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Andrómeda: el Estado profundo en Colombia

category venezuela / colombia | antifascismo | opinión / análisis author Friday February 07, 2014 03:22author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

La revista Semana ha revelado la existencia de una operación de inteligencia militar para espiar los diálogos de paz en La Habana así como a figuras políticas de oposición, la cual era conocida con el código de “Andrómeda”. Estas revelaciones demuestran, inequívocamente, tres cosas. Primero, las agudas contradicciones internas del bloque en el poder, cuyos hilos son en realidad movidos desde EEUU. Segundo, que el tema de la utilización de los aparatos de inteligencia en tareas propias de la guerra sucia es un fenómeno más extendido que unos cuantos funcionarios corruptos del antiguo DAS y que infecta todos los aparatos de inteligencia que han proliferado como maleza en el Estado. Tercero, que el problema es mucho más profundo que “chuzadas” o “escuchas”; el problema es qué se está haciendo con esta información, porque acá ha habido manipulación política, sabotajes, atentados, amenazas, hostigamiento, asesinatos y desapariciones.
Soldados partícipes de la operación Andrómeda con una "amiguita", en poses propias de mafiosos, sicarios y narcotraficantes. Nótese las banderas de EEUU en los uniformes de los soldados (foto de La FM, @JoaloNet)
Soldados partícipes de la operación Andrómeda con una "amiguita", en poses propias de mafiosos, sicarios y narcotraficantes. Nótese las banderas de EEUU en los uniformes de los soldados (foto de La FM, @JoaloNet)


Andrómeda: el Estado profundo en Colombia

La revista Semana ha revelado la existencia de una operación de inteligencia militar para espiar los diálogos de paz en La Habana así como a figuras políticas de oposición, la cual era conocida con el código de “Andrómeda”[1]. Estas revelaciones demuestran, inequívocamente, tres cosas. Primero, las agudas contradicciones internas del bloque en el poder, cuyos hilos son en realidad movidos desde EEUU. Segundo, que el tema de la utilización de los aparatos de inteligencia en tareas propias de la guerra sucia es un fenómeno más extendido que unos cuantos funcionarios corruptos del antiguo DAS y que infecta todos los aparatos de inteligencia que han proliferado como maleza en el Estado. Tercero, que el problema es mucho más profundo que “chuzadas” o “escuchas”; el problema es qué se está haciendo con esta información, porque acá ha habido manipulación política, sabotajes, atentados, amenazas, hostigamiento, asesinatos y desapariciones.

Sin ir más lejos, hace unos días aparecía un panfleto firmado por los comandos urbanos de la agrupación paramilitar “Los Rastrojos” en la que decían tener información sobre los esquemas de seguridad y el itinerario diario de miembros de la Marcha Patriótica, la MIA y la Unión Patriótica[2] ¿quién les provee esta información? ¿Cómo es que Uribe Vélez consigue información sensible sobre el proceso de paz para torpedearlo desde Twitter?

George Orwell se quedó, francamente, corto en su obra “1984” sobre una sociedad distópica dominada por el “Gran Hermano”. Colombia se ha convertido en el Estado policial-político por excelencia, mientras se mantiene una fachada liberal para engañar a los ingenuos. Un Estado policial, además, manejado a control remoto: como si ya las declaraciones del Washington Post no hubieran dejado suficientemente en claro que los hilos de las operaciones contrainsurgentes se manejan en realidad desde EEUU, ahora se revela que los aparatos de inteligencia militar y sus “salas grises” de interceptación son manejados directamente por la CIA, y son ellos los “verdaderos jefes”, en opinión de un militar colombiano[3]. No es casual que en fotografías de efectivos militares en “Andrómeda” se les ve portando en sus uniformes banderas de EEUU, no de Colombia; queda claro para quién trabajan.

Dos oficiales de inteligencia han sido relevados por el caso: Jorge Zuluaga y Mauricio Ricardo Zúñiga[4]. La gravedad de lo ocurrido ameritaba, por lo menos, sanciones a las más altas instancias de la institución, por incompetentes o por cómplices. Pero una vez más, el ministro de guerra Juan Carlos Pinzón ha demostrado ser intocable, pese a sus contantes sabotajes al proceso de paz y hacer labor de zapa al uribismo recalcitrante en su cartera.

En Turquía, desde los ’70 con los crecientes escándalos que vinculaban orgánicamente al ejército, los aparatos de inteligencia, la red anticomunista Gladio de la OTAN, funcionarios y la mafia, en una estructura críptica que controlaba los aparatos estatales, se acuñó el término “Estado profundo” (Derin Devlet en turco) para indicar la fuente real del poder más allá de las fachadas institucionales y los controles legales. Escándalo tras escándalo se revela en Colombia la omnipresencia del “Estado profundo” que extiende sus tentáculos por todo el territorio, incluso (o sobretodo) ahí donde el “Estado de fachada” dice no tener presencia o ser estructuralmente débil. Y después de alimentar este monstruo, aparece el ministro del interior Aurelio Irragori diciendo que ellos son víctimas (ie., de su propio invento)[5].

Suena a burla escuchar a Santos decir que se llegará hasta las últimas consecuencias en la investigación. Cada vez queda más claro que, frente al bloque en el poder, no tiene siquiera capacidad política para controlar las explosivas contradicciones internas frente a las negociaciones de paz; no es él quien gobierna Colombia[6]. A lo sumo, es capitán del Estado de fachada. Además, ni siquiera tuvo capacidad de llegar hasta el final con el problema relativamente más sencillo del DAS: esta institución, luego del escándalo de las “chuzadas” terminó reciclándose en el DNI, a la vez que sus 5.000 funcionarios eran reubicados en otras instituciones estatales; el grueso de sus crímenes permanecen impunes, y para colmo, Semana revela que el DAS sigue existiendo, desde las sombras, con un total de 300 funcionarios[7].

El Estado colombiano cada vez se parece más al “Cartel de los Sapos”. Esta no es una discusión técnica sobre la “modernización” de la inteligencia, la cual es bastante moderna, diríamos incluso que de punta. La discusión es eminentemente política y se relaciona directamente con el tema de las negociaciones para superar el conflicto armado. ¿Con quién hay que negociar entonces si Santos no tiene el poder? ¿Cómo podrá garantizar la implementación de acuerdos mínimos para la superación del conflicto? ¿Cómo garantizar que los saboteadores de la derecha permanezcan a raya? ¿Cómo garantizar que el ejército, institución intocable, se someta a la autoridad civil?

Santos dice que con estas negociaciones no cambiará nada, pero es que sin cambios profundos, de raíz, frente al “Estado profundo” (mafioso, paramilitarizado, caníbal), no habrá paz, ni en el sentido más estrecho de la palabra. Así de sencillo.

José Antonio Gutiérrez D.
6 de Febrero, 2014


[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/alguien-espio-los...076-3
[2] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180395&titular=p...-mia-
[3] http://www.semana.com/nacion/articulo/la-sala-desde-don...079-3 http://www.semana.com/nacion/articulo/los-oscuros-antec...080-3
[4] http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-relevan-...155-3
[5] http://www.rcnradio.com/noticias/en-el-gobierno-no-chuz...15313
[6] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180461&titular=%...bia?-
[7] http://www.semana.com/nacion/articulo/la-sala-desde-don...079-3

Soldados partícipes de la operación Andrómeda con una "amiguita", en poses propias de mafiosos, sicarios y narcotraficantes. (foto de La FM, @JoaloNet)
Soldados partícipes de la operación Andrómeda con una "amiguita", en poses propias de mafiosos, sicarios y narcotraficantes. (foto de La FM, @JoaloNet)

Soldados partícipes de la operación Andrómeda con una "amiguita", en poses propias de mafiosos, sicarios y narcotraficantes. (foto de La FM, @JoaloNet)
Soldados partícipes de la operación Andrómeda con una "amiguita", en poses propias de mafiosos, sicarios y narcotraficantes. (foto de La FM, @JoaloNet)

Fachada del local donde operaba el centro de espionaje de la operació Andrómeda (foto de La FM, @JoaloNet)
Fachada del local donde operaba el centro de espionaje de la operació Andrómeda (foto de La FM, @JoaloNet)

author by Catalina Ruiz-Navarro - El Espectadorpublication date Fri Feb 07, 2014 06:25author address author phone Report this post to the editors

Cuenta la revista Semana que desde un restaurante de corrientazos en el barrio Galerías, donde además se dictaban cursos de “hacking ético y defensa en profundidad”, operaba una central de interceptaciones del Ejército llamada “Andrómeda”, desde donde se espiaba a ONG de derechos humanos, a Piedad Córdoba e Iván Cepeda (los de siempre); y a fichas importantes del proceso de paz como Humberto de la Calle, Alejandro Éder y Sergio Jaramillo. Todo esto con una aparente intención de entorpecer el proceso de paz.

Santos, en su cultivado estilo eufemístico, dice que los enemigos de la paz son “las fuerzas oscuras”. Este es un término que con frecuencia alterna con el nebuloso “mano negra”, que también usó en 2011 (declarando que había una diestra y una siniestra) y en el que cabe de todo, desde quienes acaban de amenazar a Petro, a Iván Cepeda, hasta su más ferviente y reciente opositor, el expresidente Álvaro Uribe. Santos usó otros eufemismo como “están algunos pescando en río revuelto”, “este gobierno no tolera, no admite y no se beneficia de interceptaciones ilícitas”, “defendemos un Estado de derecho y no de opinión” que más parecen indirectas de exnovia en Twitter y que no se atreven a señalar directamente a su exjefe, un lujo que sí pudieron darse las Farc.

Es clarísimo que el expresidente Uribe tiene acceso a información privilegiada relacionada con el proceso de paz. Estuvo enterado de antemano del inicio de las conversaciones en La Habana, un dato que el fiel Pachito reveló por la misma época en que inició operaciones la central Andrómeda —como si estuvieran estrenando—. Divulgó unas fotos de los negociadores de las Farc paseando en un catamarán, información irrelevante que tenía la clara intención de causar incomodidad en el proceso de paz, y también divulgó las coordenadas del Meta a donde el Gobierno trasladaría a cabecillas de las Farc durante el cese de hostilidades.

Todos ejemplos de información privilegiada que no debería estar en manos de un civil vengativo y sediento de poder. A pesar de que muchos periodistas le han preguntado de manera frentera sobre el origen de esta información, Uribe no contesta y ocupa el tiempo al aire para hacer campaña descarada y rumiar su mareador discurso megalómano de amor a las fuerzas armadas.

Uno podría decir “blanco es, gallina lo pone”, pero nadie puede decir, sin exponerse a una demanda, que Uribe está detrás de las chuzadas. Este lenguaje, de “tal vez”, “puede ser”, “pareciera”, “todo indica”, es a lo que nos obliga la negligencia de la justicia colombiana, llena de absurdos lógicos como la posibilidad de que este incidente sea juzgado por la justicia penal militar, y que desde el asesinato de Gaitán no ha sido capaz de señalar y condenar a ninguno de los culpables de los grandes crímenes de este país.

Así es como nunca se supo a ciencia cierta quién fue el culpable de las chuzadas del DAS y probablemente tampoco sabremos quién ordenó estas nuevas interceptaciones. O mejor dicho, como todo en Colombia, no lo sabremos, pero nos lo podemos imaginar.

Related Link: http://www.elespectador.com/opinion/el-huevo-columna-473121
author by Gustavo Gallón - El Espectadorpublication date Fri Feb 07, 2014 06:33author address author phone Report this post to the editors

El delito de interceptación de comunicaciones (Operación Andrómeda o DAS) no sería investigado judicialmente, según la sentencia sobre el Marco Jurídico para la Paz (C-579/13).

Así lo advierte la Corte Constitucional, al enunciar unos delitos que pueden dejar de investigarse, aunque no incluye dentro de ellos ninguna de las violaciones de derechos humanos reconocidas como graves por la propia Corte (apartado 8.2.7.1., ii). Esta sentencia afirma, una y otra vez, que el Estado está obligado a investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Pero de otra parte establece que, en caso de terminación de un conflicto armado, esa obligación se debe centrar en los delitos de genocidio y de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Cabe preguntarse cómo llegó a esa dicotomía para saber cómo tratarla.

Tres aspectos parecen haber ambientado ese fenómeno, según se percibe en la sentencia. Uno, el deber de garantía que tiene el Estado frente a los derechos, para lo cual debe organizarse adecuadamente. Dos, la necesidad de que la investigación de las violaciones sea efectiva. Y tres, el imperativo de desentrañar el contexto criminal, para lograr lo anterior. Enfatizando apartes de sentencias de la Corte Interamericana sobre estos tres aspectos, se insinúa, sin necesidad de decirlo, que debe renunciarse a la investigación de todas las violaciones para concentrarse de manera efectiva en algunas de ellas y lograr la paz como garantía de los derechos.

Creado ese ambiente, la sentencia advierte que en situaciones de conflicto armado se aplica el derecho internacional humanitario como ley especial (y, donde haya lagunas, las normas de derechos humanos). Invoca un fallo de la propia Corte Constitucional que dice que en conflicto armado los crímenes que se cometen son los de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, y establece la equivalencia entre ellos y las graves violaciones de derechos humanos. Y cita una sentencia de la Corte Interamericana sobre las masacres de El Mozote, en El Salvador, donde se habría admitido la amnistía como parte del proceso de paz, salvo para los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Pero la Corte Interamericana, por el contrario, estableció que las disposiciones de dicha amnistía “carecen de efectos jurídicos” por su “manifiesta incompatibilidad” con la Convención Americana, en la misma sentencia, en el párrafo 296, que la Corte Constitucional omitió citar. Quizá por ello, a pesar de que la sentencia autoriza seleccionar para investigar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, ordena que la ley estatutaria respete las obligaciones internacionales de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (8.4.8.).

La clave del enigma parece ser, entonces, esta frase de la sentencia: “la obligación bajo examen recae sobre todas las violaciones a los DDHH. Sin embargo, (…) en contextos de conflicto” se “debe[n] priorizar las graves y masivas vulneraciones que han tenido lugar precisamente con ocasión de ese conflicto” (8.1.3.2.1.). “Alquimistas del derecho”, diría García Márquez.

Related Link: http://www.elespectador.com/opinion/alquimia-juridica-columna-473116
author by Yezid Artetapublication date Sat Feb 08, 2014 05:41author address author phone Report this post to the editors

“No sé qué películas verás tú pero en el mundo real no matamos a 11 personas tan sólo como medida de precaución”. Esta frase la escucharán de labios de uno de los protagonistas de una serie de TV que pronto se estrenará en Colombia.

La dice un expolicía corrupto que asesina y pone escuchas electrónicas para ganar dinero y alimentar a su familia. Un personaje exótico para una sociedad quieta. Pero en Colombia, un lugar en donde “no morir asesinado” ha pasado de derecho a controversia pública, esta clase de personajes abundan y andan tranquilos por las calles.

Empecemos por el espionaje. Enterarse a hurtadillas de lo que hace el otro es humano y por tanto antiquísimo. Espionaje entre familia, entre novios, entre vecinos, entre amigos, entre enemigos, entre partidos políticos, entre equipos de fútbol, entre Estados, entre países en guerra, entre combatientes y un largo etcétera. Miles de libros, películas, series y documentales sobre espionaje y contraespionaje. Un tema que fascina y engancha a millones de terrícolas.

Según las encuestas y los estudios de transparencia Colombia es una sociedad feliz y corrupta. Los informes de Naciones Unidas también dicen que es bastante desigual en el ámbito económico. La corrupción y la desigualdad van generalmente de la mano y el espionaje en estas condiciones se torna en una actividad absoluto criminal.

Vamos al grano. Los expedientes judiciales han probado que miembros de la policía política y militar han utilizado el espionaje para facilitar y cometer crímenes en Colombia. Los centenares de asesinatos con propósitos políticos que han sucedido en el país en las últimas tres décadas tienen sus orígenes en las cloacas del Estado.

No es una película. En el mundo real colombiano se mata por precaución. Se mata a la carta. De manera selecta. El cuento de las “fuerzas oscuras” es la sempiterna historia del gallo capón para no llegar a ninguna parte. No son “fuerzas oscuras” las que editan panfletos amenazantes, espían correos y teléfonos, hacen listas y pasan nombres para facilitar los crímenes. No lo son.

Son fuerzas con irrebatibles rasgos humanos que, los propios aparatos del Estado, pueden detectar, capturar y procesar a través de los medios logísticos y legales con los que cuenta. “Los enemigos agazapados de la paz” se ha vuelto un tópico en el argot político doméstico que carece de contenido real y se asemeja más a una abstracción.

Hasta el presente el blanco del espionaje ha sido el mundo de la izquierda y su gente que, por supuesto, ha llevado la peor parte. Ahora se descubre que hay un nuevo blanco: el proceso de paz que ocurre en La Habana.

Hasta un huevo de pato sabe que lo que hacían los espías del barrio de Galerías no era un mero pasatiempo. La información recopilada y procesada hubo de llegar hasta una o más mentes y de allí en adelante se pudo usar con fines estrictamente políticos o criminales. Dinamitar, como los demonios de Dostoievski y Camus, el dialogo entre el gobierno y la guerrilla, es un propósito que varios personajes públicos han demandado sin pudor. Es decir: apuñalear el corazón de la mayoría colombiana que desea paz, vida y reconciliación.

Me aparto de quienes ven en toda la burocracia estatal y en los miembros de las fuerzas militares a una suma de canallas empeñados en eternizar la guerra y el crimen. No es así. Estoy seguro que la mayoría de los funcionarios gubernamentales y los integrantes de las fuerzas armadas son gente con proyectos de vida y aspiraciones sanas.

Está bien que el jefe del Estado reciba en el Palacio de Nariño a los líderes de la Izquierda y el Ministro de Defensa ordene investigar las eternas amenazas contra la Unión Patriótica y los asesinatos de miembros de la Marcha Patriótica. Pero hay que hacer más. En estos casos la percepción no cuenta sino la realidad porque no se trata de mensajes publicitarios sino de gente que está muriendo a balazos.

Entre los miembros de la oposición de izquierda no están los demonios que actúan por fuera de la ley. Los demonios están prendidos como vampiros al cuerpo del jefe del Estado y otras criaturas rondan alrededor de las instituciones y los círculos de poder.

Son vampiros que no necesitan de la noche para rebuscarse la sangre. Salen a plena luz. El jefe del Estado tiene que sacudirse y juntarse con la gente que no quiere pasar el resto de su vida atormentada por las criaturas de las tinieblas y enfrentarlas sin miedo y con determinación. Resignarse a una nueva derrota en el objetivo de la paz sólo cabe en la mente de los perdedores.

Los miembros de las fuerzas militares, por su parte, ceñidos a la Constitución y sujetos a su propia humanidad deben emplearse a fondo para limpiar sus cuarteles. El “deber asesino” no cabe dentro de una poderosa institución que está llamada a desempeñar un papel determinante en la hipótesis del fin del conflicto.

author by Marco León Calarcá - FARC-EPpublication date Sat Feb 08, 2014 05:43author address author phone Report this post to the editors

Reverdece la amenaza como herramienta de terror, como violenta forma de persuasión. Los “rastrojos”, “Las águilas negras” ponen precio a las vidas de líderes, hombres y mujeres que mantienen en alto, con firmeza y dignidad, la bandera de la paz con justicia social, como quienes son nombrados en la nefasta lista divulgada en días anteriores.

La solución de las causas generadoras del conflicto económico, político, social y cultural, es decir la construcción de la paz con justicia social es motor de la resistencia popular.

Al tiempo que las mayorías exigen la paz; marchan, debaten y proponen para alcanzarla y con el mismo propósito en La Habana funciona la Mesa de conversaciones entre las FARC-EP y el gobierno colombiano; encontramos la obstinada actitud contraria, de saboteo y satanización, de los enemigos de la reconciliación y la reconstrucción de la patria, aquellos que se lucran de la guerra, en lo política y en lo económico, a través de negociados y corrupción. Son ellos y su actuar el obstáculo a superar.

Así es imposible la Paz. Mientras no se garantice la vida. Mientras se siga considerando como enemigos a quienes piensen diferente y propongan alternativas de desarrollo contrarias a la oficial. Mientras sectores del establecimiento colombiano mantengan como herramienta el paramilitarismo, no importa el nombre que utilicen. Mientras el terror se considere instrumento de disuasión.

Es historia, “las exhaustivas investigaciones hasta las últimas consecuencias”, nada resuelven en la práctica, tampoco los vehementes rechazos por parte de voceros de los gobiernos, mucho menos los esquemas de seguridad. Por tanto pierde el tiempo el gobierno y su mininterior Irragori con declaraciones aparentemente muy sentidas, pero poco creíbles, sobre todo nada prácticas.

También es historia la ligazón estructural de sectores del establecimiento, del Estado y los diferentes gobiernos con el paramilitarismo, desarrollado como elemento de dominación política.

El mundo entero sabe de la importancia de crear un medio ambiente favorable a la construcción de la paz. Nuestra América proclamada territorio de paz. Gobiernos y pueblos del mundo solidarios con el noble propósito.

Y en ese sentido, la guerrilla envía mensajes inequívocos de su voluntad y compromiso con las treguas decretadas, las propuestas mínimas dirigidas a encontrar y construir acuerdos, entre otros gestos.

De parte del gobierno colombiano las señales no son las mismas, permitir impunemente el accionar de los grupos paramilitares, encarcelar dirigentes sociales, reprimir con violencia la resistencia popular, entre muchas otras cosas, no favorece en la construcción de vías hacia la reconciliación y la construcción.

El asesinato selectivo con fines de terror nunca se desactivó. Los montajes de inteligencia para el empapelamiento de dirigentes populares tampoco. La farsa jurídica dirigida a encarcelar a quienes resisten y luchan por cambios reales se mantiene. El estigmatizador bombo mediático no se acalla

No es el terror la forma de acallar la protesta social, de derrotar la resistencia popular. Solo la Paz con justicia social superará esta situación.

El pueblo organizado sigue empujando y exigiendo soluciones reales a las causas económicas, sociales, políticas y culturales de la confrontación.

author by UPpublication date Sat Feb 08, 2014 05:46author address author phone Report this post to the editors

Recientes acontecimientos están estrechamente relacionados. Las amenazas contra personas y organizaciones representativas de la posibilidad real de cambios democráticos en Colombia, así como el descubrimiento de operaciones encubiertas de organismos de inteligencia estatal contra el proceso de paz, ponen de presente que el país asiste al despliegue de una conspiración contra los vientos de transformación representados en las movilizaciones campesinas y populares, la presencia unitaria de la UP en la lucha electoral, y el horizonte de un tratado de paz duradero que se diseña en La Habana.

Esta conspiración esta agenciada por la expresión de extrema derecha del establecimiento, a través de estrategias de terrorismo de estado, que frente al empuje de las movilizaciones sociales, la presencia electoral de la UP y otras fuerzas democráticas, y ante el precario respaldo ciudadano a tres opciones de derecha en las elecciones presidenciales (Oscar I Zuluaga, Marta L. Ramírez y Enrique Peñaloza), ven amenazados sus intereses y privilegios, por los cuales están dispuestos a apostarle a la guerra como medio de conservar el poder político, económico y militar que hoy ostentan.

Ante esta amenaza contra una paz democrática con justicia social, que respaldan y exigen la gran mayoría de colombianas y colombianos, el país necesita de la acción gubernamental que demuestre quién realmente gobierna a la nación. Frente a esta situación de conspiración contra la paz, el gobierno está en la obligación de destituir al ministro de defensa y al alto mando militar, así como a entregar resultados prontos sobre los verdaderos responsables de las amenazas contra representantes de las esperanzas de un futuro mejor para todas y todos en Colombia. Estas son acciones requeridas como medidas de protección y garantías a la candidata de la paz, Aida Abella Esquivel, a la UP, la Marcha Patriótica, la MIA, el alcalde Gustavo Petro y demás ciudadanos amenazados.

Unión Patriótica
Comité Ejecutivo Nacional

AÍDA AVELLA ESQUIVEL
Candidata Presidencial
OMER CALDERON
Presidente
FELIPE SANTOS DE FRANCISCO
Secretario General
Bogotá, D.C. 6 de febrero de 2014

author by Juan Diego Restrepo E.publication date Sun Feb 09, 2014 03:39author address author phone Report this post to the editors

Un poder en la sombra son aquellos sectores de las Fuerzas Militares que no se dejan subordinar. Su independencia podría afectar el futuro del proceso de paz con las Farc. Nadie los controla, son bastante independientes de la rama Ejecutiva y operan según sus propios cronogramas, marcados por una formación excepcionalmente anticomunista, que los lleva a ver el ‘enemigo’ en todos lados. Son obsesivos por naturaleza. Así son algunos sectores de las Fuerzas Militares colombianas.

Las revelaciones hechas por Semana.com sobre la existencia de un equipo especial de intervenciones telefónicas ilegales, compuesto por militares y civiles, dedicado a escuchar a los miembros del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con la guerrilla de las Farc en La Habana, es una muestra fehaciente de la manera cómo sectores de las Fuerzas Militares recaudan información para acceder a las discusiones internas de los encargados de dirigir el país hacia una paz estable y duradera con este grupo insurgente.

Es entendible el comportamiento de determinados sectores de las Fuerzas Militares. Hace parte de su formación académica e ideológica. Vienen de un adoctrinamiento anticomunista que enquistó en sus conciencias un profundo odio por todo lo que pueda representar una alternativa de izquierda. Se les enseñó a ver en el otro distinto, con ideas liberales, un potencial enemigo al cual hay que destruir, acabar, neutralizar, así sean del propio gobierno. En ello radica su insubordinación. Y su peligrosidad.

Tal como lo advierten algunos analistas norteamericanos, “ejecutar operaciones de contrainsurgencia requiere la dedicación de muchos recursos tanto humanos como materiales”, y ello se refinó durante los dos cuatrienios del presidente Álvaro Uribe Vélez, de cuyo gobierno, como Ministro de Defensa, participó el actual mandatario, Juan Manuel Santos. Toda una paradoja.

¿Dónde está la semilla del comportamiento de ese sector de las Fuerzas Militares que hoy le teme a un proceso de paz con las Farc? Una revisión de los manuales de contrainsurgencia que han sido diseñados por el Ejército norteamericano darían las pistas suficientes para entender lo que viene pasando en el país.

Lo primero es determinar qué se entiende por contrainsurgencia. Según Ian Beckett, no solo es un problema puramente militar, también requiere otros aspectos: “la coordinación de ambos esfuerzos civiles y militares deben ocurrir en todos los niveles así como aprovechar el suministro de inteligencia”. Y así lo han entendido sectores poderosos de las Fuerzas Militares, quienes detentan un poder superior en las filas y fuera de ellas.

Observando los comportamientos de esos sectores insubordinados cobra vigencia lo que conceptúa Thomas X. Hammes, coronel retirado del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, quien centra sus análisis en cómo combatir la insurgencia moderna. Según este ex oficial, “la guerra contrainsurgente de hoy en día es una competencia entre redes humanas, nuestras y suyas. Para entender sus redes, debemos entender los vínculos preexistentes de las redes y el contexto cultural e histórico de la sociedad”.

Ello explica, metodológicamente, por qué se escucha al equipo negociador. A través de sus voces, de sus análisis, de sus discursos, sectores militares profundamente anticomunistas construyen la trayectoria que viene trazando el diálogo con las Farc y para ello es útil determinar cómo se tejen las redes de las decisiones. Una vez conocidas esas trayectorias, es mucho más fácil torpedearlas. Y con ello afectar el curso de las negociaciones con las Farc.

En ese sentido, cobra importancia lo que escribieron Kyle Teamey y el teniente coronel Jonathan Sweet, expertos norteamericanos en el tema de información durante conflictos insurgentes: “El propósito de la obtención de inteligencia en la lucha de contrainsurgencia es el de determinar cuáles son los factores que impulsan a la insurgencia y proporcionar tal información a los comandantes para determinar la manera en que pueden atacarlos o mitigarlos”. Siguiendo esa línea de reflexión, no me cabe duda que a los negociadores se les estaba escuchando con la intención de sabotear el proceso de paz.

Teamey y Sweet reiteran en sus reflexiones que el análisis de inteligencia en la contrainsurgencia es un gran desafío: “Los analistas deben entender una compleja red formada por la sociedad y el conflicto, las percepciones y la cultura, el sinnúmero de personalidades, así como las relaciones entre los actores claves (…) En muchas formas, el análisis en la contrainsurgencia tiene más similitud con las actividades policíacas que con la guerra entablada en un gran teatro de operaciones”.

Uno de los aspectos relevantes en el caso de las interceptaciones reveladas por Semana.com es el uso de civiles en las operaciones encubiertas. Y no de cualquier civil, sino de expertos en el área de informática. ¿Qué tanta responsabilidad penal recae sobre ellos? ¿Qué les ofrecieron para participar en ese proyecto?
Esa combinación de “esfuerzos civiles y militares” de los que habla Beckett ya se probaron, con extrema crueldad, durante las décadas del ochenta, noventa y buena parte del dos mil cuando surgieron las fuerzas paramilitares, apoyadas por sectores de la Fuerza Pública. Lo que se observa hoy es una modernización de las estrategias, pero el fondo no cambia mucho: lo ilegal lo hacen los civiles, sea cual sea su experticia.

Expertos en actividades y estrategias militares indican en sus análisis que la “inteligencia fluye desde abajo hacia arriba en la contrainsurgencia, y todos los escalones son tanto productores como consumidores de inteligencia”, por tanto no creo que en el caso de la operación ‘Andrómeda’, el flujo haya sido distinto y lo escuchado se haya quedado entre los que hacían las escuchas. Algo tiene que haber más allá y son muchas las explicaciones que deben darse.

Al respecto, es pertinente preguntarse: ¿Qué tipo de detalles en las conversaciones estaban extractando como relevantes? ¿Qué proyecciones pretendían hacer con los datos recaudados? ¿Qué modelos de análisis estaban empleando para procesar la información? ¿Quién y dónde estaban procesando los datos obtenidos? Y más importante aún: ¿El fin de estos análisis era sabotear el proceso de negociación con las Farc? Son muchas las dudas que surgen cuando los militares hacen lo que les dé la gana.

Related Link: http://www.semana.com/opinion/articulo/militares-hacen-lo-que-les-de-la-gana/376431-3
author by Mauricio García Villegas - El Espectadorpublication date Sun Feb 09, 2014 03:42author address author phone Report this post to the editors

En un país que ocupa el cuarto peor lugar en la prueba internacional de evaluación de estudiantes (PISA), en donde no hay ninguna universidad entre las mejores cuatrocientas del mundo, ni centro de investigación entre los mejores seiscientos del mundo, es un desconsuelo (por decir lo menos) que sólo se hable de inteligencia cuando se denuncian los abusos de la llamada inteligencia militar.

Estoy exagerando, lo sé, pero no demasiado. Esta militarización de lo intelectual (o intelectualización de lo militar, como quieran) no es algo menor y dice mucho de lo que somos como sociedad. Me explico.

La expresión “inteligencia militar” es un eufemismo, es decir, una manera de mostrar algo que nos disgusta con palabras que nos gustan. Eso sucede cuando decimos, por ejemplo, “robusto” en lugar de gordo, o “poco agraciado” en lugar de feo, o “pasado de copas” en lugar de borracho. Los eufemismos son importantes. Ellos nos permiten ser compasivos en medio del dolor, generosos frente a la desdicha o elegantes ante la indecencia. Pero cuando no se utilizan para temperar la dureza de la vida sino para engañar, el eufemismo se vuelve hipocresía o, como decía James Howell, las palabras del Ángel se convierten en los hechos del Diablo.

Los militares, cuyo oficio está trágicamente ligado al dolor y a la muerte, son expertos en el arte del eufemismo. Hablan de “teatro de operaciones” en lugar de campo de batalla, de “daños colaterales”, en lugar de muertos civiles, de “fuego amigo” en lugar de disparos entre sus soldados. Hay casos incluso más extremos: Franco decía que Marruecos era un “protectorado de España” y Hitler llamaba “solución final” al genocidio judío. Cuando los civiles adoptan el lenguaje militar, hacen lo propio: el presidente Bush llamaba “interrogatorios intensivos” a lo que realmente era tortura y Barack Obama denomina “operaciones quirúrgicas” a lo que es un ataque selectivo con drones.

En sociedades como Colombia, que han vivido en guerra durante mucho tiempo y en donde los militares tienen un protagonismo excesivo en el sistema político, los eufemismos militares hacen parte de la vida nacional. Para la muestra basta con saber que la historia reciente del país ha estado marcada por tres de estos eufemismos: el de los “falsos positivos”, usado para ensombrecer el asesinato de personas inocentes que luego eran presentadas como guerrilleros muertos en combate; el de las “manzanas podridas”, utilizado para indicar que la corrupción en el ejército es una cuestión aislada y remediable, y el que nos ocupa ahora, es decir, el de la “inteligencia militar”, utilizado para edulcorar las chuzadas y el espionaje.

Es cierto que en este último caso (el de las chuzadas) se trata de una práctica que puede ser legal. Sin embargo, eso no la hace menos eufemística; hay una distancia insalvable entre la inteligencia como mérito (como valor social) y la inteligencia como actividad de espionaje. La inteligencia como mérito puede significar la redención de una sociedad: la inteligencia militar, en cambio, si bien puede ser necesaria, tiene tanto de inteligencia como el arte de la guerra tiene de arte.

Lo que intento decir es que en una sociedad como la nuestra, en donde hay mucha guerra y mala educación, el uso militar de la palabra inteligencia tiende a opacar su uso intelectual.

Esta es una razón más para esperar que cuando se logre la paz, el dinero de la guerra se invierta en la educación. Quizás entonces la palabra inteligencia adquiera el uso que se merece.

Related Link: http://www.elespectador.com/opinion/inteligencia-militar-columna-473603
author by Daniel Samper Pizano - El Tiempopublication date Sun Feb 09, 2014 21:19author address author phone Report this post to the editors

Al conocer la noticia de la existencia de un restaurante bogotano que servía de tapadera para grabaciones clandestinas, cualquier persona podría formularse las siguientes preguntas: ¿Hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del Ejército? ¿Por qué pasaron diez días antes de que se conociera el allanamiento practicado por la Fiscalía en el restaurante Andrómeda? ¿Quién filtró la información? ¿Con qué objetivo? ¿Están involucradas en este asunto fuerzas oscuras que intentan sabotear el proceso de paz? ¿Tienen contactos internos? ¿Qué buscan? ¿Quién está detrás del espionaje?

Resulta normal que los ciudadanos se propongan los anteriores interrogantes. Lo desconcertante es que todas estas preguntas –todas– las planteó el presidente Juan Manuel Santos en su alocución del 4 de febrero, al saber la existencia del extraño edificio desde el cual, escondidos en la olla del sancocho, unos militares chuzaban a los delegados a la mesa de La Habana. No sé ustedes, pero yo me pongo muy nervioso al ver que ni el mismísimo comandante supremo de las Fuerzas Armadas sabe más que el resto del país sobre lo que ocurre en una institución encargada de proteger a los colombianos.

¿Hay ruedas sueltas en la inteligencia del Ejército?, se pregunta Santos. Caramba, si él no lo sabe, nosotros menos. En su alocución se refirió también a las amenazas contra figuras políticas de izquierda, y añadió otras inquietudes a su sorprendente miserere: ¿A quién le cabe la responsabilidad de las amenazas? ¿Quién está detrás de eso? ¿Serán ‘los Rastrojos’?

El Presidente ordenó investigar a fondo lo ocurrido, pero uno se alarma cuando el jefe del Ejecutivo llega ante los colombianos con muchas preguntas y pocas respuestas. Puedo decir que desde hace años abundan las ruedas sueltas en las Fuerzas Armadas; no se trata de pequeños engranajes, sino de verdaderas ruedas de Chicago. Solo así se explica la colaboración de algunas brigadas y altos mandos con los paramilitares, los falsos positivos, la impunidad de la supuesta ‘cárcel’ de Melgar, ciertas absoluciones inesperadas y ciertas fugas inexplicables...

El caso de Andrómeda es más delicado, pues se refiere al proceso de paz, un proyecto del Gobierno en el que lo acompañamos millones de colombianos. Entorpecerlo, como pretenden algunos jefes políticos y mandos uniformados, es atentar contra las ilusiones de la mayoría de una población hastiada de violencia, de pólvora, de espionajes... Santos ha dado plazo hasta el viernes para que le rindan informe sobre la investigación del restaurante espía. Esperamos que sus preguntas, que son las mismas nuestras, tengan respuesta satisfactoria y se tomen las medidas que las conclusiones aconsejen.

Me aterra, sin embargo, que el Procurador pueda interferir en el trabajo que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Alejandro Ordóñez ya anunció que él también aguarda los resultados de la pesquisa para decidir si declara su “poder preferente” en el asunto y asume el caso su despacho. Párenlo. No lo dejen, por favor. Su trayectoria no garantiza imparcialidad ni objetividad en lo que concierne al proceso de paz. Por el contrario, sus reiterados ataques al proceso, su viaje a La Haya a boicotearlo, sus castigos a los líderes de izquierda, sus amenazas a los observadores de los diálogos en Cuba y sus comprobados vínculos con el expresidente Uribe –máximo enemigo de la iniciativa– lo descalifican como autoridad para adelantar la investigación e imponer sanciones.

La irrupción del Procurador en el escenario solo aportaría mayor oscuridad y sospechas en un episodio que tiene boquiaberto al mismísimo Presidente de la República.

author by Partico Comunista Colombianopublication date Sun Feb 09, 2014 21:21author address author phone Report this post to the editors

La revelación de una estación clandestina de espionaje en pleno centro de Bogotá ratifica la presencia de factores de boicot al proceso de paz en el corazón mismo del gobierno nacional, conectados con las fuentes de desestabilización en instalaciones militares y que demandan millonarios recursos para su manutención y ocultamiento.

Las denuncias de la revista Semana coinciden con el escándalo de las amenazas vía Internet contra dirigentes y activistas de la izquierda, en especial de la Unión Patriótica, Marcha Patriótica y el Partido Comunista y el reciente allanamiento ilegal de la policía a las oficinas de este último. Las contradictorias explicaciones oficiales conducen a justificar en la ley 1621 de 2013, llamada ley de inteligencia, como actividades lícitas el espionaje a opositores políticos, directivos de organizaciones sociales e incluso negociadores del paz del gobierno en La Habana.

No se trata de “fuerzas oscuras” sino de estructuras del Estado, vinculadas a la flamante CIME (Central de inteligencia militar del Estado). Es un ciclo que se repite y que corresponde a una forma de autoritarismo en el que los instrumentos de la información estatal se enfocan contra los opositores políticos y sociales de izquierda y alimentan el sabotaje auspiciado por personajes como Álvaro Uribe.

¿Cómo se explica que unos funcionarios públicos, adscritos a estructuras de inteligencia del Ejército, sujetas a jerarquías castrenses y que obedecen a órdenes superiores, espían a opositores políticos y sociales o a otros funcionarios?

En un contexto de contrainsurgencia los sistemas de inteligencia e información obedecen a la lógica de la guerra civil. Desde el desmantelamiento de la XX Brigada en 1998 el Estado colombiano anunciaba el compromiso de destruir archivos y renunciar a la utilización política de la información de inteligencia. De hecho, tanto en el caso del DAS como en lo que ahora parece retornar con Andrómeda, el peligro está en su vinculación con actividades clandestinas de desinformación, contra-información, divulgación de calumnias, montaje de procesos amañados ante la Fiscalía o realización de operativos criminales, directamente o a través de terceros. Especialmente las llamadas operaciones clandestinas han estado vinculadas con gravísimas violaciones de los derechos humanos.

Permanece la concepción de “enemigo interior”, herencia de la “guerra fría” anticomunista, que guía el proceder del Ministro de Defensa y un sector de los altos mandos orientados al hostigamiento de los opositores políticos y sociales del régimen dominante y al boicot del diálogo de paz, en abierta contradicción con la proclamada política oficial. La gravedad del momento radica en el riesgo de la interrupción del proceso de paz desde las esferas internas del gobierno y el desencadenamiento de represalias masivas o selectivas de exterminio de opositores de izquierda, en el marco de una campaña política electoral. Es lo más semejante al autogolpe de Estado, si se considera la actitud permanentemente conciliadora de Santos con la ultraderecha y el militarismo.

En consecuencia,

- Exigimos la derogatoria de la ley 1621 de 2013, la claridad y transparencia de las investigaciones, contra la tendencia a tapar las evidencias; el desmantelamiento de las estaciones clandestinas, la reglamentación y control sobre los hackers al servicio de la inteligencia militar;
- exigimos la destrucción de la información no autorizada por el Poder Judicial sobre personas, organizaciones sociales y políticas, con supervisión de las organizaciones de derechos humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los derechos humanos;
- Reclamamos la renuncia del Ministro de Defensa, el cambio en las declaraciones de funcionarios que descalifican el proceso de diálogo de La Habana y satanizan a la oposición social y democrática.

- Exigimos el esclarecimiento sobre las amenazas, panfletos, hostigamientos, allanamientos ilegales y torturas, en los casos denunciados por Unión Patriótica, Marcha Patriótica, MIA, Partido Comunista y otros movimientos y compromiso público del presidente en cuanto a las garantías para las fuerzas alternativas de la izquierda en la actual contienda electoral.

- Llamamos a todas vertientes democráticas de la opinión y al movimiento social a rodear solidariamente a las personas de izquierda amenazadas; a acompañar sus denuncias, reclamos y quejas en una sólida defensa colectiva ante la arbitrariedad y la antidemocracia; y a consolidar los pasos hacia un Frente Amplio en defensa del diálogo por la paz, la justicia social y los derechos ciudadanos.

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL

Bogotá, febrero 7 de 2014

author by Delegación de paz de las FARC-EPpublication date Sun Feb 09, 2014 21:25author address author phone Report this post to the editors

No podemos compartir que las fachadas de inteligencia sean totalmente lícitas, que sus operaciones sean ajustadas a la ley (de inteligencia), y que no tengan nada de irregular.

Definitivamente nos quedamos con las primeras afirmaciones del Presidente, cuando al referirse a las chuzadas o escuchas ilegales responsabilizó directamente a las “fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos, como el proceso de paz”. Y no solamente. También encontramos consecuente su anuncio de ordenar una “investigación a fondo” y la determinación de relevar, como lo hizo de sus cargos al jefe de inteligencia del Ejército, general Mauricio Ricardo Zúñiga y al director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC), general Oscar Zuluaga.

Consideramos, además, muy honestas las palabras del comandante del Ejército, señor general Juan Pablo Rodríguez, al admitir que la operación de espionaje “Andrómeda” estaba destinada a interceptar ilegalmente a los negociadores de paz.

En este contexto nadie entiende la voltereta del gobierno, que de la noche a la mañana cambia su apreciación, como veleta al viento, frente a tan graves hechos. ¡No faltaba más! La paz no es “subversiva” ni “terrorista” para que sea sometida a espionaje y seguimiento con la justificación del propio gobierno.

Si el director de la revista Semana, Alejandro Santos, asegura y reitera con fuerza desde Bogotá, que “en esa fachada de legalidad se hacían trabajos ilegales”, y que “tenemos todas las pruebas, las fuentes, el acervo probatorio y testimonial de lo que ocurrió”, la investigación de la Fiscalía debe proseguir hasta el final. Resulta incoherente que el gobierno le pida ahora al Fiscal General, Eduardo Montealegre, que se haga el de la vista gorda con el cuento peregrino de que se estaba actuando dentro de la legalidad.

No se puede irrespetar de esa manera a la opinión, a la gente pensante del país.

Se necesita estar ciego para no ver que el propósito de esa actuación ilegal de los enemigos de la paz, es hacer explotar en mil pedazos el proceso de La Habana, un emprendimiento superior y de humanidad que todo el pueblo colombiano, anhela de corazón, llegue a feliz puerto.

Es muy grave lo que está ocurriendo en Colombia. El espionaje no estaba dirigido solamente contra las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC, sino contra los más destacados líderes de la izquierda, que además están siendo amenazados de muerte por grupos paramilitares.

El establecimiento se ha ensañado de manera perversa con líderes como Piedad Córdoba y parece que no le ha bastado matarla políticamente con una inhabilidad por 18 años, sino que ahora quiere exterminarla físicamente para “borrarla del mapa”. Lo mismo ocurre con Iván Cepeda a quien el Procurador de la arbitrariedad lo tiene en la mira. Y con muchos otros, como Petro, Lozano, Abella, y contra la Marcha Patriótica a la que le han asesinado a más de 30 activistas, contra la UP, y contra los reclamantes de tierras que ya suman un centenar de asesinados.

Se pretende exterminar todo pensamiento ligado a un proyecto de país regido por la democracia verdadera, la paz con justicia social y la soberanía.

Un proceso de paz que ha movilizado la esperanza de millones de colombianos, exige con urgencia se ponga fin a la guerra sucia, porque con guerra sucia no habrá paz.

Los francotiradores que de manera insensata y loca están disparando contra la solución política del más prolongado conflicto del continente, deben ser inmediatamente desarmados. Si no pudieron ganar la guerra, déjennos hacer la paz.

De los eventuales acuerdos de La Habana, con el respaldo de la voluntad nacional, debe florecer un nuevo país en paz que se extienda por los siglos, edificado sobre la base pétrea de una Asamblea Nacional Constituyente que ha de reconstruirnos como nación civilizada.

author by Daniel Coronell - Semanapublication date Sun Feb 09, 2014 22:00author address author phone Report this post to the editors

Un viejo adagio asegura que la inteligencia militar es a la inteligencia lo mismo que la música militar es a la música. Lo descubierto por la revista SEMANA sobre el uso indebido de plataformas de inteligencia va a terminar destapando no solamente el desvío de recursos del Estado para apoyar políti

camente a la extrema derecha, sino también la corrupción de altos miembros del estamento militar que usan recursos públicos para enriquecer compadres y encubrir crímenes, especialmente los falsos positivos.

Empecemos por hablar de las torpezas en la fachada. ¿Qué tal crear una entidad encubierta para hackear comunicaciones y enviar gusanos espías a computadores y decidir ocultarla bajo el nombre Buggly Ethical Hacking Community? ¿O qué tal usar como tapadera de una operación militar a hombres vestidos con falso camuflaje? Sin embargo, la nula capacidad para cubrir la huella no ha sido lo peor de este asunto.

Lo grave es que el gobierno se sienta más cómodo negando los hechos que impulsando una investigación independiente para identificar a los responsables.

Desde luego es legítimo que un Estado –en el estricto marco de la ley– use su capacidad de vigilancia para garantizar la seguridad del país. Lo que no puede pasar es que los hombres de inteligencia crucen la línea de la legalidad y que pongan sus hallazgos al servicio de los enemigos del proceso de paz y del presidente que es su comandante en jefe.

Trayéndolo al caso específico, es legítimo que el Estado ejerza labores de inteligencia sobre la delincuencia –incluyendo a la guerrilla– pero no sobre los delegados del gobierno que dialogan con ella.

Es evidente que el Estado ha monitoreado a los guerrilleros, incluyendo a los que actúan como voceros en el proceso de paz que se adelanta en Cuba. Esa actividad es legal y plausible, porque la existencia de los diálogos no significa la suspensión de las obligaciones institucionales en materia de seguridad.

Hace varias semanas conocí una serie de correos electrónicos interceptados a alias Hermes Aguilar y alias Juan Carlos Pérez, voceros de las Farc en La Habana. Muchos de esos e-mails no tienen datos relevantes, algunos son comunicaciones con reporteros que buscan entrevistas, pero uno de ellos contendría información en clave acerca de la salida de Colombia hacia Cuba de los voceros de las Farc alias Mauricio el Médico y alias Carlos Antonio Losada.

Esto sucedió en abril del año pasado. Lo curioso es que con una diferencia menor de 36 horas, el expresidente Álvaro Uribe puso un trino citando un aparente radiograma militar en estos términos: “@AlvaroUribeVel Será cierto? ‘Esto lo q acaba de difundir el jefe de operaciones del Ejercito: Buenas tardes: Mensaje de Jeope-6: ‘Lanza acaba de llegar esta Orden del CGFM, para suspender operaciones en Coordenadas (02 45 29.8 - 74 10 40.2) ( 02 45 19.7 - 73 43 47. 7) ( 02 18 24.7 - 74 10 34.6) (02 18 18. 8 - 73 42 45.5), corresponde a áreas generales del guayabero, la macarena, vista hermosa mesetas y la uribe, suspensión a partir del día domingo 07 abril 19:00 horas, hasta el martes 09 abril 07:00 horas’ favor difundir tripulaciones”.

El candidato Uribe no solo tenía el mensaje sino el contexto. En declaraciones entregadas en Villavicencio aseguró que esas eran las coordenadas de salida del Médico y Losada.

El expresidente recibió una información militar secreta y solo se la pudieron dar los militares que ejecutaban la operación o los militares que monitoreaban a los voceros de las Farc.

En cualquier caso, queda en evidencia que hay unos militares que siguen trabajando para el expresidente Uribe y no para el presidente Santos.

La historia no termina ahí. En Andrómeda y la ‘sala gris’ hay registros sobre uso de gastos reservados, asignación de millonarios contratos e indicios claros de una operación para comprar silencios en el caso de los falsos positivos, pero esa es otra historia.

Related Link: http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-cuestion-de-inteligencia/376477-3
author by León Valencia - Semanapublication date Sun Feb 09, 2014 22:03author address author phone Report this post to the editors

Un día después, contradiciendo la dura y contundente reacción inicial, el presidente Santos dijo que Andrómeda era legal para bajarle el tono al escándalo de las nuevas chuzadas. Sonó muy extraña la declaración porque justamente eso era lo que había dicho SEMANA: que se trataba de una fachada legal

en la que el Ejército colombiano interceptaba comunicaciones. Lo grave, lo escandalosamente grave e ilegal, no era el parapeto, sino las tareas que realizaba, la penetración en los mensajes de los negociadores de paz del gobierno en La Habana y de líderes políticos cabalmente inscritos en la vida democrática del país.

Pero Santos y el ministro de Defensa lograron el cometido. La mayoría de los medios de comunicación silenciaron un poco las alarmas y se declararon a la espera de las investigaciones de la Fiscalía. Algunos dijeron que quizá la Fiscalía se había apresurado en el allanamiento al establecimiento de Galerías y SEMANA había exagerado en el despliegue dado a su investigación. Al mismo tiempo el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, declaró que efectivamente los operadores de Andrómeda eran gente de las filas y estaban autorizados para actividades de inteligencia.

Asombra la bajada del tono. Es al contrario. Es más grave, mil veces más grave, que oficiales y suboficiales del Ejército, de plena confianza del alto mando militar, utilizando equipos y recursos del Estado, dediquen sus días a realizar actividades ilegales. Además, que esta acción ilegal se oriente a buscar información sobre el proceso de paz que es, sin duda, el gran propósito de la sociedad colombiana en los días que corren. De ahí que SEMANA se ratifique en su denuncia.

Sería un hecho alarmante, pero de menor envergadura, que se tratara de un grupo de particulares aupados o asesorados por algún militar aislado que en sus ratos libres se dedicara a hacer una operación clandestina e ilegal para golpear las negociaciones de paz. Podríamos decir que fuerzas particulares habían decidido invertir importantes recursos para hacerle una jugada sucia al gobierno de Santos y para favorecer intereses contrarios a la paz. Podríamos simplemente ponerlos en la picota y buscar afanosamente un castigo judicial para esta actitud.

Pero no es el caso. Contra el proceso de paz ha habido verdaderas cargas de profundidad utilizando información reservada. Las conoce el público. Menciono algunas. El anuncio de Uribe de que en La Habana se estaban realizando conversaciones secretas con las Farc y en ellas estaba un hermano del presidente. La filtración del acuerdo de seis puntos que daba paso a la segunda fase de las negociaciones cuando las partes apenas lo estaban terminando. La publicación de las coordenadas donde se debían recoger a negociadores de las Farc para llevarlos a La Habana. Utilizar una vieja información de planes de la guerrilla contra Uribe para decir que ahora, en medio del proceso, las Farc habían urdido un escabroso expediente para matar al expresidente.

La fulminante reacción inicial –cónclave de emergencia en el Palacio de Nariño, declaraciones airadas del presidente señalando a fuerzas oscuras detrás de los hechos, reunión del ministro de Defensa con el fiscal general y separación del cargo de los dos jefes de inteligencia del Ejército– tenía que ver con estos antecedentes. Se tuvo la idea de que ahí estaba el eslabón perdido de las filtraciones. Se tuvo la idea de que por fin tenían un indicio de quiénes estaban capturando información secreta para entregársela al uribismo. Pero se asustaron apenas el comandante del Ejército les dio cobijo a los hechos y asumió que Andrómeda estaba autorizada por el alto mando.

Sería un error monumental de Santos dejar que este caso se diluyera como se han diluido los demás reclamos por filtraciones y chuzadas. Hay preguntas elementales que debe responder el comandante del Ejército. ¿Por qué si era una operación controlada e importante de inteligencia ni él ni el ministro Pinzón se enteraron al momento del allanamiento? ¿Por qué se dice ahora que quizá la Fiscalía no tenga nada en sus manos para demostrar las chuzadas a los negociadores del gobierno, pero fue a la salida de la reunión con el fiscal cuando se anunció la separación de los dos generales de sus cargos de inteligencia? Si no son miembros activos del Ejército quienes obtienen la información reservada del gobierno para pasársela a la oposición, entonces, ¿quiénes son, dónde están?

author by Rafael Guarínpublication date Sun Feb 09, 2014 22:12author address author phone Report this post to the editors

En el caso revelado por Semana.com la cosa es tan grave y tan delicado lo que se oculta, que el presidente Juan Manuel Santos, a pesar de reconocer inicialmente la existencia de actividades de inteligencia al margen de la ley, luego dijo lo contrario. Primero ordenó investigar “hasta dónde ha

podido llegar este uso ilícito de la inteligencia” y al otro día cambió radicalmente: era una “fachada legal que no tiene nada de irregular” y “hacía parte de una operación lícita”.

Ahora, todos los esfuerzos del Gobierno se dedican a tapar, tapar y tapar. La estrategia es mostrar legal lo ilegal, confundir, enredar y mostrarse atolondrado con el fin de crear un imaginario que permita separar al presidente, al ministro y a los comandantes de cualquier responsabilidad sobre la operación.

¿Que la utilización de “fachadas” y de operaciones encubiertas es legal? Depende. Son legales si cumplen la ley de inteligencia y si respetan los derechos humanos, lo que no ocurre en este caso. ¿Si las interceptaciones de comunicaciones de la Operación Andrómeda fueran legales, ¿por qué no hacerlas desde una unidad militar donde no correrían tan alto riesgo?

Si las interceptaciones fueran lícitas, ¿por qué no contaban con autorización judicial y con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación?

Si esas actividades de inteligencia eran ajustadas a las normas, ¿por qué la Fiscalía considera acudir a ayuda en el exterior para “desencriptar” la información guardada celosamente en los computadores incautados? Acaso, si fueran legales, ¿por qué el ministro de la Defensa y los comandantes no ordenan a los involucrados en la operación dar los códigos que permitan extraer la información? ¿Qué ocultan?

¿Si es una “operación lícita”, ¿por qué el ministro Pinzón no contesta la pregunta de Luis Carlos Vélez en Caracol Noticias sobre si conocía específicamente esa operación? ¿Por qué se escurre y evade responder? ¿Lo obvio no era que si la desconocía, lo dijera? ¿O simplemente que indicara que ordenó la operación pero en el marco de la ley? ¿A qué le tiene miedo?

Ahora quieren convencer al país de que el problema fue el allanamiento. Santos afirmó que el fiscal Eduardo Montealegre le manifestó que “si él hubiese sabido que era una fachada de inteligencia, no habría hecho el allanamiento”, en otras palabras, que el fiscal estaría dispuesto a prevaricar y aceptar interceptaciones ilegales en el marco de una operación de inteligencia. ¡Falso!

El mismo funcionario aclaró que el allanamiento se ordenó “previa una verificación de inteligencia por parte del CTI” que identificó “circunstancias extrañas”. Es una forma excesivamente diplomática que admite haber cumplido los requisitos que señala el Código de Procedimiento Penal. Esas órdenes requieren “motivos razonablemente fundados” relacionados con que en el interior del inmueble “se hallan los instrumentos con los que se ha cometido la infracción…” No es una simple llamada de un ciudadano, como se aseguró. Los “motivos” se deben respaldar en un informe de policía judicial, un testigo informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física “que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado”.

Es forzoso concluir que la Fiscalía sabía, antes del registro y el allanamiento, que en el lugar estaban realizando actividades de interceptación y es por eso que incautaron los computadores. Nada ilegal tiene que un local cuente con esos aparatos y nada justifica su incautación si no es porque los asocian al delito.

Consciente de eso, la casa de Nariño trata de desviar el foco de la noticia. Se concentró en que las víctimas son los negociadores del Gobierno, al tiempo que esconde que las chuzadas afectan a diversos sectores políticos. También habló de “fuerzas oscuras” y procuró sacar ventaja electoral y trasladar su responsabilidad a sus competidores en la campaña, acusando a supuestas “ruedas sueltas”. Posteriormente, voces oficiales las descartaron y dejaron claro que se trataba de una operación oficial del Ejército. El problema es que interceptar datos, así sean del diablo, insisto, exige orden judicial. La operación se diseñó desde el principio con la decisión de omitir ese requisito, es decir, con la voluntad de violar la ley.

¿Qué está en el fondo de ese mar de contradicciones? ¿Qué rehúye Santos? ¿Por qué asumir el riesgo de ejecutar una operación ilegal? A medida que la investigación avance comenzarán a aparecer las pruebas del contenido de las chuzadas. La sorpresa será que los interceptados por el Estado son los integrantes de la delegación de las FARC en La Habana, sus cabecillas en Colombia y miembros de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, al más alto nivel. El presidente y el ministro lo saben.

Las FARC lo conocen o lo sospechan. Andrés París, ante la posibilidad de que estuvieran los organismos colombianos desplegando actividades de inteligencia en Cuba, aseveró: “Sería un contrasentido al espíritu del trabajo que realizamos” y que “sería violatorio de las relaciones interestatales que obligan al gobierno colombiano a ser respetuoso de instituciones y Estados que se han prestado para que los colombianos nos sentemos tranquilamente a buscar la paz”. Vienen tormentas.

Las actividades de inteligencia y contrainteligencia son definitivas en el propósito de neutralizar las amenazas a la seguridad nacional. Son indispensables en la lucha contra el crimen y en el objetivo de desarticular los grupos armados ilegales. Han sido decisivas en los golpes a las FARC, al ELN y a las bandas criminales del narcotráfico. Eso no está en discusión, tampoco el compromiso de los hombres y mujeres que adelantan inteligencia electrónica. ¡El país les debe mucho!

Related Link: http://www.semana.com/opinion/articulo/operacion-tapar-tapar-tapar-por-rafael-guarin/376682-3
author by Semanapublication date Sun Feb 09, 2014 22:19author address author phone Report this post to the editors

El lunes de la semana pasada, SEMANA, en su portal de internet, publicó una investigación periodística en la cual se revelaba cómo, en la zona de Galerías de Bogotá, el Ejército había montado un centro de inteligencia camuflado dentro de un centro de cómputo con restaurante.

A primera vista todo parecía estar dentro de la ley. Como lo dijo el artículo de Semana.com: “Todas las agencias de inteligencia en el exterior y en Colombia han usado y usan fachadas para sus labores encubiertas”. Sin embargo, lo que no cuadraba era que de allí se le hiciera seguimiento a los correos electrónicos y a los chats de varios personajes de la vida pública, entre los que estaba uno de los negociadores de paz en La Habana, Sergio Jaramillo. A eso se sumaba que el lugar había sido allanado por la Fiscalía el pasado 23 de enero, y hasta ese momento, casi dos semanas después, por una razón misteriosa la noticia no había trascendido.

Esa situación generó de inmediato varios interrogantes. ¿Sabía alguien en el gobierno? ¿Sabía el ministro o el comandante del Ejército en qué pasos estaba esa fachada? ¿Quién dio la orden?¿Para quién era la información?

La investigación periodística fue publicada pasadas las once de la noche y de inmediato el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, convocó a todos los directores de inteligencia a una reunión extraordinaria para esa misma madrugada. En un principio, el general Ricardo Mauricio Zúñiga, jefe de inteligencia del Ejército, le dijo a Rodríguez que esa fachada no existía e incluso manifestó no saber de allanamiento alguno.

Al día siguiente, martes en la mañana, el presidente Juan Manuel Santos, después de haber hecho unas consultas internas sobre el tema, no encontró claridad y visiblemente molesto pidió en público una investigación para determinar “qué fuerzas oscuras espían a nuestros negociadores en La Habana”. Y añadió: “Están tratando de sabotear el proceso de paz, necesitamos saber si (…) hay ruedas sueltas en la inteligencia”. Ese mismo día por la tarde, el gobierno informó que los generales Zúñiga y Jorge Andrés Zuluaga, director de la Citec (Central de Inteligencia Técnica del Ejército), serían relevados de sus cargos mientras se adelantaba la investigación.

Al día siguiente, el presidente Santos cambió el tono de su discurso y provocó cierta confusión en la opinión. “No sabemos en este momento cuál es el contenido de estos computadores (incautados en el allanamiento) –dijo–. Los oficiales les han dicho a sus superiores que ellos estaban operando de acuerdo a las instrucciones y de acuerdo a la ley”. Agregó que lo que era necesario establecer ya no era la legalidad de la fachada, sino la legalidad de lo que se estaba haciendo dentro de esta.

Con la recogida de velas del presidente, después de la intensidad de su denuncia del día anterior, la semana terminó en suspenso con una combinación de expectativa y escepticismo sobre cuál sería el final del más reciente capítulo de las chuzadas en Colombia.

No es la primera vez que en los días posteriores a la denuncia de un escándalo de esta naturaleza se pone en duda lo publicado. Hay dos antecedentes anteriores muy recordados. En el caso de las chuzadas de la Policía en 2007 reveladas por SEMANA, en medio de interceptaciones a los jefes paramilitares en Santa Fe de Ralito, salieron grabaciones de importantes personajes de la vida pública. Cuando estas fueron denunciadas, las grabaciones fueron borradas, e incluso destruyeron con martillo algunos discos duros para que no quedara rastro. Ese caso terminó costándole la cabeza al jefe de inteligencia de la Policía y diez generales más, incluido el director general.

El caso de las chuzadas del DAS fue aún más complicado. Muchas de las evidencias fueron borradas y desaparecidas cuando se destapó el escándalo. Al comienzo la Fiscalía avanzó con lentitud por la dificultad de encontrar el material probatorio. Casi un año después, las pesquisas sacaron a flote pruebas y testimonios contundentes como los del director y el subdirector de inteligencia de la entidad, Jorge Lagos y Fernando Tabares, que confesaron que el DAS había chuzado a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. Por cuenta de ese caso, hoy está asilada en Panamá la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, el exsecretario general de la Presidencia está en juicio y más de 15 funcionarios fueron condenados.

El primer paso: la sala gris

La historia de cómo SEMANA llegó a descubrir este nuevo capítulo de chuzadas comenzó en octubre de 2012. Para ese entonces, varias fuentes de entero crédito le dijeron a la revista que algo raro estaba ocurriendo en las salas de interceptación. Por un lado, una fuente comentó que antiguos agentes del recién liquidado DAS, ahora acogidos por el CTI (3.000 de sus detectives fueron a dar a la Fiscalía), seguían con sus malas mañas en esas salas. Y por otro lado, un alto funcionario del Estado denunció que había indicios de que algunos de los negociadores de paz estaban siendo espiados.

Tras unas primeras pesquisas, el equipo de SEMANA enfocó la investigación en la ‘sala gris’, una de las más de diez salas del sistema Esperanza, que es la central de interceptaciones de la Fiscalía General. La sala gris tiene una particularidad y es que, a diferencia de muchas otras, no funciona en el búnker de la Fiscalía sino en una instalación militar en el norte de Bogotá. Esta sala, auspiciada y financiada por la CIA, ha sido protagonista de grandes éxitos de inteligencia del Ejército. Allí, por ejemplo, se hicieron las chuzadas que permitieron dar de baja a Alfonso Cano y al Mono Jojoy. Su importancia estratégica está fuera de toda discusión. Pero no estuvo exenta de lunares: desde esta sala se interceptó ilegalmente al entonces magistrado estrella de la parapolítica, Iván Velásquez.

Y es que en estos recintos, a pesar de la seguridad extrema, las líneas pueden ser fácilmente manipuladas por alguien que esté infiltrado. En el caso del magistrado Velásquez, por ejemplo, la investigación reveló que dos agentes corruptos del CTI metieron subrepticiamente el número telefónico del magistrado para chuzarlo simulando que se trataba del celular de un miembro del frente 53 de las Farc. Aprovechando operaciones legales y legítimas chuzaban metiendo números ilegales. Ese modus operandi también fue una de las columnas vertebrales del escándalo del DAS.

El avance de la investigación periodística en el caso del Ejército era extremadamente lento, entre otras razones por la sensibilidad de la información y porque la mayoría de las fuentes militares eran renuentes a hablar. Muchas semanas de entrevistas con personal activo, retirados y civiles que conocían al detalle lo que ocurría en esa sala terminaron entregando información clave. Uno de los analistas de esa sala gris le reconoció a SEMANA que allí no estaban chuzando a los negociadores sino a otras personalidades. “Acá (en la ‘sala gris’) nadie se va a poner a chuzar a esa gente porque las huellas quedan en el sistema y es una calentada dura”, explicó la fuente. “Para ese tipo de trabajo los clave son los de la Citec”.

La fuente militar se refería a una diferencia importante que hay entre los grupos de inteligencia del Ejército. Los de la ‘sala gris’ pertenecen a la Cime (Central de Inteligencia Militar), su fuerte es interceptar teléfonos y están sometidos a un mayor control y escrutinio. Solo pueden rastrear conversaciones mediante orden de un fiscal o de un juez. En cambio el otro grupo, el de la Citec, se especializa, entre muchas otras cosas, en hackear, desde correos electrónicos hasta chats –por el pin de BlackBerry o por WhatsApp– y hace copias espejo del contenido del teléfono inteligente o el computador de cualquiera de sus blancos. Con la tecnología existente es relativamente fácil interceptar un celular, especialmente para datos como la lista de contactos, los correos y los chats. Si el hacker manda un mensaje falso que la víctima simplemente abre, el contenido de ese celular queda registrado de ahí en adelante.

Entre los dos grupos (Citec y Cime), a pesar de ser ambos del Ejército, existe cierta rivalidad que facilita que unos hablen de otros sin mayor reserva. Las fuentes militares dieron detalles de cuatro fachadas de la Citec en el país, y en el caso de Bogotá contaron que había una en el sector de Galerías que tenía como nombre clave Andrómeda y facilitaron la dirección. Desde ese momento, en marzo del año pasado, SEMANA comenzó a ir a ese almorzadero con regularidad para verificar la información.

La fachada del Ejército estaba bien montada. Era un local relativamente pequeño, cerca al centro comercial Galerías, en el occidente de Bogotá. Lo primero que se ve es un restaurante en el que venden almuerzos ejecutivos a 6.000 pesos. El restaurante operaba en la parte baja, pero en el segundo piso hay un salón con cuatro televisores gigantes y módulos para computadores.

Desde la primera visita llamó la atención la presencia de dos guardias privados de vigilancia. La situación de seguridad en Bogotá no es la mejor, pero tampoco para que haya en un establecimiento de esa naturaleza ese nivel de seguridad. También llamaba la atención que el sitio tenía 16 cámaras de seguridad internas y externas. El lugar tenía un letrero que decía Buggly. Y para ese entonces, en internet se podía encontrar una página web del lugar que ofrecía cursos de seguridad informática, publicaciones sobre cómo espiar WhatsApp, y cómo crear y detectar ataques web. La página ya no aparece en internet.Con el paso de los días, se logró identificar que allí trabajaban civiles, algunos de ellos jóvenes, hackers expertos, un sargento retirado del Ejército que era uno de los reclutadores de talentos y cinco militares activos –un capitán, tres suboficiales y una mujer– que hacían parte de esa operación de fachada.

“El trabajo aquí es compartimentado”, explicó la fuente. “El capitán es el que asigna las órdenes. Llega con un listado de personas para que consigamos las contraseñas de sus correos electrónicos y los números de pin del Blackberry. De ahí, el sargento busca a uno de los ‘hacker’ y les va asignando a cada uno una tarea”. Los hackers son jóvenes a los que les pagan de 200.000 a 300.000 pesos por tarea según la dificultad. No saben para quién trabajan y es posible que ni tengan idea de quién es al que están hackeando. Una vez ellos obtienen la contraseña o el pin, se lo entregan a los militares, que son los que en realidad hacen el rastreo del contenido.Mientras la fachada Andrómeda operaba, las sospechas sobre chuzadas le llegaron también a la Fiscalía. En la tercera semana de mayo, una comisión del CTI hizo una inspección sorpresa a la sala gris. Los militares casi no la dejan entrar. Tuvieron que esperar varias horas para poder llevar a cabo la inspección. SEMANA conoció meses después el resultado de esa labor: de las 440 líneas habilitadas para ‘chuzar’, 115 no tenían soporte legal.

Esos datos confirmaban las sospechas. El primero de agosto, el fiscal Eduardo Montealegre decidió, como él mismo lo dijo, “cortar por lo sano y traer las salas al nivel central donde hay más controles”. Era la primera vez en la historia que se cerraba una sala de interceptaciones de ese valor estratégico. Ocho días después se produjo el revolcón en la cúpula militar, que tomó por sorpresa al país.

En septiembre, una de las fuentes le mostró a SEMANA un chat interceptado al alto comisionado y miembro del equipo negociador en La Habana, Sergio Jaramillo. Si bien el contenido era anecdótico, era un indicio extremadamente grave de que alguien estaba espiando al comisionado.

En octubre, una de las fuentes de SEMANA informó que se había dado la orden de hacer ‘borrado seguro’ del material hackeado guardado en los computadores, porque temían un allanamiento de la Fiscalía. Ese allanamiento finalmente tuvo lugar el 23 de enero de este año, según la Fiscalía por reportes de movimientos sospechosos e información de los vecinos.

Durante la hora y media que duró el operativo, un militar se mantuvo escondido detrás de una puerta falsa blindada en el segundo piso de la fachada. Poco antes de irse, uno de los agentes del CTI descubrió la caleta y cuando la iban a tumbar, el hombre salió. No solo se trataba de un militar, sino que estaba protegiendo 26 discos duros y unidades USB que fueron incautados por la Fiscalía, que apenas empieza a descifrarlas.

Al cierre de esta edición, según la Fiscalía solo se había podido desencriptar una parte del primero de los 26 dispositivos. Lo encontrado ahí (ver siguiente artículo) demuestra ya que la investigación va para largo y que mucho de lo que se hacía en ese restaurante era ilegal. Muchos de los chuzados lo fueron sin orden judicial. Y los nombres pueden llegar mucho más allá de los negociadores de La Habana.

Related Link: http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-asi-fue-la-historia/376548-3
author by Semanapublication date Sun Feb 09, 2014 22:21author address author phone Report this post to the editors

El escándalo de las chuzadas apenas comienza. Los primeros hallazgos ya confirman irregularidades muy graves. En el allanamiento que la Fiscalía le hizo al local fachada de la operación Andrómeda fueron incautados 26 dispositivos entre computadores, USB y discos extraíbles. Todo este material ha sido manejado con suma precaución para no violar la cadena de custodia. También hay un elemento de seguridad naci

onal involucrado en ese prudente sigilo. Como se trata de establecer cuanta de la inteligencia fue obtenida legalmente y cuanta ilegalmente, el fiscal general, Luis Eduardo Montealegre, quiere claridad total sobre estos aspectos antes de hacerlos públicos. La investigación del contenido se comenzó a hacer en serio a finales de la semana pasada y los primeros datos muestran que no solo se desarrollaron operaciones extremadamente valiosas para la seguridad nacional, sino que también se realizaron otras que fueron ilegales.

En los pocos días después del escándalo solo se ha podido desencriptar una carpeta del primer computador. El fiscal ha puesto al servicio de este caso un equipo de más de 20 analistas y expertos en informática forense de la Fiscalía. Según cálculos de ese mismo organismo, trabajando a marchas forzadas, el volumen de información es tan grande que el mejor escenario para tener la información disponible, antes de poder revisarla, es de tres meses. Eso sin contar que, además de la incautación de los archivos digitales, había abundantes documentos que también estaban siendo estudiados. Lo que ya quedó claro es que, a pesar de que se trataba de una operación en grande y con pretensiones de sofisticación, se cometieron errores imperdonables dentro de los parámetros del mundo del espionaje. Por ejemplo, la Fiscalía encontró en papelería oficial del Ejército oficios de los militares que estaban encargados de la fachada dirigidos a sus jefes, entre ellos unos coroneles, en los que solicitaban dinero para pagarle a los hackers.

A pesar de que se ha desencriptado menos del 5 por ciento del contenido, los investigadores han quedado sorprendidos con lo que han encontrado hasta ahora. En primer lugar, un listado de objetivos hackeados o por hackear está por determinar. Hay decenas de funcionarios públicos, entre los que se encuentran más de 50 alcaldes. Tenían todos los detalles. Sus correos electrónicos, teléfonos y direcciones de residencia. También un listado extenso de ‘correos carnada’ que son los que utilizan para meterse en los correos y computadores y espiar su contenido. Adicionalmente, se hallaron fotografías de las páginas de correo de las personas hackeadas que eran tomadas desde los teléfonos celulares de los hackers para comprobarles a los militares que los reclutaron que habían logrado su objetivo.

En el material desencriptado también quedó documentado que los militares de la fachada Andrómeda ponían a prueba a los hacker desafiándoles a romper los protocolos de seguridad de correos y computadores. A quienes lograban su objetivo, les daban jugosas recompensas, ya fueran iPads o dinero en efectivo. En ese sentido, los datos encontrados por la Fiscalía en los computadores también muestran que se invirtieron grandes sumas de dinero en la fachada debido a su grado de sofisticación e importancia: cámaras de seguridad de última tecnología, guardias y premios en efectivo, etcétera.

El archivo encontrado también contiene con lujo de detalles la forma como habían diseñado el plan de reclutamiento de hackers. Una de esas estrategias se llevó a cabo en una universidad del noroccidente de Bogotá a donde los militares, manteniendo su fachada, llegaron vestidos con camisetas del negocio Buggly, simulando realizar torneos de hacker y repartiendo tarjetas para ir cooptando adeptos entre los jóvenes, a quienes atraían con desafíos como meterse a una cuenta de correo.

Otro de los hallazgos de los peritos en informática de la Fiscalía tiene que ver con un voluminoso documento, que básicamente es una especie de guía y plan estratégico de los militares para el funcionamiento de la fachada.

El viernes pasado, el noticiero RCN reveló también que se habrían encontrado igualmente cerca de 2.000 correos, incluidos el de un miembro de las Farc que está en Cuba y el chat de una conversación del negociador del gobierno Sergio Jaramillo.

Todo lo anterior sin duda hace prever nuevas pruebas. La importancia de lo que allí tenían los militares también explica por qué, cuando el CTI allanó el lugar, uno de los militares que estaba en el sitio corrió a esconderse en la caleta tras la puerta blindada falsa en el segundo piso del lugar. Durante 50 minutos, el hombre permaneció allí tratando de destruir la información y parte de los 26 dispositivos que tenía con él. Finalmente se vio obligado a salir pero alcanzó a borrar alguna información y a dañar con golpes uno de los discos duros que está en poder de la Fiscalía y cuyo contenido están tratando de recuperar.

Mientras se desencripta todo el contenido y posteriormente se revisa, la información va a estar disponible de manera muy gradual y en muchos casos fragmentaria. Sin embargo, en lo poquísimo que se ha podido encontrar, ya es evidente que no todas las actividades que se desarrollaban en el segundo piso de ese restaurante eran legales. Tampoco es verdad la teoría de que el trabajo que hacían los agentes de inteligencia militar era en función exclusivamente de la seguridad nacional. Sin duda hay temas de gran relevancia estratégica y sensibilidad para la seguridad del país. Pero también se cometieron grandes abusos e irregularidades, que es necesario investigar y castigar.

Esta delicada frontera entre la inteligencia legal y la ilegal es la nuez de la discusión que ha desatado este nuevo escándalo. Porque si bien una buena inteligencia es la punta de lanza de la lucha contra el crimen y el terrorismo y permite que una sociedad duerma más tranquila, la mala inteligencia –la ilegal– vulnera los derechos civiles y las libertades individuales y puede llevar a un Estado policivo.

La nueva Ley de Inteligencia es muy clara en los límites y, en estricto sentido, el espionaje de correos y datos debe tener orden judicial. Lo importante es que en este debate se haga una clara distinción entre lo que los organismos de seguridad pueden y no pueden hacer. Porque la buena inteligencia hay que protegerla y el Estado tiene que tener todos los instrumentos a su alcance –enmarcados dentro de la ley– para luchar contra la criminalidad. Y a quienes transgredan esas fronteras y se dediquen a chuzar ilegalmente a personas con fines oscuros, les debe caer todo el peso de la ley. Es también la mejor manera de mandar un mensaje al país y blindar a quienes de verdad están haciendo bien su trabajo desde el Estado.

Related Link: http://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-lo-que-se-ha-encotrado/376549-3
author by Alfredo Molano Bravopublication date Mon Feb 10, 2014 02:09author address author phone Report this post to the editors

Si la cosa fuera el descubrimiento de la semana, o del mes, o del año, sería más o menos aceptable la reacción del Gobierno: “Veremos hasta dónde van las chuzadas...”

Pero el hueso tiene más carne. López Michelsen hablaba de la mano negra que se atravesaba a todo intento de modificación, aun superficial, del statu quo; Otto Morales habló de los enemigos agazapados de la paz, y Santos, en una reacción instintiva, trató a los chuzadores del barrio Galerías de fuerzas oscuras. La extrema derecha es un cuerpo viscoso que usa lo que esté a su alcance para mantener los privilegios de que gozan caudillos, generales, jueces, cardenales, juristas eminentes, profesores eméritos, y de ahí para abajo: curas, soldados, peones, hackers. Y paga bien sus servicios. Lo notable es que es una fuerza que trasciende los personajes y los tiempos. Desde el golpe de Pasto a López Pumarejo en 1944, pasando por el “golpe de opinión” de Rojas Pinilla en 1953, por los ruidos de sables con que se amenazó a Betancur y a Samper, hasta chuzadas del DAS y ahora la tragicomedia de Andrómeda, lo que se ve —¡y hay que verlo!— es que las manzanas podridas o las ruedas sueltas dentro de las Fuerzas Armadas son muchas, son astutas y no tienen escrúpulos. Y lo peor: todo gobierno se aguanta el fermento y alimenta sus gusanos.

El nuevo caso, que ni siquiera terminará en el gris nubloso donde terminaron las chuzadas del DAS, tiene a lo menos un ribete infantil: alquilar un local en un barrio rumbero, ruidoso, oliente a pollo frito, para camuflar una actividad ruin que el ministro de Defensa quiere hacernos tragar como operativo honorabilísimo, es creer que todo lo que pasa en las películas norteamericanas se toma por verdadero y real. Si era una operación tan legal, ¿por qué no instalaron a los hackers en un edificio público rigurosamente vigilado por las fuerzas del orden? ¿Por qué los metieron en un restaurante de corrientazos disfrazado de café internet, o viceversa?

Al menos en el búnker del Ministerio de Defensa no los habría allanado la Fiscalía. Quizás arrendaron el sitio del chuzo para, de ser pillados, echarle el ganso a cualquier grupo de muchachos adictos al mundo digital que estuvieran jugando alguno de esos juegos truculentos de internet. O, mejor, el montaje tenía como fin facilitar que toda la información de lo que pasaba en La Habana llegara a manos de Uribe por un canal clandestino e inocente para cargar con ella los tatucos que le dispara el expresidente a la mesa de La Habana y de vez en cuando a Santos. Más de una vez Uribe ha usado información privilegiada secreta, pagada con recursos públicos, para sus campañas políticas.

Santos brincó de entrada y luego se acurrucó para pasar de agache. Es explicable: los altos mandos no se aguantan que los traten como a cualquier empleado público y los boten sin más ni más. Al fin y al cabo, tienen el poder en sus manos y en sus bolsillos. Uribe, por su lado, ha salido a gritar —ahora sí— que el jefe del Estado es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y por tanto debería estar informado de lo que hacen sus hombres. Una figura que él no aceptaba sino en caso de victorias, pero no, claro está, en casos como los de falsos positivos. Este mundo da muchas vueltas y en una de esas —¡quién quita!— los tomates hacen blanco y la justicia bota la muleta.

El presidente Santos tiene ya suficientes pruebas de la influencia que tienen las manzanas podridas y sus conexiones con el uribismo. Son, digamos, la vieja fórmula de la combinación de todas las formas de lucha, a las que se tendría que agregar la que pueden montar sobre bases no desmontadas los paramilitares que saldrán de las cárceles dentro de pocos días. ¿Pasará la investigación penal sobre Andrómeda a la justicia penal militar por ser una “actividad lícita” para desembocar en la nebulosa cósmica donde rematan siempre las investigaciones militares cuando están implicados los altos mandos? En realidad ni las chuzadas ni los falsos positivos deberían sorprender: siempre los han hecho.

author by Timoleón Jiménez & Nicolás Rodríguez Bautista - FARC-EP & ELNpublication date Tue Feb 11, 2014 22:23author address author phone Report this post to the editors

La larga experiencia de contactos y entrevistas encaminados a la materialización de acciones humanitarias o de conversaciones de paz entre gobierno e insurgencia, enseña que su utilización por parte del Estado a efectos de cumplir tareas de inteligencia u operaciones militares, no sólo mina la confianza en la seriedad del interlocutor, sino que conduce al fracaso de los propósitos perseguidos con las aproximaciones y encuentros.
De la histórica realización de tales prácticas cabe citar dos casos emblemáticos:

Desde el mes de mayo del año 2000 se cumplieron en el área rural de San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar, contactos y reuniones entre representantes del ELN, el gobierno nacional y miembros de la comunidad internacional, con miras al inicio de conversaciones de paz. En marzo de 2001, el Ejército Nacional, en alianza abierta con bandas paramilitares, dio comienzo a la llamada Operación Bolívar, con grandes desembarcos de tropas, justo en el área de seguridad elegida para dichos encuentros, cuando se realizaba incluso una reunión en la que participaban además del comisionado de paz Camilo Gómez, embajadores de varios países amigos.

Por otro lado, es un hecho que la semejanza de los protocolos de seguridad implementados con ocasión de las liberaciones unilaterales de prisioneros de guerra por parte de las FARC-EP, sirvió de base para que la CIA y el Ejército Nacional acumularan información y prepararan la operación que con el empleo de la perfidia de utilizar emblemas de la Cruz Roja Internacional, entre otros, les permitió presentar a Jaque como una heroica acción de rescate, cuando se trataba de un sucio negocio de traición paga, del que tomaron parte tanto el ministro de defensa de la época como el propio Presidente Uribe.

El reciente escándalo conocido como Andrómeda ha puesto al descubierto que esa vieja práctica estatal continúa viva y activa. El seguimiento, la persecución y puesta en mira de dirigentes de la oposición política y de los propios voceros gubernamentales en la Mesa de Conversaciones de La Habana reúnen todos los ingredientes, incluida la presencia de la CIA, para concluir que desde oficinas del Estado se preparan operaciones contra la consecución de la paz y la democratización del país, viejos anhelos de nuestro pueblo que se procuran alcanzar con la Mesa de Conversaciones de la Habana y la aproximaciones entre el gobierno nacional y el ELN.

Las manifestaciones de indignación y repudio, unidas a las solicitudes imperiosas de investigaciones disciplinarias y judiciales que todo el país está escuchando en los medios, resultan poco convincentes cuando se tienen antecedentes como el asesinato del Comandante Alfonso Cano en los mismos momentos en que el gobierno nacional y las FARC-EP celebraban las primeras reuniones reservadas con miras a establecer conversaciones.

Por encima del mal disimulado desprecio por la insurgencia que se trasluce en diversas declaraciones y entrevistas oficiales, la paz y la reconciliación son bienes invalorables para el pueblo de Colombia, que pueden echarse a perder torpemente si no se apartan definitivamente de sus gestiones las acciones de inteligencia militar y policial. Con mucha más razón si, como se desprende de las primeras excusas públicas, estas operaciones encubiertas resultan achacadas a ruedas sueltas que operan a la sombra de la institucionalidad. ¿Paramilitarismo oficial?

Montañas de Colombia, 7 de febrero de 2014.

Por el Comando Central del ELN

Nicolás Rodríguez Bautista.

Por el Secretariado Nacional de las FARC-EP,

Timoleón Jiménez.

author by Alberto Pinzón Sánchezpublication date Thu Feb 13, 2014 00:02author address author phone Report this post to the editors

En sentido estricto, la palabra “inteligencia” proviene del latín “intellegere” palabra formada por “inter” (entre) y legere (leer, escoger) por lo que etimológicamente, inteligente es saber escoger. La inteligencia permite al ser humano pensar, razonar y abstraer; elegir las mejores opciones o alternativas para resolver una cuestión o situación compleja y comunicarla. Obviamente, la inteligencia estar ligada a otras funciones mentales como la imaginación, la percepción o capacidad de recibir información, la memoria o capacidad de almacenarla y sobre todo, la capacidad de aprender de la experiencia y comunicarla. En psiquiatría los trastornos de la inteligencia están asociados al retardo mental.

En breve, esta palabra podríamos hacerla significar la capacidad para entender o comprender, abstraer cuestiones complejas, comunicarlas, resolver problemas complejos, memorizar y sobre todo aprender de lo actuado. No un mero aprendizaje libresco, ni académico o cierta capacidad para aprobar test o pruebas, sino más bien la capacidad de comprender el entorno circundante, modificarlo o transformarlo con la praxis, y comunicarlo a sus semejantes. Por esa razón, la palabra inteligencia pasó a la esfera militar como una actividad tendiente a recolectar información del enemigo o adversario y en consecuencia, actuar sobre él

El Idioma castellano, desafortunadamente, no tiene un antónimo como por ejemplo el inglés o el alemán, que anteponiendo el prefijo “un” daría “uninteligent”, es decir “no inteligente”. No, los antónimos del castellano serían; tonto, torpe, inculto, necio, o estulto y en Colombia, bruto, que en cierta medida son peyorativos y hasta insultantes; mientras que por el contrario (por aquello de la picaresca española) si existen innumerables sinónimos de la palabra Inteligente, de los cuales voy a citar algunos: Listo. Avispado. Astuto. Vivo. Ingenioso. Agudo. Despierto. Despejado. Sesudo. Lúcido. Entendido. Sabio. Sagaz .Talentoso, y en España “espabilado”. En Colombia la avispa se convirtió en avión.

Toda esta introducción es para que nos pongamos de acuerdo en cómo nombrar la actividad del presidente Santos en relación al último escándalo público sobre la “Inteligencia cibernética” hecha por la cúpula militar colombiana a los negociadores gubernamentales en el proceso de paz de La Habana y, el espionaje militar y persecución oficial (con muertos incluidos) “a los de siempre”.

A la presión pública sobre este entuerto, el presidente Santos de una manera poco inteligente (por decir lo menos) da un viraje de 360 grados, o sea vuelve a quedar donde estaba: “Ignorante” de lo que hacían sus subalternos militares en acuerdo con la CIA estadounidense. Primero los sindica de fuerzas oscuras enemigas de la paz, pero luego, ante el gruñido de la cúpula militar recula, da reverso, o como dicen los colombianos del común se “patrasea” y les trasfiere la legitimidad y la legalidad de su fuero presidencial en un confuso e inquietante reportaje publicado en el periódico de su familia El Tiempo (08. 02. 2014) que puede leerse en extenso aquí:

http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-el-pres...276-4

En donde el presidente de los colombianos pretendiendo teorizar sobre lo que él denomina “la ciberguerra”; hace un embrollo entre computadores especializados para adelantar la tal ciberguerra (todos suministrados por los EEUU e Inglaterra al gobierno colombiano) espectro electromagnético, globalización, plataforma teleinformática, tecnología dura o hardware y blanda o software, legislación internacional sobre delitos cibernéticos y legislación colombiana en esta materia, por ejemplo los delitos cibernéticos contra las elecciones consuetudinarios en Colombia pero que el presidente no menciona en la entrevista; hasta llegar a re-afirmar el cuento militarista de que, “hoy el Estado está maniatado. La Corte Constitucional defiende el derecho a la privacidad y la intimidad, el Estado no puede defenderse de manera eficaz de esos actos. Se requieren más y mejores herramientas”…

O esta perla: A la pregunta del entrevistador si hay grises ente la inteligencia estatal licita y la ilícita; el presidente de los colombianos responde: “Cuando hablamos de lo ilícito estamos en un terreno difícil, de acuerdo con la interpretación de unos y otros. Una cosa es lícita y para otros eso mismo es ilícito. Ahí hay que ser mucho más proactivos e ir adecuando esta legislación a los avances tecnológicos”.

¡Vale la pena leer esta joya del pensamiento universal para que se entienda plenamente por qué se necesita una comisión cibernética con la finalidad de que estudie y legisle sobre la inteligencia en Colombia. No creo que nadie salga defraudado!

Y mientras la vida electoral cotidiana sigue su curso inexorable hacia la reeleción del presidente Santos, el jefe liberal Gaviria dice que el general Naranjo (experto en espionaje electrónico y según la prensa sacado de Méjico por su papel en la creación de los paramilitares oficiales) queda divino con el uniforme rojo-rojito y por eso debe ser el vicepresidente de Santos, mientras que el Gobernador de la Guajira Kiko Gómez desde la cárcel, propone mejor que sea su jefe político, el sañudo enemigo de la paz Vargas Lleras. Así, la ciberguerra podrá continuar en el post-conflicto cibernético que planea Santos y su inteligencia militar, una vez se haya desarmado a la insurgencia, para que solo tenga derecho a presentar tutelas ante los jueces, cuando el gobierno incumpla lo pactado en la Habana. ¡Vale la pena leerla. Es una joya del pensamiento universal!

author by María Jimena Duzán - Semanapublication date Mon Feb 17, 2014 01:40author address author phone Report this post to the editors

Desde que Semana.com denuncio que la inteligencia militar interceptó ilegalmente los chats de los negociadores de paz, el gobierno del presidente Santos parece moverse como si estuviera enredado en su propia madeja. Y por la forma como está trastabillando me recuerda lo que pasó en el gobierno
de Betancur cuando la paz voló en mil pedazos por cuenta de que los militares se opusieron al proceso de paz como una mula muerta. Esa percepción se me reafirma aun más luego de escuchar al inspector general del Ejército diciendo que las denuncias de SEMANA no son ciertas.

La Belisarización de Santos se dio desde el inicio de este escándalo. Cuando pensábamos que iba a salir en defensa de sus negociadores de paz en La Habana –el primer día habló de fuerzas oscuras y muchos alcanzamos a pensar que para allá iba– , terminó solidarizándose con los militares. Desde entonces no ha hecho sino minimizar la denuncia; no ha rodado ninguna cabeza y la medida de desvincular temporalmente de sus cargos a dos generales mientras la Fiscalía concluye la investigación fue una reacción diseñada para mantener tranquilas a las graderías de la reelección, que exigían alguna clase de sanción política por exigua que fuera. El allanamiento que la Fiscalía hizo en el restaurante de Galerías desde donde presuntamente se habían hecho las interceptaciones ilegales se realizó 15 días antes de que la revista publicara la noticia, y nadie dentro del Ejército había considerado que era menester remover temporalmente a alguien. De la misma forma en que nadie se interesó por investigar cómo fue que llegaron las coordenadas al expresidente Uribe.

La estrategia de minimizar el escándalo tampoco ha sido afortunada, porque mientras más pasan los días es evidente que lo que SEMANA publicó es solo la punta del iceberg y que las irregularidades que descubrieron en la operación Andrómeda pueden estar sucediendo en otras fachadas que aún no han salido a la luz pública. Pero además, la forma como se están haciendo las interceptaciones denunciadas guarda similitudes muy poco gratas con el escándalo del DAS. Un protagonista de ese escándalo, como Germán Arenas, quien trabajó en esa entidad en la época en que se produjeron las chuzadas, hoy es asesor del ministro Pinzón. También es curioso que la Fiscalía hubiera allanado la Citec, que ha sido el lugar donde han permanecido recluidos José Miguel Narváez y Alberto Arzayuz, quienes fueron los cerebros del G-3, aparato utilizado para espiar a la Corte Suprema de Justicia. Y si en las chuzadas del DAS había una intención de acabar con la Corte Suprema de Justicia porque estaba adelantando la investigación de la parapolítica, en esta ocasión el objetivo es desviar la información con propósitos perversos para desestabilizar el proceso de paz. Tantas coincidencias preocupan.

Por lo pronto nos quedan claras varias cosas que no sabíamos: que el descontento en los cuarteles con los diálogos en La Habana es más grande de lo que muchos suponíamos, y que el hecho de que generales como Mora estén representándolos en la Mesa no han servido de a mucho para convencerlos. Quedamos notificados los colombianos también de que hay en los cuarteles más militares de los que nos imaginábamos pensando que es un absurdo firmar un acuerdo con las Farc cuando supuestamente esa guerrilla agoniza por efecto de la estrategia militar.

Santos hubiera podido decirle al país que él era el jefe de las Fuerzas Armadas y que en su gobierno no iba a permitir que la inteligencia terminara siendo utilizada para sabotear el proceso de paz, pero no lo hizo. Y al no hacerlo, al gobierno se la abrió un flanco que ha puesto al presidente Santos en una fragilidad inusitada, que me recuerda, repito, la que tuvo el gobierno de Belisario Betancur con los militares. El entonces presidente quería hacer la paz con las Farc y la guerrilla estaba tan jugada como lo puede estar ahora. Sin embargo, el proceso terminó explotando en mil pedazos debido en gran parte a la manera como se manipuló la información por parte de la inteligencia militar. Belisario terminó preso de los militares y los enemigos de la paz ganaron una vez más.

Santos está atrapado en la misma lógica. Le ha dado toda la posibilidad al ministro Pinzón para que haga la guerra y para que haga una oposición directa al proceso de paz, hecho que ha generado en los cuarteles un efecto cascada de abierto rechazo a la salida negociada.

Este escándalo demuestra que esa fórmula ya no le funciona al presidente Santos porque no le ha servido para neutralizar a los verdaderos enemigos agazapados de la paz. Ojalá que esta oposición que se siente en los cuarteles no sea el caldo de cultivo para un escenario de mayor polarización en el que escale la violencia y resurjan los magnicidios.

El ambiente de tensión que vive hoy el país ofrece las circunstancias propicias para que se abra esa compuerta y corramos el riesgo de terminar como el presidente Santos: atrapados en la Andrómeda.

Related Link: http://www.semana.com/opinion/articulo/maria-jimena-duzan-atrapados-en-la-andromeda/377305-3
author by Secretariado Nacional - FARC-EPpublication date Mon Feb 24, 2014 18:01author address author phone Report this post to the editors

Los grandes medios de comunicación dan cuenta de unas revelaciones hechas por la emisora Blu Radio de la capital del país, según las cuales al tiempo que las FARC-EP adelantamos conversaciones de paz con el gobierno nacional en la ciudad de La Habana, sus mandos y principales voceros se encuentran planificando y diseñando toda clase de conductas criminales desde esa ciudad y la capital de la República Bolivariana de Venezuela.

Las perversas revelaciones se fundan en unas supuestas interceptaciones telefónicas, de correos electrónicos y otros medios de comunicación presuntamente empleados por las FARC-EP, divulgadas por la empresa radial sin el menor intento por corroborar su autenticidad o veracidad, elementos probatorios todos que no vacilamos en condenar como groseras falsificaciones y manipulaciones elaboradas por los servicios de inteligencia del Estado colombiano.

Coinciden las falsas revelaciones con la reciente publicación por parte de los voceros de las FARC-EP en la Habana y los delegados del gobierno nacional, del comunicado conjunto mediante el cual se informó al país de las aproximaciones y avances obtenidos en la Mesa de Conversaciones en torno al punto de los cultivos ilícitos y narcotráfico, el cual despierta obviamente el optimismo entre todos los colombianos que anhelan la concreción de la solución política del conflicto.

Y también con las recientes publicaciones de la revista Semana en torno a la corrupta contratación en el seno de las fuerzas militares colombianas, que ponen incluso en tela de juicio a su máximo Comandante, y que revelan además como tales actos ilícitos tienen por objeto premiar, indemnizar y compensar por el mal momento en que pasan tras las rejas, a los responsables de los falsos positivos y demás crímenes atroces cometidos contra el pueblo colombiano.

Así, al tiempo que se intenta mediante la sucia difamación de nuestra organización revolucionaria, impedir que sigan acercándose las posiciones entre el gobierno nacional y las FARC-EP para alcanzar el fin del conflicto y la paz con justicia social, se busca desviar la atención sobre los verdaderos intereses de buena parte de los mandos de las fuerzas militares colombianas, que insisten en continuar con una guerra que los enriquece y envilece al precio de la sangre y la miseria de millones de colombianos, incluido el sufrimiento de sus propias tropas.

Es hora de que el pueblo colombiano se decida a poner las cosas en su justo lugar.

SECRETARIADO NACIONAL DE LAS FARC-EP

Montañas de Colombia, 18 de febrero de 2014.

author by Timoleón Jiménez - FARC-EPpublication date Mon Feb 24, 2014 18:10author address author phone Report this post to the editors

Los sucesivos escándalos con relación a las interceptaciones telefónicas, correos electrónicos y otras modalidades de comunicación empleadas hoy en día, tienen entre otros efectos el de fijar en la mente de los ciudadanos la idea de que nada existe por fuera del control del poder. De algún modo, aunque cada quien se sienta asaltado en la intimidad y exprese su indignación, también se va haciendo a la idea de que se trata de algo irresistible contra lo que resulta inútil luchar.

Porque ¿cómo evitar que se nos vigile, siga, persiga, intercepte? ¿En quién individualizar responsabilidades cuando se descubre que se es víctima? ¿En la Fiscalía, en la Policía, en la Inteligencia Militar, en la Procuraduría, en la CIA, en la inteligencia presidencial, en los hackers que trabajan para cualquiera de ellas u otras tantas de las fuerzas oscuras que operan en el país? Al fin y al cabo todas trabajan en secreto y tienen cómo echar tierra sobre sus deposiciones.

Así las cosas, no es de extrañar que la gente termine aceptando su suerte. Todos estamos monitoreados, aunque quizás la mayoría jamás lleguemos a enterarnos de ello. Así que es mejor vivir como si no ocurriera. El consabido refrán según el cual el que nada debe nada teme, contribuye a la aceptación sumisa del acoso estatal. Una mentalidad conservadora puede defender incluso que tales prácticas redundan en una mejor y más sana conducta social.

Al peligro que se cierne sobre la sociedad como consecuencia de la familiarización con la cotidiana violación a su intimidad por parte de un Estado violento, se añade otro de mayor calado, la creencia de que quienes tienen motivo para preocuparse por ello son los criminales que violan las leyes. Cada manifestación de inconformidad por esa vigilancia puede ser juzgada como delación de la propia culpa. Por algo será que reniegan, ¿qué es lo que tienen que ocultar?

Aún puede intentarse ir más allá. Como en este país se intercepta a todo el mundo, y ni siquiera se sabe con exactitud quién lo hace ni quién lo ordena, pero cada vez con mayor frecuencia se divulga un nuevo escándalo por la publicación de interceptaciones, de algún modo la sociedad también va siendo empujada a acostumbrarse a condenar de antemano a los involucrados, sin siquiera preguntarse por la veracidad de las informaciones suministradas.

Basta con que cualquier medio de amplia circulación, es decir abundantemente patrocinado por los poderes económicos que inspiran el poder político, dé a conocer al público la noticia sobre las interceptaciones que dan cuenta de la comisión de un hecho punible o socialmente repudiable, para que los supuestos señalados resulten condenados sin conmiseración. Sin que siquiera se pregunte por la realidad de tales interceptaciones, por su autenticidad y seriedad.

Ya ni siquiera interesa averiguar si fueron producto de los procedimientos legales requeridos o si fueron realizadas por funcionarios competentes y probos. La fuente legitimada a la fuerza de las interceptaciones diarias lo dice y con eso resulta suficiente. A menos que se trate de escándalos en los que se encuentre involucrado el propio poder o sus más fieles allegados. En ese caso, desde el Presidente de la República para abajo todos saldrán a manifestar sus dudas.

Es que el poder y sus usufructuarios están eximidos de cualquier responsabilidad. Escándalos como el de Andrómeda pueden generar alguna bulla en la prensa, pero serán echados al olvido tan rápidamente como surgieron. Las recientes denuncias de la revista Semana, basadas en acceso a interceptaciones, que destapan la olla podrida del corrupto espíritu de cuerpo reinante en las criminales fuerzas armadas del Estado, serán cubiertas muy pronto con tierra.

De hecho poco credibilidad despiertan la indignación presidencial y sus comisiones especiales de investigación, tratándose de alguien a la vez tan cercano a todo eso de los falsos positivos y demás violaciones flagrantes de los derechos humanos y normas humanitarias que caracterizan la guerra contrainsurgente. Un Presidente que estima ese accionar como el factor fundamental para tener sentada en la Mesa a las FARC, no va a propiciar que se destapen secretos nauseabundos.

Entonces aparece clara y nítida la función de tales escándalos sobre interceptaciones. En ningún momento se persigue con ellos que se condene una verdad infamante. El reptil del poder no va a morderse la cola. En cambio sí, conseguir la condena inmediata de quienes no hacen parte de los círculos del poder y sobre los que se revela en cualquier momento considerado oportuno, cualquier trama concebida y planeada de antemano para obtener su hundimiento definitivo.

Es el caso de las recientes revelaciones de Blu Radio en torno a las presuntas interceptaciones a las comunicaciones de la delegación de las FARC-EP en La Habana, que incluyen supuestas conversaciones de su máximo comandante refiriéndose a diversos actos criminales. Ninguna de tales comunicaciones tiene el más mínimo asidero en la realidad, todas ellas son creación mal intencionada de quizás cuál servicio de inteligencia, pruebas prefabricadas en la impunidad total.

Si algún perito imparcial asumiera una investigación sobre su autenticidad, de entrada descubriría que se trata de un burdo montaje. Pero, como a quienes se involucra con esta tramposa maniobra son a las FARC-EP y sus mandos, tal confrontación jamás será realizada. A nadie del poder le interesará hacerlo. Lo importante es que las FARC han sido de nuevo embarradas y su doble moral puesta al descubierto. Relamiéndose, los editorialistas de la gran prensa ya supuran su veneno.

Así que consiguen que la gente acepte las interceptaciones y violaciones a su intimidad como procedimientos normales en un Estado que lo puede todo en la lucha contra sus enemigos reales o imaginarios. Luego, que considere ciertas todas las revelaciones sin preguntarse por su veracidad. Y finalmente que condene de manera implacable a los involucrados, siempre que se trate de gentes ajenas al poder. Sobre todo si se hallan en la oposición o la rebeldía.

Y se atreven a llamar a eso democracia y libertades de prensa e información. Cuando a semejantes manipulaciones mediáticas de la mentalidad colectiva no les cabe otro nombre que el de totalitarismo fascista. Afortunadamente en Colombia la gente ya no traga entero. Existen medios alternativos y un inmenso afán popular por conocer la verdad. Los cálculos de esta oligarquía convencida de perpetuarse en el poder van a resultarles fallidos. Eso se ve a simple vista.

Montañas de Colombia, 18 de febrero de 2014.

author by Luis Fernando Vegapublication date Wed Feb 26, 2014 22:30author address author phone Report this post to the editors

En cualquier democracia decente, Andrés Felipe Arias habría renunciado ante el escándalo de Agro Ingreso Seguro, lo propio habría hecho Santos, en su momento, con el escándalo de los falsos positivos. Ejemplos sobran en este gobierno y en los precedentes, pero queda claro que en Colombia, tristemente, no tiene una democracia decente.

Lo corrobora la actitud pusilánime del ministro Juan Carlos Pinzón ante el escándalo de las Fuerzas Militares y, cómo no, la cobardía cómplice de Santos para tomar decisiones al respecto. Lo que se ha venido revelando en los últimos días no es nuevo, aunque no por ello, menos grave.

El escándalo de “Andrómeda” alertó sobre una desconexión clara entre el presidente y la cúpula militar. Especulación al margen, advirtió sobre las grandes trabas que tiene que enfrentar la paz en Colombia. Luego, el escándalo por “contratación irregular” o lo que se conoce en castizo como corrupción en la adjudicación de más de 900 contratos, supuso apenas la salida de seis generales del Ejército. A todo ello se sumó, en menos de un mes, el testimonio del capitán Pinzón en “Las 2 Orillas” sobre falsos positivos y otras “perlas” de altos mandos militares.

En cualquier democracia decente, Pinzón habría renunciado, pero no es este el caso. Santos está metido en una camisa de once varas y no sabe qué hacer, no con Pinzón, sino con todo lo que éste representa, es decir, el sector más guerrerista que, aunque se piense, no solo está en el uribismo, sino incluso también dentro del mismo santismo.

Es claro que Santos ha intentado desligarse, precisamente, de ese sector más guerrerista de su clase, es decir, consciente de su imposibilidad de ganar la guerra, ha intentado llevar a buen término la necesidad del capital financiero por colonizar territorios estratégicos hoy inaccesibles debido a la dinámica de la confrontación bélica; pero también es claro que sigue indisolublemente atado a los intereses de los perdedores de esta guerra de 50 años, esos mismos que hoy lo chuzan y con quienes ha compartido cocteles, copas y falsos positivos. Por ahí se puede explicar, no solo la continuidad de Pinzón, sino también ese guiño que representa la elección de Vargas Lleras como fórmula vicepresidencial.

Así, en 2010 Santos necesitaba desmarcarse de la ultraderecha que le dio su voto de confianza, nombrando al otrora sindicalista Angelino Garzón, quien aunque ya distante de la izquierda, trató de significar un mensaje conciliador. Ahora, con la ultraderecha chuzándolo a él y a sus delegados en La Habana, no le queda de otra que enviarle mensajes y hacerle guiños. Para eso están Pinzón y Vargas Lleras.

Por ahora, las Fuerzas Militares serán su nuevo dolor de cabeza y allí deberá tratar de ganar mayor incidencia, para evitar, al menos, que lo chucen. Sin embargo, el ministro de los falsos positivos poco o nada puede hacer para fungir como autoridad moral en medio de este escándalo y su única posibilidad es poner pañitos de agua tibia ante los escándalos que apenas se le tapan con los titulares sobre Venezuela.

De fondo allí, hay una discusión sobre la doctrina militar, que será central para medir los avances reales del proceso de paz. Por lo pronto, seguirán las chuzadas, los falsos positivos, la “contratación irregular” y Santos, en sus encrucijadas, se seguirá lavando las manos. ¿Y Pinzón? ¿Bien gracias? No: ¡Qué renuncie!

author by Joaquín Gómez - FARC-EPpublication date Fri Feb 28, 2014 05:18author address author phone Report this post to the editors

Invitamos a todos los amantes de la paz a expresar su respaldo a las conversaciones de La Habana y exigir la depuración de las Fuerzas Armadas.

Suele decirse que las fuerzas armadas oficiales son en Colombia un verdadero poder detrás del trono, lo cual confirma la reciente publicación de la revista Semana, en la quedenuncia una tenebrosa organización de inteligencia dirigida por el Ejército, de la que hacen parte militares activos y retirados, políticos de ultraderecha, miembros de la CIA y civiles especializados en informática reclutados como “gancho ciego”. La misión exclusiva de esta organización consiste en espiar a todos los niveles y en todas las formas, no solamente a los que hacen parte de la oposición, como era de esperarse, sino también a los representantes del gobierno en las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, dando la impresión de ser una organización supra estatal.

Surge el siguiente interrogante: ¿por qué espían las conversaciones de los representantes del gobierno en La Habana? Y la respuesta lógica es: los espían porque no les tienen confianza, y menos aún al señor Presidente de la República, quien se encarga de orientarlos. A la luz de la primera, surge una segunda pregunta:Si el señor Presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y esa central de inteligencia del Ejército debe estar subordinada a él, y no lo está, porque lo está espiando, ¿significa que al interior de la institución armada hay un sector del Ejército que no comparte la política de paz de Juan Manuel Santos? Es necesario conocer cuál es ese sector, y qué grado de relación tiene con la ultraderecha del ex Presidente Uribe; porque no es un secreto que los más fervientes seguidores de Uribe están en los cuarteles, lo que es entendible, ya que más que seguidores, son sus cómplices, unidos por un irrompible cordón umbilical de matanzas, paramilitarismo y narcotráfico.

Son estos los sectores que más miedo le tienen a la paz con justicia social y soberanía. La ven “como el diablo a la cruz”, porque temen perder sus privilegios de clase y sus bienes mal habidos, conseguidos por medio del terrorismo estatal: crímenes, motosierras, extorsiones, torturas, desapariciones y narcotráfico. Es que una de las exigencias de las FARC en la Mesa es que deben operarse cambios estructurales en el Estado,incluido el corrupto aparato militar, al igual que cambiar de raíz las formas fraudulentas y criminales de hacer política.

La gente en la calle se formula la misma pregunta, ¿dónde estaba el señor ministro Juan Carlos Pinzón que no se había dado cuenta del funcionamiento de esta funesta central de Inteligencia, cuando hace más de un año venía funcionando? Si no lo sabía, debe renunciar por su monumental ineptitud, al desconocer qué es lo que hacen sus subordinados; y si lo sabía, deberá renunciar mucho más rápido por su deslealtad con el señor Presidente, con el país, y con el sector de militares que honestamente quieren la paz. Está a ojos vista que la única habilidad del señor ministro lenguaraz es para despotricar contra la insurgencia y atacar las conversaciones de La Habana, dando la real impresión de ser un ministro de Uribe y opositor a Santos.

El país nacional necesita que el señor Presidente diga públicamente si él conocía de la existencia y actividad de esta funesta organización, o si lo ignoraba; que diga si fue que el ministro de defensa lo engañó, haciéndole ver que las FARC preparaban un magnicidio; porque para nosotros, más que extrañas, fueron incomprensibles las palabras de Santos en Madrid (España), cuando dijo que era posible que las FARC cometieran un magnicidio, y que si eso se llegaba a dar, enseguida se rompían las conversaciones; o si por el contrario, Juan Manuel Santos está al tanto de todo, y tiene pensado apenas sea reelegido, cometer el magnicidio por medio de esta organización, para culpar de su autoría a las FARC y dar así por terminada de manera abrupta las conversaciones de paz.

Lo que se está dando con las chuzadas era previsible como resultado del pésimo manejo que Santos le dio a la liquidación del DAS, al no llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Tal vez no lo hizo por temor a pisar callos o por pura conveniencia personal; lo cierto fue que solamente le cambió de nombre y le creó todas las condiciones para que se metamorfoseara sin perder su esencia. Y ahí lo tenemos, apareció ahora en el Ejército. De seguro que algunos de los protagonistas materiales son los mismos que antes trabajaron en el DAS; y los beneficiarios de las chuzadas también deben ser los mismos que antes se beneficiaban con las chuzadas del extinto DAS.

Por otra parte, que no se haga el amnésicoel presidente Santos, pidiendo llevar la investigación hasta dar con las “fuerzas oscuras”. Él más que nadie conoce bien esas fuerzas oscuras y sabe de lo que son capaces, porque él mismo, cuando fue ministro de defensa, hizo parte de ellas; y fueron esas mismas fuerzas oscuras las que lo candidatizaron y apoyaron para la Presidencia, con el programa de gobierno de ellos, y son precisamente estas fuerzas, a las que Santos llama oscuras, las que hoy lo tildan a él de traidor. Santos bien puede decir, para referirse a estas fuerzas, lo mismo que dijo José Martí al referirse a los Estados Unidos de América: ” Viví en el monstruo y conozco sus entrañas”.

Queremos manifestarle a Colombia y al mundo entero, que pese a estos gravísimos hechos atentatorios contra las conversaciones de La Habana, las FARC no se levantarán de la Mesa, porque es eso precisamente lo que buscan los chuzadores, enemigos convencidos de la paz.Quizás sí sea necesario hacer una pausa en las conversaciones; abrir un compás de espera, que permita que el país nacional digiera la gravedad de lo que está pasando y dé tiempo al Presidente Santos para esclarecer los hechos, determinando también el grado de culpabilidad de la CIA en los mismos.

Hacer caso omiso a este gravísimo episodio, y continuar en la Mesa como si nada hubiera pasado, es mostrar una vocación de mártir (de la que afortunadamente carecemos), al cerrar los ojos para no ver la profundidad mortal del abismo al cual nos conducen, bajo una infinidad de promesas esperanzadoras. Los integrantes de esta oscura organización son los mismos que han segado la vida a tantas y tantos líderes de izquierda, sociales, populares, sindicalistas, demócratas, en fin; y son también los mismos que están asesinando a los reclamantes de tierras; los mismos que en el 2013 asesinaron a 31 integrantes de Marcha Patriótica, y si le sumamos los líderes sociales, populares y sindicalistas, la cifra de muerte asciende a 65. Son los mismos que de nuevo amenazan de muerte a los sobrevivientes de la UP y a todos los candidatos de izquierda y demócratas en campaña para las elecciones de marzo próximo; y serán los mismos que nos asesinarán a nosotros, los dirigentes de las FARC-EP, apenas nos reintegremos a la vida civil.

Decimos al unísono con el pueblo colombiano que la única forma de conquistar una paz estable y duradera, y evitar que esto se vuelva a repetir, es depurando las Fuerzas Armadas y estableciendo el grado de simbiosis existente entre estas fuerzas y la ultra derecha colombiana, a la cabeza de la cual está el narcoparapolítico Álvaro Uribe Vélez, quien en vez de estar haciendo política para ser elegido al Senado, hace años que debiera estar en la cárcel pagando por todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia por el paramilitarismo, cuyo máximo jefe es él.

Invitamos a todas las organizaciones sociales, populares y a todos los amantes de la paz con justicia social, a una gran movilización para expresar su respaldo a las conversaciones de paz en La Habana y para exigir la depuración de las Fuerzas Armadas, así como que este caso sea investigado por la Justicia Penal Ordinaria, porque mientras a esta Hidra no se le mochen las 7 cabezas de un solo tajo, le volverán a crecer a la sombra de la impunidad de los cuarteles, haciendo imposible cualquier intento de paz en nuestra martirizada Colombia.

Montañas de Colombia, febrero de 2014.

author by Joaquín Gómez - FARC-EPpublication date Fri Feb 28, 2014 05:18author address author phone Report this post to the editors

Invitamos a todos los amantes de la paz a expresar su respaldo a las conversaciones de La Habana y exigir la depuración de las Fuerzas Armadas.

Suele decirse que las fuerzas armadas oficiales son en Colombia un verdadero poder detrás del trono, lo cual confirma la reciente publicación de la revista Semana, en la quedenuncia una tenebrosa organización de inteligencia dirigida por el Ejército, de la que hacen parte militares activos y retirados, políticos de ultraderecha, miembros de la CIA y civiles especializados en informática reclutados como “gancho ciego”. La misión exclusiva de esta organización consiste en espiar a todos los niveles y en todas las formas, no solamente a los que hacen parte de la oposición, como era de esperarse, sino también a los representantes del gobierno en las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, dando la impresión de ser una organización supra estatal.

Surge el siguiente interrogante: ¿por qué espían las conversaciones de los representantes del gobierno en La Habana? Y la respuesta lógica es: los espían porque no les tienen confianza, y menos aún al señor Presidente de la República, quien se encarga de orientarlos. A la luz de la primera, surge una segunda pregunta:Si el señor Presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y esa central de inteligencia del Ejército debe estar subordinada a él, y no lo está, porque lo está espiando, ¿significa que al interior de la institución armada hay un sector del Ejército que no comparte la política de paz de Juan Manuel Santos? Es necesario conocer cuál es ese sector, y qué grado de relación tiene con la ultraderecha del ex Presidente Uribe; porque no es un secreto que los más fervientes seguidores de Uribe están en los cuarteles, lo que es entendible, ya que más que seguidores, son sus cómplices, unidos por un irrompible cordón umbilical de matanzas, paramilitarismo y narcotráfico.

Son estos los sectores que más miedo le tienen a la paz con justicia social y soberanía. La ven “como el diablo a la cruz”, porque temen perder sus privilegios de clase y sus bienes mal habidos, conseguidos por medio del terrorismo estatal: crímenes, motosierras, extorsiones, torturas, desapariciones y narcotráfico. Es que una de las exigencias de las FARC en la Mesa es que deben operarse cambios estructurales en el Estado,incluido el corrupto aparato militar, al igual que cambiar de raíz las formas fraudulentas y criminales de hacer política.

La gente en la calle se formula la misma pregunta, ¿dónde estaba el señor ministro Juan Carlos Pinzón que no se había dado cuenta del funcionamiento de esta funesta central de Inteligencia, cuando hace más de un año venía funcionando? Si no lo sabía, debe renunciar por su monumental ineptitud, al desconocer qué es lo que hacen sus subordinados; y si lo sabía, deberá renunciar mucho más rápido por su deslealtad con el señor Presidente, con el país, y con el sector de militares que honestamente quieren la paz. Está a ojos vista que la única habilidad del señor ministro lenguaraz es para despotricar contra la insurgencia y atacar las conversaciones de La Habana, dando la real impresión de ser un ministro de Uribe y opositor a Santos.

El país nacional necesita que el señor Presidente diga públicamente si él conocía de la existencia y actividad de esta funesta organización, o si lo ignoraba; que diga si fue que el ministro de defensa lo engañó, haciéndole ver que las FARC preparaban un magnicidio; porque para nosotros, más que extrañas, fueron incomprensibles las palabras de Santos en Madrid (España), cuando dijo que era posible que las FARC cometieran un magnicidio, y que si eso se llegaba a dar, enseguida se rompían las conversaciones; o si por el contrario, Juan Manuel Santos está al tanto de todo, y tiene pensado apenas sea reelegido, cometer el magnicidio por medio de esta organización, para culpar de su autoría a las FARC y dar así por terminada de manera abrupta las conversaciones de paz.

Lo que se está dando con las chuzadas era previsible como resultado del pésimo manejo que Santos le dio a la liquidación del DAS, al no llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Tal vez no lo hizo por temor a pisar callos o por pura conveniencia personal; lo cierto fue que solamente le cambió de nombre y le creó todas las condiciones para que se metamorfoseara sin perder su esencia. Y ahí lo tenemos, apareció ahora en el Ejército. De seguro que algunos de los protagonistas materiales son los mismos que antes trabajaron en el DAS; y los beneficiarios de las chuzadas también deben ser los mismos que antes se beneficiaban con las chuzadas del extinto DAS.

Por otra parte, que no se haga el amnésicoel presidente Santos, pidiendo llevar la investigación hasta dar con las “fuerzas oscuras”. Él más que nadie conoce bien esas fuerzas oscuras y sabe de lo que son capaces, porque él mismo, cuando fue ministro de defensa, hizo parte de ellas; y fueron esas mismas fuerzas oscuras las que lo candidatizaron y apoyaron para la Presidencia, con el programa de gobierno de ellos, y son precisamente estas fuerzas, a las que Santos llama oscuras, las que hoy lo tildan a él de traidor. Santos bien puede decir, para referirse a estas fuerzas, lo mismo que dijo José Martí al referirse a los Estados Unidos de América: ” Viví en el monstruo y conozco sus entrañas”.

Queremos manifestarle a Colombia y al mundo entero, que pese a estos gravísimos hechos atentatorios contra las conversaciones de La Habana, las FARC no se levantarán de la Mesa, porque es eso precisamente lo que buscan los chuzadores, enemigos convencidos de la paz.Quizás sí sea necesario hacer una pausa en las conversaciones; abrir un compás de espera, que permita que el país nacional digiera la gravedad de lo que está pasando y dé tiempo al Presidente Santos para esclarecer los hechos, determinando también el grado de culpabilidad de la CIA en los mismos.

Hacer caso omiso a este gravísimo episodio, y continuar en la Mesa como si nada hubiera pasado, es mostrar una vocación de mártir (de la que afortunadamente carecemos), al cerrar los ojos para no ver la profundidad mortal del abismo al cual nos conducen, bajo una infinidad de promesas esperanzadoras. Los integrantes de esta oscura organización son los mismos que han segado la vida a tantas y tantos líderes de izquierda, sociales, populares, sindicalistas, demócratas, en fin; y son también los mismos que están asesinando a los reclamantes de tierras; los mismos que en el 2013 asesinaron a 31 integrantes de Marcha Patriótica, y si le sumamos los líderes sociales, populares y sindicalistas, la cifra de muerte asciende a 65. Son los mismos que de nuevo amenazan de muerte a los sobrevivientes de la UP y a todos los candidatos de izquierda y demócratas en campaña para las elecciones de marzo próximo; y serán los mismos que nos asesinarán a nosotros, los dirigentes de las FARC-EP, apenas nos reintegremos a la vida civil.

Decimos al unísono con el pueblo colombiano que la única forma de conquistar una paz estable y duradera, y evitar que esto se vuelva a repetir, es depurando las Fuerzas Armadas y estableciendo el grado de simbiosis existente entre estas fuerzas y la ultra derecha colombiana, a la cabeza de la cual está el narcoparapolítico Álvaro Uribe Vélez, quien en vez de estar haciendo política para ser elegido al Senado, hace años que debiera estar en la cárcel pagando por todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia por el paramilitarismo, cuyo máximo jefe es él.

Invitamos a todas las organizaciones sociales, populares y a todos los amantes de la paz con justicia social, a una gran movilización para expresar su respaldo a las conversaciones de paz en La Habana y para exigir la depuración de las Fuerzas Armadas, así como que este caso sea investigado por la Justicia Penal Ordinaria, porque mientras a esta Hidra no se le mochen las 7 cabezas de un solo tajo, le volverán a crecer a la sombra de la impunidad de los cuarteles, haciendo imposible cualquier intento de paz en nuestra martirizada Colombia.

Montañas de Colombia, febrero de 2014.

author by María Jimena Duzánpublication date Wed Mar 05, 2014 19:36author address author phone Report this post to the editors

Si la extensa entrevista que el general Zuluaga dio en La W, tenía por objeto apagar el incendio que produjo la denuncia hecha por SEMANA de que se utilizó la plataforma Andrómeda para interceptar los datos de los negociadores de paz y del propio presidente Santos, la estrategia les falló.

El general, exjefe de la Inteligencia Técnica, fue contradictorio, impreciso y amañó la verdad. (Escuchar la entrevista). Primero, causó sorpresa al decir que tuvo un papel protagónico en la Operación Jaque. ( 1:11 ). Según mis fuentes, su participación no solo fue tangencial sino que se opuso al ascenso de por lo menos dos coroneles con las más altas credenciales de inteligencia, que sí tuvieron un papel protagónico.

Esta columna pudo establecer que el argumento que utilizó el general para sacarlos del Ejército fue el de que pertenecían a la cuerda de Sergio Jaramillo, actual alto consejero para la Paz, a quien muchos generales consideran un traidor por haber sido el que destapó los falsos positivos cuando ocupaba el cargo de viceministro de Defensa del entonces ministro Juan Manuel Santos. No sobra recordar que los correos de Jaramillo han sido unos de los blancos ilegales de Andrómeda denunciados por SEMANA. Lo que no nos contó el general fue que su carrera en Inteligencia la inició en la desactivada y cuestionada Brigada 20 al lado del general Iván Ramírez, quien acaba de ser absuelto en primera instancia por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

Pero más allá de estas mentirillas que no lo dejan muy bien parado entre los suyos, están sus contradicciones y sus intentos por maquillar lo que verdaderamente sucedió en Andrómeda. El general afirma que el objetivo de esa fachada era simplemente establecer nexos con la comunidad de los hackers, que no reclutaban gente y que no hubo nada ilegal porque lo que hacían era un 'hackeo ético', aunque hace la salvedad de que él no puede responder por todos los hackers que entraban al café internet (16:21 ).

En la Fiscalía reposan pruebas de pagos a hackers que demuestran que sí hubo reclutamiento. Pero además, como lo denunció SEMANA, en los dispositivos encontrados por la Fiscalía en el allanamiento, se descubrió una lista de más de 1.000 correos detectados como blancos para ser hackeados y en este momento la Fiscalía está mirando cuántos de ellos pudieron ser infectados. Lo que ha llamado la atención de los investigadores es que no se ha encontrado ninguna orden judicial. Sorprende eso sí que el general se cure en salud e insinúe que si hubo algo ilegal, fue a sus espaldas y señale como eventuales responsables a unos hackers descarriados.

También miente cuando dice que no se destruyó ningún material, antes del allanamiento de la Fiscalía. El ente investigador tiene evidencia de que por lo menos un disco duro está golpeado y ese material reposa como evidencia en el CTI. ¿Si no había nada ilegal por qué se procedió a la destrucción del material? En el tema de los equipos para interceptar datos y voces también se contradice. Primero dijo que el Citec no tenía equipos para interceptar los correos de nadie, (9:35), y que tampoco tenía equipos para interceptar llamadas telefónicas (21:50).

Sin embargo, en esa misma frase acepta que “sí tenemos radios para barridos de escucha que están en estaciones de unidades militares”. ¿Al fin qué, general? Lo cierto es que desde junio de 2012, fecha en que según el general se inició Andrómeda, información privilegiada sobre el proceso de paz le llegó al uribismo, al punto de que reveló la firma del acuerdo que dio inicio a los diálogos en La Habana antes de que lo hiciera el presidente. Y el correo interceptado de Santos publicado en los medios es de diciembre de ese mismo año.

La revelación más importante de la entrevista es la de que el ministro Pinzón sí sabía de la plataforma Andrómeda. Si eso es cierto, el ministro le mintió al país cuando dijo que supo del tema por la publicación de SEMANA. Y si en realidad no sabía lo que sucedía en esa fachada, también queda muy mal parqueado. Pero tal vez la confesión más reveladora que hizo el general es la de que tiene copia de lo que se hizo en esa fachada. (42:55). ¿Por qué la tiene si esa es una evidencia que hoy forma parte de las pruebas que están bajo cadena de custodia de la Fiscalía? La revelación del general es más que preocupante porque hay copias de ese material vendiéndose por 50 millones de pesos en el mercado negro de la información en Bogotá. ¿De dónde habrán salido?

Mientras este general nos oculta la verdad, SEMANA ha sido ya objeto de interceptaciones –se descubrieron micrófonos ocultos– y el periodista que investigó los escándalos dentro del Ejército, ha sido ya víctima de un atentado del cual salió milagrosamente vivo. Atentado que se produjo dos meses después de que el reportero informó al comandante del Ejército general Sergio Mantilla, al general Guzmán y al general Reyes de las investigaciones que se venían adelantando. (Los tres generales aparecen mencionados en los audios publicados por los medios). Según las pesquisas de la Fiscalía, al periodista de SEMANA, sus victimarios querían secuestrarlo para desaparecerlo. Y mientras el general Zuluaga sale en La W con el propósito de ponerles una lápida a las investigaciones, la familia del reportero que investigó la denuncia no deja de recibir amenazas de muerte.

Related Link: http://www.semana.com/opinion/articulo/maria-jimena-duzan-hackeo-etico/379057-3
author by El Turbiónpublication date Tue Apr 22, 2014 23:04author address author phone Report this post to the editors

Los recientes escándalos que envuelven a la Fuerza Pública demuestran que los uniformados siguen eludiendo el control del poder civil, incluido el del propio Presidente de la República, que a su vez se desempeñó en el gobierno anterior como ministro de Defensa.

La historia, ya conocida por el país, comenzó con la filtración –al parecer originada en el Ejecutivo– a la revista Semana sobre las operaciones de espionaje ilegal realizadas por el Ejército en la llamada ‘operación Andrómeda’, que dejó como víctimas de las interceptaciones hasta a los delegados del gobierno en la mesa de negociaciones de La Habana.

No pasó mucho tiempo antes de una segunda filtración sobre dicha operación –esta vez, según algunas fuentes, originada en el Ejército–, donde se dio a conocer que varios periodistas nacionales y extranjeros, incluido uno de los integrantes de El Turbión, habían sido interceptados, al igual que 40 alcaldes de Norte de Santander.

Los militares y el propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, justificaron la operación de espionaje dotándola de un acomodado ropaje legal, diciendo que no estaban chuzando a la delegación del gobierno sino a la de las FARC-EP y dejaron insinuado que los civiles sólo habían sufrido una especie de ‘daño colateral’ en la lucha contra un enemigo mayor. Sus explicaciones, sin embargo, no responden por qué las chuzadas estaban dirigidas a civiles, contra cuánta gente más se estaban realizando, ni qué propósito real tenían.

Ahora, a la operación Andrómeda se suma un gigantesco escándalo de corrupción en la Fuerza Pública, que ha costado la cabeza a seis generales del Ejército y dos de la Policía, uno de ellos el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esta situación es muestra del nocivo alcance de los recursos del Plan Colombia –iniciativa estadounidense que ha entregado casi siete mil millones de dólares en ayuda militar al gobierno colombiano en casi quince años– y la enorme destinación de recursos del presupuesto nacional a la financiación del militarismo extremo que vive la sociedad colombiana.

Estas prioridades construidas sobre una concepción armada de la seguridad han llevado a convertir a las instituciones uniformadas en foco de todo tipo de irregularidades y en un mecanismo de ascenso social para quienes se benefician de apropiarse de los dineros del Estado mientras visten de verde.

¿Cuáles son los motivos de las interceptaciones? ¿Qué valor estratégico real tienen los chuzados? ¿Por qué interceptar a delegados del presidente y alcaldes? ¿Por qué el presidente se declaró indignado al principio y luego reculó cobardemente? ¿A quién le sirven todas estas filtraciones?

Las interceptaciones a periodistas muestran que en Colombia el derecho a la libre información no existe y, es más, que los periodistas saben que pueden estar siendo interceptados. Este operativo demuestra la intención de acabar con la prensa independiente en el país o de hacerla dócil según los intereses de los sectores que controlan el poder.

El Turbión no toma las interceptaciones banalmente. Si bien era previsible que algún órgano de inteligencia del Estado estuviera interesado en interceptar comunicaciones de integrantes de las FARC-EP con periodistas, otra cosa es naturalizar y legitimar estos actos de espionaje cuando se realizan contra civiles. Este tipo de prácticas pone en riesgo la vida de los periodistas y de sus fuentes, además de generar zozobra entre los periodistas chuzados, sus familias y sus compañeros de trabajo.

Además, resulta preocupante comprobar la persistencia de prácticas no tan lejanas en el tiempo, cuyo ejemplo son las interceptaciones contra periodistas desde el extinto DAS, que sirvieron para intimidar y amenazar a Claudia Julieta Duque, Hollman Morris, entre otros.

En este escenario se dieron casos de torturas psicológicas mediante amenazas que involucraban a familiares, todo con el objeto de intimidar y disuadir a los comunicadores para que abandonaran sus investigaciones y vida periodística. Por esto, es necesario que se sepa hasta qué punto se está espiando a los periodistas y cómo se está usando la información recopilada por los órganos de inteligencia.

Pero, si bien es grave que los periodistas sean interceptados, lo más sorprendente son las reveleciones según las cuales el propio presidente Santos y sus delegados en La Habana también se encuentren entre los objetivos de esta violación a las comunicaciones privadas..

Esto demuestra que el Ejército desconfía del presidente, de otra manera no se entiende por qué chuzan a sus delegados. ¿Qué necesitan saber los militares que no puedan preguntar directamente a Santos? ¿A qué le temen? ¿Qué quieren controlar al tener esa información? ¿Qué información obtuvo el Ejército y como la usó? ¿Con quiénes la ha compartido? ¿Qué políticos están vinculados? ¿Quién está fomentando o resulta beneficiado con la división al interior del estamento castrense?

No se puede olvidar la afinidad que existe entre ciertos altos mandos de la institución castrense y el proyecto guerrerista y fascista del expresidente y actual senador electo Álvaro Uribe Vélez. Así se demostró en el caso de la filtración de las coordenadas en las que un jefe guerrillero sería recogido para transportarlo a La Habana.

Estas chuzadas, en las que además se contrató a exmilitares para la operación, preocupan no sólo porque demuestran hasta qué punto las Fuerzas Militares pueden funcionar como una rueda suelta dentro del andamiaje del Estado sino también porque sus enormes recursos son usados con gran autonomía como arma política dentro de la lucha por el poder entre los sectores de las clases dominantes que encabezan Santos y Uribe, asunto que hoy determina la vida política del país.

Si bien la remoción de seis generales de la cúpula militar y dos de la Policía, después de las convenientes filtraciones a la prensa sobre la ‘operación Andrómeda’ y el escándalo de corrupción protagonizado por el coronel Róbinson González del Río –sobrino del general Rito Alejo Del Río–, puede favorecer la imagen de Santos, también está demostrado que el mandatario necesita tomar las riendas de un Ejército que goza de excesiva autonomía, actúa al antojo de su alto mando y es proclive a las ideas guerreristas de Uribe.

Santos sabe que necesita de una Fuerza Publica alineada al proceso de paz y puede haberse fabricado todo este escándalo para justificar cambios a su conveniencia como medida de control de las FFMM y reducir al mínimo el ruido de sables.

Sin embargo, en el cálculo político presidencial no está el riesgo que implica el paso más importante para disminuir el poder de los uniformados: la depuración de la Fuerza Pública.

Dicho proceso requiere de la destitución y juzgamiento penal, sin obstáculos, de todos los implicados en crímenes de Estado, así como el conocimiento público de las verdaderas relaciones de militares y policías con el paramilitarismo y los contubernios entre éstos y las empresas transnacionales. Estas macabras alianzas siguen ocasionando asesinatos de sindicalistas y líderes sociales, desplazamientos forzados, torturas, desapariciones forzadas, tráfico de armas y drogas, entre otros delitos.

A lo anterior debe agregarse la necesaria salida del Ejecutivo de los máximos responsables políticos por estos hechos, incluido el ministro de Defensa.

Garantizar el sometimiento de los militares al poder civil es fundamental para introducir un mínimo de democracia al deteriorado sistema colombiano. Este es un llamado que toda la sociedad debe hacer a Juan Manuel Santos, si en verdad el ahora candidato y presidente quiere ser consecuente con su discurso de modernizar el país y no sucumbir a las inclinaciones autoritarias que lo acercaron en su momento a Uribe.

Para ello es necesario, también, cumplir con otra condición. Es fundamental el respeto del Estado a la libertad de expresión y al derecho de los periodistas a informar sobre los asuntos que conciernen a todos los ciudadanos, uno de ellos los diálogos de paz entre el gobierno y las guerrillas.

Por lo tanto, es inaceptable la agresión que hoy sufre El Turbión y el espionaje a los periodistas. El pueblo colombiano debe movilizarse, junto con las organizaciones defensoras de derechos humanos y al movimiento social en general, para rechazar el espionaje a civiles y la persecución al pensamiento crítico y defender el derecho a la privacidad y las libertades políticas fundamentales.

Sólo así será posible acercanos al sueño de un país distinto, en el que el autoritarismo y el fascismo no sigan deteriorando la poca democracia de la que gozamos.

author by Semanapublication date Fri May 09, 2014 18:18author address author phone Report this post to the editors

"Estoy en algo grande, muy grande que va a reventar en 15 días y cuando pase, nos le tiramos la reelección a Santos”, les dijo Andrés Fernando Sepúlveda a un par de amigos hace unos días. Estos lo escuchaban con atención porque, además de hablar con gran convicción, siempre relataba historias interesantes, sobre la guerra y la paz del país.

“Es una persona inteligente, preparada. Con un discurso muy bien articulado. Por eso, le prestaba atención”, dice una joven que lo conoció y que aceptó conversar con Semana.com con la condición de mantener el anonimato. Este portal confirmó su identidad y confirmó que en efecto conociera a Sepúlveda.

Según sus propios relatos, a él le encantaba la milicia, las armas, la guerra y la posibilidad de derrotar a las FARC no sólo militarmente sino también a sus “cómplices que actúan en el campo y en las ciudades sin uniforme”.

Por eso, según las versiones contadas por Sepúlveda, él recibía instrucción en inteligencia y en el manejo de armas. “He viajado en varias ocasiones fuera del país para tomar cursos”. ¿Quién le paga eso?, se le preguntaba. “Los militares”, contestaba sin precisar qué unidad o por instrucciones de quién.

En la vida personal, es un hombre de reacciones violentas y de frecuentes comentarios machistas. “Alardeaba de las mujeres que contrataba”, eso me incomodaba, relata la fuente. “Por lo que contaba me parecía que en ocasiones era realmente muy violento”, agrega. “No hay nada peor que emborracharte y despertarte con alguien que no sabes ni su nombre, ni cómo la conociste, ni por qué está muerta”, escribió en alguna ocasión en su cuenta de Twitter.

En el ámbito político reivindicaba la ideología de extrema derecha y se molestaba mucho cuando se le discutía si no era hora de buscar una salida negociada con las FARC. “La guerra es la manera más romántica de solucionar nuestros problemas”, escribió el mismo en la red social.

Se ufanaba de haber infiltrado la protesta campesina que se realizó el año pasado. Contó que lo había hecho de dos maneras. Una, yendo hasta el propio lugar para establecer la identidad de los líderes del movimiento agrario, y dos, interceptando los correos electrónicos para establecer quién actuaba a favor de la protesta por una reivindicación del sector rural o quién por instrucciones de las FARC.

Hace unos meses contó que había entrado a trabajar con la campaña de Óscar Iván Zuluaga y que se sentía a gusto allí porque esta defendía los ideales de Álvaro Uribe. Aunque, precisó, según su testimonio, que su trabajo más importante era con los militares.

De unos meses para acá se mostraba muy satisfecho porque las cosas le estaban saliendo “muy bien”. “Vamos a ganarle a Santos”, pronosticó. “Nos disfrazaron la entrega al Castro-chavismo en un proceso de paz. ¿Hasta cuándo le vamos a seguir la cuerda a Santos y sus camaradas?”, preguntó públicamente en su perfil de Twitter, ahora suspendido.

Era tal su convicción de la derrota de Santos, que llegó a decir que ya había pensado que después del triunfo de Zuluaga él se iba a ir del país. “Ya habré hecho mucha plata y no me voy a quedar aquí porque la cosa se va a poner muy fea”, sentenció.

¿Hasta dónde estaba alardeando de unas acciones que realmente no ejercía? ¿Realmente trabajaba para inteligencia militar, o sencillamente quería mostrarse fuerte en algo que él no hacía?

Su papá, Moisés Sepúlveda, dice que su hijo Andrés “sería incapaz de cometer un delito porque es una persona de buen nombre”. Aunque, eso sí, aceptó que su hijo “ha colaborado con diferentes organismos del Estado para combatir la delincuencia”. Dijo desconocer si trabajaba para las Fuerzas Militares. “Si uno combate a la delincuencia, no puede ser un delincuente”, añadió.

“Con toda la seguridad le puedo decir que no ha incurrido en ninguna conducta irregular ni ahora ni en sus 31 años de vida. No ha comprado ni vendido información”, dice el papá.

Y Luis Alfonso Hoyos, director general de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, cuando lo llevó al canal RCN y ocultó su identidad dijo que lo hacía por razones de su trabajo: “Luis Alfonso Hoyos me llamó por teléfono y me dijo que tenía información relevante sobre la campaña. Le di una cita y llegó acompañado de un personaje, del que no me dieron su nombre, sino, por razones de seguridad, un alias de inteligencia. Dijeron que era experto en inteligencia para el Gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos internacionales”, recordó Rodrigo Pardo, director del informativo.

Estas preguntas son las que están tratando de establecer con él mismo en la Fiscalía. Por ahora, para el ente acusador, desde la oficina que tenía Sepúlveda en el norte de Bogotá aparentemente se estaban interceptando de manera ilegal las comunicaciones sobre el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en Cuba. “La finalidad era sabotear, intervenir y afectar el proceso de paz y atentar contra la seguridad nacional”, ha reiterado el fiscal Eduardo Montealegre.

¿Cómo? Según Montealegre, desde el centro clandestino se habrían espiado las cuentas de correo electrónico del jefe de prensa de las FARC en La Habana, un correo institucional del Gobierno y el de dos periodistas cubanos que cubren los diálogos. ¿Para quién más trabajaba Sepúlveda? El país está a la espera de esa respuesta.

Related Link: http://www.semana.com/nacion/articulo/andres-fernando-sepulveda-su-trabajo-como-hacker/386311-3
author by Semanapublication date Fri May 09, 2014 18:20author address author phone Report this post to the editors

Andrés Fernando Sepúlveda sorprendía de vez en cuando a sus seguidores de Twitter con sus confesiones de que tenía ganas de matar a alguien. Ahora acaba de sacudir al país por su protagonismo en el caso de una sede de espionaje ilegal allanada por la Fiscalía.

Según el ente investigador, desde allí, este hombre chuzaba ilegalmente los correos de personas vinculadas al proceso de paz entre el Gobierno y las FARC en La Habana, Cuba.

La sorpresa es mayúscula al trascender la información de que Sepúlveda trabajaba en la campaña del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, en redes sociales y en protección cibernética. La relación laboral fue aceptada por el propio aspirante a la Presidencia, quien se mostró tajante en que no sabía de sus actividades delictivas.

¿Quién es él?

Sepúlveda es un ingeniero que desde una oficina de un edificio de la calle 93B con 17 en el norte de Bogotá, manipulaba ilícitamente correos electrónicos cuya finalidad era "interferir" y "afectar" el proceso de diálogo entre la administración Santos y la insurgencia, según versión del fiscal general, Luis Eduardo Montealegre.

Semana.com habló con personas que, de alguna manera, tuvieron contacto con este experto en informática. Sepúlveda decía en sus charlas privadas que tenía en su poder información sensible sobre las conversaciones de paz en La Habana que, de ser publicadas, podría “terminar con ese proceso”.

Según él la información que había recaudado, evidenciaba exactamente lo que se estaba negociando en la isla.

En esas charlas Sepúlveda aseguró que él era quien manejaba las cosas “que no se podían saber”. En otras palabras, decía ser uno de los que estaban a la sombra en un grupo político. “En una campaña están los que figuran y los que están detrás. Yo soy uno de los últimos”, comentaba.

El ingeniero explicaba que era capaz de investigar a un candidato, sus cuentas de correo y todo lo que escribiera en sus cuentas de WhatsApp o Blackberry. En fin, Sepúlveda indicaba que estaba capacitado para interceptar las cuentas de los políticos y podía utilizarlas en una eventual “campaña sucia”. Todo esto lo decía sin revelar para qué sector político trabajaba.

¿Para quién trabajaba?

Las personas a las que les dio estos testimonios y que hablaron con Semana.com reiteraron que jamás les dejó saber para cuál movimiento político prestaba sus servicios.

Esas prácticas que Sepúlveda confesaba en la sombra quedaron en evidencia con el allanamiento a su oficina. El propio fiscal general Montealegre fue quien despejó las dudas sobre este personaje y lo que ocurría en su lugar de trabajo. Aseguró que desde el segundo piso del edificio en el cual funcionaba Sepúlveda, interceptaron correos del jefe de prensa de las FARC, un correo institucional del Gobierno y dos periodistas cubanos que cubren el proceso.

“Queremos establecer quiénes eran los destinatarios de la información que aquí se lograba”, declaró el alto funcionario.

Pero pronto se supo que Sepúlveda había trabajado para el Partido de la U y actualmente para la campaña del Centro Democrático. Resultó ser esposo de la comunicadora y actriz Lina Luna Rodríguez, quien desde enero trabaja para Óscar Iván Zuluaga.

Semana.com indagó en la hoja de vida de ella y supo que trabaja en asesorías y estrategias. Entre el 2011 y el 2013, estuvo en la oficina del estratega venezolano J. J. Rendón y durante tres más, fue socia de la empresa Marketing & Management Consulting. También fue asesora en el Senado y directora del Encuentro Nacional de Líderes Universitarios durante dos años.

En la tarde de este martes el propio Centro Democrático expidió un comunicado en el cual confirmó que “desde el pasado mes de enero y antes de iniciarse la campaña presidencial recibimos asesoría de la actriz Lina Luna para la elaboración de mensajes concretos de campaña y para transmitir en lenguaje sencillo las propuestas programáticas. Luego, en el mes de febrero, Lina Luna ofreció un equipo de trabajo para apoyar la campaña en redes sociales y seguridad informática, liderado por su esposo, Andrés Sepúlveda; un equipo creativo y publicitario encabezado por su cuñado Luis Carlos Sepúlveda y un apoyo en coordinación de equipos regionales por Jorge Ardila, tío de su esposo y de su cuñado".

La campaña agrega que "durante estos tres meses este grupo familiar ha desarrollado las tareas convenidas a plena satisfacción de la campaña y sin ninguna queja de parte nuestra. Por lo tanto, manifestamos nuestra sorpresa mayúscula ante la posibilidad de que un acto ilegal se hubiera ejecutado en una de las oficinas desde donde prestaban sus servicios".

En la tarde de este martes, Sepúlveda enfrentaba un cúmulo de transgresiones a la ley. La Fiscalía puso sobre la mesa la imputación de los delitos que incluyen violación ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos y espionaje. Algunos datos de fuentes judiciales indicaban que Sepúlveda, al verse acosado por las pruebas, podría aceptar los cargos y negociar una eventual condena.

Una familia dolida

Los familiares de este ingeniero aparecieron en la noche de este martes. Su papá, Moisés Sepúlveda, llegó al complejo judicial de Paloquemao. Con la angustia natural de un padre cuyo hijo atraviesa por una difícil situación, aseguró que su hijo Andrés "sería incapaz de cometer un delito porque es una persona de buen nombre”.

El argumentó que su hijo "ha colaborado con diferentes organismos del Estado para combatir la delincuencia”, pero dijo desconocer si ha trabajado para las Fuerzas Militares. “Si uno combate a la delincuencia, no puede ser un delincuente”, añadió.

“Con toda la seguridad le puedo decir que no ha incurrido en ninguna conducta irregular ni ahora ni en sus 31 años de vida. No ha comprado ni vendido información”, concluyó el padre de Sepúlveda.

La exigencia de Santos

Entretanto, el presidente Santos se mostró perplejo por las actividades que realizaba este hombre. "Me parece muy grave, muy grave que cualquier persona o cualquier organización esté deliberadamente tratando de sabotear el proceso de paz a través de interceptaciones ilegales”, aseveró.

Santos informó que le pedirá al fiscal Montealegre realizar las investigaciones necesarias para descubrir quiénes y con qué propósito tenían montada esa sala de interceptaciones ilegales.

“Eso me parece de inmensa gravedad y por eso le voy a pedir al señor fiscal que por favor llegue al fondo de este asunto. Este tipo de acciones ilegales no se puede permitir bajo ninguna circunstancia y vamos a ver quién está detrás de eso y por qué”.

Para el mandatario, “el país necesita saber quién está detrás de esta actuación ilegal y totalmente rechazable por el pueblo colombiano”.

author by Semanapublication date Thu Aug 14, 2014 02:04author address author phone Report this post to the editors

La Fiscalía capturó al patrullero de la Sijin de la Policía Ignacio David Parra Amín, dentro de la investigación que se adelanta por el caso del ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda.

El uniformado se convierte en el primer miembro de la fuerza pública que es aprehendido por el escándalo. Según el ente investigador, el policía aparece en unos videos junto con Sepúlveda, pruebas que están en manos de la Fiscalía.

Al ser requerido por las autoridades, Parra fue presentado por la propia institución para que responda por las acusaciones en su contra.

La captura del uniformado se habría derivado de las declaraciones que viene entregando Sepúlveda dentro del plan de colaboración que ya inició con la Fiscalía. El hacker habría dicho que él conocía al uniformado, que intercambiaban información y que incluso la llegaron a comercializar. El ente investigador conoce que el policía le vendió información al Sepúlveda.

El detenido en la tarde de este martes fue llevado al búnker de la Fiscalía en un vehículo del CTI. A su llegada no se dejó ver el rostro pues siempre lo tuvo cubierto con una capota de un saco que llevada puesta. Luego de ser reseñado será escuchado por los fiscales del caso. En las próximas horas será presentado ante un juez que de control de garantías para que le legalice su captura.

El patrullero será procesado por los delitos de espionaje, cohecho propio y violación de datos personales, cargos que le imputará la Fiscalía.

Al caso han sido vinculados varios miembros de la fuerza pública. Algunos ya han sido escuchados por la Fiscalía y se está a la espera que de que se resuelva si los llaman a imputación o si por el contrario no pasan de ser testigos.

Related Link: http://www.semana.com/nacion/articulo/capturan-policia-vinculado-con-el-hacker-sepulveda/398905-3
author by Miguel Ángel Herrera Zgaibpublication date Sun Aug 31, 2014 14:18author address author phone Report this post to the editors

“Se inventaron el hacker para tapar el dinero del narcotráfico a los asesores políticos de Santos y a su campaña.” Senador Álvaro Uribe Vélez, CD.

“Buscar la eliminación física y moral del oponente. Fue la estrategia paramilitar y sigue siendo la de la extrema derecha.” Gustavo Petro, MP.

No es más un solo decir, lo turbias que son las campañas políticas y las elecciones en Colombia. Los controles que la precaria democracia tiene, cuando sobrevive en los yermos campos de la violencia nacional, regados por una inaceptable desigualdad, se han puesto a prueba cuando el hacker Andrés Hernando Sepúlveda, vinculado con la central de contra-inteligencia “Andrómeda” se ha dispuesto a cantar ante los requerimientos de la Fiscalía de la nación.

Lo que ha dicho viene filtrándose por cuenta-gotas, primero, por la revista Semana, y luego, a través de las medidas declaraciones que Andrés, nuestro placebo de Edward Snowden, ha dado en los diversos medios hablados, han puesto en jaque el estilo de hacer política, tanto del Partido de la U como del Centro Democrático.

Las dos empresas político-financieras, encargadas de hacer posible el triunfo de cuatro campañas presidenciales, sin interrupción, continúan envenenadas por la corrupción y los agujeros negros en materia de ética pública, siempre tronchada por la disposición de ganar a toda costa.

Dimes y diretes

“No lo he visto en mi vida ni me he reunido con él…lo tienen con un libreto diciendo cosas que no son.” María Fernanda Cabal, representante por el CD.

“Que se investiguen las implicaciones penales y disciplinarias que dichas declaraciones pudieran tener respecto del procurador.” Alejandro Ordóñez.

“Es vergonzoso lamentable que un acusado se convierta en una fábrica de mentiras que se caen solas por absurdas e inconsistentes.” Luis Alfonso Hoyos, asesor espiritual de la campaña Zuluaga.

El joven Andrés Hernando Sepúlveda, aventajado discípulo del consultor y estratega electoral, el venezolano J. J. Rendón, al verse abandonado y en trance de convertirse en el blanco de largas penas, no pudo optar por la fuga de tres lugartenientes del ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quienes ramonean por el mundo.

Andrés, sujeto a la acción de la Fiscalía, después que se descubrió el escondite de contra-inteligencia inter-galáctico, destapó el pastel envenenado que intoxica a varias figuras del Centro Democrático, desde que Oscar Iván no pudo negar que lo contrató para monitorear las redes sociales; y “propagandizar” su aspiración presidencial. El encargo lo cumplió su hijo y su escudero espiritual, Luis Alfonso Hoyos, con quien hizo sus pinitos políticos en Pensilvania (Caldas).

Por ahora, los tocados por las denuncias y señalamientos son la representante María Fernanda Cabal, primera en la lista del Centro Democrático; la Procuraduría nacional, Oscar Iván Zuluaga y su hijo, Luis Alfonso Hoyos. Pero, Sepúlveda, el internauta, nada dijo todavía que toque al senador Álvaro Uribe Vélez.

La fuerza pública entra al baile

“David, mi defendido, tomó la decisión de colaborarle a la justicia.” Diego Fernando Tautiva, abogado del patrullero Parra Amín, ET, 29/08/14, p. 5.

A aquellas figuras del CD, y a sus aliados en el poder público, se añadió desde el 12 de agosto, el patrullero Ignacio David Parra Amín, a quien capturó el CTI, y se encuentra recluido en la cárcel de Facatativá. A él lo señalan como el policía que en compañía de otros dos, durante un almuerzo, vendió información contenida en un disco duro, por la que Sepúlveda pagó $ 1.2 millones.

En el disco duro hay una base de datos, que ya había anunciado Rafael Revert, otro de los asociados con Andrés, cuando declaró ante la Fiscalía colombiana. Parra se dice que trabajaba para la Sijín, pero también se dice desde el hallazgo de Andrómeda, que hay también militares en el negocio de trabajar con información secreta.

En el cuadrilátero de la política electoral envenenada, van y vienen las amenazas. El abogado del policía, el doctor Tautiva denuncia: “Al parecer, esa información afecta a otras personas que ahora intentaron atentar contra mí,…” El ratificado ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, tan ponderado por el presidente reelecto, no pudo más que anunciar una comisión mixta para entrevistar al cautivo Andrés Sepúlveda, durante esta semana caliente.

Controles y descontroles en el Congreso

“Una guerra sucia, una operación criminal muy preocupante para la paz,” Juan Fernando Cristo, mininterior, ET, 27/08/14, p. 5.

“No hagamos debates sobre transparencia y garantías cuando se utilizan medios que usted usó durante su gobierno, senador Uribe.” Iván Cepeda, senador del PDA, ET, 27/08/14, 5.

El martes 26 de agosto, el CD había preparado un debate de control político para denunciar y descubrir el fraude en la pasada elección presidencial. Paloma Valencia, de ancestro caucano y conservadora, inició la función de las acusaciones en nombre del uribismo.

En el trascurso de la sesión, donde los ánimos se soliviantaron, pronto aparecieron cartelitos portados por toda la bancada del senado, con la leyenda “Soy opositor, no criminal”, con la excepción del líder, Álvaro Uribe. Abriendo así la pregunta de qué querría decir con dicho gesto, en medio de tanta “blancura”.

El ministro del interior, Cristo, hizo sonar los tambores de la guerra al responder a los ataques de la enconada retórica de la senadora Valencia, para “exigir a la Fiscalía” que desentrañe el misterio de las nuevas chuzadas, dirigidas a afectar la campaña presidencial a la postre ganadora, después del descalabro que tuvo Santos en la primera vuelta.

Pero, además, se trataba de descarrilar el proceso de paz con las FARC-EP. Acción ésta, que el hacker Sepúlveda presume ante los medios, que de haber contado con un mes más, hubiera llevado a término.

Cambiando el curso del debate, intervinieron también otros congresistas del Partido de la U, antiguos conmilitones del uribismo. Benedetti mostró fotocopias del diario de Sepúlveda, de las cuales también habló en el programa de radio Hora 20, donde él anotaba sus quehaceres de “espionaje y guerra sucia”.

Roy Barreras encaró a su exjefe político, el senador Uribe, diciéndole: “El hacker existió, la reunión con el doctor Zuluaga existió, la agenda del hacker en que se difama a este senador y otros aquí está…” El remate retórico de esta pieza del debate lo cerró señalando que la guerra sucia ya no solo ocurre en los campos de Colombia, sino que también contamina, enloda las campañas políticas, y la que acabó de pasar en particular.

Faltaba también la voz autorizada de la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, quien obtuvo fama documentando las votaciones atípicas con las que ganó Uribe en dos ocasiones la presidencia, pero en silencio hasta hoy en el estudio del nuevo atípico voto de la Costa, que aportó casi 2 millones de votos a Santos en la segunda vuelta. Eso sí, ella sostuvo que las Farc no le pusieron 400.000 votos al triunfo del actual presidente.

La respuesta de Uribe, espaciada, y no al estilo que él acostumbraba cuando tenía la sartén por el mango señaló que “Oscar Iván Zuluaga no buscó a un hacker, buscó a un asesor de publicidad que se presumía de buena reputación, porque había sido asesor del presidente Juan Manuel Santos.”

De Camilo Torres hasta hoy

La faena del Congreso cerró la cruda y denigrante parábola de las elecciones en Colombia, donde a lo que señalaba el cura Camilo Torres, “el que escruta elige,” se añadió ahora la corrupción previa, hasta el tuétano, del certamen democrático, por los partidos de la clase dominante, el uribismo y el santismo juntos. Se unió, igualmente, en sordina, la destemplada voz del senador Horacio Serpa, en defensa de una heredad descolorida, por las rencillas entre Santos/Samper y la “casa” Gaviria, para pedir que se investigue si las FARC ayudaron al triunfo de Oscar Iván en las zonas bajo su influencia.

Iván Cepeda, senador de la oposición de izquierda pareciera indicar una ruta fuera de este cerco de la política tradicional envenenada y contaminada por todo tipo de maniobrar ilegales, y delincuenciales hasta la muerte de los contrincantes. Una práctica que permanece en la impunidad, sin solución de continuidad, desde el Frente Nacional en adelante.

También hay quienes como Pablo Bustos, director de veedurías ciudadanas, vuelven a repicar ante la puerta de la Sala Penal de la Corte, para denunciar las maniobras de los congresistas Uribe y Cabal en contra de la paz y el libre ejercicio de la democracia.

Pero, nada de lo dicho y hecho es suficiente. María Fernanda Cabal, quien mintió en el señalamiento que hizo a Ángela María Giraldo, cuando dijo que le sonreía a un guerrillero, se anticipó a decir, a la reportera de guerra Marisol Gómez el 24 de agosto: “No me arrepiento de nada, me mantengo firme en lo que he dicho…Yo soy la que más defiende la libertad de expresión…”

Aquí necesitamos algo más que arrepentimientos, y propósitos de la enmienda dictados por la vulgata católica, un remedo del cristianismo de base. Se trata de enderezar de modo radical el rumbo de una democracia enferma, y la paz es una oportunidad para lograrlo, pero con el activo concurso de las multitudes.

No bastará tampoco la nueva composición del Consejo Nacional Electoral para lograrlo donde la Unidad Nacional sufrió la primera derrota pues su mayoría de 5, no será suficiente para tapar la cascada de denuncias que sobrevendrán. Mucho menos será posible ocultarse por siempre en los oscuros entretelones de Andrómeda y sus satélites.

author by Miguel Ángel Herrera Zgaibpublication date Sun Aug 31, 2014 14:18author address author phone Report this post to the editors

“Se inventaron el hacker para tapar el dinero del narcotráfico a los asesores políticos de Santos y a su campaña.” Senador Álvaro Uribe Vélez, CD.

“Buscar la eliminación física y moral del oponente. Fue la estrategia paramilitar y sigue siendo la de la extrema derecha.” Gustavo Petro, MP.

No es más un solo decir, lo turbias que son las campañas políticas y las elecciones en Colombia. Los controles que la precaria democracia tiene, cuando sobrevive en los yermos campos de la violencia nacional, regados por una inaceptable desigualdad, se han puesto a prueba cuando el hacker Andrés Hernando Sepúlveda, vinculado con la central de contra-inteligencia “Andrómeda” se ha dispuesto a cantar ante los requerimientos de la Fiscalía de la nación.

Lo que ha dicho viene filtrándose por cuenta-gotas, primero, por la revista Semana, y luego, a través de las medidas declaraciones que Andrés, nuestro placebo de Edward Snowden, ha dado en los diversos medios hablados, han puesto en jaque el estilo de hacer política, tanto del Partido de la U como del Centro Democrático.

Las dos empresas político-financieras, encargadas de hacer posible el triunfo de cuatro campañas presidenciales, sin interrupción, continúan envenenadas por la corrupción y los agujeros negros en materia de ética pública, siempre tronchada por la disposición de ganar a toda costa.

Dimes y diretes

“No lo he visto en mi vida ni me he reunido con él…lo tienen con un libreto diciendo cosas que no son.” María Fernanda Cabal, representante por el CD.

“Que se investiguen las implicaciones penales y disciplinarias que dichas declaraciones pudieran tener respecto del procurador.” Alejandro Ordóñez.

“Es vergonzoso lamentable que un acusado se convierta en una fábrica de mentiras que se caen solas por absurdas e inconsistentes.” Luis Alfonso Hoyos, asesor espiritual de la campaña Zuluaga.

El joven Andrés Hernando Sepúlveda, aventajado discípulo del consultor y estratega electoral, el venezolano J. J. Rendón, al verse abandonado y en trance de convertirse en el blanco de largas penas, no pudo optar por la fuga de tres lugartenientes del ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quienes ramonean por el mundo.

Andrés, sujeto a la acción de la Fiscalía, después que se descubrió el escondite de contra-inteligencia inter-galáctico, destapó el pastel envenenado que intoxica a varias figuras del Centro Democrático, desde que Oscar Iván no pudo negar que lo contrató para monitorear las redes sociales; y “propagandizar” su aspiración presidencial. El encargo lo cumplió su hijo y su escudero espiritual, Luis Alfonso Hoyos, con quien hizo sus pinitos políticos en Pensilvania (Caldas).

Por ahora, los tocados por las denuncias y señalamientos son la representante María Fernanda Cabal, primera en la lista del Centro Democrático; la Procuraduría nacional, Oscar Iván Zuluaga y su hijo, Luis Alfonso Hoyos. Pero, Sepúlveda, el internauta, nada dijo todavía que toque al senador Álvaro Uribe Vélez.

La fuerza pública entra al baile

“David, mi defendido, tomó la decisión de colaborarle a la justicia.” Diego Fernando Tautiva, abogado del patrullero Parra Amín, ET, 29/08/14, p. 5.

A aquellas figuras del CD, y a sus aliados en el poder público, se añadió desde el 12 de agosto, el patrullero Ignacio David Parra Amín, a quien capturó el CTI, y se encuentra recluido en la cárcel de Facatativá. A él lo señalan como el policía que en compañía de otros dos, durante un almuerzo, vendió información contenida en un disco duro, por la que Sepúlveda pagó $ 1.2 millones.

En el disco duro hay una base de datos, que ya había anunciado Rafael Revert, otro de los asociados con Andrés, cuando declaró ante la Fiscalía colombiana. Parra se dice que trabajaba para la Sijín, pero también se dice desde el hallazgo de Andrómeda, que hay también militares en el negocio de trabajar con información secreta.

En el cuadrilátero de la política electoral envenenada, van y vienen las amenazas. El abogado del policía, el doctor Tautiva denuncia: “Al parecer, esa información afecta a otras personas que ahora intentaron atentar contra mí,…” El ratificado ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, tan ponderado por el presidente reelecto, no pudo más que anunciar una comisión mixta para entrevistar al cautivo Andrés Sepúlveda, durante esta semana caliente.

Controles y descontroles en el Congreso

“Una guerra sucia, una operación criminal muy preocupante para la paz,” Juan Fernando Cristo, mininterior, ET, 27/08/14, p. 5.

“No hagamos debates sobre transparencia y garantías cuando se utilizan medios que usted usó durante su gobierno, senador Uribe.” Iván Cepeda, senador del PDA, ET, 27/08/14, 5.

El martes 26 de agosto, el CD había preparado un debate de control político para denunciar y descubrir el fraude en la pasada elección presidencial. Paloma Valencia, de ancestro caucano y conservadora, inició la función de las acusaciones en nombre del uribismo.

En el trascurso de la sesión, donde los ánimos se soliviantaron, pronto aparecieron cartelitos portados por toda la bancada del senado, con la leyenda “Soy opositor, no criminal”, con la excepción del líder, Álvaro Uribe. Abriendo así la pregunta de qué querría decir con dicho gesto, en medio de tanta “blancura”.

El ministro del interior, Cristo, hizo sonar los tambores de la guerra al responder a los ataques de la enconada retórica de la senadora Valencia, para “exigir a la Fiscalía” que desentrañe el misterio de las nuevas chuzadas, dirigidas a afectar la campaña presidencial a la postre ganadora, después del descalabro que tuvo Santos en la primera vuelta.

Pero, además, se trataba de descarrilar el proceso de paz con las FARC-EP. Acción ésta, que el hacker Sepúlveda presume ante los medios, que de haber contado con un mes más, hubiera llevado a término.

Cambiando el curso del debate, intervinieron también otros congresistas del Partido de la U, antiguos conmilitones del uribismo. Benedetti mostró fotocopias del diario de Sepúlveda, de las cuales también habló en el programa de radio Hora 20, donde él anotaba sus quehaceres de “espionaje y guerra sucia”.

Roy Barreras encaró a su exjefe político, el senador Uribe, diciéndole: “El hacker existió, la reunión con el doctor Zuluaga existió, la agenda del hacker en que se difama a este senador y otros aquí está…” El remate retórico de esta pieza del debate lo cerró señalando que la guerra sucia ya no solo ocurre en los campos de Colombia, sino que también contamina, enloda las campañas políticas, y la que acabó de pasar en particular.

Faltaba también la voz autorizada de la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, quien obtuvo fama documentando las votaciones atípicas con las que ganó Uribe en dos ocasiones la presidencia, pero en silencio hasta hoy en el estudio del nuevo atípico voto de la Costa, que aportó casi 2 millones de votos a Santos en la segunda vuelta. Eso sí, ella sostuvo que las Farc no le pusieron 400.000 votos al triunfo del actual presidente.

La respuesta de Uribe, espaciada, y no al estilo que él acostumbraba cuando tenía la sartén por el mango señaló que “Oscar Iván Zuluaga no buscó a un hacker, buscó a un asesor de publicidad que se presumía de buena reputación, porque había sido asesor del presidente Juan Manuel Santos.”

De Camilo Torres hasta hoy

La faena del Congreso cerró la cruda y denigrante parábola de las elecciones en Colombia, donde a lo que señalaba el cura Camilo Torres, “el que escruta elige,” se añadió ahora la corrupción previa, hasta el tuétano, del certamen democrático, por los partidos de la clase dominante, el uribismo y el santismo juntos. Se unió, igualmente, en sordina, la destemplada voz del senador Horacio Serpa, en defensa de una heredad descolorida, por las rencillas entre Santos/Samper y la “casa” Gaviria, para pedir que se investigue si las FARC ayudaron al triunfo de Oscar Iván en las zonas bajo su influencia.

Iván Cepeda, senador de la oposición de izquierda pareciera indicar una ruta fuera de este cerco de la política tradicional envenenada y contaminada por todo tipo de maniobrar ilegales, y delincuenciales hasta la muerte de los contrincantes. Una práctica que permanece en la impunidad, sin solución de continuidad, desde el Frente Nacional en adelante.

También hay quienes como Pablo Bustos, director de veedurías ciudadanas, vuelven a repicar ante la puerta de la Sala Penal de la Corte, para denunciar las maniobras de los congresistas Uribe y Cabal en contra de la paz y el libre ejercicio de la democracia.

Pero, nada de lo dicho y hecho es suficiente. María Fernanda Cabal, quien mintió en el señalamiento que hizo a Ángela María Giraldo, cuando dijo que le sonreía a un guerrillero, se anticipó a decir, a la reportera de guerra Marisol Gómez el 24 de agosto: “No me arrepiento de nada, me mantengo firme en lo que he dicho…Yo soy la que más defiende la libertad de expresión…”

Aquí necesitamos algo más que arrepentimientos, y propósitos de la enmienda dictados por la vulgata católica, un remedo del cristianismo de base. Se trata de enderezar de modo radical el rumbo de una democracia enferma, y la paz es una oportunidad para lograrlo, pero con el activo concurso de las multitudes.

No bastará tampoco la nueva composición del Consejo Nacional Electoral para lograrlo donde la Unidad Nacional sufrió la primera derrota pues su mayoría de 5, no será suficiente para tapar la cascada de denuncias que sobrevendrán. Mucho menos será posible ocultarse por siempre en los oscuros entretelones de Andrómeda y sus satélites.

author by Miguel Ángel Herrera Zgaibpublication date Sun Aug 31, 2014 14:18author address author phone Report this post to the editors

“Se inventaron el hacker para tapar el dinero del narcotráfico a los asesores políticos de Santos y a su campaña.” Senador Álvaro Uribe Vélez, CD.

“Buscar la eliminación física y moral del oponente. Fue la estrategia paramilitar y sigue siendo la de la extrema derecha.” Gustavo Petro, MP.

No es más un solo decir, lo turbias que son las campañas políticas y las elecciones en Colombia. Los controles que la precaria democracia tiene, cuando sobrevive en los yermos campos de la violencia nacional, regados por una inaceptable desigualdad, se han puesto a prueba cuando el hacker Andrés Hernando Sepúlveda, vinculado con la central de contra-inteligencia “Andrómeda” se ha dispuesto a cantar ante los requerimientos de la Fiscalía de la nación.

Lo que ha dicho viene filtrándose por cuenta-gotas, primero, por la revista Semana, y luego, a través de las medidas declaraciones que Andrés, nuestro placebo de Edward Snowden, ha dado en los diversos medios hablados, han puesto en jaque el estilo de hacer política, tanto del Partido de la U como del Centro Democrático.

Las dos empresas político-financieras, encargadas de hacer posible el triunfo de cuatro campañas presidenciales, sin interrupción, continúan envenenadas por la corrupción y los agujeros negros en materia de ética pública, siempre tronchada por la disposición de ganar a toda costa.

Dimes y diretes

“No lo he visto en mi vida ni me he reunido con él…lo tienen con un libreto diciendo cosas que no son.” María Fernanda Cabal, representante por el CD.

“Que se investiguen las implicaciones penales y disciplinarias que dichas declaraciones pudieran tener respecto del procurador.” Alejandro Ordóñez.

“Es vergonzoso lamentable que un acusado se convierta en una fábrica de mentiras que se caen solas por absurdas e inconsistentes.” Luis Alfonso Hoyos, asesor espiritual de la campaña Zuluaga.

El joven Andrés Hernando Sepúlveda, aventajado discípulo del consultor y estratega electoral, el venezolano J. J. Rendón, al verse abandonado y en trance de convertirse en el blanco de largas penas, no pudo optar por la fuga de tres lugartenientes del ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quienes ramonean por el mundo.

Andrés, sujeto a la acción de la Fiscalía, después que se descubrió el escondite de contra-inteligencia inter-galáctico, destapó el pastel envenenado que intoxica a varias figuras del Centro Democrático, desde que Oscar Iván no pudo negar que lo contrató para monitorear las redes sociales; y “propagandizar” su aspiración presidencial. El encargo lo cumplió su hijo y su escudero espiritual, Luis Alfonso Hoyos, con quien hizo sus pinitos políticos en Pensilvania (Caldas).

Por ahora, los tocados por las denuncias y señalamientos son la representante María Fernanda Cabal, primera en la lista del Centro Democrático; la Procuraduría nacional, Oscar Iván Zuluaga y su hijo, Luis Alfonso Hoyos. Pero, Sepúlveda, el internauta, nada dijo todavía que toque al senador Álvaro Uribe Vélez.

La fuerza pública entra al baile

“David, mi defendido, tomó la decisión de colaborarle a la justicia.” Diego Fernando Tautiva, abogado del patrullero Parra Amín, ET, 29/08/14, p. 5.

A aquellas figuras del CD, y a sus aliados en el poder público, se añadió desde el 12 de agosto, el patrullero Ignacio David Parra Amín, a quien capturó el CTI, y se encuentra recluido en la cárcel de Facatativá. A él lo señalan como el policía que en compañía de otros dos, durante un almuerzo, vendió información contenida en un disco duro, por la que Sepúlveda pagó $ 1.2 millones.

En el disco duro hay una base de datos, que ya había anunciado Rafael Revert, otro de los asociados con Andrés, cuando declaró ante la Fiscalía colombiana. Parra se dice que trabajaba para la Sijín, pero también se dice desde el hallazgo de Andrómeda, que hay también militares en el negocio de trabajar con información secreta.

En el cuadrilátero de la política electoral envenenada, van y vienen las amenazas. El abogado del policía, el doctor Tautiva denuncia: “Al parecer, esa información afecta a otras personas que ahora intentaron atentar contra mí,…” El ratificado ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, tan ponderado por el presidente reelecto, no pudo más que anunciar una comisión mixta para entrevistar al cautivo Andrés Sepúlveda, durante esta semana caliente.

Controles y descontroles en el Congreso

“Una guerra sucia, una operación criminal muy preocupante para la paz,” Juan Fernando Cristo, mininterior, ET, 27/08/14, p. 5.

“No hagamos debates sobre transparencia y garantías cuando se utilizan medios que usted usó durante su gobierno, senador Uribe.” Iván Cepeda, senador del PDA, ET, 27/08/14, 5.

El martes 26 de agosto, el CD había preparado un debate de control político para denunciar y descubrir el fraude en la pasada elección presidencial. Paloma Valencia, de ancestro caucano y conservadora, inició la función de las acusaciones en nombre del uribismo.

En el trascurso de la sesión, donde los ánimos se soliviantaron, pronto aparecieron cartelitos portados por toda la bancada del senado, con la leyenda “Soy opositor, no criminal”, con la excepción del líder, Álvaro Uribe. Abriendo así la pregunta de qué querría decir con dicho gesto, en medio de tanta “blancura”.

El ministro del interior, Cristo, hizo sonar los tambores de la guerra al responder a los ataques de la enconada retórica de la senadora Valencia, para “exigir a la Fiscalía” que desentrañe el misterio de las nuevas chuzadas, dirigidas a afectar la campaña presidencial a la postre ganadora, después del descalabro que tuvo Santos en la primera vuelta.

Pero, además, se trataba de descarrilar el proceso de paz con las FARC-EP. Acción ésta, que el hacker Sepúlveda presume ante los medios, que de haber contado con un mes más, hubiera llevado a término.

Cambiando el curso del debate, intervinieron también otros congresistas del Partido de la U, antiguos conmilitones del uribismo. Benedetti mostró fotocopias del diario de Sepúlveda, de las cuales también habló en el programa de radio Hora 20, donde él anotaba sus quehaceres de “espionaje y guerra sucia”.

Roy Barreras encaró a su exjefe político, el senador Uribe, diciéndole: “El hacker existió, la reunión con el doctor Zuluaga existió, la agenda del hacker en que se difama a este senador y otros aquí está…” El remate retórico de esta pieza del debate lo cerró señalando que la guerra sucia ya no solo ocurre en los campos de Colombia, sino que también contamina, enloda las campañas políticas, y la que acabó de pasar en particular.

Faltaba también la voz autorizada de la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, quien obtuvo fama documentando las votaciones atípicas con las que ganó Uribe en dos ocasiones la presidencia, pero en silencio hasta hoy en el estudio del nuevo atípico voto de la Costa, que aportó casi 2 millones de votos a Santos en la segunda vuelta. Eso sí, ella sostuvo que las Farc no le pusieron 400.000 votos al triunfo del actual presidente.

La respuesta de Uribe, espaciada, y no al estilo que él acostumbraba cuando tenía la sartén por el mango señaló que “Oscar Iván Zuluaga no buscó a un hacker, buscó a un asesor de publicidad que se presumía de buena reputación, porque había sido asesor del presidente Juan Manuel Santos.”

De Camilo Torres hasta hoy

La faena del Congreso cerró la cruda y denigrante parábola de las elecciones en Colombia, donde a lo que señalaba el cura Camilo Torres, “el que escruta elige,” se añadió ahora la corrupción previa, hasta el tuétano, del certamen democrático, por los partidos de la clase dominante, el uribismo y el santismo juntos. Se unió, igualmente, en sordina, la destemplada voz del senador Horacio Serpa, en defensa de una heredad descolorida, por las rencillas entre Santos/Samper y la “casa” Gaviria, para pedir que se investigue si las FARC ayudaron al triunfo de Oscar Iván en las zonas bajo su influencia.

Iván Cepeda, senador de la oposición de izquierda pareciera indicar una ruta fuera de este cerco de la política tradicional envenenada y contaminada por todo tipo de maniobrar ilegales, y delincuenciales hasta la muerte de los contrincantes. Una práctica que permanece en la impunidad, sin solución de continuidad, desde el Frente Nacional en adelante.

También hay quienes como Pablo Bustos, director de veedurías ciudadanas, vuelven a repicar ante la puerta de la Sala Penal de la Corte, para denunciar las maniobras de los congresistas Uribe y Cabal en contra de la paz y el libre ejercicio de la democracia.

Pero, nada de lo dicho y hecho es suficiente. María Fernanda Cabal, quien mintió en el señalamiento que hizo a Ángela María Giraldo, cuando dijo que le sonreía a un guerrillero, se anticipó a decir, a la reportera de guerra Marisol Gómez el 24 de agosto: “No me arrepiento de nada, me mantengo firme en lo que he dicho…Yo soy la que más defiende la libertad de expresión…”

Aquí necesitamos algo más que arrepentimientos, y propósitos de la enmienda dictados por la vulgata católica, un remedo del cristianismo de base. Se trata de enderezar de modo radical el rumbo de una democracia enferma, y la paz es una oportunidad para lograrlo, pero con el activo concurso de las multitudes.

No bastará tampoco la nueva composición del Consejo Nacional Electoral para lograrlo donde la Unidad Nacional sufrió la primera derrota pues su mayoría de 5, no será suficiente para tapar la cascada de denuncias que sobrevendrán. Mucho menos será posible ocultarse por siempre en los oscuros entretelones de Andrómeda y sus satélites.

author by Semanapublication date Tue Jan 27, 2015 06:38author address author phone Report this post to the editors

El informe de una comisión especial del Ministerio de Defensa sobre los casos de Andrómeda, de Sepúlveda y otros confirmó irregularidades y produjo despidos, sanciones y relevos que afectan a más de 30 integrantes de la fuerza pública.

La fachada Andrómeda de inteligencia militar, el caso del hacker Andrés Sepúlveda, la filtración de documentos secretos y la existencia de una polémica lista de correos escandalizaron al país. Desde hace un año todos estos episodios se convirtieron en un dolor de cabeza para los militares y han ocupado la atención de los medios. Después de varios meses de trabajo, un comité de alto nivel integrado por el inspector general de las Fuerzas Militares, los inspectores generales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía y el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa anunció el 23 de enero los resultados de las primeras investigaciones. El informe contiene datos reveladores.
A diferencia de las recurrentes ocasiones del tapen-tapen, esta vez la investigación presentada por el vicealmirante César Augusto Narváez acepta y reconoce que ocurrieron graves irregularidades en todos los casos, y toma medidas.

El informe comienza por el caso Andrómeda, una fachada de inteligencia que, revelada por Semana.com en febrero del año pasado, desató una gran tormenta pues presuntamente desde ese lugar se habrían realizado actividades contra los negociadores en La Habana. Según la investigación, allí “se encontraron fallas de seguridad que evidenciaron indisciplina y falta de control del personal que visitaba la dependencia. No se tenía control sobre las actividades realizadas por el personal militar y civil ajeno a la Operación Andrómeda. Muchas de ellas que ingresaban, tenían un alto conocimiento y capacidades a nivel informático, sin embargo, trabajaban sin supervisión alguna”, afirma uno de los apartes del informe.

“En la fachada de la Operación Andrómeda no se aplicó el principio del secreto, establecido por la inteligencia militar para este tipo de actividades. No se realizó un detallado estudio de seguridad del personal para la selección de los agentes que integraron la operación”, reconoce la comisión en otro de los puntos. Si bien aclara que la fachada estaba amparada por la ley para realizar labores de inteligencia, acepta que debido a la falta de controles y al desorden algunos de sus integrantes se desviaron de su misión y terminaron relacionados a nivel individual en actividades ilegales.

Sobre el caso del hacker Andrés Sepúlveda, el informe acepta que miembros de las Fuerzas Armadas terminaron por entregarle información confidencial. “Se presentaron errores de procedimiento y de seguridad con el manejo de la documentación clasificada y gestión documental, observándose falta de control y supervisión en la cadena de mando directa: grupo de atención humanitaria al desmovilizado, central de inteligencia técnica del Ejército Nacional y la seccional de Policía Judicial de la Policía Metropolitana de Bogotá”, afirma el documento. Por la entrega de información al hacker, que este utilizó para atacar el proceso de paz, en octubre del año pasado la Fiscalía ordenó capturar a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a un cabo que hizo parte de la fachada Andrómeda y un patrullero de la Sijin de la Policía de Bogotá.

Durante la rueda de prensa el vicealmirante Narváez afirmó que hasta el momento de presentar su informe la comisión no había logrado establecer un vínculo entre la fachada Andrómeda y el hacker Sepúlveda. No obstante desde el año pasado, e incluso a comienzo de la semana anterior en una entrevista radial, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ha repetido insistentemente que en las investigaciones de la Fiscalía está perfectamente claro y probado que sí existió un vínculo entre los dos casos.

En septiembre pasado, SEMANA publicó una investigación llamada ‘Los documentos secretos’ que reveló cómo decenas de informes confidenciales y secretos del Ejército y las Fuerzas Militares habían terminado en manos de varios civiles, incluido Sepúlveda. Esa fuga de información fue utilizada, en el caso del hacker, con fines políticos, y evidenciaba riesgos incluso para la seguridad nacional. Sobre este punto la comisión reconoce la gravedad de lo ocurrido y aunque no ahonda en detalles afirma que “se detectaron debilidades de control en algunas dependencias en lo referente a procesos de seguridad informática y gestión documental”.

A finales de octubre pasado Semana.com también reveló una polémica lista de decenas de direcciones de correos electrónicos de funcionarios de la oficina del alto comisionado y periodistas nacionales y extranjeros que habría sido elaborada con fines no muy claros por la Central de Inteligencia Militar del Ejército (Cime), lo que desató un gran escándalo en su momento. La comisión del Ministerio de Defensa afirmó en su informe que no lograron encontrar dicho listado. No obstante gran parte de este sí apareció en los discos duros y computadores incautados por el CTI de la Fiscalía al hacker Sepúlveda al arrestarlo.

Algo que llamó la atención de los anuncios es que no se hizo referencia al caso de las interceptaciones y al cierre de la llamada sala gris que operó en la Cime cuando el general Mauricio Forero dirigía esa unidad. Ese escándalo, estalló al tiempo con Andrómeda y hacía referencia a chuzadas ilegales de comunicaciones desde esa sala de interceptaciones. Forero también aparece relacionado en los casos de los documentos secretos y la polémica lista de inteligencia militar, temas por los que fue relevado de su cargo de jefe de inteligencia. Recientemente fue enviado como agregado militar a China.

En términos generales el informe acepta que ocurrieron los hechos irregulares y, en consecuencia, adopta una serie de sanciones que si bien pueden no llenar las expectativas del público, sin duda demuestran que algo no estaba funcionando bien. “Se ordenó relevar de sus cargos a veinte (20) miembros de la fuerza pública: diez (10) oficiales, ocho (8) suboficiales, un (1) patrullero y un (1) funcionario no uniformado así como excluirlos del arma de inteligencia si fuere el caso”, dice el comunicado oficial. En las Fuerzas Militares el relevo y separación del cargo es una de las sanciones más fuertes que se contemplan.

“Se decidió retirar del servicio activo a cinco (5) miembros de la fuerza pública, entre ellos tres (3) oficiales, un (1) suboficial y un (1) patrullero. No obstante, las investigaciones continuarán y podrán presentarse retiros adicionales”, dice otro de los apartes. Narváez también afirmó que como consecuencia de estos primeros resultados se iniciaron seis nuevas investigaciones disciplinarias, cuatro por el caso del hacker y dos más relacionadas con el tema de los documentos secretos y la lista de inteligencia militar. Por estos casos 11 integrantes de la fuerza pública están bajo investigación.

Con 36 integrantes de las Fuerzas Militares sancionados, cinco de los cuales ya fueron destituidos, y la decisión de controlar futuras fugas y ventas de información concluyó el informe militar que, según se dijo, será enviado a la Fiscalía General, la entidad que en realidad tiene la última palabra sobre estos difíciles temas. Es claro que falta mucho por investigar para determinar quienes de rangos más altos podrían estar involucrados. Pero este informe es un buen primer paso y muestra que el Ministerio cogió el toro por los cachos.

Related Link: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-informe-que-sacudio-el-caso-de-la-fachada-andromeda/415642-3
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George Floyd: one death too many in the “land of the free”
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