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Catatumbo: que Santos renuncie a la violencia para hacer política

category venezuela / colombia | workplace struggles | opinión / análisis author Monday July 15, 2013 00:25author by José Antonio Gutiérrez D. Report this post to the editors

La situación en el Catatumbo reventó hace exactamente un mes y dos días porque tenía que reventar. Los campesinos salieron a tomarse las rutas de la región porque se cansaron de los engaños y abusos por parte del Estado, de la falta de alternativas y de esperar en medio de una miseria abyecta. La respuesta del Estado a las demandas de los campesinos ha sido de naturaleza militar; su estrategia ha combinado la violencia con el engaño.
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Catatumbo: que Santos renuncie a la violencia para hacer política

La situación en el Catatumbo reventó hace exactamente un mes y dos días porque tenía que reventar. Los campesinos salieron a tomarse las rutas de la región porque se cansaron de los engaños y abusos por parte del Estado, de la falta de alternativas y de esperar en medio de una miseria abyecta. Nadie puede decir que sus demandas son descabelladas: exigen que se frene la locomotora minera que está destruyendo el ambiente y las comunidades, que se pare la erradicación forzosa de cultivos ilícitos mientras no se den alternativas reales a los campesinos para no pasar hambre, que se frene la militarización de la región, que se apruebe el proyecto de desarrollo sostenible que han desarrollado los propios campesinos y que se apruebe la zona de reserva campesina en el Catatumbo, la cual ha sido vetada ilegalmente por el ministerio de defensa.

La respuesta del Estado a las demandas de los campesinos ha sido de naturaleza militar; su estrategia ha combinado la violencia con el engaño. Por una parte, la respuesta violenta a la protesta social ha dejado decenas de heridos, cientos de presos y cuatro muertos: Dionel Jácome Ortiz, Edwin Franco Jaimes, Diomar Angarita y Hermidez Palacio. Esta respuesta militar ha sido azuzada desde los medios de comunicación oficiales que se han hecho eco de una serie de señalamientos irresponsables de personeros del gobierno y del ejército en contra de los campesinos, de su organización así como de quienes se han solidarizado de ellos.

Por otra parte, también se ha utilizado el engaño: mientras a los campesinos les destruyen sus pertenencias y les llueven plomo, granadas de fragmentación y gases, el gobierno demagógicamente anuncia a los cuatro vientos su supuesta “disposición” al diálogo. Un diálogo autista, en el cual lo único que los representantes del gobierno quieren escuchar es su propia voz, a la vez que ignoran olímpicamente las propuestas que los campesinos han desarrollado. Lo único que responden a todas las propuestas del pueblo es “NO”. [1] Las comisiones de gobierno que han ido a la región, en lugar de negociar en base a las propuestas campesinas, se han dedicado a sacar propuestas mágicas de la manga, ignorando la lucha campesina y la profundidad de la crisis. Los campesinos se burlan de esta actitud diciendo que estas delegaciones se han dedicado a hacer una verdadera “danza de los millones”, en las que sus ministros y funcionarios, como si estuvieran negociando con niños chiquitos en lugar de campesinos organizados, hacen “ofertas multimillonarias (…) en las que nadie cree.”[2]

A las propuestas emitidas por la organización de los campesinos (ASCAMCAT) sobre el Programa de Desarrollo Sostenible, PDS, “el gobierno respondió con una oferta institucional y un supuesto aporte de 80 mil millones de pesos para el Programa Regional de Inversión para el Catatumbo Dinero que se esfumó cuando se le propuso destinar esos recursos a un Fondo Campesino, para financiar las iniciativas del PDS de la [Zona de Reserva Campesina] en el marco del PRIC. (…) Cuando al gobierno se le propuso observar la posibilidad de financiar los proyectos del PDS y escuchar una propuesta de Ascamcat [para] financiar estas iniciativas con recursos del presupuesto, la respuesta del gobierno fue nuevamente un no.” [3] Es decir, en Colombia se gobierna en la mejor tradición del despotismo ilustrado, según la máxima demagógica que reza “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Cualquier iniciativa popular debe ser descartada de antemano, porque es un precedente peligroso de empoderamiento y de madurez política, que amenaza la visión paternalista del gobierno según la cual los “pobres” deben ser depositarios pasivos de la caridad y mover la colita de alegría cuando les den cualquier migaja.

Tal vez pocas cosas deben molestar al gobierno tanto como la dignidad, la organización y la capacidad para articular propuestas concretas que tienen los campesinos del Catatumbo. El gobierno no soporta ver a un movimiento campesino activo, creador, constructivo, protagonista. Por eso se dedican a poner palos a la rueda a la solución de la crisis, dilatando las negociaciones para desgastar al campesinado y buscar el momento propicio para una solución de fuerza. La actitud del gobierno es característica: se levantan de la mesa de negociaciones, envían al ESMAD a meter más garrote contra los campesinos, ponen condiciones ridículas para seguir “negociando” (como que se levante el paro) y finalmente, dos días después, envían al vicepresidente Angelino Garzón a que, ahora sí, avance el diálogo –a la vez que siguen violentando a los campesinos [4]. Pretenden dar así la imagen de un gobierno magnánimo, generoso y abierto a dialogar que se ha topado con unos campesinos brutos, agresivos, obtusos y tercos, sino manipulados por supuestos intereses ajenos a ellos. Ante estos “engendros”, lo único que quedaría es “darles una lección”, igual que hace un padre autoritario con un niño malcriado.

Los campesinos han exigido al gobierno que no dé solución militar a un problema que es de índole social. Represión y diálogo autista por parte del gobierno son dos caras de la misma política de guerra contra el campesinado, mediante la cual se busca su desgaste. Santos hoy habla de paz, pero militariza; le es muy cómodo negociar en medio del conflicto, pues así agita la rama de olivo o el garrote según sea su conveniencia. Es necesario exigir a Santos que renuncie a la violencia como una forma de hacer política. Tradicionalmente, el Estado colombiano ha respondido mediante la violencia a la más mínima demanda popular. Esta respuesta violenta a cualquier movilización está en la base del conflicto social y armado que hoy se vive en Colombia. No es otra cosa sino esta tendencia histórica a la violencia por parte de la oligarquía colombiana lo que estamos viendo hoy en el Catatumbo. Esta situación nos recuerda que, al hablar de la paz, lo más importante no es si las guerrillas abandonan o no las armas, sino que el Estado abandone la guerra sucia y el terrorismo contra la población, sobre todo en el campo.

La fuerza de la resistencia popular es el único dique de contención contra la violencia estatal y el ejercicio ilimitado del poder por parte de la oligarquía colombiana. ASCAMCAT ha respondido a la violencia oficial y a las dilaciones mediante el diálogo autista, con la movilización de 20.000 campesinos más que se unirán en estos días a los 15.000 que ya están movilizados en la región [5]. Pero los campesinos del Catatumbo se enfrentan a fuerzas muy poderosas, a las cuales no derrotarán aislados. Es imprescindible que a esta altura, en que cualquier perspectiva de solución puntual a la crisis del Catatumbo parece haberse empantanado, la solidaridad que han recibido los campesinos desde todo el país se convierta en movilización activa. La lucha del Catatumbo no es una lucha aislada, sino una lucha por cuestiones que afectan a todo el campesinado colombiano. Su victoria, es la victoria de todos. Por ello es importante que el conjunto de las Zonas de Reserva Campesinas, legalmente constituidas o por constituirse, asuman esta lucha como su lucha: esa es la importancia del llamado que se hace desde ANZORC para que se constituyan ZRC en todo el territorio nacional. La crisis del Catatumbo debería servir como un catalizador para articular la protesta popular, ahora que se viene una nueva movilización cafetera por incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno, movilizaciones mineras y un llamado a movilizaciones agrarias a mediados del mes de Agosto [6].

Hoy en Colombia se necesitan muchos Catatumbos… y se necesita unirlos, articularlos y coordinarlos. Convertirlos en un poder capaz de crear realidades donde en otras ocasiones hemos logrado, a lo sumo, promesas incumplidas. El Catatumbo puede y debe convertirse en un nuevo punto de inflexión en las luchas de los oprimidos por su liberación.

José Antonio Gutiérrez D.
12 de Julio, 2013


[1] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11334
[2] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11323
[3] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11342
[4] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11342 http://prensarural.org/spip/spip.php?article11359 y http://www.elespectador.com/noticias/nacional/angelino-...33475
[5] http://prensarural.org/spip/spip.php?article11352 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cafeteros...33544 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mineros-c...33535
[6] http://www.pacocol.org/index.php/comite-regional/n-sant...tumbo


Apéndice:
BORRADOR DE ACUERDO PROPUESTO POR LOS CAMPESINOS DEL CATATUMBO PARA EL SEGUNDO PUNTO DE LA PRIMERA MESA


El gobierno nacional se compromete a la creación de un Programa Regional de Inversión para el Catatumbo (PRIC) con un plazo de ejecución de 2013-2014; el programa estará orientado:

1. En materia de inversión de emergencia para la región del Catatumbo

El Gobierno Nacional financiará los siguientes proyectos de emergencia, que impacten efectivamente en la calidad de vida del campesinado del Catatumbo:
1. Construcción, arreglo y pavimentación de la totalidad del anillo víal: San Calixto – Hacarí – El Tarra – La primavera – San Javier - San Ignacio – Guaduales – San José de Bajial – Media Aguita – El cerro – Hacari. (Cunetas y Alcantarillado) y puentes en los ríos Sanmiguel, Santa Catalina y San Javier. Para tal efecto el gobierno asignará 62.000 millones de pesos en la vigencia 2013-2014.
2. Mejoramiento, ampliación, construcción de puentes y pavimentación, de la totalidad de la carretera La Gabarra - Tibú – Astileros por 137 kilómetros. Para tal efecto el gobierno asignará 137.000 millones de pesos en la vigencia 2013-2014.
3. Construcción, dotación y mantenimiento de un hospital de tercer nivel en el Municipio de Tibú. Para tal efecto el gobierno asignará 10.000 millones en la vigencia 2013-2014

MONTO ESTIMADO DE LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA 209.000 MILLONES DE PESOS

2. Financiación inmediata de los proyectos priorizados en el PDS ZRCC

El gobierno nacional se compromete a financiar los proyectos priorizados en el PDS-ZRCC en el marco del PRIC:

En materia de Infraestructura
1. Formalización de la tenencia de la tierra (Tierras*): Realización de un estudio de tenencia y alinderamiento. Para tal efecto el gobierno asignará 2.400 millones en la vigencia 2013-2014.
2. Acueductos: Construcción de los acueductos en el municipio de Hacarí, corregimiento de San José del Tarra; en el municipio de Convención en el corregimiento de La Trinidad y en el municipio de El Tarra en la vereda La Campana. Para tal efecto el gobierno asignará 5.670 millones en la vigencia 2013-2014.
3. Alcantarillados: Construcción de un sistema de alcantarillado en el municipio de Teorama, vereda El Bejuco. Para tal efecto el gobierno asignará 1.890 millones en la vigencia 2013-2014.

En materia de fortalecimiento Economía Campesina

1. Programa Agrícola: Del programa agrícola se priorizan los proyectos de:
a. Proyecto de Cacao: Con una extensión de 1500 hectáreas y 300 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno asignará 9.960 millones en la vigencia 2013-2014.
b. Proyecto de Café: Con una extensión de 1350 hectáreas y 250 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno asignará 3.543 millones en la vigencia 2013-2014.
c. Proyecto Caña Panelera: Con una extensión de 600 hectáreas y 200 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno asignará 1.560 millones en la vigencia 2013-2014.
d. Proyecto Plátano: Con una extensión de 1200 hectáreas y 400 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno asignará 1.500 millones en la vigencia 2013-2014.
e. Proyecto de Fríjol: Con una extensión de 50 hectáreas y 50 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno asignará 100 millones en la vigencia 2013-2014.
2. Programa Pecuario: Del programa pecuario se priorizan los proyectos de:
a. Proyecto de Búfalos: De un total propuesto de 2250 búfalos, se prioriza la cría y levante de 400 ejemplares con 40 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno asignará 800 millones en la vigencia 2013-2014.
b. Proyecto de Ganado Bovino Doble Propósito: De un total propuesto de 10.500 reses, se prioriza la cría y levante de 1200 ejemplares con 120 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno asignará 1.800 millones en la vigencia 2013-2014.
c. Proyecto de Piscicultura Campesina: Estaciones piscícolas en los municipios de La Gabarra y El Tarra, se prioriza la construcción de 25 estanques con 100 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno asignará 1.000 millones en la vigencia 2013-2014
3. Programa Industrial: Del programa de desarrollo industrial se priorizan los proyectos de:
a. Planta de Transformación de Cacao: De todo el programa industrial para el Catatumbo, se prioriza el proyecto de la planta de transformación de cacao, en el municipio de Tibú en el Corregimiento de La Gabarra. Para tal efecto el gobierno asignará 1.500 millones en la vigencia 2013-2014.

En materia de derechos sociales.

1. Vivienda: De 30.000 viviendas familiares, se propone el mejoramiento de veredal de 1000 viviendas; en costo aproximado de 15 millones por vivienda. Para tal efecto el gobierno asignará 15.000 millones en la vigencia 2013-2014.
2. Salud: Se prioriza el mejoramiento Hospitalario del Nivel I en los municipios de Convención, El Tarra, La Gabarra y mejoras del Transporte medicalizado. Para tal efecto el gobierno asignará 3.800 millones en la vigencia 2013-2014.
3. Educación: Se prioriza la ejecución de un proyecto de Educación Popular con enfoque en la alfabetización y en agroecológia. Para tal efecto el gobierno asignará 1.500 millones en la vigencia 2013-2014.
4. Político, Social y Organizativo: Se prioriza la realización de un encuentro nacional e internacional de visibilización del Catatumbo. Para tal efecto el gobierno asignará 2.000 millones en la vigencia 2013-2014

MONTO ESTIMADO DE LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 54.023 MILLONES DE PESOS

Con el ánimo de trazar una ruta de financiación y ejecución que solucione la problemática social que motiva la movilización campesina, y considerando que:

1. Es necesario acordar un instrumento que permita la participación cultural y políticamente diferenciada del campesinado, en el diseño, el diagnóstico y la ejecución de la política pública.
2. Existe la necesidad de formular un instrumento que reconozca el carácter de emergencia de la crisis social del Catatumbo.
3. Es necesario que el instrumento de financiación adoptado cumpla con características que respondan a las particularidades territoriales de la región.
  • Se crea un Fondo Campesino de Desarrollo Rural y Social del Catatumbo, (FOCADERSOC), como instrumento para financiar el PRIC. El FOCADERSOC se conformará con recursos del presupuesto vigente (2013); a través de la identificación de partidas destinables a él. En caso de que no existan partidas destinables, se realizarán los traslados presupuestales a que hubiere lugar o se trámitará una adición ante el Congreso; según lo dispuesto por el Decreto 111 de 1996 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículos 79, 80 y 81.
  • El FOCADERSOC se podrá financiar con recursos del Documento Conpes No 3739 de Enero de 2013, de Regalías, del Departamento para la Prosperidad Social, Departamento Presidencial para la Cooperación y otras que el gobierno considere pertienentes.
  • El FOCADERSOC será gestionado y administrado de manera conjunta por la Asociación Campesina del Catatumbo y las Instituciones del Estado competentes. Las ejecutorias del PRIC se realizarán de igual forma.

    LA TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO SERÁ DE 263.023 MILLONES DE PESOS

  • author by Rebeldía Estudiantil Organizada - REOpublication date Mon Jul 15, 2013 21:15author address author phone Report this post to the editors

    La organización Rebeldía Estudiantil Organizada REO y la Campaña: “Defender la Libertad: asunto de todos/as”, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, instituciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, la detención arbitraria y estigmatización de dos jóvenes miembros de la organización REO, en el marco de una jornada de denuncia por la crisis de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública en el Catatumbo.

    Hechos:

    1. El pasado viernes 12 de julio siendo aproximadamente las 6:00 am, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, se encontraban colgando una pancarta en el puente de la Calle 63 con Carrera 30 en Bogotá, alusiva a la crisis de derechos humanos que se presenta en el Catatumbo. Cuando bajaron del puente, dos policías los estaban esperando en una moto, les pidieron los papeles y les dijeron que iban a ser dirigidos a la UPJ por el delito de "injuria al ejército".

    2. De forma violenta los jóvenes fueron introducidos en una patrulla y dirigidos al CAI del barrio 7 de Agosto. Allí el menor de edad fue entregado a sus padres; el otro joven fue encerrado en un cuarto, y dos policías empezaron a interrogarlo, haciéndole preguntas como la siguiente: "¿A que frente guerrillero pertenece?", ante esto el joven inmediatamente les informa que él es un estudiante que estaba denunciando la violación de Derechos Humanos en el Catatumbo.

    3. El joven nuevamente es ingresado a una patrulla y le dicen que va a ser dirigido a la UPJ, allí los policías le gritan “guerrillero”, el joven vuelve a desmentir esa afirmación, pero los policías siguen acusándolo de que él es guerrillero. El joven es trasladado al CAI de San Fernando, allá llegan el joven menor de edad con sus acudientes. Luego los dos jóvenes son interrogados por dos subintendentes quienes les quitan unas manillas de la organización REO y los carteles alusivos a la denuncia por la situación de derechos humanos en el Catatumbo. Los policías en medio del interrogatorio afirman que el joven mayor pertenece a un grupo guerrillero, que ya lo habían visto en “otros servicios” y que ya habían cogido a varios guerrilleros con pancartas similares. El joven reitera que él solo es un estudiante que denuncia la grave crisis que se vive en el Catatumbo.

    4. Finalmente, siendo aproximadamente las 9:30 am, son puestos en libertad. Los policías le manifestaron a los padres de los jóvenes que sus hijos estaban por malos pasos, que lo mejor era usar la mano dura; además terminan diciéndoles que ellos no participaban autónomamente, sino que eran orientados por una organización armada.

    Ante esta situación y teniendo en cuenta que la responsabilidad primaria de protección de los Derechos Humanos recae sobre el Estado colombiano, de acuerdo con los principios constitucionales, los Tratados y Convenios Internacionales, y que su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, y tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos actos se sigan perpetrando:

    Rechazamos contundentemente cualquier tipo de detención arbitraria, señalamiento, estigmatización y agresión por parte de la fuerza publica contra la vida, libertad e integridad de los estudiantes y jóvenes que ejercen su derecho a la manifestación, libertad de expresión y opinión.

    Responsabilizamos a la policía metropolitana de Bogotá de las agresiones y estigmatización cometidas contra los jóvenes detenidos el día de ayer y las consecuencias que se puedan derivar de ello.

    Exigimos:

    Al gobierno nacional, tomar las medidas pertinentes para asegurar el respeto al derecho a la libertad de expresión y manifestación de los ciudadanos, así como abstenerse de emitir señalamientos que estigmatizan a los manifestantes a nivel nacional.

    A la policía nacional, abstenerse de perpetrar cualquier acto que atente contra la libertad de expresión de estudiantes y jóvenes, así como de obstaculizar las jornadas de solidaridad con las comunidades que ejercen su derecho a la manifestación y protesta social, como en el caso del Catatumbo.

    A la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del pueblo, investigar, pronunciarse y tomar las acciones correspondientes frente a los hechos que estan poniendo en peligro la vida, libertad e integridad de la población civil que ejerce su legítimo derecho a la expresión y rechaza los desmanes de la fuerza pública en medio de manifestaciones sociales como en el caso del Catatumbo, y adelantar las sanciones pertinentes en contra de los responsables de las mismas.

    Rebeldía Estudiantil Organizada REO
    Campaña “Defender la Libertad: asunto de Tod@s”
    Bogotá, 13 de julio de 2013

    author by ASCAMCATpublication date Mon Jul 15, 2013 21:48author address author phone Report this post to the editors

    Después de haber sostenido una reunión de dos días con el vicepresidente Angelino Garzón, manifestamos lo siguiente:

    1. Agradecemos al vicepresidente Angelino Garzón, por la rápida respuesta a nuestro llamado para que realizara una labor de buenos oficios, tendiente a buscarle una salida a la crisis del Catatumbo, mediante el diálogo y los acuerdos.

    2. El campesinado ha propuesto iniciar la distensión de los bloqueos mediante el inicio de caravanas alimentarias, comerciales y humanitarias, desde el día martes, de 7 de la mañana a dos de la tarde. A cambio se la solicitado al gobierno, reanudar el trabajo de la Mesa de Interlocución y Acuerdo a partir del martes, con el compromiso gubernamental de llegar inicialmente a dos acuerdos, en materia de declaratoria de la Zona de Reserva Campesina y en materia de un subsidio de un millón y medio de pesos, durante dos años, para las víctimas de la erradicación violenta de de los cultivos de coca.

    3. El presidente Santos respondió a nuestra propuesta nuevamente con un "no". Y exigió, como propuesta, desbloquear las vías para reanudar los diálogos.

    4. En estos momento la Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat, realiza una consulta con todas las bases campesinas que se encuentran en los bloqueos, sobre la propuesta de Santos de desbloquear como condición para hablar. La respuesta le será dada al gobierno a las tres de la tarde.

    Tibú, La Aduana, julio 15 de 2013
    Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat

    Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article11369
    author by ASCAMCATpublication date Tue Jul 16, 2013 17:27author address author phone Report this post to the editors

    Los campesinos que protestan ya durante 35 días en el Catatumbo fueron consultados por sus voceros sobre la propuesta del presidente Santos de levantar los bloqueos para continuar en la Mesa de Interlocución y Acuerdo, sin haber llegado a acuerdos.

    Sobre la propuesta del presidente y la consulta manifestamos lo siguiente:

    1. La consulta se realizó con todas las bases campesinas que protestan sobre la vía Tibú - Cúcuta.

    2. La propuesta del presidente Santos fue rechazada con unanimidad en todos los puntos de concentración campesina.

    3. Ascamcat se reitera en su propuesta de distensionar los bloqueos con caravanas alimentarias, humanitarias y comerciales, a partir del día martes, con la condición de que el gobierno se comprometa a llegar inicialmente a dos acuerdos, sobre una ruta de declaratoria de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y sobre el subsidio para las víctimas de la erradicación violenta de los cultivos de coca, el día martes en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo.

    4. El campesinado se mantendrá en la mesa a la espera de un gobierno con respuestas. Las protestas se mantendrán hasta que el gobierno llegue a acuerdos reales y efectivos que solucinen la emergencia social y económica del Catatumbo.

    5. En caso de que el gobierno opte nuevamente por la salida violenta y la represión, reiteramos que la vida e integridad de los campesinos es responsabilidad del presidente Santos y de su gobierno. El presidente debe prohibir de manera expresa a la fuerza pública disparar armas de fuego contra la población civil que protesta, como ya ocurrió con el asesinato de 4 campesinos a manos de el ejército y la policía en Ocaña.

    6. Ascamcat resalta la grandeza del pueblo del Catatumbo en su lucha por el derecho a la tierra y por sus derechos históricamente negados por los gobiernos de Colombia.

    La Aduana, Tibú, julio 15 de 2013
    Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat

    author by Agencia Prensa Ruralpublication date Wed Jul 17, 2013 05:16author address author phone Report this post to the editors

    En los 36 días en los que el Catatumbo está en protesta, con el depósito de la paciencia del todo vacío, después de que Tibú se levantara después de tantos años, después de que en Ocaña 11 mil campesinos perdieran el miedo en Aguas claras, después de que nos arrebataran a golpe de bala a Leonel, Edinson, Diomar y Hermides, y después de que los campesinos y campesinas pusieran en el mapa a esa olvidada región, solo entonces, Santos se preguntó si sería conveniente seguirles mamando gallo.

    Decidió, a pesar de que sospechaba que con una organización ordenada, disciplinada y politizada, compuesta por víctimas de carne y hueso del paramilitarismo y la política de falsos positivos, con gente que sabe de lo que habla y que no necesitan grandes asesores que reciben millones a la lata ni grandes campañas de publicidad para convencer a nadie, decidió tratar la crisis como se tratan todas las crisis en nuestro país: engañando.

    Empezó entonces el baile de cifras que con ayuda de la orquesta de los medios del capital sonaba como un gato al que le pisan la cola: feo y provoca alejarse. Ahí quisieron romper la dinámica en la que los campesinos llevaban la iniciativa de manera decidida y decidieron poner 2 billones de pesos debajo de cualquiera de las alfombras que les calientan los pies. Luego fueron 80 mil millones. Los campesinos sabían que con eso no había ni para cumplir con el dos por ciento del plan de desarrollo sostenible para la Zona de Reserva Campesina, también sabían que de ese dos por ciento jamas llegaría más del 0,5 por ciento, siendo generosos, pero igual toca acumular más legitimidad.

    Se decidió priorizar en cada zona los proyectos más inaplazables. La comisión del gobierno rebajó más la cifra y además rechazó la repartición y el trabajo del campesinado para detectar y priorizar. Finalmente se levantaron de la mesa sin motivo y no volvieron a la mesa sino de la mano de otro gancho ciego: Angelino Garzón, con la misma propuesta de todos los anteriores, disolver la protesta.

    El primero de los ganchos ciegos fueron Palomino y Marcolino. La oligarquía y su aventajado miembro desde la casa de Nariño, marcaban perfil y mandaban a la mesa al perro peligroso que siempre muerde a los vecinos. El caso es morder y reventar cualquier iniciativa que pueda utilizar la boca para cualquier otra cosa que no sea procesar más carne de cañón, en un platillo macabro.

    El segundo gancho ciego fue el ministro de trabajo, Noé, que llegó a la mesa con el visto bueno del campesinado que, a pesar de todo, todavía cree que el gobierno quiere llegar al final del conflicto de manera negociada. Esa fue la primera vez que intentaron poner una cara amable delante del campesino para poner a los perros rabiosos escondidos, pero dirigiendo nuevamente las conversaciones. Fue un acto de muy buena voluntad, por parte de la comisión campesina soportar al viceministro de defensa como vocero de la comisión gubernamental, en una nueva provocación para reventar la mesa. Realmente es Pinzón y el Ministro de Minas, los que marcan el ritmo de las conversaciones, junto con la dueña de los predios que el Estado vendió para explotación carbonera, desconociendo la Zona de Reserva Campesina y asumiendo la Zona Minera Estratégica de facto.

    Nuevamente la mesa se rompe por el eslabón mas débil, el que tiene el hierro fatigado, el eslabón que quiere portar el candado y la parte que no quiere ni cree que se deba de hablar nada sobre lo que creen, es suyo.

    Pero igual la campaña mediática continúa y se debe continuar con el circo. Entra en escena Angelino Garzón. El campesino nuevamente se mantiene con una positiva expectativa. Angelino es un nuevo gancho ciego, de tan alto rango, que debería tener 6 ojos, todos ellos tan útiles como los de un topo.

    Esta situación, estos acontecimientos, arrojan claridad sobre lo que acá está pasando. El campesinado ha conversado con ministros, viceministros, alcaldes, gobernadores, personeros y hasta con el vicepresidente. Ninguno de ellos es el interlocutor adecuado, según parece. Solo son algunos representantes de los que realmente mandan y que se encuentran, plácidamente, disfrutando de los privilegios que obtienen de la sangre del campesinado, de la clase obrera, del estudiantado y de los desfavorecidos en general. ¡Vampiros!.

    Ninguno de los ganchos ciegos tenía ninguna propuesta ni tenía ningún poder, porque sus amos así lo habían dispuesto. Si los ministros no tienen ningún poder de decisión ni pueden dar ninguna garantía, ¿con quién es que estamos hablando?, ¿Con quién es que debemos sentarnos en la mesa?

    Como los vampiros no van a dar la cara, sería bueno que pudiese darla el vampiro que han destacado como su representante, en las instituciones legales. Acá toca es hablar con Santos cara a cara para exigir a la legalidad y el poder de facto que cumplan.

    Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article11382
    author by La Mochila Ambulantepublication date Wed Jul 17, 2013 21:00author address author phone Report this post to the editors

    Luego de dos días de reunión entre los voceros del Movimiento Campesino y la delegación del Gobierno Nacional encabezada por el Vicepresidente de la República Angelino Garzón, no se han llegado a acuerdos. El campesinado ha venido cediendo en sus exigencias desde hace ya varias semanas, empezando por el desbloqueo de las vías que de Ocaña comunican con la Costa Atlántica y a los municipios de la provincia de Ocaña, luego del asesinato de cuatro campesinos por acción de las balas de la fuerza pública en medio de las refriegas acaecidas en aquella ciudad.

    Una vez los manifestantes se retiraron de Ocaña por el temor a seguir siendo asesinados por la represión policial y militar, parte de ellos se movilizaron y concentraron en la zona rural del municipio de Tibú.

    Otra de las acciones de buena voluntad por parte del campesinado gira entorno a la aceptación de algunas condiciones impuestas por el Gobierno en cuanto a la instalación de una mesa alterna en el Colegio Francisco José de Caldas del municipio de Tibú para desarrollar los diálogos, ya que anteriormente las conversaciones se realizaban de cara y en la presencia los doscientos presidentes de las juntas de acción comunal que representan a los campesinos del Catatumbo.

    Recordemos que después de una semana de trabajo con los moderadores José Noé Ríos, viceministro de trabajo y Ubensel Duque director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, se acordó una metodología para desarrollar las mesas de discusión. Sin embargo, el Gobierno ni siquiera quiso firmar dicha metodología. A fin de cuentas lo que se logra socializar con la comunidad públicamente es el acuerdo borrador en donde se pone de manifiesto que es necesario que el gobierno genere confianza al campesinado, ya que ha habido cuatro muertos, decenas de heridos, algunos campesinos judicializados, señalamientos y estigmatización a los líderes de la movilización, lo que genera una gran tensión y pone en riesgo la vida e integridad de los manifestantes y los voceros del movimiento campesino.

    Ante esta situación el campesinado plantea en principio dos mínimos:

    Crear una ruta donde se afiance el financiamiento el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina con cronograma y metodología para llegar a acuerdos que permitan su constitución.

    Suspensión de la erradicación forzada y violenta de los cultivos de coca en la región del Catatumbo, que ha generado que alrededor de trescientas familias se hayan visto afectadas, por tanto se solicita la implementación de subsidios de un millón quinientos mil pesos mensuales por dos años para suplir las necesidades a las que se ven enfrentadas las familias campesinas luego de la erradicación.

    Llegando a estos acuerdos se distensionará la vía para el acceso y movilidad de gentes y mercancías desde y hacia Tibú.

    A pesar de estos justos reclamos, el Gobierno solo dilata el proceso de diálogo en la Mesa de Interlocución y Acuerdo MIA, exigiendo que se levante el paro como condición para “sentarse a la mesa”, pero sin el compromiso de llegar a algún acuerdo con los campesinos.

    Ante la reiterada negativa del Gobierno Nacional para dar soluciones concretas a las exigencias del campesinado, el movimiento planteó el impulso de proyectos de emergencia para atender las necesidades más urgentes de la población catatumbera, tanto en las áreas rurales como en el casco urbano de Tibú.

    En cuanto a infraestructura se plantea la adecuación, ampliación y pavimentación de la carretera Cúcuta – Tibú – La Gabarra y la construcción del anillo vial de San Calixto – Hacarí - El Tarra. Esta obra beneficiará a por lo menos ciento cincuenta mil personas en la región y descongestionará el transito tanto de gentes como de productos agrícolas provenientes en la región.

    Estos proyectos priorizados abarcan áreas como la agricultura, la infraestructura y servicios públicos para el mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones económicas y sociales de los habitantes tanto de las zonas rurales como de los cascos urbanos, especialmente el del municipio de Tibú. El costo estimado para la ejecución de estos proyectos es de 252 mil millones de pesos, para lo cual se plantea convocar consejo directivo Incoder.

    Con todas estas propuestas, sumadas a los puntos en los que ha cedido el campesinado, que no reclama nada imposible, que no exige nada ilegal y que ha agotado todas las vías del derecho para exigir sus derechos, el Gobierno no ha aceptado absolutamente nada, no ha querido avanzar un milímetro hacia la solución del conflicto. Por esa razón es totalmente legitimo y legal que los campesinos, habiendo agotado las vías de derecho, recurran a las vías de hecho. Al bloqueo de carreteras, a la confrontación con los cuerpos represores del establecimiento, porque es la única forma que tienen para hacerse escuchar, es gritar y decir ¡Aquí estamos, atiendan nuestras exigencias, nosotros también somos Colombia!.

    author by Shameel Thahir Silvapublication date Wed Jul 17, 2013 23:53author address author phone Report this post to the editors

    “La zona de reserva campesina está inclusive autorizada por la ley y ahí no habría ningún problema pero lo que nunca, nunca voy a permitir, es que me impongan las zonas de reserva campesina a la fuerza…por ningún motivo” Palabras de Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia

    ¿Que fue primero?, ¿el huevo?, ¿la gallina?, ¿la acción violenta?, ¿la protesta social?, ¿La Zona de Reserva Campesina? Es increíble cómo se puede tergiversar la realidad cuando los medios corporativos de comunicación están de tu lado. “No permitiré que me impongan zonas de reserva campesina a la fuerza: Santos” es titulo de una noticia de hoy del El Espectador. En RCN Radio hablan de 36 días de protesta social como un escandalo y ridiculizan al vicepresidente Garzón que le da la razón al campesinado catatumbero que exija una Zona de Reserva Campesina. Aún así Garzón se mantiene alineado con la intransigencia del establecimiento.

    Existe una intención de reducir la problemática de la región del Catatumbo al obvio caos que causan los bloqueos de vías que realizan compañeras y compañeros campesinos catatumberos que no aguantan más y necesitan respuestas inmediatas pero además de eso efectivas. El gobierno se quiere mostrar preocupado con los derechos de los habitantes del Catatumbo pero la realidad es que están presionados por la agroindustria y las petroleras y mineras que ya adelantan proyectos en la región y no tuvieron que protestar para tener el permiso legal de desarrollar lo que planean pues aquí primero va la inversión extranjera antes que vivir con dignidad.

    La Asociación Campesina del Catatumbo no es una vocera que aparece en un paro de hace 36 dias y ya, es una organización de base que en los últimos 8 años ha articulado a las comunidades campesinas del Catatumbo a través del reconocimiento de sus problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales para la búsqueda de una solución. Su esencia campesina los lleva a tener una relación especial con la tierra y su territorio, el Catatumbo se ve amenazado por las trasnacionales agroindustriales, petroleras y mineras. ¿Qué les queda? El gobierno los llevó a protestar al hacer oídos sordos a sus justos reclamos.

    En 4 años desarrollaron todo el proceso para constituir una Zona de Reserva Campesina (esto nada tiene que ver con las FARC-EP) en medio de la región, que les permita defender su territorio para así vivir dignamente y alcanzar la soberanía alimentaria. Cumplieron con la Ley 160 de 1994 (la cual caracteriza la Zona de Reserva Campesina) y sólo falta que la Junta Directiva del INCODER dé vía libre a la Zona de Reserva Campesina. Desafortunadamente, aunque el gobierno hable de paz, su política sigue siendo de guerra. Para el gobierno Santos, los campesinos y campesinas son guerrilleros y por lo tanto para el gobierno los campesinos y campesinas no tienen derechos, simple y llanamente son el enemigo y si no hacen lo que el gobierno desea, serán exterminados por la vía de las armas o a través de la falta de salud, educación, vías, proyectos productivos, etc.

    Después de 4 años de trabajo, superando toda la vía burocrática y evidenciando que solo falta voluntad política por parte del gobierno, llevamos 36 días de protesta social para que el gobierno Santos cumpla con la ley. Esos 36 días ya dejaron 4 campesinos catatumberos asesinados por las fuerzas armadas por orden directa de Juan Manuel Santos, aun así el se atreve a dárselas de “digno” y en una actitud muy de macho alfa dice que lo que quieren es imponerle la Zona de Reserva Campesina. Al señor Presidente no le quedan excusas, le queda apelar a su dignidad de macho y decir que no permitirá que le impongan nada. Eso es intransigencia y la intransigencia hace parte de una mentalidad guerrerista en donde si no ganas pierdes, donde es imposible el diálogo y donde el otro debe ser eliminado.

    ¿Quien tiene la razón?

    author by ASCAMCATpublication date Sun Jul 21, 2013 03:04author address author phone Report this post to the editors

    El domingo 16 de junio de 2013, en el casco urbano del municipio de la Gabarra, siendo la 01:30 pm, miembros de la Policía Nacional detuvieron a cuatro campesinos del sector del Catatumbo, que integraban las más de 17.000 personas del campesinado que se encuentran en paro desde hace 39 días; luego, les solicitaron los documentos de identidad para verificación de antecedentes.

    Sin embargo, los uniformados no realizaron la verificación, sino que de forma irregular los condujeron a la estación de policía de La Gabarra; estando allí alrededor de 20 minutos, sin que les devolvieran la cédula y sin hallazgo alguno de antecedente judicial.- configurándose así, retención ilegal de documentos.

    Posteriormente, sin justificación y motivo legal, los condujeron al Batallón Plan Especial Energético y Vial No. 10, donde fueron sometidos a tortura psicológica con fines de ‘confesión’ forzada, a través de los siguientes actos: los condujeron a un recinto con los ojos vendados, los acusaban de vínculos con las guerrillas, con palabras soeces y trato verbal aberrante los instigaban a decir que el Paro Campesino de la región del Catatumbo era financiado y ordenado por las Guerrillas de las FARC, que nombraran las personas que lideraban o promovían la manifestación, así como los señalaban de ser colaboradores de la guerrilla. Igualmente, con un trato degradante les expresaban que próximamente los iban a capturar por sembrar cultivos de uso ilícito.

    Al preguntarles a los funcionarios del Ejército - quienes alrededor de este tiempo no se identificaron con nombre y cargo- por qué tenían los ojos vendados, ellos respondieron que era porque los detenidos no podían ver a quienes estaban cuestionándolo, ni tampoco a las personas que se encontraban observándolos en el recinto, aparentemente para identificarlos de qué ellos hacían parte de esta manifestación, a su dicho, realizada por la guerrilla de las Farc. Finalmente, les decían que no continuaran con el paro, que esto traería graves consecuencias. Al cabo de aproximadamente cuatro horas, les fue entregado el documento y su libertad.

    Los campesinos catatumberos victimizados por policías y militares son Gustavo Blanco Villamizar, Chayan Arley Mayorca Pérez, Valero Sandoval y Juan Carlos Rodríguez.

    Del mismo modo rechazamos y advertimos a los entes de control, sobre la posibilidad de que esta información sea usada en montajes judiciales en contra de estos cuatro campesinos de la región

    Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article11411
    author by ASCAMCATpublication date Sun Jul 21, 2013 03:29author address author phone Report this post to the editors

    En nuestra calidad de organización campesina de la región del Catatumbo, queremos manifestar públicamente que:

    CONSIDERAMOS:

    Que en el Catatumbo se vienen presentando desde hace más de 39 días, intensas jornadas de movilización; miles de campesinos y campesinas han manifestado la urgente necesidad de adoptar medidas, que incluyan integralmente al campesinado.

    Que la falla de reconocimiento al campesinado ha sido diagnosticada por el Informe de Desarrollo Humano del PNUD.

    Que estas movilizaciones han hecho más visible la grave y continuada emergencia social que afronta una región donde el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de los hogares oscila entre el 50% y 80%.

    Que la región del Catatumbo es una zona de alta victimización de la población campesina y que actualmente son precisamente estos campesinos y campesinas victimizadas las que se encuentran en ejercicio de la protesta.

    Que como parte de la crisis social, que ha llevado a que más del 30% de los habitantes de la región sufran de algún grado de desnutrición y como un efecto de las recientes erradicaciones violentas de cultivos de coca; tenemos que la crisis alimentaria en la región se ha profundizado hasta niveles inaceptables.

    Que hay una moratoria del Incoder en el cumplimiento de su mandato institucional, de delimitar y constituir, según el procedimiento adelantado, la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo en las áreas declaradas como tal por el artículo 81 de la Ley 160 de 1994.

    Que ha pesar de los anuncios de voluntad política del gobierno nacional, a la fecha, no se han logrado acuerdos que permitan dar solución a la problemática social que dio origen a la movilización campesina.

    Que según pronunciamientos públicos de entidades adscritas a la Organización de las Naciones Unidas, competentes en materia derechos humanos; se encuentra probado el uso desmedido de la fuerza como herramienta para reprimir a los manifestantes. Tal es el caso de la ejecución extrajudicial de 4 campesinos durante las protestas en Ocaña.

    Que de continuar las situaciones descritas, se mantendrán inaceptables niveles de vulneración a los derechos de niños y niñas, mujeres y hombres, víctimas y en general de toda la población de la región. Por ende:

    SOLICITAMOS AL PRESIDENTE SANTOS:

    1. Declarar el estado de emergencia social en la región del Catatumbo en los términos del artículo 215 de la Constitución Política Nacional.

    2. Que en uso de las facultades que le otorga la constitución bajo la declaratoria del estado de emergencia, se tomen las medidas tendientes a garantizar la superación de las condiciones sociales que dieron origen a la movilización.

    3. Que estas medidas aborden un enfoque diferencial que incluya al campesinado en términos culturales, políticos, sociales y especialmente económicos.

    La Aduana, julio 19 de 2013

    author by ASCAMCATpublication date Sun Jul 21, 2013 03:41author address author phone Report this post to the editors

    Propuestas anunciadas el día de hoy por los voceros de la movilización campesina del Catatumbo, dirigidas al presidente Santos, en la búsqueda de la salida inmediata a la crisis.

    Propuesta 1.

    Realizar una reunión de urgenciacon el presidente Santos para llegar a acuerdos que empiecen a solucionar la crisis del Catatumbo.

    En la reunión se alcanzarán acuerdos en los cinco mínimos siguientes:

    1. Una ruta de declaratoria de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Catatumbo.

    2.Financiamiento de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC del Catatumbo.

    3. Financiamiento del programa de sustitución gradual y concertada de los cultivos de coca en el marco del PDS de la ZRC.

    4.Otorgamiento de un subsidio de reparación a las víctimas de la erradicación forzada y violenta de los cultivos de coca, de un millón y medio de pesos mensual, por dos años, mientras se implementa el programa de sustitución de estos cultivos.

    5. Garantías jurídicas para los participantes de la movilización campesina del Catatumbo.

    El resto de puntos del pliego de exigencias se desarrollarán según un cronograma de trabajo acordado por las partes, con la condición de llegar a acuerdos que solucionen la emergencia económica y social del Catatumbo.

    Con estos acuerdos se producirá un desbloqueo de las vías y el retorno a la normalidad.

    Propuesta 2.

    Se inicia un proceso de distensión de la situación de bloqueo de la vía Tibú - Cúcuta, con la implementación de caravanas alimentarias, de caracter comercial y humanitaria(con distribución gratuita de alimentos) para los municipios del Catatumbo. Las caravanas se realizarán de 7 de la mañana a 2 de la tarde, día de por medio. Para llegar a esta distención el gobierno se compromete a conformar un equipo competente con capacidad de toma de decisiones para llegar a acuerdos. El compromiso incluye llegar a dos primeros acuerdos durante el primer día de reanudación de la mesa de interlocución y acuerdo, acuerdos en materia de declaratoria de ZRC y en materia de subsidios para las víctimas de la erradicación forzada de los cultivos de coca. La distensión se irá aumentando en la medida en que se vaya llegando a acuerdos. Con la firma final de los acuerdos se producirá el desbloqueo total y el retorno a la normalidad plena.

    author by Noticias UNOpublication date Mon Jul 22, 2013 17:32author address author phone Report this post to the editors

    Pese a todas las declaraciones del gobierno en el sentido de que no habrá diálogo mientras persista el paro campesino del Catatumbo, los manifestantes advirtieron que no se moverán. A nombre de los campesinos habló el dirigente César Jerez, de quien el gobierno ha dicho que tiene nexos con las FARC. Jerez dijo que la actitud de Santos recuerda la de Álvaro Uribe, justificando la fuerza antes que el entendimiento.

    César Jerez, vocero de los campesinos del Catatumbo advirtió hoy que no levantarán el paro como lo exigió el presidente Juan Manuel Santos para poder dialogar y llegar a acuerdos con los labriegos.

    Según César Jerez “la propuesta consultada con las bases campesinas de esta movilización es si continuarán o no los bloqueos. La gente votó y continuarán hasta tanto el Gobierno no entre en sensatez y envie un equipo coherente para dialogar”.

    Jerez dijo que el Gobierno puede declarar la emergencia económica en el Catatumbo para evitar que la crisis humanitaria se agudice.

    “Santos nos recuerda a los tiempos del desquiciado Álvaro Uribe justificando salidas de fuerza para todo, con el cuento de la infiltración y Justificar la fuerza y represión de la movilización campesina”, afirmó Jerez.

    Related Link: http://www.youtube.com/watch?v=R2HZ7SajDNQ
    author by ASCAMCATpublication date Mon Jul 22, 2013 17:35author address author phone Report this post to the editors

    Señor:

    Nicolás Maduro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

    Ref.: Refugio internacional humanitario

    Reciba un cordial y fraternal saludo del campesinado del Catatumbo.

    Los campesinos y campesinas del Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, nos encontramos desarrollando una protesta social que se prolonga ya durante 41 días.

    Nuestra región vive una profunda crisis económica, social y humanitaria. Una crisis producto de décadas de abandono estatal que se recrudece con la guerra, la militarización, la erradicación forzada de los cultivos de coca y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado colombiano.

    Estamos exigiendo el reconocimiento del campesinado, el acceso pleno a los derechos civiles y políticos, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que nos hagan vivir en dignidad. Exigimos mediante esta movilización el derecho a la tierra y al ejercicio de la territorialidad para nuestras comunidades a través de una Zona de Reserva Campesina, figura que se encuentra reconocida por la ley colombiana.

    Hemos sufrido la represión del Estado colombiano, 4 de nuestros compañeros han sido asesinados por la fuerza pública, tenemos decenas de heridos y encarcelados.

    Hasta el momento nuestros reclamos y exigencias no han sido escuchados. Por lo que nos mantenemos bloqueando la carretera Cúcuta – Tibú.

    Las últimas declaraciones del presidente Santos nos hacen prever que nuestra protesta será duramente reprimida en las próximas horas. Situación que dejaría vulnerables a miles de mujeres, ancianos, enfermos y niños que participan de la movilización.

    Con esta carta queremos solicitar que su gobierno nos permita ejercer el derecho internacional al refugio, acogiéndonos a la ley orgánica venezolana sobre refugiados y asilados, al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados y a la Declaración de los Refugiados de Cartagena, esto ante la eventualidad de una operación militar contra nuestra justa protesta, acción represiva que dejará víctimas inocentes.

    De antemano agradecemos la comprensión, la humanidad y la solidaridad del pueblo y del gobierno de Venezuela para con el campesinado del Catatumbo.

    La Aduana, Tibú, Catatumbo. Julio 21 de 2013
    Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat

    author by Las dos orillaspublication date Tue Jul 23, 2013 17:42author address author phone Report this post to the editors

    El gobierno le cedió la negociación de la protesta del Catatumbo al Ministerio de la Defensa. El Ministro le delegó el tema a su viceministro y mano derecha Jorge Enrique Bedoya, quien ha estado en las reuniones más conflictivas. Bedoya llegó al Ministerio cuando Juan Carlos Pinzón dejó la Secretaría general de la Presidencia para asumir la cartera. Es un hombre de toda su confianza, a quien conoció en el master que ambos realizaron en la Universidad Javeriana y venía de ser el Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores.

    Bedoya ha mantenido posiciones muy duras frente al tema de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo. Con la radicalización del paro el poder de los militares ha aumentado y por esto los manifestantes creen que el hombre que puede entrar a jugar es Juan Fernando Cristo, el Presidente del Congreso, quien es oriundo de Norte de Santander y conoce a fondo la problemática del Catatumbo.

    author by Darío Fajardo M.publication date Tue Jul 23, 2013 18:23author address author phone Report this post to the editors

    La tragedia de los enclaves

    Las movilizaciones del Catatumbo, los reclamos campesinos por el cumplimiento de la ley 160 de 1994 y las posiciones dominantes desde el Estado, los medios de comunicación y los partidos tradicionales dan mucho en qué pensar sobre nuestro ordenamiento político y la idiosincrasia de la clase dirigente.

    Las circunstancias han inspirado numerosas columnas de prensa, cuyos autores — Molano, Gutiérrez, Ospina, Salinas, Medina — nos recuerdan la difícil historia de la región. Traen a nuestra memoria cómo — desde fines de los ochenta — la región ha sido el escenario de protestas por parte de sus pobladores en demanda de atención del Estado a sus necesidades: movilizaciones que expresan la difícil historia social y política de la ocupación reciente del Catatumbo.

    Al igual que en otras regiones de frontera, las tierras baldías atrajeron a los desterrados por las guerras y la pobreza; pero sus valiosos recursos también despertaron el interés de grandes empresas interesadas en explotarlos y en enganchar a parte de la población que venía localizándose en ella: sería la mano de obra de los grandes proyectos.

    La extracción del petróleo, del gas, del carbón y el beneficio de las plantaciones palmeras se sustentarían igualmente en la producción de las colonizaciones campesinas, de manera similar a lo ocurrido en otros enclaves como en Urabá y en el Putumayo.

    Paradójicamente, gran parte de la tragedia de los habitantes de la región consiste en que habitan un territorio con abundantes recursos de alto valor, extraídos sin generar la menor compensación para sus habitantes y con la complicidad del Estado.

    La explicación común a las reiteradas protestas de las comunidades en contra de las condiciones de vida a las que se ven sometidas ha sido el desgastado argumento de la supuesta ausencia del Estado.

    Ocurre en el caso del Catatumbo, sin embargo, que la presencia del Estado realmente ha seguido otras pautas:

    · una notoria representación parlamentaria del oficialismo;

    · la permanente ocupación militar, acompañada de una ostensible actividad paramilitar;

    · la creciente e inquietante aproximación del Comando Sur de las fuerzas armadas norteamericanas[1].

    Para el Estado, estos poderes así configurados parecen suficientes para dar legitimidad a la forma como las empresas mineras extraen los recursos de la región, sin verse forzadas a retribuir parte de sus rendimientos; es un caso bien particular de la confianza inversionista.

    Comunidades organizadas y activadas

    Pero esta historia de grandes intereses, de despojos y de pobreza escenificada en el Catatumbo tiene hoy otro componente: la propuesta de sus comunidades de asumir por sí mismas las tareas de su propio desarrollo mediante la constitución de una zona de reserva campesina, figura contemplada en la ley 160 de 1994.

    Siguiendo esta norma, los campesinos de la región han tomado el camino de identificar sus condiciones y necesidades, de priorizar las soluciones y de traducirlas en proyectos para ser realizados por ellas mismas con la supervisión de las agencias estatales correspondientes.

    Coincide, ni más ni menos, con los términos planteados por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, cuando al imaginar el tránsito del país hacia la convivencia pacífica propuso lo siguiente:

    “Tenemos que pensar nuevas formas de organización de las comunidades para sacar adelante la transición dentro de la actual organización político–administrativa del Estado, que no está en discusión. Por ejemplo: si se va a desarrollar un nuevo programa de vías o de distritos de riego o de pequeños acueductos para llevar agua potable, perfectamente pueden ser las comunidades las que se organicen para priorizar, construir, administrar y mantener sus obras, bajo la supervisión de las autoridades municipales”.

    Las palabras del Alto Comisionado no se apartan de los procedimientos establecidos en la reglamentación de la ley 160 de 1994 para la figura de las reservas campesinas. En particular el decreto 1777 de 1996 y el Acuerdo 024 de diciembre de 1996 de la Junta Directiva del INCORA fijan procedimientos que las comunidades del Catatumbo ya han cumplido.

    Lamentablemente los asesores presidenciales — por boca del propio primer mandatario — desecharon las propuestas priorizadas de las iniciativas campesinas, descalificando como una simple lista de mercado al ejercicio realizado por los campesinos y que coincide en lo esencial con la visión propuesta por Sergio Jaramillo.

    Una vieja tradición

    La figura de la reserva — de profundo arraigo campesino — tomó cuerpo legal por primera vez en el decreto 1110 de 1928, mediante el cual se establecieron colonias agrícolas en varias regiones del país, donde el gobierno de entonces buscaba atenuar la crisis social generada por los conflictos de tierras.

    Reaparecería como propuesta de los campesinos colonos del piedemonte caqueteño y de las márgenes de la Serranía de la Macarena, departamento del Meta, tras las conversaciones de paz iniciadas por el presidente Belisario Betancur[2].

    Finalmente, fue incorporada en la ley 160 de 1994, como instrumento para el ordenamiento territorial y la interlocución de las comunidades agrarias con el Estado. Fue puesta en práctica al establecerse las primeras reservas en un proyecto piloto apoyado y financiado por el Banco Mundial, a finales de los años noventa.

    Tal como quedo plasmada en la ley, la figura de la reserva campesina está enmarcada en el entorno institucional: corresponde a las agencias del Estado responsables de la gestión de la agricultura y del desarrollo rural financiarlas y darles apoyo técnico. Se sustentan esencialmente en una comunidad organizada en su territorio, capaz de identificar sus condiciones económicas y sus necesidades, de traducirlas en proyectos a ser financiados con recursos del presupuesto y de asumir su ejecución y coordinación.

    Al iniciarse la administración de Juan Manuel Santos — y como parte de su oferta hacia las comunidades campesinas afectadas por la violencia, el despojo y el empobrecimiento — el gobierno propuso el denominado Plan de choque para las zonas de reserva campesina a través del cual se reactivaría la aplicación de la ley 160 de 1994.

    Tal como lo están visualizado las organizaciones campesinas, su proceso de desarrollo territorial pasa por articularse con los mercados circundantes, en particular con los mercados urbanos, lo cual hace indispensable el afianzamiento de sus vínculos con los niveles municipal, regional y nacional en términos de gestión y de asignación de los recursos presupuestales: un típico proceso de planeación participativa. Es decir: producción y desarrollo dentro de la institucionalidad ante todo… y fortaleciéndola además.

    El caso de Calamar

    Esta perspectiva fue visualizada y puesta en marcha por las comunidades de Calamar (Guaviare), durante el proceso de organización de la reserva campesina en esa localidad:

    · La iniciativa fue formulada inicialmente para el conjunto de los tres municipios del departamento, recientemente constituido como tal, en el marco de la nueva Constitución (1994).

    · Quiso aprovecharse el área ya sustraída de la reserva de la Serranía de La Macarena, la cual abarca buena parte de los municipios de San José, El Retorno y Calamar.

    · Uno de los propósitos centrales en esta iniciativa era ofrecer a los colonos campesinos la oportunidad de asentarse en las vegas del río Guaviare, más atractivas en términos de fertilidad y de acceso a los mercados y de la infraestructura del vecino departamento del Meta.

    · El núcleo de la reserva sería Mapiripán, municipio que aunque pertenece al Meta, también fungía como punto de referencia para el área colindante del norte del Guaviare.

    · No obstante, estas tierras ya estaban en la mira de los empresarios palmeros que se instalarían en ella tras asegurarlas, como ocurrió luego de las masacres ocurridas a partir de 1996.

    Ante esas circunstancias, la decisión de establecer la reserva con mayores posibilidades se orientó hacia el municipio de Calamar, donde las comunidades locales contaban con un grado más avanzado de organización, lo cual ha planteado un componente político relevante para el desarrollo de las reservas campesinas.

    Este avance organizativo se traducía en la participación de las juntas comunales en la constitución y gestión del consejo municipal, gracias a lo cual el componente rural del plan de desarrollo del municipio fue elaborado desde vecindarios en donde ya se contaba con organizaciones de segundo nivel: las juntas interveredales. De esta manera, cuando se constituyó la reserva campesina, su plan de desarrollo correspondía prácticamente al componente rural del plan de desarrollo del municipio.

    Esta perspectiva de desarrollo institucional de la reserva de Calamar está siendo planteada en el municipio de San Vicente del Caguán, en donde la alcaldía contempla una articulación similar para la estructuración de su plan de desarrollo con el de la reserva campesina de El Pato–Balsillas, que hace parte de su jurisdicción.

    Ventajas de una Reserva Campesina en el Catatumbo

    Este propósito adquiere mayor relevancia en las circunstancias actuales: los municipios del país deberán adelantar pronto la revisión de sus planes de ordenamiento territorial (POT), en los cuales existen vacíos grandes y generalizados en el ámbito rural. Para desarrollar esta tarea será particularmente ventajoso contar con comunidades organizadas, como ocurre en donde éstas han avanzado en la configuración de reservas campesinas.

    Afianzar esta perspectiva en cualquiera de las regiones donde se plasme la figura de la reserva campesina consagrada en la ley 160 de 1994 — pero en especial en el caso de las más marginalizadas — conlleva una profunda transformación del territorio, en la medida en que conduce a la construcción de un interlocutor legítimo para el Estado en la gestión del desarrollo.

    En el caso del Catatumbo — dada su localización en la frontera — la formalización de la reserva campesina contribuiría además a integrar a ambos países mediante el afianzamiento de los mercados de bienes agrícolas y manufacturados, y a superar las dificultades existentes en las relaciones binacionales.

    Frente a las tensiones generadas en la región del Catatumbo — y tal como lo señalan los autores anteriormente citados — la aproximación inicial del gobierno no deja márgenes de participación a las comunidades. Por el contrario, hasta ahora domina el tratamiento represivo. Como es de suponer, este mensaje aleja las expectativas en torno a la terminación del conflicto armado.

    Al mismo tiempo, las circunstancias particulares de esta región también pueden dar paso a que el gobierno acate de manera ejemplar un mandato de ley con el propósito de atender las demandas sociales de la región, lo cual será una contribución a la construcción de la paz y a la normalización de nuestras relaciones binacionales.

    Notas:

    [1] Visita del general John Kelly, Jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a Tibú, marzo, 2013 (Aporrea).

    [2] CUBIDES, Fernando, MORA, Leonidas, JARAMILLO, Jaime E., Colonización, coca y guerrilla, Bogotá, Alianza Editorial Colombiana, 1989

    author by Agencia Prensa Ruralpublication date Thu Jul 25, 2013 08:05author address author phone Report this post to the editors

    El refugio, ubicado a orillas del Río Tarra, ya acoge a 200 campesinos catatumberos, en su mayoría mujeres, ancianos, enfermos y niños, que están ejerciendo el derecho al refugio internacional, huyendo de "una inminente agresión de la fuerza pública colombiana al bloqueo de la carretera Cúcuta - Tibú", según los líderes campesinos.

    Los campesinos están construyendo cambuches, han instalado una cocina comunitaria y se sienten seguros en territorio venezolano, pero las condiciones son difíciles.

    La Agencia Prensa Rural pudo constatar que se necesita con urgencia agua potable, una misión médica permanente en el lugar, provisión de alimentos y fumigar el sitio.

    El nivel de atención de las autoridades venezolanas es muy parcial y restringido, debido a los limitados recursos locales. La Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat hace un llamado al gobierno venezolano para que actue de manera urgente para mejorar las condiciones materiales alimentarias y sanitarias del refugio.

    Ascamcat también hace un llamado al campesinado y a los comerciantes del Catatumbo para que redoblen su apoyo alimentario a la movilización campesina.

    Ascamcat hace un llamado a las organizaciones sociales de Colombia y Venezuela para que realicen acciones de solidaridad con recolección de alimentos no perecederos, medicinas y ropa.

    Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article11465
    author by ASCAMCATpublication date Sat Jul 27, 2013 08:31author address author phone Report this post to the editors

    Señor presidente Santos:

    Reciba un saludo cordial del campesinado del Catatumbo.

    Le solicitamos, fraternalmente, que teniendo en cuenta su visita del día de mañana a la ciudad de Cúcuta, reciba a una delegación de los campesinos que desde hace 45 protestan en el Catatumbo.

    Deseamos tener una reunión con usted para plantearle y lograr concretar la siguiente propuesta:

    Distensionar el bloqueo en la carretera Cúcuta - Tibú día por medio de 7 de la mañana a 2 de la tarde, permitiendo la entrada de caravanas alimentarias, comerciales y humanitarias.

    A cambio el gobierno nacional reinicia las conversaciones con un equipo competente en cada uno de los temas, con el compromiso de alcanzar acuerdos en la primera semana de conversaciones.

    Si se alcanzan en una semana acuerdos en los cinco mínimos propuestos por los campesinos se producirá el desbloqueo de la vía y el retorno a la normalidad.

    El resto de puntos del pliego de exigencias se desarrollará en una comisión bilateral, según un cronograma de trabajo acordado por las partes, con un equipo competente del gobierno, con la condición de llegar a acuerdos que solucionen la emergencia económica, social y humanitaria del Catatumbo.

    Si no se alcanzan acuerdos en los cinco mínimos en una semana, se continuará con la metodología de la distensión día por medio, hasta la firma de los acuerdos finales.

    La comisión de seguimiento y garantes de los acuerdos que proponemos estará conformada por: Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, Todd Howland, representante de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, el Defensor del Pueblo y la Comisión de paz del Congreso.

    Igualmente, le proponemos al presidente que declare el estado de emergencia social en el Catatumbo, acogiéndose al artículo 215 de la constitución, lo que lo facultaría para tomar medidas extraordinarias y poder atender la crisis del Catatumbo.

    Atentamente,

    Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat

    La Aduana, Tibú, Catatumbo, julio 25 de 2013

    author by Horacio Duque Giraldopublication date Tue Jul 30, 2013 00:25author address author phone Report this post to the editors

    La tendencia social y política más relevante hoy en Colombia es la extraordinaria movilización social de diversos núcleos populares. No se trata de una "revolución de las expectativas" tal como lo sugiere cierto análisis sociológico para restarle potencial sino la irrupción de la política de masas y de la lucha de clases de grupos populares muy caracterizados como los campesinos, los mineros artesanos y los productores afectados por el modelo neoliberal de la globalización que representan los Tratados de Libre Comercio, firmados por la élite con la ultra burguesía dominante en el planeta.

    Se trata de un inusual lucha por el excedente económico acaparado por grupúsculos financieros, empresariales, burocráticos y transnacionales, que canalizan la riqueza y el trabajo nacional en beneficio propio, dejando en la miseria y pobreza millones de personas que acuden a la acción colectiva para participar democráticamente de dicho excedente. El billón de pesos alcanzado por las huelgas cafeteras de hace 4 meses es un ejemplo de ese contencioso popular para romper los repudiables monopolios de la riqueza.

    Se necesita la acción enérgica de millares de productores de café, de arroceros, paneleros y paperos, con huelgas y bloqueos, para forzar un reparto equitativo del presupuesto público, induciendo la recomposición de las asignaciones fiscales, focalizadas en el gasto militar y en los subsidios y exoneraciones a las minorías que acaparan la renta pública.

    Dada la ampliación de estas movilizaciones y la generalización de las peticiones populares que reivindican derechos fundamentales, el bloque de poder dominante ha desatado la más feroz y violenta represión y el uso arbitrario de los medios de comunicación masivos para descalificar y estigmatizar torpemente la insurgencia democrática de las masas.

    El alzamiento de los campesinos del Catatumbo ilustra lo que estamos afirmando.

    La respuesta del gobierno del señor Santos, quien dice ser abanderado de la paz y bienestar de los colombianos, incluye asesinatos, atropellos, cárcel y judicialización de los integrantes de las huelgas agrarias de Norte de Santander.

    Más recientemente, ante el fracaso de las delegaciones gubernamentales para ofrecer soluciones a los problemas planteados, posterior a la estigmatización de los lideres realizada por el Ministro de la Defensa y medios como Caracol, la estrategia ha sido desconocer y silencia este conflicto.

    Sin embargo, el mismo sigue vigente después de casi 50 días de protestas.

    El pasado 26 de julio, el Presidente aterrizó en Cúcuta y realizó una serie de actos completamente irrelevantes, demagógicos por decir lo menos, que han ampliado la inconformidad de la población urbana del departamento fronterizo con Venezuela. Ha sido una seguidilla de mentiras y actos cínicos que derivaron en la ira y repudio de los cucuteños.

    Santos fue a Cúcuta y acompañado de la clase política corrupta que lo apoya derrochó teatralidad para hacer creer a la sociedad regional que los problemas no existen y que todo va bien.

    Pero valientes campesinos salieron con pancartas y pasacalles a decirle que dialogara con los agricultores del Catatumbo, que diera solución al pliego petitorio y al derecho que les asiste para establecer una Zona de Reserva Campesina en los términos de le Ley 166 de 1994 que las institucionalizó como una alternativa de reforma agraria al régimen señorial agraria que aún prevalece no obstante los grandilocuentes discursos oficiales que hablan de una revolución agraria que solo existe en la fantasiosa retórica estatal.

    Santos fue a Cúcuta pero olímpicamente ignoró la huelga agraria del Catatumbo, lo que, por supuesto, no hace el país que sigue brindando solidaridad para que salga adelante en sus luchas.

    Solidaridad que se sentirá con mayor rigor en el paro agrario nacional a iniciarse el próximo 19 de agosto, día en que saldrán millares de colombianos ha exigir una reforma agraria democrática real.

    author by Agencia Prensa Ruralpublication date Thu Aug 01, 2013 23:41author address author phone Report this post to the editors

    Aeronaves militares colombianas violaron el espacio aéreo venezolano entre la media noche y la una de la mañana, hora colombiana. Así lo constataron colombianos asentados en el refugio internacional humanitario, ubicado en Gucamayas, en el municipio Jesús María Semprum del Estado Zulia de Venezuela. A esa hora un avión colombiano arrojo una poderosa luz de bengala que iluminó toda la zona ubicada a orillas del Río Tarra.

    El refugio internacional humnitario fue instalado hace una semana, en el territorio venezolano, para que los campesinos que participan en la protesta del Catatumbo, que sientan riesgo de ser agredidos por la fuerza pública colombiana y que deseen ejercer el derecho al refugio, lo puedan ejercer con garantías. Hasta el momento se han acogido al refugio unas doscientas mujeres, niñas, ancianos y enfermos, provenientes de los bloqueos de la carretera Cúcuta- Tibú.

    Casi a la misma hora de la violación del espacio aéreo venezolano, se dieron sobrevuelos de aviones Kfir sobre las veredas donde se encuentran los campesinos ocupando la vía. Fueron lanzadas luces de bengala sobre las veredas J10, La Cuatro e incluso sobre el casco urbano de Tibú, una hora más tarde se escucharon ráfagas de fusil y ametralladoras de gran calibre de lado y lado de la frontera. Lo que presume que la fuerza armada venezolana y la Guardia Nacional, respondieron al fuego colombiano, que tenía rumbo hacia la frontera. Un convoy de camiones militares colombianos se desplazó a esa hora a gran velocidad desde Punta Palo hasta la entrada a La Aduana, dentro de los bloqueos campesinos. Previamente a la violación al espacio áereo venezolano se dieron multiples sobrevuelos de aviones de guerra Kfir y de un avión no tripulado - Drone.

    Lo acontecido anoche e incluso las labores de inteligencia colombiana sobre el refugio internacional en Venezuela, así como el silecio del gobierno frente a las propuestas del campesinado, son interpretados por los campesinos como indicador de que va en curso una operación militar y policiva sobre los campesinos manifestantes, según ellos "la violencia y la represión son hasta ahora la única respuesta a las exigencias sociales y humanitarias del pueblo del Catatumbo".

    author by ASCAMCATpublication date Thu Aug 01, 2013 23:43author address author phone Report this post to the editors

    Los campesinos del Catatumbo, quienes resistimos de manera civil y pacífica, pero sobre todo con dignidad y valentía, no solo al abandono estatal, a años de violencia y control paramilitar, de abusos y atropellos de la Fuerza pública, al conflicto armado; sino ahora el desinterés y la arrogancia del Gobierno, que ha prolongado esta protesta por 50 días, ya que no quiere darle una salida democrática, pacifica, dialogada con los campesinos; sino que impone una salida militar y policial, el uso y abuso de la Fuerza es la única respuesta que hemos recibido los campesinos no solo a la crisis, al pliego de peticiones sino a más de 10 propuestas que se han presentado. Denunciamos ante la opinión pública y la comunidad nacional e internacional y ante los organismos, organizaciones y órganos que velan por el respeto y aplicación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, lo ocurrido en las últimas horas:

    1. Desde el día de ayer 29 de Julio de 2013, sobre el medio día, nuevamente el ESMAD de la Policía Nacional, dirigió ataques contra los campesinos que se encontraban concentrado en el lugar de “La Uno”, y nuevamente como en lo ocurrido en Ocaña, había presencia de efectivos de la Policía Nacional armados con fusiles, los cuales apuntaron contra los campesino manifestantes y efectuaron disparos al aire, mientras esto ocurría en el mismo sector sobrevolaron a muy baja altura 2 aviones Kfir por largo tiempo, causando gran pánico, terror y zozobra dentro de los manifestantes y de los habitantes de este sector. Los policías nuevamente dispararon contra los comunicadores alternativos que cubrián los enfrentamientos. Efectivos del ESMAD capturaron hacia las una de la tarde al campesino menor de edad, Stiven Peña, según la policía fue trasladado a la ciudad de Cúcuta.

    2. Luego desde las 6 p.m. empezó a sobrevolar nuevamente un avión Kfir. Durante la tarde se presentaron sobrevuelos de un avión no tripulado (conocido como DRON), aviones utilizados para hacer inteligencia militar, propio de operativos militares, ya que se utiliza entre otras para hacer fotografías, grabaciones y lograr la ubicación de objetivos militares.

    3. Desde las 10 p.m. nuevamente sobrevolaron y arrojaron aparatos conocidos como (globos y DRON), para seguir haciendo inteligencia militar y tomando fotografías; también lanzaron luces de bengala, en los lugares conocidos como “ La Cuatro y J10”, situación que se prolongó por más de tres horas, hasta después de la medianoche.

    4. A las 12 y 30 a.m. del día de hoy 30 de julio de 2013 se escucharon varios disparos en la zona conocida como “ Tres bocas” en dirección a la frontera con Venezuela, se presume que fue el Ejército Nacional, quienes hacen presencia en este lugar.

    5. El Ejército Nacional comenzó a movilizar cinco a esa (5) comboy (tanquetas/vehículos) y atravesaron uno de los puntos donde se concentraban los campesinos, conocido como “Punta de Palo”, los camiones llegaron hasta el puente del río Tibú.

    6. Desde la 5:30 a.m. del día de hoy 30 de julio de 2013 se movilizan 15 camiones particulares tipo turbo, que trasladan un gran número de integrantes del ESMAD y soldados del Ejército Nacional, el recorrido lo vienen haciendo desde el corregimiento de Campo dos hacia La Aduana.

    7. Desde las 7 de la mañana de hoy 30 de julio los sitios de ubicación de los campesinos son sobrevolados permanentemente por un avión no tripulado –Drone y una avioneta exploradora.

    Los campesinos nos dirigimos a Ustedes para denunciar y socializar, las estrategias de guerra, de presión sicológica y de ataques que el Gobierno Nacional sigue dirigiendo contra la protesta de los campesinos, ante esta terquedad, arrogancia, cobardía, y abuso de poder del Gobierno Colombiano y de la Fuerza Pública (Policía y Ejército), nosotros persistimos en promover, y abrir espacios democráticos de dialogo y de solución.

    Por eso el campesinado del Catatumbo, les invitamos a todas las organizaciones y sectores sociales, organizaciones políticas y partidos políticos, organizaciones y plataformas de derechos humanos, para promover la organización de un un “Acuerdo Social para el Catatumbo”, porque la situación del Catatumbo y la lucha de los campesinos, es la lucha de todos y son realidades que también se enfrentan en todo el territorio nacional.

    Por el agravamiento de las condiciones de seguridad, que aumentan cada vez más el riesgo y con una amenaza directa para la vida, la integridad personal y la libertad de los campesinos que legitima y legalmente protestamos, y porque este gobierno ha sido no solo incapaz, sino insensato y arbitrario, y ha prolongado esta situación por ya casi 50 días.

    Agradecemos todos los pronunciamientos de solidaridad y las manifestaciones de respaldo y preocupación, así como los buenos oficios de quienes han intentado y persisten en mediar con el gobierno indolente y terco de Juan Manuel Santos, y esperamos y solicitamos que se pronuncien ante el gobierno nacional, el ministerio de defensa y la Fuerza Pública, por la forma violenta y abusiva como han controlado esta justa protesta social y pacífica.

    author by ASCAMCATpublication date Thu Aug 01, 2013 23:46author address author phone Report this post to the editors

    Después de 50 días de una histórica movilización del campesinado del Catatumbo, el país por fin ha volteado sus ojos a una región durante décadas expoliada y violentada de múltiples formas. Ríos de tinta han corrido por la prensa nacional atropellando nuestra dignidad, radicalizando el arribismo de quienes se aferran a la exclusión de los que proveemos el alimento y cuidamos nuestra tierra, pero también reconociendo la inocultable verdad del abandono y arrasamiento de nuestros recursos y nuestra vida. Hemos recibido la invaluable solidaridad y acompañamiento de amplios sectores sociales y populares a nivel nacional e internacional, de la comunidad internacional con presencia en Colombia, de la academia, de artistas, políticos, estudiantes, a quienes extendemos nuestra profunda gratitud.

    Los hijos del Catatumbo, mujeres y hombres con dignidad, resistimos por la tierra y el territorio porque nos rehusamos a aceptar que la voracidad del olvido, del capital nacional y transnacional, y el mal gobierno, perpetúen la historia que sobre nosotros se ha impuesto. Por eso y porque somos sujetos plenos, no lloramos sobre nuestra realidad sino que la transformamos con sabiduría y decisión. Por eso nos hemos organizado, y construido una propuesta alternativa de vida y desarrollo para esta región enmarcada en una zona de reserva campesina, en la que persistimos pese a la perversa campaña de desinformación y manipulación que contra esta iniciativa campesina se ha desplegado en el país.

    Defendemos la zona de reserva campesina como alternativa legal y legítima de protección y proyección de la vida campesina, porque el país lo necesita para su soberanía alimentaria y para la conservación de nuestros recursos estratégicos. En la zona de reserva campesina enmarcamos nuestra voluntad y propuesta de sustitución de cultivos de uso ilícito, controvertimos las políticas minero energética, de seguridad, de derechos humanos, y en general el modelo de desarrollo que se nos impone, y proponemos uno basado en la sostenibilidad.

    Esta es la propuesta que presentamos al país en estos 50 días de movilización, sin haber recibido debida atención del Estado, en cambio sí, el sacrificio aleve de nuestros cuatro mártires campesinos: EDINSON FRANCO JAIMES, LEONEL JACOME, DIOMAR HUMBERTO ANGARITA Y HERMIDES PALACIOS.

    Su sacrificio no será en vano, en su honor convocamos a la celebración del Acuerdo Social por el Catatumbo, el 2 de agosto en La Aduana (Tibú). En este espacio y con la facilitación de Todd Howland, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, el vicepresidente Angelino Garzón, el expresidente Ernesto Samper, el Provincial Jesuita Francisco de Roux, el Senador Juan Fernando Cristo, la Comisión de Paz del Congreso de la República representada por el representante a la Cámara Iván Cepeda, y Omar Alberto Sánchez Obispo de Tibú, presentaremos a la sociedad colombiana y al Presidente de la República, nuestra muestra de voluntad política de negociación y nuestras peticiones básicas para ser objeto de solución por parte del gobierno.

    Invitamos a quienes hasta ahora han mostrado su compromiso como facilitadores, a fungir de garantes de la negociación y de los acuerdos a los que se llegue entre campesinos y gobierno. Así mismo a las autoridades locales: el Gobernador de Norte de Santander: Edgar de Jesús Díaz, los Alcaldes Municipales de Tibú, Hacarí, San Calixto, El Carmen, Teorama, Convención, El Tarra, Abrego, Sardinata y Ocaña, para que se vinculen a la construcción de este Acuerdo Social para el Catatumbo.

    Extendemos también nuestra invitación a todos los sectores sociales interesados en la paz con justicia social, a que nos acompañen en la construcción del Acuerdo Social para el Catatumbo como un ejercicio democrático y de reconocimiento de los campesinos como sujetos plenos y actuantes en la vida nacional.

    POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO, CATATUMBO RESISTE

    La Aduana, Tibú, Catatumbo, julio 31 de 2013

    Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat

    author by Horacio Duque Giraldopublication date Sun Aug 04, 2013 03:24author address author phone Report this post to the editors

    Después de 55 días de histórica movilización popular, la huelga del Catatumbo ingresa a otro momento con la suspensión del bloque de las vías que desde Tibu conducen a Cúcuta, la capital de Norte de Santander, que debe darse desde hoy sábado 3 de agostos en las primeras horas de la mañana.

    Con la mediación de una comisión integrada por reconocidas personalidades como el Vice Presidente Angelino Garzón, el ex Presidente Ernesto Samper, el Sacerdote Jesuita Francisco de Roux, el Presidente del Senado Juan Fernando Cristo, el Senador Ivan Cepeda y el Representante de las Naciones Unidas Tedd Howland, las organizaciones agrarias y sus lideres, han tomado la determinación de permitir el flujo por las carreteras, cuya interrupción fue su principal arma de lucha, para entrar a una nueva fase de diálogos y acuerdos.

    El Presidente Juan Manuel Santos, en un giro adecuado, ha dado su consentimiento y ha manifestado su voluntad de adelantar la concertación para debatir las demandas agrarias sin vetos a los puntos del pliego de peticiones formulado. Su propuesta apunta a convertir la región del Catatumbo en un "experimento de paz" que debe replicarse por otras áreas de la geografía nacional, que bien puede ser una alternativa a las 20 Zonas de Recuperación y Consolidación estratégica organizadas desde la administración del señor Uribe Velez, y defendidas por el Ministro de la Defensa Pinzón, las cuales han devenido en focos del neoparamilitarismo y el desmán del militarismo.

    Entramos en el Postparo del Catatumbo y el espíritu de la movilización sigue intacto. No hay vencedores ni vencidos. Lo que sigue es la construcción de un Pacto social alrededor de las coincidencias y consensos sobre la organización de la Zona de Reserva Campesina y la implementación de su Plan de Desarrollo; la aplicación de los programas sociales alternativos para la sustitución de cultivos de coca; el pago de los subsidios por $1.500.000 a cada familia cocalera; la ejecución de un plan de derechos humanos; la defensa del medio ambiente frente a los impactos de la Locomotora minera que amenaza los recurso naturales; y las garantías judiciales de no penalización de los dirigentes del paro por parte de la Fiscalia.

    Lo ideal es la construcción de un nuevo CONPES de paz que recoja y corrija los dos anteriores, distorsionados por la insoportable presión clientelar del senador Juan Manuel Corzo, el gamonal conservador que prospera con la violencia neoparamilitar y el sistema prebendario de su empresa electorera afincada en Tibu y los otros municipios.

    Para cerrar, digamos de manera general que en el Catatumbo se configuró, con los eventos de la huelga, un "campo de conflicto" de alcance estructural, no puramente coyuntural, que visibilizó la crisis y debilidad del Estado planteando la posibilidad de una transformación con afectación de las vetustas estructuras de poder predominantes por la primacía de la hacienda señorial y el sistema clientelar. Conflictividad que ha propiciado la constitución de nuevos sujetos sociales por la agregación, articulación y construcción discursiva que han inducido un cambio cualitativo y el alcance de la acción colectiva, en tanto que en situaciones históricas en que no existe conflictividad o esta se reduce a cuestiones puntuales, los sujetos colectivos tienen a inhibirse e incluso a desaparecer.

    Un enfoque de tal naturaleza nos permite abordar el movimiento campesino del Catatumbo en su multiplicidad, en sus desplazamientos entre los diversos ámbitos del sistema y del campo político como las instituciones centrales del Estado (Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios y Planeación Nacional), los poderes regionales/locales, los medios principales de comunicación, los partidos políticos, la iglesia, el campo binacional/global y la sociedad civil.

    Contexto que permite plantear que la identidad del movimiento campesino del Catatumbo no es una simple esencia sino el resultado de "intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre diversos actores con peso específico" (Melucci).

    55 días de dura conflictividad en la región han dado forma a un sujeto social y político alterno a los actores institucionales de la democracia neoliberal representativa, con irrefutables repercusiones en otros puntos de la geografía colombiana.

    Seguimos al tanto de los nuevos rumbos en la región. Ojala los lideres de la acción popular saquen las lecciones correspondientes para acceder a otros niveles de la lucha para materializar el proyecto democrático-participativo que la paz que se dialoga en La Habana perfila en las rondas de intercambio entre el Gobierno del Presidente Santos y los delegados de las Farc que representan la resistencia campesina revolucionaria.

    author by Las dos orillaspublication date Mon Aug 05, 2013 23:23author address author phone Report this post to the editors

    Muchos hilos se movieron para desenredar la madeja del Catatumbo: durante las dos primeras semanas de julio el pulso entre los campesinos y el gobierno estuvo en un punto muerto, hasta que aparecieron personajes claves que destrabaron la situación.

    Según fuentes del movimiento agrario, la aparición en la escena del ex presidente Samper, de Juan Fernando Cristo, presidente del Senado, y del representante Iván Cepeda fue clave en el logro de un clima que acercara a las partes. La vinculación de ellos, así como el contacto con Angelino Garzón para que sirviera de puente con el presidente Santos fueron conseguidos por gestión de Andrés Gil, curtido dirigente de la Asociación de Campesinos del Valle del rio Cimitarra (ACVC), quien tiene un largo recorrido en negociación de conflictos agrarios.

    La asesoría de Gil a los labriegos del Catatumbo, con quienes permaneció 12 días explorando caminos de solución al paro, derivó en la búsqueda de personalidades con suficiente reconocimiento y credibilidad que generaran confianza en ambas partes, misión bien difícil dada la radicalización que caracterizó los 54 días de bloqueos en la vía Cúcuta-Tibú. A mediados de julio, Gil buscó al sacerdote jesuita Francisco De Roux, con quien tenía buenas relaciones desde que ambos lideraban proyectos de desarrollo agrícola en el Magdalena Medio. Pacho, como se le conoce al sacerdote, aceptó de inmediato la invitación a mediar entre el gobierno y los campesinos, con lo cual se puso en marcha una dinámica que fue incorporando poco a poco a nuevas personalidades. Gil dice que “el papel de Pacho fue silencioso, pero firme y constante”.

    Sin embargo, la agresividad del ministro de Defensa hacia los campesinos, a quienes siempre acusó de ser instrumentos de las Farc, impidió que las gestiones de mediación transcurrieran con la fluidez esperada. Hasta que irrumpió la figura de Angelino Garzón, quien hizo alarde de un talante conciliador y se mostró proactivo en la búsqueda de una solución mediante el diálogo. Según los dirigentes campesinos, pese a sus limitaciones físicas, Angelino desplegó un gran esfuerzo y estuvo pendiente de todos los detalles. “Lo podíamos llamar a altas horas de la noche y ahí estaba, siempre pendiente”, relataron.

    La madeja terminó de desenredarse del todo cuando Gil y Olga Quintero, vocera de los campesinos del Catatumbo, lograron el concurso de Samper, Cristo y Cepeda en solo dos días, durante la última semana de julio. Por su parte, el ex presidente liberal logró vincular al Fiscal General, Eduardo Montealegre, pieza clave del rompecabezas, en tanto garantizaba la no judicialización de los dirigentes del alzamiento campesino.

    Al grupo de garantes se unió el jefe de la delegación de la ONU, Todd Howland, conformándose así un equipo de alto nivel que generó suficiente confianza entre el campesinado, cuyos líderes trabajaron en una sesión de 15 horas para definir una nueva estrategia de negociación. Fue así como a las dos de la mañana del 30 de julio, en un lugar conocido como Jota 10, se decidió desbloquear las vías para dar inicio de inmediato a la búsqueda de un acuerdo con el gobierno, que deberá producirse bajo la mirada atenta y continua del grupo de garantes.

    Esa misma madrugada se definió hacer un acto solemne para dar inicio a la nueva etapa de la negociación, el cual tuvo lugar el viernes 2 de agosto en el punto conocido como La Aduana. El nombre de este sitio es una especie de mamadera de gallo, dado que por allí circulan las multimillonarias mercancías de contrabando que van y vienen entre Colombia y Venezuela sin que las tropas del ministro Pinzón se den por enteradas.

    Durante el acto que abrió el camino al desbloqueo hubo un momento que conmovió al auditorio: los padres de un bebé nacido en medio del tropel subieron a la tarima con su hijo en brazos y les pidieron a Ernesto Samper y a Piedad Córdoba que fueran sus padrinos. Samper no solo aceptó la oferta sino que dijo que esperaba ir al bautizo de la criatura el mismo día en que se formalice al Catatumbo como Zona de Reserva Campesina. El niño se llamará Camilo Ernesto, en homenaje a Camilo Cienfuegos y al Che Guevara, pues nació el 26 de julio, fecha en que se conmemora en Cuba el asalto al Cuartel Moncada que dio inicio a la lucha guerrillera en la nación caribeña.

    Al terminar la multitudinaria reunión en La Aduana, se escuchó a varios de los protagonistas repetir que la solución dialogada al conflicto del Catatumbo se va a convertir en la prueba reina de que se puede llegar a un gran acuerdo nacional de paz. Por eso, se acuñó la frase de que el Catatumbo se convertirá en el laboratorio de la paz de Colombia.

    author by María Alejandra Villamizarpublication date Mon Aug 05, 2013 23:26author address author phone Report this post to the editors

    Tuvo que llegar hasta el corazón del Catatumbo una comisión de garantes para que se le abriera camino a la solución de la grave situación que por casi dos meses ha vivido la zona desde que comenzó al movilización campesina. El nivel de los personajes que llegaron hoy a La Aduana, Tibú, representa el grado de delicadeza que ha significado este paro campesino para la gobernabilidad del presidente Santos y el mensaje que envió a la mesa de de La Habana. El Vicepresidente de la República, el Presidente del Congreso, un ex presidente, Naciones Unidas, y representantes de organizaciones sociales, empeñaron su palabra a nombre del gobierno, para que se reanude el diálogo.

    Los voceros de la protesta campesina del Catatumbo insisten en que en la Zona de Reserva Campesina debe ser instaurada de la región y sobre ese punto insistirán ante la comisión que envíe el presidente a partir del lunes a la mesa de diálogo. César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), sostuvo que “el Gobierno debe cumplir la ley”.

    El vicepresidente Angelino Garzón al tomar su lugar como la voz del Estado, dijo que los líderes de los campesinos no son guerrilleros, que no se les puede negar el derecho a la protesta y tampoco se les debe descalificar. Garzón se mostró conciliador y generoso con los manifestantes en un discurso que claramente pretende tender lazos de confianza para la etapa que se avecina.

    Como muestra de buena fe, la vocera de la protesta campesina en el Catatumbo, Olga Quintero, confirmó que desde este sábado 3 de agosto despejarán la vía entre Cúcuta y Tibú.

    El Presidente de la República Juan Manuel Santos, envió un mensaje al Catatumbo, en el que dijo estar dispuesto a que allí funcione un laboratorio de paz y de acuerdo con el senador Juan Fernando Cristo, el Catatumbo será una de las regiones con prioridades sociales para el Estado.

    A pesar de las buenas noticias que representa para los habitantes de la zona ante el desbloqueo de las vías, la llegada de alimentos y la normalización de la economía, lo cierto es que no está asegurado que las vías de hecho no vuelvan a ser el camino. Los campesinos han dicho que si el 19 de Agosto no hay acuerdos, volverán a tomarse las carreteras.

    El presidente Santos siente que ganó la partida ante la presión ejercida por la movilización. Días antes fue enfático en recordar que no aceptaría ningún diálogo si continuaban las acciones radicales de los campesinos. “Eso no lo acepta el Gobierno colombiano, no acepto ningún tipo de condicionamiento para la apertura de los diálogos” declaró el mandatario desde la última sesión de rendición de cuentas.

    Hoy, con el levantamiento del paro, comienza la etapa de la verdad, en la que se conocerá la sensatez de las partes para lograr un acuerdo que le sirva a la región y que sirva de base sólida para evitar posteriores protestas de la misma naturaleza que se vienen preparando en distintas zonas del país.

    author by ASCAMCATpublication date Thu Aug 08, 2013 17:34author address author phone Report this post to the editors

    La Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT, en cumplimiento del mandato que nos han otorgado los campesinos y campesinas del Catatumbo; manifestamos públicamente nuestra preocupación por la falta de garantías para el desarrollo de las negociaciones con el gobierno nacional.

    Esta falta de garantías se hace evidente de varias formas y afecta en múltiples dimensiones el buen desarrollo de las negociaciones y los eventuales acuerdos entre campesinado y gobierno nacional; así las cosas, denunciamos:

    - La continuidad de la campaña de estigmatización y los señalamientos malintencionados contra la Asociación Campesina del Catatumbo, contra la figura de la Zona de Reserva Campesina - ZRC, contra las organizaciones pertenecientes a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC- y contra nuestro compañero César Jerez. En esta campaña algunos medios de comunicación han jugado un papel determinante, en la medida que han hecho eco a estos señalamientos infundados de altos miembros del gobierno nacional y a los informes de inteligencia construidos por el Ministerio de Defensa, sin contrarrestar la información y sin dar un despliegue simétrico a nuestra posición.

    - Siguen en curso los montajes judiciales orquestados desde las oficinas de inteligencia del ejército y la policía y los procesos contra campesinas y campesinos de la región; a la fecha, son 4 los compañeros que continúan recluidos en cárceles por obra de los montajes judiciales contra los manifestantes de Ocaña y Tibú. Esto lejos de ser una muestra de garantías judiciales al derecho a la participación y a la protesta, es la continuidad de un política criminal que reprime y criminaliza la protesta social.

    - El gobierno ha dejado pasar el tiempo para reanudar las conversaciones, pues ya se completan 6 días sin que se hayan retomado las negociaciones.

    - Del mismo modo, en los último tres días las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria devenidas de las erradicaciones forzadas de hoja de coca se han incrementado en la región, al punto que la situación amenaza con tornarse aún más crítica, pues a la fecha se reporta un amplio despliegue de tropas y de erradicadores en jurisdicción del municipio de Tibú. En esto momento ya se han erradicado cultivos de coca en Monteadentro. Esto ha obligado al campesinado a reunirse en asentamientos campesinos en las veredas para evitar los atropellos a sus derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos por parte de la fuerza pública desplegada en la región; en estos asentamientos campesinos y campesinas, niños y niñas, pretenden interrumpir la militarización de las propiedades civiles y la destrucción de sus medios de subsistencia básica.

    - Como producto de esta militarización, en la escuela de la vereda Monteadentro, efectivos del Ejército Nacional ordenaron suspender las clases y prohibieron el tránsito por el camino real, afectando el libre derecho a la movilidad e imponiendo una afectación marcial a los derechos de los campesinos y las campesinas. Del mismo modo, bienes civiles han sido ocupados, como en el caso de la finca del señor Eusebio Meneses, donde miembros del Ejército Nacional se han establecido y han erradicado forzadamente los cultivos de coca, afectado el mínimo vital de campesinos campesinas, niños, niñas y adultos mayores.

    Por ende, y ante la inminente posibilidad de que la crisis humanitaria en la región tome dimensiones aún más críticas solicitamos al gobierno nacional y al equipo de garantes intervenir para:

    1. Que se cumpla con celeridad con las condiciones de negociación ofrecidas públicamente por el presidente Santos.

    2. Que con la presencia de los garantes en la mesa de negociación se garantice abordar todos los temas del pliego de exigencias según el cronograma que se acuerde.

    3. Que se suspenda inmediatamente la ocupación de bienes civiles y que se suspendan las erradicaciones forzadas de hoja de coca hasta que el campesinado cuente con una alternativa digna de sustento para sus familias

    4. Que las Fuerzas Militares y de Policía se abstengan de usar armas de fuego contra los campesinos y campesinas.

    5. Que se observe el debido proceso, se revisen las detenciones y judicializaciones irregulares y se libere a los compañeros encarcelados injustamente.

    Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT
    Cúcuta, 7 Agosto de 2013

    Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article11587
    author by Carlos Lozanopublication date Thu Aug 22, 2013 20:09author address author phone Report this post to the editors

    En el informe del conflicto en el Catatumbo de la edición 1627 de la revista Semana, la pregunta ¿Qué hay detrás del Catatumbo? se responde en la dirección equivocada. Con el mismo argumento del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar de que la movilización está infiltrada por la guerrilla de las FARC. Es la manera de justificar la masacre de campesinos, cuatro muertos y varios heridos, que al parecer son “blanco legítimo” en el lenguaje del fuero militar recién aprobado en el flamante Congreso de la República.

    No es que las protestas estén directamente relacionadas con el proceso de paz de La Habana, sino que la agenda de diálogo en su contenido profundo, no el superfluo del Gobierno Nacional, está sacando a flote muchos problemas no resueltos por la incuria gubernamental y la incapacidad de un Estado plutocrático que no atiende las dificultades y el abandono a que son sometidos los sectores populares del campo y la ciudad. He ahí la importancia de la participación ciudadana en los diálogos de paz, vista con tanta mezquindad por la Casa de Nariño. Como también que la agenda de paz sea de largo alcance en soluciones y reformas democráticas.

    Las marchas no son infiltradas por la guerrilla. Es el desespero de la gente del común porque los reclamos democráticos son ignorados por el poder central. La única vía es la protesta popular, el paro y hasta el taponamiento de vías, estallidos sociales, también democráticos y legítimos cuando los gobernantes son sordos ante el clamor ciudadano. No es positivo, ni aconsejable, desde los medios de comunicación, ser cajas de resonancia de las “verdades oficiales”, que aparecen para ocultar la incapacidad del modelo económico, que el Gobierno Nacional no quiere discutir con nadie porque son inamovibles impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y para justificar la represión en ese ejercicio sempiterno de la violencia del poder dominante.

    César Jeréz no es un guerrillero. Es un luchador social, víctima de otra forma del terrorismo de Estado como son los montajes en los computadores de los comandantes guerrilleros, convertidos en Lámpara de Aladino de donde sale lo divino y lo humano. No creo en ellos porque fui víctima del mismo acoso jurídico y recibí el beneficio de la preclusión de la Fiscalía General de la Nación, en dos instancias definitivas, aunque al procurador Alejandro Ordoñez no le agradó el fallo.

    La desesperación de las comunidades producirán nuevos estallidos sociales, el Gobierno seguirá buscando nuevos computadores mágicos y los sectores populares no tendrán más alternativa que continuar luchando y ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social. De eso no quede la menor duda.

    author by ASCAMCATpublication date Fri Aug 30, 2013 00:37author address author phone Report this post to the editors

    ESTRATEGIA PARA LA POST ERRADICACIÓN Y FASE INICIAL DE LA INTERVENCIÓN PARA LA ESTABILIZACION SOCIO ECONÓMICA COMO PARTE DEL PROCESO DE SUSTITUCION Y DESARROLLO ALTERNATIVO

    Fecha: 28 de Agosto de 2013 – Hora 10:30 a.m.

    Esta estrategia se ejecutará en el marco del Plan Piloto de Construcción de Paz del Catatumbo ( Laboratorio de Paz)

    POBLACION BENEFICIARIA

    Este programa esta inicialmente dirigido a un grupo de máximo 400 familias, que comprenden las familias cuyos cultivos ilícitos fueron objeto de erradicación (asociadas a predios) y los recolectores de hoja de coca, que han sido identificadas inicialmente por Ascamcat. Este número será definido en el censo que la Asociación le entregará al gobierno nacional y éste validará conjuntamente con la UNODC la información.

    COMPONENTES:

    • Base para el sostenimiento económico • Asistencia alimentaria • Empleo de transición • Seguridad alimentaria y nutricional • Formulación e implementación del proyecto productivo

    Sobre la participación de las familias en esta estrategia, se suscribirá una Acta de Compromiso que de cuenta de los componentes que se recibirán y de las corresponsabilidades de las partes. En este sentido se hará un compromiso de acogida a la estrategia para la post erradicación y fase inicial de la intervención para la estabilizacion socio económica, como parte del proceso de sustitucion y desarrollo alternativo, por parte de las y los beneficiarios.

    Las familias cuyos cultivos ilícitos fueron objeto de erradicación (asocidas a predios) serán beneficiarias de los cinco componentes mencionados anterirormente. Los recolectores de hoja de coca serán beneficiarios del componente de empleo de transición por seis meses por tiempo completo (1 SMMLV) y una asistencia alimentaria de 4 mercados.

    Las familias beneficiarias de esta estrategia para la post erradicación harán parte del programa de sustitución de cultivos de coca que a su vez hará parte del laboratorio de paz y se concertará en la mesa de negociación.

    COMPONENTES

    1. Base para el sostenimiento económico

    Dinero en efectivo por un monto total de $ 3.300.000. Los recursos se entregarán en tres (3) contados, cada uno de $1.100.000. El primer desembolso se entregará a las familias con la suscripción del Acta de Compromiso. Estos desembolsos serán entregados a través de UNODC.

    2. Asistencia Alimentaria

    Este componente incluye la entrega en especie de mercados para seis (6) meses, con productos alimentarios y no alimentarios de acuerdo con la siguiente minuta aprobada:

    Se adicionarán los productos no alimentarios (aseo personal y limpieza) aprobados en la mesa: jabón para loza, crema dental, jabón de baño, jabón de ropa, jabón en polvo, clorox, papel higiénico, preservativos y toallas higiénicas.

    Los mercados se entregarán de acuerdo con el número de personas de cada núcleo familiar que indique el censo entregado por Ascamcat. Los mercados se entregarán cada 30 días. El primero se entregará a partir del mes doce (12) hasta el mes (18).

    Los mercados serán entregados por el DPS y habrá acompañamiento de los representantes de los campesinos y Ascamcat.

    3. Empleo de transición

    Vinculación laboral formal por 8 meses de un miembro de cada una de las familias beneficiadas, por tiempo completo, sujeto a decisión de cada familia. El gobierno apoya con un salario mínimo; las partes de la mesa se comprometen a adelantar gestiones con terceros para buscar y garantizar un segundo salario mínimo, de tal manera que la remuneración salarial corresponda a dos salarios mínimos mlv.

    La definición de los oficios y empleos que desarrollaran los campesinos, como empleo de transición, se hará en proyectos de impacto social y comunitario a nivel veredal (adecuación y/o mantenimiento de infraestructura social comunitaria y de red terciaria vial).

    El proceso de enganche laboral se iniciará a partir de la primera semana del cuarto mes. Previamente, las partes de mutuo acuerdo definirán la forma de operación.

    4. Seguridad Alimentaria y Nutricional

    Este componente será concertado con las familias desde la firma del Acta de Compromiso y su implementación iniciará inmediatamente.

    Este componente se ejecutará por la FAO en el marco de un convenio DPS-FAO, y contempla: a) los componentes del programa de seguridad alimentaria y nutricional ReSA del DPS (contemplados en el gráfico de abajo); y b) los componentes de escuela agro ecológica y líneas de comercialización de FAO. El componente será ejecutado por medio de la metodología de los Centros Demostrativos de Capacitación Comunitaria, con la asistencia técnica de la FAO y la contratación de un profesional local. El monto de la inversión que recibirá cada familia será equivalente a un millón trescientos mil pesos ($1.300.000).

    5. Formulación e implementación del proyecto productivo

    Como una primera fase en el propósito de avanzar con las familias en la estabilización socio económica, se concertará con ellas un proyecto productivo.

    Este componente iniciará con la firma del Acuerdo de Compromiso y tendrá a) una fase de preparación de la propuesta productiva, y b) la puesta en marcha del proyecto a más tardar dentro de los primeros siete (7) meses.

    Para el desarrollo de la propuesta productiva se entregará un recurso económico de $6.000.000. Estos desembolsos serán entregados a través de UNODC. Este componente contará con asistencia técnica socio-empresarial prestada directamente a través de los equipos de UNODC en el territorio.

    FASES DE LA ESTRATEGIA

    PRIMERA FASE: DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS

    MECANISMO DEL CENSO DE LA ESTRATEGIA PARA LA POST-ERRADICACIÓN COMO PARTE DEL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE COCA

    OBJETIVO:

    Identificar las familias que ya han sido objeto de erradicación forzosa para su atención

    METODOLOGÍA:

    El censo se realizará por ASCAMCAT, OACNUDH (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y la Diócesis de Tibú, de la siguiente forma:

    1) La información preliminar será suministrada por ASCAMCAT.

    2) El gobierno, con base en la información preliminar suministrada por Ascamcat, hará la respectiva validación con la información de coordenadas de los puntos de erradicación de la segunda y tercera fases en la región.

    3) Ámbito de aplicación del censo: a) Familias cuyos cultivos ilícitos fueron objeto de erradicación (asociadas a predios) b) Recolectores de hoja de coca

    4) Criterio de temporalidad: erradicados segunda y tercera fase 2013 (Tibú y Sardinata)

    5) Sistematización de la Información

    6) Informe: el informe se entregará a la UNODC para hacer la respectiva verificación de que los predios en cuestión fueron efectivamente erradicados

    SEGUNDA FASE: IMPLEMENTACIÓN

    Como primer momento en esta fase se contempla la suscripción de los acuerdos de compromiso y la implementación de los componentes como está indicado arriba.

    La UNODC realizará una verificación y monitoreo sistemática y periódica del cumplimiento de cero cultivos ilícitos y no resiembra. Si al realizar esta verificación se han incumplido los acuerdos a nivel familiar, se suspenden los beneficios de este programa para la respectiva familia.

    TERCERA FASE: MONITOREO Y VERIFICACIÓN

    MECANISMO DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS Y DESARROLLO ALTERNATIVO

    OBJETIVO:

    Verificar plantaciones erradicadas a partir de las coordenadas y los reportes oficiales del sistema de monitoreo integral de UNODC. Esta verificación incluye la no existencia de cultivos de coca en los predios erradicados (fase 2 y 3) en el momento de la misma, así como verificar la implementación de las acciones de post – erradicación dentro de la estrategia de sustitución de cultivos y corroborar el cumplimiento de los componentes de la estrategia y lo consignado en los acuerdos de compromiso.

    ASPECTOS METODOLÓGICOS:

    La metodología se aplica a escala familiar asociada a predio, esto es, los distintos aspectos y fases de la metodología se aplicarán a las familias cuyos cultivos de coca hayan sido erradicados (Máximo 400 familias).

    Toda la intervención de trabajo de campo, contará con el apoyo consensuado de las Juntas de Acción Comunal de las veredas en donde se encuentren ubicadas las familias erradicadas.

    Durante los 24 meses de ejecución de la verificación y monitoreo, se realizarán: al menos una (1) sesión de presentación del mecanismo de verificación y cuatro (4) sesiones de socialización del proceso e informes de verificación. Estas sesiones contarán con la participación de las comunidades, organizaciones sociales como ASCAMCAT, gobierno nacional, departamental y municipales y familias objeto del proceso.

    La verificación será realizada por la UNODC, siguiendo su metodología de verificación y muestreo. Este proceso se realizará con el acompañamiento de los comités comunitarios de verificación de cada territorio definidos por las comunidades.

    El recorrido lo diseña la UNODC de acuerdo con el mecanismo muestral que utilice, este será socializado previamente con las comunidades.

    FUENTES DE VERIFICACIÓN:

    Coordenadas, actas, fotos, testimonios, entrevistas, encuestas y cartografía social a escala familiar.

    COMPONENTES DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE POST ERRADICACIÓN DENTRO DE LA ESTRATÉGIA DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS Y DESARROLLO ALTERNATIVO

    AL GOBIERNO NACIONAL

    • Asistencia alimentaria • Base para sostenimiento económico • Empleo de transición • Intervención en seguridad alimentaria y nutricional • Formulación e implementación del proyecto productivo

    A LAS FAMILIAS:

    • Que de sus predios hayan sido erradicados los cultivos de coca por el gobierno nacional en la fase 2 y fase 3 de 2013. • Que mantengan su predio libre de cultivos de coca, la no resiembra en las zonas donde fueron erradicadas, no estar cultivando coca en ningún predio y en ningún momento, así como no estar participando en ninguna actividad relacionada con el cultivo de la coca.

    El Laboratorio de Paz incluirá dentro de sus componentes, un programa de sustitucion de cultivos asi como de desarrollo rural integral; en estos ultimos se incluirá la formulación e implementación de proyectos productivos, teniendo en cuenta la propuesta técnica de los mismos presentada por ASCAMCAT y que se acuerden en el proceso de formulación del Laboratorio de paz. En el desarrollo de las negociaciones y discusiones alrededor del Laboratorio de Paz se definirán los mencionados componentes y actividades.

    CUADRO DE INVERSIONES

    Componente Unidad - Tiempo Valor Unitario Empleo de Transición para cultivadores Una persona por familia por 8 meses 1 SMMLV + gestionar con terceros para buscar y garantizar un segundo salario mínimo (1 SMMLV) Empleo de Transición para recolectores Una persona por familia por 6 meses 1 SMMLV

    Asistencia Alimentaria para cultivadores 1 mercado cada mes por 6 meses Empacado de acuerdo con el número de personas de cada núcleo familiar Asistencia Alimentaria para recolectores 1 mercado cada mes por 4 meses Empacado de acuerdo con el número de personas de cada núcleo familiar Base para el sostenimiento económico Hasta para 400 familias diferido en 3 entregas 1.100.000 por entrega (total base: $3.300.000)

    Seguridad Alimentaria y Nutricional Una intervención por familia (duración 10 meses) 1.300.000

    Proyecto productivo y asistencia técnica socio-empresarial Una intervención por familia (duración 24meses) $6.000.000

    Firmado en la ciudad en la ciudad de Cucuta a los 28 días del mes de Agosto del año 2013.

    _______________________ BRUCE MACMASTER OLGA LUCIA QUINTERO Director DPS Vocera Ascamcat

    author by ASCAMCATpublication date Fri Aug 30, 2013 04:45author address author phone Report this post to the editors

    Juan Manuel Santos, quien contaba con una fama de buen jugador en la política; hoy tiene que enfrentarse a un país que no quiere más juegos, hoy Santos despliega sus cañones y sus micrófonos contra un país que sabe que en las calles la lucha popular se convierte en nuevos límites al poder y en conquistas para las clases populares.

    En el Catatumbo el campesinado decidió poner un límite al despojo y al abandono del Estado; en las calles, durante 53 días manifestamos nuestra inconformidad, en la protesta, 4 de nuestros compañeros fueron ejecutados cuando defendían la propuesta de una Zona de Reserva Campesina que garantice una región digna, justa y democrática para todas y todos los campesinos.

    En su alocución del día de hoy, 29 de agosto, el presidente Santos, mientras intentaba transmitir un mensaje de falsa confianza, utilizó como ejemplo la mesa de negociaciones del Catatumbo y el acuerdo alcanzado el día de ayer, para presentarse ante la opinión pública, como un gobierno “transparente” y con apertura al dialogo.

    Sin embargo, tenemos la obligación de decir, que Juan Manuel Santos le miente al país cuando asegura que nuestro acuerdo busca garantizar la “erradicación” de los cultivos de coca de los campesinos; basta leer el título del acuerdo, para medir la estrechez del valor de su palabra. En el texto se lee claramente que este acuerdo se enmarca en un proceso mucho más amplio, de sustitución de cultivos de uso ilícito; el documento da cuenta de que la población beneficiaria se reduce a 400 familias victimas de la erradicación violenta y que su alcance es en esencia una medida para reparar y estabilizar socioeconómicamente a los campesinos victimas de la tozuda fantasía militarista, de convertir a Colombia en un país pacificado por la vía del fuego y la represión.

    Exigimos al gobierno nacional instalar inmediatamente la Mesa de Interlocución y Acuerdo Nacional (MIA-Nacional) para dar trámite a todas las exigencias de las clases populares movilizadas en campos y ciudades.

    Saludamos a nuestros compañeros y compañeras movilizados en todo el país, manifestamos nuestra admiración y respeto con sus justas luchas

    Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat Cúcuta, 29 Agosto de 2013

    author by ASCAMCATpublication date Thu Sep 05, 2013 00:35author address author phone Report this post to the editors

    El Ejército Nacional, en cumplimiento de las misiones que tiene encomendadas en la zona rural de Tibú (Norte de Santander), se encuentra en las cercanías de la vereda Guachimán, donde permanecen por más de tres meses.

    Hoy, martes 3 de septiembre de 2013, el Ejército entró al caserío con una actitud hostil, amenazando y hostigando al campesinado, tildándolo de guerrillero y pidiendo groseramente información a los habitantes sobre la guerrilla. De la misma manera, preguntan a la población sobre gente sospechosa en la zona y sobre campesinos que tengan sustancias psicoactivas ilegales ya procesadas.

    Uno de los soldados de apellido Henao, según la única insignia visible que porta, encapuchado, está amedrentando a la población, incluidos niños, para recibir una información que la población no tiene.

    El último conflicto con la comunidad se alarga desde el pasado 4 de abril de 2013, cuando los campesinos impidieron que el Ejército realizara una detención arbitraria e ilegal contra algunos vecinos, a los que se intentaba aplicar ley 30 de manera injusta por portar insumos de trabajo que los soldados intentaron atribuir al narcotráfico.

    Desde ese momento la tensión ha sido continua en la zona, ya que la Fuerza Pública afirma que ellos son la autoridad y que la gente debe dejarlos hacer lo que consideren oportuno. Los hostigamientos se repiten, hasta el punto de que están solicitado a los campesinos que muestren su cédula y solicitando de manera brusca y grosera que les faciliten sus números de celular, en una práctica de empadronamiento forzado que es recurrente en el Catatumbo.

    La Asociación Campesina del Catatumbo exige al Estado colombiano y sus Fuerzas Militares que dejen de molestar, hostigar e insultar al campesinado y se abstengan de utilizar la estrategia del terror contra los habitantes de las veredas y municipios de la zona de reserva campesina del Catatumbo y del resto del Norte de Santander, en cumplimiento de la normativa y legislación vigente.

    De la misma manera exigimos que el Ejército respete el derecho internacional humanitario, se aleje de las casas de los pobladores inmediatamente, y deje de utilizar elementos que impiden identificar claramente a sus miembros como capuchas, chalecos, tirantes y otros elementos que habitualmente utilizan.

    Responsabilizamos al Estado colombiano de cualquier situación que ponga en entredicho la integridad física y mental de los habitantes de las veredas de la zona rural de Tibú y reiteramos nuestro apoyo a las comunidades que se encuentran continuamente reprimidas en nuestra región.

    author by Camilo Raigozopublication date Thu Sep 05, 2013 00:58author address author phone Report this post to the editors

    El Tarra, Norte de Santander.- Durante los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2013, en el municipio El Tarra, Norte de Santander, más de 4.000 campesinos, entre cultivadores y recolectores de hoja de coca, realizaron una asamblea con el fin de estudiar y elaborar una propuesta de sustitución consensuada.

    Dicha propuesta será presentada a la Mesa de Interlocución y Acuerdo, MIA, este miércoles 4 de septiembre en Cúcuta, donde estarán nuevamente sentados los voceros campesinos y representantes del alto gobierno.

    El documento de propuestas fue enriquecido con el aporte que hicieron delegados de 365 juntas de acción comunal de los municipios de Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Carmen, San Calixto, Hacarí y El Tarra.

    La propuesta final denominada “Mandato regional para la sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental, de los ingresos derivados de los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo”, consta de 16 puntos que esperan ser aprobados por el Gobierno.

    “Creemos que el cultivo de hoja de coca en la región es producto de décadas de políticas públicas desfavorables a la economía campesina”, dice un aparte del primer punto de la propuesta.

    Los labriegos citan ejemplos que confirman lo anterior tales como: Los Tratados de Libre Comercio, TLC; el desplazamiento forzado; la falta de titulación de tierras; las política “mezquina” de los bancos con a los campesinos; la imposibilidad de acceso a la técnica y a la infraestructura y a la “descampesinización” del campo, entre otros factores.

    “Si no se revisan los Tratados de Libre Comercio, va a ser casi imposible poder sustituir un cultivo de coca en una región tan alejada y olvidada como el Catatumbo”, dijo Juan Carlos Quintero vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat.

    Igualmente sostiene el documento que mientras no haya garantías de una política incluyente de la economía campesina, salvaguarde la soberanía alimentaria y la estructura eco-sistémica de la región, ningún cultivo puede ser útil para sustituir la coca.

    Así mismo los campesinos exigen que el programa se sustitución de los cultivo de hoja de coca haga parte del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.

    Para que la sustitución sea exitosa es necesario que las familias puedan reemplazar el ingreso proveniente de la hoja de coca por otro, derivado de cultivos lícitos, sin que se deteriore su nivel de vida.

    No se trata simplemente de cambiar unas matas de coca por otras de maíz o frijol. Se trata es de garantizar que estos ingresos sean concretos, seguros y a largo plazo. Para los campesinos es una obligación del Estado combatir las causas socioeconómicos que obligaron a los campesinos a sembrar hoja de coca para sobrevivir y sostener a sus familias.

    Otro punto importante del documento es el que habla de una sustitución gradual y progresiva en tiempo y espacio, finca por finca, campesino por campesino, de acuerdo a los avances y aplicación del programa de sustitución.

    Los campesinos propones que el cronograma sea de 10 años, durante los cuales se habrá podido sustituir todas las plantas de coca por otras de uso lícito.

    El documento fue leído y entregado a seis de los ochos alcaldes de los municipios que participaron en su construcción, así como a la gobernación del departamento, quienes hicieron presencia en el sitio de la asamblea.

    Al cierre de la asamblea Olga Quintero, dirigente de Ascamcat, advirtió que si el gobierno insiste en incumplir nuevamente los acuerdos o hacer oídos sordos al clamor de las comunidades, el pueblo catatumbero se movilizará con contundencia.

    “Acá en el Catatumbo sí hay ministros, sí hay presidente y sí hay autoridad y se llama la coca. El Ministerio de Salud es la coca, que nos da para llevar a nuestros hijos a un médico y el Ministerio de Educación es la coca, que genera plata para poder llevar a los niños al colegio”, dijo Olga Quintero en medio de un efusivo aplauso.

    La vocera del campesinado dijo ante los miles de asistentes, quienes la aplaudieron a rabiar, en un claro mensaje al gobierno que: “Nos atienden, o nos atienden. Si no nos cumplen, nos sumaremos al Paro Nacional Agrario”.

    author by Horacio Duque Giraldopublication date Sat Sep 21, 2013 05:57author address author phone Report this post to the editors

    La Mesa de diálogos y negociación del Catatumbo está en funcionamiento y adelanta sus labores en el marco de unos parámetros acordados al término de la prolongada huelga y movilización popular que involucro cerca de 20 mil campesinos que debieron enfrentar la violencia policial, la judicialización de la Fiscalía y la estigmatización de altos funcionarios gubernamentales a través de los medios de comunicación contra los principales líderes de la protesta como Cesar Jerez.

    Los asuntos que debe tratar la Mesa y las tareas que debe cumplir estan plasmadas en varios de los documentos centrales, con una metodología muy precisa y unas fases puntuales que conlleva la interacción constante con la población campesina.

    Según los reportes de prensa (1) ya se han realizado varias reuniones en los términos pactados: dos días de trabajo técnico (martes y jueves) y un día de intercambio político y de decisiones que deben ser formalizadas en documentos de compromisos para ser ejecutados en los próximos meses.

    Pero, con el pasar de los días están surgiendo dificultades. Dos son los escollos presentados hasta el día de hoy, que los campesinos y la opinión pública debe conocer para que se deje sentir la solidaridad con los labriegos afectados por la problemática social que ya todo el país conoce.

    Son escollos políticos y militares.

    Los políticos han sido identificados como falta de voluntad en las altas esferas gubernamentales, que no de los técnicos responsables, para destinar los recursos necesarios de los denominados proyectos de urgencia y confianza.

    En efecto, no ha sido posible encontrar acuerdos precisos sobre las iniciativas puntuales y prioritarias formuladas por la Asociación de Campesinos del Catatumbo/ASCAMCAT. Las mismas son:

    - La construcción, arreglo y pavimentación de la totalidad del anillo víal para la paz: San Calixto – Hacarí – El Tarra – La Primavera – San Javier - San Ignacio – Guaduales – San José de Bajial – Media Aguita – El Cerro – Hacarí. (Cunetas y Alcantarillado) y puentes en los ríos Sanmiguel, Santa Catalina y San Javier. Para tal efecto el gobierno asignará 62.000 millones de pesos en la vigencia 2013-2014.

    - Mejoramiento, ampliación, construcción de puentes y pavimentación, de la totalidad de la carretera La Gabarra - Tibú – Astileros por 137 kilómetros. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 137.000 millones de pesos en la vigencia 2013-2014.

    - La construcción, dotación y mantenimiento de un hospital de tercer nivel en el Municipio de Tibú. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 10.000 millones en la vigencia 2013-2014.

    - El mejoramiento Hospitalario del Nivel I en los municipios de Convención, El Tarra, La Gabarra y mejoras del Transporte medicalizado. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 3.800 millones en la vigencia 2013-2014.

    - Acueductos: Construcción de los acueductos en el municipio de Hacarí, corregimiento de San José del Tarra; en el municipio de Convención en el corregimiento de La Trinidad y en el municipio de El Tarra en la vereda La Campana. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 5.670 millones en la vigencia 2013-2014.

    - Alcantarillados: Construcción de un sistema de alcantarillado en el municipio de Teorama, vereda El Bejuco. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 1.890 millones en la vigencia 2013-2014.

    - El acuerdo de confianza en materia de proyectos agropecuarios priorizados es el siguiente:

    i) Proyecto de Cacao: Con una extensión de 1500 hectáreas y 300 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 9.960 millones en la vigencia 2013-2014.

    ii) Proyecto de Café: Con una extensión de 1350 hectáreas y 250 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 3.543 millones en la vigencia 2013-2014.

    iii) Proyecto Caña Panelera: Con una extensión de 600 hectáreas y 200 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 1.560 millones en la vigencia 2013-2014.

    iv) Proyecto Plátano: Con una extensión de 1200 hectáreas y 400 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 1.500 millones en la vigencia 2013-2014.

    v) Proyecto de Fríjol: Con una extensión de 50 hectáreas y 50 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 100 millones en la vigencia 2013-2014.

    vi) Proyecto de Búfalos: De un total propuesto de 2250 búfalos, se prioriza la cría y levante de 400 ejemplares con 40 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 800 millones en la vigencia 2013-2014.

    vii) Proyecto de Ganado Bovino Doble Propósito: De un total propuesto de 10.500 reses, se prioriza la cría y levante de 1200 ejemplares con 120 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 1.800 millones en la vigencia 2013-2014.

    viii) Proyecto de Piscicultura Campesina: Estaciones piscícolas en los municipios de Tibu en el corregimiento de La Gabarra y, en El Tarra, se prioriza la construcción de 25 estanques con 100 familias beneficiadas. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 1.000 millones en la vigencia 2013-2014.

    ix) Planta de Transformación de Cacao: De todo el programa industrial para el Catatumbo, se prioriza el proyecto de la planta de transformación de cacao, en el municipio de Tibú en el Corregimiento de La Gabarra. Para tal efecto el gobierno deberá asignar 1.500 millones en la vigencia 2013-2014.

    Frente a esta formulación financiera y presupuestal de Ascamcat, el gobierno hizo una contra propuesta ridícula que no significa compromiso alguno de intervención efectiva en la crisis social y económica del Catatumbo.

    El vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), Juan Carlos Quintero, ha dicho que la sumatoria presupuestal para la adecuación de esas obras, que hace parte del pliego de peticiones que los labriegos hicieron para levantar el paro, suman $242.123 millones, pero el Gobierno les ofreció $60.000 millones. Por eso no se ha dado acuerdo alguno, por el momento..

    Otros lideres agrarios señalan que, por ejemplo, el costo del hospital para Tibú, que podría atender también a otros seis municipios aledaños, tendría un valor de $20.000 millones, pero el Gobierno redujo la cifra a $4.000 millones.

    Ante tal hecho y para dinamizar el proceso Ascamcat ha sugerido ir al siguiente tema acordado sobre fases (son 4) y contenidos para la expedición de la “Iniciativa regional para el desarrollo social y la construcción de paz en el Catatumbo”.

    Mientras que la negativa oficial santista impide llegar a acuerdos de confianza, simultáneamente crecen las acciones represivas que producen desconfianza.

    Los escollos militares los están colocando dos oficiales fascistas, Marcolino Tamayo, jefe de la Fuerza de Tarea Vulcano y Óscar Perdomo, quienes llevan a cabo una infame campaña regional para deslegitimar a Ascamcat como organización representativa del campesinado del Catatumbo. Los militares ponen a los líderes de Ascamcat como miembros de las Farc y amenazan con encarcelarlos tan pronto se rompan o finalicen las conversaciones.Ademas están realizando allanamientos, detenciones, atropellos y empadronamientos en todas las veredas y cabeceras urbanas de la región. Cumplen ordenes impartidas desde el despacho del Ministerio de Defensa, que públicamente ha vetado la constitución de la Zona de Reserva Campesina.

    Acciones que hacen parte del funcionamiento de la Zona de Consolidación y Recuperación Estratégica Territorial que funciona en el Catatumbo como un paraEstado bajo el control de centenares de asesores norteamericano. Zona que los campesinos han pedido muchas veces se suspenda y retire porque corresponde a la filosofía de la denominada Seguridad Democrática uribista que ha sido el nido perfecto de paramilitarismo y las Bacrim, encargado de la sistemática violación de los derechos civiles y políticos de los campesinos y sus dirigentes..

    1. El diario La Opinión de Cucuta está registrando diariamente los desarrollos de las negociaciones de la Mesa del Catatumbo. Es nuestra fuente al igual que el Portal Prensa Rural, que es un centro de prensa independiente que recoge la voz critica de los campesinos.

    Nota 1. El CONPES del Catatumbo 3739, expedido en febrero del año en curso, debería ser un referente para el diseño de los Planes rural, regional y de la Zona de Reserva Campesina consignados en el Acuerdo del 9 de agosto/2013. Dispone de un adecuado diagnostico sobre la pobreza, la educación, la salud, el empleo, el saneamiento, el desplazamiento y la infraestructura de la región. Sus proyectos acreditan unas disponibilidades presupuestales que ya se ha registrado en la vigencia fiscal del año 2013 y que ASCAMCAT debería revisar con los expertos para identificar fuentes de soporte monetario de los proyectos. Igual tarea debería adelantarse con el Plan departamental de desarrollo del gobernador Edgar Diaz, con el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, con los Planes de desarrollo y de ordenamiento municipales y con el Plan Nacional de Desarrollo. Un estudio de cada uno de estos documentos permitiría fortalecer los 16 puntos del pliego de demandas que las Audiencias Populares constituyentes que se adelantaran proximamente en Tibu, Teorama. Ocaña, San Calixto, Convención y Abrego, debatirán en el el marco de un escenario de democracia participativa.

    Nota 2. El senador uribista Juan Manuel Corzo, siente pasos de animal grande con la insurgencia campesina del Catatumbo que ha denunciado su imperio clientelar y de corrupción en Norte de Santander. Ahora se invento una cortina de humo y pego el grito donde sabemos para decir que era victima de amenazas de la guerrilla. Ese novelón ya es bien conocido y sabemos para donde va. Que se deje de montajes este gamonal y que responda ante la Sala Penal de la Corte que lo investiga por sus vínculos con el paramilitarismo y por sus actos ilegales como Presidente del Senado de la República.

    Nota 3 El festín clientelar de Ricardo Arias Mora, oriundo de Armenia (Quindío), en el Fondo Nacional del Ahorro es parte de todo el entramado politiquero y corrupto de este personaje que manipula los ahorros programados de millones de ciudadanos en función de sus pretensiones electoreras. Este personaje protagonizo un descomunal saqueo del municipio de Armenia cuando su papa (q.e.p.d) fue elegido primer alcalde de la ciudad. Una de sus peores conductas como gerente del Fondo Nacional del Ahorro está en Cucuta donde ha desviado más de 20 mil millones de pesos de los ahorros de miles de familias pobres que fueron engañadas con un Plan fantasma de vivienda del Alcalde de la ciudad quien prometió entregar 20 mil viviendas a sus electores, pero todo resulto una farsa completa.

    author by Horacio Duque Giraldopublication date Mon Sep 30, 2013 23:14author address author phone Report this post to the editors

    Las negociaciones en el Catatumbo, entre los delegados de los campesinos y los funcionarios del gobierno nacional se han estancado en los días recientes por causa de la negligencia y saboteo de los últimos que colocan toda clase de obstáculos a los diálogos y los acuerdos sobre los aspectos consensuados en diversas reuniones para levantar el paro de casi 60 días ocurrido en este territorio. El gobierno y la clase dominante de la región juegan al desgaste y el cansancio de los labriegos y sus representantes para no resolver las demandas consignadas en el pliego de peticiones y en los documentos metodológicos sobre la Iniciativa regional para el desarrollo social y la construcción de la paz. Todo va a paso de tortuga y seguramente las masas populares regresarán a la movilización con plantones y manifestaciones en Tibú, Ocaña, Cúcuta y Bogotá para denunciar las trampas del gobierno nacional, que no solo se dan en el Catatumbo, pues también ocurren con los otros movimientos agrarios en Boyacá, Huila, Caquetá y Magdalena Medio.

    Los campesinos y el movimiento social deben saber que solo la acción de masas en el espacio público obligará al gobierno a responder con soluciones adecuadas a las problemáticas sociales que dieron origen y mantienen vigente la protesta que en octubre presentará un nuevo ciclo de acciones colectivas.

    Es preciso, además, acudir a los medios de comunicación, a las redes sociales para hacer las denuncias pertinentes y hacer el acompañamiento jurídico en cada evento para establecer la responsabilidad individual de cada funcionario y del Estado para hacerla efectiva con los recursos de amparo individual y colectivo ante las autoridades judiciales correspondientes.

    Es que las transformaciones que necesita el campesinado no sólo vendrán por la vía de la disputa del excedente económico sino también por la vía de la disponibilidad democrática del pueblo.

    A propósito de la lucha por el excedente económico conviene enterarse de los recursos que el nuevo Sistema General de Regalías tiene asignados para Norte de Santander y el Catatumbo y deben ser reorientados a financiar los proyectos sociales, económicos productivos, democráticos y ambientales que se debaten en la Mesa de Interlocución y Acuerdo. Para el año 2013 son cerca de 300 mil millones de pesos en regalías que corresponden a la región, pero es necesario impedir que los gamonales de la región los canalicen para enriquecerse y comprar votos en las campañas del 2014 con el fin de hacerse reelegir junto a su jefe de la Casa de Nariño.

    Hay que impedir, también, que se imponga la vía del Carbón, Cúcuta-Astilleros-Tibú, Tarra, Convención-La Mata, que servirá exclusivamente a las multinacionales que vienen por millones de toneladas de carbón, destruyendo ríos, páramos, humedales, bosques, fauna, flora y comunidades campesinas. Para ese proyecto, junto al de Cúcuta-Ocaña-Agua Clara, el Conpes 3739/2013 tiene previsto cerca de un billon 400 mil millones de pesos mediante la modalidad de concesiones y de contratos público-privados que incluyen sistemas de peaje onerosos para los pobladores de la región.

    Neoparamilitarismo en acción

    A la decidía y bloqueo gubernamental se le está agregando, en el caso del Catatumbo, la reorganización del paramilitarismo, complemento inmediato de la violencia policial del ESMAD y de las retaliaciones de los generales de las brigadas militares encargadas de la Zona de Consolidación y recuperación del territorio que se ha establecido para impedir la organización de la Zona de Reserva Campesina.

    En Cúcuta y el Zulia los grupos asesinos del paramilitarismo están en todo su apogeo. Rastrojos, Urabeños y Autodefensas de la Frontera, bandas que controlan, con la complicidad y apoyo de los dispositivos estatales armados, de manera permanente y absoluta calles, avenidas, veredas e instituciones públicas, han impuesto el terror a sangre y fuego.

    En la semana que ha transcurrido fueron asesinadas por los Rastrojos, con la complacencia de piquetes del ESMAD, 4 personas en el corregimiento de Palmarito (Cúcuta), vereda El suspiro, provocando el desplazamiento de casi 500 personas hacia el centro de Cúcuta, donde se encuentran en absoluta desprotección y abandono, porque los funcionarios correspondientes como la Defensora del Pueblo, doña Carmen Ligia Galvis y el Personero, Orlando Arturo Puentes Valderrama, son fichas politiqueras a las que poco interesa asumir esta cruda realidad de sangre y dolor.

    Otros corregimientos de Cúcuta como San Faustino, Guaramito y Banco de Arena, viven la misma situación de terror y miedo. lo más grave es que ninguna autoridad responde a los graves hechos y tal actitud se explica porque en la pasada campaña electoral para escoger las autoridades locales, los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas del Norte, aportaron cerca de tres millones de dolares a los candidatos lanzados y triunfantes. La política y el Estado en todas sus ramas se encuentran secuestrados por estos grupos violentos que asesinan y desplazan a los más humildes.

    A muchas personas en el Área Metropolitana de Cúcuta y en los municipios del Catatumbo llama la atención el grado de libertad con que se mueve y actúa el paramilitar Alias Chang, financiado por los Pepes Alvarez, dueños de un cartel de narcotráfico, al que no ven la policía y mucho menos el Ejército.

    Respecto de la ola de violencia que se ha iniciado es importante destacar que iniciando año, en el municipio del Zulia, fue baleado un menor de edad por grupos armados de las bacrim.

    Las muertes siguieron rondando. Un mes más tarde, el 10 febrero, desconocidos mataron y enterraron en una fosa común a Éver Alexis Moreno Rodríguez, de 19 años y Fernel Moncada Sánchez, también de 19.

    En abril, pistoleros de los Rastrojos volvieron a aparecer en la zona y asesinaron a Juan Carlos Jiménez Villamizar y a Oscar Albeiro Valderrama Celis.

    A finales de agosto, el turno de morir baleada cayó sobre Karol Viviana Arenas Prada, de 22 años. Pistoleros le propinaron un mortal disparo en un ojo.

    Los homicidios volvieron a ser noticia desde el sábado pasado, cuando desconocidos le quitaron la vida a Ricardo Gutiérrez Valero, de 37 años. Dos días más tarde, el lunes, fue asesinado Yordan Rojas Rincón, de 19 años, en la vereda Los Naranjos.

    Un retén ilegal del que hicieron parte unas 20 personas fuertemente armadas dio lugar, hace tres días, a la muerte de Giovanny Rodríguez Aparicio, de 30 años, y de Humberto Ramírez Carrillo, de 22.

    author by Horacio Duque Giraldopublication date Mon Sep 30, 2013 23:31author address author phone Report this post to the editors

    Cucuta es la capital de Norte de Santander, región en la que se encuentra el Catatumbo, donde, durante casi 60 días, se ha dado una de las más trascendentales movilizaciones campesinas en Colombia contra el neoliberalismo y por la paz con justicia social.

    En estos momentos funciona una Mesa de negociación con el gobierno del señor Santos, y los líderes agrarios han formalizado sus peticiones en materia de inclusión social, no segregación, Zona de Reserva Campesina, derechos humanos, democracia participativa, eliminación de la Zona Militar de Consolidación Territorial y proyectos productivos sostenibles. Además, los campesinos han expresado su contundente rechazo a la “ruta del carbón” que se hará para que las multinacionales lleguen a saquear la enorme riqueza carbonífera y petrolera de la región, generando un descomunal daño en los recursos ambientales y el despojo de los campesinos.

    Santos maniobra para impedir la solución del pliego popular, lo cual se hace mediante dilaciones, sofismas y ultrajes de los prepotentes burócratas de la Presidencia y Planeación Nacional contra los humildes dirigentes agrarios de ASCAMCAT, que de manera estoica y sencilla eluden la provocación para dar cumplimiento al mandato comunitario.

    Ante tal reacción, Santos ha sofisticado el garrote y como en otros momentos de la historia, nuevamente, se recurre a la violencia paramilitar.

    El bloque dominante que incluye a Senadores, Representantes, Diputados, Concejales, fiscales, generales y piquetes policiales ha reactivado los dispositivos de terror para desarticular y exterminar el movimiento agrario invicto en el Catatumbo.

    Como en Urabá, en Barrancabermeja, en Medellín, en el Eje Cafetero y en Caquetá, en Cucuta se han puesto, nuevamente, en movimiento y acción las estructuras criminales de violencia organizadas por la policía y el ejército con el patrocinio de los políticos corruptos y comerciantes; me refiero a las bandas neoparamilitares que en este caso se trata de los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas del Norte, en pleno auge y operación.

    Hay dos lugares en los que está en curso la masacre y la sangre. Se trata de Palmarito y el Zulia.

    En Palmarito, jurisdicción de Cucuta, el plan está en marcha desde el 25 de agosto pasado, cuando los líderes comunitarios alertaron y llamaron las autoridades para que atendieran sus denuncias, frente a las cuales todos hicieron oídos sordos. Desde el Alcalde, el Personero, la Defensora del Pueblo, los fiscales y los cuerpos armados.

    Se dieron los asesinatos, uno a uno, y los pobladores debieron salir, hace 7 días, en estampida hacia el centro de Cucuta, donde más de 500 personas están hacinadas en galpones del CASD y sometidas al fichaje y los empadronamientos de piquetes policiales que reportan los nombres a Rastrojos, Urabeños y Fronterizos para que prosigan su labor de limpieza social.

    Es importante recordar que la capital de Norte de Santander está bajo el control de estas redes asesinas, con la complicidad de los políticos y autoridades civiles, que se desplazan sin problemas por sus calles y centros comerciales que dominan a su amaño como ocurre con Alejandría, un amplio espacio de mercaderías desde donde despachan los jefes de las Bacrim, como alias Visaje o Alias Chang.

    Todo esto ocurre merced a que la elección del Alcalde Donamaris Ramírez Paris se dio con aportes millonarios de los Rastrojos, quienes financiaron sus sedes, propaganda y compra de votos. Como ocurrió en el pasado reciente con el ex alcalde Ramiro Corzo, hoy condenado a muchos años de cárcel en Bogotá por haber asesinado muchos líderes comunales que se le opusieron, como el jurista Carlos Bernal. Es igual la historia de doña Maria Eugenia Riascos, la jefe uribista de los paracos que fue importada por el Gran Señor de las Tinieblas desde Armenia para que implantara el poder de los grupos de ultraderecha policial.

    Igual está sucediendo en el municipio del Zulia (cerca de Tibú, epicentro del reciente paro), donde las masacres son el pan diario en las veredas, provocando desplazamientos en masa hacia el Parque Principal de dicho poblado.

    Lo que está ocurriendo en estos momentos en Cucuta y sus alrededores es sumamente grave y es preciso denunciarlo para que no siga avanzando o quede en la impunidad.

    Se requiere de la solidaridad de todos para dar el apoyo necesario a los campesinos que resisten la brutal acción del gobierno y las clases dominantes.

    Este es el modelo de paz de Juan Manuel Santos que muy seguramente extenderá a otras zonas del país ahora que el pánico se apoderó de su fracasada reelección presidencial.

    author by Horacio Duque Giraldopublication date Wed Oct 02, 2013 21:54author address author phone Report this post to the editors

    La oligarquía de este país sigue siendo la misma que conocemos desde hace muchisimos años. Ladina, mentirosa, incumplida y traicionera.

    Desde la insurrección de los Comuneros del Socorro al iniciarse el siglo XIX, las élites plutocráticas no han variado la composición de su personalidad y su naturaleza de clase. En aquella época, con un obispo a bordo, con señuelos y falsas promesas envolataron a los artesanos para después asesinarlos y descuartizarlos, colocando partes de sus cuerpos en distintos lugares del país para notificar al resto lo que les podía suceder si repetían la aventura insurreccional.

    Así ha sido el resto del tiempo transcurrido hasta el día de hoy.

    Todos los paros y las protestas de los últimos años. Los de los indigenas, los de los comunales, los de los obreros, los de los cocaleros, los de los cañeros, los de los campesinos, han sido sometidas al desgaste, la criminalización, la violencia paramilitar, el engaño y el desconocimiento olímpico de los acuerdos firmados.

    En el Catatumbo se está repitiendo esta triste historia.

    Al principio todo muy chevere y los representantes del gobierno, desde MacMaster hasta los de Planeación Nacional en un grado de queridura y encanto que ni mandados a pedir, esplendidos diría una señora del Chico pero ya han pasado semanas y la realidad se desnuda en su miseria. Los tipos ya están "mostrando el cobre" y nos han aterrizado a todos. Son unos tramadores y embusteros, quieren despachar con dulces y espejitos de baratija los campesinos y sus representantes.

    Pero están bien equivocados.

    Al día de hoy lo que está claro es que Santos no tiene intención de cumplir los acuerdos. No hay garantías para los lideres contra quienes siguen los procesos de judicialización para encarcelarlos, y los batallones militares que encabeza un general Marcoelino Tamayo (verdadero satrapa de vereda), andan levantando, casa por casa y verdad por vereda, listados de personas y haciendo amenazas, en compañía de las bandas paramilitares, dotadas en las infraestructuras de las brigadas. La verdad incuestionable es que las Zonas de Consolidación Territorial son el caldo de cultivo del neoparamilitarismo y la violación recurrente de los derechos humanos.

    Las comisiones de tecnocratas neoliberales en la Mesa del Catatumbo se oponen a la financiación de los proyectos de confianza y de urgencia para construir el hospital de tercer nivel en Tibú, para apalancar varios proyectos productivos, para recuperar la vía entre Astilleros y Tibu y para construir los acueductos y alcantarillados en las veredas de Hacari.

    Han refundido, con gritos e insultos a los delegados agrarios, los proyectos para la Iniciativa Regional para el desarrollo social y la construcción de la paz, en lo relacionado con la inclusión social, el ordenamiento territorial, la zona de reserva campesina, el desarrollo económico sostenible y la democracia participativa.

    Se inventaron un testaferro, con la correspondiente estratagema jurídica, para invalidar la figura de las Zonas de Reserva Campesina establecidas en la Ley. Con sofismas pretenden que la Corte Constitucional anule este importante recurso institucional que da soporte a la conformación de este modelo de reforma agraria.

    Para rematar, el único y limitado acuerdo proyectado hasta el momento para atender los cultivos de coca, lo capturaron los militares de Marcoelino y los politiqueros de Corzo, quienes entregan los listados de las 400 familias establecidas, mismas que son sacadas de los listados de las redes de informantes de los batallones y de las bases de datos de los directorios clientelares de los afectos al gobierno que se quiere reelegir con la compra de conciencias y votos.

    El objetivo central de todo este montaje infames es desconocer a ASCAMCAT y sus líderes que quieren deslegitimar y demonizar ante las masas agrarias de la región.

    La paciencia a los campesinos se le agoto y la única alternativa es la de la lucha y movilización popular. Su plataforma incluye acciones de orden político, con plantones, manifestaciones, bloqueos y paros que convoquen la solidaridad ciudadana en el espacio publico democrático; la denuncia en los medios de comunicación, con boletines, ruedas de prensa y columnas de opinión; y los procedimientos judiciales con recursos de tutela, acciones populares, derechos de petición, acciones de cumplimiento y denuncias penales concretas, para obligar el cumplimiento responsable, individual y colectivo, de los funcionarios negligentes y faltos de ética en su representación estatal.

    Nota. Mientras se niega la financiación de los proyectos planteados por ASCAMCAT, ya los politiqueros de la región, con el apoyo de los técnicos de planeación nacional, anuncian inversiones por 15 mil millones en las vias terciarias de algunos municipios, con el único fin de amarrar clientelas electorales que apuntalen la reelección presidencial.

    author by ASCAMCATpublication date Fri Nov 29, 2013 00:47author address author phone Report this post to the editors

    Ascamcat exige públicamente la constitución inmediata de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo (ZRC-C); al tiempo que reitera a la opinión pública su preocupación por las constantes maniobras dilatorias que frente a este tema, viene realizando el gobierno en la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo durante los últimos cuatro (4) meses.

    En ese sentido, a través del presente comunicado nos permitimos informar a la opinión pública que a la fecha no existe ningún impedimento para la constitución de la ZRC-C; por lo tanto, cualquier demora en el trámite pertinente es prueba fehaciente de la obstrucción malintencionada de los enemigos del campesinado a las aspiraciones populares de construir un Catatumbo en paz. A continuación presentamos una respuesta que desmiente los distintas maniobras de dilación injustificada esgrimidas por el gobierno nacional:

    Mentira 1: “No se puede constituir la ZRC por falta de consulta previa al Pueblo Barí”: Antes que todo es preciso indicar que Ascamcat respeta y exige el derecho a la consulta previa como mecanismo para indagar por el consentimiento previo, libre e informado de todas las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del país, sin embargo; rechazamos la estrategia que pretende usar los derechos de las comunidades indígenas como un eufemismo útil a la hora de negar las aspiraciones sociales, económicas y políticas del campesinado catatumbero.

    A la fecha, de las más de 346.000 hectáreas solicitadas por el campesinado como ZRC solamente cerca de 73.000, tienen traslape con la pretensión de ampliación de los resguardos del Pueblo Barí, esto implica que más de 260.000 hectáreas están prestas para la constitución de la ZRC. Por lo tanto es preciso indicar que el acto administrativo que constituya la Zona, puede generar efectos jurídicos sólo en las áreas donde no hay traslape con las pretensiones territoriales del Pueblo Barí, garantizando con esto el respeto a su derecho a ser consultados.

    Como respaldo de lo antes mencionado el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Consultas Previas ha emitido las certificaciones número 1642 y 1656 de 2013.

    Mentira 2: “La ZRC no se puede constituir por traslapes con Zona de Reserva Forestal de Ley 2ª”: De las 260.000 hectáreas que no tienen traslape con la pretensión de ampliación de los resguardos indígenas del Pueblo Barí, existen más de 116.000 hectáreas en jurisdicción del municipio de Tibú y 35.000 hectáreas de los municipios de Teorama, Hacarí y San Calixto, que no se traslapan con la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones. En últimas, esto implica que más de 155.000 hectáreas pueden no cuentan con traslapes con el área de ZRF o pretensión de ampliación del resguardo indígena.

    Adicionalmente es necesario decir que a la fecha se han adelantado todos los trámites técnicos para la sustracción de la Reserva Forestal con financiación del Incoder y por ende estamos a la espera de una respuesta por parte del Ministerio de Ambiente.

    Mentira 3: La ZRC no se ha constituido porque su Plan de Desarrollo Sostenible no se puede territorializar (georeferenciar): Esta ha sido una de las últimas y más desesperadas respuestas del gobierno nacional ante lo evidente de su infundada negativa ha cumplir con la Ley 160 de 1994; pues en los archivos del Incoder reposan los respaldos técnicos adjuntos al Plan de Desarrollo Sostenible y al Plan de Manejo Ambiental donde se encuentra la georeferenciación de cada uno de los proyectos de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo a escala de 1:100.000.

    Mentira 4: “La falta articulación de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial y los Esquemas de Ordenamiento Territorial al Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina impide que ésta se constituya”: Esta evasiva del gobierno nacional pone en punta su reticencia para con el cumplimiento, no sólo de la Ley 160, sino que también es una negativa al cumplimiento del Decreto 019 de 2012, en sus artículos 4, 5 y 6; pues exigir la articulación de los PBOT y los EOT al PDS como un prerrequisito para la constitución de la ZRC es una exigencia que se adicionaría ilegal y extemporáneamente a los requisitos prescritos por la Ley 160, el Decreto 1777 y el Acuerdo 024 del INCORA.

    Adicionalmente, ni la Ley 388 de 1997, ni los Decretos 879 de 1997 y 3600 de 2007 prescriben limitaciones para la constitución de la ZRC, por el contrario, de estas normas es posible inferir que serán los futuros POT, PBOT y EOT los que tendrán como determinante ambiental las reglamentaciones de ordenamiento territorial formuladas por el PDS y el PMA de la ZRC.

    En el mismo sentido, queremos exigir:

    Al Presidente de la República: que cumpla con su promesa de no tener temas vedados en la discusión y que cumpla la Ley en lo referente al tema de Zonas de Reserva Campesina.

    Al Gerente del Incoder, señor Rey Borbón: que dé cumplimiento a la Ley 160 de 1994 y al Decreto 1777 de 1996; dando vía libre al trámite de la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.

    A los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación, que investiguen si con estas acciones evasivas del cumplimiento de la Ley, se constituyen faltas disciplinarias o detrimento patrimonial a los recursos públicos.

    Por último las campesinas y campesinos del Catatumbo reiteramos nuestro compromiso con la construcción de un Catatumbo y una Colombia en Paz.

    San José de Cúcuta, 27 de Noviembre de 2013.

    Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article12738
    author by ASCAMCATpublication date Sun Dec 15, 2013 16:29author address author phone Report this post to the editors

    El día de ayer el gobierno nacional mantuvo en la Mesa de Interlocución y Acuerdo una actitud que sin duda es muestra de la arrogancia y el desprecio de algunos gobernantes por sus pueblos. Nuestra exigencia de constituir una ZRC en el Catatumbo lejos de ser un clamor o una rogativa, es la exigencia de un grupo de ciudadanos conocedores de la Ley 160 de 1994 y por ende, de las obligaciones y derechos que esta impone.

    Sin embargo, las maniobras dilatorias del gobierno nacional, aunque pierden rimbombancia y cada vez se vuelven más evidentes, al punto de ser una verdadera afrenta a la inteligencia y la paciencia de cualquier ciudadano; son la única respuesta de la delegación ante lo implacable de la literalidad de la ley que les ordena constituir la ZRC en el Catatumbo.

    Ayer se firmó un acuerdo, en él se señaló que en el mes de marzo de 2014 el Incoder presentará ante su Consejo Directivo el proyecto de acuerdo para la constitución del polígono de Tibú; sin embargo, esto lejos de ser una muestra de voluntad política es en realidad prueba de la arbitrariedad de la posición de la delegación, pues sin razón alguna se excluye el polígono San Calixto, Hacarí, Teorama y se pospone por cuatro meses la formalización de una determinación tomada por la Ley en 1994 y cuyos requisitos fueron cumplidos desde el 30 de Marzo de 2011.

    El sofisma usado por el gobierno para sostener esta ilegalidad es que aún es preciso que el proyecto de acuerdo pase por revisión del área jurídica de la entidad, ante esto sólo cabe preguntar: ¿fueron necesarios 3 años, 53 días de paro, 5 muertos, decenas de mutilados y encarcelados por obra de los cuerpos de seguridad del Estado, para que el Incoder diera traslado del proyecto de acuerdo a su oficina jurídica? ¿requiere alguien de 4 meses para comprender y aceptar la literalidad de las obligaciones que por Ley le son impuestas al Incoder?

    Ahora, sumando a lo anterior, el endurecimiento no pactado de los requisitos para el cumplimiento de los acuerdos de confianza a través de la exigencia de acuerdos individuales de “erradicación” de cultivos de coca entre los beneficiarios del IPDR y la Unidad Administrativa de Consolidación; se hace evidente que al interior del gobierno nacional y de su delegación en esta mesa, no sólo hay posturas contradictorias e incoherentes con la necesidad de avanzar en la construcción de la paz, sino que de hecho, hay interés en que lo pactado no se cumpla y que las discusiones sobre, por ejemplo, sustitución de cultivos de coca, no avancen.

    A modo de conclusión queremos instar al gobierno a que cumpla la Ley, a que declare los polígonos de Tibú y San Calixto, Hacarí y Teorama como ZRC y a que genere condiciones para el cumplimiento de los acuerdos de confianza.

    Presidente Santos, no le tenga miedo a la Paz.

    Cúcuta, 12 de diciembre de 2013.

    author by ASCAMCATpublication date Sun Dec 15, 2013 16:31author address author phone Report this post to the editors

    La Asociación Campesina del Catatumbo, en su condición de organización, campesina y popular que sirve como espacio de confluencia de distintas expresiones organizativas de carácter ambiental, de mujeres, de jóvenes, cívico-comunitario, cultural y productivo; exigimos al Estado colombiano que respete el derecho de las comunidades campesinas a decidir en todo lo que pueda afectarles en su territorio. En ese orden de ideas exigimos la aplicación del proceso de consulta previa como mecanismo para indagar por el consentimiento previo libre e informado de las comunidades campesinas del Catatumbo en cualquier procedimiento que implique la realización de estudios geológicos por parte del Servicio Geológico Colombiano, antes Ingeominas .

    Así las cosas, los campesinos y las campesinas del Catatumbo, exigimos al Estado colombiano que en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Declaración de Río de Janeiro, del artículo 79 de la Constitución Política, del artículo 80 de la Ley 160 de 1994 y de la jurisprudencia constitucional contenida en las sentencias T-348 de 2012 y T-763 de2012; suspenda toda actividad contractual, técnica o administrativa que no respete el derecho de las comunidades campesinas a autodeterminar el rumbo de las decisiones que afecten los territorios campesinos.

    Por último, reiteramos tanto al Servicio Geólogico Colombiano antes Ingeominas, así como a sus contratistas y subcontratistas, que están en la obligación constitucional y legal de respetar nuestros derechos colectivos, culturales y ambientales; por lo tanto, exigimos se suspenda cualquier proceso que afecte la planeación de nuestro territorio, hasta tanto se cumpla el proceso de consulta previa que indague por el consentimiento previo libre e informado. Para avanzar en este propósito reiteramos que la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) Catatumbo es el espacio en el que como campesinado estamos interlocutando actualmente con el Gobierno Nacional; por lo tanto, consideramos que este es un escenario donde un asunto como éste debe ser discutido, más aun cuando de él depende el respeto de nuestros derechos constitucionales al territorio y al ejercicio de la territorialidad.

    NO QUEREMOS QUE NOS “SOCIALICEN” LO QUE OTROS PIENSAN HACER CON NUESTRO TERRITORIO: QUEREMOS DECIDIR SOBRE LO NUESTRO.

    La Gabarra, diciembre 7 de 2013

    author by ASCAMCATpublication date Tue Dec 17, 2013 21:58author address author phone Report this post to the editors

    El 28 de agosto de 2013, el gobierno nacional a través del entonces director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), firmó un compromiso con el campesinado del Catatumbo para la aplicación de una Estrategia para la Post-Erradicación y Fase Inicial de la Intervención para la Estabilización Socio Económica como parte del Proceso de Sustitución y Desarrollo Alternativo; en este compromiso, se buscaba la reparación de 400 familias víctimas de la erradicación violenta de los cultivos de coca, durante las fases 2 y 3 de erradicación adelantada en la región por la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial (UACT).

    En dicho acuerdo, el gobierno nacional se comprometió a ejecutar todas las fases y componentes de la estrategia, a través del DPS, la UNODC y la FAO; sin embargo, el antidemocrático autoritarismo militarista hizo presencia en el acuerdo mediante la intervención de la estrategia de guerra de la Política Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), aún en contravía de lo pactado, pues, a pesar de que el acuerdo no lo permite, la UACT tomó parte en el proceso.

    Cabe resaltar que el acuerdo no contempla la intervención de la UACT, debido a una exigencia explícita del campesinado que en observancia del Principio de Distinción del Derecho Internacional Humanitario; exigió que no le obliguen los civiles a hacerse parte de una estrategia de guerra, como la de la PNCT, como un prerrequisito para poder obtener la satisfacción de sus derechos constitucionales. En su momento el campesinado denunció en la MIA su rechazo a que se “amarrara” el cumplimiento de la obligación constitucional del Estado de hacer intervenciones de política social en el campo, al “aseguramiento” militar a sangre y fuego del territorio y, por lo tanto, se rechazó enmarcar los acuerdos dentro del cumplimiento de las estrategias de la PNCT.

    Sin embargo, la inconstitucional pretensión de militarizar las políticas de desarrollo rural, condujo al incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional; las primeras irregularidades fueron denunciadas por campesinas y campesinos que desde el 4 de octubre escribimos un comunicado rechazando la intervención de la UACT en la “estrategia para la post-erradicación” en general y en particular en el componente de monitoreo integral a cargo de la UNODC.

    Desde octubre hasta diciembre, la Ascamcat exigió del gobierno nacional el cumplimiento integro del acuerdo y el respeto de los acuerdos de Ginebra en materia de DIH; para lo cuál se solicitó que el DPS y la UNODC asumieran los roles y las competencias que el acuerdo les otorgaba.

    Ahora, a un par de días de la fecha de entrega del primer componente de la estrategia, a las familias victimas de la erradicación violenta de los cultivos de coca, el gobierno nacional haciendo gala de su acostumbrada intransigencia; pretende hacer que los campesinos y las campesinas firmemos un acta donde se pacte con la UACT el cumplimiento de nuestros los constitucionales que como campesinos y como victimas tenemos. Esta pretensión es a todas luces es desleal pues contraría lo pactado.

    Esta jugarreta del gobierno impide que 400 víctimas de la violencia y el despojo que conlleva la erradicación forzosa de los cultivos de coca, reciban en esta navidad el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por una política pública guerrerista y desmedida. Por ende y en consonancia con lo indicado por las comunidades en la misiva del 4 de octubre, tanto las actividades propuestas para los días 17 y 18 de diciembre, como la aplicación de la estrategia en general se aplaza hasta que el gobierno se decida a cumplir con lo pactado y a respetar la distinción entre combatientes y civiles, entre política de desarrollo rural y política de guerra.

    Si el gobierno no cumple con lo pactado las comunidades no cederemos ante la militarización de la vida civil y, por ende, no daremos lugar para que nuestros derechos se vuelvan moneda de cambio en la estrategia bélica del Estado.

    San José de Cúcuta, 16 de diciembre de 2013.

    author by MOVICE - Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estadopublication date Wed Feb 05, 2014 21:01author address author phone Report this post to the editors

    El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) expresa su profunda preocupación por los asesinatos de dos civiles y un hurto y asalto contra la casa de un civil en Catatumbo, Norte de Santander, denunciado por la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), integrante del capítulo Norte de Santander del Movice.

    Una de las personas asesinadas fue el líder comunal Duvis Antonio Galvis, y el otro, un bebé de ocho meses quien murió en medio de disparos indiscriminados del Ejercito Nacional.

    Hechos

    -El 26 de enero de 2014, en el municipio de Sardinata, Norte de Santander, fue asesinado Duvis Antonio Galvis, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Bojoso del municipio de Sardinata y reconocido líder de la comunidad. El señor Galvis se dirigía hacia su lugar de residencia en una motocicleta acompañado por un menor de 10 años, cuando fue interceptado por desconocidos quienes le dispararon, dejando varios impactos de bala en su pecho que le causaron la muerte.

    -El 26 de enero de 2014, en la vereda de Miramontes, municipio de Tibú, Norte de Santander, miembros del Ejercito Nacional asaltaron y hurtaron la vivienda rural del señor Dauvilio Maldonado Serrano. Al ver la violencia con la que los soldados ingresaron a la casa el señor Maldonado Serrano y su familia salieron de la residencia atemorizados. Los militares hurtaron del señor Maldonado dos fumigadoras de motor marca Still, una planta eléctrica y un millón de pesos en efectivo además del documento de identidad de la señora Yasmine Adriana Torrado Robles, compañera de Maldonado Serrano. Una vez realizadas estas acciones, antes de partir, prendieron fuego al prado de la vivienda rural quemando dos hectáreas.

    -El día 31 de enero, en el municipio de Teorama, Norte de Santander, desde las 2:30pm hasta las 6:00 pm, el Ejército Nacional disparó en repetidas ocasiones e indiscriminadamente hacia la vía que conduce de El Tarra hacía Convención. En esos momentos, exactamente a las 2:30 pm la señora Torcoroma Amaya, viajaba en una buseta de servicio público de transporte intermunicipal en la ruta que cubre El Tarra-Ocaña, con su hijo de ocho meses. Bajó de la buseta en el sitio conocido como Puente Amarillo y sentó al menor en un andén mientras le entregaban las maletas. De un momento a otro, se escucharon varios disparos de fusil, uno de los cuales impactó al bebé, quien murió en el traslado hacia la ciudad de Ocaña para ser atendido.

    Exigimos

    Que la Fiscalía General de la Nación investigue los hechos que acompañaron estos graves crímenes, con el fin de identificar y castigar a los responsables.

    Que la Procuraduría General de la Nación realice una investigación disciplinaria de los hechos que rodean el asesinato del hijo de la señora Torcoroma, y el asalto y hurto de la casa del señor Maldonado.

    Que la comunidad nacional e internacional se pronuncie a favor de la realización de investigaciones penales y disciplinarias sobre los hechos narrados.

    author by ASCAMCATpublication date Thu Feb 06, 2014 18:52author address author phone Report this post to the editors

    El día 31 de enero del 2014, en horas de la tarde, los habitantes de la vereda Vega Larga, corregimiento del Aserrío del municipio de Teorama afirman que el Ejército Nacional disparó en repetidas ocasiones e indiscriminadamente hacia la vía que conduce de El Tarra hacia Convención desde las 2:30pm hasta las 6:00pm.

    En esos momentos, exactamente a las 2:30 pm la señora Torcoroma Amaya, esposa de José del Carmen Pérez, se dirigía en una buseta de servicio público de transporte intermunicipal en la ruta que cubre El Tarra - Ocaña acompañada su hijo de 8 meses de nacido.

    La señora Torcoroma se bajó con su hijo en el sitio conocido como Puente Amarillo, sentó al menor en un andén mientras le entregaban las maletas, de un momento a otro se escucharon varios disparos de fusil, de los cuales, uno de ellos impactó al menor causándole la muerte en el momento que era trasladado hacia la ciudad de Ocaña para ser atendido.

    Los pobladores del lugar aseguran que en ese momento no se presentó ningún tipo de enfrentamiento contra alguno de los grupos armados que hacen presencia en la región, por el contrario comentan que se trata de una práctica muy común de las fuerzas armadas, que simulan enfrentamientos solamente con el objetivo de justificar el gasto de arsenal y tratar de mostrar resultados.

    En la zona hace presencia la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional, la cual tiene antecedentes de abuso y represión contra la sociedad civil de éste sector.

    En muchas ocaciones se ha abusado de la población civil con hechos violatorios de DDHH y DIH como invasión a los predios de los campesinos, empadronamiento y retenciones ilegales.

    El 2 de diciembre del 2013, fue asesinato Jorge Eliecer Calderón, quien se movilizaba en su motocicleta con sus herramientas de trabajo en la vía del sector conocido como Campo Seis cuando fue ultimado por miembros del Ejército sin razón alguna y luego presentado como baja de un supuesto enfrentamiento del que la población aledaña asegura jamás existió.

    El Ejército ha realizado diversas operaciones con el fin de judicializar a los habitantes del Catatumbo y pequeños cultivadores de hoja de coca, lo que se traduce en más de 800 detenciones por la actual política antidorgas de la ley 30 de 1986.

    A raíz de las últimas movilizaciones y procesos de organización, los habitantes del Catatumbo han sido víctimas de ataques y amenazas por parte del Ejército que son interpretadas como ataque a quienes hacen parte y apoyan esta serie de procesos con el fin de generar terror y menguar la actividad de la población catatumbera; la última de ellas fue la que se presentó el día 26 de enero donde militares ingresaron violentamente a la vivienda de Baudilio Maldonado en la vereda de Miramontes, robando herramientas, un documento de identidad e incendiando 2 hectáreas de prado.

    Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article13247
    author by ASCAMCATpublication date Thu Feb 06, 2014 19:02author address author phone Report this post to the editors

    Al iniciar este nuevo año, la Asociación Campesina del Catatumbo llega a la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo (MIA-Catatumbo) con la convicción de que éste es un escenario útil para posicionar las reivindicaciones del campesinado de la región en torno a la consecución de mejores condiciones de vida para todos y todas, lo anterior no sólo por el hecho de que el espacio en si mismo es fruto de la movilización; sino porque, en esta mesa esperamos concretar acuerdos, cronogramas y presupuestos que aporten a la resolución las exigencias del campesinado movilizado en el Catatumbo.

    El balance de las conversaciones con el gobierno es negativo, se puede definir como un incumplimiento total, planificado y malintencionado. Por tanto, resulta imposible negar una serie de preocupaciones originadas por más de 8 meses de dilaciones, evasivas e incumplimientos, a los acuerdos firmados por parte del gobierno nacional; como veremos en detalle, las vacilaciones del presidente Santos frente a la necesidad de brindar garantías que blinden la mesa, su persistencia en la formula belicista de la Política Nacional de Consolidación y Reconciliación Territorial (PNCRT), la deslealtad e incumplimiento para con los acuerdos firmados y por supuesto la incesante persecución y estigmatización por parte de paramilitares, militares activos e inclusive por parte de los miembros de la comitiva gubernamental en la MIA-Catatumbo, nos han obligado a hacer el presente llamamiento fundado con base en las siguientes:

    DENUNCIAS DE FALTA DE GARANTÍAS

    1. La muerte y la impunidad siguen siendo una herramienta del sistema político colombiano contra quienes exigimos apertura y cambio: El mundo vio las imágenes del asesinato de cuatro campesinos que durante la movilización que dio origen al establecimiento de la MIA-Catatumbo, protestaron exigiendo la constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC); estos cuatro mártires campesinos cayeron por balas provenientes de armas como las que ese día disparó la policía y el ejercito contra los manifestantes, en imágenes captadas en la zona se aprecian policías apuntando sus fusiles contra la multitud desarmada, policías fueron grabados por medios internacionales mientras se ufanaban de haber dado muerte a los campesinos que se manifestaban; con todo estos elementos materiales probatorios no sólo es de esperarse que ya se hubieran generado condenas contra quienes dispararon, con todo el material que se ha entregado a las autoridades es exigible que se condenen a los superiores jerárquicos de los policías y militares que mataron a Edinson Franco, Diomar Angarita, Leonel Jácome y Hermides Palacios.

    Sin embargo, después de más de medio año de las muertes de nuestros hermanos, no se ha iniciado ni un solo juicio contra sus asesinos; del mismo modo, oficiales como Marcolino Tamayo o Rodolfo Palomino, siguen en sus puestos de mando o han sido promovidos a cargos de mayor rango.

    Ahora, después del levantamiento del paro se sumaron a estas cuatro muertes la de nuestro compañero Jorge Eliecer Calderón Chiquillo, quién fue un connotado participante de la movilización al cuál el Ejército Nacional le disparó y dio muerte, en un falso combate. Adicionalmente Duvis Antonio Gálvis, quién fungía como líder comunal en el municipio de Sardinata vinculado a la MIA-Catatumbo y quién era conocido por su oposición al ingreso de la PNCRT al territorio, fue asesinado en circunstancias que aún se hayan sin investigar, en inmediaciones a un área patrullada por el Ejército Nacional.

    En suma, podemos decir que la muerte impune de campesinos y los vínculos de estos crímenes con la intervención irregular de policías y militares, ha sido una constante de este proceso político de oposición; por ende, consideramos que de entrada estas circunstancias socaban el fundamento mínimo de las garantías exigibles en cualquier democracia, es decir: el respeto a la vida del contradictor.

    2. Los encarcelamientos persisten y los campesinos presos por montajes judiciales aumentan con el pasar de los días: No son pocos los compañeros que hoy tienen la calidad de presos políticos, encarcelados mediante montajes judiciales, castigados por pensar diferente; sin embargo, sobresalen los casos de Freddy Chona, un boga, líder de su comunidad, reconocido por su activa participación en la reciente movilización popular y que ha sido referenciado de manera mentirosa como supuesto hombre de confianza de un comandante insurgente; William Mora, periodista, miembro activo de los procesos comunitarios en la región, fue encarcelado por su vehemencia política y también es acusado de pertenecer a un grupo insurgente; Elivaneth Uribe, joven miembro de los equipos de apoyo en campo de la Ascamcat, capturado en el marco del paro, falsamente presentado como guerrillero, otro compañero castigado por disentir; de hecho, existen zonas de la región donde ésta práctica se ha convertido en una violación sistemática de derechos contra jóvenes y adultos, por ejemplo, podemos señalar el número ascendente de capturados en la vereda La Primavera, municipio de Tibú, gracias a montajes judiciales, como una forma de hacer de la represión una constante intimidatoria contra los campesinos.

    Adicionalmente, nuestros compañeros Ramón del Carmen Ortega, Edgar León Sanguino, Osneider Balmaceda, Jeison Antonio López Coronel, José del Carmen Maldonado Serrano y Henry Franco Jaimes; siguen sufriendo en su calidad de presos políticos todo tipo de arbitrariedades judiciales y vejámenes propios de la crisis carcelaria nacional.

    Estos encarcelamientos injustificados se suman a los montajes judiciales que sufren líderes campesinos y académicos críticos como Huber Ballesteros y Francisco Tolosa respectivamente.

    3. Atentados y hostigamientos contra los voceros de Ascamcat: Otra prueba de la necesidad del desmonte del paramilitarismo como prerrequisito de la paz y la democracia: Tanto un allanamiento ilegal a la casa de la líder campesina Olga Quintero como un disparo que impactó contra el vehículo en el que ella se movilizaba, justo por el costado en el que esta se encontraba; son pruebas de que el latifundio, la economía de enclave y algunos sectores de las FF.MM siguen recurriendo al magnicidio como herramienta política.

    Del mismo modo, los constantes seguimientos y los hostigamientos generalizados a todo el equipo negociador, indican que el paramilitarismo mantiene una capacidad operativa que exige del gobierno nacional multiplicar las lacónicas medidas preventivas adoptadas hasta la fecha; sin embargo hasta hoy la mayoría de nuestros compañeros y compañeras carecen de medidas preventivas acordes con el riesgo de una situación en la que públicamente autoridades militares y grupos paramilitares han ofrecido recompensas por ellos y ellas.

    4. En este sentido es preciso que para brindar garantías en términos de derechos humanos, civiles y políticos, se avance en la búsqueda de rutas que permitan concentrar el trabajo de entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, en resolver de manera pronta las problemáticas descritas.

    5. La amenaza de reanudar fumigaciones indiscriminadas o las erradicaciones violentas de hoja de coca en la región es un saboteo directo a la mesa: Puesto que la crisis social, ambiental y humanitaria que se generaría con una escalada violenta de este tipo por parte del estado, es de forma casi segura, otro detonante para el descontento, la exclusión, la frustración y la rabia acumulada por años en los corazones del campesinado. En este sentido se hace imperativo ratificar el acuerdo de suspensión de la erradicación y suspensión de fumigaciones por parte del gobierno nacional.

    6. El gobierno nacional mantiene una agenda paralela a la de MIA-Catatumbo en la región, esto socava la credibilidad de los acuerdos y sus ejecutorias: Esta muestra de falta de voluntad política para respetar la agenda y los acuerdos a los que se llegue en la MIA-Catatumbo, se prueba con iniciativas como la de actualización cartográfica para la exploración minera, proyectos de reparación colectiva en La Gabarra y proyectos productivos ofertados en corregimientos como San Pablo y La Cecilia; pues al avanzar de manera paralela e inconsulta en temas que están aún bajo debate en la MIA-Catatumbo, se disminuye el alcance y la relevancia de lo pactado por las partes en la mesa.

    7. Sin destinaciones presupuestales específicas para el 2014 no hay garantías de financiación de los acuerdos de la MIA-Catatumbo: Parte de los lugares comunes del gobierno en las maniobras dilatorias esgrimidas en los meses anteriores es la falta de recursos, ahora, si las previsiones presupuestales relativas no se han hecho, el gobierno nacional estará destinando al fracaso y la parálisis su participación en la MIA-Catatumbo.

    Es por esto que es necesario que los ministerios de Hacienda y Agricultura, así como el DPS nos aclaren cuales son las destinaciones presupuestales que tienen previstas para este año. Aun el gobierno nacional no se ha pronunciado sobre qué porcentaje del 2x1000 para el sector agropecuario se piensa destinar en inversión a la región.

    DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTOS A LOS ACUERDOS

    1. Como parte de los múltiples retrasos o incumplimientos de los acuerdos pactados, nos preocupa que a la fecha, ni se ha informado el avance del proceso de socialización del proyecto de acuerdo de constitución de ZRC-C con los miembros del Concejo Directivo del Incoder, ni mucho menos, se han abierto los espacios para que el campesinado participe en dicho proceso. Del mismo modo, a la fecha el gobierno nacional debería haber dado a conocer el concepto jurídico del proyecto acuerdo de constitución de la ZRC-C y esto no ha sucedido.

    2. En el mismo sentido y como parte de los incumplimientos más recientes del gobierno nacional, éste no asistió al análisis y la evaluación del avance de los Acuerdos de Confianza en la sesión del Comité de Seguimiento a los Acuerdos de Confianza, prevista para el 29 y 30 de enero de 2014. Situación que atrasa los cronogramas previstos y sobre todo, que aplaza la satisfacción de necesidades básicas del campesinado en la región.

    3. Del mismo modo, encontramos que el acuerdo de reparación a las familias víctimas de la erradicación violenta se encuentra aún sin ejecutar y a la fecha no hemos podido superar la fase de monitoreo inicial. Esta parálisis de debe a que por parte del gobierno nacional hay una persistencia en vincular al proceso a la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial (UACT). Por nuestra parte aunque conocemos que la UACT en particular y el “Plan de Consolidación” (PNCRT) en general, no están adscritas formalmente al Ministerio de Defensa; entendemos que tanto al UACT, como el diseño en la PNCRT son una extensión de la política de guerra del gobierno nacional formulada por el Consejo de Seguridad Nacional.

    Así mismo, la violencia y descomposición generalizada de las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo, así como el accionar de mandos militares que oscilan entre la legalidad y la ilegalidad, hacen para nosotros y nosotras, inaceptable la base sobre la que, según sus propios documentos está orientada la política de consolidación territorial, esto es: el aseguramiento militar del territorio. La dinámica descompuesta del conflicto en esta región, el paramilitarismo y las violaciones recientes al DIH; hacen que la presencia de las FFMM y de la UACT, no genere la confianza necesaria para garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de los campesinos y campesinas victimas. Los campesinos no queremos bajo ninguna modalidad la cuestionable injerencia de a la UACT en nuestro territorio, no queremos que nuestros verdugos sean encargados de repararnos.

    Adicionalmente podemos decir que para nosotras y nosotros es claro que la UACT, es una entidad adscrita al DPS y no al Ministerio de Defensa, sin embargo como hemos dicho; el fundamento de la PNCRT aún cuando no se formule formalmente desde el Ministerio de Defensa, es un proceso pacificación militar y aseguramiento bélico del territorio; por ende es nuestro deber constitucional, rechazar la guerra y aportar a la paz, rechazar la PNCRT y exigir que se abran espacios institucionales para cumplir los acuerdos de reparación pos-erradicación, desde la lógica en la que fueron firmados.

    En este sentido, las comunidades campesinas hemos redactado unas misivas donde como un acto de dignidad hemos preferido abdicar en nuestro interés de aplicar el acuerdo, si el gobierno persiste en seguir deformando lo pactado en favor de la injerencia militarista. Esperamos que como respuesta a nuestra decisión el gobierno no decida echar por la borda el acuerdo alcanzado y que más bien, este se ejecute por el DPS directamente o por otra entidad encargada de desarrollo rural.

    4. Del mismo modo, la terquedad del gobierno nacional y su obstinada pretensión de imponer la participación de la UACT en el desarrollo de los acuerdos, ha conducido a que la ejecución de los acuerdos de los proyectos tipo “IPDR” esté también en entre dicho. A la fecha de manera abiertamente desleal el gobierno ha subordinado la aplicación de los acuerdos sobre IPDR a la firma de un convenio entre los campesinos y la UACT para que, según la modificación del artículo 10 del Acuerdo 308 de 2013, los campesinos nos obliguemos con la UACT a la “erradicación total” de los cultivos de coca.

    Esto como hemos dicho, representa, no sólo una intromisión de la UACT en asuntos de desarrollo rural, sino que además es una falta de respeto para con la agenda pactada en la MIA-Catatumbo; pues, aún cuando tenemos en proceso de discusión un “Programa de Sustitución de Ingresos Derivados del Uso Ilícito de la Coca”, el gobierno de manera inconsulta pretende “amarrar” los acuerdos de confianza a un acuerdo de “erradicación”, quitándole con esto alcance a la discusión agendada.

    En este sentido las comunidades campesinas confiamos en que el gobierno nacional modifique lo impertinente de su posición, recapacite y entienda que la imposición y la marrullería, no son una ruta eficaz para solucionar los conflictos que nos convocan en la mesa.

    En este sentido, a modo de conclusión y según las faltas de garantías y los incumplimientos expuestos queremos extender este llamamiento:

    A todas las Comunidades Campesinas y a la comunidad Catatumbera en general: para que nos mantengamos atentas para continuar en la defensa del territorio y de la vida, mediante la movilización, la solidaridad y la dignidad.

    A las familias victimas de la erradicación violenta de hoja de coca: Para que nos mantengamos como referente de dignidad e interés de construcción de paz y para que sigamos rechazando la militarización de la política de desarrollo rural.

    Al Pueblo Barí: Para que persistamos en nuestros acuerdos alrededor de la defensa del territorio y, para que juntos construyamos un Catatumbo incluyente en términos sociales; e intercultural, simbólica y políticamente hablando.

    A la comunidad nacional e internacional: para que sea testigo de la falta de garantías para el ejercicio de derechos civiles en éste país, para que se oponga a que Colombia sea un país donde la manifestación de la diferencia está prohibida y para que aporte activamente exigiendo al gobierno Santos que el ejercicio de la contradicción política sea efectivamente garantizado en las movilizaciones campesinas.

    Al Gobierno Nacional: Para que desista de las tramoyas militaristas y no fuerce la competencia de la UACT, esta es competente sólo para ejecutar la PNCRT y aquí no nos encontramos ejecutando esta política. Del mismo modo llamamos al gobierno para que ejecute los acuerdos firmados y para que garantice en este 2014 recursos para los acuerdos que han de firmarse.

    Asociación Campesina del Catatumbo.
    San José de Cúcuta, 5 de febrero de 2014.

    Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article13273
    author by ASCAMCATpublication date Thu Feb 06, 2014 20:47author address author phone Report this post to the editors

    Altos funcionarios del Gobierno Nacional, de la gobernación de Norte de Santander y miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), reactivaron en la ciudad de Cúcuta los diálogos que buscan hacer del Catatumbo una región de paz y desarrollo.

    Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso del Gobierno por sacar adelante los compromisos acordados en la Mesa de Interlocución que se lleva a cabo desde el 2013, con los representantes del campesinado del Catatumbo. De la misma manera, se re afirma la ejecución de la estrategia post erradicación y fase inicial del proceso de sustitución y desarrollo alternativo, que cobijará a 400 hogares del Catatumbo por valor de 12 mil millones de pesos. Este proceso será liderado por el Departamento para la Prosperidad Social y los campesinos.

    Así mismo, en su momento, el Gobierno hizo público su rechazo y repudio del asesinato de miembros de la base social de la Asociación Campesina del Catatumbo, y seguirá atento al curso de las investigaciones que se adelantan para esclarecer estos lamentables hechos.

    Además, se compromete a hacer todo lo posible por brindarles garantías de seguridad a todos los miembros de ASCAMCAT, sobre todo a quienes han sido objeto de alguna amenaza, hostigamiento o agresión de cualquier tipo. Ascamcat y el Gobierno Nacional, hacen público el buen ambiente y el cordial diálogo que se llevó a cabo durante la primera sesión de la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo del 2014, con el fin de seguir avanzando en el logro de acuerdos para solucionar la crisis económica y social del Catatumbo.

    Por último, rechazamos la utilización electoral que algunos candidatos le han venido dando a los compromisos alcanzados en la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo.

    Related Link: http://prensarural.org/spip/spip.php?article13275
    author by La Opiniónpublication date Fri Feb 07, 2014 00:02author address author phone Report this post to the editors

    Los líderes de los campesinos, en compañía de funcionarios del Gobierno departamental y nacional, se reunieron en el salón Eustorgio Colmenares de la Gobernación. Reafirmaron compromisos y el fortalecimiento de la seguridad de los voceros.

    En el primer día de la reanudación de los diálogos del Catatumbo en la Gobernación de Norte de Santander, los voceros de los campesinos de esta zona —que el año pasado protagonizaron un paro y bloqueo de vías por 53 días— dejaron claro que el Gobierno será objeto de una medición política por parte de esta y otras agremiaciones campesinas del país.

    Tal evaluación consistirá básicamente en la respuesta que los representantes del Estado en esta mesa den sobre temas como la declaración de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) en la primera semana de marzo, días que se estipularon como plazo máximo en solo en este punto.

    Esto, sumado a lo que se alcance a acordar en el tema de garantías de seguridad para los participantes de la mesa, también influirán en la decisión que se tome en Bogotá, en la Cumbre Agraria que preparan las 180 mesas y asociaciones campesinas del país.

    Aunque este encuentro de voceros se había estipulado para el 22, 23 y 24 de febrero, quedó aplazado para los días 16, 17 y 18 de marzo.

    César Jerez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y coordinador de las Zonas de Reserva Campesina del país, afirmó ayer que en este encuentro se decidiría si se desata otro paro campesino en el país.

    Así le dieron apertura los voceros de los campesinos a los acercamientos con el Gobierno, en el que se refirieron a los más recientes ataques a los líderes y a otros labriegos, entre los que resaltaron muertes, hostigamientos e impunidad.

    Ni un juicio por los asesinatos

    Juan Carlos Quintero, vicepresidente de Ascamcat, dijo que las preocupaciones en esta mesa radican en que han pasado 8 meses tras la muerte de cuatro de los manifestantes que hicieron parte de los bloqueos en Ocaña, además de los crímenes de otras dos personas que hacían parte de esta asociación y de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) del Catatumbo.

    “Estos cuatro mártires campesinos cayeron por balas provenientes de armas como las que ese día disparó la Policía y el Ejército, pero después de más de medio año no se ha iniciado ni un solo juicio contra sus asesinos y oficiales como Marcolino Tamayo (general del Ejército) o Rodolfo Palomino (director de la Policía), siguen en sus puestos de mando o han sido promovidos a cargos de mayor rango”.

    Por lo que pidió a la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección resolver los asesinatos.

    César Jerez añadió que otras de las provocaciones también se asoman en el proceso, al señalar que hay intenciones del Ministerio de Defensa de reanudar las fumigaciones de cultivos de coca en el Catatumbo.

    De ocurrir esto, se podrían generar más dilaciones en los acercamientos en la mesa.

    Fortalecer investigaciones

    Al final de la jornada los líderes campesinos y los funcionarios del Gobierno acordaron sacar adelante los compromisos pactados desde el año pasado en pro de la región, de la paz y el desarrollo del Catatumbo.

    También reafirmaron la ejecución de la estrategia poserradicación y fase inicial del proceso de sustitución y desarrollo alternativo, que cobijará a 400 hogares del Catatumbo por 12 mil millones de pesos. Este proceso será liderado por el Departamento para la Prosperidad Social y los campesinos.

    El Gobierno señaló que uno de sus objetivos es que se fortalezcan las investigaciones por los asesinatos de miembros de la base social de la Asociación Campesina del Catatumbo, así como el compromiso de brindar más garantías de seguridad a sus miembros que han sido objeto de alguna amenaza y hostigamiento.

    author by Felipe Barrera Herrerapublication date Wed Feb 12, 2014 00:09author address author phone Report this post to the editors

    La región del Catatumbo, dirán algunos, ya pasó de moda, ya no es comidilla para los medios que se relamían con los niveles de audiencia que el amarillismo les entregaba, pues ya no hay “trifulca”, ya no hay videos de campesinos sangrando ni del ESMAD saqueando. Aún así la difícil situación del Catatumbo no es diferente a la que inició el estallido de protestas en junio de 2013, no hay una política de acción clara del gobierno Santos mientras los campesinos de la región siguen hundidos en la pobreza.

    La situación no es nueva, no es la primera vez que el Catatumbo protesta y que el gobierno incumple. En el año 1996 motivados por el hambre, la sed, y el dolor de patria los campesinos de esta región nororiental se volcaron a las carreteras para exigirle al gobierno condiciones necesarias para una vida digna, pues el país, con Ernesto Samper a la cabeza, se encontraba ocupado en la flamante apertura económica de César Gaviria y no había tiempo para ordenar la casa, pues como siempre para nuestros gobernantes primero está la visita. Sin embargo se llegaron a acuerdos que el campesinado en medio de su transparencia recibió con la convicción de que el gobierno cumpliría, pero fueron engañados. El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para el Catatumbo el cual surgió de aquellos acuerdos sigue siendo hoy en día otra promesa por cumplir. En vista de esto, en 1998 se reanudan las protestas, sin embargo, la respuesta fue la misma con un agravante: Mancuso y sus escuadrones de la muerte llegan a la región y con la presunta complicidad de la policía y el ejército deja un saldo de 11.500 personas asesinadas, 60 masacres y 14.237 desplazados.

    Así las cosas, por su ubicación y su economía, en el Catatumbo se fueron instalando paulatinamente los “paras” y las guerrillas. Por la falta de oportunidades y la miseria deambulando por las calles, los cultivos ilícitos pasaron a ser parte del día a día en la región, lo cuál sumó una desgracia más a la lista. En el año 2003, el gobierno nacional encabezado por Álvaro Uribe, militariza la zona para combatir los grupos armados y empezar un plan de erradicación de cultivos ilícitos lo cual, sin un plan de ayuda a la comunidad, se traducía en más desempleo, más pobreza y más desplazamiento. Esto significó otro golpe a la economía del campesino del Catatumbo, que sin la posibilidad de sembrar su café, su arroz y sus papas se acogió a la hoja de coca para comer la comida que el gobierno, siendo esta una región tan rica, le negó por la incompetencia de quienes no supieron ni saben entender la importancia de esta tierra, que a pesar de ser la cenicienta de los gobiernos de turno es una de las principales despensas agrícolas de los Santanderes, además de ser una gran poseedora de minerales e hidrocarburos.

    Agobiados por la crisis que trajo la llegada del ejército a la región, se toma la decisión de organizar el movimiento campesino y en el año 2005 se conforma la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), la cual, en conjunto con la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) llegan a un acuerdo con el Gobierno Uribe para instaurar una zona de reserva campesina (ZRC) en la región, contemplada en la Ley 160 de 1994 para regular la ocupación de baldíos y consolidar la economía campesina en el país, con el compromiso de la comunidad catatumbera de no recurrir a los cultivos ilícitos como método de subsistencia.

    Hoy en día, el presidente Juan Manuel Santos se niega a cumplir las promesas de su antecesor (y ex jefe) y cierra la puerta a la ZRC con la excusa enclenque de que los grupos al margen de la Ley se apoderarán de ella y no garantiza su protección, como debería ser.

    Producto de este círculo vicioso de protestas y falsedades gubernamentales, en junio de 2013 explota el Catatumbo con más fuerza que nunca, la región entra en paro y las consecuencias llegan, Ecopetrol presenta pérdidas millonarias, el comercio se paraliza y el país vio a través de las pantallas como eran acribillados quienes querían, por lo menos, que les respetaran y protegieran el derecho a trabajar el campo. Después de 53 días de paro se logra la firma del acuerdo social por el Catatumbo, en el cual el Gobierno y la ASCAMCAT por medio de su representante César Jerez se comprometían a dialogar y volver a la región un “laboratorio de paz”.

    A la fecha los diálogos adelantados en Cúcuta no avanzan, los miembros de ASCAMCAT denuncian falta de garantías, y al parecer las dimensiones de la agitación social que han caracterizado a la región parecen no ser suficientes para apostar por un cambio definitivo. Todavía no existen más que acuerdos de empleo temporal, 400 subsidios y mercados a familias en situación de vulnerabilidad, la puerta a las ZRC no dejan ver una luz mientras que Juan Manuel Santos sigue hablando de paz, paz que en medio de pobreza y abandono no es más que otra promesa rota de quienes han hundido al Catatumbo en lo más profundo de la miseria. Si bien los acuerdos no se cumplen, la erradicación continúa y, por supuesto, como el pan de cada día, las amenazas contra los dirigentes campesinos de la región no se han hecho esperar.

    Mientras en este país de reinas de mentiras, de telenovelas de traquetos y sabrosura ficticia, la preocupación más grande es si Falcao llegará a Brasil 2014, los campesinos del Catatumbo pasan las duras y las maduras, esperando a ver si por fin Santos se pone la mano en “el considere” y deja la ceguera que le producen los millones que valen las tierras que reclaman los campesinos, las cuales no sería raro ver en un futuro en manos de una “benevolente” multinacional que viene a dar la esquiva “prosperidad para todos”. Por ahora, las famélicas conversaciones continúan y en vista de la falta de seriedad del gobierno el movimiento campesino llama a la unidad y a la defensa del territorio.

    author by ASCAMCATpublication date Thu Feb 13, 2014 06:04author address author phone Report this post to the editors

    La Asociación Campesina del Catatumbo desea poner en conocimiento de la opinión pública un nuevo incidente de seguridad que alteró el orden público y la tranquilidad del campesinado de la zona rural del Tarra, con el ejercito nacional como protagonista y victimario.

    El día 5 de febrero del año en curso; siendo las 2:30 pm llegó al corregimiento Filo Gringo una patrulla del ejército adscrito a la fuerza de tarea Vulcano, comandado por el cabo Torres y otros comandantes. Luego de sostener combates con la guerrilla, la tropa entró a la zona ocupada por civiles. Los uniformados cometieron diferentes agresiones contra la población civil de la siguiente manera:

    Procedieron a incendiar la finca Santa Rosa, propiedad de el Señor Víctor Manuel Manrique, causándole daño a 5 hectáreas de potreros. El señor procedió junto con su esposa hijos y obreros a apagar el incendio. Estando en el proceso, se encontraron con dicha patrulla, los agarraron y al señor Víctor Manrique insistían en llevárselo a la montaña, donde había otra patrulla. El señor fue amenazado de muerte diciéndole que le pegarian un tiro. La tropa insistió en que el campesino no dijera nada de los sucedido si no quería perder la vida. Finalmente su familia y obreros de la finca y obreros que se encontraban con él en el lugar de los hechos pudieron rescatarlo. Entre los uniformados los presentes reportan la presencia de encapuchados que generaban zozobra en la población.

    En dicha patrulla que iba cometiendo esta clase de atropellos iba un militar que se identificaba como el alias carpintero y otro con el apellido Capera y otro con el apellido Martínez.

    El día 6 de febrero el ejército y la insurgencia mantuvieron fuertes y prolongados enfrentamiento en las montañas aledañas a la vereda. Después de los combates tres helicópteros del ejército, ametrallaron la zona indiscriminadamente, aterrorizando la población civil.

    Ese mismo día, a las 10:30 am, la misma patrulla llegó a la finca del señor Juan Francisco Caro, insultandolo a él y a su familia. Posteriromente los hicieron arrodillar, tirar al piso y dispararon de manera continuada cerca de sus cuerpos, a su alrededor. Los uniformados llevaron a cabo un allanamiento ilegal pateándoles las puertas de la casa e insultando continuamente y señalandolos de formar parte de la insurgencia.

    Continuaron con los atropellos trasladandose a la siguiente casa, habitada por el Señor Jhon Uribe, su esposa, sus hijos, y cuñado. Allá los soldados nuevamente allanaron, y amenazaron a los habitantes para que se salieran si no querían que lanzaran una granada al interior para matar a todos. Al salir empezaron a quemar tiros en el piso. Seguidamente los hicieron arrodillar y los tiraron al suelo, amenazándolos diciéndoles que si no obedecían les daban plomo.

    En el mismo instante iban pasando unos civiles por un potrero, que recibieron los disparos de la tropa causando daños a las paredes de la sede educativa y al restaurante escolar de la vereda Buenos Aires. En el interior de la sede educativa dañaron las puertas a pata de manera muy violenta y arbitraria. Los indisciplinados en una actitud claramente premeditada, continuaron su carrera violenta, tres viviendas más abajo, y procedieron de la misma forma. En la casa de la señora Sharit Daniela Sanguino Guerrero donde se encontraba con 5 personas adultas y dos niños los arrodillaron y luego los hicieron tirar al piso, la cual estando tirados en el piso al señor Yosmairo Duran Sánchez y al señor Julio Cesar Duran , les dieron patadas, luego procedieron a realizar disparos dentro de la casa.

    Los soldados tomaron la casa como hospedaje, violando claramente el Derecho Internacional Humanitario, sin importar la vida y dignidad de los que allá habitaban.

    Los uniformados en su carrusel delictivo, robaron gallinas, y durante los allanamientos ilegales, robaron celulares y dinero en efectivo. La comunidad expresa su repudio y desprecio por los actos de estos delincuentes vestidos de militar. Estos hechos siembran el terror y pánico en la región.

    La Asociación Campesina del Catatumbo se une al clamor del corregimiento Filo Gringo y vereda Buenos Aires que vienen sufriendo el accionar desproporcionado arbitrario y abusivo de la tropa. Rechazamos los continuos señalamientos de los mandos y soldados del ejército, relacionando a los civiles con la insurgencia, en medio de la impotencia por no poder resolver por la fuerza un conflicto armado cada vez mas degenerado.

    Las paciencia de las comunidades se viene agotando y ese comportamiento de la fuerza pública está generando gran malestar y zozobra, debido a las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos.

    Responsabilizamos directamente al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón cualquier situación que ponga en entredicho la seguridad de nuestros campesinos y campesinas.

    author by Javier Alexander Macías - El Colombianopublication date Thu Feb 20, 2014 04:02author address author phone Report this post to the editors

    La posible zona de reserva campesina (ZRC) que se crearía en el Catatumbo, Norte de Santander, despeja el camino para la apertura de otras zonas que algunas asociaciones campesinas han solicitado en el país y cuyo eco ha llegado hasta la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

    El Gobierno Nacional, a través del Incoder, emitió un concepto favorable y dio vía jurídica para la creación de esta zona de reserva que según las asociaciones de campesinas, serían una forma de obtener una vida más digna con acceso a salud, educación y vivienda, entre otras.

    "Hemos llegado a acuerdos con el Gobierno. Lo que queda es que el consejo directivo del Incoder se reúna y constituya la ZRC por lo menos en Tibú", explicó Juan Carlo Quintero, integrante de la ZRC del Catatumbo.

    Uno de los acuerdos logrados es que en marzo se debe emitir la resolución para la creación de la zona de reserva, aseveró Quintero.

    Olga Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, analiza que antes de esta declaratoria se debe explorar el ordenamiento territorial para la zona de reserva forestal. Según la líder campesina, este es otro espacio apetecido por los indígenas motilón barí, quienes buscan que se les amplíe su espacio a unas 70 mil hectáreas.

    "Hay que aclarar que esto no es para toda una Reserva Campesina del Catatumbo, sino para el polígono que comprende solo a Tibú. Son 115 mil hectáreas en esta zona", aclaró Quintero.

    author by ASCAMCATpublication date Fri Feb 21, 2014 07:02author address author phone Report this post to the editors

    Durante las últimas semanas la Brigada 30 del ejército colombiano ha desplegado una campaña mediática contra la Asociación Campesina del Catatumbo, en un intento de desgastar la credibilidad y deslegitimar nuestro trabajo ante la opinión pública.

    El pasado sábado 15 de febrero la fuerza pública adscrita a la brigada 30 convocó a los medios de comunicación locales y regionales a una rueda de prensa, donde desmintieron la denuncia que ASCAMCAT realizó a petición de los campesinos de las veredas La Vigilancia y 5 de Mayo, del corregimiento de Palmarito, municipio de Cúcuta, Norte de Santander, sobre la situación de derechos humanos y abusos por parte de militares contra pobladores de ese corregimiento de Cúcuta. En particular Ascamcat denunció la detención ilegal del joven campesino Jorge Eliecer Lozano por parte de efectivos militares.

    A través de un comunicado, la Asociación Campesina del Catatumbo denunció la detención arbitraria e ilegal del campesino. El ejército, que además disparó por lo menos en dos ocasiones sobre los campesinos que se encontraban jornaleando en una finca, desmintió esa situación y afirmó que “somos más los buenos que los malos” y que “habían organizaciones interesadas en desprestigiar al ejército nacional”.

    ASCAMCAT rechaza rotundamente el juicio de valor que da el vocero del ejército Coronel Alberto Eulices Romero Guerrero al calificarnos veladamente de “malos” en un intento por desprestigiar y atacar la credibilidad y trabajo de nuestra organización campesina, de mostrarnos como un enemigo de la institucionalidad del Estado. De la misma manera, rechazamos las declaraciones del mando militar donde nos muestra como una organización con intereses ocultos frente al accionar de la fuerza pública.

    Nuestra organización está al frente de la defensa de los derechos humanos en la región del Catatumbo y nuestra obligación es denunciar las situaciones donde la población civil se vea atropellada por el accionar de cualquier parte del conflicto.

    Rechazamos también la confusión malintencionada que el ejército viene promoviendo en la opinión pública entre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es el Estado el responsable de la defensa y garantía de los derechos humanos.

    ASCAMCAT siempre utiliza fuentes fiables, creíbles y legítimas, siempre que las haya podido verificar. Generalmente, nuestras fuentes se encuentran entre la población civil que se ha visto afectada en primera persona. De la misma manera, aclaramos que nuestra función es ser la voz del campesinado ante las realidades que cotidianamente vivimos en el campo de Norte de Santander.

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