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Productores de cultivos declarados ilícitos constituyen su propia organización

category venezuela / colombia | workplace struggles | non-anarchist press author Sunday December 15, 2013 16:16author by Agencia Prensa Rural Report this post to the editors

Las propuestas que surgieron en el Encuentro de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos de Colombia serán presentadas ante la Mesa de La Habana.

Con el lanzamiento de la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Cocam) y la presentación de las propuestas que serán enviadas a la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, concluyó el Encuentro de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos de Colombia.

Durante los días 11 y 12 de diciembre, cerca de 150 delegados de diferentes regiones de Colombia se dieron cita en Bogotá para hablar de despenalización, sustitución concertada, tecnificación de la producción y respeto a las tradiciones y culturas ancestrales. Este encuentro se desarrolló alrededor de cuatro mesas que sirvieron para que campesinos, indígenas y afrodescendientes dialogaran y discutieran sobre lo que significa el hecho de cultivar, producir y comerciar con productos declarados ilícitos.

Es sabido por buena parte de los ciudadanos del mundo que Colombia es uno de los principales productores y exportadores de cocaína, pero también es conocido el hecho de que con el narcotráfico el conflicto social y armado se dinamizó y se recrudeció de una manera que pocos previeron. Es por ello que uno de los puntos de la agenda de los diálogos que sostienen la insurgencia y el Gobierno en la ciudad de La Habana es el de la solución al problema de las drogas, pues el narcotráfico se ha convertido en un catalizador y combustible para la guerra.

De acuerdo con lo anterior, el Encuentro de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos de Colombia, como muchos otros foros y debates que se han venido dando en los últimos meses, permite que la discusión sobre la solución al problema de las drogas ilícitas no quede en manos del Gobierno y la insurgencia, pues las voces de quienes día a día viven la realidad del conflicto y que conocen al detalle lo que significa habitar una región productora de cultivos declarados ilícitos, han podido ser escuchadas y se sabe que de ellas también hay propuestas para darle una solución a esa problemática.

La exigencia del cese de las fumigaciones y erradicaciones forzadas, de la persecución y encarcelamiento de los productores de cultivos declarados ilícitos y de la retención de alimentos, fueron algunas de las conclusiones de la mesa 1: “Erradicación forzosa, fumigaciones con glifosato, represión, conflicto y narcotráfico. Discusión sobre el nuevo Estatuto de Estupefacientes”.

Estas propuestas se enmarcan en el reconocimiento de que la labor de persecución y lucha contra las drogas que desarrolla el Estado no es sino la forma que adopta una política que busca el desplazamiento de quienes habitan las zonas rurales del país, en provecho del latifundio, los monocultivos y los megaproyectos.

La difusión de la diversidad de usos y tradiciones alrededor de las plantas declaradas ilícitas mediante la educación formal y alternativa, la promoción de la investigación y la tecnificación de los cultivos, la autorregulación y la regulación comunitaria, la no discriminación de los usuarios o mal llamados “consumidores”, y la reparación a las víctimas del conflicto y la prohibición fueron las conclusiones de la mesa 2: “Usos tradicionales culturales y alternativos de la coca, el cannabis y la amapola. Perspectivas para el desarrollo y fortalecimiento sociocultural y económico rural”.

En la mesa 3: “Desarrollo agrario integral con enfoque territorial: socialización crítica de los Principios guía del Desarrollo Alternativo de Naciones Unidas. Reconocimiento de las realidades múltiples”, las conclusiones giraron en torno al reconocimiento de las construcciones sociales y culturales propias de cada territorio, enfoque regional diferenciado, la sustitución concertada de usos, producción e ingresos, la protección a las semillas nativas, la garantía de la tecnificación y la producción de valor agregado, y la producción basada en prácticas agroecológicas.

Por último, en la mesa 4: “Procesos de empoderamiento de productores: Bases para conformar gremios de agricultores de la hoja de coca en Colombia”, se destaca uno de los mayores avances en la lucha de quienes han venido siendo perseguidos, encarcelados y estigmatizados, como lo han sido los productores de cultivos declarados ilícitos.

Como una de las más importantes conclusiones de esta mesa y del Encuentro mismo, se propuso la creación de la Cocam, espacio de coordinación de las diferentes iniciativas regionales para darle solución al problema del narcotráfico y para dignificar la labor de quienes obtienen su sustento y el de sus familias de un cultivo declarado ilícito, como también de quienes consideran esas plantas como parte esencial de sus tradiciones y cultura.

También se constituyó el capítulo Colombia del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, organización mundial afincada en Barcelona, que trabaja en cuatro ejes:

a) La cuestión del reconocimiento de los usos tradicionales culturales (médicos, alimenticios, religiosos, sociales) de las tres plantas prohibidas por la Convención Única de 1961.

b) La problemática de las erradicaciones forzosas manuales, aéreas y otros.

c) El Desarrollo Rural Integral sin condiciones.

d) Los procesos de inclusión de las organizaciones y movimientos sociales de campesinos, pequeños agricultores, indígenas, colonos y otros como interlocutores activos con sus gobiernos(locales, regionales, nacionales) y con las organizaciones internacionales.

Cabe recordar que las conclusiones de cada una de las mesas serán enviadas a la mesa de diálogos de La Habana, de donde se espera salgan propuestas acordes con el sentir del pueblo colombiano, que consciente de su situación aboga por la despenalización, la sustitución concertada y dialogada, y por el fin del monopolio y violencia que representan los narcotraficantes.

Es un clamor popular el que de una vez por todas se le dé una salida negociada y dialogada al conflicto social y armado. Pero esa solución deberá pasar por el reconocimiento de las responsabilidades que tanto el Estado como los grandes empresarios del negocio de la droga tienen, pues la responsabilidad de que una gran cantidad de campesinos y obreros del campo se hayan tenido que dedicar al cultivo y producción de la materia prima de esa negocio no es sino la imagen de la crudeza del conflicto social y del olvido en que viven quienes habitan los campos y montañas de este país.

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