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Venezuela / Colombia

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De genocidio sindical, empresariado exitoso, coca y democracias secuestradas

category venezuela / colombia | antifascismo | non-anarchist press author Wednesday August 20, 2014 00:11author by Javier Orozco Peñaranda Report this post to the editors

Va de mal a peor la situación de los derechos humanos en Colombia. En el primer semestre de este año fueron asesinadas 30 sindicalistas y personas que defienden los derechos humanos y la cosa podría ser peor sin los esquemas de protección que reciben algunas de las personas en riesgo. Las organizaciones sindicales cuestionan el que no se investiguen las amenazas de muerte, ni se prevengan los atentados.

Luis Plaza Vélez, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores en el departamento de Bolívar, una región del Caribe con más de 2 millones de habitantes, sobrevivió a un atentado en Cartagena de Indias el 16 de mayo de este año en medio de la huelga de los maestros de la escuela pública que reclaman medios para poder enseñar. Un sicario fue dado de baja en el sitio de los hechos por la reacción de la escolta y el profe Luis tuvo que refugiarse de nuevo en Gijón hace dos semanas, ciudad de donde partió el año pasado luego de estar acogido seis meses por el Programa Asturiano de Derechos Humanos ante las amenazas contra su vida.

El 11 de agosto pasado intentaron asesinar John Alexander Rodríguez, presidente de la Unión Sindical de Trabajadores del Petróleo. El vehículo blindado en el que se transportaba del trabajo a su casa fue atacado y recibió once impactos de bala. Los obreros afiliados a la USO están luchando contra los contratos basura, contra la persecución al sindicato y denunciando el enorme saqueo por multinacionales de los hidrocarburos del país.

El 16 de junio de este año fue atacado en Medellín el sindicalista de la Nestlé, José Esquivel Luna. Los escoltas mataron a dos sicarios y otro resultó herido. José viene siendo amenazado con impunidad por los grupos paramilitares que el 8 de noviembre del 2013 asesinaron a Oscar López Triviño, otro obrero de la Nestlé que participaba de una huelga de hambre contra la empresa.

Pero la persecución al servicio de las multinacionales no se ejecuta solo contra los sindicalistas de los sectores público, minero, energético o agroalimentario. Hace décadas que vienen despojando con gran violencia a las comunidades negras y persiguiendo hasta el exterminio a los pueblos indígenas por el hambre de expoliar más oro, níquel, plata, carbón, agua, petróleo, esmeraldas, coltán, maderas…

El 21 de junio pasado militares adscritos a la XVII Brigada del ejército colombiano advirtieron en medio de una rabieta que se están coordinando con los paramilitares para exterminar a la comunidad negra refugiada en su propia tierra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Los militares de esta Brigada tienen un grave historial de violaciones masivas de los derechos humanos y se coordinan para generar terror junto con los grupos paramilitares, como lo constataron las visitas asturianas de verificación de los derechos humanos en los últimos años. En esa región de Urabá la tenebrosa alianza de militares, paramilitares y políticos es responsable de centenares de asesinatos. Las tierras despojadas por el terror han pasado a manos de grandes empresarios del banano y de la palma aceitera, relacionados con multinacionales como Chiquita Brands o Unilever. Hoy todos son amigos, socios y vecinos de los muy exitosos “empresarios” dedicados al narcotráfico.

Barcos bananeros cargados de coca están llegando a puertos europeos como Lisboa, Amberes, Rotterdam, o Sagunto en Valencia. No son los únicos. Hace pocos días se descubrió que “la embajada flotante de España”, el navío Juan Sebastián Elcano traía entre sus tripas más de 120 kilos de cocaína recogida en puertos del Caribe colombiano. Menuda lección acaba de dar el barco escuela de la marina.

Los Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia con la Unión Europea y con los Estados Unidos, como el Acuerdo Obama-Santos de hace tres años, contienen cláusulas de respeto a la actividad sindical y a los derechos humanos, pero, tal como lo temimos, su utilidad es solo propagandística.

Veintinueve sindicalistas asesinados en Colombia el año pasado. Doce campesinos asesinados con impunidad por la policía y el ejército durante los 21 días de protestas de hace un año contra los tratados comerciales que acaban con la soberanía alimentaria de los colombianos. Medio millar de campesinos heridos y el apresamiento de Huber Ballesteros Gómez, representante campesino en la dirección nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, dan una idea de a quién se protege en realidad y para quién se gobierna.

Las multinacionales de los sectores minero, energético, alimentario y financiero, junto con la mafia, son el verdadero poder tras el gobierno en Colombia: las grandes empresas son las beneficiarias directas de las contra-reformas laborales, del terror, de la persecución antisindical, del matadero de sindicalistas y defensores-as de los derechos humanos en que han convertido a esa hermosa tierra.

Y no solo en Colombia los intereses de esos sectores han sido puestos de hecho por encima de la Constitución, de la ley y de los derechos básicos de las gentes empobrecidas por el neoliberalismo. Las democracias capturadas los defienden a sangre y fuego.

Semejante entuerto para Colombia no se resolverá en los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC, pero seguirá estando al centro de la lucha social de un pueblo organizado que no se amilana ante el poder, sea legal o criminal, asunto que a veces no es fácil de distinguir en la que pasa por ser la democracia más antigua de América Latina.

Javier Orozco Peñaranda
Colectivo de Colombianos-as Refugiados en Asturias "Luciano Romero Molina".

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