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Pros y contras de una Asamblea Nacional Constituyente

category venezuela / colombia | la izquierda | opinión / análisis author Wednesday March 20, 2013 18:29author by Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular - CILEP Report this post to the editors

Una constitución expresa la correlación de fuerzas en una sociedad. Si bien existe una recomposición del campo social en el país que se expresa en las distintas protestas de los últimos años, en este momento esa correlación de fuerzas no es favorable como para hegemonizar una asamblea constituyente.
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Los voceros de las Farc en La Habana y algunos sectores sociales han planteado la necesidad de refrendar los posibles acuerdos de paz mediante una asamblea constituyente. Aunque existen razones que justifican esa posibilidad, hay argumentos políticos de peso para rechazarla: no es el momento político propicio y no existe un sujeto político capaz de tornarse poder constituyente y hegemonizar ese hipotético espacio.

Existen razones que justifican la necesidad de una constituyente. Primero, haría posible que el pueblo tome la palabra y que los posibles acuerdos entre gobierno y guerrilla no se reduzcan a las élites que negocian en La Habana, como ha sucedido con distintos acuerdos de paz y amnistías a lo largo de nuestra historia republicana. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, podría permitir un verdadero contrato social entre las colombianas y colombianos o, cuando menos, un acuerdo más amplio que el que produjo la Constitución de 1991. Tercero, ese contrato social proveería la legitimidad política y la seguridad jurídica necesaria para que en Colombia se pueda hacer política sin recurrir a la violencia, para que la diferencia se pueda expresar en un marco de respeto. Finalmente, y sin ánimo de ser exhaustivos en estas razones, podría posibilitar un avance en términos de derechos económicos, sociales y culturales, incluso superando los alcances de la Carta del 91, ya bastante mermados.

Hay, además, un argumento de orden pragmático y político que avala la necesidad y posibilidad de una constituyente. Las negociaciones de paz, aunadas a las dinámicas de organización y movilización popular que han conllevado y a la recomposición de los movimientos sociales en los últimos años, constituyen una oportunidad política sin par para llevar a cabo el proceso.

Sin embargo, parecen existir más razones en contra que a favor. Una constitución, como bien lo expresó Lasalle, expresa la correlación de fuerzas en una sociedad. Si bien existe una recomposición del campo social en el país que se expresa en las distintas protestas de los últimos años, en este momento esa correlación de fuerzas no es favorable como para hegemonizar una asamblea constituyente.

A este respecto, es posible hacer una distinción entre “asamblea constituyente” y “poder constituyente”. Una asamblea constituyente es un procedimiento más o menos formalizado y aceptado en los regímenes representativos que se conforma por vía electoral, para realizar un cambio de constitución política. El poder constituyente, en cambio, designa un sujeto político. En la coyuntura actual es posible acceder a una asamblea constituyente, pero ello no necesariamente se traduce en un poder constituyente progresista.

Para que una asamblea constituyente fuese hegemonizada por un poder constituyente emancipatorio sería necesario primero construir este poder constituyente, este sujeto político. Si bien en los últimos años hemos asistido a la recomposición de los movimientos sociales y su capacidad de acción, aún estamos lejos de conseguir el grado de organización y de conciencia que nos permita afirmar que existe un sujeto político emancipatorio capaz de devenir en poder constituyente.

Incluso si se considera que los movimientos sociales tienen suficiente fuerza para tornarse poder constituyente, deberíamos tener en cuenta la brecha, el desencuentro o el hiato que existe entre lo social y lo político-institucional. Esto nos lleva a una discusión sobre la forma en que se conformaría la asamblea constituyente.

Por una parte, si tal asamblea se elige por votación popular, las fuerzas progresistas tendrían limitadas posibilidades de participación, pues la situación actual apunta a un copamiento electoral de la derecha y la centro derecha. En el campo progresista experimentos como el Polo parecen estar en declive y es incierto el éxito de movimientos que apuestan a lo electoral como Pido la palabra o Marcha Patriótica. Por otra, incluso si la asamblea decide conformarse con una participación proporcional de distintos sectores y entre quienes negocian en La Habana, hay razones para pensar que las posiciones progresistas no serían hegemónicas.

Sin embargo, el problema de fondo es que ninguna de esas opciones permitiría darle al pueblo la palabra. La razón es simple: no existe un sujeto político popular, capaz de articular las distintas expresiones del campo popular y devenir en poder constituyente, aunque distintos sectores se abroguen la representación del pueblo. Es necesario, entonces, como un paso previo a un proceso como una constituyente, fortalecer ese sujeto político que se ha venido construyendo desde distintas perspectivas.

En este sentido, en las circunstancias actuales, una asamblea constituyente podría significar, en lugar de un avance, un retroceso en términos de las conquistas de la Carta de 1991. Por tanto, difícilmente garantizaría un contrato social con equidad y menos la legitimidad política y la seguridad jurídica necesarias para hacer política y para el respeto de las diferencias.

Pero además, podría significar un retroceso en el proceso de construcción del sujeto social y político que se ha venido gestando en los últimos años. La experiencia puede iluminar en algo este punto. Antes de la Asamblea Constituyente de 1991, los entonces denominados “movimientos cívicos” alcanzaron a tener cierto auge en nuestro país, desarrollando incluso dos congresos nacionales en los años ochenta, en un contexto muy difícil de “guerra sucia”. Pero con las posibilidades de participación institucional que abrió la Carta del 91 (formar un movimiento político con 50 mil firmas), muchos de los participantes en estos movimientos se volcaron a la política electoral, un ambiente con lógicas distintas al de la organización y movilización social para el cual no estaban preparados, que llevó a su paulatino desvanecimiento.

Para terminar, entonces, el problema no es participar o no participar en lo institucional, sino en qué momento hacerlo. En este momento la correlación de fuerzas no conviene a los sectores progresistas, pero además, no existe un sujeto constituyente emancipatorio. La conclusión práctica parece llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer la organización y la conciencia en los diversos sectores y populares que formarán ese sujeto, en lugar de dilapidar lo acumulado en un experimento incierto.

Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular - CILEP

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