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Paros cívicos y conflicto social en Colombia

category venezuela / colombia | community struggles | opinión / análisis author Friday August 15, 2014 16:21author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Es la dinámica misma de la lucha de clases, no la política de aparatos en la estratosfera, la que va iluminando los caminos para forjar una alternativa popular, libertaria, en la actual coyuntura. Los paros cívicos que han sacudido al Putumayo, al Pacífico nariñense y caucano, a la Guajira y al Urabá, son síntomas visibles de este malestar profundo que recorre al país desde la periferia, que se expresa en una resistencia multiforme, tenaz, valiente y creativa.

Represión en La Guajira, 11 de Agosto
Represión en La Guajira, 11 de Agosto


Paros cívicos y conflicto social

La luna de miel de Santos con los movimientos populares ha comenzado a agotarse. Pasado el entusiasmo en la lucha electoral contra los uribistas y habiendo quedado atrás el momento en que la “paz” parecía ser una tolda en la que cabía todo el mundo, la política de Santos para su segundo período se revela calcada a la del primero: apagar incendios cuando estalla alguna crisis, mamar gallo a la protesta social con negociaciones que no lleven a ninguna solución real, reprimir la protesta legítima y militarizar los territorios, criminalizar a los movimientos populares. Todo esto mientras se sigue avanzando a todo vapor con la locomotora minero-enérgica y la entrega de los recursos naturales del país, con el consecuente despojo en contra de las comunidades. Ya no hay cabida para las vanas ilusiones de sectores de izquierda que, ignorando la naturaleza del santismo, creían que podrían dar un giro “progresista” a la gestión del presidente. Incluso aquellos que se imaginaron en algún cargo burocrático, han visto sus esperanzas destrozadas, al constatar, con la nominación del gabinete, que la mermelada no alcanza para todos.

El encantador de serpientes muestra su cara real, nuevamente; se evidencia la manera en que Santos se burló de los sectores populares para aplacar el descontento acumulado contra su gestión y garantizar un clima de gobernabilidad conducente a su re-elección. Los dirigentes de la Cumbre Agraria ya han protestado que el gobierno no les cumplió nada de lo prometido cuando se desactivó el paro agrario de finales de Abril y principios de Mayo, y amenazan nuevamente con salir a la calle [1]. Pero Santos ya ganó su re-elección así que podrá reprimir tranquilo, todo lo que quiera, sin mayores consecuencias políticas en lo inmediato.

Sin embargo, pese a las vacilaciones, al desgaste y los equívocos de la dirigencia de izquierda, el pueblo colombiano, con la persistencia de ese viejo topo que mencionara Marx, sigue socavando, de manera casi imperceptible, las bases del régimen. Es la dinámica misma de la lucha de clases, no la política de aparatos en la estratosfera, la que va iluminando los caminos para forjar una alternativa popular, libertaria, en la actual coyuntura. Los paros cívicos que han sacudido al Putumayo, al Pacífico nariñense y caucano, a la Guajira y al Urabá, son síntomas visibles de este malestar profundo que recorre al país desde la periferia, que se expresa en una resistencia multiforme, tenaz, valiente y creativa.

Urabá

En esta región se vivió un paro de trabajadores bananeros y platanicultores del 4 de Agosto al día 6, convocados por Dignidad Platanera, entre otras cosas, por la reducción del pago de la caja de plátano de 9 a 8 dólares, situación económica que se agravó por el vendaval de Julio que afectó 5.000 hectáreas de plátanos. Como si eso fuera poco, empresas comercializadoras multinacionales como Unibán y Banacol no han pagado a 5.000 productores, a algunos hace incluso 11 semanas, adeudando un total de $2.200.000.000. Todo lo cual se suma a una situación de abandono absoluto de la región y la falta de servicios básicos como la electricidad[2] (ver Apéndice 1).

El bloqueo de miles de personas en protesta finalmente logró hacer que el gobierno decretara la emergencia, así como algunos paliativos, subsidios y apoyos económicos con los cuales mantener a flote el sector en medio de la crisis[3]. También lograron que los pulpos de Banacol se comprometieran a pagar ¾ partes de lo adeudado para poner fin a la protesta, comprometiéndose a pagar el resto en un plazo de tres meses[4]. Sin embargo, el precio que tuvo que pagar el pueblo urabeño para lograr esta victoria parcial fue altísimo: 24 heridos, 14 de ellos por impacto de bala (entre ellos cuatro menores de edad), y un joven de 23 años, muerto de un disparo al tórax, en el corregimiento de Currulao (Mutatá), así como 23 capturados que han quedado en libertad como parte del acuerdo de levantamiento del paro[5].

Pacífico (Nariño y Cauca)

En ocho municipios del Pacífico de Nariño (El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, Mosquera, Barbacoas, Magüi Payán y Roberto Payán) y tres del Pacífico de Cauca (Guapi, Timbiquí y López de Micay), con epicentro en Iscuandé, se viene desarrollando desde el 10 de Agosto un paro cívico convocado por las organizaciones afrodescendientes y campesinas, cuyo principal eje articulador ha sido exigir que se investigue y sancione a las autoridades corruptas. Pero el movimiento no solamente denuncia la corrupción estructural del aparato estatal, sino que además ofrece como salida la asamblea nacional constituyente y la creación de mecanismos de democracia directa y participativa que permitan una fiscalización permanente de la comunidad hacia las autoridades. Llaman también la atención y exigen respuesta a la situación social calamitosa de esos municipios en temas como salud, infraestructura, vivienda y educación. Por último, también el movimiento exige la paz con justicia social, un fin a la militarización de estos municipios, cese al fuego bilateral y protestan contra la presencia de multinacionales en sus territorios (ver Apéndice 2). Unas 240.000 personas se han sumado a este movimiento que ha paralizado totalmente la Costa Pacífico en estos departamentos[6].

Aún cuando todavía no se presentan actos de violencia física contra los manifestantes, medios alternativos señalan que se ha bloqueado de manera premeditada la señal de Internet en esta región para aislar su voz del resto del país[7].

Putumayo

Desde el lunes 11 de Agosto, 52 comunidades y cuatro cabildos indígenas del corredor Puerto Vega-Teteye se han declarado en paro cívico protestando la ampliación de las licencias ambientales para las petroleras a expensas de los derechos de las comunidades, así como la militarización del territorio y la política de erradicación forzada de cultivos ilícitos, que en opinión de las comunidades movilizadas, busca “aburrir al campesino” para desplazarlo y así despojarlo de su tierra para ponerla a disposición de la locomotora minero-energética[8]. La propuesta de las comunidades se resume a tres puntos: derogatoria de la licencia ambiental para las petroleras, fin de las fumigaciones y respeto a los derechos humanos[9] (ver Apéndice 3).

Guajira

En una entrevista con Semana, la pediatra norteamericana Alicia Genisca decía que “la experiencia de desnutrición en Colombia es igual que en Etiopía”[10]. La situación de la Guajira es una de las más catastróficas en este panorama: el departamento cuanta con 37.000 niños desnutridos, siendo este un problema de carácter crónico; 30% de los niños menores de 5 años están desnutridos y mueren dos niños al día por falta de atención, deshidratación o hambre. Es decir, por pura pobreza. Y lo peor es que aún estas alarmantes cifras son un subregistro: el mismo reportaje de Semana cuenta el caso de un wayú, Francisco Uriana, que ha perdido cinco hijos por física hambre y no ha reportado ninguno a las autoridades por las dificultades que existen para movilizarse desde las zonas rurales[11]. Como él, hay miles de casos.

La reciente sequía, que causó la muerte de 23.000 cabezas de ganado, ha vuelto explosiva la crisis permanente en que vive ese departamento. Pero esta crisis ambiental es expresión de la profunda desigualdad, la falta de acceso a recursos o a infraestructura adecuada, así como el impacto a largo plazo, ambiental y socio-económico que ha tenido la megaminería, particularmente la explotación carbonífera en la región, donde están las explotaciones del Cerrejón. Esto motivó que desde el 11 hasta el 12 de Agosto miles de guajiros se declararan en paro cívico exigiendo que se atendieran sus demandas: mejoras en la provisión de servicios e infraestructura, que el 20% de las regalías que genera el departamento se queden para financiar la inversión social, apoyo a proyectos productivos sostenibles –principalmente de carácter agropecuario y turístico-, mayor planificación en la utilización de los recursos naturales y creación de un fondo especial para pagar la deuda social del gobierno con el departamento[12] (ver Apéndice 4).

Después de dos días de paro cívico, con un saldo de diez heridos a manos del ESMAD y varios detenidos, se logró concretar un acuerdo con las autoridades. Como resultado de este acuerdo, los detenidos fueron puestos en libertad y no serán judicializados. También se creará una comisión que operará desde el 20 de Agosto para negociar el pliego del Comité Cívico de la Dignidad por La Guajira. Pero están claros que sentarse a negociar no es lo mismo que solucionar los problemas agudos del departamento, como lo declara Felipe Rodríguez, vocero del comité cívico, cuyas declaraciones reflejan el déficit de credibilidad de un gobierno que el pueblo ve como tramposo: “como no confiábamos mucho en la palabra del presidente J.M. Santos, ni en el gobierno central, por ello estamos en un proceso de movilización para que la presión popular sea la que demuestre su fuerza, implique y obligue al gobierno a sentarse, dialogar y cumpla con los acuerdos a que lleguemos”[13].

*******

En resumen, se ve que, pese a que no exista una coordinación entre estos movimientos, sí hay problemas estructurales, de fondo, que atraviesan estos cuatro paros: la falta de apoyo a la producción campesina; las multinacionales y las locomotoras santistas que arrasan todo a su paso; la militarización que reprime y desplaza. En realidad, todo es parte de un modelo depredador de desarrollo, un modelo rentista y parasitario que ve al campesino, a las comunidades, como un estorbo para el gran Capital transnacionalizado, buscando encuadrarles manu militari. La integración de este modelo rentista-depredador con formas de violencia pública y privada, nos recuerdan que no se puede disociar el conflicto social del armado. La militarización se está utilizando para desplazar comunidades en beneficio de las multinacionales y para acallar la protesta social en contra de este modelo de acumulación por despojo. Por eso no se equivocan las comunidades del Pacífico cuando dicen en su pliego que la paz, para ser efectiva, sólo puede ser con justicia social; es decir, con transformaciones de fondo en las estructuras opresivas que reproducen una violencia estructural, sorda, constante, letal, sistemática, que si no mata a balas mata de hambre. Pero de que mata, mata. No es que la “justicia social” sea algo sencillamente deseable, pero no imprescindible, en la lucha por la paz; por el contrario, es su condición sine qua non.

Quizás el problema más grande para los sectores populares es el de pensar la paz en clave de cambios sociales profundos, y no como si negociaciones y transformación social fueran dos procesos paralelos, confusión que se generalizó en el contexto de la segunda vuelta presidencial [14]. De la mano de fórmulas equívocas como “estamos con Santos sólo por la paz, pero no con lo demás”, se fue desvinculando la justicia social como un aspecto integral de la apuesta de paz de los de abajo. La paz, en realidad, está íntimamente ligada a “todo lo demás”. La paz, vista como un concepto elástico, demasiado amplio, ignora las concepciones disímiles y hasta antagónicas que existen respecto a ella en el mundo popular y en los círculos de poder. Son esas concepciones opuestas de paz las que deben aflorar, evidenciarse, polarizar si es necesario, en lugar de crear consensos tan artificiales como superficiales en base a fórmulas vagas. El anhelo de paz no nos une con Santos, como algunas figuras de izquierda han dicho. Él anhela una paz con injusticia social, paz para que las multinacionales despojen y se apropien de los recursos a su antojo, sin resistencia. Nada más alejado de la visión de paz que han desarrollado durante décadas diversas expresiones del movimiento social.

Otra cosa es la defensa del espacio de negociación como mecanismo de superación del conflicto armado, pero esto no debe ser visto como sinónimo de apaciguamiento del conflicto social, como lo entiende el liberalismo y los sectores de izquierda que le siguen a la cola: antes bien, la mesa de negociaciones, al plantear visiones disímiles del tipo de sociedad que se quiere construir para superar el enfrentamiento armado, es un espacio más de lucha y confrontación. La paz es un proceso en disputa y el conjunto del pueblo debe abrirse un espacio en él. Un espacio el cual el movimiento popular debe conquistar desde la movilización social, desde la articulación de esas demandas ignoradas por siglos, rechazando enérgicamente que el Estado utilice las armas para seguir acallándolas -hecho que originó, en primera instancia, la resistencia armada, mutación del conflicto social ahogado en sangre. Ni la elección de Santos (ni de nadie) es garantía de paz, ni las reformas estructurales están garantizadas de antemano, sino que dependen de la capacidad de lucha de los sectores populares. Por eso es tan importante insistir en eso de que hay que “meterle pueblo al proceso”. De esto son conscientes los propios insurgentes como lo deja en claro un revelador artículo del comandante de las FARC-EP Carlos Antonio Lozada: “Sabemos que la culminación exitosa del proceso, así como la profundidad y el alcance de las trasformaciones económicas, políticas y sociales que se acuerden, dependen de la capacidad de movilización del pueblo colombiano. Nunca hemos creído que la salida a la encrucijada nacional pueda encontrarse sin contar con el concurso de las más amplias mayorías, única garantía de poner freno a las fuerzas que abogan por la continuidad de la guerra” [15]. Guerra que se hace en función de preservar un determinado modelo económico, social y un determinado tipo de Estado.

Lo hemos dicho una y mil veces: lo que decide es la lucha. Estos paros comienzan a marcar pauta de lo que será la resistencia popular al modelo que defenderá Santos en su nuevo mandato, a su agenda de prioridades, así como al concepto de paz con injusticia social que tratará de imponer. Al calor de estas luchas ojalá que veamos forjarse nuevos liderazgos colectivos y nacer propuestas políticas frescas, como las demandas de democracia directa en el Pacífico. Como siempre, los de abajo, los burlados de siempre, están demostrando que su resistencia es fecunda y creativa.

José Antonio Gutiérrez D.
14 de Agosto, 2014

[1] http://prensarural.org/spip/spip.php?article14809
[2] http://contextoganadero.com/economia/bananeros-y-platan...-peor
http://contextoganadero.com/economia/platanicultores-ll...-pago
[3] http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/levanta...a.asp
[4] http://www.contextoganadero.com/agricultura/bananeros-d...mpleo
[5] http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/protest...46533 ; http://www.pacocol.org/index.php/comite-regional/antioq...ridad ;http://www.semanariovoz.com/2014/08/06/paro-en-bananera...raba/ ; http://www.semana.com/nacion/articulo/uraba-un-muerto-d...210-3
[6] http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-pacifico/c...ivico ; http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/paro-...arino
[7] http://www.pacocol.org/index.php/noticias/10616-bloquea...ifico
[8] http://prensarural.org/spip/spip.php?article14820 ; http://prensarural.org/spip/spip.php?article14754
[9] http://prensarural.org/spip/spip.php?article14818
[10] http://www.semana.com/nacion/articulo/los-ninos-de-la-g...290-3
[11] http://www.semana.com/nacion/articulo/en-guajira-hay-37...788-3
[12] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188414&titular=%...e%94-
[13] http://www.pacocol.org/index.php/comite-regional/la-gua...ociar
[14] http://anarkismo.net/article/27091 Paradójicamente, la actitud adoptada por sectores de la izquierda en la segunda vuelta, que aparecieron haciendo campaña por Santos como si fuera candidato propio, y hasta tomándose foticos sonriendo juntos, facilitó que hoy sea el uribismo quien aparezca ante la opinión pública, de manera totalmente espuria, como la “oposición”. Quizás esperaban algún cargo burocrático y una dosis más o menos generosa de mermelada, pero nada: el gabinete santista no les dio cabida a la hora de repartirse el botín de los cargos público. Esta paradoja política fue reflejada mejor que nadie por una figura del uribismo, Juan Carlos Vélez Uribe, quien dijo hace un par de días en su cuenta de Twitter que “Así no haya representantes de la izquierda en gabinete de Santos esta tendrá que responder por resultados de dicho Gobno porque votó por élhttp://www.semana.com/nacion/articulo/el-gabinete-de-sa...888-3 Triste pero cierto, y aunque los dirigentes de izquierda no lo quieran ver así, esta asociación quedó grabada en amplios sectores sociales.
[15] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188307&titular=l...ones-(ii)-


Apéndice 1

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA, ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y COMUNIDAD INTERNACIONAL

Turbo, julio 15 de 2014

Los productores de plátano de Urabá – Darién – Caribe Colombia, ante la decisión de las comercializadores (UNIBAN, BANACOL, BANUR, CONSERBA) de rebajar en un dólar (US$ 1.0) a partir de la semana 27 del presente año, el precio de compra de la caja de plátano de 25 Kg (primero US$ 0.20 y ahora US$ 0.80) la restricción en los altos cupos para recibir la fruta producida en las fincas, sumado a la devaluación de dólar, el alto costo de fertilizantes e insumos; los transportes, y además, los efectos de la naturaleza (sequia, vendaval, invierno, inundaciones, plagas y enfermedades), y el no pago de BANACOL a sus productores, con 9 semanas atrasadas, suma aproximada a los 2 millones de dólares (US $ 2´0), unos $ 4.000´000.000 millones de pesos, manifestamos a la opinión pública y al gobierno nacional nuestra gran preocupación e inconformidad por la situación que estamos padeciendo los platanicultores, quienes estamos en riesgo de desaparecer en estas condiciones, debido a la descompensación entre costos de producción y el precio de venta, sin que contemos con apoyo alguno por parte de las entidades gubernamentales y de la comunidad internacional que se alimentan con nuestros productos.

Ante esta situación y el silencio de cada una de las instancias tanto públicas como privadas, comprometidas en este mercado alertamos a la comunidad en general sobre este hecho, que afecta, de manera directa, a por lo menos 15.000.000 familias campesinas que derivamos nuestro sustento de este cultivo, e indirectamente de un número considerable de mano de obra, quienes además padecemos de la falta de seguridad social, la carencia de los más elementales servicios públicos como son agua potable y saneamiento básico, vivienda digna, atención integral en salud, educación y asistencia técnica para la producción; vías de acceso y en general la falta de infraestructura de servicios, que nos permitan vivir de manera digna.

Lo que está en juego hoy es la estabilidad económica de 15.000 familias platanicultores de Urabá a quienes se les quiere sacar del bolsillo casi cinco millones de dólares (US$ 5’0), aproximadamente, diez mil millones de pesos ($ 10.000’0), por la rebaja de un dólar por caja, casi 5’0 millones de cajas para la exportación desde Urabá, (4’8 millones de cajas en 2013, según cifras de Augura), la garantía del mercado para nuestros productos, hoy hay restricción en los cupos sobre la producción de las fincas que cada día es más frecuente, aun no estando en cosechas y la afectación, aun mayor, a minino vital del sustento de las familias a quienes BANACOL, adeuda 9 semanas de embarque, somos pequeños productores que derivamos el sustento del producido semanal de nuestro trabajo.

Se está castigando así a los pequeños productores para que asumamos las cargas de la supuesta descompensación del mercado al decir de las comercializadoras, sin la mínima garantía del derecho a defendernos; por estas razones nos declaramos en alerta máxima, en espera de que el Gobierno Nacional, en cabeza del Sr. Presidente de la República, Minagricultura y Mincomercio, nos den una respuesta oportuna y satisfactoria a nuestras peticiones en tal sentido, de lo contrario tendremos que proceder con acciones de hecho y de derecho para lograr de que se nos reconozca la descompensación en los costos de producción, se nos permita sacar nuestros productos directamente por el puerto de Urabá y se nos cancele las deudas atrasadas, por eso solicitamos el apoyo de todos los productores agrícolas de la región, de todas las fuerzas vivas, del sector comercio, transporte y fuerza laboral en general, nos acompañen en esta justa petición de nuestro gremio, tendiente a exigir nuestros derechos como productores Colombianos, dignos de todas las garantías constitucionales y legales que nos debe garantizar el Estado.

COMITÉ CENTRAL PRODUCTORES PLATANEROS DE URABÁ – DARIEN – CARIBE


Apéndice 2

MANDATO CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA COSTA PACÍFICA

1. Exigimos una asamblea nacional constituyente que garantice la transparencia de las administraciones públicas. Revocamos los mandatos de los actuales gobiernos y su régimen municipal, caracterizados por la corrupción e ilegitimidad; como también las personas que hayan ejercido las alcaldías o cualquier cargo administrativo y se les haya hecho cuestionamientos por corrupción; no podrán volver a aspirar a ningún cargo público. En este orden de ideas imponemos la ejecución de peculado con toda la fuerza de la ley.

2. Todo Esquema de Ordenamiento, Plan básico, Plan de desarrollo o actividad que use recursos públicos tienen que ser creados, aprobados y vigilados por asambleas populares en cada municipio; en conjunto con el concejo municipal o alcalde municipal según sea el caso. La asamblea tiene la función de vigilar, suspender, revisar, revocar y exigir toda información, con el objeto de hacer cumplir con el mandato establecido en la asamblea popular.

3. Prohibimos el ingreso de transnacionales a nuestros territorios, declarando que nuestras comunidades tiene autonomía propia para hacer uso del suelo y del subsuelo del país.

4. Declaramos que la paz tiene que ser con justicia social, donde todos los colombianos y colombianas se nos garantice de forma equitativa y real frente a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia y el Derecho Internacional Humanitario. Apoyamos los diálogos de la Habana y demandaremos del gobierno que se firme un acuerdo de cese bilateral al fuego mientras se logra un acuerdo de paz.

5. El pueblo en su autonomía de elegir a sus mandatarios y funcionarios públicos, evaluará los resultados administrativos de los mismos por medio de asambleas populares, respetando la soberanía declarada constitucionalmente para todos los colombianos y colombianas. Y con libertad tomará todas las medidas del caso cuando no se cumpla a cabalidad con las funciones públicas.

6. Las fuerzas armadas retomarán las funciones para las cuales fueron creadas: “Salvaguardar la soberanía del pueblo colombiano con respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y saldrán de los cascos urbanos y rurales cercanos a la población civil. Basta ya de represión estatal y violaciones de derechos humanos, herramientas utilizadas por el estado para respaldar la debilidad e impotencia administrativa de los gobernantes de turno, frente a la libre expresión del descontento de pueblo con las administraciones corruptas.

7. Ordenamos al gobierno nacional que brinde las garantías y recursos necesarios para la difusión, socialización y educación de la ley 70 de 1993 de las comunidades negra a nivel de la región pacífica Colombiana.

8. Ordenamos al gobierno nacional que reglamente la ley 70 de 1993. Es de prioridad para el desarrollo de nuestras comunidades la definición de los mecanismos legislativos que consoliden una eficaz y equitativa normativa que permita la plena autonomía en la toma de decisiones de peso para el desarrollo estratégico integral de nuestra región.

9. En nuestro territorio se respetará el derecho a la consulta previa, libre e informada, plasmado en la ratificación del artículo 169 de la OIT, la ley 70 de 1993 y el Decreto 145 de 1995.

10. Las condiciones de cambio y revolución las generamos nosotros mismos desde estos espacios. Nadie nos otorga la libertad y la igualdad que son nuestras y que establecen nuestra dignidad, soberanía y autonomía, reclamadas y luchadas desde el tiempo del libertador.

Compañeros y compañeras el llamado es hacia la lucha organizada por la transformación de nuestra sociedad.

POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN, HOY LEVANTAMOS NUESTRA VOZ EN UNIDAD DE LUCHA POR UN PACÍFICO MEJOR EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN.


Apéndice 3

Razones del paro cívico en Putumayo

Les damos a conocer a todas las comunidades del corredor Puerto Vega – Teteye el por qué nos encontramos en esta manifestación. Le ponemos alma, corazón y vida a la situación actual que vive nuestro corredor. Estamos preocupados por:

1. La ampliación de la licencia ambiental 0551 de 30 de mayo de 2014. Esta licencia presenta muchas inconsistencias, declarando que en este territorio no hay indígenas, afrodescendientes y mucho menos campesinos. Nos vimos en la necesidad de organizarnos y salir a la vía con el propósito de paralizar la empresa petrolera que opera en este territorio, queremos manifestar que no estamos de acuerdo con la ampliación de esta licencia ambiental ya que pretende el despojo del territorio.

2. La erradicación forzada: el gobierno nacional con esta política nefasta pretende acabar con lo poco que produce nuestra tierra con el objetivo de aburrir al campesino. No es un secreto que si el objetivo no resulta de la acción de los erradicadores, entran a operar las fumigaciones de manera indiscriminada para que el campesinado se desplace y abandone el territorio, para con ello poder aplicar la política minero energética (explotación minera de oro, coltán, petróleo, entre otros) y ampliar la explotación en 148 pozos solo en nuestro corredor.

3. La violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario: Falsos positivos, judicializaciones, intento de homicidio, señalamientos, empadronamientos, ametrallamientos, bombardeos, amedrentamientos y allanamientos ilegales y ocupación de caseríos, escuelas y casetas comunales por parte de la fuerza pública.

Días antes, cuando las comunidades presentaron el pliego de peticiones que manifiesta su inconformismo, la respuesta del gobierno nacional fue enviar más fuerza pública y ordenó la militarización de las vías y campos para defender el negocio de las petroleras.

No al saqueo de nuestros recursos naturales, los campesinos del corredor Puerto Vega Teteye en pie de lucha por la defensa del territorio
Acompañemos esta movilización: el agua, el oxígeno y la tierra son patrimonio universal. ¡Defendámoslas entre todos, vamos a recuperar nuestras tierras!


Apéndice 4

PUNTOS CENTRALES DEL PLIEGO DE PETICIONES: POR LA DIGNIDAD DE LA GUAJIRA

1.- Creación del Fondo de Desarrollo y Compensación por la Dignidad de la Guajira, mediante el cual, el Estado Colombiano pagará la centenaria e inmensa deuda social que tiene con el pueblo guajiro y en el que, las multinacionales explotadoras del carbón y el gas pagaran los inmensos e irreversibles pasivos ambientales, sociales, económicos y culturales al pueblo guajiro de casi 30 años de explotación minera, lo mismo que, adquirir los seguros de responsabilidad social tendientes a cubrir las eventualidades que se presenten en la explotación de los recursos naturales no renovables.

2.- Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados.

3.- Plan de choque para la reactivación, el impulso y la promoción de proyectos productivos para los sectores agropecuario, industrial, acuícola, y de turismo, con el fin de generar empleos productivos y estables y garantizar la soberanía alimentaria departamental.

4.- Mejorar la calidad de vida de las comunidades guajiras, de tal manera, que la riqueza generada por la explotación de los recursos económicos se comparta y todos los agentes sociales tengan beneficios en empleos dignos, servicios públicos de calidad, alimentación, salud, educación y vivienda.

5.- El Estado Colombiano debe garantizar el goce pleno de la democracia a los guajiros, al igual que la promoción y uso de derechos y libertades públicas.

8 de Agosto de 2014.

author by RPASURpublication date Fri Aug 15, 2014 22:41Report this post to the editors

En espera de la presencia del gobierno colombiano las comunidades de la costa pacífica nariñense continúan en paro desde el pasado domingo 10 de agosto. A lo largo y ancho de la costa se han presentado movilizaciones y actos de protesta contra la corrupción y el histórico abandono estatal al que ha sido sometida esta zona del país.

Related Link: https://www.youtube.com/watch?v=nIPjqDQEXjk&feature=you...DEYUA
author by Fensuagropublication date Sat Aug 16, 2014 13:23Report this post to the editors

El corredor puerto Vega-Teteye a través de su historia ha protagonizado y sobrevivido a la cruel crisis inhumana que deja como consecuencia la incrementación petrolera, la activación y ejecución de las políticas antidrogas, incrementación militar y de la mano con los anteriores la Incrementación y Agudización en la Violación Constante y Sistemática a DDHH y DIDH.

Desde el 2006 las comunidades campesinas e Indígenas han dado uso al Artículo 37 que constitucionalmente otorga el derecho a la Movilización y Protesta Pacífica; Se han desarrollado alrededor de 7 manifestaciones cada una de ellas concluyeron en actas y compromisos firmados por el Gobierno Nacional, Departamental y Local con sus respectivas Dependencias e Instituciones competentes, además como Garante en varias Ocasiones la Defensoría del Pueblo Y Personería Municipal.

Sinembargó hoy 13 de Agosto, una vez más las comunidades del CORREDOR PUERTO VEGA-TETEYE, vivieron la arremetida Brutal como respuesta a sus exigencias por parte del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que desde el 10 de Julio se encuentran en Bloqueo contra la Empresa Petrolera por su intención y afán en expandirse como lo estipula la RESOLUCIÓN 0551 del 30 de Mayo, la cual Otorga y aprueba su crecimiento en alrededor de 12.796.397 hct. Con la construcción de 100 pozos más. Como resultado a la arremetida de hoy se presentaron varias personas heridas y la captura del señor JOSE BOLIVAR PINO HERRERA, sindicado de ser quien daño el puente de la Vereda la Carmelita y afecto algunos vienes en protestas pasadas; hecho que la comunidad rechaza teniendo en cuenta que el señor no ha participado en la Movilización actual, pero que sinembargó interpuso demandas y le exigió a la empresa cumplir con el deber de indemnización por afectaciones a sus dedos siendo obrero en Taladro PEI, y que no ha recibido respuesta clara y justa hasta el momento.

Paralelo a esto en la Vereda Campo Alegre a menos de 10 minutos de la Vereda la Carmelita el ANLA se encontraba reunida con la directiva de ACSOMAYO, dando cumplimiento al compromiso de revisión y seguimiento a las denuncias interpuestas por las comunidades, es indignante ver como las instituciones se prestan para engañar y confundir la población garantizando a la empresa su continuidad en el proyecto de extracción; las comunidades en protesta teniendo conocimiento de esta visita, ya habían manifestado y solicitado que el ANLA llegara al Punto de concentración para articular y definir acompañamiento en la dinámica de Recorrido para la revisión de los Pozos y sus afectaciones; solicitud que no se tuvo en cuenta y que por el contrario aporto al buen ejercicio de la FUERZA PUBLICA en Carmelita.

Por acciones como estas y muchas más que se han denunciado en su momento la RED DE DERECHOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO, COMISIÓN DE DDHH MARCHA PATRIÓTICA Y FENSUAGRO DDHH, EXIGIMOS al Gobierno Nacional, Departamental y Local que se activen acciones frente a la actual situación sobre todo cuando está claro que los intereses ECONOMICOS están por encima de la pervivencia del Departamento, Violando DDHH y DIDH. De igual forma hacemos un llamado a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y PERSONERIAS Competentes para que se atienda la actual situación con lupa y no desde la distancia, también invitamos a los medios de comunicación para que en casos como estos se juegue un papel importante en la puntual y pronta información.

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DDHH MARCHA PATRIÓTICA

DDHH FENSUAGRO

author by Semanapublication date Sun Aug 17, 2014 01:48Report this post to the editors

Once municipios del pacífico colombiano están paralizados desde hace seis días, exigen castigo contra quienes saquearon la región.

Si alguien tenía dudas del olvido en el que se encuentra el pacífico, basta recordarles que desde hace seis días esa región está bloqueada a raíz de un paro cívico y cuya única exigencia es que las autoridades le pongan freno y castiguen a los corruptos que la saquearon.

Lo más absurdo, es que pese a la naturaleza de la protesta y el impacto de la misma, ya que afecta a por lo menos 100 mil habitantes de once municipios del pacífico caucano y nariñense, muy pocos colombianos están enterados de la singular manifestación.

“Ya completamos cinco días de parálisis total. Si bien la protesta es pacífica, tememos que haya desabastecimiento de víveres”, explicó Marín Romero, personero de El Charco, Nariño, uno de los municipios afectados.

Hasta este viernes 15 de agosto el paro seguía su curso con las consecuencias propias de una protesta de tal magnitud. Por ejemplo, en esos municipios el comercio está paralizado, se suspendió la jornada escolar y el transporte fluvial que es el medio más usado, está suspendido,

“Mucha gente se abasteció antes de iniciar la protesta; pero tenemos casos de aquellas víctimas que subsisten de la ayuda humanitaria, que están sufriendo”, dijo Silson Carabalí, personero de Guapi, Cauca, otro pueblo en paro.

El paro regional del pacífico como lo denominan los líderes de los Consejos Comunitarios que lo organizaron, tiene como único propósito que el Gobierno Nacional y las autoridades de control “escuchen nuestras denuncias con pruebas, en torno a la manera como la clase dirigente se ha robado la plata de las obras en nuestros municipios”, argumentó Carmelo Castillo, consejero de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño.

Agregó el señor Castillo, que solo en su municipio se han presentado casos aberrantes, “como la desaparición de 10.000 millones de pesos en materiales para construcción, entregados para reparar las 240 casas afectadas por el sismo de ocurrido el 9 de febrero de 2013”.

Iscuandé es precisamente el pueblo desde donde se hizo la convocatoria del paro y se instaló una mesa de trabajo con los manifestantes. No obstante, la protesta también se extendió a localidades como El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Barbacoas, Maguí Payàn y Roberto Payán.

Mientras que por el lado del Cauca participan tres municipios: López de Micay, Guapi y Timbiquí. En este último se registró un hecho tensionante el pasado martes 12 de agosto, cuando los manifestantes bloquearon la pista del pequeño aeropuerto y retuvieron por varias horas una aeronave de la empresa TAC que vuela desde Cali, hacia esa población.

A raíz de ese bloqueo que duró casi 24 horas, la empresa aérea decidió suspender hasta nuevo aviso, sus operaciones semanales que realiza hacia Timbiquí.

Hay quienes creen que el paro ya tuvo su primera respuesta efectiva, luego de que el gobernador de Cauca, Temístocles Ortega, hiciera el anuncio de suspender al acalde de Guapi, Yarley Ocoró, dos días después de iniciarse la protesta.

Ese alcalde era objeto de serias denuncias por supuesta corrupción y le criticaban que casi no permanecía en el municipio. Aunque la investigación corre por cuenta de la Contraloría y aún no ha terminado, el gobernador Ortega tomó la decisión de suspender al alcalde, como medida cautelar.

Pero los manifestantes no se conformaron con esa decisión y ya le hicieron saber a Ricardo Cifuentes, secretario de Gobierno de Cauca, que el paro se mantendrá, “hasta tanto el Gobierno Nacional conforme una comisión de ministros que escuchen sus demandas”, dijo el funcionario caucano.

Así transcurre el Paro Regional del Pacífico, una protesta invisible para el resto de los colombianos, que busca acabar con la corrupción.

Related Link: http://www.semana.com/nacion/articulo/municipios-del-pa...240-3
author by RPASURpublication date Tue Aug 19, 2014 02:50Report this post to the editors

A los siete días de paro en la costa pacífica nariñense, las comunidades denuncian tres heridos producto de un error del ejército colombiano y persecución a líderes de la movilización.

Dialogamos con Orlando Quiñones del municipio de Santa Bárbara de Iscuande.

Related Link: http://www.ivoox.com/comienza-persecucion-paro-la-audio....html
author by Oficina de Prensa Paro Regional del Pacíficopublication date Tue Aug 19, 2014 14:51Report this post to the editors

Ante el poder de movilización y resistencia de las comunidades del Pacífico, el Gobierno no tuvo otra medida que empezar a ceder a las exigencias de la mesa de coordinación del Paro que presentó y lideró los tres puntos de la agenda

Trataron de negarlo, esconderlo y borrarlo de los medios de comunicación, pero al final, el Paro Regional del Pacífico contra la corrupción se impuso y el Gobierno debió llegar hoy hasta la Costa Pacífica nariñense, más precisamente al municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, para reunirse con los voceros de los once municipios de los departamentos de Cauca y Nariño que desde el 10 de agosto se declararon en Paro.

Ante el poder de movilización y resistencia de las comunidades del Pacífico, el Gobierno no tuvo otra medida que empezar a ceder a las exigencias de la mesa de coordinación del Paro que presentó y lideró tres propuestas: creación de la Mesa Subregional del Pacifico caucano y nariñense; garantías políticas y seguridad para los manifestantes; y discusión del Mandato por la vida digna y contra la corrupción de la Costa Pacífica.

Estos fueron los acuerdos a que se llegó con el Gobierno:

- Creación de una comisión especial para investigar los casos de corrupción
- Inicio del proceso de formalización de la Mesa Subregional del Pacifico caucano y nariñense.
- Reunión el 21 de agosto en Santa Bárbara Iscuande, con una comisión del Gobierno encabezada por el viceministro del interior donde se definirá: mecanismo de formalización de la mesa, temario, cronograma de trabajo y metodología para su funcionamiento.
- Medidas de protección por parte del Estado para los participantes del Paro
- Los manifestantes se comprometen a declararse en asamblea permanente, pero continúan en Paro

Por el Gobierno a la reunión asistieron representantes del Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Programa de Comunidades Negras de la Presidencia de la República y los Gobernadores de los departamentos de Cauca, Temístocles Ortega y de Nariño, Raúl Delgado.

Para el día jueves se espera la llegada de la comisión del Gobierno a Iscuandé para oficializar la Mesa de Interlocución del Pacífico y discutir el Mandato por la vida digna y contra la corrupción de la Costa Pacífica que establece diversos ejes de trabajo para dar solución a la grave crisis que afronta el Pacífico colombiano.

Oficina de Prensa Paro regional del Pacífico
Agosto 18 de 2014

author by Comité Cívicopublication date Sun Aug 24, 2014 04:27Report this post to the editors

Siendo las 4pm del día 21 de agosto de 2014, en el municipio de Iscuandé- Departamento de Nariño, el gobierno nacional y la coordinación subregional del Pacifico nariñense y caucano acuerdan:

I. SUBMESA MANDATO: En el día de hoy se abordan los puntos 1 y 6 del Mandato por la vida digna y contra la corrupción en su alcance regional.

En esta mesa participaron los órganos de control, la Fiscalía, el Programa Presidencial de Transparencia, el Ministerio de Agricultura y representantes de la coordinación subregional del Pacífico nariñense y caucano, los acuerdos logrados son:

1. Se crea la comisión de la verdad y la transparencia, integrada por la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Secretaria de la Transparencia de la Presidencia.

2. Se acuerda un cronograma de trabajo de esa comisión, que realizará por parte de la contraloría general un ejercicio de control fiscal con auditorias y actuaciones especiales por los municipios de Iscuandé, Guapi y El Charco. El proceso de investigación de la comisión se iniciará en el municipio de Iscuandé del 1 al 5 de septiembre. Si es necesario se ampliará en una semana el tiempo de trabajo de la comisión.

3. Este proceso se realizara en los 11 municipios, posteriormente se programara la visita a los demás municipios.

4. La coordinación subregional del Pacífico nariñense y caucano se compromete a enviar un derecho de petición a la procuraduría nacional para solicitar la designación de una delegación especial que atienda las denuncias de los diferentes municipios, en el entendido que las procuradurías regionales también son objeto de denuncia. Se solicitara también el cambio de radicación de los procesos que en este momento cursan en las procuradurías regionales.

5. La coordinación subregional del pacifico nariñense y caucano se compromete a enviar un derecho de petición a la Contraloría Nacional para el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.

6. Como medida inmediata se inició la recepción de denuncias en el Colegio municipal de Iscuandé que recogió los municipios de Iscuandé, El Charco y Timbiquí. Aclarándole a la ciudadanía que a partir del 1 de septiembre, el equipo auditor debe recibir todas las denuncias que se pongan a consideración.

II. SUBMESA FORMALIZACION

En esta mesa participó el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, los gobernadores del Cauca y Nariño, y representantes de coordinación subregional del Pacífico nariñense y caucano, los acuerdos logrados son:

1. El gobierno nacional reconoce la existencia de la mesa como un espacio de concertación entre las comunidades del pacífico sur y el gobierno nacional.

2. A más tardar el 15 de septiembre, el gobierno nacional presentará el mecanismo administrativo para formalizar la mesa subregional del Pacífico nariñense y caucano.

3. Inicialmente la mesa tendrá 4 reuniones cada 20 días y después una vez al mes. Cuando sea necesario de acuerdo a las partes se convocaran reuniones extraordinarias.

4. LUGAR DE LAS REUNIONES: Las primeras cuatro sesiones se realizarán en el municipio de Guapi, después las reuniones mensuales tendrán sede rotativa en los municipios que hacen parte de la mesa.

5. OPERACIÓN DE LAS REUNIONES: Las cuatro reuniones iniciales parten de una agenda que se trabaja inicialmente en plenaria y luego trabajará en comisiones de las submesas.

6. COMPOSICION:

Por parte del gobierno:

La mesa será integrada por el Ministerio del Interior convocará a las demás instituciones del gobierno e invitará a las instituciones del estado. Por parte de la coordinación del pacífico:

Los delegados de la coordinación del pacífico será 1 persona por municipio.

7. SECRETARÍA TECNICA

La secretaría técnica estará conformada por dos miembros por cada una de las partes y se encargará de las convocatorias y de ayudar a redactar actas, etc.

8. GARANTES: Se invitará al sistema de Naciones Unidas y a la iglesia para que acompañen a la mesa y realicen el ejercicio de moderación

9. SUBMESAS PERMANENTES

A. SUBMESA GARANTIAS Y DERECHOS HUMANOS. Hacen parte de esta: El Ministerio del Interior, la unidad nacional de protección, Defensoría del pueblo y demás entidades pertinentes, así como las personas definidas por la coordinación de la mesa.

B. SUBMESA TRANSPARENCIA: Estará integrada por los Órganos de control y la fiscalía. Programa presidencial de la transparencia y los delegados definidos por la coordinación del pacífico.

C. SUBEMESA TECNICO POLITICA SOBRE LAS DEMANDAS Y AGENDAS PROPIAS DEL PACIFICO: Discutirá políticas públicas, planes, programas y proyectos para el pacífico nariñense y Caucano. El El documento que se debatirá es el Mandato por la vida digna y contra la corrupción en su contenido regional. Las discusiones nacionales serán abordadas por la mesa Única Nacional.

Estará integrada en forma permanente por el Ministerio del Interior, el ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Adicionalmente harán parte de ella todas las instituciones requeridas para darle cumplimiento a los acuerdos.

Para efectos de la organización esta mesa será la encargada de definir la agenda de cada reunión.

PARÁGRAFO: Los gobernadores de Nariño y Cauca serán invitados permanentes y las personas que ellos consideren pertinentes.

11. LOGÍSTICA: El gobierno nacional y los entes territoriales garantizaran dentro de los marcos normativos y presupuestales el desarrollo de las sesiones programadas de la mesa.

12. PRÓXIMA REUNION: Jueves 18 de septiembre, 9am en Guapi. Tendrán tres objetos: Recepción de la propuesta del gobierno nacional sobre el instrumento de formalización, instalación formal de las mismas. Abordar en la submesa técnico política el punto 6 del mandato.

Al respecto en la reunión de hoy en la submesa se tocó el punto 6 del mandato para lo cual la coordinación del pacifico presento propuesta que será analizada por el gobierno y discutida en la reunión del 18 de septiembre.

III. SUBMESA DE GARANTIAS Y DERECHOS HUMANOS

En esta mesa participo el Ministerio del Interior, la unidad nacional de Protección, defensoría del pueblo y representantes de la coordinación del pacífico. Los acuerdos logrados son:

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. El gobierno Nacional se compromete a gestionar 20 trámites de emergencia para los líderes y lideresas de la protesta, consistente en apoyos de un medio de comunicación. Estos cupos se asignarán de un listado que presenten los líderes de la mesa técnica a través del señor Jorge Luis Valencia García, que incluirá la identificación de los beneficiarios, correo electrónico, número de contacto.

Entre tanto, si eventualmente se presenta una persona acusando riesgo inminente, la defensoría del pueblo se compromete presentar por trámite de emergencia ante la unidad nacional de protección la situación.

En todo caso, la Unidad Nacional de Protección se compromete a hacer la evaluación de riesgo dentro de los términos legales establecidos para lo cual los aspirantes a las medidas de protección se obligaran a presentar los formularios de inscripción diligenciaos, fotocopia de la cedula de ciudadanía y certificación de la organización a la que pertenece y certificación de la denuncia ante la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría lo cual puede ser opcional. La presentación de la documentación se debe hacer antes del 30 de agosto de 2014 ante la unidad nacional de protección al correo electrónico mauricio.martinez@unp.gov.co, teléfono 3212774445.

APERTURA DE PROCESOS DE JUDICIALIZACION DE QUIENES GESTAN EL PARO.

1. En el evento de que se lleguen a presentar judicializaciones o aperturas de procesos penales y/o disciplinarios por hechos relacionados con la movilización social del pacifico, el Ministerio del Interior se compromete a gestionar una reunión con la fiscalía general y procuraduría general, si fuera el caos, para socializar el escenario presentado.

La defensoría del pueblo expone que la protesta social es un derecho social y constitucional, luego, entonces, en el evento en que se presente judicialización de un dirigente del paro, ofrecerá los servicios de la defensoría pública.

2. Exigencias de no estigmatizar la región o las personas

El Ministerio del Interior se compromete a librar comunicación a cada uno de los alcaldes y personeros con el fin de recordar a los servidores sobre la no estigmatización de la región o a quienes participaron en la protesta del pacífico caucano y nariñense, y el Ministerio de defensa hará lo propio ante la fuerza Pública.

Dichas comunicaciones serán leídas dentro de los consejos de seguridad municipales y entregados a los líderes de la protesta.

3. Exigir que la defensoría del Pueblo dé trámite a las quejas presentadas

El director nacional de Atención y Trámite de Quejas se compromete a recibir y tramitar las quejas que la comunidad presente.

Los defensores comunitarios de cada departamento se encargarán de recepcionar las denuncias que los diferentes municipios que hacen parte de la coordinación subregional de la Costa Pacífica nariñense y caucana presente de forma constante y oportuna.

El cumplimiento y avance en los compromisos serán revisados en la reunión del 18 de septiembre.

Finalmente los líderes de la coordinación Subregional del Pacífico nariñense y caucano dieron lectura al Mandato por la vida digna y contra la corrupción (Se anexa), el cual será objeto de discusión en el desarrollo de las mesas.

Con base en los acuerdos y compromisos anteriores la coordinación subregional del Pacifico nariñense y caucano se compromete a levantar la protesta social y las vías de hecho que adelanta en los 11 municipios del litoral pacífico nariñense y caucano, para garantizar su normal funcionamiento.

Para constancia se firma en el Acta original:

Juan Camilo Restrepo Gómez Viceministro de Relaciones Políticas (Ministerio del Interior)

Aníbal Fernández de Soto Viceministro de Desarrollo Rural

Raúl Delgado Guerrero Gobernador de Nariño

Luis Higuera Contraloría General de la República

Henry López Procuraduría General de la Nación

Heriberto Campaz Vocero Región Sanquianga

Orlando Quiñones Vocero Región Telembí

Hugo Nelson Banguera Vocero Cauca

author by María Flórez - El Espectadorpublication date Mon Aug 25, 2014 18:49Report this post to the editors

Sintiendo el peso de las catástrofes ambientales de La Guajira y el Casanare, los campesinos del Putumayo se resisten a mirar impávidos los chorros de petróleo que corren por las carreteras y los ríos de la región. Cansados de los derrames y las explosiones causados por las Farc, recibieron devastados la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de permitirle al Consorcio Colombia Energy incrementar sus operaciones en Puerto Asís, la ciudad más poblada y de mayor dinámica comercial del departamento. La nueva licencia, expedida el 30 de mayo, le permitirá a la compañía construir 100 nuevos pozos en 20 plataformas distribuidas en más de 12.000 hectáreas que, según los líderes de la región, están habitadas por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Con el objetivo de reversar esa decisión, los pobladores de una vasta zona rural conocida como el corredor Puerto Vega-Teteyé decidieron sabotear las operaciones del consorcio, cuyo operador es la compañía Vetra. Armados con palos, caucheras y bombas incendiarias, bloquean de manera intermitente la vía principal. Las restricciones a la movilidad obligaron a la policía a enviar contingentes del Esmad que, rodeados de militares, se encuentran apostados a la entrada de pozos y puentes para garantizar la salida de los carrotanques cargados de crudo. El alcalde de Puerto Asís, Jorge Eliécer Coral, asegura que “esa situación ha llevado a choques cada vez más frecuentes con los campesinos” y que “el petróleo es una maldición”.

Pero la inconformidad con las empresas no se reduce al tema ambiental, sino que está estrechamente relacionada con las carencias en infraestructura, salud, educación y servicios públicos que azotan al departamento y que no han encontrado alivio en las jugosas regalías que le gira a la nación el sector petrolero, cifra que ascendió a $9,8 billones en 2012. Mientras en 2004 se extrajeron del Putumayo 9.849 barriles de petróleo al día, en 2013 se obtuvieron 48.042, lo que convirtió el departamento en el quinto productor del país. El alcalde Coral lamenta que la reforma al Sistema General de Regalías haya centralizado el recaudo y cambiado la distribución de los recursos, lo que según él le quitó $12.500 millones anuales a la región.

En Villagarzón la situación no es más alentadora. Desde 2010 el Sindicato de Trabajadores Petroleros del Putumayo ha promovido asambleas permanentes, marchas y bloqueos de vías para protestar por la operación de la compañía canadiense Gran Tierra Energy, que en 2013 extrajo diariamente 24.771 barriles de petróleo de los suelos colombianos. Aunque representantes de la empresa han concertado mejoras laborales con los trabajadores y el gobierno local, el representante legal del sindicato, Yesid Calvache, asegura que los acuerdos no se han cumplido y que “las multinacionales no ocupan el personal calificado que tenemos, ni adquieren en la zona bienes, servicios o suministros, lo cual perjudica la economía”. A esa tensión se suman los panfletos con los que un grupo denominado Organización Defensora del Pueblo ha amenazado de muerte a los sindicalistas y generado temor en el municipio.

Otro problema es el de los sembrados de hoja de coca, un lastre que carga el Putumayo desde la década del 80, cuando el cartel de Medellín y el desaparecido jefe paramilitar Gonzalo Pérez afincaron el narcotráfico en la zona. En la memoria de los líderes están grabados el paro cívico del 94 y la multitudinaria marcha cocalera del 96, con los cuales se buscó aliviar la presión del Ejército sobre las poblaciones productoras y encontrar alternativas para sustituir los cultivos. Desde entonces, los campesinos y el gobierno han firmado sendos compromisos que no se han traducido en soluciones efectivas. Y aunque los sembrados se redujeron un 50% entre 2006 y 2012, alcanzando las 6.148 hectáreas, la crisis sigue latente.

Uno de los casos más preocupantes es el de la zona de reserva campesina Perla Amazónica, donde unas 700 familias viven de la coca y conviven con los pozos petroleros de Amerisur Resources y el Consorcio Colombia Energy. Allí, los campesinos denuncian que a la par de la erradicación manual no se están poniendo en marcha planes de contingencia para poder subsistir sin la hoja y que los costos del transporte y la falta de líneas de comercialización no les permiten vivir de la agricultura. Por eso, algunos de ellos se han vinculado como obreros a las compañías petroleras, lo que ha generado divisiones internas porque los puestos de trabajo son escasos. Pedro Arenas, miembro del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, opina que “es necesaria una transición para que los productores puedan dejar poco a poco los cultivos, porque hoy no cuentan con la infraestructura para cambiar de actividad económica”.

Y aunque en el paro agrario de 2013 se acordó frenar las fumigaciones con glifosato, hasta tanto no se presentaran propuestas alternativas, el alcalde de Puerto Guzmán, Édison Mora, denunció que las operaciones se reanudaron a finales de julio. Éder Sánchez, de la Mesa de Organizaciones Sociales, Campesinas e Indígenas del Putumayo, asegura que “los proyectos productivos de palmito, pimienta, cacao, plátano y yuca, que son financiados por el gobierno, también están siendo fumigados”.

El caldo de problemas sociales se ve agravado por la presencia del frente 32 de las Farc en Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Villagarzón, del frente 48 en el Valle del Guamuez, San Miguel, Orito y Puerto Leguízamo, y de esas dos estructuras en Puerto Asís. Líderes sociales denuncian que la guerrilla impone restricciones a la movilidad, establece “planes de convivencia” en las zonas rurales, recluta menores, regula la entrada a las fincas, desplaza a las familias de los militares, amenaza de muerte a los trasportadores de crudo y hasta expulsa a los sacerdotes.

Pero quizá el señalamiento más grave provenga del propio gobernador, Jimmy Díaz, quien en diálogo con El Espectador aseguró que los frentes de las Farc que operan en el Putumayo no respetarán lo que se acuerde en Cuba. Según él, “los grupos armados al margen de la ley que no se sienten representados en la mesa de La Habana (Cuba) se están refugiando aquí y van a seguir existiendo a costa de la extorsión, el terrorismo y los cultivos ilícitos”. La semana pasada, durante el Encuentro Regional de Paz organizado por la Redprodepaz, más de 300 líderes regionales también se mostraron desesperanzados por el futuro de los diálogos y expresaron su preocupación por que en la agenda no se incluyó la discusión sobre el tema minero-energético.

Esas y otras situaciones, como que no haya universidad pública, hospital de tercer nivel o agua potable, tienen al Putumayo al borde de un paro cívico que promete paralizar la industria petrolera. La comunidad, la iglesia y el gobernador Díaz le piden al presidente Juan Manuel Santos que haga presencia en el departamento y le recuerdan que 57 mil putumayenses votaron por él. Y es que, como dice el alcalde Coral, la gente se siente “inerme en una situación en la que no encuentra un eco respectivo, solamente esperanzada en que Dios y el Gobierno quieran ponerle el ojo a la región”.

author by RPASURpublication date Fri Aug 29, 2014 03:26Report this post to the editors

Desde la primera semana de julio las comunidades del Putumayo se encuentran realizando una protesta pacífica en las vías de Puerto Vega –Teteye, en contra de la ampliación de la licencia ambiental otorgada por el gobierno colombiano al consorcio Energy, debido a las graves consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales que han traído a la población.

Contrario a lo que el gobierno ha declarado de forma reiterativa por los medios de comunicación con referencia a la necesidad de la paz en el país, el 27 de agosto ll fuerza pública arremetió disparando contra esta comunidad en protesta, dejando 36 personas heridas.

La Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente Colombiano dialogo con Yule Anzueta delegado de la Mesa de Organizaciones Sociales le Putumayo.

Related Link: http://www.ivoox.com/fuerza-publica-dispara-contra-mani....html
author by Julio Pulidopublication date Sat Aug 30, 2014 12:08Report this post to the editors

Putumayo sufre de ironía. Ubicado en un sitio estratégico de desarrollo por sus riquezas extractivas y en un lugar privilegiado por su exuberancia medioambiental, enfrenta altos niveles de pobreza, conflictividad social, crisis ambiental y agudización del conflicto armado.

Constituido por 13 municipios distribuidos en alto, medio y bajo Putumayo; con una población indígena agrupada en 14 grupos étnicos y 120 cabildos, Putumayo ha sido un laboratorio en el que las categorías de desarrollo sostenible, calidad de vida y bienestar, impulsadas por empresas y gobiernos locales, regional y nacional han significado cosas diferentes para las comunidades campesinas e indígenas.

Las comunidades han visto como, en lugar de desarrollo, calidad de vida y bienestar, lo que ha aumentado es la crisis social y ambiental reflejada en una fuerte descomposición y conflictividad social; daños y catástrofes ambientales; agudización del conflicto armado, militarización, paramilitarización y violación de derechos humanos. Todo a pesar de la fuerte inversión de empresas nacionales y multinacionales y la declaración del departamento en 2011 como distrito especial minero.

El departamento del Putumayo, uno de los más ricos y diversos del país, se encuentra en crisis hace mucho tiempo. Ha sido laboratorio de políticas que no han resultado bien.

Desde la política de fumigaciones masivas a cultivos de hoja de coca que incentivaron las marchas cocaleras en el 96, y que generaron la retaliación paramilitar por casi diez años en el departamento; el inicio del Plan Colombia en el año 2000; la implementación de la política de “Seguridad Democrática” en el 2002; la segunda fase del Plan Colombia en el 2003; el inicio del Plan Patriota en el 2004; el comienzo del Plan Consolidación en el 2010; la declaración del departamento como distrito especial minero en 2011; hasta la ampliación, en mayo de este año, de licencias globales ambientales otorgadas al consorcio Colombia Energy por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la expansión y explotación de cien pozos más en los Campos Quinde, Cohembi y Quillacinga, jurisdicción del Corredor Puerto Vega-Teteyé, se podría decir que el departamento no ha tenido paz.

Acuerdos sin cumplimiento

En el departamento del Putumayo las protestas son comunes y los resultados siempre los mismos. Según líderes sociales, cada protesta realizada tiene el carácter de denunciar no solo nuevos hechos, sino el incumplimiento de acuerdos pactados en anteriores protestas. “Cada manifestación concluye en actas y compromisos firmados por el gobierno nacional, departamental y local con sus respectivas dependencias e instituciones competentes. Actas y compromisos que nunca se cumplen y que nos obligan a volver a levantarnos” señaló uno de los lideres de la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo (Acsomayo).

Y es precisamente por el incumplimiento de los acuerdos pactados desde 2006, y por la decisión de la Asociación Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) licencia 0551 del 30 de mayo de 2014, de permitirle al Consorcio Colombia Energy incrementar sus operaciones en más de 12 mil hectáreas en el corredor Puerto Vega-Teteyé (zona rural de Puerto Asís), que campesinos e indígenas se encuentran desde el 10 de julio sobre las vías impidiendo las labores de la operadora del consorcio Colombia Energy: la compañía Vetra, la misma que ha sido blanco de los ataques de las FARC donde obligan a derramar el crudo transportado en carrotanques.

Yuri Quintero, representante de la mesa regional de organizaciones sociales y coordinadora de la red de DDHH del departamento del Putumayo, manifestó que las protestas se realizan como denuncia de la violación a la consulta previa y las consultas populares, derechos que tienen las comunidades cuando serán afectadas por proyectos de desarrollo en sus territorios.

“Hasta el 2006 se habían hecho algunos compromisos en el que la explotación petrolera iba a ser limitada a 39 pozos. Se hicieron compromisos para inversión social limitando el impacto social y medioambiental de las excavaciones, pero esos compromisos fueron violados y, por el contrario, desconociendo la consulta previa, se amplió a la explotación a cien pozos más en el corredor, afectando a las comunidades en una extensión de más de 12 mil hectáreas de tierra, ya que la ley de licencias es clara en que alrededor de cinco kilómetros a la redonda del pozo no debe haber población”, aseguró Quintero.

“Los campesinos e indígenas del corredor Puerto Vega-Teteyé no están dispuestos a perder su territorio, no están dispuestos a seguir soportando el aumento del conflicto armado y la destrucción de los ecosistemas como consecuencia de la explotación petrolera”, indicó Quintero, y sostuvo que “por eso toman la decisión de pararse sobre las vías exigiéndole al gobierno la derogatoria de la licencia ambiental otorgada por el ANLA en mayo de 2014 que violó la consulta previa y la consulta popular, y ha agudizado el conflicto armado y la catástrofe ambiental producto del mismo”.

En la zona los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía son constantes.

Yule Anzueta, integrante de la mesa regional de organizaciones sociales del Putumayo, denunció que hasta el momento son más de 30 los heridos por acción de agentes de la Policía. “El Esmad utiliza bombas aturdidoras armadas por ellos mismos con grapas, puntillas, tachuelas y vidrio picado que al explotar hacen mucho daño a lo que se encuentre a su alrededor (…) el gas que se lanza es un gas pimienta que afecta gravemente las vías respiratorias de los manifestantes”, dijo.

Para Yuri Quintero, una manifestación de la grave situación en la región es que los heridos prefieren trasladarse a Ecuador que llegar al hospital del centro urbano de Puerto Asís. “La Fuerza Pública le grita a los campesinos e indígenas cosas tan fuertes como ‘si vas a ir al hospital de Puerto Asís te vamos a picar’, cosa que aterroriza y llena de temor a cualquier persona”, aseveró Quintero.

La situación en el corredor Puerto Vega-Teteyé es grave. Una licencia ambiental que desplaza alrededor de 27 comunidades en un margen de más de 12 mil hectáreas; más de un mes en protestas; heridos que prefieren trasladarse al hermano país del Ecuador por temor a retaliaciones; reuniones con representantes del gobierno sin capacidad de decisión; y catástrofe ambiental por vertimiento de crudo sobre vías y afluentes son ingredientes de una aguda crisis social en el departamento.

Alrededor de unas 400 personas se mantienen bloqueando las entradas de acceso a la empresa Vetra, operadora del consorcio Colombia Energy. “Nos vamos a mantener en la vía hasta tanto el gobierno muestre real voluntad de buscar soluciones. Somos nosotros los que debemos beber el agua contaminada, somos nosotros los que debemos andar por los caminos y potreros destruidos, somos nosotros quienes vemos morir ganado, peces, gallinas y demás animales como consecuencia de la contaminación. No vamos a permitir la ampliación de la licencia ambiental; permitir eso es aceptar que la contaminación, el desplazamiento y el conflicto crezcan cada día más”, manifestó uno de los habitantes de la zona.

“Es necesario abrir espacios de dialogo y debate donde se revisen las propuestas y se lleguen a las mejores soluciones. Hasta el momento se han dado tres espacios, pero lamentablemente no se ha llegado a ningún fin porque siempre asisten delegados sin capacidad de decisión. Tenemos propuestas y estamos esperando que el gobierno se siente con seriedad y ánimo de llegar a acuerdos. Nosotros que somos los más afectados estamos preparados”, dijo Yuri Quintero.

Por lo pronto, las comunidades se mantienen en las vías expectantes a las decisiones del gobierno y los movimientos del Esmad, la Policía, los agentes de civil, que se escudan entre ellos, y los militares de la Brigada de Selva #27 que se mantienen en la zona.

En el corredor Puerto Vega-Teteyé se ha decretado paro y desde allí se ha convocado a un paro departamental para el próximo 30 de agosto.

author by Mesa Regional de Organizaciones Socialespublication date Sat Aug 30, 2014 12:16Report this post to the editors

Una vez más el Gobierno Nacional en cabeza del viceministro de relaciones políticas del Ministerio del Interior, Juan Camilo Restrepo, se ha burlado de la voluntad de diálogo de los campesinos, indígenas y afrodescendientes del Putumayo, al no dar una respuesta positiva a las propuestas justas que hicieron las comunidades organizadas. Por ello, en consenso, la Mesa de Organizaciones Sociales ha decidido apoyar la petición justa de las comunidades de sumarse a un paro departamental convocado por todas las fuerzas vivas del departamento, a partir del próximo sábado 30 de agosto, donde la agenda a concertar estará enmarcada en los siguientes puntos:

1. Suspensión inmediata de la fumigación con glifosato y la erradicación manual forzada en el departamento del Putumayo.

2. Cese al otorgamiento de licencias ambientales para la explotación petrolera en el departamento del Putumayo y específicamente a la expansión petrolera en el Corredor Puerto Vega- Teteye, hasta tanto no se revisen las condiciones de mitigación ambiental en que se está haciendo la explotación con las licencias otorgadas.

3. Parar de manera inmediata el señalamiento, la estigmatización y las judicializaciones a los miembros de procesos organizativos de la región y revisión a los procesos judiciales de los compañeros presos por razones políticas.

4. Realización de agenda para la revisión y cumplimiento de compromisos firmados desde el año de 1996.

5. Cumplimiento a los compromisos de inversión social.

6. Que se instalen las 6 mesas propuestas por la Mesa de Organizaciones Sociales y se defina una metodología sobre ellas.

7. Se ordene el retiro del ESMAD de la región Puerto Vega - Teteye y los erradicadores que hacen presencia en diferentes zonas del departamento del Putumayo.

Responsabilizamos al gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, a su ministro de defensa Juan Carlos Pinzón y a los comandantes de ejército y policía de cualquier agresión en contra de las comunidades en protesta y las que se movilizaran.

Hacemos un llamado de solidaridad y acompañamiento a las empresas de transportadores, comerciantes y diversas instituciones del departamento para que acompañen esta justa lucha por la defensa del agua, la vida y el territorio.

¡Por la vida y la defensa de nuestro territorio, los putumayenses construimos propuestas para la paz!

¡Vamos al Paro Regional!

author by Mesa Regional de Organizaciones Socialespublication date Sat Sep 13, 2014 21:27Report this post to the editors

La comisión exploratoria ha desarrollado cuatro reuniones en el marco de los acuerdos pactados con el Ministerio del Interior el día 5 de septiembre en el municipio de Puerto Asís, en donde se acordó iniciar acercamientos con el gobierno nacional en la búsqueda de dar solución a los problemas que por décadas han afectado la convivencia de las comunidades. El balance de este primer acercamiento con el gobierno nacional no ha sido satisfactorio en la medida que, como en anteriores oportunidades, el gobierno dilata las soluciones a las problemáticas de la región, no tiene en cuenta las propuestas que desde el seno de las comunidades se plantean para el beneficio de todas las comunidades.

Reafirmamos nuestro compromiso al diálogo y la concertación, de la mano con las comunidades bajo la necesidad de mantener la movilización social y la protesta pacífica como último recurso que les queda a las comunidades para la defensa de sus territorios y derechos.

Rechazamos la constante persecución del gobierno colombiano, en cabeza del señor Juan Manuel santos, a las comunidades y organizaciones sociales; la imposición de medidas que afectan la vida de todos los habitantes de nuestra región como el seguir ampliando la exploración y explotación petrolera, las fumigaciones indiscriminadas de nuestros campos afectando la autonomía y la soberanía alimentaria de todos los habitantes del Putumayo; y las erradicaciones de cultivos de uso ilícito sin ofrecer soluciones reales y concertadas con los campesinos que subsisten de estos cultivos.

Rechazamos la imposición del Estado colombiano de defender los intereses del capital transnacional por encima de los intereses de todos los colombianos.

Rechazamos la violación de los DDHH Y el DIH por parte de los miembros de la fuerza pública y los constantes señalamientos y montajes judiciales en contra de los dirigentes sociales de la región, desviándose de su papel constitucional en la defensa de la soberanía nacional, la vida, honra y bienes de todos los colombianos.

Le hacemos un llamado al gobierno nacional a replantear su posición frente a las propuestas de las comunidades, que buscan soluciones efectivas a las problemáticas de nuestra región y de esta manera poder continuar con el dialogo y la concertación.

Invitamos a las comunidades a seguir en Pie de Lucha y Resistencia, Unidos por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de Nuestra Amazonia.

author by RPASURpublication date Fri Sep 19, 2014 10:03Report this post to the editors

Pese a la falta de compromiso del gobierno colombiano, las comunidades de la costa pacífica nariñense - quienes realizaron un paro en el mes de agosto - adelantaron trabajo en la mesa de interlocución y acuerdo, mesa que sería formalizada el 18 de septiembre en el municipio de Guapi, lugar en donde el gobierno colombiano brillo por su ausencia, pues en lugar de asistir el viceministro del interior tal y como se les había prometido a las comunidades, envió un funcionario con quien se dificulto la toma decisiones frente a las exigencias de las mismas.

Ante lo anterior, las comunidades han reiterado su disposición de programar una serie de movilizaciones y retomar el paro a lo largo y ancho de la costa nariñense, si el gobierno no muestra claras señales de voluntad política.

La Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente colombiano diálogo con Edilberto Campas uno de los lideres de esta zona del país.

Related Link: http://www.ivoox.com/gobierno-incumple-compromisos-cost....html
author by Agencia Prensa Ruralpublication date Fri Sep 19, 2014 18:25Report this post to the editors

El 5 de septiembre pasado se firmó un acuerdo entre el gobierno nacional y las comunidades del Putumayo, movilizadas desde hace dos meses por la difícil situación que afrontan.

Organizaciones sociales del departamento se congregaron desde julio pasado en torno a cuatro problemáticas: los cultivos de uso ilícito, los impactos ambientales generados por empresas petroleras, la situación de derechos humanos y la inversión social.

Comunidades campesinas, indígenas y urbanas han adelantado acciones de protesta en varios puntos del departamento para exigir la negociación de su pliego de peticiones, de siete puntos.

La delegación gubernamental que negoció con las comunidades del Putumayo estuvo encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien se reunió en el municipio de Puerto Asís con la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, donde confluyen diferentes procesos campesinos y populares.

Cultivos ilícitos

La “suspensión inmediata de la fumigación con glifosato y la erradicación manual forzada” es la primera exigencia de las comunidades putumayenses.

Frente a esta situación, el acuerdo contempla facilitar “la construcción de un plan de sustitución manual y voluntaria de los cultivos de hoja de coca, concertada entre el gobierno y las familias campesinas”.

Actualmente se adelanta una nueva oleada de fumigaciones químicas, las cuales históricamente han afectado no sólo los cultivos de uso ilícito sino cultivos de alimentos, fuentes de agua y selva virgen.

En otros procesos de negociación entre el campesinado y el gobierno, se ha acordado ya la suspensión de las fumigaciones y la erradicación manual forzada a cambio de planes de sustitución.

Medio ambiente

Recientemente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales avaló al consorcio Colombia Energy intensificar la extracción de petróleo en el Putumayo.

Dicha empresa pretende construir cien nuevos pozos, lo que acarrearía graves impactos ambientales en la región, en particular en el corredor Puerto Vega-Teteyé.

Ante esta situación, el gobierno se comprometió a “revisar las solicitudes en trámite de licencia ambiental para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como a evaluar las ya otorgadas”.

También evaluará los procedimientos de las consultas previas con las comunidades indígenas.

“Aunque es importante avanzar en el desarrollo de hidrocarburos de un departamento rico en esa materia, eso no se puede hacer a costa del medio ambiente”, dijo el ministro Cristo sobre la situación.

Los manifestantes también se quejan “del tratamiento que está haciendo al medio ambiente la empresa petrolera Vetra, por lo cual exigen que le suspendan la licencia ambiental”, declaró por su parte Jimmy Díaz Burbano, gobernador departamental.

Colombia se acerca a la producción de un millón de barriles de crudo diarios, según reportes del Ministerio de Minas, aunque buena parte de ella es liderada por multinacionales privadas con grandes impactos sociales y ambientales.

Derechos humanos

Las comunidades han exigido “parar de manera inmediata el señalamiento, la estigmatización y las judicializaciones a los miembros de procesos organizativos de la región”.

También solicitaron la revisión de los procesos judiciales de las personas que han sido encarceladas con motivo de la protesta.

En el acuerdo con las autoridades, se estipula que será enviada al departamento “una comisión de alto nivel para revisar las garantías de derechos humanos de las comunidades del corredor Puerto Vega-Teteyé, al igual que la situación de los dirigentes de la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales”.

Desde el inicio del paro, se han registrado con frecuencia atropellos de la fuerza pública contra los manifestantes.

Inversión social

En cuanto a los reclamos de inversión social, el gobierno se comprometió a “revisar los acuerdos firmados con las comunidades del Putumayo desde 1996, con el fin de incluir lo que no se haya cumplido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”.

Así mismo, se evaluarán las necesidades de inversión social del departamento para incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo, previa concertación con las autoridades territoriales, la Mesa Departamental y la sociedad civil.

Dicho proceso se realizará en una lógica de “planeación participativa”, de acuerdo con la ley orgánica para construir el plan de desarrollo. “Para ese fin, se facilitará un equipo técnico y el apoyo logístico pertinente”, aclara el acuerdo.

Implementación

Para cumplir los puntos anteriores, se acordó instalar en máximo dos semanas (es decir, hacia el 19 de septiembre) una mesa regional permanente de diálogo y concertación, con la participación de altos funcionarios del estado central para asegurar que los compromisos “se asuman desde el más alto nivel”.

En concreto, se estipuló la participación de ministros y directores de departamentos administrativos pertinentes.

Cristo resaltó que el diálogo “continuará en Bogotá con los líderes del movimiento, con el fin de instalar esa mesa con los principales ministros, antes de 15 días”.

Por su parte, líderes de las comunidades se encuentran en la capital con el fin de sensibilizar a los diferentes sectores sociales sobre la situación que afronta el departamento, a la vez que esperan la concreción de los acuerdos con las autoridades.

author by Julio Pulidopublication date Mon Sep 22, 2014 08:31Report this post to the editors

En la clínica Cotocollao de Quito (Ecuador) murió hoy el campesino Arnoldo Muñoz, quien resultara herido el pasado 15 de septiembre en las protestas que adelantan los campesinos del corredor fronterizo Puerto Vega-Teteyé en el departamento del Putumayo.

El campesino había sido trasladado a la clínica Cotocollao del vecino país luego que fuera alcanzado por uno de los artefactos explosivos usados por el Esmad para dispersar a los manifestantes que completan más de dos meses de protestas frente a las instalaciones de la empresa Vetra, operadora del consorcio Colombia Energy.

“El Esmad utiliza bombas aturdidoras armadas por ellos mismos con grapas, puntillas, tachuelas y vidrio picado que al explotar hace mucho daño a lo que se encuentre a su alrededor” denuncio Yule Anzueta, integrante de la mesa regional de organizaciones sociales del Putumayo.

“Los campesinos heridos prefieren trasladarse al hermano país del Ecuador por temor a retaliaciones”, dice Anzueta.

La situación en el corredor Puerto Vega-Teteyé es grave. Más de 400 campesinos exigen soluciones efectivas a la crisis social y ambiental producida por la ampliación de la licencia ambiental que le permite al consorcio Colombia Energy incrementar sus operaciones en más de 12 mil hectáreas en el corredor Puerto Vega-Teteyé (zona rural de Puerto Asís) desplazando alrededor de 27 comunidades.

En lo corrido de la protesta ya han sido varias las acciones del Esmad contra los campesinos, quienes denuncian un abuso de fuerza por parte de este escuadrón que actúa acompañado de agentes de civil. A la víctima mortal se suman cerca de 50 heridos en lo corrido de las protestas.

author by Comunidades Corredor Puerto Vega Teteyepublication date Mon Sep 22, 2014 23:01Report this post to the editors

A partir del 10 de julio las Comunidades del Corredor Puerto Vega-Teteye, iniciaron una protesta pacífica por la defensa del territorio, la vida y el agua, la cual dejó de ser pacífica en el momento en que el ESMAD y la policía hicieron presencia en las comunidades para coenzar una serie de agresiones contra ellas.

Ayer, después de 74 días de protesta y en el marco de los diálogos entre la Mesa Regional de Organizaciones Sociales y el Gobierno nacional, la Policía y el ESMAD en su afán y compromiso con la empresa petrolera Vetra Consorcio Colombia Energi para garantizar su trabajo pasando por encima de la vida y dignidad de nuestro pueblo, el día lunes 14 de septiembre una vez más arremetieron contra las comunidades en protesta dejando como consecuencia 3 heridos, entre ellos el compañero Arnold Muñoz quien en su cabeza recibió el golpe un artefacto disparado por el ESMAD dañando su cráneo y dejándolo de inmediato inconsciente y causándole daños irreparables. Él estuvo en coma cuatro días luego de la operación que le hicieron en el Hospital Cotocollao en Quito, Ecuador.

Ayer, siendo las 10:20 de la mañana, nos dan la lamentable noticia de que nuestro compañero falleció. Los médicos nos habían dado pocas esperanzas y con su informe nos demuestra que las acciones del ESMAD dan resultados efectivos.

Exigimos que se indemnice a la familia y comunidad en general por el daño y dolor que esta acción ha causado por parte del Gobierno Nacional.

Responsabilizamos al estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, al Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, a los comandantes al frente de las tropas que hacen presencia en el Corredor con el único objetivo de agredir, atropellar y asesinar a las comunidades en general, a Vetra-Consorcio Colombia Energi quien no le importa pasar por encima de la vida de la población.

author by Alfredo Molano Bravo - El Espectadorpublication date Wed Oct 01, 2014 20:30Report this post to the editors

El desarrollo no anda solo, tiene una larga cola de fuego. No entiendo por qué razón divina no hay petróleo debajo de la Plaza de Bolívar, ni en el Palacio de Nariño o debajo de barrios como Rosales en Bogotá, o El Poblado en Medellín, o en... Cali. Nada. Allá no hay ni oro, ni petróleo, ni carbón. Nada. Sería muy divertido ver salir al presidente en calzoncillos o a las señoras de los barrios residenciales a medio maquillarse y con un zapato sí y otro no, huyéndole al Escuadrón Antimotines y ver al intrépido general Palomino dando órdenes a sus hombres. ¿Por qué eso nunca pasa? Cada día son mayores mis dudas sobre la justicia divina

El Putumayo es una de esas regiones que ni que fueran parte del Egipto de las siete plagas: primero pasó la devastadora horda de Hernán Pérez de Quesada matando indios, desbaratando comunidades. Después fueron los capuchinos catalanes, que en nombre de Dios y a rejo físico pusieron a su servicio a los naturales. Más tarde llegó la Casa Arana detrás del caucho de sus selvas. Esclavizaron a los indígenas y exterminaron comunidades enteras. El gobierno colombiano los uniformó para echarlos como carne de cañón contra el ejército peruano. Cuando salían de la guerra, llegaron los cazadores a matar tigres mariposos, perros de agua, cachirres, para exportar sus pieles. Las cosas se estaban calmando en el momento en que llegó la coca y detrás las mafias y detrás la guerra y más detrás la fumigación. Historia que continúa. Pese a que el Gobierno asegura que no está fumigando, las avionetas de los contratistas particulares de la Policía antinarcóticos lo siguen haciendo. La estrategia es para secar no sólo las matas de coca sino todos los cultivos, con el propósito evidente de sacar a los colonos de sus tierras y abrírselas a los ganaderos. Por eso muchos cultivadores están hoy trabajando en la costa pacífica, de donde los sacarán para abrirles esas tierras a los palmeros. Entre 1998 y 2006, el Putumayo fue territorio paramilitar: las masacres dejaron heridas que no cierran: El Tigre, Puerto Asís... Y así.

Desde los 60 llegó al Putumayo una nueva plaga: las empresas petroleras, con todos sus fierros. Fierros, fierros: desde tubos y taladro, hasta cañones y bombas. Y enemigos: Farc, Eln, Epl. También con fierros y fierros: tatucos, minas quiebrapatas, fusiles AK-47. El petróleo se ha convertido en una pesadilla sangrienta. Hoy hay comunidades de indígenas y de campesinos al borde de una explosión mayor. En los límites con Ecuador, en la cuenca de los ríos Cuembí y Teteyé, hay un cabildo nasa kiwna chab. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio permiso al Consorcio Colombia Energy para la explotación del crudo y hoy hay instalados 39 pozos y tres baterías cuyos efectos sobre acuíferos, destrucción de bosque, destrozo de humedales y exposición de las comunidades a la guerra han obligado a una protesta indígena que se generaliza a medida que el Gobierno se hace el desentendido. El desprecio de la gente es criminal. Las instituciones, tan pomposamente nombradas para otras cosas, se hacen las pendejas hasta que la gente salta y se toma una trocha e impide el paso de las tractomulas cargadas de crudo. Es la señal de la guerra. El Esmad entra a romper huesos, sacar ojos y descabezar dirigentes. La gente de Teteyé lleva 90 días de paro. La guerrilla, que no es legión de ángeles, ha hecho y deshecho con tractomulas y oleoductos: el petróleo crudo —nata espesa, negra y plástica— corre por caños y cañadas, inundando chucuas y contaminando acueductos. El olor de aceite quemado es insoportable, el agua potable se agota, la gente se enardece. Las petroleras dicen que no tienen condiciones objetivas de seguridad para resolver el problema, aunque sea su obligación. Pero patalean con cinismo y cálculo; alegan que es culpa de la guerrilla. Pero no pueden atrincherarse detrás de ese argumento para dejar a la gente expuesta al abandono y al desastre con pérfidas intenciones políticas que terminarán incendiando el Putumayo.

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2) Fortalecer las comunidades sociales que propenden por el derecho a la salud para todos los colombianos.
La marcha es plural,pacifica y no partidista.
:::PORQUE NO ES DE LOCOS SALIR A CAMINAR PARA EXIGIR LO QUE POR DERECHO ES NUESTRO. PORQUE NO TENEMOS BANDERAS POLITICAS, PORQUE COLOMBIA SOMOS TODOS Y LA VIDA ES SAGRADA!.:::

BOGOTA 10:AM .HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Cra 9 # 5-01) -MARCHA AL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.Cra 13 Calle 33

:::MARCHA EN CALI:::
PUNTO DE PARTIDA HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, CALLE 5, CRA 10 , LA 7º HASTA LA GOBERNACION
HORA: 8AM SALIDA 9AM

:::MARCHA EN IBAGUE:::
Universidad del Tolima ---> 9am

(Ruta: ut - 42 con 5 - 15 con 5 - tercera hasta parque murillo toro)

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