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Uno, dos, cien Buenaventuras por toda Colombia…

category venezuela / colombia | antifascismo | opinión / análisis author Thursday April 17, 2014 05:57author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Lo realmente doloroso es que, con todo lo excepcional que pueda parecer Buenaventura, no lo es tanto. Basta con mirar a Soacha o a los Altos de Cazuca, para no alejarse mucho de la capital. O ver las fotografías de las masacres de Medellín. El paramilitarismo se ha dedicado a crear uno, dos, cien Buenaventuras en todo el territorio colombiano. Y lo han hecho a punta de motosierra, machete y hacha, siempre con la mirada complaciente de la llamada “fuerza pública”. [Italiano] [Français]
Imagen de una Casa de Pique en el sector de La Playita, Buenaventura, que circuló en las redes sociales en Marzo.
Imagen de una Casa de Pique en el sector de La Playita, Buenaventura, que circuló en las redes sociales en Marzo.


Uno, dos, cien Buenaventuras por toda Colombia…

Estos encontraban una serie de cuerpos desfigurados, esparcidos por el lugar, vestigios de un antagonismo social ciego y aniquilador. Dicha escena podía corresponder a algo absolutamente caótico y desordenado donde los cadáveres se encontraban desmembrados, diseminados o apilados por todo el lugar. Pero también era factible encontrar escenas donde existía un orden intencional, una verdadera puesta en escena. (…) Este procedimiento buscaba, ante todo, aterrorizar a los habitantes de la vereda quienes huían abandonándolo todo.
(María Victoria Uribe Alarcón, “Antropología de la Inhumanidad”, 2004, p.92)

La llegada a Buenaventura deja de entrada un cierto sentimiento de desazón. Da la sensación que todos los edificios están a punto de caerse, enmohecidos, hongueados; a diferencia de otras partes de Colombia, se respira la desconfianza y el miedo… la sensación de abandono es evidente. Es increíble que la mayoría del comercio internacional de Colombia pase por ese puerto, lo que señala ese carácter contradictorio del capitalismo, en el cual inversión y despojo son términos indisociables. La miseria es un concepto relativo y se hace más odiosa cuando más riqueza le rodea.

Lo que ocurre en Buenaventura, donde a diario aparecen cuerpos humanos desmembrados flotando entre los manglares o esparcidos por las calles, no es algo desconocido para las mayorías. De repente todo el mundo se ha puesto a hablar de Buenaventura en Colombia. Con indignación se escriben notas periodísticas y se transmiten programas sobre la desesperanzadora situación que vive la ciudad en manos del flagelo paramilitar (hoy operando bajo los nombres de Urabeños, Rastrojos, Empresa). Se ha puesto el grito en el cielo por el horror de las “Casas de Pique”, verdaderas carnicerías para humanos, que todo el mundo conoce y ve, menos la policía, el ejército y las autoridades. Pero el trato que se da a la noticia, como siempre, es muy pobre, sensacionalista, descontextualizado. En nada difiere del tratamiento que periódicamente reciben otros escándalos humanitarios en Colombia. Un día los medios se indignan con los falsos positivos, al siguiente con los desplazados, después la vaina es con los feminicidios, patalean, acusan, se escandalizan y luego no pasa nada. Es como si a través de la cobertura noticiosa mediocre se exorcizara al horror y se calmara las conciencias, trivializando de paso el terror. Ahora el turno le toca a Buenaventura.

Estos arranques espasmódicos noticiosos, como que buscaran concentrar todo el terror que se vive en Colombia en un sólo punto, convertir al conflicto que consume al país en un hecho puntual, aislado, identificable en el mapa. Pero la realidad es que los descuartizamientos, que llevan el sello inconfundible del paramilitarismo -que pasa de agache para todos menos para quienes padecen de él-, ocurren en muchos puntos del país, donde coexisten los intereses económicos con la (para)militarización. Lo realmente doloroso es que, con todo lo excepcional que pueda parecer Buenaventura, no lo es tanto. Basta con mirar a Soacha o a los Altos de Cazuca, para no alejarse mucho de la capital. O ver las fotografías de las masacres de Medellín. El paramilitarismo se ha dedicado a crear uno, dos, cien Buenaventuras en todo el territorio colombiano. Y lo han hecho a punta de motosierra, machete y hacha, siempre con la mirada complaciente de la llamada “fuerza pública”.

Cualquiera pensaría que la tragedia de Buenaventura es algo reciente, pero en realidad es una cosa que viene de largo: hace casi 10 años que no hay presencia insurgente en los barrios de bajamar y el dominio total del paramilitarismo ha coincidido con la exacerbación de la crueldad. Paramilitarismo que según todos los informes oficiales no existe, pero que ahí está. Buenaventura desmiente esa mentirilla repetida hasta el cansancio de que el paramilitarismo es una respuesta al supuesto “horror” guerrillero y que, en ausencia de insurgencia, se desvanecería por falta de razón de ser. No es casual que un muchacho me confesara nerviosamente, cuando le pregunté durante un viaje en bus que en qué momento se había jodido Buenaventura, que “cuando sacaron a la guerrilla, ahí es que la vaina se puso calavera”.

El repertorio para infundir terror también es cuento viejo: esa profanación del cuerpo de la víctima es algo que viene desde épocas de la “Violencia” en los ‘40. Desde entonces que existe un nutrido léxico para las modalidades del horror: bocachiquiar, picar pa’ tamal, matar la semilla, corte de corbata, de franela, de mica, de florero, etc. Simbólicamente, se disloca a la comunidad mediante la dislocación del cuerpo victimizado. No se trata sólo de matar, sino de rematar, de dejar bien muerto, como si se temiera supersticiosamente la venganza del muerto, como lo señala Uribe Alarcón en la “Antropología de la Inhumanidad”. Según ella, se animaliza a la víctima para crear la distancia espiritual que permite el desgarramiento físico y se crea un espacio ritual ad hoc para el sacrificio. Pero aunque en la Casa de Pique se reproduce el modelo de la carnicería, se va aún más allá, pues al animal no se le tortura hasta que muera, ni intervienen hachas ni motosierras, ni se le ata a una mesa de madera vivo mientras se le troza por partes en medio de gritos de agonía.

Acá los paramilitares no desaparecen a la gente sino parcialmente. A veces no se encuentra el torso o la cabeza, pero siempre se encuentra algo, aunque solamente sean los dedos. Se transmite el horrendo mensaje mediante la evidencia física de la tortura a la vez que se impide el proceso ritual vindicador que describe Alfredo Molano: “Se prepara el cuerpo poniéndole una de las prendas con que fue asesinado; se le amarran los dedos gordos de los pies con un cordón de un par de zapatos negros recién comprados y se le mete en la boca un papelito con los nombres de los asesinos. A los pocos días los victimarios caen asesinados o se van muriendo de palidez”[1]. Los medios que reproducen el hecho noticioso de manera sensacionalista, morbosa y descontextualizada, divulgan y amplifican el terror, transmitiendo así el miedo paralizante de manera totalmente funcional al paramilitarismo.

¿Qué buscan los descuartizamientos en Buenaventura? Exactamente lo mismo que buscaban los descuartizamientos en el primer ciclo de Violencia: que la gente huya, abandonándolo todo. Activistas del Proceso de Comunidades Negras (PCN) nos comentaban, durante una visita al puerto en el marco de la X delegación asturiana-irlandesa de derechos humanos, que el objetivo de todo esto era sacar la población local y abrir paso al gran proyecto de remodelación que acarician las autoridades locales y nacionales. Para abrir paso al aeropuerto y a los mega-puertos modernos que estén a la altura de las exigencias de los acuerdos de libre comercio y de la Alianza del Pacífico, se necesitará sacar a tanto negro pobre del territorio. Es más fácil desplazar que reubicar a la gente o alcanzar un acuerdo satisfactorio para ellos, más aún cuando el “progreso” no está pensado para beneficiarlos.

Esta violencia no es ni caótica ni gratuita, sino que responde a un modelo demasiado familiar de generalizar el terror para desplazar y hacerse con el territorio, en nombre del progreso. Es una violencia demasiado ritualizada: “La técnica del terror exige que la gente se dé cuenta pero no cuente; vea la captura de la víctima en el barrio, la manera como la arrastran, y oiga los gritos de socorro, los alaridos de perdón y clemencia y, por último, aullidos de dolor. Después, silencio: terrible vacío. Los gritos se quedan a vivir en la cabeza de la gente. Todos temen ser el siguiente en una lista que nadie elabora. Los vecinos oyen, el barrio oye, la zona sabe, la ciudad se entera. Las autoridades no oyen, no ven, no saben” [2]. Pese a todo, aún hay resistencia. Los vecinos de Puente Nayero, en La Playita, han decretado su barrio como un “Espacio de Vida y Humanitario”, en abierto desafío al paramilitarismo [3]. Desde Febrero que se vienen sucediendo masivas protestas populares contra el paramilitarismo, a las que se han sumado incluso los comerciantes a quienes muchos desprecian pues recuerdan que fueron ellos quienes financiaron la llegada de los paracos en el 2000, sólo que ahora “están mamados de pagar vacunas”. Autoridades locales, policía, militares, comerciales, todos amamantaron este monstruo descuartizador. El lápiz con el que el pueblo escribe su historia no tiene borrador. Así se van construyendo barreras de contención a la maquinaria de la muerte.

Ahora que el pueblo va perdiendo el miedo es que el gobierno reacciona militarizando el puerto. Militarización que, como es natural, no está pensada en beneficio de los empobrecidos de siempre, sino de acelerar su proyecto de Buenaventura industrial-portuaria. Buenaventura parece el lugar más desolador del planeta, y sin embargo, aún ahí, el pueblo colombiano da muestras de sus reservas morales para construir un mejor futuro, y creará uno, dos, cien puntos de resistencia desde los cuales recuperar a Buenaventura de los mercaderes de la muerte. No pasarán, ni sus paracos, ni sus megapuertos, ni su modelo antisocial de desarrollo.

José Antonio Gutiérrez D.
16 de Abril, 2014


[1] http://www.elespectador.com/noticias/nacional/leones-y-...81022
[2] http://www.elespectador.com/opinion/remilitarizacion-bu...82425
[3] http://justiciaypazcolombia.com/Por-nuestro-presente-y-...ro-de

author by contagio radiopublication date Thu Apr 17, 2014 18:05author address author phone Report this post to the editors

buen articulo vean este video de contagio radio sobre la situacion que se vive en buenaventura

Related Link: http://www.youtube.com/watch?v=-6VSNpXoeNs
author by Alfredo Molano Bravo - El Espectadorpublication date Mon Apr 21, 2014 15:47author address author phone Report this post to the editors

A 115 kilómetros de Cali, atravesando la Cordillera Occidental, se encuentra Buenaventura. El municipio con mayor potencial económico del Valle del Cauca. Es una ciudad/puerto enclavada en la costa del Océano Pacífico por la que entra y sale el 60% del comercio internacional marítimo de Colombia, lo que deja un recaudo tributario de más de $2 billones anuales. Su zona rural es una inmensa mina de oro y su entorno natural la sitúa como una de las zonas más biodiversas del país. Una poderosa capa vegetal que se extiende hasta el departamento del Chocó y alberga importantes ríos como el Dagua, el Anchicayá, el Calima, el Cajambre, el Yurumanguí, una parte del Naya y otra del San Juan. Es, en pocas palabras, uno de los tesoros naturales del país. Sin embargo, la belleza de su geografía, lo estratégico de su ubicación y la grandeza de sus recursos hacen de Buenaventura un fortín que se disputan lo más selecto de la delincuencia de este país y algunos de los más encopetados empresarios. Situación que lo convierte en uno de los municipios más pobres, desiguales y violentos de todo Colombia.
La degradación del conflicto que se vive allí, las espantosas tipologías de su violencia y la enorme brecha social que separa a una minoría acomodada de una mayoría pobre, miserable y desempleada inspiran tristes frases, como la del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, quien luego de compararla con el Congo, afirmó: “El nivel de pobreza de la población de Buenaventura es una vergüenza para un país que, como Colombia, tiene dinero”.

Los bonaverenses se encuentran atrapados en un dramático escenario del conflicto armado: mientras la guerrilla de las Farc domina su área rural, las nuevas formas del paramilitarismo, menos ideológicas y más mafiosas, se disputan el control de la zona urbana y su población. Estas bandas de neoparamilitares operan bajo los nombres de La Empresa, Los Urabeños, Los Rastrojos y Los Machos. En documentos de Inteligencia de la Policía se explica la existencia de un crudo conflicto entre La Empresa, que durante años dominó Buenaventura y ahora se encuentra en decadencia, y Los Urabeños, que absorbieron a Los Rastrojos y Los Machos, cuyos principales capos son El Negro Orlando, Martín Bala y El Chicho Urdinola. Este último se encuentra vinculado a la investigación por el asesinato de Lorena Henao, ocurrido el pasado 27 de diciembre. Según Inteligencia de la Policía, el poder detrás de Los Urabeños es el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, quien regresó a Buenaventura para sembrar el terror en sus calles. De este entramado de bandidos sólo que da un resultado: una crisis humanitaria que desborda la imaginación de cualquier violentólogo.

Los homicidios entre 2006 y 2012 en Buenaventura suman más de 1.400, según fuentes de la Policía de Buenaventura. Y aunque en los últimos años se ha presentado una disminución, las cifras siguen siendo escalofriantes: en 2012 fueron 122, siete menos que en 2011. En los últimos tres meses del año pasado se presentaron más de 40 asesinatos. Lo que coincide con los meses en que se presentó la entrada de Los Urabeños al puerto y la cruda confrontación con La Empresa. Y la situación no mejora en los primeros meses de 2013, cuando se registra que en enero se presentaron 26 homicidios, incluyendo la masacre ocurrida el 11 de enero, en la que murieron diez personas en un aparente enfrentamiento entre las dos bandas.

Pero la tragedia no para allí. El reporte de desaparecidos también crece de manera desenfrenada: mientras en 2011 se recibieron 57 denuncias de desaparecidos, el año pasado cerró con saldo de 113. Y aunque el comandante de la Policía de Buenaventura, coronel Óscar Gómez, matiza la cifra explicando que la mayoría de casos ocurrieron en años anteriores y que el registro toma el año de la denuncia, la gente en Buenaventura habla de la desaparición como una estrategia sistemática del terrorismo.

Y la tragedia sigue sin tocar fondo. Una cara más de este espantoso panorama es el desplazamiento forzado. La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, en un documento de noviembre de 2012 sostuvo lo siguiente: “Desde el mes de octubre se ha venido intensificando la confrontación de los grupos armados posdesmovilización conocidos como Los Urabeños y La Empresa, a raíz de la ruptura de un acuerdo tácito, bajo el cual operaron desde el año 2011 y se distribuyeron el control territorial del puerto de Buenaventura (...)Tal situación ha derivado en un incremento de las violaciones a los derechos humanos y reiteradas infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cuya consecuencia más grave se ha materializado con ocurrencia de ocho eventos de desplazamiento masivo, afectando a seis barrios de bajamar. Hasta la fecha se conoce de 1.038 familias, 4.021 personas desplazadas masivamente en las últimas dos semanas”.
En dicho informe el Ministerio Público insiste en el tema e incluso suministra datos mucho más espeluznantes que los registrados por la Policía: “En lo corrido del mes de noviembre van más de 47 homicidios. Hay una concentración de personas amenazadas en lugares no seguros y los casos de amenaza son desproporcionados, frente a lo cual no existen medidas y acciones ágiles y eficaces para su protección”, y continúa: “Durante los meses de octubre y noviembre se presentaron desplazamientos forzados en los ocho barrios, con 4.916 personas desplazadas, 1.245 familias afectadas”.

Y empeora la situación cuando se indaga en las tipologías del delito, cuando se le pregunta a la gente por cómo ocurren las cosas y tartamudeando del miedo, y sin cifras a la mano, relata la espantosa forma como ocurren las cosas en Buenaventura. “Ha hecho carrera la más cruel de las modalidades de asesinato: la desmembración, la descuartización de gente a todas horas, de día y de noche. Hay casas donde llevan a la gente a descuartizarla. Los vecinos escuchan los gritos de dolor, la gente no puede dormir y menos denunciar, si no quiere ser el próximo picado. Son casas en muchos barrios, no es un solo caso, son muchos y a esas casas las llaman los picaderos”, relata Jorge*, un negro que mientras cuenta deja entrever el miedo de ser escuchado, persignándose a cada ruido, volteando la cabeza de un lado a otro para ver si alguien lo oye, y baja el tono y tiembla y los ojos se le brotan sin explicación.

Pero esta historia no es una novedad en la opinión pública. Desde octubre del año pasado trascendió que venían apareciendo cuerpos desmembrados de personas que habían desaparecido. Y en un informe especial del periodista de RCN Radio Antonio José Caballero, unas mujeres relatan las dantescas escenas que vieron y oyeron. La mujeres que hicieron las denuncias fueron obligadas a limpiar una de esas casas y cuentan, con pelos y señales, cómo funciona esta cruel tipología del delito.

Sin embargo, el miedo a denunciar se ha apoderado de la población. Nadie está dispuesto a acudir a las autoridades para poner denuncias formales. La gente transpira miedo y nadie se atrevería a señalar las casas donde ocurren los horrores, porque saben que eso los llevará a ser los próximo “picados”, como relatan en privado algunas personas. Y aunque la explicación de las autoridades apunta a que se trata de la lucha entre las bandas que operan en el puerto por el control de las rutas del narcotráfico, existe otra lectura del problema: “Lo que está en el fondo de esta violencia no es sólo el narcotráfico, es el control territorial del municipio, es una táctica de terror para que la gente se vaya de la zona insular ‘para’ y se desplace hacía las zonas rurales, para que los megaproyectos puedan tener rienda suelta. Los mafiosos, aliados con algunos empresarios, quieren sacar a la gente a punta de miedo y comprando barato, para luego hacer buenos negocios”, explica Daira*, una líder social.

Y mientras este drama humano ocurre, y las pocas voces que se alzan contra lo ocurrido son acalladas, Buenaventura se apresta para recibir al presidente Juan Manuel Santos, quien el próximo martes estará en el puerto para socializar un plan de choque a la crisis social.

Related Link: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-406499-buenaventura-entre-pobreza-y-violencia
author by Alfredo Molano Bravo - El Espectadorpublication date Mon Apr 21, 2014 15:52author address author phone Report this post to the editors

El área urbana de Buenaventura es, para resumir, un enorme puerto. Allí operan tres terminales: la de la Sociedad Portuaria, la llamada Muelle 13 y TC Buen. Sin embargo, ante el apogeo del comercio marítimo, el municipio y sus empresarios han visto la necesidad de la ampliación portuaria, proyecto que riñe con las comunidades que habitan la ciudad. Un enfrentamiento que veladamente es el trasfondo de la lucha por los terrenos donde se planean las nuevas megaobras y por el cual las bandas criminales —Los Urabeños y La Empresa— han sembrado el terror a lo largo y ancho de Buenaventura, con el objetivo de que la gente abandone sus casas, unas veces con las solas intimidaciones y otras por unos pocos millones.

La pelea está casada: la ampliación de TC Buen, del muelle de la Sociedad Portuaria y de la vía Alterna Interna, así como la construcción de cinco megaobras más: el Puerto de Aguadulce, la terminal marítima Delta del Río Dagua, el malecón Bahía de la Cruz y la zona franca Celpa, requieren que la gente, en su mayoría barrios de gente humilde, tenga que salir de la zona insular de Buenaventura hacia el área continental o rural del municipio. Y la situación se agudiza más con la firma del presidente en la Ley 161 de 2013, que convierte a Buenaventura en Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico —lo de biodiverso debe ser una arandela para adornar la categoría—.

Así las cosas, la gente no tendrá dónde vivir. “Los bandidos: pistoleros, algunos empresarios y gente de la administración local, quieren la isla para sus negocios. Esa es la razón por la que los paramilitares, ahora conocidos como bacrim, han desatado esta ola de violencia. Se trata de atemorizar a la gente, de que recoja sus cosas y abandone sus casitas o venda por cualesquier dos pesos. Por eso el terror, por eso la matazón, por eso el desempleo. Es la manera de ahogar a la gente”, explica Noris*, una lideresa social de uno de los barrios que están dentro del mapa de los nuevos proyectos de ampliación portuaria.

“¿Usted porqué cree que la guerra de las bandas se da con especial crueldad en las comunas donde están proyectadas las megaobras?”, pregunta afirmando Milton*, un negro flaco, de ademanes nerviosos y mirada enfática, que hace parte de una de las fundaciones de desplazados que tratan de seguir trabajando a pesar de que a sus líderes los han matado por decenas.

“Nosotros lo que vemos es que esto no es gratis: nadie trae un ejército de otra parte del país porque sí; es por que hay un buen negocio detrás. Usted sabe que los buenos negocios desatan los demonios, la ambición y la crueldad. Nosotros estamos en un municipio estratégico para la economía regional, nacional e internacional. Además, es rico en los recursos que el mundo está demandando: minerales preciosos y biodiversidad. Nosotros sabemos que en el fondo de la película está lo que significa la ubicación del municipio y los recursos que tiene, por eso nos quieren sacar de los principales barrios, quieren esto para comercio, industria y turismo. Ahora resulta que somos vecinos incómodos para el desarrollo”, sostiene uno de los activistas de la ONG Proceso de Comunidades Negras (PCN).

En varias ocasiones, distintos pobladores de Buenaventura han explicado cómo La Empresa y los Urabeños controlan los barrios. “A determinadas horas no se puede salir de la casa. Hay que pagar impuesto para entrar a ciertos barrios, también por poner una chaza de cigarrillos, y para hacer un trasteo si uno se quiere ir. Por todo hay que pagarles. Esa gente tiene campaneros en todas las entradas de los barrios, y si un desconocido llega al barrio sin avisar, entra pero no sale. La cosa está tenaz y no le puedo seguir contando, mejor caminemos como si no nos conociéramos”, dice Gabriel*, un líder social que se ha salvado de tres atentados y que hoy está obligado a irse del puerto.

El caso de Isla de la Paz

Aleida* es una de la habitantes del barrio Isla de la Paz, situado en la Comuna 6 de la parte continental de Buenaventura, a donde hace algún tiempo llegó un oscuro personaje a decir que era el propietario de todo el barrio. Cuenta que los viejos se asentaron allí desde los años 60, cuando era una zona selvática, y que una década después el barrio fue legalizado, aunque siempre fue una zona marginal. En 1999, ante la falta de vías apropiadas para el transporte de mercancía, se planteó la construcción de la Alterna Interna, que pasa por el barrio, y en 2002 se inició su construcción.

“Decidieron hacer la vía atravesando este barrio que siempre había sido marginado por los políticos. Pero la sorpresa fue que a partir de ese momento, empiezan a aparecer personas manifestando que son los dueños del barrio y nos dijeron que tenían títulos del 19 de abril de 1960 emitidos por el Incora, pero esta entidad no existía en ese tiempo. Empezaron a intimidarnos, a decirnos que o desalojábamos el barrio o estos territorios se nos convertirían en tumbas. La principal persona fue Jairo Arturo Salamando”, explica Aleida, quien a pesar de ser una persona con bajo nivel educativo hoy es prácticamente una abogada en derecho administrativo. El pleito por su barrio la ha llevado a aprender leyes, decretos, normas, fechas y todo cuanto sirve para defender a la comunidad.

La historia jurídica de la disputa es un berenjenal que Aleida carga en un cartapacio de cientos de hojas. Según su explicación, el señor Salamando ha buscado por medios legales e ilegales la manera de quedarse con los predios. Entre las irregularidades que se evidencian se encuentra que los planos que el señor Salamando presenta han sido modificados en varias ocasiones para hacerlos coincidir con los linderos reales del barrio. Además se ven varias situaciones extrañas en la manera como busca demostrar que el barrio le corresponde por vía hereditaria. Sin embargo, los documentos aportados para probar la sucesión tienen serias irregularidades, como un registro civil con enmiendas en los nombres y el número de cédula del supuesto padre de Salamando, y el nombre completo no coincide con el que aparece en el documento de sucesión. Estos son apenas algunos de los elementos extraños del proceso.

El barrio más pobre y más codiciado de Buenaventura

Otro de los casos donde se pone en evidencia el conflicto entre las megaobras y el derecho de las comunidades es el del barrio San José, el primero en fundarse en la ciudad. Allí llegaron los indígenas a asentarse cuando Buenaventura era sólo selva y mar.

Es el barrio más pobre de Buenaventura. Está situado entre el mar y la principal calle de la zona turística, comercial y administrativa de la ciudad. No tiene agua potable, ni alcantarillado, ni luz. A pesar de ser histórico, ha sido declarado ilegal. Allí se siente la verdadera Buenaventura, donde la pobreza es una regla generalizada, pero no tan fuerte como para cercenar la alegría de este pueblo bailador. Huele a basura, a heces y a droga. “Estos territorios son nuestros, se los ganamos al mar. Toda la vida los ricos de Buenaventura dijeron que este era el barrio más pobre, el más miserable, y ahora resulta que lo quieren”, alega Alirio*, un pescador con 10 hijos.

En 2009 algunos funcionarios de la administración les explicaron que el barrio debe ser reubicado porque se necesita su terreno para construir el malecón turístico. Una obra que le dará una nueva cara a la ciudad ante los ojos de los visitantes, algo como el de Cartagena, el de Riohacha o el de La Habana, según sueñan las constructoras. Pero la gente se niega a irse. Dicen que les ofrecen una casa de concreto en un proyecto urbanístico que se denomina San Antonio, pero que allá no hay mar, ni dónde cultivar, y que la mayoría de ellos viven de la pesca.

“En varias ocasiones han venido a presionarnos con eso de las casas. Dicen que si no nos vamos ya nos vamos a quedar sin nada, porque de aquí nos sacan porque nos sacan y que en el tal proyecto residencial ese se están acabando las casas. Nos han dicho que nos van a sacar porque es una zona de riesgo, pero también nos han dicho, algunos funcionarios más honestos, que esto lo necesitan para construir edificios con balcón, hoteles, casas para ricos. Nosotros de verdad no entendemos por qué si antes les parecía tan pobre y tan feo nuestro barrio ahora están decididos a quitárnoslo así nos tengan que sacar con la policía”, concluye Herminzon*, un moreno alto y fornido que está dispuesto a morir en San José, como lo hicieron sus ancestros indígenas.

* Los nombres han sido cambiados

Related Link: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/guerra-los-terrenos-del-area-urbana-articulo-406663
author by María Elvira Bonilla - Las 2 orillaspublication date Thu Apr 24, 2014 14:15author address author phone Report this post to the editors

Doce empresarios controlan un negocio que mueve el 60% de las exportaciones de Colombia que representan 2 mil millones de dólares al año; un enclave rodeado de una ciudad en miseria

El pasado 3 de abril, el expresidente César Gaviria se preparaba para viajar a Buenaventura a participar de la celebración de los veinte años del nacimiento de la Sociedad Portuaria de Buenaventura que apareció en su gobierno producto de la liquidación de Puertos de Colombia y la privatización de ésta y todas las operaciones portuarias del país. Estaba programado también el Presidente Santos a quien Gaviria le dio la oportunidad de iniciarse en la vida pública como el primer ministro de Comercio Exterior. Era claro que la situación de Buenaventura no está para brindis y es más bien una vergüenza para cualquier gobernante. Santos sostuvo su viaje pero cambió el propósito: llegó con aires reeleccionistas proponiendo un aumento de pie de fuerza militar para controlar el desborde de la violencia y una inversión millonaria, repitiendo un conocido ritual gubernamental que viene dándose desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1968), cuando este prendió las alarmas sobre la realidad social y económica del Puerto y lo declaró de prioridad nacional. De cuento en cuento, antes que mejorar la situación para los 300.000 habitantes, todo se ha deteriorado cada día más.

Para aguar la fiesta los organizadores argumentaron “problemas de logística” porque claramente los ojos de Colombia y el mundo estaban puestos en la miseria y en los asesinatos horrendos de jóvenes que se están dando en la ciudad. Con la celebración por los porteños también Gaviria conmemoraba veinte años del arranque de su política de apertura y privatizaciones que incluía la ley de puertos, –cuestionada por unos, aplaudida por otros- que marcó su gobierno, una agresiva política económica que para muchos no ha hecho otra cosa que profundizar la brecha entre ricos y pobres que en Buenaventura ha adquirido unas dimensiones inimaginables.

Una de las más sonadas privatizaciones fue la de Puertos de Colombia que se logró en buena medida porque su poderoso sindicato cedió ante la jugosa prebenda que le dio el gobierno al permitirle entrar con un 25% a la naciente Sociedad Portuaria de Buenaventura. Una participación que quedó en manos de los veinte sindicalistas que conformaban la cúpula directiva sin que sus utilidades se drenen al grueso de los trabajadores.

Esta moderna y rentable empresa con veinte años de existencia, controlada por dos grandes grupos familiares, junto con otras dos grandes compañías portuarias, la española de origen catalán –TC Buen- cuyo representante legal en nombre de los españoles ha sido hasta ahora el abogado Camilo Gómez, actual fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramirez, y el Grupo Portuario S.A manejan el billonario negocio que representa la operación portuaria del puerto de Buenaventura, que mueve cerca de 600.000 contenedores al año, el 80% del café que sale del país y el 60% de todas las exportaciones de Colombia.

La Sociedad Portuaria de Buenaventura sigue siendo la líder del sector. Después de muchas transacciones en compra y venta de acciones estos veinte años, aunque sobrevive un grupo de socios minoritarios atomizados, entre los que están los líderes sindicales Álvaro Ortiz, Víctor Rebolledo, la viuda de Luis Marmato: la Sociedad está controlada por un puñado de dueños que toman las decisiones y se lucran del negocio. Estos son: el Grupo Parody de la familia Parody Décheona, cuyo representante en la junta es Manuel Isaac Parody Décheona, hermano de Gina; el Grupo Harinera del Valle de la familia Paz Bautista, cuyo representante dejó de ser Carlos Arcesio Paz, quien perdió su puesto por una drástica pelea familiar con sus dos hermanos, para darle paso a Alfonso Ocampo Gaviria quien es el presidente de la compañía; le sigue el grupo Ciamsa -Comercializadora internacional de azucares y mieles- conformado por los 12 grandes ingenios del Valle del Cauca, cuyo representante legal es Carlos Mira; y tres entidades públicas: la alcaldía de Buenaventura (15%) cuyo representante en la junta directiva es el alcalde Bartolo Valencia con suplencia del senador Edinson Martínez; también tienen una pequeña participación el ministerio del transporte (2%) y el de agricultura (0.5%).

Óscar Isaza, un exitoso emprendedor nacido en Buenaventura, quien comenzó su fortuna con una bomba de gasolina de propiedad de su suegro, se empeñó hace más de veinte años en construir un puerto privado capaz de competirle a la Sociedad Portuaria y ofrecer servicios logísticos en el mismo terminal. El primer terminal tuvo como socios a la CVC, al municipio de Buenaventura y a la Gobernación del Valle, el cual fue construido en un lote de la CVC con una inversión de 240 mil dólares (400 millones de pesos). Diez años más tarde, Isaza promovió la idea en Europa y consiguió vincular al grupo marítimo de Barcelona TCB que tiene muelles en España, Brasil, Turquía y en La Habana.

En su reinauguración estuvo presente el empresario Ángel Pérez-Maura, representante de los inversionistas españoles quienes tienen el 51%. El español inauguró la operación con la llegada del buque Rio Verde la Naviera Maersk, en presencia del Presidente Santos y varios de sus ministros. Pero el verdadero anfitrión de aquella ceremonia fue Óscar Isaza, dueño del 41% de este puerto, y además presidente de Gepsa –Grupo empresarial del Pacífico SA-.

Pero hay otros grandes jugadores en Buenaventura como es COMPAS S.A. -Compañía de Puertos asociados-, una empresa que resultó de la alianza en 2012 de Muelles El Bosque de propiedad de la familia Echavarria Obregón -herederos de don Hernán Echavarría en asocio con el Grupo español Erschip – familia Alvargonzález de Asturias- y el Grupo Argos.

Gabriel Echavarria, cabeza del grupo empresarial que construyó su padre Hernán Echavarría Olózaga celebró la fusión junto a José Alberto Vélez, entonces presidente del grupo Argos, con una gran cena en el restaurante Harry Sasson de Bogotá. Una noche en la que no faltó ninguno de los protagonistas del creciente negocio portuario de Colombia. No había pasado un año de la constitución de Compas, cuyo presidente es Alberto Jiménez, cuando el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, quien viene de presidir la oficina Mc Kinsey en Colombia, firmaba la resolución que le entregaba la concesión de la operación del terminal que aspira a facturar más de 70 millones de dólares anuales y superar los 5 millones de toneladas de carga.

Echavarria ha sido el puente con el multimillonario filipino de 52 años Enrique ‘Rickie’ Razon, propietario de la gigante portuaria ICTSI, otro de de los grandes inversionistas internacionales de los muelles de Buenaventura. Se les ha visto juntos en visitas fugaces a visitar los terrenos del terminal Aguadulce que obtuvo en concesión por treinta años y que a través de la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, espera tener marchando en el 2015. Rickie Razon es el tercer hombre más rico de Filipinas, ocupa el lugar 53 en la lista de Forbes, y ve en las aguas de Buenventura una oportunidad de negocios para sumarla a su ya monumental emporio de movimiento de contenedores que heredó de su padre pero que ha multiplicado desde que tomó las riendas del negocio hace veinte años.

Por el otro lado, a través de un contrato de arrendamiento con el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, quien había obtenido una concesión de la nación para manejar Muelle 13, el Grupo Portuario S.A entró a participar en grande. El grupo funciona en unas ostentosas oficinas en el sector financiero de la Avenida Chile de Bogotá y gracias a las conexiones con distintas bancas de inversión, los principales accionistas Álvaro Rodríguez y Saverio Minervine lograron un cuantioso crédito para fondear la modernización del muelle. Del negocio participan también Fernando Garcés, mano derecha del dirigente conservador vallecaucano Carlos Holguín Sardi, quien vendió su participación original en la Sociedad Portuaria y Edison Delgado.

Al lado de estos grandes de la operación portuaria propiamente dicha está el negocio logístico y las agencias de aduanas que se encargan de la legalización de la carga para entrar y salir al país. Los grandes de la logística son multinacionales como la Naviera Evergreen, Elequip y Maersk. Mientras, que los fuertes en el papeleo legal son las compañías Roldan y CIA, nuevamente el Grupo Parody y el grupo Eduardo L Gerlein S.A

Son cifras mayúsculas concentradas en muy pocas manos y con una gran inversión de capital que contrasta con la aberrante miseria en que vive más del 90% de los 300.000 pobladores de Buenaventura. La modernización del negocio portuario que compite con los grandes del mundo no se detiene, sin que aparezca la manera de drenarle algo de toda esta riqueza que genera el puerto al entorno social que lo rodea. Solo invierten en los muelles, de puertas para afuera no se ve un solo peso.

Los grandes inversionistas, directivos y propietarios no viven allí. Llegan en sus aviones privados a las juntas y toman los vuelos de regreso en la tarde, sin contaminarse, sin involucrarse con la tragedia local ni con el gobierno de turno atrapados desde hace décadas en la corrupción y cómplices del otro gran negocio del puerto: el narcotráfico. La pequeña y débil dirigencia no logra aunarse en una voz ni identificar un camino que les permita avanzar y trazar un horizonte al futuro más allá de las denuncias y las lamentaciones. La clase política local cooptada por la dirigencia nacional logró imponerse nuevamente en las pasadas elecciones a punta de mermelada, chequera y corrupción, sin que los grandes empresarios se decidan a comprometerse para cambiarle el rumbo a esta fatalidad social llamada paradójicamente: Buenaventura.

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