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Colombia: Los complots contra la paz

category venezuela / colombia | imperialismo / guerra | opinión / análisis author Friday April 26, 2013 20:44author by Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular - CILEP Report this post to the editors

Publicado en el boletín "Perspectiva Libertaria", abril de 2013

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Bien avanzada la Segunda Guerra Mundial, resultaba descabellado pensar que el gobierno nacionalsocialista había desarrollado complejos mecanismos técnicos y administrativos, e invertido grandes cantidades de recursos de todo tipo a fin de eliminar masivamente hombres, mujeres y niños pertenecientes al pueblo judío. Se trataba entonces de una teoría conspirativa que sólo podría explicarse por la paranoia que suscitaba el régimen de Hitler. Así lo pensaron no pocas mentes brillantes de la Alemania de entonces, que en principio apoyaron el nacionalsocialismo pero que luego, al evidenciar el Holocausto, nunca podrían superar su fatal equivocación. Las teorías conspirativas adolecen de un cierto halo teológico: tomadas radicalmente suponen que no podemos confiar en lo que percibimos y nada sucede por azar. Si bien son inadmisibles como explicación general del curso de la historia, ello no implica negar la existencia de los complots.

Respecto a la actual coyuntura del proceso de paz, el complot está lejos de ser una teoría, y es necesario contar con él. Si se repasa un poco la historia de los procesos de paz, fácilmente se infiere que la derecha y los enemigos de la paz se mueven sobre todo en estas coyunturas, y se mueven tras bambalinas de forma que cuando han causado el daño ya es muy tarde para remediarlo.

La disposición a boicotear los procesos de paz muchas veces ha sido patente en el manejo de la información por los monopolios noticiosos. Cabe recordar, por ejemplo, que el proceso de paz con el M-19 bajo el gobierno Betancur (1982-86) empezó mal a causa de la “filtración” del encuentro entre el presidente y los comandantes de esa guerrilla, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, en Madrid en octubre de 1983. Entonces, la búsqueda de acercamientos se presentó casi como una traición, por quienes no aprobaban la política de paz: buena parte de los partidos tradicionales, la gran prensa y, abiertamente, sectores de las FFAA. Ello no fue suficiente para truncar el deseo inicial de dialogar, la tregua y el “Diálogo Nacional” dieron inicio en noviembre de 1984. Pero ese temprano intento terminaría por frustrarse luego del 12 de mayo de 1985, cuando El Espectador publicó una noticia según la cual el M-19 había derribado un helicóptero y acribillado a sus ocupantes. Más tarde se verificó que eso no era cierto, pero para entonces la tregua ya se había roto.

Desde luego, la manipulación de la opinión pública generalmente no requiere un complot en sentido estricto, sino en el mejor de los casos puede obedecer al sentido común predominante, a esos consensos ideológicos tácitos a los que sirven los monopolios noticiosos. En nuestra historia reciente existen, no obstante, acuerdos expresos en contra de la paz. Los trabajos del politólogo Mauricio Romero ponen de presente que las negociaciones de paz estremecen hasta sus raíces más profundas el sistema político colombiano y tal fenómeno tiene un comportamiento cíclico: responden a coaliciones entre fracciones de la clase dominante, y en concreto a los intereses de actores del centro y las regiones que sustentan en gran medida la estructura del poder político y económico en el país.

Vale recordar al respecto la alianza que se fraguó entre militares, terratenientes y narcotraficantes que agenció la guerra sucia en la segunda mitad de los ochenta y en gran medida se hizo con el poder político a nivel nacional y en distintas regiones a comienzos del siglo XXI. Buena parte de la confrontación entre Betancur y los militares se deriva de la acusación que el informe del procurador del 5 de febrero de 1986 profirió acerca de los vínculos de miembros del Ejército con el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS), formado inicialmente por narcotraficantes para impedir secuestros por parte de la guerrilla, luego del caso de Marta Nieves Ochoa, en diciembre de 1981. Entonces, el estamento militar tuvo una reacción corporativa, ordenando destinar un día de salario para la defensa de los miembros implicados. Finalmente, el caso pasó a la justicia penal militar. Las consecuencias de ese complot son ampliamente conocidas: el genocidio de la UP, cuando se planteó como una alternativa para hacer política sin recurrir a la violencia. A fines de los ochenta esa alianza entre sectores de las FFAA, el narcotráfico y terratenientes, representada en el narcoparamilitarismo, logró amenazar al sistema político colombiano de tal forma que, para el gobierno, la guerrilla dejó de ser la principal preocupación.

Para los comicios de 1990 fueron asesinados por el narcoparamilitarismo cuatro candidatos presidenciales. En octubre de 1988 fue asesinado Jaime Pardo Leal, de la UP; el 18 de agosto de 1989 Luis Carlos Galán, fundador del Nuevo Liberalismo y candidato liberal; el 22 de marzo de 1990 Bernardo Jaramillo Ossa, quien había sucedido a Pardo Leal en la presidencia de la UP; finalmente, el 22 de abril de 1990, es asesinado Carlos Pizarro, candidato presidencial del M-19. Lo asombroso, bajo esas circunstancias, es que luego de los magnicidios se consiguieran acuerdos de paz. Ese problema se mantuvo durante los años noventa, muchas veces plegado a mecanismos legales como las Cooperativas de Seguridad Convivir, pero estuvo lejos de contener la arremetida militar de las guerrillas, principalmente de las FARC. Por eso, el proceso de paz durante el gobierno de Pastrana funcionó como una coyuntura propicia para reavivar el complot.

Durante ese gobierno los paramilitares registraron su mayor crecimiento, de acuerdo a los datos del Ministerio de Defensa, pues de tener 3800 integrantes en 1997 pasaron a 8150 en 2000. Si bien la política de los diálogos tuvo enormes falencias tanto de parte del gobierno como de parte de las guerrillas, entre ellas el no acordar un cese al fuego bilateral, los enemigos de la paz acudieron a todo tipo de estrategias para boicotear el proceso, entre ellas por supuesto la manipulación de la opinión pública. Por ejemplo, los diálogos con las FARC se detuvieron en mayo de 2000, recién iniciado el proceso, debido a la sindicación que se les hizo por el tristemente célebre asesinato de la señora Ana Elvira Cortés con un collar bomba. A los pocos días el gobierno reanudó el proceso al comprobarse que las FARC no eran los responsables. Pero el hecho creo tal malestar y polarización en la opinión pública que contribuyó a deslegitimar el proceso e incluso, pasados varios años, ya durante el gobierno Uribe (2002-2010), el crimen seguía recordándose como una muestra del “talante sanguinario” de esa guerrilla.

Por otra parte, el paramilitarismo fue un serio obstáculo para el proceso de paz en ese entonces. Las FARC congelaron los diálogos en enero de 1999 y noviembre de 2000, exigiendo al gobierno acciones sobre el tema. Además, los paramilitares boicotearon la realización de la “Convención Nacional” propuesta por el ELN desde 1996, en 2000 cuando el gobierno accedió a “despejar” dos municipios en el sur de Bolívar, Cantagallo y San Pablo, y uno en Antioquia, Yondó, para crear una zona de encuentro para ese fin. Los paramilitares, que habían arrasado a punta de masacres con quienes consideraban “auxiliadores” de la guerrilla, emprendieron una serie de acciones como la intimidación a los habitantes de esta zona para que se movilizaran a protestar y bloquear vías, con el fin de impedir el despeje y la realización de la Convención, situación que se prolongó por más de un año. En ese momento, los medios de comunicación presentaron los hechos como una auténtica muestra de resistencia de la población civil frente a las guerrillas.

La magnitud del complot fraguado por los enemigos de la paz en aquel entonces sólo saldría a la luz pública en 2006, cuando el excongresista Miguel Alfonso de la Espriella dio a conocer los pormenores del pacto secreto de Santa Fe de Ralito, firmado el 23 de julio de 2001 por 32 líderes políticos y comandantes paramilitares para “refundar la patria”. Antes de eso para muchos era descabellado que existiera tal disposición entre los enemigos de la paz, como también resultaba paranoico pensar que había una coalición que bajo la combinación de todas las formas de lucha había conseguido tomarse el poder, según diagnóstico que en alguna oportunidad hiciera el analista León Valencia.

En fin, es de esperar que en este momento se estén fraguando uno o varios complots en contra del actual proceso, por parte de los actores cuyos intereses políticos y económicos siempre se han visto amenazados por la paz. En distintas regiones las “bacrim”, pese a su consideración por el estado como delincuentes organizados, continúan llevando a cabo una guerra sucia contra quienes se comprometen en la búsqueda de la paz. Basta ver las cifras de asesinatos de quienes reclaman sus territorios o quienes hacen parte de procesos organizativos que intentan construir paz. Existen además hechos insólitos como la reciente filtración de coordenadas que en principio debían ser secretas. Sobre todo, los enemigos de la paz no descuidan el frente de la “guerra psicológica”. Día a día asistimos al manejo interesado de la información referente al proceso por parte de los monopolios mediáticos. Justamente en el momento en que se dialoga con una guerrilla, se presenta una narcoparatelenovela que glorifica el paramilitarismo. Además, se oscurecen iniciativas como la gran confluencia en el Congreso para la Paz del fin de semana anterior, mientras se resalta cualquier información que pueda contribuir a atizar la oposición al proceso, como el que “pachito” haya arrancado su campaña electoral con dos o tres vayas haciendo equivalentes narcoterrorismo y guerrilla.

Cuando las teorías del complot resultan ciertas, ya es demasiado tarde. Por tanto, quienes apostamos por la paz debemos estar preparados para evitar que los complots tengan éxito.

Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular (CILEP)

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