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El gobierno de los militares egipcios muestra cada vez más su carácter antipopular

category África del norte | workplace struggles | opinión / análisis author Sunday October 27, 2013 22:47author by Moutamid - Equipo de trabajo para el norte de África de la S. de RR. II. de la CGT Report this post to the editors

Razones para rechazar la nueva ley sobre las manifestaciones y huelgas en Egipto.
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Desde enero de 2011, el pueblo egipcio está en la calle intentando ser protagonista de su destino. Los demás actores en juego, el ejército, los partidos políticos, EEUU, Arabia Saudita, Qatar y demás estados que intervienen desde el exterior, van respondiendo a la fuerza del movimiento popular para controlarlo y encauzarlo.

Es la lucha en la calle la que consiguió derribar a Mubarak pero el ejército mantuvo el poder y el pueblo continuó la lucha, obligando al ejército a organizar elecciones legislativas. La lucha en la calle continuó contra el gobierno Morsi con una movilización constante y manifestaciones masivas que amenazaba con un amplio movimiento de desobediencia civil contra el estado

El ejército, utilizando la protesta popular contra los hermanos musulmanes, tomó de nuevo directamente el poder a través de un golpe de estado, buscando vaciar las plazas y calles de la rebelión, frenar las luchas obreras ( más de 5.000 huelgas durante el gobierno de Morsi), y haciendo un llamamiento a la normalización de la producción, bajo el pretexto de que las huelgas favorecen a los hermanos musulmanes,

De nuevo se crea esa tenaza entre dos polos a cual peor: los militares y los Hermanos Musulmanes, se trata en suma de provocar la ruptura de la lucha popular hasta este momento centrada contra el poder, y desviarla hacia el enfrentamiento entre los Hermanos musulmanes y el resto, con lo que justificar la intervención militar..

El poder económico del ejército

El ejército posee gran parte de las explotaciones agrícolas, numerosas empresas del sector armamentístico, numerosas fábricas del sector agroalimentario, gran peso en el sector servicios y en el inmobiliario. Es un poder no sólo militar sino también económico. Generales y coroneles retirados dirigen las administraciones, las empresas públicas y las recientemente privatizadas

Mientras, Egipto se enfrenta a una grave amenaza de hambre generalizada ante las débiles reservas de trigo, de escasez de agua ante la realización de infraestructuras hidraúlicas en el Nilo (de donde proviene el 90% de los recursos hídricos de Egipto) por parte de Etiopía y Uganda, con apoyo técnico israelí y de déficit energético ( las subvenciones a las productos energéticos suponen el 8 % del PIB), lo que está provocando un alto aumento de la deuda externa. Eso no impide los inmensos gastos militares con la entrega en agosto de 4 aviones F 16 que se unirán a los 8 ya recibidos sobre los 20 pedidos en 2010 por 2.500 millones de dólares

El gobierno militar, consciente del empeoramiento de la situación económica y de las condiciones de vida del pueblo egipcio, se plantea claramente como objetivo la destrucción de la lucha popular, promulgando leyes que impidan la libertad de manifestación y de huelga

Traducimos (anexo en inglés) resumido la declaración del centro de asesoramiento para sindicatos y trabajadores (CTUWS) de Egipto sobre el nuevo proyecto de ley sobre manifestaciones y huelgas elaborado por el gobierno de los militares, presididos por el general Al Sisi


Comunicado de la CTUWS

L@s trabajador@s egipci@s llevan años luchando por la libertad y la justicia social y por el derecho de huelga pacífica. Desde 2006, l@s trabajador@s iniciaron su revolución contra la injusticia social, al mismo tiempo desafiando todas las prohibiciones y superando todos los miedos a la prohibición de sus huelgas, defendiendo sus derechos pacíficamente a través de protestas y huelgas; un derecho que ha sido garantizado por acuerdos internacionales firmados desde hace décadas por Egipto sin haberse nunca respetado.

Ahora, nos enfrentamos a un nuevo paso para seguir oprimiendo al pueblo egipcio y seguir robándole los derechos por los que ha luchado. La noticia de la aprobación por el consejo de ministros de la regulación del derecho de manifestación y huelga ha sido un shock. Desde hace tiempo, venimos ansiosamente esperando la ley de libertad sindical y la abolición de todas las leyes contra las libertades, heredadas por los regímenes anteriores, pero el gobierno nos ha sorprendido con su aprobación del proyecto de ley sobre el derecho de manifestación y huelga que ha sido remitido al Presidente interino para su ratificación sin que haya habido ningún tipo de diálogo social.

Según el artículo 3 y 4 de la ley, aquellos que quieren organizar una convocatoria pública pacífica, marcha o manifestación deben notificar a la comisaría de policía a cargo del área donde se llevará a cabo la reunión pública o donde se iniciará la marcha o manifestación. La notificación debe enviarse al menos tres días antes del comienzo de la reunión pacífica, marcha o manifestación. La notificación debe incluir el registro de los nombres de los organizadores (personas o asociaciones) que organizan la reunión pública pacífica, marcha o manifestación.

En el artículo 5 del segundo capítulo de la ley da a la entidad administrativa el derecho a la prohibición de la reunión pública si la administración considera que la reunión perturba la seguridad general, es decir, da a la administración el derecho de prohibir o aprobar una reunión pública pacífica según las siguientes condiciones.

§ Si la reunión tiene un carácter diferente al que ha sido notificado § Si un trastorno grave ha tenido lugar § Si la reunión incluye cantos o declaraciones que puedan causar conflictos o en cualquier forma por delitos estipulados en el código penal o cualquier otra ley.

Por consiguiente, el artículo da a la policía el derecho de terminar cualquier reunión una vez que ellos sospechan que podría causar conflictos sin especificar para nada los tipos y causas de estos conflictos. La ley ha dado también a la policía no sólo el derecho a proteger a los asistentes y resolver los conflictos sino también para poner fin a toda la reunión según su visión, sabiendo que esto le da a la policía el derecho de juzgar un comportamiento humano normal de debate y negociaciones.

El artículo 9 "si los participantes, durante la reunión pública, marcha o manifestación, se comportan de manera que se considera un delito punible, o que viole la naturaleza pacífica de expresar su opinión, las fuerzas de seguridad en uniforme oficial tienen el derecho, basado en las órdenes del comandante de campo, para dispersar el encuentro, marcha o manifestación y arrestar a los autores del delito.

El artículo 10 da a la administración el derecho de determinar el recorrido de la manifestación y el lugar de la reunión además el derecho a suprimir todo el acontecimiento, tras informar a los organizadores.

El artículo 14 especifica que el horario de las manifestaciones, no debe ser antes de las 7h. y no debería durar después de las 19h.

El artículo 17 concede a la policía el derecho de inspeccionar a los manifestantes y confiscar cualquier material que pueda causar peligro a la seguridad general.

Los artículos del 21 al 24 prohíben de hecho el derecho a huelga ya que afirman que los trabajadores tienen derecho a concentrarse dentro de sus centros de trabajo sin paralizar la producción o dañar la economía nacional??

¿Cómo van los trabajadores a poner en práctica su derecho a concentrarse sin detener el trabajo en sus centros de trabajo, o a entrar en negociaciones serias con sus patronos sin poder presionar con paralizar la producción hasta llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes que esté conforme con lo estipulado por todos los acuerdos laborales internos.?

El artículo 22 indica que el empresario debe ser notificado 14 días antes por lo menos de cualquier concentración en la empresa, este plazo se duplicará en algunos de los servicios públicos.

El artículo 23 define los servicios de utilidades públicas y esenciales que incluyen los servicios postales, comunicación, servicios de agua, electricidad, gas, transporte, hospitales, panaderías y las industrias farmacéuticas.

El artículo 24 pone condiciones imposibles para manifestarse y hacer huelga en estos sectores. Hay que comunicar la huelga con 24 días de antelación. Además, la comunicación hay que enviarla por escrito y no puede realizarse sin la firma del sindicato al que se pertenece (1). Este artículo permite a los empresarios el imponer bloqueos y cierres de fábrica simplemente informando por escrito a los trabajadores o mediante avisos públicos.

Duras penas se detallan en el artículo 25, que dice que toda persona que viole las disposiciones de esta ley o dificulte la producción o el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas podrá ser encarcelado hasta un año de prisión y/ o una multa entre30, 000 a 100, 000 libras egipcias (de 3.100 a 10.300 euros). Quienes no cumplan con los requisitos requeridos para la acción de protesta se enfrentan a una pena de prisión de hasta tres meses y/o una multa de entre 20, 000 y 50, 000 libras egipcias ( de 2.200 a 5.150 euros).

El CTUWS declara su rechazo al proyecto de ley, sabiendo que esta ley no está a favor de la democracia que el pueblo egipcio ha estado pidiendo durante las últimas décadas y que pretende volver atrás en lo que se ha conseguido a través de dos revoluciones y la vida de miles de valientes jóvenes. Este proyecto de ley si se aprueba no impedirá a l@s trabajador@s egipci@s ejercer su legítimo derecho a expresarse y llamar a la lucha por la libertad y la justicia social.


(1) Es una medida contra los comités de trabajadores y sindicatos de empresa, favoreciendo el control de éstos por parte de las burocracias de las centrales sindicales.

Verwandter Link: http://www.cgtandalucia.org/El-gobierno-de-los-militares
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Iniciaron su jornada de lucha con una concentración frente al Ministerio de Agricultura, siguieron en manifestación hasta el Ministerio de Trabajo, continuando posteriormente la manifestación hasta el Parlamento.

A continuación, publicamos un informe de la FNSA-UMT sobre la campaña de lucha para denunciar la discriminación jurídica y las condiciones de trabajo inhumanas que sufren:

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