los Concejos Consultivos de la Ley de Medios en Argentina, los concejos Comunales en Venezuela o los Presupuestos Participativos de Porto Alegre (Brasil) y Montevideo (Uruguay), todas instancias que en definitiva legitimaron en un primer momento a los diferentes gobiernos que lo implementaron.

En el plano social estos gobiernos aplicaron unaserie de políticas públicas cuya ínfima redistribución del ingreso fue enmarcándolasen la continuidad de las políticas focalizadas auspiciadas por organismos internacionales en el período anterior.

El concepto de Socialismo del siglo XXI cobró envergadura al ser utilizado por Hugo Chávez, presidente de Venezuela en 2005 y luego retomado por Evo Morales, presidente de Bolivia, en 2006 y Rafael Correa, presidente de Ecuador, en 2007. Los lineamientos esenciales que le dan unidad ya habían sido esbozados en 2003, en el manifiesto constitutivo de la ULDP (Unión Latinoamericana por la Democracia Participativa). Para pensarlas en una perspectiva global las políticas de los Estados latinoamericanos deben ser analizadas también a la luz de un conjunto de factores internacionales que habían traído efectos favorables para la mayoría de las economías locales. Así estos procesos se inscriben en un momento de “bonanza” económica que hace posible la re-implementación de derechos y reivindicaciones sociales suprimidas en décadas anteriores. Esto tiene que ver con el llamado “boom de las materias primas” donde los países latinoamericanos vieron multiplicados los precios de sus recursos minerales, energéticos y productos agrícolas.

Es importante tener en cuenta que los gobiernos del llamado “Socialismo del siglo XXI”, que inscriben su surgimiento en procesos relativamente importantes de movilización popular y organización de los de abajo, no han buscado fortalecer los niveles de autonomía, organización y participación de la sociedad en la toma de decisiones, como tampoco han desarrollado políticas que alteren estructuralmente las instituciones tradicionales del Estado. En lugar de eso, estos gobiernos se han caracterizado por intentar controlar a través de políticas clientelares a las organizaciones sociales, anulando su anterior capacidad de movilización (identificándolo como factor desestabilizador) y criminalizando la protesta social . Así, muchos de los grandes procesos organizativos que se forjaron al calor de la resistencia al neoliberalismo fueron neutralizados siendo cooptados por los gobiernos, perdiendo su autonomía y convirtiéndose en meras tribunas de las políticas de los de arriba. Además la lógica del Estado ha penetrado en muchas organizaciones, acrecentando la burocratización y la participación de militantes dentro de los staff de gobierno.

De cualquier forma, es importante tener presente que algunas políticas sociales llevadas adelante por estos gobiernos sí han resultado muy beneficiosas para los sectores oprimidos, permitiéndoles, en algunos casos, garantizar sus necesidades básicas durante muchas décadas postergadas. Entendemos que estas son conquistas propias que van más allá de los gobiernos y los proyectos políticos de las clases dominantes, y tienen que ver con banderas históricas que los de abajo venimos levantando. En general la primera década del siglo XXI permitió un proceso de acumulación en la resistencia de los de abajo, que muchas organizaciones supieron aprovechar. En este sentido, las condiciones favorables dadas por la inexistencia de una represión abierta –a diferencia de décadas anteriores donde se sucedieron dictaduras militares de diferente envergadura- sumado a las respuestas favorables en torno a reivindicaciones de los de abajo, generaron las condiciones propicias para la acumulación de experiencias de lucha y organización de nuestra clase.

También es importante aclarar que en países como Bolivia, Ecuador, Venezuela y quizás Nicaragua, con todas sus complejidades, los avances en la definición de una agenda pos neoliberal son mucho mayores que en otros, en los cuales los moldes de dominación están muchos más presentes o señalan mayores continuidades, pese a la retórica anti-neoliberal que predomina. Los casos más representativos de lo anterior son Chile, Colombia y México donde prevaleció sin titubeos la posición de mantener esas políticas de ajuste y sostener el control social principalmente a través de represión y militarización abierta. Los casos de Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina y Brasil (estos dos últimos que analizaremos más abajo) tienen también peculiaridades que les son propias. En Uruguay el gobierno del Frente Amplio, que viene a romper la tradicional disputa entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, representa a una coalición de izquierda, dirigida por ex-militantes guerrilleros de los años ’70, pero que sin embargo ha construido un proyecto político enmarcado en el sistema institucional vigente y mucho peor, se convierte en garante de la impunidad de los represores de la última dictadura (1973 – 1985) manteniendo vigente la Ley de Caducidad. Por su parte en el caso paraguayo, a pesar de las intenciones ligadas al Socialismo del siglo XXI enunciadas durante el gobierno de Lugo (2008-2012), una pugna dentro de los mismos sectores dominantes atentó contra su gobierno,el que fue rápidamente obligado a declinar. Actualmente el país se encuentra gobernado por el tradicional Partido Colorado, representante entre otros de los sectores más reaccionarios de Paraguay, con el narco-presidente Horacio Cartes a la cabeza, cumpliendo a rajatabla todos los mandatos del proyecto imperialista estadounidense cuya injerencia en los estratos de poder local es más que notoria. Por último el caso Peruano, donde el post-fujimorismo si bien adoptó señales de ruptura y puntualmente Ollanta Humala (2011-) ha tomado retóricas propias del Socialismo del siglo XXI, en última instancia el camino político y económico se encuentra alineado con el eje andino de Chile - Colombia en consonancia con la hegemonía regional estadounidense.

Los límites del anti-imperialismo de los de arriba

Si bien hubo una serie de medidas y posiciones anti-imperialistasacompañada de una fuerte retórica anti-norteamericana departe de varios gobiernos latinoamericanos, la presencia de EEUU en la región marca una continuidad en el período, expresada de diferentes maneras en todo el territorio. Por un lado, continúa la política militarista: implantando bases militares camufladas de asistencia social y gestiones de paz, fronteras militarizadas, ejercicios militares conjuntos, adiestramiento de militares y policías de fuerzas de seguridad y ejército en la región y avance en leyes anti-terroristas, promulgadas o reforzadas bajo presión de EEUU. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos tuvo un rol fundamental en el golpe de estado de Honduras en 2009, como salió a aclarar hace poco la exsecretaria de estado Hillary Clinton. En ese momento, un comando de militares desalojó al presidente constitucional Zelaya de su vivienda y lo secuestró y trasladó a Costa Rica. El gobierno estadounidense actuó impidiendo que Zelaya retornara a Honduras más allá de que el discurso por entonces de los organismos internacionales de intervención estadounidense como la OEA, el BID y el Banco Mundial condenara públicamente el golpe. Fruto de ese gobierno de facto se decretó el estado de sitio, se suspendieron las garantías democráticas constitucionales y se registraron víctimas fatales en movilizaciones populares. Vale mencionar la situación particular de México, vecino inmediato de EEUU, que arrastra desde el siglo pasado una dependencia de la economía, la tecnología, la ideología, el modo de vida estadounidense que lo termina constituyendo en su “patio trasero” donde deposita sus “sobrantes y desechos”. La influencia del proyecto imperialista genera un condicionamiento en las decisiones comerciales, las inversiones y los proyectos de explotación de recursos naturales llevados adelante en México, así como también condicionael devenir de cada uno de los gobiernos y las políticas de los grupos empresariales. Por último, otra metodología empleada militarmente por los Estados Unidos se escenificó luego del terremoto que en 2010 sacudió la isla de Haití, dejando a Puerto Príncipe casi totalmente destruido. A raíz de esto EEUU desplegó un operativo de guerra y se ocupó mucho más de controlar que de apoyar, se hizo cargo de las comunicaciones controlando el aeropuerto y los movimientos costeros. De esta manera, a partir de una catástrofe natural, EEUU dio una muestra clara de su capacidad de reacción inmediata posibilitándole ubicarse en un punto central del Caribe con un número colosal de militares a sus órdenes.

Paralelamente a las propuestas económicas norteamericanas (TLC, ALCA) y al rol de integración política identificado con la OEA, los gobiernos de doce países sudamericanos decidieron construir en 2008 la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), correlato político-jurídico del sistema de dominio regional. En esta instancia se logró la convivencia plena y armoniosa de los llamados gobiernos de “izquierda” (con retorica más anti-neoliberal) y los modelos conservadores de los países adherentes al TLC. La finalidad última de este conglomerado de Estados fue siempre el mantenimiento del status quo y una eventual neutralización del enfrentamiento de clases en la región y además generar un terreno común para los proyectos extractivitas garantizando los beneficios para las clases dominantes y neutralizar las resistencias. Entonces dentro de sus intereses principales se encuentran por un lado los de orden político-económico con orientación extractivista, es decir en la integración mediante mejora en las comunicaciones, que favorezcan la mejor circulación de bienes comunes –gasoductos, anillo energético, poliductos-, representado en el plan IIRSA, y los de orden de seguridad (cooperación militar y defensa regional, métodos comunes para la lucha contra el narcotráfico, etc.).

El plan IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) es un megaproyecto continental que ya lleva casi 15 años de implementación sigilosa. Dirigido por el gobierno estadounidense, fue impulsado para fomentar y organizar la inversión en infraestructura y logística con el fin de interconectar la región sudamericana al comercio internacional controlado por las principales multinacionales del planeta.

La creciente relación de Latinoamérica con China y Rusia

De forma paralela a lo anterior, es interesante mencionar la importancia creciente a nivel económico e incluso político de los vínculos de la región con los gobiernos (y sectores empresariales) chino, ruso e indio principalmente. Los negocios del capitalismo chino en la región crecen a pasos acelerados, vinculándose de forma importante con las economías brasileña, argentina, venezolana, entre otras. Esto se efectiviza tanto mediante acuerdos comerciales como a través de la inversión directa de empresas chinas en diferentes áreas de su interés, principalmente petroleras, mineras y agrícolas. Muestra de esto es que en el año 2014 el volumen de comercio de China con Brasil, Chile y Perú superó al de Estados Unidos . Por su parte la ampliación de la presencia de Rusia estuvo favorecida por la búsqueda de algunos países de un relacionamiento económico por fuera del éjido estadounidense, esto es claro en el caso de Venezuela, pero también Argentina y Brasil han ampliado su “cooperación” con Rusia. Entre 2004 y 2012 el comercio entre América Latina y Moscú triplicó su valor. Sumado a lo anterior también hubo un acercamiento en el ámbito militar, a partir del envió continuo de armamento ruso a la región, principalmente a Venezuela.

Por otro lado es necesario hacer mención a la presencia de compañías transnacionales que se hacen presentes, en las últimas décadas, en nuestra región destruyendo el medio ambiente, desplazando a habitantes autóctonos y poniendo en riesgo los derechos humanos de las poblaciones en su afán de obtener grandes dividendos de los suelos. El Banco Mundial ha sido uno de los mayores propulsores de las incursiones de compañías extranjeras en Latinoamérica y de 1994 a 2004, mediante la Corporación Financiera Internacional (CFI) otorgó 900 millones de dólares para proyectos empresariales en Bolivia, Brasil, Chile, México y Perú. Algunas de las transnacionales beneficiadas han sido la Anglo American, BHP- Billiton, Barrick Gold, Chevron, Texaco, Mitsubishi, Mitsui, Newmont, Pan American Silver y Rio Tinto .

Párrafo aparte merece el proceso brasilero. Brasil se ha convertido en la sexta economía del mundo desentonando con una heterogénea Latinoamérica. Además de un Estado agroexportador, el país es parte de un proceso de industrialización que ya acumula varias décadas. Desde 2003 el país es gobernado por una coalición política de “izquierda”: El PT (partido de los trabajadores) de donde provienen Lula Da Silva y Dilma Ruseff surge en 1980 como confluencia de grupos sindicales de la CUT (Central Única de los Trabajadores), campesinos vinculados al MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra), organizaciones religiosas y agrupaciones de izquierda y del ámbito universitario. Actualmente Brasil se presenta como una potencia mundial de segundo orden en lo económico y su política exterior se orienta hacia Latinoamérica (MERCOSUR-UNASUR), con el continente africano y hacia el continente Asiático integrando un acuerdo con Rusia, India y China, al que luego se sumó Sudáfrica, los llamados BRICS. Así mismo, dentro de la región, y particularmente con sus países limítrofes, Brasil fue generando un sub sistema hegemónico en la política económica, dando como resultado una relativa dependencia de las otras economías regionales para con esta potencia emergente.

Podemos identificar algunas características particulares de estos procesos latinoamericanos más propios de los últimos años. No hablamos de un viraje en las políticas de gobiernos sino un correlato menos disimulado con los proyectos políticos que los sectores dominantes vienen construyendo en las últimas décadas. Así, como veremos más adelante, el gobierno Kirchnerista en Argentina opaca su retórica de derechos humanos aumentando la represión a la protesta social, avalando el desalojo de comunidades originarias en pos de los intereses económicos e incorporando abiertamente al grupo gobernante a un genocida de la última dictadura. Siendo el caso más resonante el de Venezuela donde en la primera etapa del gobierno Bolivariano no solo se reprimían las huelgas de la Mitsubishi sino que en nombre de la “razón de Estado”, Chávez le entregaba extraditados al gobierno reaccionario de Colombia a militantes guerrilleros de las FARC y el ELN. En este sentido el caudillo lejos de posicionarse del lado de los sectores en lucha, llevó adelante una afrentaa la trayectoria de resistencia del pueblo colombiano a las sucesivas narco-dictaduras pro-imperialistas que se continúan hasta el día de hoy.Recientemente tras la muerte del “Comandante”, la crisis económica y social avanzóaceleradamente y el gobierno de Nicolás Maduro es duramente cuestionado por amplias movilizaciones que van desde planteos reaccionarios de grupos vinculados a los sectores poderosos a denuncias de algunos sectores populares por la violación a los derechos humanos, la falta de libertad de expresión, la creciente inflación y el desabastecimiento. Sólo por mencionar otro ejemplo podemos ver que pocos días antes de jurar su tercer mandato presidencial Evo Morales presidente de Bolivia ordenó que tres dirigentes cocaleros de la Federación Única de Centrales Unidas (FUCU) con sede en Shinahota, fueron detenidos, acusados entre otros cargos de atentar contra la integridad del Jefe de Estado. Los imputados además enfrentan acusaciones por instigación pública a delinquir, organización criminal y asociación delictuosa; los productores de coca aseguran que se trata de un “juicio político” por parte del mismo Evo que surgió de la lucha y resistencia cocalera. Y no hay que olvidar que estos se suman a los centenares de procesados y detenidos entre los pueblos originarios por defender el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional IsiboroSécure).

Aumento paulatino de la conflictividad social

En cuanto a las resistencias de este período hay procesos muy diversos. En México, pero estableciéndose como una importante referencia hacia América Latina y el mundo, debemos referirnos a la vigencia de más de 20 años de levantamiento zapatista en el estado de Chiapas. Los Municipios Autónomos Zapatistas representan en la actualidad un sistema organizativo federalista en donde sus comunidades desarrollan estructuras administrativas democráticas para la vida social en la región, teniendo en cuenta la propia relación entre las comunidades, la relación de estas con el EZLN y la relación de estas con el mundo exterior. El proceso zapatista viene dando muestras claras de ser un proyecto genuino de transición hacia una sociedad libertaria, como se observa ya en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en 2005 donde el EZLN como ejército admite no deber seguir siendo portavoz de los Municipios Autónomos ya que “…su parte político-militar se estaba metiendo en las decisiones que le tocaban a las autoridades democráticas”. En la comunidad zapatista con el correr de los años se ha instaurado la lógica de la responsabilidad colectiva para cubrir las necesidades colectivas, generando un sistema propio de salud y educación basado en el respeto y la igualdad social. La resistencia frente a los embates del gobierno provincial de Chiapas y el estado nacional mexicano viene siendo sin dudas un ejemplo de lucha revolucionaria y coherencia ideológica con el paso del tiempo. Si bien el acceso en profundidad al entramado social de las comunidades zapatistas es complicado naturalmente por encontrarse estas últimas en plena resistencia armada, el proceso zapatista se ha dado una política de propaganda y difusión de grandes proporciones lo que ha llevado a referenciar la firmeza y perseverancia de sus luchas y la búsqueda constante de nuevas formas de organización anti-jerárquicas, marcando sin dudas una referencia actual de construcción de poder popular. Esto último, se contrapone a proyectos de otras corrientes ideológicas que siguen postulando el acceso a las instituciones de poder dominante -ahora por la vía electoral- para luego establecer un esquema paulatino de humanización del capitalismo.
Extracto de la Declaración del Subcomandante Insurgente Moisés. “SOBRE LAS ELECCIONES: ORGANIZARSE”
Abril del 2015.

A l@s compas de la Sexta:
A l@s que están leyendo porque les interesa aunque no sean de la Sexta:

En estos días, como de por sí cada que hay esa cosa que llaman “proceso electoral”, escuchamos y miramos que salen con que el EZLN llama a la abstención, o sea que el EZLN dice que no hay que votar. Eso y otras tonterías dicen, que de balde tienen cabeza grande, que ni estudian siquiera la historia, ni siquiera buscan. Y eso que hasta hacen libros de historia y biografías y cobran por esos libros. O sea que cobran por decir mentiras. Como los políticos.
Claro que ustedes lo saben que a nosotr@s ni nos interesan esas cosas que hacen los de arriba para tratar de convencer a la gente de abajo de que la toman en cuenta.
Como zapatistas que somos no llamamos a no votar ni tampoco a votar. Como zapatistas que somos lo que hacemos, cada que se puede, es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita.
….
Entonces viene el hermano partidista todo triste y nos pregunta que qué hace, que está cabrón.
Bueno, pues sépanlo lo que le respondemos:
No le decimos que se cambie de partido por otro que ahora sí es el menos peor.
No le decimos que vote.
Tampoco le decimos que no vote.
No le decimos que se entre en zapatista, porque bien lo sabemos, por nuestra historia, que no cualquiera tiene la fuerza de corazón para ser zapatista.
No lo burlamos.
Simple y sencillamente le decimos que se organice.
….
Y pues lo que hacen los de arriba es engañar a la gente. Eso es su trabajo, de eso viven.
Y pues lo vemos que de por sí hay gente que lo cree, que sí, que ahora va a estar mejor la situación, que este dirigente sí lo va a resolver el problema, que sí se va a portar bien, que no va a robar mucho, sólo un poco va a transar, que hay que probar.
Entonces nosotros decimos que son pedazos de pequeñas historias que tienen que pasar. Que mismo en su ojo se tienen que dar cuenta de que no es que alguien va a resolver el problema, sino que lo tenemos que resolver nosotros mismos, mismas, como colectivos organizados.
Las soluciones las hace el pueblo, no los líderes, no los partidistas.
Y no es que lo estamos diciendo porque se escucha bonito. Es porque ya lo vimos en la realidad, es porque ya lo hacemos.

Nosotr@s zapatistas decimos que no se le debe tener miedo a que el pueblo manda. Es lo más sano y juicioso. Porque el pueblo mismo va a hacer los cambios que verdaderamente necesita. Y sólo así va a existir un nuevo sistema de gobernar.
No es que no entendemos qué es lo quiere decir elegir o elección. Nosotras, nosotros los zapatistas, tenemos otro calendario y geografía de cómo hacer elecciones en territorio rebelde, con resistencia.
Ya lo tenemos lo nuestro como pueblos que en verdad eligen, y no hay millonadas que se gastan y mucho menos toneladas de basura de plásticos, de lonas de sus fotografías de rateros y criminales.
Cierto que apenas llevamos 20 años que estamos caminando con elegir nuestras autoridades autónomas, con democracia verdadera. Con eso hemos caminado, con la Libertad que conquistamos y con la otra Justicia del pueblo organizado. Donde se involucran los miles de mujeres y de hombres para elegir. Donde todas y todos quedan de acuerdo y se organizan para su vigilancia que cumplan su mandato de los pueblos. Donde los pueblos se organizan para ver cuál va ser sus trabajos de los autoridades.
O sea cómo manda el pueblo a su gobierno.
Los pueblos se organizan en asambleas, donde empiezan a opinar y de ahí empiezan a salir las propuestas y las estudian las propuestas, sus ventajas y desventajas, y las analizan cuál es las mejor. Y antes de decidir las llevan a todos los pueblos para su aprobación y vuelta la asamblea para la toma de decisión según la mayoría de la decisión de los pueblos.
Ésta es ya la vida zapatista en los pueblos. Ya es una cultura de verdad.
¿Les parece que es muy lento? Por eso decimos que es según nuestro calendario.
¿Les parece que es porque somos pueblos originarios? Por eso decimos que es según nuestra geografía.
Cierto que hemos tenido muchos errores, muchas fallas. Cierto que tendremos más.
Pero son nuestras fallas.
Nosotr@s las cometemos. Nosotr@s las pagamos.
No como en los partidistas que los dirigentes hacen la falla y además cobran, y los de abajo son los que la pagan.
Por eso de lo que viene de elecciones en el mes de junio, ni nos va, ni nos viene.
Ni llamamos a votar, ni llamamos a no votar. No nos interesa.
Es más, ni nos preocupa.
A nosotras, nosotros, zapatistas, lo que nos interesa es conocer más de cómo resistimos y enfrentamos las muchas cabezas del sistema capitalista que nos explota, nos reprime, nos desprecia y nos roba.
Porque no es sólo por un lado y de una forma que el capitalismo oprime. Oprime si mujer. Oprime si empleado. Oprime si obrero. Oprime si campesino. Oprime si joven. Oprime si niña o niño. Oprime si maestro. Oprime si estudiante. Oprime si artista. Oprime si piensas. Oprime si eres humano, o planta, o agua, o tierra, o aire, o animal.
No importa qué tanto lo perfumen y laven, el sistema capitalista “chorrea sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies” (ahí lo vean quién lo escribió así y dónde).

En resumen: como dijimos antes, como decimos ahora: votes o no votes, organízate.
Y pues nosotras, nosotros, zapatistas, pensamos que hay que tener buen pensamiento para organizarnos. O sea que se necesita la teoría, el pensamiento crítico.
Con el pensamiento crítico lo analizamos sus modos del enemigo, de quien nos oprime, nos explota, nos reprime, nos desprecia, nos roba.
Pero también con el pensamiento crítico vamos viendo cómo es nuestro camino, cómo son nuestros pasos.
Por eso estamos llamando a toda la Sexta para que hagan reuniones de pensamiento, de análisis, de teoría, de cómo ven su mundo, su lucha, su historia.
Los llamamos a que hagan sus propios semilleros y nos compartan lo que ahí siembren.

Nosotr@s como zapatistas vamos a seguir como ya estamos gobernándonos con el pueblo manda y gobierno obedece.
Como dicen las y los compañeros zapatistas: Hay lum tujbil vitil ayotik. Quiere decir: está muy bonito como estamos.
Otra: Nunca ya kikitaybajtic bitilon zapatista. Quiere decir: nunca nos dejaremos de ser zapatista.
Una más: Jatoj kalal yax chamon te yax voon sok viil zapatista. Quiere decir: Hasta que me muera pero aun llevo mi nombre de ser zapatista.

Desde las montañas del sureste mexicano.
A nombre de todo el EZLN, de los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Subcomandante Insurgente Moisés.
México, Abril-Mayo del 2015.
Por otro lado, podemos mencionar una ola de resistencias y conflictividad social de las clases oprimidas de Latinoamérica relacionada estrechamente con luchas abiertas por el territorio, en el marco de los proyectos extractivo-exportadores, expresado en la movilización y organización de la población afectada directamente por el saqueo de recursos y sus consecuencias ambientales. Este es el caso de los ambientalistas en Argentina (Esquel, Gualeguaychu, Famatina, Tinogasta, entre otras), los espacios multisectoriales de Uruguay, los campesinos sin tierra paraguayos y brasileros que enfrentan al latifundio sojero, los pueblos originarios del TIPNIS boliviano, los del Parque Yasuní-ITT ecuatoriano, los de la reserva Vaca Muerta en Argentina, entre otros .

Otra experiencia de movilización ligada al proceso extractivista fue la que se dio en 2012 en Panamá, cuando una multitud se movilizó en rechazo a una ley que autorizaba la venta de tierras en la principal zona franca de Latinoamérica, asentada en esa región. Finalmente el gobierno de Martinelli derogó la ley no sin antes provocar la muerte de 4 manifestantes y dejar un tendal de heridos. Por su parte en Colombia, en el año 2013, los campesinos comienzan un paro agrario nacional, que cuenta con la participación de organizaciones campesinas, los mineros artesanales, los transportadores, los trabajadores de la salud y educación, los estudiantes, entre otros. El paro era en repudio a la prohibición del gobierno colombiano del uso de semillas nacionales, para potenciar la compra de semillas extranjeras vendidas por los Estados Unidos, esta restricción correspondía a un acuerdo de Libre Comercio con ese país.

Afectados también por la re-primarización de la economía y la recesión mundial se encuentra la resistencia de los sectores de trabajadores de América Latina, donde una oleada de ajustes, flexibilización laboral, mayor informalidad del empleo, suspensiones y despidos generaron por ejemplo la resistencia del sector público en Argentina y Perú, entre otros, y del sector industrial particularmente en el caso de Brasil, Argentina y Venezuela en menor medida.

Un caso paradigmático de lo anterior ocurrió en mayo de 2006 cuando estallaron en Oaxaca (México), protestas generalizadas iniciadas porque el sindicato de la educación convocó a una huelga en apoyo a las negociaciones anuales sobre salarios y condiciones laborales. Cuando el gobierno comenzó a presionar a los docentes para que vuelvan a sus puestos, la tensión aumentó desembocando en un recrudecimiento de las protestas y una creciente represión policial y detención arbitraria de referentes sindicales. A raíz de esto se conformó una heterogénea coalición de apoyo a los trabajadores de la educación, compuesta por docentes, organizaciones políticas, organizaciones sociales y estudiantes que recibió el nombre de Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En otras regiones del continente se han desarrollado una serie de procesos de resistencia anti-sistémicos, no necesariamente ligados al proceso extractivista, pero sí con el avance de los Estados latinoamericanos contra las clases populares, algunos ejemplos son:

La lucha de estudiantes chilenos tanto secundarios como universitarios que desde 2007 son protagonistas de masivas movilizaciones en repudio del sistema educativo chileno. Éste fue creado durante la dictadura pinochetista siendo el capital privado central y aquellos que logran acceder a una educación superior cargan con importantísimas deudas. En la actualidad el problema de la educación chilena se encuentra en debate, y si finalmente el resultado es una reforma educativa que incluya a los de abajo y se aleje de la lógica empresarial, será gracias a estas grandes movilizaciones y no al beneplácito del establishment chileno.

Más recientemente, desde el año 2013 y hasta la actualidad Brasil fue el escenario de masivas protestas en el marco de la Copa de las Confederaciones, el Mundial de Futbol y la previa a las Olimpiadas de Río de Janeiro. En un primer momento las protestas aumentaron en las grandes ciudades de Brasil donde el reclamo fue el desmedido incremento en el costo del transporte público y luego de intensas movilizaciones dejaron como saldo la baja del precio del transporte al vigente anteriormente. La consecuencia a un plazo más largo fue que el Estado brasileño se preocupe por garantizar la “tranquilidad” durante el periodo de la Copa. Lo que, en la práctica, se expresó en mecanismos jurídicos contra los derechos civiles y las libertades democráticas, en la intensificación de la represión y la criminalización de la protesta y la pobreza, en el aumento de los efectivos policiales y militares en los centros urbanos y en sus periferias y favelas, así como en los gastos en tecnologías represivas. Sumado a lo anterior también se registró un aumento de la persecución política a militantes sociales y organizaciones políticas, como es el caso de la FAG (Federación Anarquista Gaucha) del Estado de Río Grande do Sul.

Vale mencionar también la reciente desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (estado de Guerrero), el pasado mes de Septiembre de 2014, dejando al desnudo la colaboración del Estado mexicano con las redes de narcotráfico. Como consecuencia del hecho se realizó una campaña internacional y se sucedieron marchas multitudinarias en las principales ciudades de México, convocadas por una multiplicidad de sectores y organizaciones.

En numerosos episodios de resistencias masivas que mencionamos podemos destacar quizás que, casos como el de Guerrero en 2014, así como también las protestas de Brasil que se vienen sucediendo desde 2013, no son ni fueron expresiones puras de un enfrentamiento de clases aunque sí expresen de alguna forma un hastíode los de abajo frente a la impunidad de una clase política cada vez más desgastada.

Como hemos comentado anteriormente, la situación de exclusión y pobreza en Latinoamérica no ha variado en tanto se ha mantenido la brecha entre ricos y pobres, incluso durante la permanencia de los gobiernos “redistributivos”. Esta situación de precariedad crónica derivó en algunos lugares en fragmentación y disputas entre los sectores populares, aprovechadas por agentes de la clase dominante ligados al narcotráfico, la trata de personas o la delincuencia. Este escenario complejo determinó un aumento en la violencia social a todos los niveles. En algunos lugares como Centroamérica, principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, proliferaron pandillas o “maras” dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado bajo el reclutamiento de jóvenes en condiciones de marginalidad. En Colombia, México, Brasil y en menor medida Perú, podemos ver cómo cárteles del narcotráfico, paramilitares y grupos de autodefensa reaccionarios administran y controlan barrios, localidades y hasta regiones extensas. Argentina en los últimos años viene siendo teatro de operaciones de diferentes cárteles para la tercerización de la producción de drogas y el tránsito y distribución hacia el resto del mundo a través de sus puertos. Debemos agregar con respecto a la estructuraeconómica, jurídica y política para el despliegue en la región del narcotráfico y otras actividades que atacan el entramado social de los de abajo, se ha hecho cada vez más evidente la cooperación de la clase política, la corporación judicial, empresarios, policías, militares y demás instituciones represivas.

ARGENTINA

Como ya habíamos desarrollado más atrás el cambio de siglo encontró una Argentina fuertemente azotada por las políticas de endeudamiento y ajuste neoliberal aplicadas durante la década del ‘90. Si bien el impacto de dichas políticas se hizo notorio a lo largo de la implementación del ajuste, la crisis económica, social y política decantó en el estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001. A partir de ese quiebre institucional marcado por la efervescencia social, la clase política local llevó a cabo un proceso de relegitimación hacia las instituciones del Estado. Además la clase dominante en concordancia con los intereses del poder económico trasnacional, comenzó un período de reconfiguración de la matriz productiva local hacia los requerimientos de la división internacional del trabajo. En este sentido Argentina pasó de un proceso de des-industrialización y preeminencia del capital financiero a un nuevo proceso de re-primarización de la economía en el marco de un proyecto político de retóricas nacionalistas y de justicia social. Estos cambios no revistieron una transformación profunda en el esquema de concentración de poder económico en la región, ni desaceleraron la política de endeudamiento externo de una economía dependiente, sino que pusieron en evidencia la profundización del saqueo de los recursos energéticos y bienes comunesen el marco de una continuidad en el proceso de precarización de la vida de los sectores oprimidos.

Camino al 2001 y al “que se vayan todos”

Como punto de partida podemos ver que durante el corto mandato de la “Alianza” (1999-2001) hubo una continuidad en la política de ajuste y endeudamiento. Los casos de corrupción en torno a la sanción de leyes de flexibilidad laboral, fueron síntoma de un escenario de crisis institucional, hambre y desempleo.

Medidas económicas como el mega-canje, el corralito y la emisión de bonos de emergencia (monedas paralelas al peso argentino como ser patacón, lecop, federal, etc.), fueron impulsadas desde los sectores gobernantes para proteger a los capitales financieros -que estaban fugando sistemáticamente depósitos del país ya hacía tiempo- especulando así con una salida de la convertibilidad. Esto generó un descontento generalizado en diversos sectores sociales donde se encontraban por un lado, sectores medios trabajadores y jubiladosque se vieron imposibilitados de disponer de sus ahorros, y por otro lado, sectores populares ligados a la economía informal que no alcanzaban a satisfacer sus necesidades básicas. Además existía una sensación de hastío con el sistema democrático representativo que hacía años estimulaba el bipartidismo y la impunidad de la clase política. Una gran demostración del descontento popular se dio allá por octubre de 2001 en las elecciones legislativas donde un alto nivel de abstencionismo, votos blancos y nulos (en total 10.594.668, por arriba de un 40%) arrasaron con los 4.605.169 votos del PJ (Partido Justicialista) y los 3.120.848 de votos de la Alianza.

Además de esto, la situación de descontento y repudio generalizado alcanzó una magnitud tal que se tradujoen “cacerolazos” espontáneos mientras se anunciaban por medios masivos de comunicación más medidas de ajuste y “austeridad”. Se generó también un desgaste de la figura presidencial no solo por la crisis que atravesaba el país sino también por la ridiculización del mismo en los medios masivo de comunicación.

Para ese momento sectores de la clase dominante conspiraban desde los ámbitos de poder para desestabilizar al debilitado gobierno radical que ya no podía garantizar la “paz social”. Operadores políticos provenientes del PJ, servicios de inteligencia, empresarios y periodistas estaban intentando generar una especie de golpe institucional antes de que la situación se fuera de las manos (de los de arriba).

A mediados de diciembre de 2001, sectores excluidos durante décadas, se concentraban frente a los supermercados exigiendo la entrega de mercadería. Se produjeron saqueos en todas las grandes ciudades del país denunciando la situación de hambre y desocupación, a lo cual la clase política respondió ordenando el Estado de Sitio. A pesar de ello y debido al fuerte descontento popular, la gente salió masivamente a las calles a manifestarse en contra de las políticas de gobierno pero con una consigna que claramente ampliaba el repudio a toda la clase política: ¡que se vayan todos!. Esta expresión representaba sin dudas una pérdida de legitimidad de las instituciones estatales.

El 19 y 20 de diciembre se sucedieron protestas en numerosas plazas del país, las cuales fueron duramente reprimidas. En horas de la tarde del 20, los intentos del gobierno por recomponerse y salvarse fallaron y De La Rúa debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero. Durante los días del Argentinazo -además de los muertos a causa de hambre- el accionar represivo (selectivo) del Estado se cobró la vida de 39 personas, entre ellos menores. Fue la mayor represión luego del retorno a la democracia en 1983, y la impunidad de las responsabilidades políticas por esas muertes continuó siendo garantizada por los gobernantes de turno .

La crisis institucional y de legitimidad de la clase política era alta al punto de que llegaron a sucederse cuatro presidentes en tan solo una semana. La demanda del ¡que se vayan todos! fue acompañada por diversos procesos de resistencia tales como la multiplicación de asambleas barriales, las tomas de fábricas y los movimientos de desocupados, que ya venían cobrando un creciente protagonismo desde la década anterior.

Podemos afirmar que estas expresiones de sociabilidad pre-figurativas entre los sectores populares llegaron a ensayar diferentes formas de autogestión, señalando a las asambleas barriales como formas de decidir directamente, a la experiencia piquetera como forma efectiva de acción directa y la toma de algunas fábricas y espacios laborales como forma de trabajo sin patrón. En paralelo se fue consolidando una nueva generación militante, la del 2001, articulada sobre la territorialidad, el activismo asambleario, la demanda de autonomía y mayor democracia directa en los lazos políticos.

Las asambleas barriales, tras las privatizaciones de los años 90 y el descreimiento en la clase política, surgieron como una forma de reapropiación de los espacios públicos y como demanda de participación directa en los asuntos de la comunidad. Por otro lado, el surgimiento del movimiento de desocupados estuvo más ligado a los primeros despidos de trabajadores allá por los años 90 y pasó a consolidarse en el 2001 como un polo aglutinador de sectores excluidos del mercado de trabajo con una fuerte impronta de acción directa atravesada de una lógica territorial. Las fábricas recuperadas constituyeron formas de resistencia al vaciamiento por parte de los empresarios capitalistas –amparados por la clase política-, así como también a los desalojos de fábrica ordenados por las clases dominantes a través de los sectores judiciales. “Ocupar, resistir, producir”, se transformó en la consigna de quienes vieron peligrar sus fuentes de trabajo. De esta manera muchos de los trabajadores se constituyeron en cooperativistas y se hicieron cargo de la producción. Entre estas experiencias autogestivas, cabe destacar el surgimiento de los trueques como forma de intercambio. Los mismos permitían a los sectores más golpeados por la crisis, atender a necesidades básicas –como alimentación y vestimenta- a través del intercambio de bienes sin mediación del dinero, en sus orígenes.

Este auge de movilización social que las clases políticas intentaron neutralizar tuvo uno de sus puntos de inflexión con la Masacre de Avellaneda ocurrida el 26 de junio de 2002 . Este hecho, si bien acarreó una cierta necesidad de repliegue de las organizaciones sociales, por otro lado, también fue un duro golpe para los sectores de poder ya que reveló el entramado de complicidades entre la clase política, las fuerzas de seguridad, el Servicio de Inteligencia y los medios de comunicación. Particularmente el Grupo Clarín se encargó de realizar una operación mediática encubriendo a los responsables de la masacre al no publicar desde un principio las fotos de los asesinos policiales. Si bien los autores materiales de la masacre fueron condenados, los responsables políticos aun gozan de impunidad. Este repliegue de las organizaciones sociales se vio reforzado por una campaña de desprestigio a las mismas acusándolas de clientelismo y estigmatizando principalmente a la figura del piquetero desde los sectores de poder y a través de los medios de comunicación.

Kirchnerismo: salvataje de la gubernamentalidad estatal y profundización del centralismo argentino.

Un sector de peso del peronismopresentó a un candidato poco conocido pero que respondía a los intereses del mismo. De este modo, Duhalde pone todo su aparato político en torno a la figura de Néstor Kirchner. Así ascendió al gobierno el proyecto Kirchnerista: un armado político que –reivindicándose como nuevo- reunió lo más rancio de la política tradicional. Autoproclamada progresista, la gestión encarada por Néstor Kirchner –junto a un círculo de dirigentes del PJ santacruceño y porteño- logró instalarse institucionalmente mediante alianzas con el duhaldismo , los barones del conurbano bonaerense, los gobernadores “feudales” y la burocracia sindical y piquetera entre otras fuerzas. El autodenominado modelo Nacional y Popular –en alusión al viejo peronismo- también se alineó al bloque regional latinoamericano con los llamados Gobiernos “Populares” o del “Socialismo del Siglo XXI”-.

Un primer aspecto a destacar de este último período tiene que ver con la continuidad de ciertos elementos estructurales que han configurado el mapa de poder en Argentina al día de hoy. En este histórico esquema centralista, que determinó que el Estado nacional con sede en Buenos Aires decida y controle los destinos del resto del territorio, el kirchnerismo, lejos de cualquier planteo federal, no hizo más que reforzar esta política de dependencia de los pueblos de las provincias hacia el centro político del país. Este aspecto estructural de la etapa es posible explicarlo en base a dos factores interrelacionados. Por un lado, el kirchnerismo utilizó un esquema heredado principalmente de la gestión anterior, donde los sectores políticos estratégicos para acceder al control institucional del país se encontraban geográficamente en torno a la capital, es decir en los tres cinturones del conurbano bonaerense, principal polo productivo del país. En este sentido un pacto con los poderosos intendentes del conurbano bonaerense –conocidos como “barones”- se traduciría en caudal electoral y estabilidad para gobernar. Esta política fue perfeccionada una década atrás por Duhalde cuando accedió a la gobernación de Buenos Aires siendo vicepresidente de Menem. Duhalde al momento de ser candidato a Gobernador le exigió a Menem recursos -antes destinados a las provincias- en favor del conurbano como forma de retribuir su apoyo a la candidatura tres años antes. A partir de ahí Duhalde tuvo 600 millones de pesos anuales (actualmente es de 4.500) para repartir estratégicamente en el Gran Buenos Aires . Una característica de los “barones” es que gobiernan municipios con gran concentración de pobreza que representan, el 40% de los votos del total del padrón electoral nacional. Estos jefes políticos controlan extensos aparatos clientelares por medio de concejales y punteros, y se encuentran en relación estrecha con el gobierno Nacional y Provincial a través de convenios de obras públicas y la implementación de políticas focalizadas -para mantener a raya la conflictividad social de la pobreza del conurbano-. Vale recordar que en el Gran Buenos Aires habita casi un cuarto de la población del país, cerca de 10 millones de personas , lo que supondría que el control político y social del conurbano es más significativo que el de cualquier provincia por separada .

Sin embargo, una política de alianzas concentrada sólo en los barones del conurbano bonaerense no bastaría para darle continuidad a ningún proyecto hegemónico de la clase dominante. En este sentido el kirchnerismo sostuvo a rajatabla el esquema de dependencia estructural de las provincias hacia el poder central manteniendo el sistema de “coparticipación”. La llamada Ley de Coparticipación Federal de los Impuestos Nacionales -entre la Nación y las Provincias-estipulada en el artículo 75 de la constitución, determina que a través de los impuestos nacionales recaudados, el Estado Nacional debe distribuir equitativamente esos ingresos para garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Obviamente a lo largo de la historia los diferentes gobiernos nacionales -centralizados en Buenos Aires- han ido modificando a conveniencia la porcentualidad de esta redistribución. Desde el menemismo a la actualidad la remesa distribuida entre las provincias se ha mantenido reducida a un 27% de la recaudación nacional, lo que llevó además al sostenimiento de una política de favorecimiento de recursos a aquellos gobernadores afines al proyecto gobernante, y un castigo a aquellos que hicieran alianza con sectores dominantes enfrentados, lo que configura un escenario de dependencia política y económica de las provincias hacia el Estado Nacional.

Otro aspecto de la última década de esta etapa tiene que ver con la articulación de diferentes elementos en pos de la construcción de un relato que diera continuidad política al proyecto gobernante. Con algunos matices, el Kirchnerismo fue utilizando una retórica nacionalista y de “justicia social” al tiempo que fue intentando establecer la imagen de un país soberano, inmerso en un proceso de reindustrialización, de redistribución de las riquezas y de inclusión social. Fue de este modo que la nueva gestión logró captar la adhesión de algunos sectores medios, estudiantes, intelectuales, profesionales, artistas, movimientos sociales y grupos de Derechos Humanos entre otros, ofreciendo espacios institucionales y cargos en el Estado a sus referentes. A partir de esto se fue resquebrajando la unidad de las fuerzas en lucha del post 2001, generando una amplia expectativa social y aplacando el clima de conflictividad de años anteriores.

Derechos humanos y sociales selectivos

Una serie de políticas estatales apuntaron a reconstruir la imagen de la clase “dirigente” y las instituciones del Estado implementando por ejemplo, medidasen materia de derechos humanos. El descabezamiento de la cúpula militar, el inicio de juicios contra represores y actos simbólicos como la transformación de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) en un museo demostraron a las claras una intención de recuperación institucional ante una sociedad durante años descreída. Es importante recalcar por un lado que el inicio de los juicios contra un sector de funcionarios militares del terrorismo de Estado, ya no representabaun peligro real al nivel de un enfrentamiento contra sectores de la clase política en el gobierno, como sucedió durante el gobierno de Alfonsín.Según informes de la agrupación HIJOS de la ciudad de La Plata, el número de genocidas juzgados aún es ínfimo en referencia a la cantidad de Centros Clandestinos de Detención (CCD) y Grupos de Tarea (GT) que circulaban en aquel momento. Se estima que de un total de 40 mil personas implicadas directamente en la ejecución del terrorismo de Estado (se calcula que aún vive un 75% de ese número) solo se han condenado a prisión poco más de 450 represores. De ese número cerca de 50 solamente cumplen prisión efectiva ya que el resto se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria. En dicho informe también se observa una ralentización cada vez mayor en los tiempos de juzgamiento.

A esta situación se le sumó la designación de Milani como jefe del ejército (2013). Cesar Milani, quien participó activamente en la “Unidad de Operaciones Antiterroristas” del Operativo Independencia en la Tucumán de Bussi y Menéndez, se encuentra fuertemente involucrado en los casos por la desaparición del conscripto Ledo y la muerte de tres soldados y un suboficial que formaban parte del Batallón de Ingenieros de Construcciones141 -donde Milani se desempeñaba como subteniente-. Uno de los intereses del kirchnerismo para que éste acusado por delitos de lesa humanidad esté al mando de las Fuerzas Armadas se encuentra en el vasto trabajo de la red de inteligencia del ejército desarrollado por él. Esto refleja la reaparición de la injerencia de las instituciones militares en la vida política de este país.

Esta nueva política de derechos humanos demostró además ser insuficiente ante graves hechos relacionados con testigos en los juicios contra los genocidas: desaparición de Jorge Julio López (2006) ; no esclarecimiento ante las desapariciones temporarias de Luis Gerez (2006), Juan Puthod (2008) y Alfonso Severo (2012); asesinato de la querellante Silvia Suppo (2010) .

Por otro lado, el kirchnerismo continuó garantizando la impunidad en la persecución y criminalización de la pobreza por parte de las fuerzas policiales. La desaparición de Luciano Arruga (2009) fue quizás el caso más notorio de este avance del aparato represivo que logró resonancia nacional debido a la movilización de numerosas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. El último informe de la CORREPI es esclarecedor para analizar la política de derechos humanos del kirchnerismo con respecto a la continuidad del gatillo fácil, la tortura y la desaparición de jóvenes marginados y miembros de comunidades originarias pertenecientes a los sectores sociales más pobres del país. En dicho informe se toma como base las 4278 muertes en estos casi 32 años de democracia. Del total el 63,31% de los casos se produjo bajo los tres gobiernos K.

En el marco de la construcción de un nuevo discurso de “igualdad”, el gobierno kirchnerista sancionó además algunas leyes a favor de la equidad de géneros. Algunas de ellas fueron la del Matrimonio Igualitario (2010), Ley de Identidad de Género (2012), leyes que agravaron la pena para los delitos de violencia de género (2012), la prohibición de la publicación de oferta sexual en medio gráficos (2011) y la implementación efectiva en 2015 de la Ley contra la Trata, entre otras. Sin embargo asistimos a un crecimiento de las estadísticas de mujeres muertas a manos de la violencia machista, por abortos clandestinos y mujeres secuestradas para redes de trata y prostitución. Los gestos de obsecuencia de Cristina con el Papa Francisco, sumado a su expreso rechazo a la legalización del aborto, deja entrever que la lucha por la legalización del mismo será ardua, y que los abortos clandestinos seguirán cobrándose la vida de mujeres pobres. En lo que a la red de trata refiere, podemos decir que con el crecimiento de los agro-negocios vinculados a la soja y otros cultivos en todo el país, proliferaron prostíbulos y whiskerías en toda la región en cuestión con complicidades de policías y políticos de la zona. Este crecimiento se sintetizó en la frase “La ruta de la soja es la ruta de la trata”. Sin embargo no debemos identificar la prostitución, la trata y la violencia machista como meros reflejos de la esfera económica sino más bien fruto de un sistema de dominación patriarcal regido por un mandato hetero-normativo defendido por la clase política y los sectores dominantes. El caso Marita Verón que se convirtió en el caso de trata de mayor resonancia, despertó el repudio social luego de que los jueces absolvieran a todos los acusados a pesar de las testigos que los incriminaban. Luego de la movilización popular en todo el país, se revisó el proceso judicial sentenciando a su mayoría con grandes penas.

En el plano social el gobierno kirchnerista también apeló a reconstruir la credibilidad en el Estado y la clase política manteniendo una retórica progresista y adjudicándose la implementación de políticas que fueron reclamos históricos de las organizaciones de los de abajo. Ejemplo de ello es la estatización de los fondos jubilatorios en manos de las AFJP (2008), la Asignación Universal por Hijo (2009), el Plan ProCreAr (2012) y el Plan PROGRESAR (2014) entre otros. Sin embargo la creciente inflación que hubo en el país en los últimos años, que más abajo nos detendremos a analizar, dejó muy desfasados los ingresos de los sectores populares. Para mitigar esto el kirchnerismo puso en práctica un sistema de falsificación de índices sociales a través del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), lo que generó un encubrimiento -más que obvio- de la situación de empobrecimiento estructural y coyuntural en la que se encuentra el país actualmente. De este modo una inflación “baja” y un “estancamiento” en los precios de la canasta básica fijó un techo a cualquier iniciativa de reactualización de sueldos de los trabajadores, y obturó el reclamo de aumento de planes sociales del sector desocupado, sin embargo no puso en discusión los sucesivos y abultados aumentos remunerativos de toda la clase política y funcionarios del Estado. Un ejemplo de esto es que el INDEC a lo largo de la década publicó cifras que siempre fueron la mitad o menos que las obtenidas por organismos privados u organizaciones sociales. Además el gobierno tomó los índices de beneficiarios de proyectos de emprendimientos comunitarios que no son otra cosa que precarios planes sociales- como población ocupada para bajar el índice de desempleo estructural.

Podemos señalar que uno de los sectores más castigados por las políticas del gobierno es el que vive en las barriadas más pobres de la Argentina, en gran parte desorganizado por una política de control social de parte del Estado nacional a través de los referentes territoriales o “punteros”. Dentro de las organizaciones en lucha otrora independientes que persisten en este sector podemos ver que en los últimos años hubo un viraje de algunas de ellas hacia la estrategia electoral y la institucionalización de la política en el marco del esquema estatista. Así como también continúan movilizadas actualmente organizaciones vinculadas a partidos políticos de izquierda. Sin embargo hoy en día aún quedan algunos sectores que no solo continúan adoptando prácticas de resistencia que datan de aquella gesta piquetera de fines de los 90, sino que se encuentran en un constante ensayo y reinvención de formas organizativas transversales a las problemáticas laborales, habitacionales, educativas y territoriales, entre otras. En este contexto social, las organizaciones movilizadas no han podido arrancarle al Estado ni soluciones reales al flagelo de la desocupación crónica, ni tampoco la equiparación de los planes sociales a la canasta básica del INDEC.

La situación en el sector de trabajadores formales e informales tampoco deja entrever un panorama alentador. En lo concerniente al ingreso no sólo hay un desfasaje con respecto a la inflación, sino que el ya conocido Impuesto a la Ganancia -aplicado al salario- ha fijado un techo a la remuneración de bolsillo de los trabajadores. De más está decir que la gran mayoría de los trabajadores del país encuentran su salario muy por debajo de la Canasta Básica y el Mínimo Vital y Móvil . Además se está viviendo en este período con tendencia recesiva, el fenómeno de la suspensión masiva de trabajadores y despidos. Toda esta situación potenció necesariamente un crecimiento significativo del empleo informal y un aumento en la tasa de desocupación, no reconocida al día de hoy por el Estado y los empresarios. Dentro del esquema de trabajo informal, la aplicación sistemática de “contrato basura” se ha multiplicado exponencialmente tanto en el sector público como en el sector privado.

Fragmentación en las luchas de la clase oprimida

Ante este escenario el contexto organizativo y de resistencia de los sectores trabajadores no es para nada alentador a la hora de pensar la herramienta organizativa de estos sectores sociales. La actualidad encuentra a casi la totalidad del sindicalismo argentino institucionalizado a través de los mecanismos de regulación estatal y de la estrecha relación entre burocracias obreras y sectores patronales. La actual estructura sindical, forjada desde hace décadas, refleja un esquema organizativo heredado de la fuerte influencia partidaria del peronismo y su sistema político ultra-verticalista, además de expresar una orientación clara hacia la conciliación de clases. Los derechos y reivindicaciones obreras son por lo general relegados ante los negociados de los “jefes” sindicales en función de sus propios intereses como burocracia. La política que se dieron todos los gobiernos –incluyendo el kirchnerismo– fue la de mantener un sistema de representación sindical único adicto a la clase política de turno, frenando cualquier reclamo de democracia y libertad sindical a fines de no promover la proliferación organizativa de sectores combativos del movimiento obrero.

Otro factor importante que expresa la complicada situación de la lucha sindical en Argentina es el fraccionamiento producido durante la última década, expresado en la existencia de 5 centrales sindicales y un importante número de gremios no alineados. Por un lado se encuentra la CGT (Confederación General del Trabajo) Balcarce –o de Caló-, que nuclea principalmente a viejas burocracias obreras alineadas políticamente al gobierno con quien se sientan a negociar sin recurrir a ninguna medidas de fuerza. En la misma dirección pero con menos representatividad legal se encuentra la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) de Yasky, que representa a nuevas burocracias obreras provenientes del sindicalismo combativo de los 90 de la CTA originaria. Enfrentados al gobierno recientemente por internas políticas referentes a la disputa de cargos electorales y espacios de poder dentro del Estado, se encuentra la CGT Azopardo -o de Moyano-, que nuclea a viejas y nuevas burocracias obreras. Enfrentados desde la primera hora con el kirchnerismo está la CGT Azul y Blanca, vinculada a dirigentes abiertamente reaccionarios del peronismo como Luis Barrionuevo. Por último se encuentra la CTA Autónoma –o de Micheli-, aglutinante de nuevas burocracias así como también sectores democráticos y en lucha del movimiento obrero provenientes del sindicalismo combativo de los 90´ (nucleados en aquella CTA originaria) y algunos sectores clasistas de la izquierda partidaria y la izquierda independiente. También existen una serie de gremios copados por las burocracias, escindidos de las centrales sindicales, con una fuerza considerable. Por último debemos mencionar la existencia de unos pocos gremios o fracciones sindicales escindidas que sostienen prácticas democráticas y clasistas de organización y acción directa en defensa de sus reivindicaciones.

En esta complicada realidad, sin embargo, los trabajadores han venido estableciendo estrategias de resistencias básicas presionando a priori a las dirigencias sindicales para salir a pelear una recuperación del poder adquisitivo. Esto generó un impacto diverso en las cinco centrales obreras. En la CTA de Yasky -la más obsecuente con el kirchnerismo- las bases docentes obligaron a principios de 2014 a extender un paro a 17 días en la Provincia de Buenos Aires. En los sucesivos paros generales de 2014 y el de marzo de 2015, confluyeron la CGT de Moyano y la Azul y Blanca, la CTA de Micheli, las burocracias autónomas, sectores combativos sueltos y organizaciones territoriales inclusive. Esto expresó una ola de descontento generalizado ante las condiciones que se estaban viviendo, sobrepasando los intereses corporativos que hicieron jugar las burocracias sindicales.

Además de estos paros generales, acciones puntuales organizadas por sectores combativos del movimiento obrero son un claro termómetro de la situación. Los cortes en Panamericana y otras rutas por parte de los trabajadores de Kraft, Pepsico, Fate y Donnelley en Buenos Aires, los piquetes de los trabajadores de las fábricas del cordón industrial de San Lorenzo y Gran Rosario, los paros de las autopartistas, metalúrgicas, subtes y ferrocarriles porteños, y las medidas de fuerza del sector de telecomunicaciones (call centers) son algunas de las expresiones de conflictividad social que se están dando desde estos sectores.

Es interesante profundizar la situación de los sectores de trabajadores de autopartes, uno de los tantos afectados por la recesión local y regional. La caída en la producción local de las automotrices encuentra explicación en varios factores, entre ellos, la restricciones a la importación de autopartes, el impuesto a la compra de algunos automotores, el incremento de los precios a raíz de la devaluación que impactaron en la demanda interna, y una menor demanda de Brasil, principal destino de la producción automotriz. A pesar del intento del gobierno por mitigar los efectos de la crisis a las empresas automotrices con el ProCreAuto -programa que fomentaría el consumo interno- las mismas utilizaron la variable de ajuste habitual en momentos como estos: los trabajadores. El reclamo y la presión de los trabajadores obligaron a las conducciones de UOM y SMATA a reconocer una cifra de entre 14000 y 15000 suspensiones y miles de despidos, principalmente en plantas ubicadas en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y Tierra del Fuego. Además de estas medidas de recorte patronal abalado por el Estado, otras maniobras como el anticipo jubilatorio y las vacaciones adelantadas fueron alguna de las estrategias de los capitalistas para afrontar la disminución de la demanda.

Inmediatamente sectores de obreros fabriles de Volkswagen y Ford iniciaron medidas de fuerza en respuesta al ajuste. Algunas plantas fueron tomadas como el caso de Gestamp -donde 69 trabajadores fueron despedidos- intentando el Estado desalojar a los mismos con la Policía Federal. Es de destacar el hecho de que la policía permaneció dentro de la fábrica haciendo rondas y controlando a los trabajadores, situación que los empleados denunciaron como homologable a los años de la dictadura donde se “militarizaron” los lugares de trabajo. Otro caso significativo fue el de la autopartista LEAR en Buenos Aires, que suspendió a más de 300 trabajadores y despidió alrededor de 100 más. La resistencia a este avasallamiento de la patronal también fue duramente reprimida por las fuerzas de choque del Estado Nacional. Ante las suspensiones y despidos, y la falta de amparo de la conducción de estos sindicatos burocráticos, los trabajadores recurrieron a hacer cortes en Panamericana que son a la actualidad frecuentemente reprimidos por la Gendarmería o la Federal . Aquí se evidenciaron por un lado nuevas modalidades de lucha de los sectores oprimidos así como también nuevas modalidades de persecución y criminalización de la protesta.

En el sector público también hubo importantes expresiones de resistencia al ajuste y la inflación. Sólo durante el último año se registraron cientos de paros, movilizaciones y cortes en todas las provincias del país, por parte de los empleados estatales nacionales, provinciales y municipales así como del sector salud, los maestros y docentes entre otros. Algunas de estas medidas terminaron en represión y encarcelamiento de militantes gremiales tal como sucedió en Río Gallegos, Santa Cruz en octubre de 2013 donde 5 estatales de ATE de Río Gallegos fueron detenidos bajo una causa armada por el Estado cuando luchaban justamente por aumento salarial y contra la precarización laboral. Los estatales fueron finalmente liberados, pero ya habiendo cumplido un tercio de la pena en prisión en el marco de un juicio plagado de arbitrariedades.

En la misma provincia otros conflictos sindicales habían ya terminado en infiltración, represión y cárcel, como fue el caso de los petroleros de la localidad de Las Heras. Los mismos fueron encarcelados falsamente acusados de haber matado a un policía en el marco de una movilización de trabajadores y desocupados en 2006 . También en otros puntos de la Patagonia se dieron situaciones de represión como fue el asesinato del docente Fuentealba en la provincia de Neuquén (2007) a manos de la policía provincial de Sobisch durante un reclamo sindical.

Durante los últimos años en Resistencia, Chaco, el armado de una multisectorial (sindical, territorial y de pueblos originarios) fue reprimido tantas veces como salieron a la calle por la policía provincial de Capitanich y Bassilef. Sumado a este contexto de conflictividad social, en el marco de las numerosas medidas de fuerza de sectores combativos de la Unión Ferroviaria en Buenos Aires, se dio en 2012 el impactante asesinato de Mariano Ferreyra, un joven militante del Partido Obrero que apoyaba el conflicto en solidaridad. Este asesinato destapó las complicidades entre la conducción del sindicato ferroviario, las patotas, empresarios y miembros del gobierno Kirchenerista.

Otro tipo de resistencias que se han generado durante la última década son aquellas manifestaciones populares organizadas contra episodios catastróficos desprendidos de la precariedad en la que actualmente están sumidos los sectores populares en todo el país. El incendio del local bailable Cromañon (2004), decenas de accidentes de trenes como la Tragedia de Once (2012), la inundación de la ciudad de La Plata (2013), la explosión de gas que derrumbó un edificio en Rosario (2013)y los incendios forestales en la Patagonia (2015) son algunos de los hechos que movilizaron a centenares de familiares a denunciar la desidia y complicidad de la clase política y los empresarios.

El gobierno acentúa su cara represiva

Como hemos observado hasta aquí, en Argentina cuando hablamos del aumento de la conflictividad social en los últimos años debemos remitirnos inmediatamente a la represión y la criminalización de la protesta por parte del Estado. Las modalidades represivas han variado en su intensidad y en la forma en que fueron implementadas, de acuerdo al nivel de legitimidad que el Estado ha gozado. Hablando de los últimos años podemos decir que de forma progresiva la represión ha ido cobrando una metodología más explícita. Por un lado continuaron los asesinatos de militantes con motivo de represión policial a la protesta social. En total se contabilizan al menos 20 muertos en procesos de resistencia durante los tres gobiernos kirchneristas. A esto se suma el avance sostenido del proceso de judicialización de los conflictos, ampliación y endurecimiento de las figuras penales. Aquí se registra en número cada vez más alarmante de encausamientos y persecuciones judiciales a militantes populares, que ha incluido desde las organizaciones de desocupados, sindicatos, comunidades originarias, organizaciones de derechos humanos, asambleas y grupos ambientalistas, partidos políticos, organizaciones territoriales, estudiantiles, entre otros.

En cuanto a la ampliación y el endurecimiento de las figuras penales, una situación emblemática es la Ley Antiterrorista de 2011, que viene a ampliar a las anteriores de 2003 y 2009, también obra del gobierno kirchnerista. Estas leyes antiterroristas son sin dudas herramientas destinadas a disciplinar a sectores y organizaciones que resisten y combaten el sistema. Lejos de ser una novedad son una actualización del esquema represivo de los sectores dominantes. Esta ley muestra la intención del Estado, en un contexto de ajuste y mayor conflictividad social, de resguardar sus privilegios, dotando al aparato institucional de mejores y más eficaces herramientas para criminalizar a la protesta social y perseguir a los luchadores (o a cualquier opositor que ponga en riesgo su proyecto político de dominación).

En sintonía con lo anterior, también nos encontramos con el proyecto de ley de regulación de la protesta social, “anti-piquete”, que fue en un principio fogueado por el gobierno, para finalmente desligarse cuando paradójicamente alguno de sus aliados políticos se manifestaron en contra y la oposición política a favor. Dejando así, la posibilidad a que este proyecto de ley pueda ser impulsado por otros armados políticos burgueses y abriendo el debate en los medios masivos de la posibilidad del no-piquete y de regulación estatal de las protestas, herramienta de lucha generalizada en la Argentina.

Otra modalidad represiva evidenciada en reclamos sociales fue regionalizar la confrontación abierta generalizada. Por ejemplo en Capital Federal y conurbano bonaerense donde el costo político de una represión es mayor el gobierno nacional prefirió realizar operativos de saturación policial o de Gendarmería (que en algunos casos llegó a reprimir en Panamericana), a diferencia de las represiones abiertas llevadas a cabo en otras provincias del país donde la situación social es igualmente grave. Otra modalidad represiva es la tercerización de la misma a través de patotas, que se constituyen como grupos de choque para-estatales para intervenir en conflictos que por su magnitud, apoyo popular o persistencia, el Estado necesitó resolver con urgencia. Dentro de estas patotas podemos encontrar a grupos integrados por organizaciones afines al gobierno, personal de agencias privadas de seguridad (fundamentalmente ex policías), patovicas contratados por las patronales, barrabravas de clubes de fútbol e incluso grupos controlados por bandas mafiosas ligadas a los narco-negocios. Claro ejemplo de ellos fue la represión en la localidad de Malvinas Argentinas (Córdoba), llevada adelante por una patota de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) cuando la población se levantó en resistencia a la instalación de una planta de Monsanto.

También a lo largo de este periodo kirchnerista asistimos al incremento en las operaciones de espionaje desde las distintas fuerzas represivas. En este sentido, un caso de relevancia es la implementación del llamado Proyecto X, mediante el cual la Gendarmería Nacional espía e investiga desde el año 2002 a militantes y organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, entre otras. También se registró en todo el país un fuerte incremento en el número de efectivos de las fuerzas de seguridad, así como también una diversificación de nomenclaturas (policía “comunitaria”) para designar a las fuerzas que están mandatadas para reprimir y ejercer un control más cercano en los territorios, poniendo especial énfasis en la criminalización de la pobreza.

Crecimiento limitado de la economía basada en el extractivismo

Enfocándonos ahora en el plano económico podemos ver que el kirchnerismo intentó aprovechar un contexto mundial y regional favorable, con el fin de fortalecer la matriz productiva local y los intereses de la clase dominante generando las condiciones de continuidad al proyecto Kirchnerista. En este sentido a lo largo de la presidencia de los Kirchner, las tasas de crecimiento económico y el superávit fiscal estuvieron directamente relacionadas con la expansión del modelo extractivo-exportador, y una consecuente reprimarización de la economía, que entre otras cosas fue consolidando un nuevo modelo agropecuario. Este nuevo esquema económico productivo deja atrás las viejas recetas del Consenso de Washington, dando paso a la explotación y exportación de bienes primarios a gran escala, lo que fue generando un ascendente idilio asociativo entre el capitalismo extractivista (transnacional y nacional) y el Gobierno.

Los beneficios que dio la asociación entre empresas extractivitas y el gobierno “nacional y popular” fueron múltiples: por un lado, habilitó modos de financiación de la política pública –incluyendo prebendas de la misma clase política- y a la par permitió a los capitales trasnacionales la estabilidad necesaria en la región a bajos costos para la exploración, explotación y exportación de los recursos locales (favorecidos por el proyecto regional IIRSA).

Vale puntualizar que en el transcurso de este proceso extractivista no sólo no se han generado nuevos puestos de trabajo sino que al arruinar suelos y reservas de agua potable se obligó a las poblaciones aledañas a migrar a centros urbanos debido al riesgo ambiental que se ha generado en todo el ecosistema del lugar. La clase dominante así supo articular un discurso de que la actual dinámica extractivista es irreversible (como en los 90 se fue generando un discurso en torno a la inoperancia del Estado como administrador que legitimó el proceso de las privatizaciones). Este discurso además de generar consenso en torno al extractivismo operó desacreditando a aquellos sectores que vienen resistiendo al modelo.

Pero las clases dominantes no solo recurrieron al consenso ideológico, sino que también optaron por la represión y asesinato de los sectores en resistencia. En Argentina, luego de diez años de conflictos en diferentes provincias, el levantamiento popular de Famatina, en enero de 2012, logró colocar en la agenda nacional el problema de la mega-minería. Sin embargo, luego de que el gobierno nacional hiciera explícito su apoyo a dicha actividad, la problemática minera fue segregada a la violencia estatal de las fuerzas de seguridad provinciales, esto llevó una oleada represiva en Catamarca y La Rioja.Se registra, no obstante, una diferencia en las provincias de Mendoza y Córdoba donde la resistencia fue más persistente. Así, en 2007, presionada por las movilizaciones socio-ambientales, la legislatura provincial de Mendoza aprobó una ley contra la minería tóxica. El caso de Córdoba donde vecinos de la localidad de Malvinas Argentina viene realizando un histórico acampe que ya lleva muchos meses, evitando la instalación de una de las plantas más grandes procesadoras de soja de la empresa Monsanto.

En sintonía con lo anterior, es el caso de Esquel, y posteriormente las provincias de Río Negro y La Pampa, que rápidamente se plegaron a sancionar una normativa que prohíbe el desarrollo de este tipo minería. Asimismo, la política de hostigamientos y asesinatos, ligada a la expansión de la frontera sojera y al proceso de acaparamiento de tierras, afecta de modo recurrente a las comunidades campesinas y pueblos originarios. Un caso emblemático fue el asesinato del campesino Cristian Ferreyra, militante del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), muerto en el 2011 a manos de sicarios enviados por un gran empresario agropecuario de la zona. En este proceso de resistencia al latifundio sojero es importante mencionar el llevado adelante por los pueblos originarios en todo el país. Al igual que en el resto de Latinoamérica, la defensa de los territorios de las comunidades frente al avance de los empresarios , terratenientes y el Estado nacional (histórico genocida de los pueblos indígenas) continúa profundizándose frente a la estrategia regional de los sectores dominantes de revalorizar los recursos primarios a cualquier costo. Algunos ejemplos de esta histórica resistencia son las del pueblo Wichi y Mocoví en Formosa y Salta, el pueblo Qom en Chaco, el Guaraní en Misiones y el Mapuche en toda la Patagonia entre otros.

Crisis energética y nuevas alianzas económicas

Entonces, el modelo de re-primarización en la economía local en esta “Década Ganada” comenzó a evidenciar desde hace un tiempo un panorama realmente crítico para los sectores oprimidos. Las cinco cerealeras más grandes del país –y la región- (Cargill, AGD, Bunge, Molinos, Vicentín y Dreyfus) concentran hoy en día más del 75% de las exportaciones de granos. A esto se suma la situación general del sistema de producción agrícola local que tiene una dependencia total de los productos de la trasnacional Monsanto. Otro caso es el de las transnacionales mineras La Lumbrera, Barrick Gold y Meridian Gold que se han llevado inimaginables cantidades de minerales con simbólicos impuestos delEstado Nacional -y Provinciales- y abusivos acuerdos de explotación por largos años a costos bajos. Por último, se destaca la re-nacionalización a medias de YPF, ya que no sólo el Estado acordó el pago de una indemnización millonaria a Repsol sino que ha entregado mediante acuerdos secretos a las trasnacionales Chevron (regido por leyes de EEUU) y Sinopec (China), la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos en una de las más importantes reservas del mundo, como es la de Vaca Muerta. (Como ampliaremos más adelante).

Bajo este contexto de reconfiguración productiva el gobiernokirchnerista también ha buscado reorientar su estrategia de alianzas geopolítica y económica en sintonía con la región del Cono Sur. Así durante los últimos 5 años se ha producido una histórica apertura hacia capitales chinos y rusos mediante acuerdos de “cooperación” que dejan a Argentina en una nueva situación de dependencia hacia potencias hegemónicas. Una señal importante de esto ha sido la última visita de Vladimir Putin a Argentina en 2014 y el viaje de Cristina a China a principios de 2015. La activa incursión del capitalismo chino en la región no es ninguna novedad. En el caso de Argentina esto refuerza el posicionamiento local en una especialización intensiva en la producción primaria y la agroindustria, con el fin de satisfacer la inmensa demanda de bienes primarios y alimentos de una potencia económica como es China. Por consiguiente el proyecto de los sectores dominantes en el gobierno (al igual que los gobiernos vecinos) abrió la economía local al gigante asiático a cambio de una buena inyección de divisas chinas en forma de inversiones, pero también de créditos. La lógica indica que a medida que estos créditos no se puedan pagar en divisas, se vayan solventando con recursos energéticos y materia prima a bajos precios. De este modo no solo se contrae más deuda sino que se van hipotecando paulatinamente los recursos y bienes comunes del país. Sectores capitalistas poderosos pertenecientes a la industria del petróleo, la minería, los bancos y el comercio de granos son algunos de los conglomerados empresariales que vienen aterrizando en el país.

Párrafo aparte, pero también ligado al vínculo clase política- potencias extractivistas, es interesante el uso que ha hecho el gobierno del tema Islas Malvinas. Si bien por un lado no es para nada positivo tener instaladas bases del proyecto imperialista británico a escasos kilómetros de nuestro continente, fue innegable la puesta en agenda de esta temática que ha hecho el gobierno cada vez que surgen denuncias o episodios de resistencia frente al saqueo de las transnacionales mineras.

Volviendo al análisis de la matriz económico-productiva sobre la que se apoyó el kirchnerismo, una de las cuestiones más emblemáticas y determinantes que ha empezado a generar un importante desgaste institucional ha sido la cuestión de los recursos energéticos. Durante los últimos 12 años de gestión de los Kirchner, Repsol –multinacional de capitales españoles- se encargó, con la venia del Ministerio de Planificación de Julio De Vido, de distribuir entre sus socios externos casi la totalidad de la ganancia de la extracción y venta de petróleo y gas del suelo local. En este proceso de reparto de la torta, no solo el beneficio salió del país sino que se “olvidaron” de responder a la creciente demanda local energética, lo que se traduce en que la inversión en exploración y desarrollo de yacimientos fue prácticamente nula de parte del grupo inversor. A raíz de esto la producción de hidrocarburos disminuyó considerablemente y el Estado tuvo que empezar a importar energía de países vecinos. Como dijimos anteriormente el precio internacional de los hidrocarburos –y principalmente el gas y el petróleo- ha estado aumentando de manera considerable, por lo que el Estado argentino empezó a evidenciar una gran pérdida de divisas al entrar en la dinámica de la importación de energía, y como ya sabemos en el sistema capitalista toda pérdida se hace pagar a los de abajo.

El costo de la importación de gas y petróleo en el último tiempo ha revestido una magnitud tal que el Gobierno echó mano a las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), es decir al dinero del pueblo que “ahorra” el Estado para mostrar seriedad frente a banqueros y financieras internacionales. Estos costos que se sumaron a la fuga por el pago de los créditos al Club de París disminuyeron las reservas del BCRA a un poco más de la mitad en los últimos cuatro años. Este proceso fue acrecentando la escasez de dinero circulante y la depreciación -o pérdida- de valor del peso, por lo que el Estado optó por la emisión indiscriminada de billetes, generando una inflación creciente.Medidas como el cepo cambiario, el freno a las importaciones o el blanqueo de dólares a cambio de bonos (CEDINES) poco pudieron revertir la tendencia. En un intento de dar señales de estabilidad al sistema financiero y cumplir con más énfasis las exigencias de los organismos de crédito internacionales el Estado Nacional tuvo que reconocer la crítica situación inflacionaria anunciando, a principios de 2014, una devaluación de la moneda.

En medio de esta inestabilidad económica, sectores empresariales para seguir enriqueciéndose fueron acordando a puertas cerradas con el gobierno aumentos sucesivos de precios. Posteriormente se irían sucediendo hasta hoy ficticios congelamientos de precios (“cuidados”), para nada reflejados en la realidad. Y es así como en todo el 2014 en el marco de una inflación pronunciada, se han ido produciendo sucesivos aumentos de precios en combustibles, pasaje de transporte, alimentos, materiales de la construcción y otros bienes y servicios.

Pero uno de los últimos capítulos en la crisis de la economía argentina tiene que ver con un agravamiento de la situación de endeudamiento del país. La deuda contraída por la clase dominante local a lo largo de la historia (profundizada luego de la dictadura del ´76) fue reforzada por la clase política en su conjunto en este período. La falta de liquidez y reservas del BCRA, sumado al creciente déficit fiscal impulsó al Estado nacional a seguir con la lógica de dependencia, no solo contrayendo más deudas con la usura internacional , sino estableciendo un marco de legalidad en los compromisos de pago con los llamados “Fondos Buitres” de Nueva York y el Club de Paris. El objetivo coyuntural del proyecto kirchnerista es acceder a mayores créditos e inversiones externas de los capitales privados de las principales potencias mundiales. Esta legalización, que reconoce la nacionalización anterior de la deuda, no solo estaba lejos de plantear una disputa soberana denunciando la ilegalidad de la misma sino que comprendía por ejemplo aceptar la jurisdicción de los tribunales norteamericanos para el régimen de pago. De este modo, el esquema político local en el marco del sistema de dominación global cierra un círculo vicioso de dependencia y endeudamiento promovido por la clase dominante argentina, donde los costos sin dudas los están pagando y los pagarán las siguientes generaciones de los sectores oprimidos.

Disputas dentro de la clase dominante

Por otro lado, rasgo distintivo de este período es la posibilidad de comenzar a ver rupturas significativasen el marco de unidad de la clase dominante local. Aquí es necesario remontarnos hacia 2007-2008 cuando un sector importante de terratenientes disfrazados de “pequeños productores agrarios“, aglutinados en torno a la Mesa de Enlace, comenzó a cuestionarle al gobierno kirchnerista la política agropecuaria de retenciones a las exportaciones. Estos enfrentamientos expresaron una batalla desaforada por los márgenes de la excesiva renta agraria producida por la especulación sojera, lo que le venía permitiendo a algunos –los llamados “productores”- la acumulación desenfrenada de capitales, y a otros –los sectores políticos- disfrutar de las retenciones. Esta disputa generó inmediatamente una escalada en los precios de los alimentos para consumo interno, generando focos de desabastecimiento. Este conflicto entre los de arriba fue utilizado por el gobierno para montar una polarización ficticia entre sectores “oligarcas” y sectores que “representan al pueblo”.

Lo particular de este momento, fue que la disputa entre sectores de la clase dominante se trasladó inmediatamente al terreno de los medios masivos de comunicación. Si bien ya existían antecedentes de disputa entre sectores políticos y empresarios de medios monopólicos (principalmente durante la gestión alfonsinista), a partir del conflicto agrario se reavivaron los bombardeos de opinión y los intentos de instalación de discursos hegemónicos. En este enfrentamiento el Grupo Clarín, principal grupo multimedios del país que gracias a Néstor Kirchner había obtenido una extensión de sus licencias de TV y radio por diez años y había logrado formar el mayor operador de cable de Argentina, pasó a convertirse a partir de 2008 en el enemigo simbólico número uno del gobierno. El abierto apoyo de Clarín a los intereses de sectores dominantes vinculados al campo dio pie a una batalla entre el multimedio y el kirchnerismo que tiene importantes repercusiones hasta la actualidad.

Así a mediados de la década de gestión kirchnerista se comienza a evidenciar un proceso de resquebrajamiento dentro de la clase dominante, visible a partir de una serie de procesos de disputa de poder. Para 2009 en el marco de la continuidad de esta disputa, el kirchnerismo aprobó la Ley de Medios con la excusa de ir por la democratización de los medios de comunicación, intentando trasladar dicho enfrentamiento a los ámbitos cultural-comunicacional-ideológico. No solo no hubo un mayor acceso de las organizaciones sociales a los medios comunitarios como argumentaba originalmente la ley , sino que la supuesta ley anti-monopólica permitió la subsistencia y la reconfiguración de entramados empresariales monopólicos -sean o no oficialistas-.

La disputa entre los sectores dominantes además se evidenció en otros terrenos como el de las instituciones de la tradicional burguesía nacional, como son la UIA (Unión Industrial Argentina), la Sociedad Rural (SRA) y la Asociación de Bancos Privados (ADEBA) entre otras. Lejos de intentar atacar la concentración económica estructural del país, el proyecto kirchnerista, aliado a grupos económicos importantes, llevó adelante medidas como la modificación a la Ley de Abastecimiento, con el objetivo de establecer mayores controles sobre aquellas empresas alejadas del esquema de alianzas.

Otro sector de disputa entre poderosos fue el que se trasladó al ámbito de las instituciones judiciales. Así el gobierno fue por un recambio en la Corte Suprema de Justicia, una renovación de todos los cargos intermedios introduciendo profesionales leales al proyecto e inclusive una transformación en el sistema de designación de jueces. Cada una de estas medidas representan en sí movimientos tácticos del proyecto gobernante frente a la disputa inter-clase dominante, cuyo proceso de profundización comenzó a sacar a la luz hechos de corrupción (inherentes al Estado y la clase política) que dan cuenta de una continuidad con los niveles de la década del ‘90.

Sumado a lo anterior, esta disputa entre sectores de la clase dominante en los últimos años fue incorporando nuevos actores, a la par de ir complejizando el escenario y los episodios de la misma. Un ejemplo fue el de los saqueos pre navideños de 2012 y 2013 (éstos últimos precipitados por los acuartelamientos policiales), en donde sectores reaccionarios opositores aprovecharon un contexto de importante crecimiento de la pobreza para impulsar a punteros políticos a iniciar estas acciones. Las víctimas volvieron a ser los excluidos (principalmente jóvenes), en muchos casos encarcelados y muertos durante estos episodios. Esta complejidad en el enfrentamiento de los sectores dominantes se ha visto también expresada en el amotinamiento de Gendarmería y Prefectura a finales de 2012 y los acuartelamientos policiales en todo el país a fines de 2013. Más allá del descabezamiento formal de las instituciones militares y policiales, la respuesta del Estado y la clase política fue el reconocimiento de necesidad de dichos actores para mantener el orden social, traducido en un aumento significativo en las remuneraciones de las diferentes fuerzas represivas. Además de este modo no solo se evidenció cómo la clase política viene protegiendo estas matrices institucionales heredadas de las sucesivas dictaduras en Argentina, sino también como la misma viene jugando internas en las fuerzas represivas. Estas internas que expresan sin dudas ese enfrentamiento entre los de arriba, vienen teniendo mucha trascendencia desde hace algunos años hasta la actualidad. Basta recordar el escándalo por las escuchas de los servicios de inteligencia que responden al aparato de Macri. También debemos traer a colación el momento en que el kirchnerismo comenzó a forzar el ascenso de Milani, experto en inteligencia, a raíz de haber perdido influencia en la cúpula de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) para llevar a cabo operaciones de espionaje e intervenciones favorables a la política del gobierno. Esta disputa dentro de la ex SIDE comenzó a evidenciarse con la muerte del servicio “lauchón” Viale a manos del Grupo Halcón de la policía bonaerense allá por 2013. A fines de 2014 el conflicto estalló cuando se descubrió que un sector de inteligencia estaba operando deliberadamente para grupos opositores, lo que llevó a Cristina a descabezar la cúpula de esta estructura. Este entramado de disputas en el terreno de la inteligencia llevó al fiscal Nisman a realizar denuncias contra el Gobierno Nacional –su viejo aliado- vinculándolo a la impunidad del atentado a la AMIA a raíz de un acuerdo entre estados con Irán (que nunca llegó a prosperar). Acto seguido el fiscal denunciante aparece muerto en su departamento. Se han tejido varias hipótesis hasta el momento, aunque en todas ellas se expresa claramente ese enfrentamiento entre sectores de la clase dominante que estamos analizando. Guiándose en sondeos de opinión pública, una de las salidas del proyecto kirchnerista a esta situación fue la de aparentar un desmantelamiento del viejo aparato de inteligencia para que, acabada esta crisis, vuelva al funcionamiento tradicional bajo una nueva denominación. Por otro lado, un fenómeno que no podemos ignorar, porque también responde a una incorporación de nuevos actores de poder dentro de las clases dominantes, es el crecimiento de los narco-empresarios. En correlato con América Latina, sectores de poder con la complicidad de jueces, políticos, empresarios y fuerzas de seguridad se han constituido en importantes grupos de presión en el marco del empobrecimiento estructural del país y la marginalidad creciente en los grandes centros urbanos. Un síntoma de esto es la creciente violencia armada entre los pobres y el aumento de la mortalidad juvenil, tanto por el consumo de drogas como, mucho más, por el enfrentamiento entre bandas. La estructura organizativa del narcotráfico se complejizó de tal manera que los verdaderos responsables viven en el lujo y la opulencia mientras los escalones más bajos constituidos por sectores marginales son la variable de ajuste.

Esta situación de marginación, precariedad y desigualad social con la consecuente violencia social que vive gran parte de la población en Argentina, se condice con un contexto de descomposición del tejido social de los sectores populares, quienes sin capacidad de acción o iniciativa han quedado en su mayoría a merced de los intereses de los de arriba, lo que supone un claro triunfo del neoliberalismo. Esto explica a las claras, como pudimos observar en este análisis, no solo la proliferación de redes del narcotráfico y enfrentamientos de bandas armadas, sino también la permanencia de sistemas clientelares de administración de la pobreza en las barriadas más marginales del país.

A MODO DE SÍNTESIS

Entendemos a este contexto histórico como de resistencia para los de abajo, al mismo tiempo que caracterizamos que en la etapa actual encontramos al sistema de dominación capitalista en su fase neoliberal. Así podemos ver cómo en la búsqueda de un perfeccionamiento, este modelo de poder de dominación se transforma condicionado tanto por los diversos procesos de resistencia de los de abajo como por las disputas internas de la propia clase dominante. Estableciendo, entonces, reconfiguraciones en su estrategia de opresión política, cultural, social, económica, ideológica, jurídica y militar. A partir del análisis desarrollado anteriormente podemos ver que algunas características fundamentales de este modelo de poder son:

• Intervencionismo de proyectos imperialistas como una de las estrategias principales, expresado en la invasión de territorios, la promoción de guerras civiles y el estímulo de inestabilidades políticas y económicas en países dependientes.
• Disposición geopolítica de grandes zonas del mundo en función de la estrategia de dominación de las diferentes potencias hegemónicas y la división internacional del trabajo. Regionalización política-económica a partir de bloques.
• Preeminencia del modelo extractivista luego de un período de dominio del capital financiero que dejó a las élites de los países más pobres en un grado de mayor dependencia frente a las potencias, generando un efecto devastador para las clases oprimidas.
• Especulación y control del capital extractivista al punto que ha generado una crisis alimentaria sin precedentes a nivel global, provocando un período recesivo.
• Vaciamientos financieros que fueron amortiguados por la clase dominante y los Estados más poderosos del mundo en función de los intereses de las principales potencias.
• Mayor injerencia de los organismos de créditos internacionales sobre los países dependientes.
• Triunfo ideológico-cultural del neoliberalismo expresado en la fragmentación social y la mercantilización en la lógica de las relaciones sociales.
• Ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, aumento de la pobreza y la precariedad de la vida.
• Aumento de hambrunas, epidemias y enfermedades endémicas profundizadas por las catástrofes naturales y la crisis alimentaria.
• En Latinoamérica la clase política garantizó esta nueva fase del modelo de poder capitalista a través de una reprimarización de las economías en función de la división internacional del trabajo, ya sea a través de una continuidad de proyectos conservadores de las élites de la región, o de un viraje hacia proyectos de sectores políticos locales de retórica nacionalista y socialista. Esto último, en función de un reacomodamiento institucional del Estado como respuesta a diversos estallidos populares.
• Nuevas formas de control social entre las que se destacan las políticas focalizadas que agudizan la fragmentación social y consolidan la exclusión de gran parte de la población del mundo, tanto del trabajo como del acceso a servicios básicos.
• En Argentina, preeminencia de la injerencia de capitales extractivistas y potencias extranjeras luego del control y vaciamiento del capital financiero que terminó marginando a gran parte de los sectores populares.
• Profundización en la configuración de un mapa de poder centralista montado en elementos histórico-estructurales que generaron una mayor dependencia de las provincias hacia el Estado Nacional.
• Crisis energética sin precedentes que generó mayor endeudamiento externo.
• Vigencia institucional y herencia político-ideológica de la estructura represiva del Estado expresada en la organización y el accionar de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia.
• Enfrentamiento abierto entre sectores dominantes en el plano económico, político, jurídico, cultural e ideológico, entre otros.
• Enfrentamiento entre sectores populares en el marco de una creciente violencia social producto de la desigualdad persistente, la precariedad de la vida y el aumento del narcotráfico como factor catalizador.

Por otra parte podemos observar que, salvo algunas excepciones, existe una discontinuidad en el proceso de acumulación de la resistencia de los sectores oprimidos frente al modelo de poder. Esto se expresa en una mayor fragmentación y regionalización de las mismas. Si bien durante esta etapa se sucedieron y se suceden con diferentes intensidades, oleadas de estallidos populares por regiones, puebladas locales así como también luchas sectoriales, estas experiencias no llegan a constituirse en catalizadores de resistencias más generales espacial o temporalmente. Como excepción a lo anterior, existen algunos procesos de resistencia que han tenido importantes grados de acumulación y poseen cierta potencialidad que podría permitir pasar a una ofensiva contra los sectores dominantes. Entre los mismos se destacan las dos décadas de levantamiento indígena-campesino de los zapatistas en Chiapas y el reciente proceso revolucionario iniciado por sectores del pueblo kurdo en Rojava luego de años de lucha emancipadora contra los Estados de la región. Resaltan en dichos procesos elementos articuladores en función de la etnicidad, la multiculturalidad y la lucha contra el patriarcado, entre otros. Ambos procesos de enfrentamiento con el sistema de dominio local renuevan la esperanza en la posibilidad de construcción de una sociedad autogestiva.

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