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2014: los dilemas de la izquierda colombiana ante la profundización de la guerra sucia

category venezuela / colombia | la izquierda | opinión / análisis author Friday January 24, 2014 19:28author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

Todo indica que el 2014 será un año negro para los movimientos populares desde el punto de vista de la represión. Empezamos con asesinatos, desapariciones, arrestos masivos y selectivos, amenazas paramilitares a los miembros de organizaciones políticas de oposición como Marcha Patriótica, la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo, así como a organizaciones sociales campesinas, comunitarias, de mujeres, indígenas, etc. Tres hechos fundamentales convergen en el 2014 para que la maquinaria de muerte y terror del Estado esté bien aceitada y trabajando a todo vapor. Primero, que este es un año electoral. Segundo, que es un año clave para el proceso de paz. Tercero, que será un año de renovadas protestas sociales ante el incumplimiento de los acuerdos con los movimientos sociales por parte del gobierno tras los formidables paros del 2013. La crisis económica y política se agudiza, el pueblo no aguanta más, y el gobierno lo único que sabe hacer es mentir, prometer y reprimir.
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2014: los dilemas de la izquierda colombiana ante la profundización de la guerra sucia

Todo indica que el 2014 será un año negro para los movimientos populares desde el punto de vista de la represión. Empezamos con asesinatos, desapariciones, arrestos masivos y selectivos, amenazas paramilitares a los miembros de organizaciones políticas de oposición como Marcha Patriótica, la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo, así como a organizaciones sociales campesinas, comunitarias, de mujeres, indígenas, etc. Desde Nariño hasta el Atlántico, pasando por Caquetá, Tolima, Chocó y mil rincones, todo el territorio colombiano se empaña de sangre y terror. Esto, de la mano del aumento de la militarización de los territorios y de incesantes bombardeos contra-insurgentes.

Tres hechos fundamentales convergen en el 2014 para que la maquinaria de muerte y terror del Estado esté bien aceitada y trabajando a todo vapor. Primero, que este es un año electoral. Segundo, que es un año clave para el proceso de paz. Tercero, que será un año de renovadas protestas sociales ante el incumplimiento de los acuerdos con los movimientos sociales por parte del gobierno tras los formidables paros del 2013. La crisis económica y política se agudiza, el pueblo no aguanta más, y el gobierno lo único que sabe hacer es mentir, prometer y reprimir. La represión será mediante los cuerpos represivos oficiales del Estado, pero también por las fuerzas de ese “Estado profundo” que golpea desde la obscuridad.

Es importante que la izquierda, que el movimiento popular, que el movimiento de solidaridad internacional prevean estos escenarios de terror y muerte. Es necesario sacar conclusiones y ver qué sigue para delante. ¿Cómo oponerse a esta maquinaria de muerte, más allá de las rutinarias demandas -al mismísimo Estado que orquesta la represión oficial y paraoficial- de garantías para la oposición y el ejercicio de los derechos políticos para todos los ciudadanos? ¿Cómo rodear los diálogos de paz sin caer en dar un cheque en blanco desde el pueblo a un gobierno cuyas manos están untadas de sangre? ¿Cómo lograr la unidad de los sectores populares sin reproducir todos los vicios de la vieja política, el clientelismo, el verticalismo, las roscas, que son transversales a todos los partidos tradicionales y, lamentablemente, infectan también a un sector de la izquierda institucionalizada? Preguntas nada fáciles pero urgentes en la actual coyuntura.

Colombia se merece más. Colombia se merece un movimiento político, social, de masas, audaz, creativo, con principios innegociables, con mecanismos democráticos, transparentes y participativos. Un movimiento que pueda propiciar la unidad, desde las bases, desde los que luchan, en lugar de hacer toda clase de malabarismos por la unidad en las alturas como ha hecho desde siempre la política tradicional. Mucho se ha avanzado en este proceso y cada día los vientos de la unidad soplan más fuerte, venciendo sectarismos y haciendo converger voluntades. Ahí están las constituyentes por la paz, las cumbres agrarias y populares y muchas otras iniciativas que existen gracias al brillante esfuerzo y los innumerables sacrificios de infinidad de compañeros y compañeras. Pero falta mucho por hacer y los procesos son todavía demasiado precarios. Sería una noticia lamentable que Marcha Patriótica tuviera que disolverse por la inclemente persecución a que ha sido sometida por el establecimiento: los muertos y desaparecidos ya superan los 30, para no hablar de los más de 200 miembros con procesos judiciales y otros tantos con amenazas paramilitares sobre sus cabezas. ¿Es disolverse la única opción? El movimiento aún no lo ha decidido, pero hay que tener claridad que en las regiones, ésta es una herramienta fundamental para articular y coordinar la protesta popular como lo demostró el paro agrario y popular de Agosto del 2013. No debemos ceder un milímetro el terreno que hemos ganado en la lucha social ¿No podemos pensar en formas alternativas, como intentar movilizar una amplia marea de jóvenes de distintos rincones del mundo para que acompañen a los procesos de la Marcha en las veredas, corregimientos, barrios, donde haga falta? Si el Estado no da garantías a los que luchan, que el internacionalismo de los pueblos sea la garantía con la cual construir un dique de contención a la represión. Demostrarles que, ayer como hoy, NO PASARÁN. Es una tarea difícil pero realizable, existiendo ya cierta infraestructura en Europa o EEUU; la juventud latinoamericana podría jugar un rol clave en este proceso, mediante las múltiples plataformas que ya existen, al alero de un espíritu alternativo de integración continental.

¿Qué pasa a nivel de lo electoral? Dirigentes de la Unión Patriótica reconocen que no hay garantías para la oposición política, en particular, para su partido. Sin embargo, pese a las constantes denuncias y demandas de garantías, se sigue adelante con la campaña electoral como si nada. Entiendo el argumento de que tienen todo el derecho de ocupar un espacio que les pertenece, y que tienen hasta un deber moral de no cederlo ante los que patrocinaron el genocidio de más de 5.000 de sus compañeros. Pero, ¿qué ocurre si la represión sigue su escalada? ¿Seguiremos para adelante a cualquier costo, aunque tengamos muertos que lamentar? ¿No sería, en cierta medida, participar electoralmente en ausencia de garantías legitimar el actual régimen ilegítimo que encarcela, persigue y asesina a los proyectos alternativos de país? ¿No sería un boicot electoral ante la falta de garantías y si continúa la escalada represiva, un mensaje mucho más poderoso que cualquier campaña en condiciones de violencia, donde ni siquiera dan espacio en los medios a sus candidatos? Se participe o no se participe, el movimiento popular y solidario tenemos el imperativo moral de cerrar filas para intentar blindar lo más posible al movimiento y no permitir que la historia se repita. NUNCA MÁS. La cuestión en realidad, más allá de si se participa o no, es evaluar las tácticas a la luz de la coyuntura. ¿Qué decisión tendría mayor impacto, de aumentar la tendencia represiva, en el proceso de rearticulación de las luchas populares y de creciente oposición al régimen?

Por último está el proceso de paz. ¿Es necesario recordar que este proceso de negociaciones en La Habana es un triunfo del pueblo colombiano? Este proceso de paz no es ninguna dádiva de Juan Manuel Santos, sino que es resultado de las demandas populares y la presión al régimen (no nos olvidemos de la coyuntura de inicios del 2012). En últimas, es un deber constitucional, no un favor. No podemos permitir que se utilice la paz como un argumento para domesticar la protesta popular. No hace bien que un día denunciemos la falta de garantías, los crímenes del régimen, y al otro, dirigentes de izquierda aparezcan diciendo que entienden las “presiones” sobre Santos, que hay que ponerse en sus zapatos o que compartimos un interés supremo por la paz, cuando a las claras la visión de paz que promueve el gobierno es antagónica a la que se propone desde los movimientos populares. Santos no es un día un amigo y otro un enemigo. Representa un proyecto de clase, político, social, económico muy diferente al que se levanta desde las demandas de los crecientes sectores sociales movilizados. Eso es todo. El pueblo colombiano merece que se le hable claro.

Los desafíos que se vienen son importantes. Los dilemas por resolver no son nada fáciles y todos tenemos que aportar con ideas e inquietudes. Nadie puede ser espectador hoy en día. Hay que meter brazos, corazón y cerebro a este proceso. Asistimos a un punto de inflexión en la historia colombiana y necesitamos que las palabras claves (solidaridad, lucha, alternativa, unidad) asuman formas específicas, se hagan carne y verbo. Colombia se merece más. Todo el pueblo colombiano merece más. Ese cambio no vendrá desde arriba. Sin hacerse ilusiones, pero tampoco con iluminismos, preparándose para los duros meses que se vienen, es menester que todos pongamos todo de sí, para que esta vez demostremos que los de abajo sí que pueden.

José Antonio Gutiérrez D.
22 de Enero, 2014

author by Marcha Patrióticapublication date Thu Jan 30, 2014 04:43author address author phone Report this post to the editors

El Comité de Impulso de Marcha Patriótica, departamento de Córdoba comunica a la opinión pública nacional e internacional nuestra preocupación y rechazo por todos los acontecimientos lamentables que han venido concurriendo en los escasos primeros días de este 2014. Sentimos, al igual que la mayoría de quienes militamos en este movimiento el temor latente por todo este flagelo de persecución política y muertes selectivas en contra de nuestros compañeros y compañeras:

1. El 3 de enero, a pocos días del discurso de Santos, en la ciudad de Barranquilla, fue desaparecido Mario Arenas Peña, miembro activo del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en este departamento y defensor de los campesinos y desplazados asentados en los predios Cuba, Lote 4 y Tamarindo en Barranquilla.

2. El 4 de enero Yovanni Leiton, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Zabaleta, municipio de San José del Palmar (Chocó) y miembro de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria (MIA) fue torturado y asesinado junto con su compañera sentimental Doris Liliana Vallejo Mora.

3. El mismo 4 de enero en la ciudad de Soledad, Atlántico, fue asesinado por pistoleros el dirigente regional del sindicato de trabajadores cerveceros SINALTRACEBA, Ever Luis Marín Rolong.

4. Ese mismo día fue detenido en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) el profesor Francisco Toloza, integrante de la Junta Patriótica Nacional de la Marcha Patriótica y responsable de relaciones internacionales de este movimiento político, bajo el cargo de rebelión agravada.

5. El 10 de enero en las afueras de la Plaza de Toros de Manizales agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) arrojó una bomba de gas lacrimógeno contra manifestantes, resultando cuatro personas lesionadas dentro de las que se encuentra el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Caldas, Óscar Arturo Orozco.

6. El 13 de enero el grupo paramilitar autodenominado “Bloque Militar Valle del Cauca – Águilas Negras – Rastrojos”, amenazó de muerte a líderes agrarios y campesinos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA) la Coordinación Departamental Valle del Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano (PUPSOC), la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, voceros e integrantes de la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) en el Departamento del Valle del Cauca.

7. El 15 de enero los periodistas Robert Romero del medio ‘Meridiano de Sucre’ y su esposa, Yila Aguilera, quienes cubrían el desalojo de un predio en Sucre, fueron atacados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), causándoles heridas a los comunicadores y borrándoles la información registrada.

8. El 16 de Enero, varias unidades del Ejército Nacional se instalaron en la zona rural del municipio de Dolores, Tolima, cercando las fincas de varios campesinos miembros de la Organización Campesina Vegas del Café subdirectiva y filial de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL) dejando como resultado la captura de los labriegos José Jhonson Tintin, José Faidiviar Ramírez Romero, Esgardo Guayabo Ramírez, Duverney Herrera, Albeiro Ramírez Romero Y Juan Carlos Ramírez Romero quienes son reconocidos en la región por su labor comunitaria.

9. El viernes 17 en el caserío Víbora, municipio de Inzá, militares del batallón José Hilario López, adscrito a la brigada 29, asesinaron al campesino de 19 años Wilder Eduardo Olave.

10. El 27 de enero fue asesinado Duvis Galvis, de 33 años, casado y con tres hijos y quien, según la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), murió el domingo cuando regresaba a su casa y desconocidos le propinaron varios disparos en el pecho.

Ante todos estos hechos, solicitamos:

1. A la Oficina en Colombia de la Alto Comisionado de Naciones Unidas instar al Estado Colombiano para que dé real cumplimiento a los tratados internacionales firmados en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, como mecanismo fundamental de todo Estado Social de Derecho.

2. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instar al Estado Colombiano para que cumpla con lo pactado en la Convención Americana de derechos humanos.

3. A los organismos Internacionales de Protección a los Derechos Humanos denunciar y acompañar política y humanitariamente a los líderes, lideresas y militantes en general de nuestro movimiento político y social Marcha Patriótica.

¡SOMOS CAMBIO, SOMOS PAZ!

Andrés Chica Durango Defensor de Derechos Humanos Garante de la MIA en Córdoba Coordinador del Comité de Impulso Marcha Patriótica Córdoba

author by ASCAMCATpublication date Thu Jan 30, 2014 22:46author address author phone Report this post to the editors

La Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, organización defensora de derechos humanos y que agrupa a los campesinos y campesinas residente en la región del Catatumbo, se permite hacer la presente denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, por los hechos sucedidos en municipio de Sardinata.

Hechos

1. Duvis Antonio Galvis era el presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Bojoso del municipio de Sardinata y reconocido líder de la comunidad.

2. El día 26 de enero del 2014, en las horas de la mañana, Duvis Antonio Galvis, se dirigía hacia su residencia en su motocicleta con un menor de 10 años hacía su lugar de residencia.

3. En ese momento fue interceptado por desconocidos quienes dispararon contra Duvis Antonio Gálvis, recibiendo varios impactos de bala en su pecho que le causaron la muerte.

4. El menor que lo acompañaba quedó en estado de shock al ver lo que acababa de presenciado.

Antecedentes

1. La Asociación Campesina del Catatumbo en el año 2005, con el objeto de defender y promover los derechos humanos, el derecho a la tierra, la permanencia en el territorio e impulsar las Zonas de Reserva Campesinas. En esta fecha se constituyó la Asociación por medio del Acta Constitutiva registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, como entidad sin ánimo de lucro, identificándose con las siglas de ASCAMCAT.

2. ASCAMCAT viene impulsando una reforma agraria integral y democrática, con el fin de resolver las necesidades de los campesinos: acceso a los créditos, asistencia técnica, restitución de las tierras despojadas o abandonadas, de acceso a la vivienda y en general la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente. ASCAMCAT defiende y promueve los derechos humanos de los campesinos de las veredas y corregimientos de los municipios de Teorama, El Tarra, Tibú, San Calixto, El Carmen, Hacarí y, Sardinata y la Playa del departamento de Norte de Santander, en estas veredas han ocurrido varias masacres, violaciones a los derechos humanos y desalojos de tierras por parte de la fuerza pública y de los grupos armados al margen de la ley.

3. ASCAMCAT ha llevado a cabo de manera reiterada denuncias por violaciones de derechos humanos, al derecho internacional humanitario, por los desalojos y desplazamientos forzados de los campesinos de esa zona.

4. A partir de mediados de 2010 familias integrantes de ASCAMCAT y algunos de sus dirigentes fueron víctimas de hostigamientos y amenazas que los culminaban a abandonar sus viviendas, el cual se presume es por parte de los paramilitares, hechos que estan en investigación.

5. El 15 de marzo de 2013 la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR presento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- una solicitud de medidas cautelares a favor de los miembros de la ASCAMCAT.

6. A raíz de las últimas movilizaciones de la sociedad civil perteneciente al Catatumbo en el legítimo ejercicio de la protesta social, miembros de la Asociación y demás campesinos han sido víctimas de la represión y excesos de la fuerza pública, que han dado como resultado varias personas lesionadas y el asesinato de cuatro (4) integrantes de la protesta social, a su vez, que algunos están atravesando montajes judiciales.

7. En los últimos meses se ha venido denunciando la presencia de grupos paramilitares en la región del Catatumbo y agresiones físicas y verbales por parte personas vestidas de militar y desconocidos.

8. También se puede evidenciar las persecuciones y hostigamientos a miembros de la Junta Directiva de ASCAMCAT en razón al trabajo desarrollado por ellos de promoción y defensa de los derechos del campesinado de la región.

9. No es el primer asesinato presentado contra personas cercanas a la Asociación; el día 2 de diciembre del 2013 fue asesinado Jorge Eliecer Calderón Chiquillo cuano se dirigia hacia su trabajo ubicado en la vereda miramontes cuando se movilizaba en su motocicleta fue asesinado por miembros del Elército Nacional. El joven tuvo una participación activa en las manifestaciones campesinas del 2013.

11. El año pasado se presentaron erradicaciones manuales en el sector rural de Sardinata.

15. Duvis antonio Galvis en calidad de presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Bojoso servía como enlace de la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT y las familias de ese lugar para la ejecución de proyectos de reparación a las víctimas de la erradicación violenta de cultivos, acordados entre la Asociación Campesina y el gobierno nacional en el marco de las negociaciones de la Mesa de Interlocución y Acuerdo - MIA.

16. El presidente de la J.A.C. no reportaba amenazas en su contra para el momento; sin embargo era férreo opositor a los planes de consolidación que se adelantan en la región

Derechos vulnerados

Con lo expuesto anteriormente se evidencia una posible comisión de los tipos penales contenidos en el Código Penal Colombiano como Homicidio agravado (artículo 103 y 104 inc. 10).

Exigimos

1. Que cesen los ataques y señalamientos a los habitantes del Catatumbo.

2. Que por estos hechos y antecedentes, que se investigue, y se tomen los correctivos necesarios por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, para que cese la ola de amenazas, persecución, señalamientos y terror que atenta contra la integridad física y psicológica a los campesinos y campesinas del Catatumbo, contra los miembros de nuestra Asociación y quienes ejercen cargos de directivos en la misma y que implican graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH.

3. Igualmente, instamos a la comunidad nacional e internacional, defensores de DDHH a que se pronuncien en favor de la defensa de los derechos civiles y políticos que tenemos todos los colombianos, que luchan por las reivindicaciones sociales de una región azotada por el conflicto armado y el abandono Estatal.

4. Que el gobierno nacional tome las medidas necesarias para que se garantice el respeto a la vida, la integridad y demás derechos humanos de quienes optan por la organización social en procura de la consecución de sus derechos, sin que esto sea causante de persecución.

Responsabilizamos

Al gobierno nacional, a las autoridades militares y fuerza pública, a los órganos de control y demás organismos Estatales encargados de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y en general el respeto por nuestros derechos políticos, por las posibles violaciones que por cualquier hecho, bien sea por acción o por Omisión de éstas entidades, afecten la integridad de los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo y la población de la región.

El presente comunicado se envía a las siguientes Autoridades e Instituciones:

Juan Manuel Santos, Presidente de la República. Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño. Bogotá, D.C. Fax: (+57 1) 566.20.71; E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co

Angelino Garzón. Vicepresidente de la República. Carrera 8a No.7-57. Bogotá, D.C.; Teléfonos: (57 1) 444 2120, 444 2122; E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co

Aurelio Iragorri Valencia. Ministerio de Interior. Carrera 8 No. 7 – 83, Bogotá D.C.; PBX : (57) 1 242 74 00; E-mail: servicioalfuncionario@mininterior.gov.co

Juan Carlos Pinzón. Ministerio de Defensa. Carrera 54 Nº 26 – 25 CAN, Bogotá - Colombia PBX (57-1) 315 0111; E-mail: juan.pinzon@mindefensa.gov.co

Andrés Villamizar Pachón. Unidad Nacional de Protección. Calle 26 No. 59-41/65 Bogotá D.C. Colombia - PBX: (571) 4269800; E-mail: atencionalusuario@unp.gov.co

Alma Viviana Pérez. Programa Presidencial De Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Calle 7 No. 6 - 54 Bogotá D.C.; Teléfono (57 1) 595 1850 Fax: (57 1) 566 2064, 334 1817; E-mail: ppdh@presidencia.gov.co

Jorge Armando Otálora Gómez. Defensoría del Pueblo; Calle 55 Nº 10 - 32 Bogotá PBX: [57 1] 3147300; E-mail: asuntosdefensor@defensoria.org.co

Alejandro Ordoñez. Procurador General de la Nación; Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co

Eduardo Montealegre Lynett. Fiscalía General de la Nación; Diagonal 22 B No.52-01 (Ciudad Salitre, Bogotá D.C.); Fax: (+571) 570 20 00 - 57(1) 414 90 00- 2004; E-mail: luis.montealegre@fiscalia.gov.co

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Calle 113 No. 7-45 Torre B Oficina 1101 Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá; Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637; E-mail: oacnudh@hchr.org.co

Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. 1889 F St. N.W. Washington, DC, U.S.A. 20006; Teléfono: (202) 370-9000, Fax: (202) 458-3992; E-mail: cidhoea@oas.org

Cualquier notificación para el seguimiento de ésta denuncia favor contactar al correo electrónico: ascamcatcatatumbo@gmail.com

author by César Pachónpublication date Thu Jan 30, 2014 23:06author address author phone Report this post to the editors

No crean todo lo que leen. No crean en supuestos campesinos de los que no se dan nombres. No crean todo lo que escuchan. Aprendamos a leer entre líneas y ver donde está realmente el interés por destruir nuestra lucha.

Sabíamos que lo que sucedió con el candidato al Senado Alvaro Uribe en Tunja iba a traernos problemas. Sabíamos que no nos iba a salir gratis el haberlo enfrentado y haberlo echado de nuestra plaza, pero no creímos que sería tan rápido.

Esta campaña sucia no es en contra mío solamente. Ellos lo que buscan es acabar con las dignidades agropecuarias, acabar con los que luchamos en el paro y dimos la vida en las carreteras.

El gobierno aún no ha ejecutado los acuerdos que llegamos en las mesas y los campesinos nos estamos cansando de esperar. Es muy probable que se repitan las movilizaciones del año pasado si en 90 días el gobierno no cumple. Entonces estos señores quieren destruirnos antes que suceda. Quieren que nos pelemos entre nosotros, que nos desorganicemos, para perder fuerza. Nos llevó años organizarnos y ser una fuerza social y estos señores de la noche a la mañana quieren acabar con todo.

No soy ni el primero ni el último líder social que cree en que hay que hacer política y no dejar siempre a los mismos. A los mismos que nos llevaron a esta situación.

Sin embargo hay decenas de líderes sociales, los cuales respeto, en otros partidos y nadie dice nada. Parecería que el único soy yo, que no tengo aún una candidatura firme porque rechacé la oferta de los partidos tradicionales. Por mi cabeza en Boyacá ofrecen 300 millones. Es por eso que tengo escoltas. Porque el Estado colombiano está obligado a si un ciudadano tiene amenazas de muerte comprobadas darle protección. A mi me gustaría vivir en un país donde los líderes sociales no seamos amenazados. Me gustaría volver a compartir la intimidad con mi familia y amigos sin tener dos señores acompañándome a todos lados.

Estén siempre atentos, estén siempre alertas y duden siempre de quienes buscan separarnos, porque la lucha del pueblo campesino es la misma lucha de todo el pueblo colombiano. Es la lucha de los docentes, de los estudiantes, de los médicos, de los pueblos indígenas, de los indignados.

Con ustedes somos más, con ustedes somos más fuertes.

Related Link: http://www.youtube.com/watch?v=1w7kSKI_bg4
author by Partido Comunista Colombianopublication date Thu Jan 30, 2014 23:26author address author phone Report this post to the editors

Ante la arremetida por parte de organismos estatales contra las libertades políticas y los derechos humanos y la vida de militantes, líderes y activistas de Marcha Patriótica, la Unión Patriótica y el Partido Comunista, dirigentes de estas organizaciones denunciaron la incapacidad y falta de voluntad del gobierno para cumplir sus mínimos compromisos de propiciar la intervención política de las fuerzas alternativas.

Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista y candidato a la Cámara de Representantes por la Unión Patriótica, señaló que están hartos del doble discurso practicado por el gobierno de Santos y del montaje de los organismos de seguridad del Estado contra dichos movimientos.

“Por una parte, el jefe del Estado en sus reuniones con nuestros representantes, repite que su gobierno ofrece garantías para el ejercicio democrático de la oposición y la participación en la campaña electoral. Pero por otro lado, voceros del gobierno alimentan montajes para justificar detenciones, asesinatos, amenazas y desapariciones o colocándonos en la línea de fuego del paramilitarismo y la derecha guerrerista”, señaló Caycedo Turriago.

El candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá y ex concejal de esta ciudad manifestó que “la indolencia oficial lleva al país a recorrer peligrosamente dolorosas experiencias de guerra sucia ya vividas”: 30 asesinatos en las últimas semanas, numerosas detenciones arbitrarias, desapariciones y un ambiente totalmente enrarecido que pretende sacarnos de la escena nacional. Entre tanto, el gobierno de Santos permanece cruzado de brazos pero practicando una retórica pretendidamente garantista que en realidad no existe”.

“Ayer nada más fue asesinado en Norte de Santander el compañero Duvis Galvis, de 33 años, a renglón seguido del allanamiento ilegal de la Policía Nacional contra la sede del Partido Comunista y la Unión Patriótica, donde resultara detenido y torturado el portero de la edificación. ¿Esas son sus garantías, señor presidente?”, reclamó el candidato a la Cámara.

Caycedo refrendó la vocación civilista tanto de Marcha Patriótica como de la Unión Patriótica, recordando que han soportado la persecución implacable desde el Estado e incluso la casi total desaparición de la UP en condiciones de absoluta indefensión y reclamó que de una vez por todas el gobierno Santos materialice las garantías de reparación política que ordenó el Consejo de Estado, el restablecimiento del buen nombre y el compromiso público del Presidente para hacer posible que un movimiento sobreviviente de un genocidio monstruoso acceda a las condiciones mínimas para ejercer su derecho a la participación política. “De no ser así, habría que reconsiderar la participación electoral. No estamos para validar incondicionalmente a un régimen que excluye deliberadamente a los movimientos sociales y a la oposición democrática para tratar de asegurar la reelección e impedir los cambios democráticos que son parte integral del anhelo de paz del pueblo colombiano”, indicó.

author by Miller Armín Dussánpublication date Fri Jan 31, 2014 16:51author address author phone Report this post to the editors

El voto en blanco, con 30,6 %, sería la opción electoral mayoritaria para los colombianos si las elecciones presidenciales fuesen mañana, según la encuesta Colombia decide, que arroja como segundo resultado el apoyo a la posible reelección del presidente Juan Manuel Santos, con 27 % El avance del voto en blanco que hoy encabeza las encuestas para Congreso y Presidencia de la República de Colombia, ha generado un temor sin precedentes no sólo en los partidos tradicionales sino aquellos que se reclaman de izquierda y, además, se reconocen minoritarios.

Muchos posan de analistas. Lo más preocupante es que quienes se reclaman de la oposición, de izquierda hacen todos los esfuerzos para intentar “demostrar” que si avanza el VOTO EN BLANCO, ellos pierden. Es decir, no están seguros de que quienes siempre han votado minoritariamente por ellos ahora lo vuelvan a hacer. O más grave aún. Es un reconocimiento de su incapacidad para convencer a los ciudadanos de que sus propuestas programáticas los representan. En ambos casos, el temor es perder o no acceder al codiciado puesto parlamentario.

Ahora, la disculpa es que si ellos no alcanzan el umbral es responsabilidad de quienes VOTAN EN BLANCO. Incluso, existen cuñas publicitarias que llaman al VOTO LIBRE, no importa por quien, siempre y cuando no VOTEN EN BLANCO, estigmatizándolo, desconociéndolo como el Voto más libre, autónomo y democrático, incluso reconocido en la Constitución y la Ley como un Derecho Ciudadano, "una herramienta legítima y valiosa de expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad por parte de los sufragantes”, (Resolución 0920)

En el Huila, fue tan impactante el surgimiento del VOTO EN BLANCO, en las elecciones atípicas para la gobernación, cuyo candidato único, Carlos Mauricio Iriarte, fue respaldado por todos los partidos, entre ellos, algunos que se reclaman de izquierda, que acudieron ante el Consejo Nacional Electoral, logrando, a través de la Resolución 977 del 20 de marzo de 2013, que se prohibiera y ordenara encarcelar a quienes promovieran el VOTO EN BLANCO. Es decir, el Derecho Ciudadano a expresarse libremente, a disentir y protestar contra la fracasada “democracia representativa”.

La represión y la estigmatización del VOTO EN BLANCO no lograron impedir el auge sin precedentes del mismo, promovido por las organizaciones sociales, Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo –Asoquimbo-, la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur y Comunidad, por la defensa del Territorio y contra la política minero energética, los agronegocios y lor TLC de Santos y Uribe. Sumó 78.000 VOTOS convirtiéndose en la primera fuerza ciudadana, donde las nuevas VOCES expresaron su indignación, su autonomía, su capacidad de decidir por sí mismos, constructores de una alternativa ciudadana y social que participa y resiste contra el control corporativo de nuestro territorio por las empresas transnacionales, pero que desprecian todos los partidos o sectas religiosas convencidas de que la política se reduce a la "representación parlamentaria", es decir, a mantener el Régimen Político centralista, autoritario, clientelista, corrupto, mafioso y criminal.

El VOTO EN BLANCO tiene infartado a los partidos políticos, en especial, a los minoritarios que se reclaman de izquierda cuya angustia es perder sus dos o tres curules o no alcanzar el umbral. Lo paradójico, es que atacan el VOTO EN BLANCO, un Derecho Ciudadano a la libre expresión propia de la misma democracia que dicen defender. No se entiende cómo si se reclaman de oposición al régimen o al gobierno y sus argumentos son válidos, no logran convencer a la mayoría de los ciudadanos para que voten por sus candidatos y se conviertan en mayoritarios. O realmente temen que quienes siempre han votado por ellos se sumen al VOTO EN BLANCO.

No me cabe ninguna duda que su única preocupación es mantenerse o aspirar a curules en el parlamento, aspiración legítima que deberían alcanzar por convicción y persuasión programática y no atacando a quienes legítima y legalmente han decidido ejercer su Derecho Ciudadano de apoyar el movimiento del VOTO EN BLANCO.

Algunos buenos parlamentarios de oposición cumplen con su función de control político y cuentan con respaldo social. La pregunta es ¿por qué no avanzan electoralmente?. Claro, la maquinaria, el clientelismo o la “mermelada” como se dice ahora ¿O es que pretenden realmente acumular mayor número de Votos oponiéndose al VOTO EN BLANCO?. ¿Por qué no se preguntan por el avance incontenible de éste movimiento? ¿Por qué no convencen a quienes han decidido Votar en Blanco de que su propuesta programática los representa?

El Movimiento del VOTO EN BLANCO se erige hoy como un PODER CIUDADANO contra el Régimen Político. De lograr las mayorías e invalidar las elecciones parlamentarias se constituiría en una alternativa que sumada a las acciones de resistencia obligaría no a repetir las elecciones sino a convocar una Asamblea Constituyente de representación ciudadana y de organizaciones sociales mayoritaria capaz de reformar el régimen económico y político actual para avanzar en la construcción de la convivencia con fundamento en la justicia social. Pero claro. Para quienes se oponen al mismo movimiento es imposible porque quienes controlan el sistema no lo van a permitir. Entonces, ¿con 4 o 5 curules en el parlamento pretenden a través del control político cambiar el Régimen dominante que pregonan en todas sus plataformas políticas, incluso construir el socialismo?

Para quienes anticipan que el VOTO EN BLANCO no logrará ser mayoritario o si lo es pierden el tiempo porque se repetirían las elecciones únicamente con candidatos de “derecha” se les pregunta si una derrota electoral sin precedentes, motivada por el VOTO EN BLANCO, no ocasionaría la profundización de la crisis institucional. Afirmar que si avanza el VOTO EN BLANCO quien se fortalece es el actual régimen político es actuar de mala fe al desconocer que los ciudadanos son capaces de realizar transformaciones que aún no han logrado los partidos de oposición. Equivale a desconocer que a través de las movilizaciones sociales se han logrado reivindicaciones significativas como lo demuestran los recientes paros agrarios, reivindicaciones que no se han alcanzado por la simple intervención de los parlamentarios de oposición. Tampoco se pretende negar la importancia de la lucha parlamentaria siempre y cuando sirva para deslegitimar el Régimen Político como se busca ahora con el VOTO EN BLANCO en esta coyuntura excepcional donde los ciudadanos, sujetos de derechos, no creen en la institución parlamentaria y antes que abstenerse prefieren actuar.

Razón le asiste a José Saramago, Premio Nobel de literatura al expresar que:

"Si algo puede cambiar a una sociedad es el voto en blanco porque es un voto democrático y no significa un descalabro de la democracia. Si asusta a los partidos es precisamente por ser democrático. El elector que vota en blanco no puede ser acusado de subversivo, es sencillamente alguien que no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia y escoge esa manera de expresarlo.

"Los políticos prefieren la abstinencia del electorado que el voto en blanco porque éste último está diciendo una sola cosa: que lo que está proponiendo el sistema político no le está gustando al elector”

"Si nosotros podemos votar, podemos tener una intervención en la vida política y social. Si pensamos que el poder político es el poder, es la peor afirmación en que hemos caído.

"La diferencia entre el voto en blanco de mi novela ’Ensayo sobre la lucidez’ y la abstención (...) es la misma que separa la inteligencia de la estupidez".

La Promoción del VOTO EN BLANCO se constituye para las organizaciones sociales en una actividad pedagógica para la formación ciudadana, con fundamento en la autonomía o capacidad individual y colectiva de tomar decisiones libres y conscientes para avanzar en la construcción del PODER DE LOS CIUDADANOS Y POPULAR para la transformación de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes.

author by Secretariado del Estado Mayor - FARC-EPpublication date Thu Feb 06, 2014 19:26author address author phone Report this post to the editors

Podemos aventurar que el 2014 será un año corto. De hecho ya se fue el primer mes y comienza el más breve de todos. Las elecciones parlamentarias de marzo y las presidenciales de mayo nos dejarán a las puertas del campeonato mundial de fútbol, que con Falcao o sin él, terminará a mediados de julio, con la fiesta del día del padre y la próxima posesión en agosto del nuevo o el mismo Presidente.

El 20 de julio estará Santos dando parte de sus 4 años de gobierno, y de agosto en adelante comenzará a moverse el engranaje de Administración nacional recién elegida. Vendrá la presentación al Congreso del plan nacional de desarrollo para los siguientes cuatro años y la discusión del nuevo presupuesto para el 2015. Los afanes electoreros y las consiguientes recomposiciones políticas conducirán a que los avances en las conversaciones entre gobierno e insurgencia pasen a segundo plano.

Santos anuncia que su principal bandera será la consecución de la paz, lo cual parece comprometerlo a perseverar en los diálogos con las FARC-EP, independientemente de lo que alcance a pactarse antes del 25 de mayo. Además está la expectativa por el comienzo de conversaciones con el ELN, en lo que sin duda gobierno y esa fuerza insurgente han de estar trabajando con urgencia a la sombra.

Está pendienteel tema del narcotráfico, asunto de grandes dimensiones y alcances, que puede estirarse ante las nuevas realidades internacionales y locales.Basta con ver el cauteloso proceso de legalizaciones en curso en los propios Estados Unidos y algunos otros países, para entender que hay mucho de dónde agarrarse a la hora de discutir las políticas punitivas, mientras que la reactivación de las fumigaciones en las zonas agrarias terminará por enredar más las cosas. No tardará en manifestarse la respuesta airada de las comunidades afectadas.

Esa realidad obligará a que coincidan las luchas de las comunidades perseguidas con el tema que se discute en la Mesa, una cuestión que el gobierno nacional siempre ha evadido. Además le quedará supremamente difícil al Presidente Santos, desde el punto de vista político, después de sus giras internacionales promocionando el proceso de paz, en lo que Davos y la cumbre de la CELAC marcaron verdaderos hitos, echarse para atrás y patear la Mesa con una guerrilla que ha sabido mostrarse propositiva y abierta a la búsqueda de soluciones.

Desde luego que la intensa dinámica política que se anuncia para este año no va a reducirsea esos aspectos formales. Esos podrán ser los grandes titulares de prensa, que sin embargo no lograrán oscurecer las agitadas aguas de la guerra y de la lucha social y política. Está claro que la Mesa de La Habana puede caer en una ralentización obligada, aunque finalmente podría saldarse con otro convenio parcial, como en los demás puntos, trasladando los temas álgidos para un incierto después. Habrá que verlo. Pero lo que no se detendrá un solo instante es la guerra.

Es clara a estas alturas la estrategia del gobierno al asumir los diálogos con la insurgencia. Fundamentado en la idea autista de que las FARC-EP entraron en conversaciones de paz como producto de su inminente derrota, considera que con el incremento del accionar bélico, nuestra guerrilla, forzada a aceptar que su discurso no es más que una ilusa apariencia, terminará por someterse a sus condiciones de rendición, publicitadas como muy amplias y generosas.

Por eso el trasfondo de la discusión en La Habana será una gigantesca escalada contrainsurgente, que además de los bombardeos y ofensivas militares de toda naturaleza, incluirá detenciones, allanamientos, persecuciones, asesinatos, montajes y la diversa gama de arbitrariedades en que son expertas las autoridades policiales, militares y judiciales. Será la manera real como el gobierno nacional buscará la concertación de un acuerdo en la Mesa. Y lo hará con toda saña.

Lo cual no excluirá, muy a su pesar, la respuesta del otro lado, cansado de escuchar las voces que le piden repetir o prolongar sus ceses unilaterales de fuego, mientras el Presidente condena la mínima posibilidad de tregua. Sin excluir que la confrontación, librada desde el Estado bajo la concepción del enemigo interno, afectará hondamente a la población civil, que sin duda terminará por pronunciarse contra ella de manera cada vez más sonora.

Y está por definirse la cuestión con la alcaldía de Bogotá, que pone de presente el carácter antidemocrático y excluyente del régimen vigente. Una salida obligada de Petro terminará por convertirse en la mecha de grandes conmociones políticas por las trasformaciones estructurales en Colombia. La vaga legitimidad del régimen terminará por hundirse del todo.

También son muchos los sectores fastidiados con tanta demagogia y triquiñuela por parte del gobierno nacional. Las víctimas de la locomotora minera, los despojados por la agroindustria, los quebrados con los TLCs, los desengañados con la adjudicación de tierras, los campesinos, comunidades negras e indígenas burlados en las mesas de diálogo, los estudiantes apertrechados contra la privatización de la educación, el personal médico, los pacientes y las comunidades en franca pugnacidad por una salud verdadera y gratuita. Es muy probable que todo eso estalle en la cara del Presidente, por encima de su campaña por mostrarse solícito con todos ellos.

Está fuera de lugar la mínima posibilidad de que las FARC-EP firmemos algún acuerdo de paz ajeno a la profundización real de la democracia y la justicia social en Colombia, así que si la posición de los representantes del Estado no cambia, puede descartarse de plano su concreción en el 2014. Pero salta a la vista también que la agitación política y social en ciernes, terminará por fortalecer la consigna de la solución política al conflicto.

Sea cual sea el nuevo gobierno, se las verá con un gran movimiento nacional que condena la guerra y exige la paz. Y que no va a tragarse la pública confesión de Santos de que un acuerdo de paz no va a cambiar nada en Colombia. El 2014 pinta así como un año corto, pero tempestuoso.

Montañas de Colombia, 1 de febrero de 2014.

author by Noticias UNOpublication date Thu Feb 06, 2014 20:50author address author phone Report this post to the editors

El sepelio del quinto miembro de la familia de Fabricia Córdoba, prima de Piedad Córdoba y líder reclamante de tierras tuvo lugar en Medellín. Es el tercer hijo de Fabricia que es asesinado.

“Eso no puede quedar en la impunidad porque fue una muerte espantosa, ella no se murió, a ella me la mataron, a ella le arrebataron la vida esos asesinos de esas comunas”, afirmó Carlos Arturo Ospina Córdoba, sobre el crimen contra su madre Fabricia Córdoba, la influyente líder reclamante de tierras que fue asesinada en el 2011 en Medellín pese a sus llamados a las autoridades pata que la protegieran.

Este mismo joven fue velado en la capital antioqueña, luego de que lo asesinaran unos sicarios en moto mientras la víctima trabajaba en un taller del barrio Naranjal.

Es el la quinto miembro de la misma familia que muere en hechos violentos y que ha sido perseguida por reclamar sus tierras.

El asesinado Carlos Arturo Ospina junto con su hermana menor le habían dicho a Noticias Uno en 2011 que su madre había sido asesinada por que investigaba el crimen de otro de sus hermanos ocurrido en el 2010

El exterminio de la familia Córdoba Ospina es la evidencia de la violencia contra los campesinos que se niegan a dejarles sus tierras a las bandas criminales.

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