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opinión / análisis
Friday January 31, 2014 05:17 by José Antonio Gutiérrez D.
Santos no parece interesado en lograr la paz sino en utilizar las negociaciones para mejorar su deteriorada imagen con fines reeleccionistas. En la práctica, parece que su política es de manera deliberada ir de provocación en provocación. Si la tendencia se mantiene, tendremos un acuerdo de paz bellísimo en el papel, pero la realidad en el terreno será totalmente lo opuesto. Y al ritmo que van asesinando líderes sociales, no quedaran voces para exigir que se cumpla lo acordado.
A Juan Manuel Santos le va a crecer la nariz. Igualitico que a Pinocho. Pasará a la historia como uno de los presidentes más mentirosos que ha habido. Todo lo que hace es una farsa. Su ley de víctimas, su ley de tierras, sus rimbombantes acuerdos agrarios, todo. Usa las negociaciones con los campesinos, con los pobres, con los burlados de siempre, como mecanismo para ir aflojando las tensiones por aquí y por allá. Los engaña, hace promesas que no cumple, y luego no es que todo siga igual, sino que hace lo contrario a lo pactado y con más ganas que antes. Ojalá que el proceso de paz, el gran proyecto de su gobierno (y su carta para la reelección), no termine siendo otra más de sus farsas. Porque hasta el momento, su actitud, ante lo que se ha avanzado en las negociaciones parece una pura mamadera de gallo. Veamos. |
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Jump To Comment: 1 2 3Los 15 de febrero so para mí, por lo menos, desagradables. Hace tiempo, después de vivir sin orden en los Llanos durante las vacaciones, ese día tenía que volver al colegio. Años más tarde, en esa fecha mataron a Camilo Torres. Ahora el Gobierno, barajando una carta sospechosa, reanuda las fumigaciones de cultivos de coca el próximo 15 de febrero. Los aviones con sus alas llenas de roundup —herbicida producido por la criminal Monsanto— y con las barrigas blindadas para evitar que con todo y avioneta los pilotos gringos se destripen contra el suelo, volverán a levantar vuelo en Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Caquetá, Meta, Nariño y Guaviare. Medio país bañado de veneno. Van 20 años fumigando y la coca sigue tan campante. La estrategia de fumigar para subir los precios y bajar el consumo es fallida.
Sube el precio, pero no baja el consumo, lo que significa que a largo plazo la fumigación es una estrategia para sostener los precios y justificar la guerra contra las Farc, para cotizarles a las empresas contratistas norteamericanas que hacen el oficio y, claro está, contribuir al enriquecimiento de Monsanto. “En los últimos 12 años Colombia —informa la Silla Vacía— ha asperjado 1,5 millones de hectáreas, un promedio de 128.000 hectáreas al año o de una hectárea cada cuatro minutos”… y nada. Siguen existiendo, verdes y lozanas, unas 50.000 hectáreas de coca.
Con un agravante: las maticas producen cuatro cosechas en vez de una, el alcaloide contenido en la hoja es del 90 % en lugar del 40 % que tenían antes, y las técnicas de producción son mucho más refinadas y rentables. No sólo no han logrado reducir la producción de cocaína, sino que han hecho que los cultivos migren de una región a otra y de un departamento a otro, destrozando selva y haciéndoles campo a la ganadería y a la palma africana.
La fumigación de cultivos ilícitos es la causa del desplazamiento campesino, porque además de secar las matas de coca, mata los cultivos de maíz, yuca, plátano y de pasto para las tres vacas que tienen. Los aviones sueltan el veneno pero, como en el caso de Ecuador, “deriva por el viento” y cae no sólo sobre la coca. Es pues un arma que, como las trampas explosivas de las Farc, no discrimina, característica que es lo que las hace, a ojos del DIH, artefactos terroristas. En efecto, la fumigación causa terror en las zonas campesinas. Es un hecho comprobado que afecta la piel de niños y adultos y aumenta los abortos. Más criminal aún: ha sido plenamente establecido que “las tasas de mortalidad infantil en municipios fuertemente asperjados son más altas que en otros similares pero sin cultivos de coca” y que la tasa de homicidios aumenta.
Por esas razones, Ecuador demandó a Colombia ante la Corte de La Haya. Era evidente que, por ejemplo, el veneno botado en el río Mecaya caía en Lago Agrio. Colombia reconoció el efecto, prometió no volver a hacerle daño al vecino y pagó en compensación 15 millones de dólares, equivalente al daño emergente. Obligada, por supuesto, lo que indica que los argumentos de Ecuador serían acogidos “científicamente” por la corte internacional. Correa se prepara para vigilar la frontera. Hay que sumar a todo lo anterior el efecto político que tiene la guerra contra la droga en las zonas de cultivo de coca y marihuana: la gente se aferra a la guerrilla porque es de hecho su fuerza defensiva.
Los colonos bombardeados con veneno legitiman las acciones guerrilleras contra el Ejército, que va detrás de la Policía antinarcóticos, que, a su vez, va detrás de los contratistas armados extranjeros. ¡Una cadena vergonzosa! Y lo peor: para nada. O mejor, para algo: alimentar la guerra, el resentimiento campesino, el desplazamiento de poblaciones, el avance de la palma africana, la destrucción de la selva. ¿Cuánto le cuesta al país esta ridícula estrategia? Nadie sabe. Y los que saben lo mantienen en secreto, mientras en los estados de Washington y Colorado, en Uruguay, Holanda y Portugal se abre camino la regulación a través de la progresiva despenalización. No es fácil entender el hecho de estar negociando el problema de los cultivos ilícitos en La Habana mientras en el país el Gobierno agrava la situación fumigando a diestra y siniestra la economía posible de colonos y campesinos. Entretanto, los gringos siguen metiéndose todo lo que les llega.
La Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo –MIA- informa a la opinión pública y al campesinado colombiano en particular, que el día de hoy 13 de febrero de 2014 se hicieron presentes en la ciudad de Ibagué (Tolima), los delegados y delegadas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, integrantes de la MIA en el marco de las negociaciones que se desarrollan entre el gobierno nacional y el movimiento campesino, resultado del paro agrario y popular de 2013. No obstante la puntualidad de los dirigentes campesinos a la cita con el gobierno, los delegados de éste no se hicieron presente argumentando que habían sido cancelados los vuelos por mal tiempo, excusa esta, que consideramos injustificada teniendo en cuenta que el gobierno cuenta con los medios y recursos necesarios para su desplazamiento.
Transcurridos seis (6) meses de haber entregado nuestro pliego nacional de exigencias que recoge las reivindicaciones más sentidas y urgentes del campo colombiano y cinco (5) meses de conversaciones con el gobierno, donde no hemos visto la verdadera voluntad política del gobierno nacional para dar salida a la crisis que dio origen al paro agrario y popular. Al mismo tiempo que denunciamos el asesinato de 17 líderes campesinos e indígenas posterior al paro que se suman a los 12 asesinatos en el desarrollo del mismo.
Reiteramos nuestra inconformidad por los desplantes que el gobierno ha venido haciendo en varias ocasiones, es reiterativo el incumplimiento, la irresponsabilidad y la falta de presencia en las reuniones acordadas conjuntamente, a la vez dejamos constancia de nuestra irrestricta voluntad política de alcanzar soluciones por la vía del diálogo para nuestras comunidades rurales históricamente excluidas por las políticas impuestas desde el estado.
Proponemos se convoque de manera urgente a una reunión de garantes con el objeto de retomar el rumbo correcto del acuerdo de Popayán entre el gobierno nacional y la MIA, así mismo, garantizar las condiciones mínimas para que los delegados de la organizaciones campesinas participan en la negociación.
Por último, llamamos a las comunidades organizadas del campo y la ciudad a organizar y participar en el encuentro nacional de unidad popular que se realizara desde el próximo 21 de febrero y de la cumbre Agraria, étnica y popular que se desarrollara en la ciudad de Bogotá, los días 15, 16 y 17 de Marzo del presente, al igual que del cuarto (4) encuentro de zonas de reserva campesina. Del mismo modo a continuar preparando activamente las futuras movilizaciones ante la negligencia del gobierno central.
Por la unidad del movimiento agrario, étnico y popular.
Ibagué, Febrero 13 de 2014.
Constatamos con satisfacción que, al referirse a los problemas más urgentes del mundo rural, la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, ha trazado caminos de entendimiento mediante propuestas que se hace necesario atender. A grandes temas como la tenencia y uso de la tierra, los territorios colectivos, el ordenamiento territorial, la necesidad de una economía propia contra el modelo de despojo y lo más sensible en cuanto a lo que concierne a explotación minero-energética, agregaron sus opiniones sobre los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola.
¿Quiénes mejores conocedores de esta problemática y sus impactos, que los campesinos? Ellos son los que sufren la victimización, no los capos del capital financiero, verdaderos artífices del negocio del narcotráfico. Pero además, son estos compatriotas de la Colombia olvidada, quienes sufren el rigor de la persecución Estatal. Este es el tema que en la actualidad debate la Mesa de La Habana, y sin duda son las iniciativas de las comunidades rurales las que nos dan la clave para superar la fracasada y arbitraria guerra contra las drogas, que tanta contaminación, muerte y desesperanza trae a los pobres del campo, mientras se llenan los bolsillos de los narcotraficantes, que orondos se pavonean, posando de banqueros, políticos o prestigiosos empresarios, en el mundo de la falsa legalidad.
En la visión de los campesinos y comunidades rurales, no es la erradicación forzada y las fumigaciones aéreas que envenenan los campos lo que resolverá el problema; por ello hay que iniciar con redefinir los lineamientos de una nueva política antinarcóticos con enfoque humanizado que se comprometa con:
El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.
Un programa de sustitución participativo, concertado, gradual, ambientalmente sostenible que se inscriba en los marcos de una reforma rural integral profunda, estructural, que permita generar no solo fuentes alternativas a los cultivos de uso ilícito, sino a la existencia plena de las comunidades, brindando bienestar y buen vivir. Ello implica ligar estos programas de sustitución con el conjunto de la Reforma Rural Integral, a la planeación y ordenamiento territorial, al fortalecimiento de la economía campesina, etc., dentro de tiempos y procedimientos que ayuden a los afectados a salir de la miseria que los agobia, brindándole protagonismo y capacidad de decisión.
Una nueva política antidrogas, si algo debe erradicar son las aspersiones que tanto daño le han hecho al medio ambiente y la represión que atenta contra la vida y los derechos humanos de las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas. Una política fuera de los fracasos del prohibicionismo y el carácter punitivo, debe liberar a quienes han sido judicializados sin tomar en cuenta que se trata de víctimas de quienes desde las altas cumbres del poder económico, se lucran de un flagelo mundial.
Un Plan concertado debe librar de la aplicación de la extinción de dominio a los predios de campesinos y gente humilde de áreas rurales, que por diversas circunstancias se han visto obligados a cultivar marihuana, coca y amapola. Y alguna alternativa al destierro deberá buscarse para las miles de familias que también, por necesidad y porque la tierra ha sido tomada por los grandes latifundistas, han tenido que ubicarse en Parques Naturales o zonas de reserva ambiental.
En todo caso, una política de sustitución debe tener gradualidad, debe estar respaldada con inversión social en la ejecución de planes que cuenten con el acuerdo y la decisión de las comunidades, lo cual implica el rechazo a procesos de sustitución basados en la imposición de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares.
Los cultivos y otros proyectos productivos sustitutos que fortalezcan la economía campesina, comunitaria y solidaria deberán tener garantía de mercadeo y seguros a largo, mediano y corto plazo, que garanticen estabilización de los Sistemas Productivos Sostenibles, para lo cual es fundamental garantizar el acceso a la tierra, su formalización, la mejora de infraestructura, y el acceso a asistencia técnica y a tecnología.
Un Programa o Plan intergal de sustitución no debe pasar por alto el respeto y fortalecimiento de los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, la amapola y la marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias, y cada proceso de uno u otro tipo deberá tener la impronta del manejo, fundamentalmente comunitario, y al lado de la atención de los problemas del campo en las dimensiones de la reforma Rural Integral, deberá atenderse el problema del consumo como asunto de salud pública que considere también a los adictos como víctimas y no como delincuentes, apuntando, sí, a atacar de manera soberana, el eslabón más fuerte, que está en el campo de los comercializadores: es decir, de los narcotraficantes.