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Colombia: A propósito del plan de renovación urbana del CAN

category bolivia / peru / ecuador / chile | education | opinión / análisis author Wednesday May 29, 2013 22:08author by Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular - CILEP Report this post to the editors

Las Universidades públicas afrontan hoy la crisis más aguda en su historia en el país, esto no solo las conduce a la precarización, es claro que pueden perder su carácter fundamental: la condición de ser patrimonio colectivo. Las evidencias de la crisis se han observado a través de las diferentes manifestaciones de los actores de las comunidades universitarias.
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Las Universidades públicas afrontan hoy la crisis más aguda en su historia en el país, esto no solo las conduce a la precarización, es claro que pueden perder su carácter fundamental: la condición de ser patrimonio colectivo. Las evidencias de la crisis se han observado a través de las diferentes manifestaciones de los actores de las comunidades universitarias.

Primero tenemos a los estudiantes que desde el año 2011 han estado reclamando una reforma al sistema de educación superior regulado actualmente por la ley 30 de 1992, dicha ley ha llevado a las Universidades públicas al auto sostenimiento desligando al Estado de su responsabilidad económica con las instituciones educativas. Por otro lado, los profesores y trabajadores han tenido que recurrir a suspender sus actividades, que son vitales para el funcionamiento de los centros académicos, con el fin de reclamar respeto por sus derechos laborales. Los salarios de hambre, condiciones de inestabilidad e incluso el acoso político y académico son pan de cada día.

Un ejemplo concreto del penoso trance que atraviesan, está expresado en la dificultad que actualmente presentan para financiarse como centros educativos de excelencia. Los efectos de esa des financiación han llegado a insólitos limites, no solo por la pérdida del desempeño académico que antes tenían las universidades colombianas y que era destacado en América Latina, sino porque ahora mismo se contempla la posibilidad que varias de ellas pierdan sus campus.

Tal vez, la Universidad que está más cerca de este escenario es la Universidad del Atlántico que desde el primer semestre de 2008 ha tenido que prescindir de al menos dos de sus sedes por falta de presupuesto. La sede centro y de Bellas Artes tuvieron que ser abandonadas por daños estructurales. El bajo el gobierno de Uribe había propuesto que la Universidad entrara al proceso de ley de quiebras y esto la deja vulnerable ante un posible embargo por lo que actualmente la comunidad académica a diario se desenvuelve en incertidumbre sobre su futuro, reciben clases en edificios alquilados que obviamente no tienen las condiciones adecuadas para ser utilizados como aulas académicas, algunas carreras peligran y su nivel académico a decaído desde entonces. No muy lejos tenemos los casos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. La sede de la Macarena está a punto de caerse porque no tiene como asumir una restructuración del edificio que fue diseñado por Salmona. Ni que decir de la Universidad pedagógica para la cual se habían adquirido predios fuera de Bogotá con el fin de sacarla del centro financiero del país porque representa una molestia para el desarrollo de la economía neoliberal colombiana.

La Universidad de Pamplona enfrenta un caso similar al de la Universidad del atlántico, desfinanciada considerablemente, se teme que también quiebre. La Universidad Sur colombiana de Neiva, seguro que tiene una de las infraestructuras más decaídas de todo el país, aun cuando es pequeña varios edificios se encuentran casi en estado de ruina, los salones no dan abasto para los estudiantes y profesores que conviven a diario en ese espacio. No olvidemos la Universidad del Pacífico en Choco que además de ser el lugar más olvidado por el Estado colombiano, está subsistiendo con las uñas.

La sede de la Universidad Nacional en el Caribe está a punto de desaparecer porque recortaron su presupuesto en más o menos el 75% de los recursos que recibían antes. Y si vamos al caso de la Universidad más grande del país, la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, el campus histórico y sus predios podrían ser intervenidos por un plan de renovación urbana del Centro Administrativo Nacional (CAN) que dirige la empresa Virgilio Barco S.A. que fue creada bajo la figura de empresa mixta en la que el gobierno es dueño del 51% de las acciones mientras que el otro 49% está en manos de sectores privados. Uno de los empresarios más interesados en participar en el negocio es Carlos Sarmiento Angulo quien ha venido construyendo una serie de parques empresariales sobre la calle 26.

En el documento CONPES 3694 que fue expedido en Mayo de 2011, se contemplan tres formas para adquirir los bienes que hacen parte del plan de renovación: adquisición por compra, comodato o arriendo, y finalmente la expropiación. El problema de la Universidad se extiende incluso a barrios completos cuyos territorios fueron incluidos en el plan, la Esmeralda, Salitre-greco y un pedazo del parque Simón Bolívar que probablemente es el único pulmón de la ciudad. La especulación sobre el precio de la tierra en Bogotá y en especial en este punto estratégico, ha puesto entre dicho la esencia de lo público y la importancia que tiene para el gobierno nacional los intereses de los grandes empresarios de la construcción en Colombia sobre el desarrollo de los derechos comunales y la educación.

Se han presentado algunos debates con representantes del gobierno frente al asunto del CAN, sin embargo, las comunidades que se verían afectadas por el plan de renovación urbana están organizadas trabajando para no ser sacados de sus casas que son el fruto de años de trabajo. ¿Y qué pasa con la comunidad de la Universidad Nacional? Pues aparte de la alarma generalizada entre estudiantes y profesores que le han exigido a la rectoría que rechace públicamente la inclusión de los terrenos de la UN en el plan, no se han visto mucho las protestas ni la organización que caracterizó a los universitarios en 2011. Las cuestiones sospechosas sobre la postura de las directivas se encuentran en el nombramiento como vicerrector de sede a Diego Hernández (ex decano de la facultad de ingeniería) que tiene una cercanía ampliamente conocida con Sarmiento Angulo. Algunas personas perspicaces creen que la renuncia de la anterior vicerrectora ya estaba planeada y que el tema del paro de trabajadores fue una excusa para presionarla a que renunciara puesto que ella había sido la única funcionaria administrativa de la Universidad que se había opuesto todo el tiempo a ceder los predios de la UN. Otros plantean que ceder los predios será una jugada estratégica de la administración para recibir a cambio limosnas que retrasaran el decaimiento de toda la infra estructura de la sede. El rector Mantilla se ha hecho el de la vista gorda y gracias a la presión ejercida por las denuncias de algunos estudiantes y profesores sobre
Nos queda reflexionar cómo es que las instituciones educativas públicas se debaten entre la vida y la muerte sin recibir ningún apoyo del gobierno nacional. El estado de la planta física y profesional de la educación superior pública es deprimente y vergonzoso pero es más triste aún el tema del acceso a las instituciones universitarias, tema que merece otro espacio de análisis, pero que a grandes rasgos es uno de los más inequitativos de América Latina y de cobertura y calidad precaria.

A este paso, lo que antes eran grandes universidades que aportaban a la transformación de la sociedad y a la construcción de pensamiento crítico, serán mañana centros comerciales, apartamentos de lujo y parques comerciales que solo impulsan un sistema económico que nos tiene sumidos en una gravísima desigualdad social y que acabará con el ideal de derechos y servicios públicos por la de bienes y mercancías de consumo.

Como Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular creemos que es fundamental para un proyecto de transformación del país que todas las organizaciones sociales cierren filas alrededor de la defensa de la educación superior pública, esta debe ser una lucha común por reivindicar uno de nuestros derechos fundamentales.

CILEP

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