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Santos, ¿hasta cuándo la mamadera de gallo?

category venezuela / colombia | miscellaneous | opinión / análisis author Friday January 31, 2014 04:17author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Santos no parece interesado en lograr la paz sino en utilizar las negociaciones para mejorar su deteriorada imagen con fines reeleccionistas. En la práctica, parece que su política es de manera deliberada ir de provocación en provocación. Si la tendencia se mantiene, tendremos un acuerdo de paz bellísimo en el papel, pero la realidad en el terreno será totalmente lo opuesto. Y al ritmo que van asesinando líderes sociales, no quedaran voces para exigir que se cumpla lo acordado.

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Santos, ¿hasta cuándo la mamadera de gallo?

A Juan Manuel Santos le va a crecer la nariz. Igualitico que a Pinocho. Pasará a la historia como uno de los presidentes más mentirosos que ha habido. Todo lo que hace es una farsa. Su ley de víctimas, su ley de tierras, sus rimbombantes acuerdos agrarios, todo. Usa las negociaciones con los campesinos, con los pobres, con los burlados de siempre, como mecanismo para ir aflojando las tensiones por aquí y por allá. Los engaña, hace promesas que no cumple, y luego no es que todo siga igual, sino que hace lo contrario a lo pactado y con más ganas que antes. Ojalá que el proceso de paz, el gran proyecto de su gobierno (y su carta para la reelección), no termine siendo otra más de sus farsas. Porque hasta el momento, su actitud, ante lo que se ha avanzado en las negociaciones parece una pura mamadera de gallo. Veamos.

Se discute el tema de la tierra, primer punto de la agenda en las negociaciones; se anuncia un acuerdo provisional agrario, y ni siquiera se implementa tímidamente la cacareada restitución contenida en la timorata ley de tierras; se profundizan los Tratados de Libre Comercio que han arruinado al campesinado, ahora que negocian uno con la Unión Europea; se garantiza, no el acceso a la tierra a los pequeños campesinos, sino que la gran propiedad no será tocada; y se responde con plomo ventiado a las demandas campesinas durante las protestas del 2013. Aparte de eso, se inicia una guerra de baja intensidad, militar, jurídica y política, contra las Zonas de Reserva Campesina. En gira reciente por España, el presidente sale con la perla de que en realidad con el proceso de paz nada va a cambiar. ¿No es todo esto una mamadera de gallo?

Luego se discute el tema de la participación política, segundo tema en la agenda, mientras se pone en práctica la terrorista ley de seguridad ciudadana en contra de los que protestan. Aumentan exponencialmente las amenazas y agresiones en contra de dirigentes sociales y líderes de la oposición, incluido el arresto de un nuevo miembro de la dirección de la Marcha Patriótica, el asalto a la sede el Partido Comunista en Bogotá, el asesinato a mansalva de dirigentes campesinos y sindicales, con la Marcha Patriótica ya sumando 30 muertos, centenares de detenidos y varios desaparecidos. Como guinda de la torta, asesinan a un concejal del Polo Democrático en el Cauca y se destituye al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿Garantías políticas para la oposición y derecho al ejercicio de los derechos democráticos básicos? Otra mamadera de gallo.

Ahora, en medio del tercer punto de la agenda, la discusión en torno al problema de las drogas (ante el cual, dicho sea de paso, las únicas propuestas sustantivas sobre el tema han venido, al igual que en los dos puntos anteriores, de la insurgencia), se anuncia con bombos y platillos que el Estado colombiano (por órdenes de EEUU) reiniciará las aspersiones de glifosato sobre el campo colombiano para el 15 de Febrero. Vuelta a envenenar a los campesinos, a destruir sus medios de vida, empujando a miles al desplazamiento forzado y a destruir uno de los ecosistemas más ricos y diversos del mundo. Un crimen contra la humanidad y contra el medio ambiente. Un atentado contra la vida. Y otra mamadera de gallo.

A la vez, han vuelto a reiniciar, con redoblado ahínco, las erradicaciones manuales forzosas desde el fin de semana. Es decir, quitar el pan de la boca, sin darles ninguna alternativa a cambio, a personas que ya han sido empujadas a los márgenes de la subsistencia por el salvajismo del capitalismo colombiano. O sea, ¿para qué los muertos de las protestas del Catatumbo? ¿Para qué los meses de negociaciones donde se ha hablado de programas de sustitución de cultivos ilícitos que garanticen alternativas sostenibles para los campesinos? ¿Para qué tanta propuesta de los de abajo si los de arriba hacen lo que se les da la gana? ¿Para qué tanta mamadera de gallo?

Así las cosas, no quiero pensar en las mamaderas de gallo cuando entremos al punto siguiente de la agenda en La Habana, el tema de víctimas. ¿Volveremos en ese momento a la retórica uribista contra las “ratas” que utilizan los derechos humanos para defender supuestamente al terrorismo? ¿Veremos una escalada de agresiones contra las organizaciones que valientemente defienden a las víctimas de crímenes de Estado o que acompañan a los presos políticos? ¿Veremos la aprobación definitiva de la fraudulenta expansión del fuero militar, que blinda al Ejército en los crímenes cometidos contra la población civil? ¿O veremos algún nuevo mecanismo para garantizar la impunidad del estamento militar ante sus crímenes de lesa humanidad? ¿Con qué saldrán en esa ocasión para mamarle gallo al pueblo?

Santos no parece interesado en lograr la paz sino en utilizar las negociaciones para mejorar su deteriorada imagen con fines reeleccionistas. En la práctica, parece que su política es de manera deliberada ir de provocación en provocación. ¿Qué pretende con tanta provocación, con tanta mamadera de gallo? ¿Tantear los límites de la paciencia del pueblo colombiano? ¿Exasperar a la insurgencia? ¿O es sencillamente un mentiroso compulsivo, incapaz de cumplir sus espurias promesas porque todas estas decisiones, en realidad, se toman en otro país -más al norte- que gobierna a Colombia a control remoto?

Si la tendencia se mantiene, tendremos un acuerdo de paz bellísimo en el papel, pero la realidad en el terreno será totalmente lo opuesto. Y al ritmo que van asesinando líderes sociales, no quedaran voces para exigir que se cumpla lo acordado. Un conocido refrán colombiano dice que la ley se obedece pero no se cumple. Ese refrán ha sido actualizado por nada menos que el presidente Santos (la primera persona que debería demostrar respeto por la legalidad) cuando dijo, con motivo del fallo de La Haya sobre las islas de San Andrés y Providencia que “el fallo se acata pero no se aplica”. Expresión más propia de un capo de la mafia que de un estadista, aunque sociólogos como Charles Tilly han demostrado que el “arte del gobierno” no es muy distinto a la lógica del crimen organizado. Pura fuerza: legitima o ilegitima, pero ante todo fuerza. Con todos estos antecedentes vale la pena preguntarse: ¿El acuerdo de paz que se logre será acatado pero no aplicado? ¿Todo lo que se está haciendo en Cuba es otra mamadera de gallo? Si Santos realmente quiere pasar a la historia como el presidente que hizo un avance sustancial por superar el conflicto armado en Colombia, es hora de que se ponga serio.

José Antonio Gutiérrez D.
30 de Enero, 2014

author by Alfredo Molano Bravopublication date Sun Feb 02, 2014 23:47Report this post to the editors

Los 15 de febrero so para mí, por lo menos, desagradables. Hace tiempo, después de vivir sin orden en los Llanos durante las vacaciones, ese día tenía que volver al colegio. Años más tarde, en esa fecha mataron a Camilo Torres. Ahora el Gobierno, barajando una carta sospechosa, reanuda las fumigaciones de cultivos de coca el próximo 15 de febrero. Los aviones con sus alas llenas de roundup —herbicida producido por la criminal Monsanto— y con las barrigas blindadas para evitar que con todo y avioneta los pilotos gringos se destripen contra el suelo, volverán a levantar vuelo en Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Caquetá, Meta, Nariño y Guaviare. Medio país bañado de veneno. Van 20 años fumigando y la coca sigue tan campante. La estrategia de fumigar para subir los precios y bajar el consumo es fallida.

Sube el precio, pero no baja el consumo, lo que significa que a largo plazo la fumigación es una estrategia para sostener los precios y justificar la guerra contra las Farc, para cotizarles a las empresas contratistas norteamericanas que hacen el oficio y, claro está, contribuir al enriquecimiento de Monsanto. “En los últimos 12 años Colombia —informa la Silla Vacía— ha asperjado 1,5 millones de hectáreas, un promedio de 128.000 hectáreas al año o de una hectárea cada cuatro minutos”… y nada. Siguen existiendo, verdes y lozanas, unas 50.000 hectáreas de coca.

Con un agravante: las maticas producen cuatro cosechas en vez de una, el alcaloide contenido en la hoja es del 90 % en lugar del 40 % que tenían antes, y las técnicas de producción son mucho más refinadas y rentables. No sólo no han logrado reducir la producción de cocaína, sino que han hecho que los cultivos migren de una región a otra y de un departamento a otro, destrozando selva y haciéndoles campo a la ganadería y a la palma africana.

La fumigación de cultivos ilícitos es la causa del desplazamiento campesino, porque además de secar las matas de coca, mata los cultivos de maíz, yuca, plátano y de pasto para las tres vacas que tienen. Los aviones sueltan el veneno pero, como en el caso de Ecuador, “deriva por el viento” y cae no sólo sobre la coca. Es pues un arma que, como las trampas explosivas de las Farc, no discrimina, característica que es lo que las hace, a ojos del DIH, artefactos terroristas. En efecto, la fumigación causa terror en las zonas campesinas. Es un hecho comprobado que afecta la piel de niños y adultos y aumenta los abortos. Más criminal aún: ha sido plenamente establecido que “las tasas de mortalidad infantil en municipios fuertemente asperjados son más altas que en otros similares pero sin cultivos de coca” y que la tasa de homicidios aumenta.

Por esas razones, Ecuador demandó a Colombia ante la Corte de La Haya. Era evidente que, por ejemplo, el veneno botado en el río Mecaya caía en Lago Agrio. Colombia reconoció el efecto, prometió no volver a hacerle daño al vecino y pagó en compensación 15 millones de dólares, equivalente al daño emergente. Obligada, por supuesto, lo que indica que los argumentos de Ecuador serían acogidos “científicamente” por la corte internacional. Correa se prepara para vigilar la frontera. Hay que sumar a todo lo anterior el efecto político que tiene la guerra contra la droga en las zonas de cultivo de coca y marihuana: la gente se aferra a la guerrilla porque es de hecho su fuerza defensiva.

Los colonos bombardeados con veneno legitiman las acciones guerrilleras contra el Ejército, que va detrás de la Policía antinarcóticos, que, a su vez, va detrás de los contratistas armados extranjeros. ¡Una cadena vergonzosa! Y lo peor: para nada. O mejor, para algo: alimentar la guerra, el resentimiento campesino, el desplazamiento de poblaciones, el avance de la palma africana, la destrucción de la selva. ¿Cuánto le cuesta al país esta ridícula estrategia? Nadie sabe. Y los que saben lo mantienen en secreto, mientras en los estados de Washington y Colorado, en Uruguay, Holanda y Portugal se abre camino la regulación a través de la progresiva despenalización. No es fácil entender el hecho de estar negociando el problema de los cultivos ilícitos en La Habana mientras en el país el Gobierno agrava la situación fumigando a diestra y siniestra la economía posible de colonos y campesinos. Entretanto, los gringos siguen metiéndose todo lo que les llega.

Related Link: http://www.elespectador.com/opinion/inutil-costosa-y-co...72306
author by MIApublication date Fri Feb 14, 2014 17:33Report this post to the editors

La Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo –MIA- informa a la opinión pública y al campesinado colombiano en particular, que el día de hoy 13 de febrero de 2014 se hicieron presentes en la ciudad de Ibagué (Tolima), los delegados y delegadas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, integrantes de la MIA en el marco de las negociaciones que se desarrollan entre el gobierno nacional y el movimiento campesino, resultado del paro agrario y popular de 2013. No obstante la puntualidad de los dirigentes campesinos a la cita con el gobierno, los delegados de éste no se hicieron presente argumentando que habían sido cancelados los vuelos por mal tiempo, excusa esta, que consideramos injustificada teniendo en cuenta que el gobierno cuenta con los medios y recursos necesarios para su desplazamiento.

Transcurridos seis (6) meses de haber entregado nuestro pliego nacional de exigencias que recoge las reivindicaciones más sentidas y urgentes del campo colombiano y cinco (5) meses de conversaciones con el gobierno, donde no hemos visto la verdadera voluntad política del gobierno nacional para dar salida a la crisis que dio origen al paro agrario y popular. Al mismo tiempo que denunciamos el asesinato de 17 líderes campesinos e indígenas posterior al paro que se suman a los 12 asesinatos en el desarrollo del mismo.

Reiteramos nuestra inconformidad por los desplantes que el gobierno ha venido haciendo en varias ocasiones, es reiterativo el incumplimiento, la irresponsabilidad y la falta de presencia en las reuniones acordadas conjuntamente, a la vez dejamos constancia de nuestra irrestricta voluntad política de alcanzar soluciones por la vía del diálogo para nuestras comunidades rurales históricamente excluidas por las políticas impuestas desde el estado.

Proponemos se convoque de manera urgente a una reunión de garantes con el objeto de retomar el rumbo correcto del acuerdo de Popayán entre el gobierno nacional y la MIA, así mismo, garantizar las condiciones mínimas para que los delegados de la organizaciones campesinas participan en la negociación.

Por último, llamamos a las comunidades organizadas del campo y la ciudad a organizar y participar en el encuentro nacional de unidad popular que se realizara desde el próximo 21 de febrero y de la cumbre Agraria, étnica y popular que se desarrollara en la ciudad de Bogotá, los días 15, 16 y 17 de Marzo del presente, al igual que del cuarto (4) encuentro de zonas de reserva campesina. Del mismo modo a continuar preparando activamente las futuras movilizaciones ante la negligencia del gobierno central.

Por la unidad del movimiento agrario, étnico y popular.

Ibagué, Febrero 13 de 2014.

author by Delegación de Paz de las FARC-EPpublication date Fri Apr 04, 2014 06:12Report this post to the editors


Constatamos con satisfacción que, al referirse a los problemas más urgentes del mundo rural, la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, ha trazado caminos de entendimiento mediante propuestas que se hace necesario atender. A grandes temas como la tenencia y uso de la tierra, los territorios colectivos, el ordenamiento territorial, la necesidad de una economía propia contra el modelo de despojo y lo más sensible en cuanto a lo que concierne a explotación minero-energética, agregaron sus opiniones sobre los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola.

¿Quiénes mejores conocedores de esta problemática y sus impactos, que los campesinos? Ellos son los que sufren la victimización, no los capos del capital financiero, verdaderos artífices del negocio del narcotráfico. Pero además, son estos compatriotas de la Colombia olvidada, quienes sufren el rigor de la persecución Estatal. Este es el tema que en la actualidad debate la Mesa de La Habana, y sin duda son las iniciativas de las comunidades rurales las que nos dan la clave para superar la fracasada y arbitraria guerra contra las drogas, que tanta contaminación, muerte y desesperanza trae a los pobres del campo, mientras se llenan los bolsillos de los narcotraficantes, que orondos se pavonean, posando de banqueros, políticos o prestigiosos empresarios, en el mundo de la falsa legalidad.

En la visión de los campesinos y comunidades rurales, no es la erradicación forzada y las fumigaciones aéreas que envenenan los campos lo que resolverá el problema; por ello hay que iniciar con redefinir los lineamientos de una nueva política antinarcóticos con enfoque humanizado que se comprometa con:

El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.

Un programa de sustitución participativo, concertado, gradual, ambientalmente sostenible que se inscriba en los marcos de una reforma rural integral profunda, estructural, que permita generar no solo fuentes alternativas a los cultivos de uso ilícito, sino a la existencia plena de las comunidades, brindando bienestar y buen vivir. Ello implica ligar estos programas de sustitución con el conjunto de la Reforma Rural Integral, a la planeación y ordenamiento territorial, al fortalecimiento de la economía campesina, etc., dentro de tiempos y procedimientos que ayuden a los afectados a salir de la miseria que los agobia, brindándole protagonismo y capacidad de decisión.

Una nueva política antidrogas, si algo debe erradicar son las aspersiones que tanto daño le han hecho al medio ambiente y la represión que atenta contra la vida y los derechos humanos de las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas. Una política fuera de los fracasos del prohibicionismo y el carácter punitivo, debe liberar a quienes han sido judicializados sin tomar en cuenta que se trata de víctimas de quienes desde las altas cumbres del poder económico, se lucran de un flagelo mundial.

Un Plan concertado debe librar de la aplicación de la extinción de dominio a los predios de campesinos y gente humilde de áreas rurales, que por diversas circunstancias se han visto obligados a cultivar marihuana, coca y amapola. Y alguna alternativa al destierro deberá buscarse para las miles de familias que también, por necesidad y porque la tierra ha sido tomada por los grandes latifundistas, han tenido que ubicarse en Parques Naturales o zonas de reserva ambiental.

En todo caso, una política de sustitución debe tener gradualidad, debe estar respaldada con inversión social en la ejecución de planes que cuenten con el acuerdo y la decisión de las comunidades, lo cual implica el rechazo a procesos de sustitución basados en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares.

Los cultivos y otros proyectos productivos sustitutos que fortalezcan la economía campesina, comunitaria y solidaria deberán tener garantía de mercadeo y seguros a largo, mediano y corto plazo, que garanticen estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles, para lo cual es fundamental garantizar el acceso a la tierra, su formalización, la mejora de infraestructura, y el acceso a asistencia técnica y a tecnología.

Un Programa o Plan intergal de sustitución no debe pasar por alto el respeto y fortalecimiento de los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, la amapola y la marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias, y cada proceso de uno u otro tipo deberá tener la impronta del manejo, fundamentalmente comunitario, y al lado de la atención de los problemas del campo en las dimensiones de la reforma Rural Integral, deberá atenderse el problema del consumo como asunto de salud pública que considere también a los adictos como víctimas y no como delincuentes, apuntando, sí, a atacar de manera soberana, el eslabón más fuerte, que está en el campo de los comercializadores: es decir, de los narcotraficantes.

 
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Este domingo 9 de marzo se cumplirá la jornada electoral donde se impondrá el congreso nacional, las representantes al parlamento andino y la pre-consulta de la Alianza Verde. De igual manera, la atmósfera de esta coyuntura irá calentado motores para las elecciones presidenciales del próximo 18 de Mayo. En las últimas semanas las calles y campos han estado invadidos por la publicidad política y los constantes eventos donde se pretende vender la mejor propuesta electoral, por otro lado, los medios masivos de comunicación han contribuido a masificar este escenario con el ya conocido despliegue mediático de sus aparatajes con ayuda de ciertas novedades frente al acceso a la información en tiempo real con la implementación de nuevas plataformas tecnológicas. Según las últimas encuestas de estos medios, señalan como grandes vencedores para el senado al ultraderechista partido Centro Democrático, dirigido por la cabeza de lista al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, y por otro lado, al Voto en Blanco, repartiéndose gran parte de resto del porcentaje entre los partidos Liberal, de la U, Polo Democrático Alternativo, Conservador y Cambio Radical.

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Nuestro último viaje a Pereira, después de largos años de ausencia, nos reveló una ciudad agreste, segregada, descompuesta, ajena, violenta. Una ciudad que, pese a todo lo que pueda escribir, no nos es indiferente, pues en ella viven personas a las que queremos y las cuales hacen parte de nuestra familia, pese a todo. Personas que, a veces, han tomado opciones de vida radicalmente distintas a las nuestras, en medio del limitadísimo número que tenían para escoger.

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Sabido es que todo lo que dicen los medios colombianos debe ser tomado con muchísima cautela. Cuando no mienten abiertamente, distorsionan las cosas. Esto todos en la izquierda es conocido, pero a veces nosotros mismos caemos en la trampa de estos manipuladores profesionales de la opinión pública, que nunca descansan y que no dan puntada sin hilo.

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Lo han anunciado con bombos y platillos: los ciudadanos colombianos de ahora en adelante contarán con su propia pistola, para que puedan echarse tiritos de marca nacional. La 9mm se llama “Córdova” y será fabricada por Indumil, quienes con la experiencia de años en el mercado rural, elaborando diferente accesorios con los cuales masacrar, mutilar y calcinar campesinos, han decidido ir a la conquista del mercado urbano, donde se consumen anualmente 5.000 ó 6.000 armas de fuego.

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El asesinato a sangre fría, que en términos técnicos se conoce como ejecución extrajudicial es inaceptable en términos jurídicos, pero ante todo éticos. Esto hace parte de esa cultura mafiosa, de esa cultura de la muerte, que se ha consolidado desde el Estado.

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