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14 de marzo: paro regional en el Huila contra el megaproyecto hidroeléctrico

category venezuela / colombia | community struggles | non-anarchist press author Wednesday March 13, 2013 20:04author by Orsetta Bellani Report this post to the editors

El pueblo contra El Quimbo

El 14 de marzo hay paro regional en el Huila (Colombia) para exigir la suspensión de la licencia a la hidroeléctrica de El Quimbo, un polémico proyecto que ya ha dejado miles de afectados. El Quimbo es un megaproyecto representativo del modelo extractivo iniciado por el gobierno de Uribe y potenciado por el de Santos. Otramérica ha querido hablar directamente con lxs resistentes.

Desde hace toda una vida, Moisés Sánchez trabaja como partijero en la finca El Chagre, en el sur de Colombia. El 13 de enero pasado se encontraba en casa con sus hijos cuando un operativo conjunto del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) de la Policía Nacional y del Ejército lo sacó a la fuerza de su casa. Luego, la tumbaron. El desalojo fue ordenado por el alcalde del municipio de Gigante, Iván Luna, y ejecutado en presencia del Secretario de Gobierno, Andrés Trujillo, de la Personera, Liz Alejandra Forero, del jefe de la Unidad de Justicia, Erwin Cardenas, de un delegado de la Defensoría del Pueblo, y de funcionarios de la empresa Emgesa.

“Me dijeron que lo hicieron para mi seguridad, porque mi casa se iba a inundar por la construcción de la represa”, relata Moisés Sánchez a Otramérica. “Durante más de un año, Emgesa me prometió que me iba a dar un predio como compensación para desarrollar mi proyecto productivo, pero eso nunca se cumplió. Todavía la Policía tiene mis cosas y los animales de mi finca, me dijeron que tenía tres días para reclamar mis bienes, pero no reclamé nada porque no sé a dónde llevarlos. Soy un desplazado más de este gobierno”.

Moisés Sánchez es uno de los miles de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que la empresa Emgesa está construyendo en un tramo del Río Magdalena que atraviesa el departamento del Huila. Bajo la máscara de “empresa colombiana”, Emgesa está en realidad controlada por la italo-española Endesa-Enel (el 52.14% de Emgesa pertenece a la Empresa de Energía de Bogotá, a capital mixto, el 14.7% de sus accionistas tienen voz pero no gozan del derecho de voto. Entonces, con su 48.8%, Endesa-Enel tiene de hecho el control de Emgesa).

La ejecución de la obra, que prevé una inversión de 837 millones de dolares para una central con una capacidad de 400Mw, ha sido otorgada a la empresa italiana Impregilo. En los años 80, Impregilo fue encargada de la construcción de Betania, otra central hidroeléctrica de Emgesa-Endesa-Enel. Betania se encuentra a 12 km agua arriba del lugar donde se está erigiendo El Quimbo, y los daños que ha causado al medio ambiente y a la población del Huila son unos de los factores que determinaron el despertar del pueblo huilense en contra de El Quimbo.

Para defender los derechos de los afectados por la central de El Quimbo, en julio de 2009 nació Asoquimbo (Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica El Quimbo). “Las personas que viven dentro de la zona que se ha denominado 'de influencia directa del proyecto' estaban siendo desconocidas en sus derechos fundamentales. Emgesa está acabando con su forma de vida”, explica a Otramérica Jennifer Chavarro, integrante de Asoquimbo. “Nuestro logro principal fue generar conciencia para que la gente tome las decisiones sobre el destino de su vida, según el principio de autonomía y de autoorganización. No son los políticos ni la democracia representativa los que tienen que definir como tenemos que vivir. También estamos en oposición al modelo de desarrollo del presidente [Juan Manuel] Santos, que es igual a él de [Álvaro] Uribe, basado en la explotación de los recursos naturales. Santos ha aprobado 32 represas en todo el país y, a través del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, ha anunciado la posibilidad de construir 9 represas más en el alto Río Magdalena. Así que con Betania y El Quimbo serían 11 represas en el sólo en el Huila”.

La idea de construir la central hidroeléctrica El Quimbo surgió en 1997, pero inicialmente el proyecto no obtuvo licencia por parte del Ministerio de Ambiente. “El Ministerio dio la negativa a raíz de un concepto del Ministerio de Agricultura que decía que el Quimbo no es viable porque hace parte de una zona de reserva forestal protegida y, además, no había ninguna garantía de la restitución de la actividad productiva en la zona inundada”, explica Miller Dussán Calderón de la Universidad Surcolombiana de Neiva e integrante de Asoquimbo. “Sin embargo, en 2007 Emgesa hizo un nueva solicitud al Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Agricultura emitió un concepto favorable en un solo mes, cuando en otros países como los Estados Unidos son necesarios ocho años de estudios. Las preguntas son: ¿Porque ahora sí era viable el proyecto El Quimbo? ¿Cuales condiciones cambiaron? Esto no está claro, puesto que en el concepto del Ministerio no existe un estudio que sustente la viabilidad del proyecto, fue una decisión tomada por el gobierno de Uribe”.

Decisión del mismo Uribe que lanzó la política denominada “confianza inversionista y seguridad democrática”, que preveía facilidades a las transnacionales para que invirtieran en Colombia. Entre ellas, la garantía de tener rentabilidad de manera independiente a la participación accionaria de la empresa en la bolsa de valores, a través de un seguro pagado con dinero publico y gracias a exenciones tributarias. El ex presidente colombiano permitió a la transnacionales pagar solo el 17% de lo impuestos en lugar del 33%, medida que, según la revista Portafolio, hizo perder al estado colombiano más de 4.000 millones de euros al año.

Además, cuando en 2008 el gobierno colombiano aprobó la resolución 321 -que declara de utilidad utilidad publica las 8585 hectáreas que Emgesa pidió para la construcción de El Quimbo-, la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) aún no había aprobado la licencia de impacto ambiental ni el diagnostico ambiental de alternativas, que es un estudio fundamental para determinar la viabilidad de un proyecto. La licencia de impacto ambiental fue otorgada después de que el Ministerio dio la autorización a la construcción de la central, aunque pocos días antes la Procuradoría General de la Nación había enviado a la ANLA un concepto donde la obligaba a abstenerse de otorgar la licencia a El Quimbo.

“La licencia ambiental, que es un pacto entre el Estado y la empresa, se sigue modificando”, denuncia el profesor Miller Dussán Calderón. “Las empresas transnacionales exigen cada vez mejores condiciones para la inversión y, ante esta exigencia, el gobierno de Uribe estableció dos días antes de irse un régimen de transición para que se puedan modificar todas las licencias ambientales y así adecuarlas a las 'nuevas realidades ambientales' del país”.

El envase de la represa de la hidroeléctrica El Quimbo afectará más de 8.500 hectáreas de tierras, entre bosque seco tropical y tierras fértiles y productivas. “Vamos a perder 5.300 hectáreas de tierras que generan una riqueza en producción agrícola que supera los 80.000 millones de pesos (alrededor de 34 millones de euros), según un calculo de la Gobernación”, denuncia Alejandro Ordoñez, comerciante de la población de Garzón. “No vamos a permitir que el Gobierno entregue a una transnacional nuestras mejores tierras”.

Las afectaciones causadas por El Quimbo han sido objeto de una investigación de la Contraloría General de la República. La Indagación Preliminar No.015 de 2011, realizada para aclarar presuntas irregularidades en la expedición y modificación de la licencia ambiental otorgada a Emgesa, además de establecer los efectos ambientales, sociales y económicos derivados de su expedición, estima un posible daño patrimonial de 350.644 millones de pesos (alrededor de 150 millones de euros). La Contraloría General de la República determinó costos por afectación a la movilidad, pérdida de la productividad marginal de la tierra, vertimientos de material al río Magdalena, incumplimientos en la realización de revegetalización, retrasos en la restitución de empleos asociados a las zonas productivas y en la restauración de los servicios ambientales de los bosques, e impacto ambiental sobre la fauna y la flora. La indagación preliminar dio origen al traslado a la Procuraduría General de la Nación y a la solicitud de la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de la ANLA.

Además, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) halló que Emgesa causó afectaciones al patrimonio arqueológico por realizar excavaciones en una zona en la cual no había sido autorizada. Por lo tanto, la empresa, que interpuso recurso de reposición, tendría que pagar entre 200 y 300 millones de pesos (entre 85.000 y 130.000 euros).

A causa del proyecto hidroeléctrico El Quimbo la población no está perdiendo sólo sus tierras, sino también el acceso al rio, según denuncia Jennifer Chavarro, de Asoquimbo: “El Ministerio de Transito ha declarado a través de la resolución 1286 que el río es innavegable. Esta medida privatiza de hecho el Magdalena, que deja de ser un bien publico de acceso a toda la comunidad, para que la gente pueda pescar, bañarse o pasar el tiempo con sus familias. El Estado colombiano ya ha manifestado a través de la fuerza publica que no nos podemos acercar al Magdalena, aunque la ley 1242 de 2008 afirma que 30 metros después de la ultima creciente, el río le pertenece a todo el mundo. A mediados de febrero 2012, la fuerza publica quiso desalojar las ranchas, como aquí llaman los campamentos de pescadores a las orillas del rio. Muchos campesinos fueron a acompañar los pescadores para que no los sacaran, y el Esmad llegó lanzando gas lacrimogeno. Toda la gente tuvo que meterse al rio y un chico perdió un ojo”.

El entonces Ministro del Interior era Germán Vargas Lleras, hermano de José Vargas Lleras, presidente de la junta directiva de Emgesa.

Viajando por el centro del departamento del Huila –entre los municipios de Gigante, Garzón, Tesalia, Agrado, Paicol y Altamira– resulta difícil creer que en enero 2015 esta geografía de montañas verdes, bosques y pueblos quedará bajo el agua. La gente verá inundar toda su vida: sus casas, sus escuelas, sus parcelas, y muchos de ellos no tendrán ningún tipo de compensación.

“Según la licencia, Emgesa tendría que compensar a los pequeños propietarios restituyendo los predios, obviamente en otro lugar, para que puedan asentarse y desarrollar su proyecto productivo”, explica a Jesús Elías Benavides, campesino de la comunidad de La Honda. Sin embargo, hasta hoy no se compró ni un solo milímetro de tierra y la única compensación que algunas familias recibieron fue en dinero, según relata Leida Jimena Chavarro Alvarado, campesina y pescadora artesanal de la comunidad La Jagua: “Emgesa prometió a más de 700 familias una compensación entre los 25 y los 45 millones de pesos (entre 10.000 y 19.000 euros, aproximadamente), a cambio pide firmar un documento donde se declara que no se reclamará más nada. Hay familias que nunca habían tenido tanta plata así que se compraron muchos bienes, el dinero ya se le está acabando y no saben como sustentar a la familia. 25 millones parecen mucho, pero se acaban muy rápido si no se sabe cómo invertirlos”.

En Colombia existe un vacío legal sobre el desplazamiento causado por los megaproyectos del que las transnacionales se pueden aprovechar fácilmente. “El 80% de la inversión extranjera directa en Colombia está representada por proyectos mineros-energéticos, se trata aproximadamente de una inversión anual de 14 millones de dolares. Ésto genera una tragedia humanitaria en un país que ya tiene millones de personas desplazadas por el conflicto”, denuncia Daniel Libreros de la Universidad Nacional de Colombia. “El Estado tendría que prever estándares para estas inversiones, como se hace en otros países. No hay una matriz mínima del perfil del desplazado por las represas. De esta forma, cada empresa está haciendo una valoración a su antojo de lo que es un desplazado”.

Emgesa ha catalogado los afectados por el proyecto El Quimbo entre “directos”, que son los que perderán sus casas y sus predios, e “indirectos”, definición que incluye todas las personas que verán afectado su trabajo, como los jornaleros y los pescadores. De hecho, los pescadores de la zona –que ya perdieron 400 toneladas de peces por causa de la central hidroeléctrica Betania de Emgesa– vieron afectar 7.95 toneladas de peces en el sólo periodo 2010-2011, según una investigación del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural).

Sin embargo, Emgesa censó una porción mínima de los afectados reales. “La empresa realizó 3 censos que dan resultados diferentes, y hablan de unos 3.000 afectados. Asoquimbo legalmente no tendría que hacer lo censos, pero hicimos un registros de afectados y encontramos a unas 1.400 personas que no fueron censadas”, relata el profesor Miller Dussán Calderón. Entregamos nuestra investigación a la Contraloría General de la República, que con esta muestra aplicó un instrumento y demostró que efectivamente el censo de Emgesa tenía serias fallas, sobre todo por su metodología. Después se dio otro fenómeno, debido al hecho de que cuando vos dejás de producir una tierra, se afectan todas las cadenas productivas. Así que también los comerciantes quisieron ser censados, y ahora nuestro registro da aproximadamente 10.000 personas y hay más que están esperando ser registradas. El 28 de enero de 2013, la Contraloría General de la República nos convocó a una reunión donde entregamos las firmas de estas personas que se dicen afectadas, solicitando una decisión sobre el caso, que se dará en un mes”. Sin embargo, la ANLA ya anunció que no tiene intención de reabrir el censo.

Asoquimbo ha anunciado un paro cívico regional para el 14 de marzo pidiendo la suspensión de la licencia ambiental, la realización de un nuevo censo y la creación en el área de una Zona de Reserva Campesina. “Vamos a salir a las calles para decirle al gobierno que son suficientes todas las argumentaciones que hemos expuesto para que suspendan el proyecto. No nos vamos a ir de las calles hasta que esto suceda”, advierte Jennifer Chavarro.

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